Sentencia 2008-00005 de septiembre 18 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000200800005 01

Aprobado según Acta 72 de la misma fecha.

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto el diecisiete de septiembre de dos mil trece.

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

Competencia. Conforme con los numerales 3º del artículo 256(9) de la Constitución Política y parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270(10) de 1996, esta corporación es competente para conocer a través del grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en disfavor del abogado Evert Floro Sandoval Falla. Ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Del asunto en concreto

1. Falta a la debida diligencia profesional.

El artículo 55 numeral 1º del Decreto 196 de 1971 señala:

“ART. 55.—Incurre en falta a la debida diligencia profesional:

1. El abogado que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de las gestiones que le han sido encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional...”.

En concordancia, la Ley 1123 de 2007, en su artículo 37 numeral 1º sostiene:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

(...).

Así las cosas, en observancia del material probatorio recaudado, se tiene que existió entre la señora María Gladys Ramírez Vásquez y el doctor Evert Floro Sandoval Falla relación profesional, consistente en la realización de varias gestiones encomendadas por la denunciante.

En este punto se resalta que, la quejosa entregó el 3 de agosto de 2006, dos títulos valores, letras de cambio(11), al disciplinado por la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) y tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000), respectivamente debidamente endosadas para el cobro judicial, siendo su girador el señor William Rozo Muñoz, como consta en el oficio obrante a folio 40 del plenario, firmado por el investigado acerca de su recibido.

A partir de este documento, en donde se evidencia que los títulos valores le fueron entregados al doctor Sandoval Falla para el respectivo cobro judicial, debidamente endosados, se tiene que efectivamente tal asunto le fue encargado al profesional, como lo manifestara la señora Ramírez Vásquez en la diligencia de ampliación y ratificación de queja. En desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación provisional, la señora Martha Cecilia Leyva Bermúdez señaló también la certeza de la entrega de los mencionados títulos valores al disciplinado.

Se anota que, las personas intervinientes en la audiencia de pruebas y calificación provisional, no recordaron si se confirió poder puntualmente para adelantar el cobro de los citados títulos, sin embargo, de la constancia de recibo elaborada por el abogado Sandoval Falla se infiere que tal asunto le había sido encomendado como profesional del derecho, toda vez que, además de especificar las condiciones de los títulos, y de la intención de la entrega de los mismos para el cobro judicial, su firma está acompañada del número de tarjeta profesional, siendo claro que actuaba en su condición de abogado, y no como lo anotara su defensor de oficio, que el disciplinado siempre actuó como persona natural.

Ahora, teniendo claro el asunto encargado al profesional del derecho, el mismo tenía la obligación de iniciar un trámite tendiente al cobro de los títulos valores entregados, consistente en adelantar la acción cambiaria, contemplada en el artículo 780 del Código de Comercio, que reza:

“... La acción cambiaria se ejercitará: (...)

1)...

2) En caso de falta de pago o de pago parcial, (...)”.

Como se estableciera en el escrito signado por el disciplinado, las acciones tendientes al cobro judicial de las letras de cambio se iniciarían en contra del señor William Rozo Muñoz, quien era el girador de las mismas, por lo que, de acuerdo a lo establecido por las normas comerciales, procedía la acción cambiaria directa(12), misma que cuenta con un término de prescripción de tres (3) años a partir del día de vencimiento de los títulos(13).

Las letras de cambio entregadas al doctor Sandoval Falla, como consta a folio 55 del plenario, tenían fecha de vencimiento del 5 de diciembre de 2005, así como lo dejara establecido el abogado en el documento realizado cuando las recibiera (fl. 40).

Ahora, la única forma de interrumpir el fenómeno de la prescripción y así impedir la caducidad de la acción cambiaria, es la presentación de la demanda y su debida notificación a la parte accionada, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 90:

“siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado...”.

Situación que no se presentó en el caso concreto, pues el disciplinado no interpuso ninguna demanda, tal y como lo certificó el juzgado cuarto civil de Ibagué(14), razón por la cual, el término prescriptivo nunca se interrumpió, y la acción cambiaria directa, por no ejercerse durante los 3 años siguientes al vencimiento de los títulos, sucedió el 5 de diciembre de 2008.

