Sentencia 2007-90200 de mayo 19 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002327000200790200 01 (17266)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Fideicomiso 3-1-0321 Almadelco Liquidación

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: devolución pago en exceso impuesto sobre la renta año 2000

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la demandante, corresponde a la Sala establecer si la actuación de la administración, mediante la cual se rechazó la solicitud de devolución del saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2000, por valor de $ 348.375.000, se ajustó o no a la legalidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a las súplicas de la demanda. Fundamentó su decisión en el hecho de que no es un pago en exceso sino un saldo a favor, que debió solicitar en devolución dentro del término contemplado en el artículo 854 del estatuto tributario.

En el caso concreto, la sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2000 el 4 de abril de 2001, determinando un saldo a favor de $ 348.375.000, y solicitó la devolución como pago en exceso el 24 de marzo de 2006.

El saldo a favor se genera porque el contribuyente, en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 1998, liquida un anticipo para el año gravable 1999 por valor de $ 308.963.000, el cual fue descontado en el año 1999, integrando un nuevo saldo a favor de $ 339.912.000. A este valor se le agregan las retenciones en la fuente practicadas en el mismo período gravable por valor de $ 8.863.000, para un total saldo a favor de $ 348.375.000.

Como ha precisado la Sala(2), existen tres situaciones en las cuales pueden originarse saldos a favor que permitan al administrado ejercer el derecho a solicitarlos:

— En las declaraciones tributarias,

— En pagos en exceso y

— En pagos de lo no debido.

El saldo a favor, como la expresión lo sugiere, corresponde a una cantidad resultante en beneficio del contribuyente y frente al cual la ley ha previsto la posibilidad de utilizarlo para pagar deudas de otros impuestos o periodos (compensación) u obtener su reintegro (devolución), en ambos casos por tratarse de sumas cuya titularidad así lo permite.

El artículo 850 del estatuto tributario establece:

(...).

Devolución de saldos a favor. Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.

(...)”.

De lo transcrito se observa que los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias pueden solicitar su compensación o devolución; también dispone la norma, la obligación de la administración tributaria de devolver oportunamente a los contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido que hayan realizado por obligaciones tributarias.

En la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios el saldo a favor resulta de la depuración de la liquidación privada que hace el contribuyente, o el valor determinado en una actuación oficial. Esto crea una obligación entre el contribuyente y el Estado.

En relación con el pago en exceso o de lo no debido también es permitido obtener su devolución, en el primer caso cuando se cancelan por impuestos, sumas mayores a las que corresponden legalmente, y en el segundo evento, cuando se realizan pagos “sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento”(3).

La Sala ha precisado que:

“(...).

El pago de lo no debido, el pago en exceso y el saldo a favor

Considera la Sala que el pago de lo no debido, el pago en exceso y el saldo a favor que el estatuto tributario regula, son instituciones jurídicas que se derivan del enriquecimiento sin causa del derecho civil.

La Corte Suprema de Justicia ha precisado que para que prospere una reclamación por enriquecimiento sin causa, deben concurrir los siguientes requisitos: el primero, que exista un enriquecimiento y un empobrecimiento correlativo y, el segundo, que el empobrecimiento sufrido sea injusto o se haya producido sin causa jurídica(4).

El artículo 2313 del Código Civil dispone que hay pago de lo no debido cuando alguien paga por error y prueba que no tenía la obligación de hacerlo, caso en el cual, tiene derecho para repetir lo pagado.

El artículo 850 del estatuto tributario que por remisión expresa del artículo 66 de la Ley 383 de 1997(5) y por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002(6), se aplica a las entidades territoriales, dispone que los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución. Así mismo, que la DIAN debe devolver oportunamente a los contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago.

El artículo 21 del Decreto 1000 de 1997, se refiere al pago de lo no debido como aquel pago efectuado a la DIAN sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento.

Considera la Sala que las tres nociones de pago de lo no debido, pago en exceso y saldo a favor, conllevan la noción de pago sin justa causa. Precisamente por esa misma razón, se deriva a favor de los contribuyentes el derecho para reclamar el reintegro de lo pagado, a través de los mecanismos de devolución o compensación.

