Sentencia 20075 de agosto 6 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO

COMPRENDE LA CONDUCTA QUE SE LLAMABA PECULADO POR EXTENSIÓN

EXTRACTOS: «Ahora bien, como lo destaca el procurador delegado, el punto de inconformidad del censor fue resuelto por la Sala en providencia del 11 de marzo del año en curso (1) , dejándose en claro que el Código Penal vigente, dejó de considerar el peculado por extensión como un delito autónomo atentatorio contra la administración pública, ya que reservó el tipo de peculado únicamente para cuando es cometido por servidores públicos. En cambio, ubicó esa conducta, en tratándose de particulares, en los delitos contra el patrimonio económico, como circunstancia agravante del abuso de confianza.

(1) M.P. Édgar Lombana Trujillo.

En efecto, la exposición de motivos de la Ley 599 de 2000, contenida en el oficio del 4 de agosto de 1998, que el Fiscal General de la Nación envió al presidente del Senado de la República, cuyo texto fue publicado por ese ente investigador, corrobora que el peculado por extensión definido en el artículo 138 del anterior Código Penal, corresponde en la nueva normatividad al abuso de confianza. Textualmente se dijo:

“Se creó el delito de abuso, de confianza calificado —art. 243— que además de contener las dos circunstancias de agravación punitiva señaladas en la vigente normativa para el abuso de confianza, se incluyó aquellos comportamientos que en la actualidad conforman el reato de peculado por extensión, pues sin duda alguna se trata de verdadero abuso de confianza defraudatorio del patrimonio económico del Estado sin relación alguna con la función pública (...).

El llamado actualmente peculado por extensión se consagró como un tipo autónomo denominado abuso de confianza tal como se explicó en el acápite correspondiente”.

En ese sentido, los artículos 249 y 250 de la Ley 599 de 2000 estatuyen:

“ART. 249.—Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no translativo de dominio, incurrirá en prisión de un (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”.

“ART. 250.—Abuso de confianza calificado. La pena será de tres (3) a seis años, y multa de treinta (30) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere (...).

3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste...”.

Del mismo modo, guardando coherencia sistemática, el artículo 267 del mismo estatuto, contempla:

“ART. 267.—Circunstancias de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa: (...).

2. Sobre bienes de Estado”.

Por consiguiente, resulta fácil colegir que el delito de peculado por extensión, según el artículo 138 del Decreto 100 de 1980, hoy encaja en la descripción típica de la conducta punible de abuso de confianza calificado, el tenor de los artículos en precedencia trascritos. Por ello, si bien este comportamiento ilícito atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico, de todos modos el mismo es pluriofensivo cuando el acto delictual recae sobre bienes del Estado.

En esas condiciones, no son de recibo los argumentos expuestos por el libelista, ya que en manera alguna en el ánimo del legislador estaba el de despenalizar la conducta ilícita de apropiación de bienes del Estado por parte de los particulares. Todo lo contrario, en aras de una mejor sistemática penal, consideró que ese comportamiento es un verdadero abuso de confianza defraudatorio del patrimonio económico del Estado, en razón de que no guarda relación alguna con los principios que rigen a la función pública, a los que tanta veces hizo referencia el censor.

Por lo expuesto, el cargo no está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, 6 de agosto de 2003. Radicación 20075. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés).

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