Ahora, el artículo 882 del Código de Comercio señala:

“...Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año...”

A partir de lo citado, el doctor Sandoval Falla pese a la extinción de la acción cambiaria, pudo optar por iniciar la acción de enriquecimiento cambiaria. Esta acción, prescribe en un año, contado a partir del momento en que prescribieron las acciones anteriores, es decir, si la acción cambiaria prescribió en diciembre de 2008, la de enriquecimiento sin causa, lo hizo en diciembre de 2009, quedando a partir de tal fecha sin mecanismos judiciales para la obtención del pago de los títulos valores.

Así las cosas, cuando el abogado Sandoval Falla recibió las letras de cambio por parte de su mandante el 3 de agosto de 2006, aún se encontraba en términos para iniciar las acciones correspondientes e interrumpir el término de prescripción de la acción cambiaria, incluso, habiéndose extinguido la oportunidad para adelantar la misma, contaba con un (1) año más para deprecar la acción de enriquecimiento cambiaria, la que sin gestión alguna por parte del abogado, caducó en el año 2009, desconociendo a todas luces los intereses de su cliente.

De acuerdo al Oficio 2473(15) emitido por el juzgado cuarto civil municipal de Ibagué el 26 de septiembre de 2012, el único proceso adelantado por la señora Ramírez Vásquez en contra del señor William Hernando Rozo Muñoz, fue de deslinde y amojonamiento, con Radicado 73001400300420040028100 del 18 de mayo de 2004, siendo la demanda rechazada y archivada el 31 de mayo del mismo año, fecha anterior a la entrega de las letras de cambio al disciplinado, sin encontrarse entonces registro alguno de acción adelantada por el doctor Sandoval Falla como apoderado de la denunciante, en aras de obtener el cumplimiento de los títulos valores en mención, en fechas posteriores.

Concluye entonces esta colegiatura que, pese a que se encontraba en términos para adelantar los mecanismos judiciales pertinentes para el cobro de los títulos valores entregados por su cliente, el doctor Sandoval Falla obvió a todas luces desarrollar las gestiones correspondientes y desconoció los intereses de su mandante, permitiendo con ello que los términos de prescripción para las acciones se cumplieran. El descuido del abogado resulta más que evidente en el asunto encomendado por su poderdante, pues habiendo recibido las letras de cambio en término, omitió realizar las diligencias encargadas y permitió así el desmedro de los derechos de su mandante sin justificación alguna al respecto a pesar de contar con varias herramientas legales para ello, dejando tal asunto sin posibilidad judicial para obtener el cumplimiento de la obligación.

Tenemos entonces que, ante el desinterés del abogado por adelantar las gestiones que le habían sido encargadas y descuidar de manera fehaciente los derechos y pretensiones de su cliente, su conducta se adecua a la falta contemplada en el artículo 55 numeral 1º del Decreto 196 de 1971, hoy artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, incurriendo en falta disciplinaria a la debida diligencia profesional.

2. Falta a la honradez profesional.

El Decreto 196 de 1971, en su artículo 54 numeral 4º señala:

“ART. 54.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4º. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero; (...)”.

Conducta, que se encuentra recogida igualmente, por el nuevo estatuto deontológico del abogado, en los siguientes términos:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo...”.

La señora María Gladys Ramírez Vásquez, confirmado por la declarante, señora María Esperanza Ramírez Vásquez, indicó que el 16 de enero de 2007 entregó al doctor Sandoval Falla la suma de treinta y seis millones de pesos ($ 36.000.000) para la postulación en un trámite de remate de un inmueble, dentro del proceso con radicado 73001311000320060035100.

Explicaron las intervinientes que, en la mencionada fecha, retiró de la entidad financiera Bancafé, la suma de catorce millones de pesos ($ 14.000.000), y junto a la suma de veintidós millones de pesos ($ 22.000.000) que según sus afirmaciones, traía de Rovira, entregó tales dineros al disciplinado en la sede de la Entidad Bancaria mencionada.

