Sentencia 2008-00008 de diciembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 41001-31-10-005-2008-00008-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil doce.

Consideraciones

1. A voces del numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la indebida notificación al demandado del auto admisorio del libelo introductorio es motivo de anulación del proceso, en el entendido de que dicho acto, sin duda, constituye el punto de partida para el efectivo ejercicio del derecho de defensa por su parte y de que, por lo tanto, toda deficiencia que de manera importante impida o desfigure ese conocimiento de haber sido convocado a un proceso judicial, afecta significativamente el derecho al debido proceso.

2. Ahora bien, de conformidad con el artículo 87 de la misma obra, “[e]n el auto admisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario”, que “se surtirá mediante la notificación personal” del indicado proveído “al demandado o a su representante o apoderado o al curador ad litem”, con “entrega de copia de la demanda y de sus anexos”.

Esa notificación debe realizarse con plena sujeción a las reglas consagradas en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, que hoy en día desarrollan una pluralidad de acciones que, en resumen, consisten en lo siguiente:

a) La remisión al demandado, por un servicio postal especial, de una comunicación “en la que se informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino”, o dentro de los 10 o 30 días posteriores, según que dicha comunicación vaya dirigida a un municipio distinto al de la sede del juzgado o al exterior, respectivamente.

Tal misiva, como lo advierte el inciso 3º del numeral 1º del invocado artículo 315, “deberá ser enviada a la dirección que le hubiere sido informada al juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente”.

b) El enteramiento personal de la correspondiente providencia, en el supuesto de que el citado comparezca al juzgado en atención al requerimiento de que trata el literal precedente.

c) Y el envío, si no comparece, del aviso con los anexos que sean del caso, de que trata el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Prevé el numeral 4º del ya varias veces mencionado artículo 315, que “[s]i la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone el artículo 318”, que a su turno contempla, como uno de los supuestos en que es viable el emplazamiento de quien deba ser notificado personalmente, “los casos del numeral 4º del artículo 315”.

Traduce lo anterior que si se intenta la citación del demandado para que comparezca al juzgado a recibir notificación personal del auto admisorio de la demanda y ello no es posible por cualquiera de los motivos especificados en el ya transcrito numeral 4º del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, entre ellos, porque la dirección a la que fue enviada “no existe”, surge para el actor la posibilidad de solicitar el emplazamiento de aquél en la forma y términos del artículo 318 ibídem, petición que de ser elevada deberá ser atendida por el juzgado de conocimiento. Efectuado el emplazamiento en debida forma, habrá de designarse el curador ad litem que representará al accionado en el proceso, a quien se le enterará el indicado proveído.

3. Cotejadas las precedentes pautas legales con lo ocurrido en el presente proceso, se establece su satisfacción, como pasa a explicarse:

a) Se libró y se remitió la citación al señor Fernández Andrade para que compareciera al juzgado de conocimiento a recibir notificación personal del auto admisorio de la demanda, la que se digirió a la dirección que como de él se suministró en el libelo introductorio, como se desprende de los documentos visibles del folio 28 al 32 del cuaderno principal.

b) La empresa “Servicios Postales Nacionales S.A.” informó de la devolución de las respectivas guías e indicó que el motivo para proceder en esa forma fue que la dirección no existía (fl. 33, cdno.1).

c) La parte demandante, con base en ese informe, solicitó el emplazamiento del accionado en los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil (fl. 36, cdno. 1), petición a la que se accedió mediante auto de 29 de agosto de 2008, militante a folio 37 del cuaderno principal.

d) Verificado el emplazamiento en legal forma (fls. 40 y 41, cdno. 1), se designó un curador ad litem al demandado (auto nov. 14/2008, fl. 42, cdno. 1), con quien se practicó la notificación personal del auto admisorio de la demanda y el traslado en diligencia de 25 de noviembre del año en cita (fl. 43, cdno. 1).

4. Así las cosas, no se encuentra ninguna anormalidad que afecte el procedimiento descrito y, menos, una que pueda conducir a la anulación del litigio.

