Sentencia 2008-00009/41548 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 63001-23-31-000-2008-00009-01 (41548)

Actor: Héctor Fabio Montoya

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—

Ref.: Apelación sentencia – Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 132.6 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998— toda vez que para la fecha de interposición del recurso de apelación —4 de noviembre de 2010— la cuantía se establecía a partir de la sumatoria de las pretensiones, por haber entrado en vigencia la Ley 1395 de 2010(2).

En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2008 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser equivalente o superior a $ 230.750.000(3) y, dado que la única pretensión por perjuicios morales asciende a $ 231.673.000, la Sala tiene competencia funcional.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por el actor con ocasión del irregular procedimiento de requisa a que fue sometido, el 20 de junio de 2006, en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá y, como quiera que la demanda se interpuso el 16 de enero de 2008, se impone concluir que la presente acción se ejerció en tiempo oportuno.

3. La legitimación en la causa.

Respecto del demandante Héctor Fabio Montoya se tiene que fue la víctima directa del daño, esto es, la persona sometida al procedimiento de requisa efectuado el 20 de junio de 2006 en la cárcel Peñas Blanca de Calarcá, razón por la cual está acreditada su legitimación para comparecer a este proceso.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que al INPEC, en razón de un procedimiento de registro o requisa llevado a cabo por el personal de guardia de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, se le imputa la causación de unos daños, motivo por el que considera la Sala que tiene legitimación por pasiva para actuar dentro del presente asunto.

4. Objeto del recurso de apelación.

Aunque el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se dirige únicamente a cuestionar la negativa del Tribunal a quo en acceder a la indemnización plena por perjuicios morales, lo cierto es que ese aspecto impone el análisis de la responsabilidad del ente demandado, toda vez que se edifica sobre la base de la inexistencia de una concurrencia de culpas, la cual no puede ser abordada de manera aislada a la responsabilidad patrimonial que pudiere predicarse respecto de la parte demandada. En otras palabras, el hecho de que la parte actora pretenda impedir que se le reduzca el quantum de la indemnización necesariamente comporta, per se, un cuestionamiento frente a la concausa y ello habilita a la Corporación para analizar el punto relacionado con la responsabilidad de la Administración frente al daño alegado por el actor(4).

5. Cuestión previa. Valoración de las pruebas trasladadas.

Respecto de los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o haya sido practicada con audiencia de esta, de lo contrario, no puede ser valorada en el proceso al que se traslada.

En este caso, obra el trámite de la tutela instaurada por el señor Héctor Fabio Montoya en contra del INPEC, en el que se recibieron las declaraciones de un dragoneante y un interno, prueba cuyo traslado fue solicitado por la parte actora(5).

Dicha prueba testimonial debe ser considerada dentro de este proceso en la medida en que fue practicada con audiencia de la demandada, la que tuvo la oportunidad de controvertirla en el momento de su recopilación, aunado a que el INPEC hace referencia a tales declaraciones para probar los hechos que son de su interés(6).

6. Problema jurídico.

La Sala deberá dilucidar si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— deba responder patrimonialmente en forma plena por los daños ocasionados al señor Héctor Fabio Montoya en el procedimiento de requisa realizado el 20 de junio de 2006, en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

6.1. El daño.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado; una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a las demandadas.

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante es la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales fueron transgredidos en el procedimiento de requisa efectuado el 20 de junio de 2006 en las instalaciones de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, según se extrae de la sentencia de tutela proferida el 24 de agosto de 2006 por el Tribunal Superior de Armenia, por medio de la cual se ampararon tales derechos(7).

6.2. La imputación.

En el presente caso, la parte actora manifestó que el INPEC incurrió en falla del servicio, por haber realizado el procedimiento de requisa al señor Héctor Fabio Montoya por fuera de lo dispuesto en los reglamentos carcelarios, toda vez que el personal de guardia lo obligó a desnudarse completamente y a realizar flexiones de pierna, hecho que ocasionó que mostrara sus partes íntimas a los guardianes y demás reclusos que se encontraban en ese lugar, conducta que consideró violatoria de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad personal y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El presente caso está regido por la Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, la cual en su artículo 5º estableció la obligación de respetar la dignidad de los internos, así:

“ART. 5º—Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

El artículo 44 del mismo estatuto previó entre los deberes de los guardianes, el de requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento.

A su vez, el artículo 55 ibídem estableció lo referente al procedimiento de requisa, así:

“ART. 55.—Requisa y porte de armas. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y; requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita.

Por su parte, la Circular 35 de 26 de marzo de 1997 del INPEC, respecto del procedimiento de requisa, determinó las siguientes instrucciones con destino a los directores regionales, cárceles de distrito y circuito del país, en los siguientes términos:

Por ningún motivo, se permitirán las requisas genitales o de tacto vaginal, toda vez que se cuenta con otros mecanismos para detectar armas o sustancias estupefacientes, que deben ser agotados, antes de utilizarse procedimientos que además de inútiles se constituyen en un trato denigrante para las personas a quienes se les practica, aunado al hecho de la falta de consideración de quienes la realizan.

(…)

Así las cosas, por medio de esta circular, se reitera y ordena que a partir de la fecha, se dejan de practicar estas requisas genitales o de tacto vaginal y en su lugar se practique una requisa general a la persona, por encima de la ropa, sin necesidad de desnudar al visitante. En cuanto al interno, deberá requisársele minuciosamente observando los mismos parámetros, una vez concluida la visita.