De las tres nociones, el saldo a favor es el que menor dificultad tiene para ser identificado habida cuenta que se evidencia en algunas declaraciones tributarias que se diseñan precisamente con ese fin, vr.gr. la declaración de renta, la declaración de ventas.

Así mismo, es posible que se identifique en las declaraciones, el pago en exceso cuando deviene de errores aritméticos, por ejemplo.

En cambio, tratándose del pago de lo no debido, es usual o incluso, constituye un requisito legal, que la misma autoridad administrativa o una autoridad judicial declare su existencia, situación que tampoco se descarta para los casos de saldo a favor o pago en exceso.

Bajo ese contexto, como conceptualmente no existe un elemento que permita establecer un lindero entre las tres figuras, es pertinente concluir que, en materia tributaria, además de la forma en que se exterioriza el saldo a favor, el pago en exceso o el pago de lo no debido, el término que la legislación consagra para que se ejerza el derecho a solicitar la devolución o la compensación, es otro elemento que permite distinguir las tres nociones.

En ese sentido, tratándose de saldos a favor, el término para solicitar la devolución o compensación es el mismo de la firmeza de la declaración correspondiente(7), es decir, que se puede solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor, a más tardar dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar y, siempre y cuando, tales saldos no los haya imputado previamente el contribuyente(8).

El término señalado no aplica cuando el saldo a favor se reconoce a través de acto administrativo o sentencia(9). En estos eventos el acto administrativo y la sentencia constituyen títulos ejecutivos suficientes a favor de los contribuyentes para exigir la devolución de lo pagado a través de los mecanismos legales pertinentes(10).

Tratándose de los pagos en exceso, el artículo 11 del Decreto 1000 de 1997 dispone que las solicitudes de devolución o compensación deben presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva establecida en el artículo 2536 del Código Civil(11). En el mismo sentido, el artículo 21 del Decreto 1000, establece que también en ese término se deben formular las solicitudes de devolución o compensación de pagos de lo no debido.

En ese orden de ideas, cuando un contribuyente pretende la devolución o la compensación de un pago realizado, basta que pruebe que este no tiene causa legal y que la solicitud se presentó en los términos que establece la ley. Si es un saldo a favor, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar o, si es un pago de lo no debido o un pago en exceso, dentro del término de la acción ejecutiva de que trata el artículo 2536 del Código Civil.

(...)”(12).

Ahora bien, en el caso se observa que Almadelco incluyó en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 las retenciones en la fuente que le practicaron y el anticipo determinado en la declaración del año gravable anterior, situación que originó el saldo a favor solicitado en devolución.

En la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 1998, la demandante liquidó un anticipo para el año 1999 por valor de $ 308.963.000, el cual fue restado en el año 1999, es decir, fue utilizado, lo que generó un saldo a favor de $ 339.912.000.

Obsérvese que la suma de $ 348.375.000, que solicita en devolución, es el resultado del anticipo del año 1998 aplicado a 1999 y que se imputa en el año gravable 2000, más las retenciones en la fuente que le practicaron por valor de $ 8.863.000.

Entonces, no es acertado afirmar, como lo hace la demandante, que la sociedad contribuyente en su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 realizó un pago en exceso, por cuanto indudablemente es un saldo a favor.

Dice la demandante que no existía causa legal para el cálculo de anticipo, por cuanto la sociedad arrojó pérdidas fiscales durante los años gravables 1999 y 2000, lo que la exonera de la obligación de determinar el impuesto por el sistema de renta presuntiva.

No comparte la Sala tal afirmación, puesto que es una obligación legal determinar el anticipo, tal como lo indica el artículo 807 del estatuto tributario(13). Ahora, si el contribuyente se encuentra en las situaciones planteadas por el artículo 809 ibídem, puede solicitar al administrador de impuestos nacionales la reducción del anticipo. Nótese que la norma establece la reducción, pero en ningún momento consagra que no se calcule el anticipo del impuesto sobre la renta para el año siguiente al gravable.