5. Ahora bien, en cuanto hace al argumento expresado en el cargo que se examina, consistente en que la señora Clara Cristina Andrade Medina, madre de la menor demandante, con anterioridad al comienzo del presente asunto, conocía la dirección tanto del sitio de residencia como de trabajo del demandado señor Vladimir Fernández Andrade, puesto que informó la primera el 19 de mayo de 2009, según la constancia secretarial de esa fecha que obra a folio 57 del cuaderno principal, y la segunda, en el trámite extraprocesal que se surtió para el reconocimiento de la menor por parte del nombrado, se concluye que no es dable su acogimiento, puesto que, como pasa a explicarse, no aparecen acreditadas en el proceso las circunstancias fácticas en que se soportó tal planteamiento.

Sobre el particular, se impone destacar que el hecho de que en la aludida fecha la progenitora de la actora hubiese informado telefónicamente una nueva dirección donde podía ser localizado el demandado, no traduce, por sí sola, que ese conocimiento lo tuviera desde antes de esa data y, mucho menos, en el momento en que se presentó la demanda, esto es, el 11 de junio de 2008.

En lo que toca con el sitio de trabajo, no se encuentra prueba que acredite que en el preindicado día, el de iniciación del proceso, el señor Fernández Andrade continuaba trabajando en la dirección que como tal se registró en la solicitud que se elevó para que en audiencia, él reconociera su paternidad respecto de la menor XXXXX, que data del 13 de enero de 2006, esto es, “CAN TRANSV. 45 E-2 Instituto Nacional de Vías, Invías Bogotá” (fls. 6 y 7, cdno. 1).

6. Se concluye, por lo tanto, en primer lugar, que el procedimiento agotado en este litigio para notificar al demandado el auto admisorio de la demanda, se ajustó a las premisas fijadas en los artículos 315, 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

En segundo término, que no militan aquí las pruebas que acrediten que para la fecha de la presentación del escrito inaugural de la controversia —11 de junio de 2008—, la madre de la demandante sabía, por una parte, la dirección que luego, el 19 de mayo de 2009, indicó como sitio de residencia del señor Fernández Andrade; y, por otra, que el precitado accionado laboraba entonces en el lugar indicado en el trámite previo que se adelantó para que en audiencia reconociera su paternidad respecto de la menor XXXXX.

Y, finalmente, lo que es consecuencia de las inferencias anteriores, que la acusación auscultada no está, por lo tanto, llamada a abrirse camino.

Cargo segundo

1. Con estribo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció la sentencia del tribunal por ser violatoria “indirectamente, por aplicación indebida, [de] los artículos 66, 92 y 411 del Código Civil; el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968; el artículo 3º de la Ley 721 de 2001; el artículo 3º de la Ley 12 de 1991; y los artículos 5º, 6º y 60 del Decreto 1260 de 1970, todo como consecuencia de manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas allegadas al proceso”.

2. Precisó que las pruebas incorrectamente apreciadas fueron el registro civil de nacimiento de la demandante, la diligencia de reconocimiento de paternidad realizada por el Juzgado Primero de Familia de Neiva previamente al inicio de este asunto, el testimonio de Deyanira Andrade Medina, el interrogatorio absuelto por Clara Cristina Andrade Medina, “la planilla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la que se da cuenta [de] que el señor Vladimir Fernández Andrade no compareció el 18 de marzo de 2009 a la práctica de la prueba de ADN” y la conducta procesal del demandado, consistente en su inasistencia a la toma de muestras para la realización de dicho elemento de juicio, que determinó la multa que por este motivo le impuso el juzgado de conocimiento.

3. No obstante lo anterior, en la demostración del cargo, el censor se ocupó de criticar únicamente la apreciación que el ad quem hizo de las declaraciones rendidas por las hermanas Deyanira y Clara Cristina Andrade Medina, en relación con las que, en general, señaló que “al rompe aparece que, contrariamente a lo que afirm[ó] el Tribunal, con ellas no se dem[ostró] en manera alguna que entre Clara Cristina Andrade Medina y Vladimir Fernández Andrade existieron relaciones sexuales por la época en que se presume que fue concebida XXXXX”.

