Sentencia 20071 de octubre 24 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ALCANCE DEL RECUSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

EL TRÁMITE NO SE SUSPENDE POR PREJUDICIALIDAD ADMINISTRATIVA

EXTRACTOS: «Ha explicado esta Sala de la Corte que las precisas facultades que surgen para ella en virtud de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario, ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas, todo lo anterior dentro del marco de las facultades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.

Es claro, entonces, que dentro del específico marco de atribuciones que surgen de las disposiciones legales antes reseñadas, no corresponde a la Corte determinar la legalidad de los trámites adelantados en el proceso de solución del conflicto económico, pues su actuación se circunscribe al examen de los aspectos atrás reseñados del laudo arbitral, de suerte que el estudio de las deficiencias que en las actuaciones adelantadas para arreglar el diferendo hayan podido presentarse, escapa a sus precisas facultades legales.

Sobre la oportunidad de discutir los aspectos eminentemente de procedimiento y competencia que eventualmente puedan afectar la validez de un laudo y, particularmente, sobre el hecho de no ser la Corte competente para verificar las circunstancias que rodearon la adopción del pliego de peticiones, la convocatoria del tribunal de arbitramento o la designación que de uno de los árbitros hizo uno de las partes, que son los aspectos jurídicos a los que se remite el hotel recurrente en la sustentación de su recurso, explicó esta Sala de la Corte en la sentencia del 30 de julio de 1998, radicado 11261, citada por el propio impugnante en el escrito por medio del cual sustenta su recurso, lo que a continuación se transcribe:

“Aun cuando son varias las razones expresadas por la recurrente para sustentar su solicitud de que se declare la nulidad de toda la actuación que conforma el conflicto colectivo de trabajo resuelto mediante el laudo que pide no homologar, para que, en su lugar, la Corte se declare inhibida “para decidir sobre el fondo del mismo dados los vicios e irregularidades antes explicados” (fl. 128, c. ppal.), toda la argumentación confluye a sostener la tesis jurídica según la cual le compete en este caso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia examinar la legalidad del acto de convocatoria del tribunal de arbitramento.

Si bien no es cierta la afirmación de la impugnante de haber aceptado esta Sala en sentencia de 9 de octubre de 1997 que la competencia para juzgar sobre la legalidad del acto administrativo que profiere el Ministerio de Trabajo cuando convoca un tribunal de arbitramento en ejercicio de las facultades que la ley le otorga para ello, no desconoce que la tesis jurídica tiene sustento en decisiones que en ese sentido ha proferido la Sección Segunda del Consejo de Estado.

El criterio de la Sala de Casación Laboral sobre el punto de derecho difiere del expresado en los fallos de la jurisdicción en lo contencioso administrativo aducidos por la compañía recurrente, pues en verdad lo que ha dicho es precisamente todo lo contrario, conforme lo explicó el tribunal especial de arbitramento.

En efecto, respecto de la cuestión jurídica planteada en el recurso en diferentes oportunidades ha sostenido que los arbitradores no tienen la facultad de revisar la legalidad del “decreto de convocatoria“ del tribunal, ni tampoco es el recurso extraordinario de homologación el instrumento ni la oportunidad para ejercer dicho control de legalidad. Al efecto basta citar los proveídos de 3 de mayo de 1996 (Gaceta Judicial, Tomo CCXXXV, págs. 239 a 245), 25 de julio de 1996 (Rad. 9033), 26 de febrero de 1997 (Rad. 9735), 30 de septiembre de 1997 (Rad. 10338), 6 de octubre de 1997 (Rad. 10263) y 9 de octubre de 1997 (Rad. 10381).

La presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Trabajo ordena constituir un tribunal especial de arbitramento para que dirima un conflicto colectivo suscitado en una empresa que realiza actividades calificadas como de servicio público, o en cualquier otro de los casos en los cuales es dado convocar tribunales de arbitramento obligatorio, impiden que los arbitradores puedan desconocer la orden de convocatoria; y tampoco la jurisdicción ordinaria es la encargada de juzgar sobre la legalidad de ese acto administrativo, o de cualquiera otro de los que eventualmente deba proferir dicho ministerio para resolver los recursos que hayan podido interponer las partes enfrentadas en el conflicto.