(…)

Finalmente considera esta Dirección, que con el ánimo de impedir que a los establecimientos ingresen armas, drogas o sustancias alucinógenas y demás elementos prohibidos, se debe hacer uso de otros medios de requisa, tales como detectores electrónicos e incluso pedir el apoyo de sabuesos debidamente entrenados, para esos efectos.

En el mismo sentido, la Circular del INPEC Nº 23 del 14 de mayo de 2004, estableció:

(…)

2) A fin de dar una protección adecuada al derecho fundamental a la dignidad humana y evitar los tratos inhumanos, crueles y degradantes para los visitantes, las personas deberán ser razonablemente requisadas.

Por ningún motivo se permitirá la requisa genital o de tacto vaginal, toda vez que se cuenta con otros mecanismos, como son los detectores electrónicos, las sillas ‘bop’, especialmente diseñadas para detectar metales en las partes íntimas de la persona y los perros especialmente adiestrados para detectar sustancias estupefacientes y explosivos, que deben ser agotados, antes de utilizar procedimientos que además de inútiles, constituyen un trato denigrante y atentan contra el derecho fundamental a la dignidad humana de las personas a quienes se les practica.

(…)

En casos excepcionales, cuando exista una sospecha seria de que la persona visitante porte elementos en su cuerpo o en sus vestiduras que coloquen en peligro la seguridad del establecimiento o de los reclusos, y ante la existencia de otras medidas menos intrusivas, se analizará la necesidad en cada caso concreto, de aplicar una requisa genital o de tacto vaginal. El procedimiento deberá ser llevado a cabo por personal médico calificado en un recinto adecuado para tal finalidad, previo consentimiento escrito del visitante, a fin de evitar los daños físicos y morales que la aplicación de esta medida puede acarrear. Si la persona visitante no otorga su consentimiento para la realización de este procedimiento especial, le será negado el acceso al establecimiento de reclusión y si la situación lo amerita debe ser puesta a disposición de la Policía Nacional o de la Fiscalía.

3) En cuanto a los reclusos, deberá requisárseles minuciosamente observando los mismos parámetros, una vez haya concluido la visita. Se solicitará al recluso mostrar sus bolsillos; en algunos casos, se solicitará que por sí mismo se retire la ropa y la entregue a las unidades de guardia que realizan el procedimiento.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que si bien el Estado puede disponer la realización de requisas en los centros carcelarios tanto para los internos como para sus visitantes, ello no puede ir más allá de los límites de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Explicó que desnudar al recluso, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia, constituía una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes(8):

Dentro de los deberes que surgen en cabeza del Estado como contrapartida al ejercicio del legítimo poder punitivo, la jurisprudencia ha resaltado que el respeto por la dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal(9), reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno (art. 93, CP)(10). De esta forma, por ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que “(…) el derecho a la dignidad humana de los internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a la persona humana(11), debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento(12) y no realizándoseles requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta Política (C.N., art. 12)”(13). Para la Corte no es admisible constitucionalmente considerar que “(…) los atropellos irrazonables, dantescos e inadmisibles que se infringen a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son adjudicables al propio recluso, por haber delinquido y terminado en la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera manifiesta sus obligaciones”(14). Las violaciones a los derechos fundamentales que sufren los reclusos por no existir un adecuado sistema penitenciario, no son responsabilidad de los reclusos, son responsabilidad del Estado.

(…)

Teniendo en cuenta (1) que la Constitución Política de Colombia se funda en el respeto de la dignidad humana (C.N., art. 1º)(15); (2) que la Constitución contempla expresamente a toda persona el derecho fundamental a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.N., art. 12) y (3) que las disposiciones internacionales que se ocupan de este derecho, en especial cuando se trata de personas privadas de la libertad, contemplan derechos y obligaciones similares(16), la jurisprudencia constitucional ha establecido que la prohibición ‘de someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es una regla que a su vez constituye un contenido concreto del derecho a la dignidad’(17). En tal medida, la tortura o cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante, nunca puede ser considerado una medida razonable, por cuanto en sí mismo constituye un ‘medio’ que está prohibido, es decir, un medio que en cualquier circunstancia se tiene por no razonable, puesto que ‘no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación’(18).

(…)

Las requisas degradantes a los reclusos o a los internos constituyen una violación a la dignidad humana y al derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En la Sentencia T-702 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se decidió que las requisas degradantes tales como ‘desnudar al recluso, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia’, que practicaba el establecimiento penitenciario demandado al accionante [Penitenciaría Nacional de Valledupar], constituían una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes(19).

Con base en esta decisión, la Corte indicó en la Sentencia T-269 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) que el respeto al derecho a la dignidad humana en los establecimientos carcelarios se debe tanto a los reclusos como a los visitantes, por lo que decidió que ‘no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros mecanismos para garantizar la seguridad’(20). Para la Corte, “(…) [l]as personas que acuden a visitarlos, bien sea periódicamente, bien esporádicamente, también son merecedoras de un trato digno, más aún cuando éstas no tienen restringidos sus derechos en virtud de una pena privativa de la libertad (…)”(21). En este caso (T-690 de 2004) las autoridades acusadas justificaron requisas degradantes similares(22) a las que se cuestionan en el presente caso, con base en argumentos de supuesta ‘necesidad’, semejantes a los que alegan los directores de los centros penitenciarios objetos de la presente acción de tutela(23).

