Sentencia 2007-90029 de septiembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25001-23-24-000-2007-90029-01

Actor: Edilma Jiménez Suárez y otro

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Apelación sentencia - acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Solicita la parte actora que se declare la nulidad de las resoluciones 2215 del 15 de junio de 2006 “Por la cual se ordena una expropiación administrativa” y 4454 del 18 de septiembre de 2006 “Por la cual se decide un recurso de reposición”, proferidas por la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se pague como precio indemnizatorio unas sumas de dinero por concepto de valor del terreno y sus construcciones, el daño emergente y el lucro cesante y la compensación.

6.2. El a quo denegó las pretensiones de la demanda con apoyo en las siguientes razones:

(i) No es necesario expresar en el acto administrativo acusado los criterios de urgencia para la expropiación del inmueble. En este caso dichos criterios fueron expresados previamente por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. en el Decreto 410 de 2005 y fueron recogidos en la Resolución 9062 del 27 de diciembre de 2005 que estableció la necesidad de adquirir el inmueble de los demandantes por el procedimiento de la expropiación, acto administrativo este que les fue notificado legalmente.

(ii) No es obligatoria para la administración la compensación solicitada por los demandantes. En este caso la administración optó por el mecanismo de la expropiación como modo de adquisición del predio para continuar con la construcción del proyecto Avenida Longitudinal de Occidente, sin llegar a la imposición de la medida de afectación sobre el predio de los actores. Además, no se demostró que los propietarios hubieran solicitado licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, ni que estas les hubieren sido negadas en razón a la existencia de una medida de afectación a una obra pública.

(iii) Los actos administrativos demandados, que contienen el avaluó censurado, gozan de presunción de legalidad, y por ello es deber de los demandantes desvirtuar tal presunción. En el proceso “no se allegó, ni se pudo practicar, el dictamen pericial que apoyara las causales de nulidad elevadas contra las resoluciones del IDU, para fijar el precio de la indemnización del predio expropiado a los señores Jiménez Suárez, es decir, la parte actora no cumplió con los requisitos y parámetros que el ordenamiento jurídico le imponía, al no aportar, pudiéndolo hacer, el avalúo que con el lleno de los requisitos exigidos sirviera de base para demostrar que el precio de la expropiación en verdad se encontraba errado”.

6.3. Se plantea por los demandantes como motivo de inconformidad ante estos argumentos que el tribunal desconoció su derecho de igualdad, puesto que, a diferencia de lo ocurrido en este proceso, en el identificado con el número 250002324000200700030-01 que se originó en demanda formulada contra las resoluciones del IDU que ordenaron la expropiación administrativa de un inmueble vecino al de los demandantes —que fue avaluado con un dictamen casi calcado al que soporto el avalúo de su predio, elaborado por la misma lonja inmobiliaria— y en el que se formularon iguales censuras a las expuestas en esta demanda, sí accedió a las súplicas de la demanda, declarando la nulidad de dichos actos administrativos y ordenando al IDU practicar un nuevo dictamen pericial que se ajustara a los requisitos establecidos en Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y las resoluciones 0762 y 0149 del IGAC.

Como “argumentos” del recurso de apelación cita las consideraciones que el tribunal tuvo en cuenta para adoptar la anterior decisión en el proceso 250002324000200700030-01, las cuales, tal como se advierte de la transcripción atrás efectuada, se refieren a la crítica que esa corporación hizo al avalúo oficial que soportó las resoluciones demandadas en ese asunto, el que estimó desconoció los requisitos establecidos en Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y las resoluciones 762 y 0149 del IGAC.

6.4. Examinado lo anterior, encuentra la Sala que el recurso de apelación objeto de este pronunciamiento se encuentra desprovisto realmente de sustentación, pues la parte actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar el acierto y legalidad de la decisión del a quo de negar las súplicas de la demanda, incumpliendo de esta forma la carga procesal que en este escenario le corresponde como apelante.

En efecto, es claro que si el objeto del recurso de apelación es que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme(8), es necesario que el recurrente exponga las razones por las cuales no comparte la consideraciones que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión, con el fin de que el superior funcional de dicha autoridad judicial las analice y decida si tienen la suficiencia jurídica necesaria para desvirtuar tales argumentos. En este asunto, en el memorial contentivo de la impugnación no se señalaron por la parte demandante las razones de tipo jurídico, fáctico o probatorio por las cuales estimaba que la decisión del tribunal era equivocada y debía por ende revocarse para en su lugar declarar la nulidad de los actos acusados. No se expresan en efecto en dicho escrito las razones que motivaron su disconformidad con las consideraciones y conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera instancia, a las cuales se hizo alusión en el inicio de estas consideraciones(9).