El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo es claro al fijar la competencia que se tiene dentro del trámite del denominado por la ley recurso de homologación, y que se reduce a verifcar “la regularidad del laudo” control sobre el fallo arbitral que actualmente permite a la Corte, en cuanto sustituyó en sus funciones al extinguido tribunal supremo del trabajo, declararlo exequible “confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó” (se subraya), o anularlo si se extralimitó al proferirlo.

Por ser claro el sentido de la ley, en obedecimiento a la regla de interpretación establecida en el artículo 27 del Código Civil, no debe desatenderse su tenor literal a pretexto de consultar un supuesto sentido recóndito, dado que no hay ninguna expresión oscura que deba ser interpretada recurriendo a una intención o espíritu diferente al sentido que resulta de la literalidad de la norma.

Es por ello que no le compete a la Corte indagar si corresponden o no a la verdad los asertos que hace la recurrente de haber sido equivocadamente adoptado el pliego de peticiones, o indebidos la convocatoria del tribunal de arbitramento y el nombramiento del árbitro designado por la organización sindical, sin que ello implique, desde luego, negar la vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de esta clase de tribunales.

Lo que en verdad ocurre, y para esta Sala no existe la menor dada sobre el punto de derecho, es que la competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sólo de manera excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de actos administrativos, a manera de ejemplo cabe citar los proferidos por el Consejo de Estado (CCA, art. 128, ord. 16, inc. segundo) y la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (ibídem, art. 231, par.).

Como quiera que todos los argumentos aducidos por la recurrente para solicitar que no se homologue el laudo se enderezan a fundamentar una tesis jurídica que realmente se aparta de lo claramente dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo; y como tampoco expresó al sustentar su recurso una razón que permita considerar que al decidir los puntos respecto de los cuales no se produjo acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo, los árbitros afectaron los derechos o facultades de las partes a los que se refiere el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, se impone rechazar su solicitud y, por consiguiente, se homologará el laudo de 23 de junio de 1998”.

De acuerdo con lo expuesto, no le es dado a la Corte pronunciarse sobre los vicios e irregularidades denunciados por el hotel impugnante atinentes a la adopción del pliego de peticiones, indebida convocatoria del tribunal de arbitramento o irregular nombramiento del árbitro por Hocar, por referirse en el fondo a la temática jurídica de la validez y legalidad de actos administrativos que dieron origen a esas actuaciones, aspecto cuya competencia el mismo hotel recurrente acepta corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, donde afirma ya instauró la demanda de nulidad.

2. En cuanto hace a la argumentación del recurrente en relación con la vigencia de las disposiciones relativas a la integración y constitución de los tribunales de arbitramento obligatorio, cabe advertir que, como él lo manifiesta en su escrito, es claro que las normas del Código Sustantivo del Trabajo que reglamentan lo referente a la integración y constitución de tribunales de arbitramento obligatorio que tienen a su cargo la solución de un conflicto colectivo de intereses, se hallan plenamente vigentes y a ellas deben sujetarse tanto las partes comprometidas en el diferendo, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sin embargo, como ya se dijo, ello en modo alguno indica que por estar obligado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a cumplir esas disposiciones, sea el recurso extraordinario de anulación que se surte ante esta corporación la oportunidad pertinente para controvertir la legalidad de las actuaciones de dicho ministerio en la tramitación de un conflicto colectivo, pues, como surge de la sentencia de esta Sala traída a colación en el anterior aparte, la competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que solamente de manera realmente excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de actos administrativos.

Por lo tanto, será esa jurisdicción la única legalmente autorizada para decidir si, en los actos administrativos expedidos en la tramitación seguida para solucionar el conflicto colectivo de trabajo en el que se halla involucrado el impugnante, incurrió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en irregularidades que comprometan su validez y legalidad, tal como lo admite el propio recurrente al manifestar:

“... y si además de ello el Ministerio de Trabajo no declaró la existencia de dichos vicios en el trámite del conflicto colectivo, ello no valida de ninguna manera todas las irregularidades presentadas, correspondiéndole a la jurisdicción contencioso administrativa examinar la legalidad de las resoluciones proferidas a los largo del conflicto colectivo” (fl. 9 del segundo cuaderno, sin foliar).