Señaló la señora María Gladys Ramírez Vásquez que, tales sumas entregadas al abogado Sandoval Falla nunca fueron consignadas al Banco Agrario como le había sido encargado, obligándola a adquirir préstamos externos con el fin de participar en la diligencia de remate referida.

El mencionado Radicado 73001311000320060035100, corresponde a un proceso de licencia judicial adelantado por el señor Carlos Arturo Aldana Castro y otro, ante el juzgado tercero de familia de Ibagué, sobre el inmueble ubicado en la calle 22 Nº 4 -108 con matrícula inmobiliaria 350-26242. Mediante auto del 31 de mayo de 2007, el despacho ordenó el remate en pública subasta de los derechos de los menores, sobre el inmueble señalado, avaluado en la suma de treinta y ocho millones de pesos ($ 38.000.000), para lo cual sería postura admisible la que cubriera el 100% del avalúo dado a los derechos a subastar, previa consignación del 40%(16).

A la diligencia de remate llevada a cabo el 12 de septiembre del mismo año no se hizo presente ninguna persona a hacer postura, tal como lo relatara la denunciante en su ampliación de queja, pese a que para tal fecha ya había hecho entrega de treinta y seis millones de pesos ($ 36.000.000) al doctor Sandoval Falla para tal fin(17). En diligencia celebrada el 15 de noviembre de 2007, se adjudicaron los derechos sobre el inmueble a la señora María Gladys Ramírez Vásquez, quien fuera la única postora en tal asunto(18), quien lograra tal cometido a partir de préstamos a los que tuviera que acudir de manera externa ante el incumplimiento por parte del profesional del derecho, como lo manifestara en su diligencia de ampliación de queja.

A partir de lo anterior, se constata lo manifestado por la denunciante en sus intervenciones, al igual que lo declarado por las señoras María Esperanza Ramírez Vásquez y Martha Cecilia Leyva Bermúdez, acerca de la entrega de dineros al abogado disciplinado para la postura en la diligencia de remate anotada, aunado además el trámite penal adelantado en contra del profesional del derecho por los mismos hechos.

Ante la reiterada incomparecencia del doctor Sandoval Falla no existe justificación alguna para su conducta o circunstancia que niegue lo aseverado en desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación provisional y constatado con la documental aportada, no encontrando esta Sala razón alguna para no dar certeza a lo sostenido a partir de la queja disciplinaria al respecto, teniendo además en cuenta el diligenciamiento de trámite penal en su contra, lo que indica que no hay razones para que la denunciante falte a la verdad en este punto, concluyéndose que, la omisión del abogado en devolver el dinero recibido por la señora Ramírez Vásquez al no realizar la gestión encomendada, hace que su conducta configure falta disciplinaria contemplada en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Por otro lado, la denunciante señaló que además de las sumas anotadas, hizo entrega de catorce millones de pesos ($ 14.000.000) al abogado Sandoval Falla para que realizara la compra de un vehículo. Pese a lo anotado por la quejosa, en observancia del plenario no se tiene documento alguno que respalde tal afirmación, así como las declaraciones de las intervinientes no refirieron tal asunto, por lo que tal circunstancia genera una verdadera duda para la Sala.

Pese a lo señalado por la señora Ramírez Vásquez como quejosa, no existe material probatorio alguno que de certeza a su dicho; además, se resalta, no puede inferirse en ningún momento tal mandato profesional porque no obra en el plenario documento alguno que de siquiera, señales de tal trámite, por lo que, ante la duda planteada, esta Sala la resolverá a favor del disciplinado, apartándose entonces de lo dicho por el Juez A quo acerca de la responsabilidad del abogado frente a la falta del artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007,por tal hecho y procederá a absolverlo de tal cargo.

De la ilicitud. La ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en material penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso que va de la mano del principio de lesividad, pues contrarió en forma grave el deber de adelantar las diligencias profesionales con la debida diligencia, sin que se hayan encontrado circunstancias que justifiquen tal conducta. Además, el disciplinado Sandoval Falla lesionó el deber de honradez en sus diligencias profesionales, evitando regresar a su mandante el dinero que le había sido entregado en virtud del mandato profesional que le había sido encargado.