4. Sobre la primera de esas versiones —testimonio de Deyanira Andrade Medina—, previo compendio de la misma, añadió que “no demuestra las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre por la época en que se presume la concepción y por consiguiente, cuando el Tribunal afirm[ó] lo contrario, (…) incurr[ió] en un error de hecho en la apreciación de esta prueba, puesto que con ella enc[ontró] demostrado un hecho que ese medio probatorio no enseña”.

5. En relación con las manifestaciones de la madre de la demandante, señora Clara Cristina Andrade Medina, que igualmente reprodujo en lo que estimó pertinente, advirtió que toda “confesión supone que el deponente acepte hechos que le son jurídicamente adversos o que por lo menos favorecen a la parte contraria” y que, por lo tanto, el reconocimiento que ella hizo de las relaciones sexuales que aseveró sostuvo con el aquí demandado, no podía ser considerado, toda vez que “estos asertos no la desfavorecen, ni favorecen a la parte contraria”. Añadió que tales manifestaciones debían ser acreditadas con otras pruebas.

Coligió, por consiguiente, que la indicada declaración tampoco acredita el trato íntimo investigado y que, por lo mismo, el ad quem incurrió en error de hecho al ponderarla.

Consideraciones

1. Sea lo primero señalar que el cargo, en cuanto hace a los yerros fácticos que en él se denunciaron por indebida apreciación del registro civil de nacimiento de la menor accionante, la diligencia previa de reconocimiento de la paternidad, el documento proveniente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses relacionado con la inasistencia del demandado el 18 de marzo de 2009 para la toma de muestras para la realización del cotejo de ADN y la conducta procesal por el asumida, es defectuoso, pues se limitó a enunciar la incorrecta ponderación de esos medios de convicción sin que, en torno de ellos, contenga algún otro desarrollo dialéctico y, mucho menos, argumentos tendientes a cumplir con el deber de demostrar tales equivocaciones (CPC, art. 374, num. 3º, inc. 2º).

En forma constante, la Corte ha explicado que “[e]n suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas —o generales— sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (Cas. Civ., sent. feb. 2 2001, exp. 5670; se resalta).

2. Descontado lo anterior, se establece que el cargo es idóneo solamente en cuanto denunció la desviada apreciación del testimonio rendido por Deyanira Andrade Medina y del interrogatorio absuelto por la progenitora de la menor demandante, señora Clara Cristina Andrade Medina, cuestionamientos que, por ende, pasan a analizarse.

3. Respecto del primero de esos medios de convicción, son pertinentes los siguientes razonamientos:

3.1. La deponente, Deyanira Andrade Medina, tras relatar que tanto ella como su hermana Clara Cristina fueron llevadas por su padre a residir a la casa de una hermana de él, de nombre “Nohelia”, madre del aquí demandado, ubicada en la ciudad de Neiva, expuso que “lo que aconteció con Cristina fue mientras yo estuve en Palermo, a mí me internaron en Palermo, y yo venía los fines de semana acá y ella me comentaba que él constantemente la vivía acosando, fuera de eso la amenazaba, prácticamente eso para que tuviera relaciones con ella, y yo le decía que no se dejara, yo prácticamente entre semana no vivía con ella, yo le decía que no se dejara y que le contara a mi tía, pues después de un tiempo cuando ella salió embarazada, yo le decía a mi tía por qué ella salió embarazada si ella no tenía ni novio, después de un tiempo mi tía se dio cuenta que era de él, de Vladimir, hijo de mi tía Nohelia; en un principio mi tía quería reconocer a [la] niñ[a] como hija de él, o sea, de Vladimir, y él también, él incluso fue el que le colocó el nombre de XXXXX”.