(…)

Es decir, las requisas intrusivas por parte de la guardia que suponen tactos genitales y con el cuerpo desnudo de la persona requisada no son razonables constitucionalmente por tres razones. La primera, es que las requisas son un medio que, en sí mismo, está prohibido. Las otras dos razones se refieren al análisis de la relación entre el medio y el fin que se pretende. Así, la segunda razón, es que estas requisas no son necesarias, ya que existen medios alternativos para alcanzar el mismo fin, que no implican una limitación tan grande de los derechos de la persona requisada. La tercera razón, es que estas requisas, en todo caso, no son un medio adecuado para obtener el fin perseguido, pues como lo indica el propio INPEC, son ‘ineficaces’. Por ello, la Corte ha reiterado que ordenar a una persona quitarse la ropa interior, durante las requisas previas a la visita a un centro penitenciario, que se le revisen sus genitales y que se le obligue a hacer cuclillas para revisar si porta algún elemento peligroso, es un tipo de requisa que no está permitida ni constitucional, ni legal, ni reglamentariamente(24).

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se tiene acreditado lo siguiente.

El 28 de junio de 2006, el señor Héctor Fabio Montoya promovió demanda de tutela en contra del director del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá, por considerar que en el procedimiento de requisa efectuado el 20 de junio del mismo año, se le desconocieron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la intimidad personal y no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda vez que fue despojado totalmente de su vestimenta y obligado a efectuar flexiones y mostrar sus partes íntimas al personal de custodia y a dos reclusos que se hallaban en el lugar (fls. 22 a 37 cdno. 1).

El 10 de julio de 2006, el Juzgado Promiscuo de Familia de Calarcá llevó a cabo una diligencia de inspección judicial a las instalaciones del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá, en la que se escucharon las declaraciones del dragoneante Eduardo Revelo Rey y el interno Oscar Orlando Zapata (fls. 9 a 18 cdno. 2). De la referida prueba testimonial se extraen los siguientes apartes:

A continuación procede la suscrita Juez a hacer un llamado al dragoneante Revelo Rey Eduardo.

(…)

Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho, si usted tiene conocimiento si al interno Héctor Fabio Montoya se le hizo desnudar completamente para efectos de practicarle la requisa. Contesto: Al interno que yo estaba requisando no se le encontró nada y se le envió al patio, vi que el interno Héctor Fabio no le estaba cumpliendo las ordenes al dragoneante Londoño, creo que la orden era bajarse los pantaloncillos y me acerque para evitar que de pronto pasara algo entre ellos porque el interno estaba como acalorado y cuando me acerque el interno Héctor cumplió la orden, pero de la rabia que tenía comenzó a subir y bajar como tres veces a hacer sentadillas, sin darle la orden, pero si se le dio la orden de que se quitara los pantaloncillos, lo otro de que hiciera sentadillas no, lo hizo él de la rabia, eso lo hizo en un momento de rabia. Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho, si ese procedimiento de dejar completamente desnudo al interno, sin ropa interior, para efectos de hacerle requisa visual, como usted lo manifestó anteriormente, está autorizado por el establecimiento. Contesto: Si, solamente se deja desnuda y se le mira, no se le ordena hacer sentadillas, ni otra posición.

(…)

Preguntado: Sírvase manifestara(sic) al Despacho, cuantos internos estaban en el cuarto en el momento en que se le estaba haciendo la requisa al interno Héctor Fabio Montoya. Contesto: En el mismo cuarto no, ellos estaban separados, no se veía que se estaba haciendo con el uno o con el otro.

Seguidamente se hace un llamado al interno Oscar Orlando Zapata.

(…)

Esa requisa que hicieron el 20 de junio de 2006 es normal, llegan a la requisa, primero todos están en montonera, luego van pasando a los internos en fila, a uno lo hacen desvestir hasta quedar en ropa interior y le dicen a uno que se sacuda la ropa interior, la pretina, pasan los perros y el detector de metales, en el patio no hacen desnudar completamente a nadie, ese día yo manifesté que no quería desvestirme delante de mis compañeros, entonces me llevaron a un salón, el dragoneante Revelo, él me hizo desvestir completamente, yo me desnude completamente y él me puso hacer cuclillas(sic) varias veces, también lo hacen voltear a uno. Yo le manifesté al dragoneante que de la cárcel donde yo venía no se permitía desnudarse completamente, que solamente uno quedaba en calzoncillos y le pasaban el perro y el detector de metales y ya. En el sitio donde nos requisaron también hicieron desnudar a Héctor Fabio Montoya y Edwin Manuel Mejía, yo a Héctor Fabio lo veía de frente incluso, cuando ya me hicieron la requisa, el otro dragoneante que estaba con Héctor Fabio, le pidió ayuda y yo vi cuando estaba desnudo Héctor Fabio, yo mire cuando lo estaban haciendo voltear, pero no vi que lo estaban haciendo hacer sentadillas.

El 12 de julio de 2006, el Juzgado Promiscuo de Familia de Calarcá declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Héctor Fabio Montoya en contra del director del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá, por cuanto el hecho ya se había consumado y, como el daño de naturaleza moral igualmente se había producido, su reparación debía reclamarse a través de otras acciones judiciales, no obstante lo cual, ordenó al director del centro de reclusión que adoptara las medidas necesarias para que hechos como el que habían suscitado la acción de tutela no se volvieran a repetir al interior del penal (fls. 19 a 26 cdno. 2). La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio:

El día 20 del presente año, la guardia del penal llevó a cabo una requisa masiva consistente en hacerlos despojar de sus prendas de vestir, la cual es revisada manualmente por el personal de custodia, quedando los reclusos en ropa interior —calzoncillos—, siendo sometidos al detector de metales, existiendo algunos guardianes que los hacen desnudar delante de todos los internos, por lo que al tocarle el turno al señor Montoya solicitó ser requisado en privado, ordenándose por el inspector Bermúdez al dragoneante Londoño procediera a desnudarlo en un cuarto privado, sitio donde se despojó de sus prendas, excepto de la interior, siendo compelido a hacerlo por cuanto otro dragoneante de apellido Revelo le bajó los calzoncillos y obligó a adoptar posiciones indecorosas frente a otros dos reclusos que lo vieron totalmente desnudo, hecho que estimó humillante y discriminatorio de su intimidad personal.