3. Y en lo que concierne al supuesto desconocimiento de la prejudicialidad por parte del tribunal de arbitramento obligatorio, aun en el evento de ser dable entender que el procedimiento arbitral de que trata el capítulo VII del título II del Código Sustantivo del Trabajo sea equiparable al “proceso judicial” al que se refiere el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, para de allí entender que, por la vía de la analogía, la figura procesal de suspensión del proceso que se contempla en el numeral 2º de la citada disposición resulta aplicable al trámite dispuesto para el arbitramento obligatorio, cabe advertir que no explica el hotel recurrente las razones por las cuales el laudo que profirió el tribunal arbitral dependía de unos actos administrativos cuya nulidad se halla pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, como lo exige el estatuto procesal civil para hacer viable la suspensión.

En efecto, se circunscribe el Hotel Sunrise Beach San Andrés S.A. a manifestar que instauró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones proferidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que lo conminaron a discutir el pliego de peticiones presentado por el Sindicato Hocar seccional San Andrés Islas y a argumentar que esa situación jurídica implica que esta Sala de la Corte “no debe pronunciarse frente al laudo arbitral aquí recurrido, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida sobre la legalidad o ilegalidad del acto administrativo acusado, es decir, las resoluciones mediante las cuales se conminó al hotel a discutir el pliego de peticiones” (fl. 10 del segundo cuaderno), pero esta razón no es suficiente para demostrar por qué la decisión arbitral debe suspenderse mientras se decide por la jurisdicción contenciosa administrativa la legalidad de los actos administrativos, en aplicación de la institución procesal de la prejudicialidad.

De otra parte, cabe reiterar que de conformidad con el riguroso marco de atribuciones que, al revisar la regularidad de un laudo arbitral, debe observar la Corte al decidir el recurso de anulación, atrás detalladas, no le compete verificar la pertinencia de las actuaciones aquí cuestionadas por el recurrente como lo es la negativa a decretar la suspensión por efectos de la prejudicialidad del trámite correspondiente en espera de una decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Con todo, precisa la Corte que si bien la prejudicialidad ha sido admitida en el procedimiento laboral, la naturaleza de los intereses en conflicto, el carácter protector de las normas laborales y el deber de los jueces de adelantar con celeridad los procesos laborales, ha determinado que ello sólo sea posible de manera excepcional, de modo que la sola circunstancia de hallarse en el sub júdice los actos administrativos relacionados con el asunto debatido, cuestionados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no conduce inexorablemente a la suspensión del procedimiento respectivo, habida consideración de que la presunción de legalidad de la cual gozan esos actos administrativos significa que deben ellos producir plenamente sus efectos jurídicos mientras no sean declarados ilegales por la autoridad competente y, en la eventualidad de ser posteriormente anulados, tal circunstancia podrá generar responsabilidad del Estado, pero sin que ello llegue a afectar las situaciones jurídicas consolidadas para las partes, porque sus efectos estarían supeditados en el tiempo a partir de la fecha en que se produzca tal decisión.

Con mayor razón, en tratándose de las actuaciones administrativas adelantadas en el trámite previsto por la ley para solucionar un conflicto colectivo iniciado por la presentación de un pliego de peticiones por los trabajadores a su empleador —trámite del cual forma parte sin duda el procedimiento arbitral obligatorio— ya que permitir su suspensión por existir controversia de alguno de los involucrados en el diferendo de intereses sobre la validez de alguna de esas actuaciones, equivaldría a permitir una injustificada dilación del desenlace del conflicto, con las graves implicaciones que ello traería respecto de los derechos económicos de las partes objeto del diferendo y, desde luego, frente a la paz laboral de la empresa; porque ello significaría legitimar el uso indebido de la institución procesal de “pleito pendiente”, en pro de la parte que quiera impedir la efectividad y entrada en vigencia del laudo durante todo el tiempo que se tome la jurisdicción de lo contencioso administrativo para su pronunciamiento.

De lo que viene de decirse, se concluye que no le asiste razón al recurrente al solicitarle a la Corte que se abstenga de pronunciarse del laudo arbitral hasta que se decida la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos acusados, cuya nulidad (subsidiariamente), de manera contradictoria con la anterior petición, también solicita se declare.

En consecuencia, encuentra la Corte que una vez revisada su regularidad, el laudo no afectó derechos o facultades de las partes, por lo que lo declarará exequible y le conferirá fuerza de sentencia, como lo establece el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social».

(Sentencia de anulación, 24 de octubre de 2002. Magistrada Ponente: Dra. Isaura Vargas Díaz).

_______________________________