Más adelante precisó que el traslado de las dos a dicha residencia tuvo lugar cuando tenían aproximadamente “catorce o trece” años; que ella permaneció allí hasta finales de 1990, cuando se fue por haber tenido un problema con su tía Nohelia; que su hermana continuó en dicho lugar hasta después de que nació XXXXX, cuando su progenitora las llevó a vivir a su casa (1992); y que Vladimir “nunca le demostró una muestra de cariño delante de nosotr[a]s, nunca, nosotr[a]s, mi hermana Fernanda, mi mamá y yo supimos que era hija de él porque nosotr[a]s le preguntamos, que de quién era la niña, y ella nos dijo que era de él, ella no quería decirnos que era hija de él. Ella nunca le contó a mi tía del acoso de él, nunca, ella me decía a mí, que qué hacía, que ella vivía aburrida por eso, por lo que él vivía diciéndole constantemente que tuvieran relaciones, (…), yo le decía que no se dejara, lo único que le decía era eso”.

Preguntada sobre si sabía “bajo qué circunstancias se dieron las relaciones sexuales entre Clara Cristina y Vladimir”, contestó: “No sé, porque ella no me comentaba, simplemente me decía que vivía aburrida por el acoso, pero si ella consentía no me dijo nada, de todas maneras yo no vivía entre semana con ella, para saber si sí o no”.

3.2. Sirven las menciones precedentes para colegir que, ciertamente, como lo denunció el censor, el comentado testimonio no es prueba de las presuntas relaciones sexuales que entre la madre de la actora y el demandado debieron existir en la época en que, según las previsiones del artículo 92 del Código Civil, tuvo lugar la concepción de la infante, puesto que, como viene de registrarse, la deponente expresamente declaró que no tuvo conocimiento de dicho trato íntimo debido, por una parte, a que ella no residía en el mismo inmueble donde lo hacían aquellos dos y, por otra, a que su hermana nunca le hizo comentario alguno al respecto.

Lo cierto es que, según lo expuesto por la testigo, la información que recibió de Clara Cristina relacionada con el trato que mantenía con Vladimir Fernández Andrade se circunscribió al acoso de que aquella se quejaba, supuestamente ejercido en su contra por el aquí demandado, precisamente, con el objetivo de que cediera a su pretensión de accederla carnalmente, comportamiento que, como es obvio, no podía, ni puede, confundirse con la ocurrencia de relaciones sexuales propiamente dichas.

3.3. Si ello es así, como en efecto lo es, se concluye que erró gravemente el Tribunal al tener como prueba del trato sexual que sirvió de fundamento a la demanda, la declaración de la señora Deyanira Andrade Medina y que, en este preciso punto, le asiste razón al impugnante.

4. Centrada ahora la atención de la Sala en el interrogatorio absuelto por la señora Clara Cristina Andrade Medina, es pertinente formular las siguientes reflexiones:

4.1. Delanteramente es necesario puntualizar que la señora Clara Cristina Andrade Medina no fue la promotora del proceso y que su intervención en el mismo obedeció al hecho de ser la representante legal de la menor, ella sí, demandante.

Nótese que el Defensor de Familia que suscribió la demanda, como en ese mismo escrito lo explicitó, actuó en “defensa de los intereses de la niña XXXXX”, a quien, conforme el artículo 12 de la Ley 75 de 1968, estaba legalmente facultado para representar.

Por consiguiente, es evidente que fue equivocado el trato de demandante que los sentenciadores de instancia le dieron a la prenombrada señora Andrade Medina, desatino que se reflejó en el decreto oficioso de pruebas contenido en el auto de 21 de julio de 2009 (fls. 70 y 71, cdno. 1), como quiera que allí se dispuso el “Interrogatorio de las partes” y, seguidamente, se especificó: “Parte demandante, Clara Cristina Andrade Medina, para el día (…)”.

4.2. Dicho yerro, de todas maneras, deviene intrascendente frente al recurso de casación que se desata, puesto que, por una parte, no fue advertido en desarrollo del mismo por el impugnante, lo que impide a la Corte considerarlo para efectos de establecer la legalidad de la sentencia por esta vía cuestionada, y porque la versión juramentada suministrada por Clara Cristina Andrade Medina en audiencia de 13 de agosto de 2009 (fls. 1 a 5, cdno. 4), desde el punto de vista probatorio, es atendible como testimonio, en tanto que fue rendida por un tercero, esto es, por quien no fue parte en el proceso, valoración que, como más adelante se comentará, fue la que en últimas le asignó el tribunal.