Además, como se dijo, no es de recibo la justificación expuesta por el defensor de oficio del investigado, al indicar que las actuaciones del mismo para con la señora Ramírez Vásquez no eran bajo el título de abogado, sino bajo su condición de persona natural, teniendo en cuenta, por un lado, el documento en el que consta el recibido de los títulos valores por parte de su mandante, además de indicar que se buscaba el cobro judicial de estos, es firmado por el disciplinado con su número de tarjeta profesional; por otro lado, la quejosa resaltó en su intervención, su decisión de contratar los servicios profesionales del abogado Sandoval Falla después de haber visto su buen desempeño en una diligencia de embargo, por ella presenciada, indicando con ello que su relación no fue en el ámbito personal sino que se desarrollo siempre en el aspecto profesional.

En consecuencia, el actuar deliberado del profesional de omitir adelantar las diligencias que le habían sido encomendadas y evitar devolver los dineros recibidos en virtud del mandato relacionado con la intervención en diligencia de remate, sin presentar justificación alguna para tal comportamiento, incumple abierta y conscientemente con el deber que tiene todo abogado en ejercicio su profesión de actuar de manera diligente y honrada en los asuntos que le han sido encomendados.

Y es que se debe sancionar aquellos comportamientos que examinados en el contexto de su realización, impliquen la afectación sustancial y/o material de los deberes como lo son el de la debida diligencia profesional y el de honradez; se evidencia entonces, la incursión del investigado en las faltas consagradas en los artículos 54 numeral 4º y 55 numeral 1º del Decreto 196 de 1971, hoy consagrada en los cánones 35 numeral 4º y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 confluyendo su actuar en una conducta contraria a la ética profesional.

La mencionada falta a la diligencia profesional fue realizada en forma culposa, pues desconoció el deber de actuar con diligencia y cuidado en las actividades encargadas, mientras que tratándose de la falta a la honradez profesional, se evidencia su clara intención por satisfacer sus propios intereses económicos y dejar de lado los de su cliente, por lo que la misma le es endilgada a título de dolo, pues de forma consiente y voluntaria tomó para sí los dineros de su cliente, en lugar de darles la destinación que ella pretendía y para la cual había sido contratado, en su calidad de profesional del derecho.

Dosimetría de la sanción: Finalmente, en punto a la sanción impuesta por la primera instancia, es necesario precisar en primer lugar, que si bien esta Sala decidió absolver al abogado disciplinado de una de los presupuestos fácticos de la falta disciplinaria del artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, (sumas entregadas al investigado para la adquisición de un automotor), tal circunstancia por sí sola no es suficiente para rebajar la sanción impuesta por la primera instancia por las siguientes razones:

— Para las faltas endilgadas, las sanciones consagradas oscilan entre la censura y la exclusión de la profesión(19).

— De igual forma, se ha establecido que el doctor Sandoval Falla cuenta con los siguientes antecedentes disciplinarios(20):

• Censura mediante proveído del 18 de febrero de 2010 por faltar al artículo 54-4 del Decreto 196 de 1971.

• Exclusión por decisión del 2 de junio de 2010 al ser responsable de la falta disciplinaria del artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

• Suspensión de ocho (8) meses mediante decisión del 28 de julio de 2010 por faltar al artículo 54-4 del Decreto 196 de 1971.

En este orden de ideas, esta Superioridad debe tener en cuenta la modalidad de conducta desplegada y el perjuicio causado, por cuanto el abogado disciplinado no solamente dejó de cumplir con el mandato conferido sino que además de una forma subrepticia y desleal, tomó para sí dinero recibido de su cliente y lo mantiene en su poder, sin importarle llevarse por delante los intereses de su cliente, que confió en él la defensa de los mismos.