(…)

Como en el evento presente la situación fáctica que suscitó lesión a los derechos fundamentales del actor Héctor Fabio Montoya ya ocurrió y el daño de naturaleza moral igualmente ya se produjo, presentándose en consecuencia discontinuidad de aquél proceder, el cual se vislumbra como un hecho aislado no permanente dado que sobre la misma situación no existen antecedentes por vía de tutela, siendo este el primer caso suscitado al interior del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá, aspecto sobre el cual difiere este pronunciamiento respecto de otros donde la Corte Constitucional ha protegido los fundamentales derechos de los reclusos y personas visitantes, en el que era manifiesta la reiteración y pluralidad de conductas lesivas de tales derechos por parte del personal de guardia adscrito al instituto penitenciario y carcelario, llevándola a adoptar medidas como las indicadas en la mencionada Sentencia T-848 de 2005, de ahí que en el presente evento sea menester declarar improcedente la acción incoada, por cuanto para la reparación de los daños antijurídicos imputables a las autoridades públicas, el Constituyente previó acciones distintas en los artículos 89 y 90 de la Carta Fundamental, y los daños causados en acciones y omisiones de los particulares hacen a estos responsables de su resarcimiento con arreglo a las leyes civiles sobre la materia.

Por lo anterior, habrá lugar a prevenir al señor director del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá para que este tipo de actos no se repitan al interior del penal que regenta, debiendo ilustrar al personal de custodia sobre las previsiones trazadas por la Corte Constitucional en Sentencia T-848 del 2005, dando igualmente aplicación a las circulares 35 de 1997 y 23 de 2004 emanadas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

El 24 de agosto de 2006, el Tribunal Superior de Armenia revocó la anterior decisión y en su lugar tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes invocados por el señor Héctor Fabio Montoya, en atención a que fue obligarlo a desnudarse completamente, mostrando sus partes íntimas a las personas que allí se encontraban, en claro desconocimiento de las pautas que sobre el particular había impartido la dirección general del INPEC con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional (fls. 27 a 39 cdno. 2). La anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

Está claro, entonces, que los uniformados del INPEC que sin justificación alguna practicaron el indicado procedimiento de requisa al tutelante, conculcaron su derecho a la dignidad humana, cuyo respeto debe prevalecer en un Estado Social de Derecho como el nuestro por así ordenarlo el artículo 1º de la Carta Política, pues lo sometieron a un trato denigrante al obligarlo a desnudarse completamente mostrando sus partes íntimas a las personas que allí se encontraban, en claro desconocimiento de las pautas que sobre el particular impartió la Dirección General del INPEC en la Circular 23 de 2004, que ordenó que la misma hiciera parte del reglamento interno de todos los establecimientos de reclusión del país y de los manuales de procedimiento, y que transcribe apartes de las sentencias T-702 de 2001 y T-269 de 2002, que a su vez prescriben que tales requisas deben ser razonadas con respecto a la dignidad humana (C.N., art. 12) evitando tratos como el que aquí se le infligió al tutelante y que señalan, además, que para tales efectos deben utilizarse detectores electrónicos y los perros especialmente adiestrados para detectar sustancias estupefacientes y explosivos.

(…)

La Sala no comparte los razonamientos de la señora jueza de primer grado para no amparar el derecho fundamental invocado por el actor, ya que resulta palmario, como arriba se explicó, que al practicarse la requisa en la forma indicada se le violaron los derechos fundamentales por él mencionados y aparecen consagrados en los artículos 1º y 12 de la Carta Política. En estos eventos el artículo 86 superior ordena impartir una orden para garantizar el goce efectivo de tales derechos y en ese sentido se ha pronunciado copiosamente el tribunal constitucional; en el caso particular se dispondrá que en adelante el señor director del centro penitenciario accionado se abstenga de realizar o autorizar las conductas que dieron origen a la violación de los derechos mencionados e imparta las instrucciones que sean del caso para cuando se lleven a cabo las requisas personales a los reclusos estos no sean sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y las mismas se lleven a cabo con sujeción a las disposiciones contempladas en la Ley 65 e 1993 y la Circular 23 de 2004.

En el presente caso, se encuentra acreditado que el 20 de junio de 2006 se llevó a cabo una requisa masiva en el patio 6 de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, operativo en el cual el personal de guardia solicitó a todos los reclusos que se despojaran completamente de su ropa, orden a la cual se rehusó el interno Héctor Fabio Montoya y dos reclusos más, quienes solicitaron al dragoneante que dirigía el procedimiento que fueran requisados en un cuarto privado, lugar en el que los guardianes designados para ello les ordenaron desvestirse íntegramente, mandato al que nuevamente se resistió el señor Montoya, por lo que tal funcionario procedió a bajarle su ropa interior utilizando su bastón de mando.