En relación con esta temática, tiene definido la Sala:

“(…); así que restaría sólo establecer si es del caso la rectificación doctrinaria reclamada a cuenta del decreto de oficio que para la recepción de la declaración de la madre del actor dispuso el tribunal, cosa inaceptable, explica la censura, en la medida en que, justamente, según lo dijo a lo largo de la segunda instancia, por ser ella coautora de los hechos que sirven de apuntalamiento a la filiación, no puede mirarse simplemente como un testigo sospechoso a la luz de lo dispuesto por el precepto 217 del código de procedimiento civil; dichas cosas la tornan entonces, conforme al planteamiento presentado por el impugnante, en testigo inhábil conforme al numeral 2º del artículo 216 del código de procedimiento civil; con todo, estima la Corte que tal circunstancia no encuentra acomodo en la inhabilidad que se sugiere.

“Hace bien poco tuvo ocasión la Corte de examinar algo semejante, justamente al analizar de cerca la preceptiva del artículo 223 del código civil, alusivo al testimonio de la madre en juicios de impugnación de la paternidad matrimonial. Y si allá, que había norma expresa descalificando la admisión que del adulterio hiciera, la tuvo la Corte por sospechosa mas no por inhábil, menos aun puede hacerse en la filiación extramatrimonial. Por eso, porque viene en mucho al caso, es válido hacer remembranza de lo que entonces se dijo en los siguientes términos:

“‘…

‘Mas, y bien averiguado que lo está, ahora es muy otro el sistema probatorio que rige, inspirado en el principio de la racional apreciación de las pruebas, una de cuyas más elocuentes manifestaciones está, por cierto, en el tratamiento vario de los testigos sospechosos. Bien visto estaba, evidentemente, que dentro del régimen tarifario o legal de pruebas cupiera, entre las tantas fórmulas apriorísticas de que se servía, esta otra que aconsejaba a la ley —al fin de cuentas la encargada allá de la tarea valuativa de las pruebas— eliminar de antemano la versión de las personas en quienes concurre un motivo fundado de sospecha; el dilema se zanjaba a favor de la seguridad probatoria. Y era armonioso por cuanto si, como secuela del régimen, entre otras cosas se predicaba la apreciación numérica de los testigos, más que justificado estaba que la ley tomara la elemental precaución de impedir que esa cifra se completara de cualquier modo, y tanto menos con declarantes en quienes concurriere alguna situación que fundadamente da la idea de que no les será fácil ceñirse a la verdad; así que la ley optó por desoírlos. Hoy, en cambio, ante lo revelador que asoma aquello de que el juez no ha de desdeñar posibilidad alguna en el hallazgo de la verdad y que la exclusión de testigos puede traducir en últimas exclusión de justicia, se ve lógico que en vez de descartar el dicho de los sospechosos, lo mejor sea escucharlos y más bien que el juzgador —el que ahora se encarga de la ponderación de las pruebas— los someta a un análisis más drástico. Esto es, el sospechoso ya no es tratado como un inhábil para declarar; simplemente que su versión es recibida con protesta de reserva. Al fin que un testigo sospechoso puede ver y escuchar perfectamente; lo que resta es establecer si en su ánimo pesa más la circunstancia que lo extravía de la verdad y de la neutralidad, y acaba rindiéndose a ella’(Cas. Civ. sent. ago. 30/2001, exp. 6594).

“Despréndese de todo que tampoco en la paternidad extramatrimonial el testimonio de la madre, muy a pesar de todas las objeciones que quepan sobre su credibilidad habida cuenta de la sospecha que en él recae, puede ser desechado irremisiblemente como prueba, pues algo podrá encontrarse en él que resulte de valía para la definición de la paternidad” (Cas. Civ., sent. abr. 22/2004, exp. 7843. En el mismo sentido, sents. ago. 30/2001, exp. 6594; y feb. 18/2004, exp. 7037).