Por lo tanto, la conducta desplegada por el letrado investigado es de aquellas que desprestigian la profesión, al desconocer uno de los más caros deberes, como es el de honradez, y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados, razón por la cual, debe ser objeto de un severo reproche disciplinario.

Anteriores consideraciones que no permiten disminuir la sanción de exclusión impuesta, por considerar que no es admisible que persistan abogados, que en ejercicio de su profesión adopten conductas como la ejecutada por el acá disciplinado, tomando para sí un dinero recibido de manos de su cliente, sin que este juez disciplinario, como vigía de la conducta de los profesionales del derecho, imponga sanciones que permitan evitar que tales actuaciones vuelvan a suceder.

Sanción de exclusión de la profesión que se torna razonable, no solo por el desconocimiento al deber de honradez sino por la gravedad de la irregular conducta desplegada por el profesional aquí investigado.

Y es que atendiendo al principio de proporcionalidad(21) de la sanción, es decir, “la prohibición de exceso”, deducida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional de los artículos 1º, 2º, 5º , 6º 11º 12º 13º y 214 de la Constitución Política, la cual conduce a la simetría que debe existir entre el hecho y la dosificación a fin de evitar sanciones excesivas, considera la Sala que por los objetivos perseguidos por la sanción disciplinaria, no otros que prevenir futuras omisiones en los deberes y corregir los comportamientos para así garantizar los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internaciones(22), se debe confirmar la sanción impuesta por el a quo.

Y esto es así, en punto a la función de la sanción, establecida en el artículo 11 de la Ley 1123, el cual establece: “La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado”.

Obsérvese que a la sanción disciplinaria no se le atribuyó ninguna función retributiva(23), sino preventiva y correctiva. Dentro de la prevención, hay que distinguir entre prevención general positiva (la certeza de que las sanciones se imponen) y negativa (el ejercicio del poder intimidatorio del Estado) y prevención especial (reconducción, reforma o corrección del infractor).

A partir de lo anterior, se confirmará la sanción de exclusión impuesta en primera instancia al abogado Sandoval Falla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. MODIFICAR el fallo consultado en el siguiente sentido:

i). REVOCAR PARA ABSOLVER al abogado Evert Floro Sandoval Falla, de uno de los presupuestos fácticos de la falta descrita en el artículo 54 numeral 3º del Decreto 196 de 1971, hoy artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, de acuerdo con lo esgrimido en la parte motiva anterior.

ii). CONFIRMAR EN TODO LO DEMÁS la providencia del 26 de junio de 2013, emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó con exclusión al abogado Evert Floro Sandoval Falla, al hallarlo responsable de las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 54 numeral 4º y 55 numeral 1º del Decreto 196 de 1971, hoy artículos 35 numeral 4º y 37 numeral 1º respectivamente, de la Ley 1123 de 2007, conforme a la parte considerativa

2. ANOTAR la sanción en el registro nacional de abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

3. NOTIFICAR personalmente la presente decisión al abogado disciplinado; para lo cual se comisionará al consejo seccional de la judicatura del Tolima. De no ser posible su comparecencia, sígase el trámite previsto en la ley. Líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(9) Artículo 256 C.P. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: numeral 3º. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley.

(10) Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: Par. 1º. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.

(11) Folio 55.

(12) ART. 781.—(...) La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria (...).

(13) ART. 789.—(...) La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento.

(14) Folio 247.

(15) Folio 247.

(16) Folio 48 C. Anexo 2.

(17) Folio 75 C. Anexo 2.

(18) Folios 88 y 89. C. Anexo 2.

(19) Artículo 53 del Decreto 196 de 1971; “...El responsable de cualquiera de estas faltas incurrirá en censura, suspensión o exclusión...”, y artículo 40 de la Ley 1123 de 2007: “... El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.

(20) Folios 116 y 117, 283 y 284.

(21) Artículo 13 Ley 1123 de 2007

(22) Artículo 11 ibídem

(23) La pena es retributiva, según el retribucionismo acogido por el positivismo del siglo XIX, es asumida como castigo, expiación, mal por mal, venganza del Estado. Busca castigar y no resocializar.