Lo mismo ocurre con las retenciones en la fuente, dado que la sociedad intervino en actos u operaciones en las cuales el agente de retención que realizó pagos a su favor, por expresa disposición legal, estaba obligado a practicarlas.

De lo anterior se concluye que el anticipo liquidado en el año gravable 1999 fue utilizado en el año 2000, al imputarlo en la respectiva declaración de renta y complementarios junto con las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por este mismo año, con lo que la Sala considera que se trata de un claro saldo a favor de la empresa demandante y no de un pago en exceso.

En consecuencia, no tienen vocación de prosperidad los argumentos planteados por la demandante, respecto de la existencia del pago en exceso por concepto de anticipo y retenciones en la fuente, por cuanto las sumas que dieron origen al saldo a favor fueron establecidas por el contribuyente de acuerdo con la ley. No observa la Sala que la demandante hubiera cancelado algún valor superior al que legalmente se encontraba obligada.

Determinado por la Sala que el valor solicitado no es un pago en exceso sino un saldo a favor, corresponde establecer si la solicitud de devolución del mismo se presentó oportunamente.

El artículo 854 del estatuto tributario dispone:

Término para solicitar la devolución del saldos a favor. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar.

(...).

De conformidad con la norma transcrita, se advierte que el contribuyente o responsable debe presentar la solicitud de devolución y/o compensación a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar, es decir, debe entenderse que esa fecha corresponde a la de vencimiento del término para presentar la declaración que arroja el saldo a favor y que sirve de fundamento a la solicitud de devolución o compensación.

Para efectos de establecer la oportunidad en la presentación de la solicitud basta, entonces con que se precise la declaración que arroja el saldo a favor, el plazo máximo en que debía presentarse y, a partir de esa fecha, contabilizar dos años.

Por el año gravable 2000, según el Decreto 2662 del 22 de diciembre de 2000, las personas jurídicas debían presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en las siguientes fechas:

Si el último digito es:
Declaración y pago 1a. Cuota
Declaración y pago 2a. Cuota
1 ó 2
04 de abril año 2001
07 de junio año 2001
3 ó 4
05 de abril año 2001
08 de junio año 2001
5 ó 6
06 de abril año 2001
11 de junio año 2001
7 ú 8
09 de abril año 2001
13 de junio año 2001
9 ó 0
10 de abril año 2001
14 de junio año 2001

 

La sociedad Almadelco NIT 860.002.151 según el último dígito, debía presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios a más tardar el 4 de abril de 2001, en consecuencia, el término de dos años para pedir la compensación o devolución del saldo a favor vencía el 4 de abril de 2003, y en vista de que la demandante presentó la solicitud ante la Administración Especial de Impuestos de Bogotá el 24 de marzo de 2006(14), es claro que lo hizo por fuera del término previsto en la ley, por lo que procedía el rechazo definitivo de la misma.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la solicitud fue presentada casi cinco (5) años después del vencimiento del término para presentar y declarar el impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2000.

Dice el demandante que “...más allá de las distinciones puramente formales entre los saldos a favor y los pagos en exceso o de lo no debido, lo que se invoca desde el punto de vista de la equidad y los principios generales del derecho, es la naturaleza intrínseca de pago e exceso (sic), que poseen las retenciones en la fuente y el anticipo”.

Al respecto se precisa que, si bien el requisito de la presentación oportuna es un requisito de forma, es menester tener en cuenta que las normas de procedimiento son de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento, pues su finalidad es servir de medio para acceder a los derechos sustanciales, en procedimientos que deben guiarse por los principios de seguridad, certeza jurídica y debido proceso.

Sobre este requisito, la doctrina judicial de esta Sección ha manifestado:

“(...).

Ahora bien, el hecho de que el artículo 228 de la Carta Política dé prevalencia al derecho sustancial sobre el procedimental no quiere decir que hayan desaparecido del ordenamiento jurídico las normas de procedimiento, dado que son estas las que permiten concretar y hacer efectivos los derechos sustanciales de los asociados; además, tales preceptos hacen parte del debido proceso que debe cumplir toda actuación judicial y administrativa (art. 29 ibídem),(15)...”.

