Sentencia 2007-10536/48276 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200710536 01 (48.276)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: P.E.R.D. y otros

Demandado: La Nación - Rama judicial - Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se confirma sentencia de primera instancia que negó privación injusta de la libertad por encontrarse acreditada la culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales - legitimación en la causa - caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(12), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes P.E.R.I., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, O.I.M. (esposa), O.G.R.I. (hijo), P.E.R.I. (hijo), G.E.R.I. (hija) y S.P.R.I. (hija),(13) quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales y los juzgados penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(14), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(15). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(16).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(17).

En el caso concreto, la sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 30 de septiembre de 2005 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 26 de septiembre de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(18).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(19) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(20).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(21).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(22).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(23)-(24) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(25).

En la tercera, que es la que prohíja la sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(26).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), puesno solo setratadeguardareldebidorespetohacialosfuncionariosjudiciales,sinoquetambiénsereclamadelosparticularesunmínimodeinterésydecompromisoenlaatenciónoportunaydiligentedelosasuntosquesometenaconsideracióndelaramajudicial.Granpartedelaresponsabilidaddelasfallasyelretardoenelfuncionamientodelaadministracióndejusticia,recaeenlosciudadanosquecolmanlosdespachosjudicialescondemandas,memorialesypeticionesque,obiencarecendevaloroimportanciajurídicaalguna,obienpermaneceninactivosantelapasividaddelospropiosinteresados.Porlodemás,lanormabajoexamenesuncorolariodelprincipiogeneraldelderecho,segúnelcual“nadiepuedesacarprovechodesupropiaculpa

(…)”. (Subraya fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique no “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está sala de subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(27).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que fue irrazonable y desproporcionado el actuar de la Fiscalía General de la Nación en el presente asunto, y en consecuencia, se condene a las entidades demandadas con ocasión de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del señor P.E.R.D.

Así las cosas, le corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al estimar que la medida restrictiva de la libertad se ajustó a la ley, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo, y condenar a las entidades demandadas.

El hecho que originó la investigación penal en contra del accionante ocurrió el 2 de junio de 2002, cuando se puso en conocimiento de la Policía Nacional una transacción con material explosivo que se ejecutaría en una cafetería en el sur de Bogotá, ipso facto, se efectuó el respectivo operativo policial que descubrió a P.E.H.G. y a G.Ch.O. a la espera de hacer entrega del material explosivo a un tercero desconocido, al momento de ser requeridos por la autoridad para la respectiva identificación y requisa, señalaron a P.E.R.D., como la persona que les había entregado el material explosivo decomisado.

Como consecuencia de lo anterior, “el día 2 de junio de 2002 la Fiscalía General de la Nación - Unidad especializada, profirió resolución de apertura de instrucción ordenando vincular mediante indagatoria a P.E.R.D. y otros, quienes fueron dejados a su disposición por la Policía Metropolitana de Bogotá, por los delitos de tráfico de explosivos y terrorismo, conductas tipificadas en los artículos 365 y 343 del C.P.”(28).

Una vez ordenada su vinculación, el señor R.D. fue escuchado en indagatoria(29) el 5 de junio de 2002, en la cual sostuvo que:

“(…) trabajaba inicialmente con pólvora negra para reventar piedra pero empezó a salir mala, entonces realizó la solicitud al Ministerio de Defensa, que le otorgó póliza y licencia, por lo cual desde esa fecha tiene el ANFO, escondiéndolo bajo tierra para que los niños no tuvieran peligro, indica que la pólvora estuvo enterrada desde el 2000 hasta el sábado 1º de junio que la entregó al señor C. con quien iba a trabajar, y a quien se la entregó porque estaba mojada y no constituía ningún peligro, sobre las personas capturadas con él manifiesta que conocía desde hace 3 meses y trabaja con G.Ch., que a C. y P. los conoció el sábado, fecha en la que C. le dijo que le vendiera pólvora, a lo cual manifestó que no le vendería pólvora a nadie, finalmente convinieron en que trabajaría para C. y contrataría a G. y a P.; se declara inocente de los cargos (…)”(30).