La Sala considera que la entidad demandada incurrió en falla del servicio en el procedimiento de requisa efectuado el 20 de junio de 2006, en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, toda vez que el señor Héctor Fabio Montoya fue despojado completamente de su ropa por parte de un funcionario del INPEC, tal como lo permiten establecer los testimonios del dragoneante Eduardo Revelo Rey y del interno Oscar Orlando Zapata, conducta prohibida por las disposiciones pertinentes de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario—, las circulares 35 de 1997 y 23 de 2004 emanadas del INPEC, así como por las directrices trazadas sobre la materia por la Corte Constitucional, proceder con el que se le conculcaron al actor sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Ahora bien, el a quo evidenció igualmente la existencia de una falla del servicio del INPEC, por haber realizado el procedimiento de requisa al señor Héctor Fabio Montoya por fuera de lo dispuesto en los reglamentos carcelarios y demás normas constitucionales y legales, toda vez que el personal de guardia no podía compeler a ningún interno a desnudarse completamente; no obstante, estimó que el propio actor, teniendo conocimiento de que los internos no podían ser obligados a realizar flexiones, procedió a desarrollarlas, para luego alegar que fue constreñido a ello por parte del personal de guardia. Con fundamento en lo anterior, condenó a la entidad demandada a pagar a favor del actor a título de indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al considerar que su monto debía tasarse en su mínima proporción, en atención a que el señor Héctor Fabio Montoya concurrió con su conducta a la producción del daño.

En la sustentación del recurso de apelación, la parte actora sostuvo que el quantum indemnizatorio fijado por el a quo no reparaba el bien jurídico lesionado, su dignidad como persona, dado que el señor Montoya no contribuyó a la producción del daño, toda vez que, primero fue la ilegal orden de despojarse completamente de su vestimenta y, después, su justificada reacción ante ese procedimiento que consideraba inconstitucional.

En el trámite de tutela declaró el dragoneante Eduardo Revelo Rey, quien refirió que la orden impartida al señor Montoya fue la de desnudarse completamente para ser examinado y que en momento alguno se le dijo que hiciera sentadillas u otras posiciones, las cuales realizó por la rabia que le causó la orden.

En igual sentido declaró el señor Oscar Orlando Zapata, quien también se hallaba recluido en la cárcel y quien, igualmente tuvo que quitarse completamente su ropa como consecuencia de la orden impartida por el personal de guardia del establecimiento penitenciario y carcelario, ya que ambos solicitaron que se inspeccionaran separados del resto de internos y, por eso, le constaba lo sucedido con el aquí demandante, esto es, que lo despojaron íntegramente de su vestimenta, no así que le hubieran solicitado que realizara algún tipo de posición o movimiento.

Es claro, entonces, que la conducta de realizar una requisa exigiendo la desnudez de quien va a ser sometido a ella, constituyó una orden que atentó contra la dignidad humana e intimidad del demandante, en tanto configuró un trato cruel, inhumano y degradante. También es cierto que el actor realizó otros movimientos que no le fueron ordenados. Sin embargo, la Sala considera que hay lugar a conceder una indemnización mayor, en tanto el actor no recibió el trato digno que merecía por la sola condición de ser persona, toda vez que su conducta no contribuyó a la consumación del daño que se configuró con la ejecución de la requisa contraria a sus derechos fundamentales. Establecer que su actitud desobediente constituye una concausa o un factor de reducción de la indemnización implicaría avalar prácticas degradantes e indignas, que de ninguna manera resultan aceptables, más aún, cuando las flexiones fueron posteriores al trato inhumano que se reprocha.

En efecto, las requisas en los centros penitenciarios y carcelarios buscan un fin legítimo como es la protección de la seguridad de la población carcelaria, el personal al servicio del INPEC y los visitantes, también lo es que estas tienen que estar acordes con el respeto de la dignidad humana, dado que los procedimientos de inspección degradantes están prohibidos por atentar contra los derechos fundamentales, debiendo, en consecuencia, optarse por medios alternativos idóneos para esos procedimientos como son los detectores de metales y la utilización de caninos adiestrados para tal propósito.

Esta Corporación(25), en armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional, ha considerado que el derecho a un trato digno acompaña a todos los seres humanos en cada una de las circunstancias y facetas en las que se encuentren; es una condición que no lo abandona, máxime cuando es privado de la libertad, circunstancia esta última en la que le corresponde al establecimiento penitenciario velar por el trato digno a los reclusos, ya que éstos se encuentran en situación de dependencia de quienes deben velar por ellos(26), y no constituye, desde luego, una excepción al trato digno el hecho de estar purgando una pena por un delito en un centro de reclusión.

En esa línea de pensamiento, la doctrina extranjera ha considerado:

La condición de persona y la dignidad a ella inherente acompañara al hombre en todos y cada uno de los momentos de su vida, cualquiera que fuere la situación en que se encontrare, aunque hubiere traspasado las puertas de una institución penitenciaria.

(…)

Es la dignidad de la persona la que impone una ejecución humanitaria de la pena (…)(27).

Y es que la dignidad de los seres humanos, no puede considerarse como un concepto simplemente teórico, pues precisamente su inclusión como principio y derecho, está encaminado a rescatar su contenido y a su efectiva protección y respeto en todos los ámbitos, en otras palabras, el respeto por la dignidad de las personas debe trascender a las letras que lo definen, y llegar al plano práctico en el que en la interacción de los hombres, cada uno sea capaz de reconocer la dignidad del otro por el simple hecho de ser hombre, sin importar las circunstancias que los rodeen, “[e]n ello se basa la exigencia ética de tratar a cada individuo humano como un fin en sí mismo, como valor supremo, como algo que hay que respetar por encima de cualquier consideración pragmático-utilitaria, como algo que no puede ser eliminado sin más cuando nos estorba en la persecución de nuestros fines particulares contingentes”(28).