La parte actora, como antes se dijo, se limita a transcribir los argumentos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuó en otro proceso en el que declaró la nulidad de unas resoluciones del IDU que ordenaron la expropiación administrativa de un inmueble, en los que dicha corporación señaló que el avalúo comercial de este no se ajustaba a los requisitos exigidos por la normativa que rige la materia. Esos argumentos que la parte actora hace suyos para sustentar el recurso de apelación no tienen ciertamente la virtualidad de atacar el acierto y la legalidad de los fundamentos que tuvo en cuenta el tribunal para negar en este caso las pretensiones de la demanda: el examen efectuado a un avalúo comercial de otro inmueble objeto de expropiación no es un elemento de juicio que permita desvirtuar i) que no era necesario que el acto administrativo demandado no tuviera que consignar los criterios de urgencia para adoptar esa medida, ii) que no era obligatorio para la administración reconocer la compensación de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989; y iii) que no obra en el proceso un dictamen pericial a partir del cual se pueda determinar la incorrección del avalúo oficial que soportó los actos acusados.

Por lo tanto, es claro que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia carece realmente de fundamentación.

La Sala reitera a este respecto las consideraciones expuestas en la sentencia proferida el pasado 3 de julio del año en curso(10), mediante la cual se denegó un recurso de apelación debido a las falencias argumentativas que presentaba. Al efecto precisó:

“7.1.3. Según se desprende del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil al que se acude por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación tiene por objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme”. Por otra parte, el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, impone a quien haga uso del recurso que sustente el mismo, esto es, que exponga las razones de su inconformidad con la decisión de primera instancia.

7.1.4. Bajo los parámetros normativos aludidos, resulta fácil concluir que el recurso de apelación se encuentra establecido para que el afectado con una decisión judicial le formule reparos, inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo interponga dirija su sustentación a esos aspectos.

7.1.5. Esta posición ha sido prohijada por la Sala de tiempo atrás, y fue reiterada recientemente en la sentencia del 13 de marzo de 2013 al resolver el recurso de apelación dentro del Radicado 2006-01241. En dicha ocasión, la corporación se permitió confirmar la línea jurisprudencial que ha seguido en este aspecto en los siguientes términos:

“Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta corporación ha precisado lo siguiente:

“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de la instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en el inciso segundo del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.

La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio de la decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente al sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en estudio.

Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación” (Sent. jun. 6/87, Exp. 338, C.P. Samuel Buitrago Hurtado).

En otra oportunidad, señaló:

“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad quem para decidir el recurso.

La competencia de este queda pues limitada a confrontar la providencia recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente. No puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el escrito de sustentación del recurso”. (Sent. jul. 17/92, Exp. 1951, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

Posteriormente, manifestó:

De acuerdo con la jurisprudencia “...el deber de sustentar este recurso (el de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o modificación”. (CSJ, providencia ago. 30 1984, M.P. Humberto Murcia Ballén; Código de Procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección Pequeño Foro, p. 319) (auto de Sala Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez).

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada.

7.1.6. Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme, es necesario que en dicho recurso se expongan las razones por las cuales no se comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el juzgador confronte los fundamentos de la sentencia con los argumentos que sustentan la inconformidad del apelante. Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que se limita a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda, tal y como acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que confirmar la decisión”.

6.5. En el anterior contexto, la Sala procederá a la confirmación de la sentencia apelada comoquiera que no se han aducido motivos para desvirtuar sus fundamentos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. RECONOCER personería como apoderados del Instituto de Desarrollo Urbano a los abogados Oscar Augusto Barbosa Téllez y Juan Carlos Muñoz Espitia, en los términos y para los fines de los poderes a ellos conferidos, a los que se allegaron los anexos correspondientes (fls. 41 a 65 y 137 a 161, cdno. 2 del expediente)

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha».

(8) Artículo 350 del Código de Procedimiento Civil.

(9) Numeral 6.2.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de fecha 3 de julio de 2014, Expediente 25000-23-24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.