Seguidamente, el 11 de junio del mismo año fue definida su situación jurídica en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva por presunta autoría en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Posteriormente el 20 de enero de 2003 se calificó el mérito sumarial y se profirió resolución de acusación contra R.D. por su participación como autor el delito en mención(31).

De esta manera, la fiscalía 10 delegada ante estos despachos judiciales, subunidad de terrorismo, determinó reprochar a P.E.R.D., por venta, suministro de elementos prohibidos, a sabiendas de su ilicitud (dolo), pues se le incautaron diferentes elementos explosivos como 12 bultos de ANFO, 1000 metros de mecha de seguridad, 2000 detonadores comunes, lo que hace evidente que el tráfico de explosivos no era una circunstancia accidental.

Culminadas las anteriores etapas procesales, el Juzgado Sexto Penal del Circuito a través de providencia de fecha 14 de noviembre de 2003(32), dispuso absolver a P.E.R.D. del cargo imputado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Asimismo, consideró el juez penal que:

“(…) La conducta desarrollada por R.D., fue atípica como quiera que la misma no se encuadró dentro del verbo rector de traficar que señalaba el art. 365 del C.P., por lo que no tendría mérito que el procesado permaneciera privado de la libertad, ya que el mismo no actuó con dolo, pues en su criterio este tuvo la plena convicción de estar obrando conforme a derecho, al estar convencido de que lo que iba a realizar con el explosivo incautado era un trabajo en una mina, trabajo que era el mismo que toda la vida había realizado, utilizar pólvora para explotar piedras. (…)”(33).

Concluyó con ello el a quo, que no existió certeza sobre la materialidad del hecho investigado (traficar con material explosivo), ni mucho menos sobre la responsabilidad del señor R.D., pues no se logró probar que el procesado tuviera una finalidad distinta a la de trabajar con el material explosivo, y en ningún momento este aceptó su participación en la conducta punible de la que se le acusó, por lo que el juzgado penal le dio plena credibilidad a sus exculpaciones y resolvió absolverlo. Como consecuencia de lo anterior, se concedió la libertad condicional a P.E.R.D. a través de la boleta de libertad fechada el 25 de noviembre de 2003(34).

Inconforme con lo anterior, la fiscalía especializada apeló la decisión, la cual fue conocida y desatada por el Tribunal Superior - Sala Penal de descongestión - de San Gil en providencia del 2 de septiembre de 2005(35), que confirmó lo resuelto por el Juzgado Sexto Penal del Circuito, con fundamento en las siguientes consideraciones

“(…) En este caso particular no se configuró el comportamiento imputado al sujeto, fundamentalmente porque la conducta no encajó dentro del verbo rector objeto de imputación ni generó la certeza necesaria para establecer una condena, debido a que el procesado no estaba dedicado al comercio de explosivos, sino que estos hacían parte de un trabajo que él se había comprometido a llevar a cabo, y que además, R.D. no negoció la sustancia, lo que daría para pensar que ningún ilícito se estaba realizando con el material explosivo incautado. (…)”(36).

En ese orden de ideas, concluyó el tribunal que la actuación imputada por la fiscalía no constituía hecho punible, ni se había probado fehacientemente que el implicado fuera responsable por la misma, en tanto resolvió confirmar la sentencia objeto de apelación, en virtud de la cual se absolvió a P.E.R.D. del cargo de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Providencia, que quedó debidamente ejecutoriada el 26 de septiembre de 2005(37).