En tales condiciones, esta corporación advierte que la solicitud de devolución del saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 fue presentada de manera extemporánea, es decir, no cumplió con el requisito del plazo para la presentación de la misma, circunstancia que no puede convalidar la actuación del actor.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

Enriquecimiento sin causa

Para resolver el punto en discrepancia y comprobar si en efecto se concretó un enriquecimiento injusto por parte del Estado, la Sala analizará si se cumplen los requisitos para que se configure el enriquecimiento.

La Corte Suprema de Justicia, al respecto, ha señalado como requisitos para que se configure el enriquecimiento sin causa los siguientes:(16)

1) Que haya un enriquecimiento o aumento patrimonial;

2) Que haya un empobrecimiento correlativo y,

3) Que el enriquecimiento se realice sin causa o lo que es lo mismo, sin fundamento legal.

El argumento central de la parte demandante es que dentro del saldo a favor se encuentra el anticipo del año 1999 y las retenciones en la fuente practicadas durante los años 1999 y 2000, las cuales se encuentran debidamente relacionadas y certificadas por contador público en documento que se anexó como prueba con ocasión a la presentación de la solicitud de devolución.

El mecanismo de la retención en la fuente, según el artículo 365 del estatuto tributario, fue establecido por el Gobierno Nacional con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios. Así mismo, le garantiza al Estado una disponibilidad financiera para el cumplimiento de sus fines y, adicionalmente, es una herramienta de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que permite el recaudo de los impuestos al tiempo que el contribuyente percibe el ingreso.

Este mecanismo relaciona a los particulares con la administración tributaria, asignándoles los siguientes deberes: i) practicar la retención; ii) consignar el valor retenido; iii) expedir los certificados por las retenciones practicadas; iv) presentar las declaraciones mensuales de retención en la fuente y, v) responder ante el Estado por las retenciones dejadas de practicar, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente(17).

El agente de retención del impuesto sobre la renta es el sujeto pasivo del impuesto, es decir, el obligado frente al Fisco, independientemente de que quien debe resistir la consecuencia económica del gravamen sea el beneficiario del pago.

El beneficiario del pago está obligado a declarar en su liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios el total de los ingresos obtenidos, incluyendo los que fueron objeto de retención en la fuente, liquidando el impuesto correspondiente, y a este le resta las retenciones en la fuente que le fueron practicadas.

Los artículos 395 y siguientes del estatuto tributario establecen la obligación a cargo de las personas jurídicas y sociedades de hecho de practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por ingresos laborales, dividendos y participaciones, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimiento financieros, enajenación de activos fijos y por los pagos o bonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta.

En el presente caso, discute la demandante que con la retención en la fuente que le practicaron y el cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta y complementarios, el Estado se enriqueció sin justa causa por cuanto no había impuesto contra el cual restar.

Al respecto debe señalarse que, independientemente de que Almadelco se encontrara en liquidación, los pagos que recibió se encontraban sometidos a retención en la fuente, por lo que le correspondía al agente de retención descontar el valor de la tarifa correspondiente, según el concepto del pago.

En este orden, no vislumbra la Sala enriquecimiento sin causa a favor de la administración, ya que no se cumplen los requisitos para ello, pues el saldo a favor se generó por una causa legal, relacionada con la obligación del agente retenedor de efectuar la retención por pagos o abonos en cuenta.

Frente al anticipo tampoco se configura un enriquecimiento sin causa o injusto a favor de la DIAN, pues este se determinó como resultado de las operaciones realizadas en el año inmediatamente anterior y no como un pago doble como lo afirma la demandante.

De lo anterior se concluye que si el contribuyente o responsable no hace uso del derecho a solicitar el saldo a favor dentro del término establecido por el legislador, pierde el derecho a la compensación o devolución del mismo, sin que pueda discutir que ese hecho genera un enriquecimiento injustificado para la administración tributaria, ya que la causa de extinción está contemplada en la ley y esta se considera justa.

No prospera el cargo.