Así las cosas, siendo la dignidad un valor intrínseco del hombre, no se encuentra justificación alguna que permita su desconocimiento, ni su falta de protección. En esa dirección resulta de interés lo afirmado por la doctrina:

(…) a mediados del siglo XIX, Proudhon ha definido de modo excelente la justicia humana precisamente como el reconocimiento de la dignidad humana en toda persona, en cualquier circunstancia y bajo cualquier riesgo a que nos exponga su defensa(29). Todos tienen derecho —agrega— a exigir de los otros el respeto de su dignidad y la obligación de respetar la de los demás. Y, en efecto, no es posible en la modernidad la existencia de justicia social y de derecho justo —por tanto tampoco de orden justo— sin el reconocimiento incondicional de la personalidad y dignidad de todos los hombres. Se trata, pues, en cuanto a la calidad de persona y la posesión de sus atributos esenciales o valoraciones inherentes, de fenómenos axiológicos que incuben a todos los hombres y al cualquier hombre(30), ciertamente en cualquier lugar y, en la modernidad, también en cualquier tiempo(31).

Ahora bien, tratándose de personas que se encuentran privadas de la libertad, el deber de brindar un trato digno se maximiza, puesto que a pesar de ver limitado uno de sus derechos, el de la libertad, se debe velar por el respeto a los demás derechos que les asiste como seres humanos, y no incurrir en un trato de “ciudadanos de segunda categoría”, como los denominó el tratadista Iñaki Rivera Beiras por considerar que “los derechos fundamentales de las personas que se hayan privadas de la libertad se encuentran “devaluados” respecto de los derechos semejantes de aquellos individuos que se desenvuelven en la vida en libertad”(32).

Los reclusos son conducidos por el Estado a centros penitenciarios para su permanencia en ellos por un determinado período, lo que supone límites a ciertas prerrogativas jurídicas, que tienen su razón de ser en el interés estatal por resocializar al delincuente, contribuyendo con ello a la satisfacción del interés general, no obstante, de esta acción puede devenir la responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política, en el evento en que se conculquen derechos inherentes a la persona que en modo alguno son limitados con la medida punitiva, lo anterior teniendo en cuenta que el interno no pierde su condición de persona y por ende de sujeto de derechos.

Así las cosas, encontrándose en un sitio donde la esfera de sus derechos y la protección de los mismos, no depende de sí mismo, sino en buena medida del Estado que lo recluyó, compete a este, atender y velar por el respeto y la garantía a sus derechos como la vida, la dignidad humana, la salud, la seguridad, la integridad personal, entre otros(33).

Es incuestionable que el actor padeció un perjuicio inmaterial, que pertenece al ámbito interno, por cuanto el personal de guardia atentó contra su dignidad humana al ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante como fue el hecho de exigírsele que se desnudara, proceder proscrito por las normas constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos, las disposiciones pertinentes de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario— y las circulares del INPEC.

Es claro que el referido procedimiento de requisa a que fue sometido el señor Héctor Fabio Montoya desconoció los parámetros trazados por la Corte Constitucional(34) que categóricamente viene indicando que no es razonable constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, las requisas instructivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de pierna y mostrar sus partes íntimas a la guardia.

Ahora bien, la Corporación ha reiterado que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia, pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar prudencialmente la cuantía de su reparación.

En estas condiciones, considera la Sala acertado incrementar la indemnización de perjuicios morales reconocida al actor en la sentencia de primera instancia a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que resulta razonable entender que los seres humanos se consideren ultrajados, ofendidos, así como que sientan otras afectaciones de los sentimientos, como tristeza, depresión, rabia, congoja, angustia y miedo, cuando son sometidos a un procedimiento que consideran contrario a su dignidad humana y a su intimidad personal, como el hecho de desnudarse frente a otras personas, acto considerado por el señor Héctor Fabio Montoya como denigrante e irrespetuoso.

7. Afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos.

Esta Sección del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(35) precisó respecto del daño denominado afectación a bienes e intereses constitucional y convencionalmente protegidos que los objetivos de la reparación de esa categoría autónoma de daño son: el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, su restitución más aproximada al status quo ante, las garantías de no repetición y la búsqueda de la realización efectiva de la igualdad sustancial. También se precisó que el resarcimiento de esas garantías puede tener lugar aún en forma oficiosa y que deben privilegiarse, en cuanto resulte posible, las medidas de carácter no pecuniario.

Con fundamento en lo anterior, la Sala dispondrá en el presente pronunciamiento, las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

Como medida de no repetición, previa anuencia del demandante, se dispondrá que en el término de dos meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— diseñe y divulgue entre los establecimientos carcelarios del país un documento de información y/o capacitación, el cual deberá incluir un análisis de los procedimientos adecuados de requisa que deberán efectuarse a los internos en todos los centros de reclusión, de conformidad con las previsiones trazadas por la Corte Constitucional en Sentencia T-848 de 2005, las disposiciones pertinentes de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario— y las circulares 35 de 1997 y 23 de 2004 emanadas del INPEC, con el propósito de que se instruya a todos sus agentes acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado colombiano representan y/o generan conductas como las que dieron lugar a la formulación de la demanda con que se inició el proceso citado en la referencia, para evitar que esa clase de acciones vuelva a repetirse.

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

8. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto.

2. MODIFICAR la sentencia del 21 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, la cual quedará así:

1. DECLARAR probada la excepción de “Indebida legitimación por pasiva”, propuesta por la Nación —Ministerio del Interior y de Justicia—.

2. DECLARAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, administrativa y patrimonialmente responsable por el daño antijurídico ocasionado al señor Héctor Fabio Montoya, en hechos ocurridos el 20 de junio de 2006 en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, a pagar al demandante Héctor Fabio Montoya a título de indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, a la reparación integral de la violación de los derechos fundamentales del demandante, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

Como medida de no repetición, se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñe y divulgue entre los establecimientos carcelarios del país un documento de información y/o capacitación, el cual deberá incluir un análisis de los procedimientos adecuados de requisa que deberán efectuarse a los internos en todos los centros de reclusión, de conformidad con las previsiones trazadas por la Corte Constitucional en Sentencia T-848 de 2005, las disposiciones pertinentes de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario— y las circulares 35 de 1997 y 23 de 2004 emanadas del INPEC, con el propósito de que se instruya a todos sus agentes acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado Colombiano representan y/o generan conductas como las que dieron lugar a la formulación de la demanda con que se inició el proceso citado en la referencia, para evitar que esa clase de acciones vuelva a repetirse.

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

5. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con la Sentencia C-118 de 1996 de la Corte Constitucional.

6. Sin condena en costas.

7. EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Promulgada el 12 de julio de 2010.

3 Suma que resulta de multiplicar 500 por el salario mínimo mensual vigente de 2008, es decir, $ 461.500.

4 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20.601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 Fls. 19, 82 y 92, cdno. 1.

6 Fl. 163, cdno. 1.

7 Fls. 27 a 39, cdno. 1.

8 Corte Constitucional, Sentencia T-848 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

9 Así se consideró en la Sentencia T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la que se indicó: “Esta regla fundamental consta expresamente en el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual ‘toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. De allí ha deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —intérprete autorizado del Pacto— una serie de consecuencias de gran importancia, contenidas en la Observación General 21 sobre personas el trato humano de las privadas de la libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo”. La sentencia también hace referencia al artículo 5-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) [de conformidad con el cual “...toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”] y al caso Knights y otros contra Jamaica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

10 Las normas internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal de protección, como el sistema interamericano de protección, consagran la dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los de Derechos Humanos (CADH, 1969) ya citado, y el numeral 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966) prescribe una regla similar, a saber, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

11 Ver Sentencia T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta ocasión, la Sala Sexta de Revisión consideró que las requisas de los reclusos obligándolos a desnudarse y a mostrar sus partes íntimas vulneraba el derecho a la dignidad humana y por tanto debía ser suprimida y llevada a cabo bajo condiciones de respeto de la dignidad humana manifestada en la intimidad del recluso.

12 Ver Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia se declaró un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la situación carcelaria colombiana caracterizada, entre otras, por el alto grado de hacinamiento.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta ocasión la Corte decidió reiterar que no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros mecanismos para garantizar la seguridad.

14 En la Sentencia T-1096 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, el fallo del juez de instancia que se revisaba afirmaba: “Para finalizar, debe recordarse al interno que no es el Estado el que por capricho lo tiene sometido a restricción de su libertad, sino que por su propia condición de infractor de la leyes, voluntariamente se ha sustraído al ordenamiento jurídico y se ha colocado en la posición de penado, lo que lógicamente le atrae las consecuencias de las que hoy se lamenta”. En la Sentencia T-1096 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se decidió que “el INPEC desconoce de forma grave y manifiesta los derechos a la dignidad, la vida, la integridad física y a la libertad sexual de una persona privada de la libertad, cuando no adopta las medidas necesarias para evitar que otros reclusos abusen sexualmente de una persona recluida en un establecimiento carcelario y vulneren sus derechos, en especial si se trata de una persona que pertenece a un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado”.

15 La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la dignidad humana, además de ser un principio, es también un derecho fundamental ‘de eficacia directa’, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; algunas decisiones al respecto son las siguientes: “Se viola el derecho a la dignidad de una menor embarazada, por la acción del Rector del Colegio donde estudia, quien decide no renovarle la matrícula porque es ostensible su estado y le ofrece una ‘beca’ para que se cambie de colegio (T-211 de 1995; M.P. Alejandro Martínez Caballero). || Se viola el derecho a la dignidad del interno recluido en un establecimiento carcelario por la dilación injustificada en la atención médica atribuible al hecho mismo de la privación de la libertad (T-473 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz). || La situación de grave hacinamiento en las principales cárceles del país descrita detalladamente en el fallo, vulnera el derecho a la dignidad de los internos (T-153 de 1998; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). || Se viola el derecho a la dignidad de la empleada de servicio doméstico por no haberse reconocido durante el tiempo que duró la relación laboral unas condiciones de trabajo justas, y finalizada esa relación, un mínimo vital que le permita sobrevivir en condiciones acordes con su situación de persona de la tercera edad. (SU-062 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)”. [Síntesis elaborada en la Sentencia T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra].

16 En las sentencias T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-269 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-690 de 2004, M.P. Alvaro Tafur Galvis. T-622 y T-624 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, casos en los que se estudió si requisas similares a las denunciadas en el presente proceso violaban derechos fundamentales de reclusos y visitantes, la Corte fundó su decisión, entre otras disposiciones, en las siguientes: el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966) y el artículo 7º, según el cual ‘nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes’; la segunda parte del numeral 2 del artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) establece que ‘nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’; el Principio 1 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988) y el Principio 6 del mismo Conjunto, según el cual ‘ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’; el principio 1 de los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos (1990) establece que ‘todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos’.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

18 Principio 6 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988). En la Sentencia T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte consideró que “[l]os ‘principios’ que ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen en realidad reglas que debe observar el Estado para darle a las personas privadas de la libertad un trato respetuoso de la dignidad humana. Entre ellas se prohíbe al Estado invocar cualquier circunstancia como justificación de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