Ahora bien, la sala analizará el proceder del actor con base en el problema jurídico planteado, y decidirá si se revoca o se confirma la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Dadas las anteriores probanzas, se concluye que la decisión de la fiscalía especializada de acusar al demandante en la resolución de acusación y en consecuencia de ordenar la medida de aseguramiento, obedeció a la existencia de pruebas en su contra, tales como: i) En el allanamiento realizado a la residencia del señor P.E.R.D.(38), se halló el siguiente material explosivo:

1. Medio kilo de sustancia de color amarillo, al parecer azufre.

2. Dos kilos de sustancia color rosado, al parecer explosivo ANFO.

3. Diez metros de cable blanco dúplex para timbre.

4. Un kilo de sustancia amarilla, al parecer azufre.

5. Dieciséis kilos de sustancia de color rosado, al parecer explosivo ANFO.

ii) En la diligencia de indagatoria rendida por el procesado respecto del material incautado, manifestó que

“(…) Su captura se realizó en su residencia, que contrató a P.E.H.G. y a G.Ch., para abrir una carretera en una mina de esmeraldas. No obstante que G.Ch. le solicitó vender los explosivos, manifestándole que no los vendía, pero que podía realizar el trabajo, que el explosivo estaba mojado y tal vez no le servía. (…)”(39).

Y, iii) el hecho de que el accionante no hubiese acreditado su calidad de explotador de piedras con material explosivo, toda vez que sus aseveraciones no eran suficientes para tener por cierta esta circunstancia, teniendo en cuenta el conocimiento que asumía del deber legal de tener permiso del Ministerio de Defensa para poseer el explosivo, tanto así, que ya lo había obtenido pero que a la hora de la diligencia de allanamiento a su residencia el mismo se encontraba vencido.

De acuerdo con lo dicho, para la sala es evidente que en el caso en cuestión la fiscalía contaba al momento de proferir la resolución de acusación y la medida de aseguramiento en contra del señor R.D., poseía pruebas que le permitieron inferir que el procesado estaba relacionado con los hechos que le eran endilgados, pues era palmario en ese momento, que la persona que posiblemente traficaba los explosivos era el aquí demandante, por ser él quien los había conseguido con permiso del Ministerio de Defensa —el cual ya no estaba vigente y quien había ordenado su entrega a un tercero desconocido— que carecía del permiso para adquirirlo o tenerlo; otra cosa es, que de manera posterior y tras un nuevo análisis probatorio realizado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito y el Tribunal Superior - Sala Penal de descongestión - de San Gil , estos consideraran que su conducta no se adecuó a ninguno de los verbos rectores del tipo penal consagrado en el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.

Es así como, para la subsección es claro que fue el actuar del propio investigado el que propició el proceso penal que se adelantó en su contra, al haber portado, almacenado y transportado material explosivo sin permiso, circunstancia que le exigía a la fiscalía en el ejercicio legítimo de sus funciones primero, investigar y luego, juzgar al posible autor del punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, delito que por ser contra el bien jurídico de la seguridad exigía a los funcionarios judiciales adelantar todas las acciones necesarias para determinar con qué finalidad el demandante tenía dichos explosivos.

Al respecto, el Decreto 2535 de 1993 se refirió a la exclusividad que se encuentra en cabeza del Estado del manejo y porte de explosivos, y estableció para los particulares la obligación de tener permiso para poseer los mismos, obligación que no puede ser desconocida por quien los posea, así:

“(…)

“ART. 2º—Exclusividad. Solo el Gobierno puede introducir al país, exportar, fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y las materias primas, maquinaria y artefactos para su fabricación y ejercer el control sobre tales actividades.

“ART. 3º—Permiso del Estado. Los particulares de manera excepcional, solo podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con permiso expendido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente.

(…)”.

Es decir que, la decisión de la fiscalía de condenar en la resolución de acusación y en consecuencia mantener la restricción de la libertad del accionante tuvo por finalidad asegurar que el posible responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones respondiera por sus actos, sin que sea posible reprochar su proceder. Adicionalmente, la restricción de la libertad sufrida por el señor R.D. fue impuesta con estricta sujeción al principio de legalidad, pues fue proferida con el cumplimiento de los requisitos convencionales, constitucionales y legales que eran exigibles.