4.3. El sentenciador de segunda instancia, en torno de esta precisa prueba, observó que “la señora Clara Cristina Andrade Medina (…) dejó claro que Vladimir Fernández Andrade es su primo, que ella vivió en la casa de la tía Noelia, madre del demandado, tras haber sido la empleada de esa familia, y que durante dos años sostuvo relaciones sexuales con aquél y que hasta dormían juntos, circunstancia de la que sus tíos y un primo se daban cuenta. Dijo además, que para la época de la concepción de su hija, ella solamente tuvo trato carnal con Vladimir Fernández”.

Añadió que la declarante manifestó que “enterado el demandado sobre su estado de embarazo, la golpeó en el estómago, y le dijo que él no respondía por nada, que su tía y el esposo, madre y padre del señor Fernández, dijeron que le iban a dar el apellido a la niña, y que hasta Vladimir dispuso sobre el nombre de la menor”.

Posteriormente, como ya se registró, el sentenciador expresó que “[c]on lo anterior, para la Sala queda claro que los hechos narrados dan cuenta de que Vladimir sost[uvo] relaciones sexuales con la demandante (sic) para el período en que debió surtirse la concepción de la menor XXXXX, según el artículo 92 del Código Civil, pues [hace referencia] a la época en que Clara Cristina Andrade Medina vivió en la casa familiar del demandado, las intenciones de los padres de éste en reconocer la niña y la renuencia del señor Fernández Andrade a la práctica de la prueba de ADN, razón suficiente para confirmar respecto de este punto la decisión consultada”.

4.4. Se sigue de lo que viene de indicarse que, pese a que el ad quem aludió siempre al interrogatorio absuelto por la señora Andrade Medina, dicha autoridad otorgó a la probanza de que se trata la fuerza de un testimonio y, por lo mismo, no infirió de ella ninguna confesión, al punto que la valoró en conjunto con la declaración de la señora Deyanira Andrade Medina y que con base en esa apreciación panorámica arribó a las conclusiones en precedencia reproducidas.

4.5. Así las cosas, surge patente el fracaso del reproche que en relación con esta probanza esgrimió el recurrente, por las siguientes dos razones específicas:

a) La acusación es antitécnica, en la medida que mezcló indebidamente el error de hecho, que fue el que se denunció, con el de derecho, que eventualmente sería el que pudo haber cometido el tribunal, toda vez que la queja del censor, en concreto, puso de presente que esa corporación hizo caso omiso de la exigencia consagrada en el numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, lo que significaría el quebrando de una norma de disciplina probatoria, característica que, por una parte, tipifica el segundo de esos yerros -de derecho- y que, por otra, no se subsume en ninguno de los factores que configuran el primero -de hecho-, es decir, en la suposición, preterición o tergiversación, que son las modalidades que generan el defecto puramente fáctico.

Sobre el punto, se impone a la Sala insistir en que el referido hibridismo “no se acomoda entonces a las exigencias técnicas del recurso extraordinario; desde luego que si el yerro de iure atañe al aspecto jurídico de la prueba, y a diferencia, el de facto dice relación con su objetividad, con la verificación de su existencia en el proceso, cosas que justamente por ello se repelen, la presencia de esa confusión en la acusación obsta un estudio de fondo por parte de la Corte, la que bajo ningún pretexto podría, habida cuenta de la naturaleza dispositiva de la casación, entrar a escoger entre uno u otro” (Cas. Civ., sent. mayo 11/2004, exp. 7888; se resalta).

b) Más aún, así se admitiera que el error reprochado fue de derecho, tal inconformidad se muestra completamente desatinada, habida cuenta de que si el ad quem, como ya se precisó, no dio trato de confesión a la indicada exposición juramentada, mal pudo dicho juzgador desconocer el requisito consagrado en el numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

5. Es corolario de todo lo hasta aquí expresado, que el cargo tiene éxito, pero sólo en lo que respecta a la indebida apreciación del testimonio de la señora Deyanira Andrade Medina.