19 En la Sentencia T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se resolvió, al respecto, tutelar los derechos a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes del accionante (un condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, hurto y fuga), por lo que se ordenó a la Penitenciaría Nacional de Valledupar “que no lo someta a la requisa que actualmente se le practica, por ser violatoria del derecho fundamental a la dignidad” y se le previno para que “en lo sucesivo dé estricta aplicación a las normas (…) que regulan los procedimientos de la requisa, especialmente a las directrices contenidas en la Circular 35 de 1997, expedida por el director general del INPEC”. La requisa rutinaria que se le practicaba al accionante, descrita en sus propias palabras, fue recogida así por la sentencia: “(…) ‘Este tipo de requisa es rutinaria, totalmente desnudo, de espaldas, me hacen agachar varias veces. Además me obligan a levantar mis testículos y bajar el pene, subirlo y que corra el prepucio”. También sostiene que al ingresar a la Cárcel se le practicó un requisa similar: ‘la requisa, al ingreso, se extralimita al desnudarme completamente, asumiendo posiciones vergonzosas: parado en una silla y agachándome varias veces mostrándole el recto a los guardianes’. Dice que esta requisa es generalizada para todos los internos del Pabellón 8, donde él se encuentra internado”. En este caso también se reiteró que todo interno tienen derecho “a que se les ofrezcan las oportunidades y los medios necesarios para el desarrollo de su personalidad humana y así se les garantice el camino de la resocialización”, por lo que se ordenó a la Penitenciaría “que le ofrezca [al accionante] las oportunidades de trabajar y participar en las actividades culturales y educativas tendientes a su resocialización”. En esta oportunidad la Corte se apartó expresamente de lo decidido en la Sentencia T-317 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, por considerar que esta ocasión la decisión se justificaba por hechos particulares del caso en la Sentencia T-317 de 1997 se confirmó la decisión de instancia de negar la tutela a un recluso de la Cárcel de Bellavista en Medellín, que alegaba que la requisa a la que lo sometían le violaba sus derechos fundamentales.

20 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte señaló: “Si bien por motivos de seguridad se justifica la realización de requisas de quienes ingresan al establecimiento carcelario, tales revisiones no pueden ignorar mandatos de índole constitucional y legal”.

21 En la Sentencia T-269 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte concedió parcialmente la tutela al derecho a la visita íntima en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad de una persona a la que se le obligaba practicar visitas íntimas en condiciones insalubres y con restricciones de tiempo no razonables. Pese a que los hechos aludidos por ella con relación a las requisas que se le practicaban no habían podido ser probados, la Corte, teniendo en cuenta que se trataba de una práctica conocida, resolvió “prevenir a la Penitenciaría Nacional de Valledupar para que no acuda a la realización de requisas vejatorias y contrarias a la dignidad humana para el ingreso al establecimiento carcelario de los visitantes de los reclusos”.

22 El accionante sostuvo en esta oportunidad (T-690 de 2004) que la entidad accionada obligaba a los internos a “desvestirse totalmente y hacer genuflexiones (sentadillas) varias veces y cuando nos resistimos y manifestamos que tales tratos se encuentran prohibidos y son violatorias de nuestros derechos humanos se nos golpea, nos encalabozan o como se dice en el lenguaje carcelario nos aíslan y nos amenazan con trasladarnos a otras cárceles”.

23 La directora (E) de la cárcel de Cartagena, San Sebastián de Ternera, entidad accionada en el proceso Sentencia T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, que en la cárcel “(…) se encuentran recluidos 1605 internos ‘capturados en virtud de un convenio celebrado por el INPEC y el Distrito de Cartagena, sindicados y condenados (…)’, y relata que los procedimientos que el actor denuncia han permitido a las autoridades del penal decomisar, en requisas permanentes (i) ‘toda clase de elementos y artefactos prohibidos que se les ha encontrado en las partes íntimas de algunas visitantes (…)’; (ii) ‘armas blancas y estupefacientes’ que los internos y visitantes ‘introducen en el ano’; y iii otros objetos, como una llave de esposas, ‘dentro de la boca’, o una platina introducida en el ano”.

24 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

25 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 26.250. C.P. Enrique Gil Botero.

26 “La dignidad de la persona no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo; opiniones o creencias. Es independiente de la edad, inteligencia y salud mental; de la situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y comportamiento. Por muy bajo que caiga el hombre, por grande que sea la degradación, seguirá siendo persona con la dignidad que ello comporta”. González Pérez, Jesús. La dignidad de la persona. Ed. Civitas S.A. Primera edición. Madrid, p. 25.

27 Ibídem, pp. 148-149.

28 Gómez Bosque, Pedro. En defensa de la dignidad humana. Ed. Fundación Ramos Castro para el Estudio y Promoción del Hombre. Zamora, p. 110.

29 Nota del original: “Proudhon, “L’idée-force de justice”, en Ouvres choisies, Gallimard, Paris, 1967, p. 220.

30 Nota del original: Así lo sugirió una vez Tomás y Valiente, cit. Por Jesús Gonzáles Pérez, La dignidad de la persona, Edit. Civitas, Madrid, 1986, p. 26.

31 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho Penal, parte general, principios y categorías dogmáticas. Ed. Ibáñez. Bogotá, pp. 152-153.

32 Rivera Beiras, Iñaki. La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría. José María Bosch Editor. Barcelona, p. 390.

33 Al respecto, sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-687 de 2003: “De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas)”.
“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos.(iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos”.
“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho”.

34 Corte Constitucional sentencias: T-702/2001; T-269/2002; T-690/2004 y T-622/2005, entre otras.

35 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.