Prevalencia de los aspectos sustanciales sobre los formales

Dice la demandante que en las actuaciones de la administración tributaria deben prevalecer los aspectos sustanciales sobre los puramente formales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto considera que la demandada debe partir de la existencia de un hecho económico consistente en un pago en exceso que debe prevalecer sobre los términos establecidos por el legislador.

Esta Sala precisa que, para aplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que proclama el artículo 228 constitucional, no se pueden dejar de lado las reglas fundamentales que enmarcan el procedimiento tributario, ya que todas las actuaciones deben surtirse en la oportunidad procesal indicada por la ley.

Así las cosas, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que pide la demandante, no pueden llevar al extremo de modificar todo el ordenamiento procedimental tributario, con el fin de adecuar una actuación administrativa a situaciones particulares de un contribuyente, pues de hacerlo se vulnerarían postulados constitucionales superiores, como el debido proceso y el derecho de defensa, además de desconocer la naturaleza jurídica de las normas procesales, que son de orden público y de estricto cumplimiento, como ya se indicó.

Por todo lo anterior, la Sala comparte la decisión de primera instancia que no accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que no está así llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por Fideicomiso 3-1-0321 Almadelco Liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, la Sección Cuarta en la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de junio de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección “A”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Fideicomiso 3-1-0321 Almadelco Liquidación contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 222 del expediente.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2003, exp. 13271, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(3) Artículo 21 del Decreto 1000 de 1997.

(4) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. César Julio Valencia Copete. Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil ocho. Ref. exp. 63001-3103-004-2002-00034-01.

(5) “ART. 66.—Administracion y control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional”.

(6) “ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.

(7) Artículo 854 del estatuto tributario, artículo 4º del Decreto 1000 de 1997.

(8) Artículo 815 del estatuto tributario.

(9) La doctora Martha Teresa Briceño, en su obra “Diccionario Técnico Tributario” cita una sentencia del Consejo de Estado del 29 de octubre de 1999, proferida dentro del expediente 9725, en la que se precisa que el plazo de 2 años para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor, es sólo para los originados en declaraciones tributarios, puesto que los originados en liquidaciones oficiales no están sujetos a esta regla, pues sólo a partir de ese momento surge la posibilidad de su recuperación. Teresa Briceño de Valencia. Ramón Vergara Lacombe. “Diccionario Técnico Tributario”. Centro Interamericano Jurídico-financiero. Bogotá. Enero 2002, pág. 206.

(10) De conformidad con el artículo 79. Del Código Contencioso Administrativo los particulares pueden hacer efectivos los créditos a su favor por medio de la jurisdicción ordinaria” (negrilla fuera de texto).

Así mismo, el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo establece el término que tienen las autoridades para proferir la resolución correspondiente para ejecutar una sentencia y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y el artículo 177 ibídem establece el procedimiento para hacer efectivas las condenas contra entidades públicas.

No obstante, en materia tributaria debe tenerse en cuenta que el artículo 857-1 del estatuto tributario dispone que cuando se solicita la devolución o compensación de impuestos y se suspende el término para devolver o compensar cuando la autoridad competente ejerce la facultad de investigación previa, una vez que culmine la actuación administrativa o judicial, al contribuyente no se le debe exigir que presente una nueva solicitud de devolución o compensación, toda vez que basta con que el contribuyente presente la copia del acto administrativo o de la providencia respectiva para que se le efectúe el pago.

(11) “ART. 2536.—Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. <Artículo modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(12) Sentencia 25000232700020050006001 (16370) del 24 de septiembre de 2009, C.P. doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) Artículo 807 del estatuto tributario. Cálculo y aplicación del anticipo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar un setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto de renta y del complementario determinado en su liquidación privada, a título de anticipo del impuesto de renta del año siguiente al gravable.

(14) Folio 72 del cuaderno principal.

(15) Sentencia del 9 de noviembre de 2006, expediente 14538, C.P. doctor Héctor J. Romero.

(16) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 22 de julio de 1994, exp. 5411, C.P. Jaime Abella Zarate, y del 18 de junio de 1999, exp. 9414, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

(17) Artículos 370, 375, 378, 376 y 381 del estatuto tributario.