6. Ahora bien, como la sentencia del tribunal está soportada en las declaraciones de las hermanas Andrade Medina y en el comportamiento procesal asumido por el demandado, al no atender las citaciones que se le hicieron para que compareciera a la toma de muestras para la práctica de la prueba de cotejo de ADN, se torna indispensable evaluar si excluido el testimonio de Deyanira Andrade Medina, por cuanto que, como ya se analizó, de él no se deprende la demostración del trato sexual aquí investigado, el referido fallo y, más exactamente, la decisión confirmatoria del proveído estimatorio de primera instancia, puede sostenerse con apoyo en esos otros dos elementos de juicio en que lo afincó el ad quem, es decir, se reitera, en la declaración rendida por la madre de la actora y en el indicado comportamiento del señor Fernández Andrade.

Para esclarecer el anterior cuestionamiento, debe insistirse en que si bien la declaración de Clara Cristina Andrade Medina es atendible con los alcances que ya se indicaron, igualmente lo es que se trata de un testimonio sospechoso y que, por lo mismo, su valor demostrativo, en buena medida, dependía, y depende, de que los hechos que en él se refirieron hubiesen sido corroborados con otras pruebas.

En el punto, ha sido insistente la Corte en señalar que “la sospecha no descalifica de antemano [al declarante] —pues ahora se escucha al sospechoso—, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio” (Cas. Civ., sent. sep. 19/2001, exp. 6624; se resalta).

No habiendo en el proceso ningún otro medio de convicción que confirme lo narrado por la señora Clara Cristina Andrade Medina, especialmente, lo tocante con las relaciones sexuales que ella reconoció sostuvo con el demandado en la época en que, según las voces del artículo 92 del Código Civil, se presume tuvo ocurrencia la concepción de la menor demandante, es ostensible que dicha declaración, incluso aunada al comportamiento procesal invocado por el ad quem, no es suficiente para sostener la conclusión a la que éste llegó, consistente en la comprobación del aludido trato íntimo de la pareja.

7. Se sigue de la conclusión precedente, que el acierto que se avizoró a la censura respecto de la indebida apreciación del testimonio de la señora Deyanira Andrade Medina, es suficiente para ocasionar el quiebre de la sentencia impugnada, la que, en consecuencia, habrá de casarse.

8. Antes del proferimiento del correspondiente fallo sustitutivo, es del caso disponer, con fundamento en los artículos 37, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, la práctica de las pruebas de oficio que se especificarán en la parte resolutiva de este proveído.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, CASA la sentencia de 29 de junio de 2010, proferida en el presente proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil - Familia - Laboral, y, en sede de segunda instancia, con fundamento en los artículos 37, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA la práctica de las siguientes pruebas oficiosas:

a) El interrogatorio de parte del demandado, señor Vladimir Fernández Andrade, conforme el cuestionario que en la respectiva audiencia le formulará el despacho del magistrado ponente. Para su recepción se señala la hora de las 9:00 A.M. del 29 de enero de 2013.

Se advierte al accionado que, conforme el artículo 205 del Código Procedimiento Civil, con la notificación que se haga de la presente providencia, se entenderá citado a la prefijada audiencia; y que, según las previsiones del artículo 210 ibídem, su inasistencia injustificada, dará lugar a que se tengan por ciertos los hechos que sirven de fundamento a la demanda, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

b) Los exámenes que por cotejo de la huella genética sirvan para determinar el índice de probabilidad de la paternidad del demandado señor Vladimir Fernández Andrade en relación con la menor accionante XXXXX, de conformidad con lo previsto en la Ley 721 de 2001. Su realización estará a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo de Genética Forense, Convenio ICBF-INMLYCF, Seccional Neiva. Se autoriza a dicho instituto para que tome las muestras que sean necesarias a las partes y a la señora Clara Cristina Andrade Medina, en su condición de madre de la accionante.

Líbrese oficio a dicha entidad comunicando esta determinación e informando las direcciones a las que las mencionadas personas deben ser citadas. En relación con el señor Andrade Fernández, téngase en cuenta la que como de él se registró en el escrito que obra del folio 6 al 9 del cuaderno número 6 (segunda instancia).

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»