Entonces, para la sala es claro que las decisiones y medidas que debió soportar el accionante fueron producto de su actuar omisivo y negligente, lo cual le generó tanto la investigación penal como la medida de aseguramiento decretada en su contra, teniendo que soportar por esta razón la carga de su conducta, culpa que no puede pretender usar a su favor en detrimento del patrimonio económico de la Nación, ya que el material probatorio recaudado por la fiscalía le permitió pensar que efectivamente el aquí demandante había incurrido en el hecho que se le imputaba.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, queda evidenciada la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70(40) de la Ley 270 de 1996 que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpagraveodolo”.

Entendiendo por dolo la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro en los términos del Código Civil, y en desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, como “toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él”(41).

Es así como, la sala considera que el ente investigador cumplió con el deber estatal consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política(42), pues fue el propio proceder del demandando el que hizo pensar a la fiscalía especializada que efectivamente él había cometido el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

De esta manera, la subsección observa que con todo lo anteriormente expuesto la actuación del procesado frente a la tenencia y entrega a terceros del referido material explosivo sin permiso es reprochable desde el ámbito administrativo, pues dicha justificación denota el desobedecimiento de los deberes que la ley le imponía en su calidad de ciudadano.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que Juzgado Sexto Penal del Circuito y el Tribunal Superior - Sala Penal de descongestión - de San Gil, en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial consideraran que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

Ensuma,lasalaresaltaquecomosedijoenlaparteconceptualdeestasconsideraciones,aunqueeldemandantefueabsueltoporlajusticiapenal,ellonoquieredecir,perse,queseconfigurelaresponsabilidadpatrimonialdelaadministración,puesnopuedepasarseporaltolaculpadelpenalmenteinvestigado,yaquesibiensuactuaciónnotuvolamagnitudparaconfigurareldelitoendilgadoensucontra,exonerapatrimonialmentealaentidaddemandada. 

Enestesentidotambiénsedijoqueelactuarirregularynegligentedelaparteactoranofuesuficienteantelajusticiapenalparaproferirunasentenciacondenatoria,ensedederesponsabilidadloesparaencontraracreditadalaculpagraveyexclusivadelavíctimaenloshechosquedieronlugaralainvestigaciónpenaly,porsupuesto,alaprivacióndelalibertaddelaquefueobjetolapartedemandante,yexonerarderesponsabilidadalaentidaddemandada. 

En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de mayo de 2013 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demandada por los fundamentos expuestos en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

12 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

13 En escrito del 10 de agosto de 2010, la parte demandante presentó adición de la demanda, e incluyó como demandantes a: P.E.R.I., G.E.R.I. y S.P.R.I. hijos del señor R.D., por habérseles perjudicado con la privación injusta de la libertad y la reclusión en centro carcelario de su padre. Acto seguido, el 26 de agosto de 2010, el tribunal de instancia, admitió la reforma de la demanda y notificó lo pertinente a las demandadas.

14 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

15 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.

16 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.

17 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.

18 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

19 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp.: 10923.

21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, exp.: 15989.

22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp.: 8666.

23 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

24 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp.: 10056.

26 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 27.577.

28 Información obtenida a través de providencia judicial proferida el 14 de noviembre de 2003, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, debidamente ejecutoriada y en firme hasta el 2 de septiembre de 2005, por lo cual se presume la veracidad de su contenido.

29 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

30 Fl. 4, cdno. pbas.

31 Fl. 3, cdno. pbas.

32 Fls. 1 - 25, cdno. pbas.

33 Fl. 14, cdno. pbas.

34 Fl. 46, cdno. pbas.

35 Fls. 26 - 35, cdno. pbas.

36 Fl. 33, cdno. pbas.

37 Fl. 47, cdno. pbas.

38 Fl. 8, cdno. pbas.

39 Fl. 9, cdno. pbas.

40 Artículo declarado exequible por la Sentencia C–037 de 1996.

41 Sentencia C-993 del 29 de septiembre de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional.

42 “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.