Sentencia 2008-00011 de marzo 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2008-00011-01(17338)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Ana Rita Bautista de Zipaquirá

Demandado:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá D.C., cuatro de marzo de dos mil diez .

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se discute en esta instancia la legalidad de los siguientes actos administrativos:

1. Acta 900.003 del 08 mayo de 2007 proferida por el Comité Especial y Terminación por Mutuo Acuerdo de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Ibagué, por medio de la cual se negó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo presentada por la demandante  en virtud de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 1111 de 2006.

2. Resolución 900.001 del 31 de mayo de 2007, proferida por el mismo comité, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo.

3. Resolución 10242 del 3 de septiembre de 2007 proferida por el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la DIAN, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra el acto administrativo.

La apelante no concreta ningún cargo de violación contra la sentencia de primera instancia, limitándose a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, relativos a las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad propuestas y la inexistencia de perjuicio para la Administración derivada de la no presentación oportuna de la información requerida.

Según el apelante el inciso 5º del artículo 6º del Decreto 344 de 2007, dispuso que para tener derecho a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, el valor discutido sobre el cual  se debe aplicar el porcentaje, corresponde “al valor total de la sanción propuesta”, circunstancia que no está contemplada en la norma reglamentada (literal c) del artículo 55 de la Ley 1111 de 2006), la cual precisó el porcentaje a transar así:  “Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción sin actualización…”.

Estimó que el Presidente de la República al hacer uso de la potestad reglamentaria se excedió al reglamentar el literal c) del artículo 55 de la Ley 1111 de 2006, razón por la cual interpuso las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad.

Señala el artículo 55 de la Ley 1111 de 2006:

ART. 55. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, podrán transar hasta el 31 de julio del año 2007 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

a. Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto.

b. Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente.

c. Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanción propuesta.

d. Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.

Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable de 2005, del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o retención según el caso correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los valores transados según el caso.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.

Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del estatuto tributario.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del impuesto al consumo.

La norma transcrita contempla dos supuestos para acceder al beneficio de la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, tratándose de sanciones impuestas mediante resolución independiente.

1) Conforme al literal c) el contribuyente podía transar con la DIAN  hasta el 31 de julio de 2007 hasta el 50% del valor de la sanción propuesta en el pliego de cargos, siempre y cuando no haya operado la notificación de la resolución sancionatoria, es decir paga el 50% de la sanción.

2) Conforme al literal d), notificada la resolución sancionatoria el contribuyente solamente podía transar hasta el 25% del valor de la sanción impuesta, siempre y cuando se acredite el pago del 75% de la misma, o sea, que paga el 75%  del valor de la sanción impuesta.

En el caso concreto la solicitud de terminación por mutuo acuerdo fue presentada el 23 de abril de 2007 (folio 110 c. de a.), esto es, con posterioridad a la notificación de la resolución sancionatoria (27 de febrero de 2007), en consecuencia, la demandante debió acreditar el pago del 75% del valor de la sanción impuesta  ($ 222.480.000) y toda vez que acreditó solamente el pago de $ 14.832.000 no procede la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.

Adicionalmente observa la Sala que las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar por las siguientes razones:

La apelante alega la procedencia de las excepciones de inconstitucionalidad(2) e ilegalidad(3) y señala que el Gobierno Nacional al reglamentar el literal c) del artículo 55 de la Ley 1111 de 2006 excedió la potestad reglamentaria al disponer en el inciso 5º del artículo 6º del Decreto 344 de 2007 que para tener derecho a la terminación por mutuo acuerdo el valor discutido sobre el cual se debe aplicar el porcentaje (50%) corresponde al valor total de la sanción propuesta.

Observa la Sala que para el caso concreto no es aplicable el literal c) del  artículo 55 de la Ley 1111 de 2006, toda vez que como quedó demostrado,  la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presentó con posterioridad a la notificación de la resolución sancionatoria, razón por la cual resulta aplicable el literal d) de la misma norma, la cual contempla unos supuestos de hecho diferentes, que hacen improcedente el análisis propuesto.

Finalmente, respecto al alegado derecho de aplicar la sanción reducida al 10% conforme lo dispone el artículo  651 del estatuto tributario, anota la Sala que el contribuyente debió subsanar la omisión detectada por las autoridades tributarias antes de que se notificara la imposición de la sanción y acreditar el pago de la suma de $ 29.664.000, (10% de la sanción propuesta en el pliego de cargos) debiendo presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma, requisitos que no se encuentran acreditados dentro del expediente y que en todo caso constituye un asunto ajeno a la decisión adoptada en los actos acusados.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel como apoderada de la demandada, en los términos del poder que obra a folio 152.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.  Cúmplase.

Se deja constancia de que ésta providencia se estudió   y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Tal como está prevista la excepción de inconstitucionalidad en el artículo 4º de la Constitución Política, consiste en la inaplicación efectuada por funcionario administrativo o judicial, de la disposición que regula el asunto concreto sometido a su consideración, por estimarla abiertamente inconstitucional, para en su lugar, proferir una decisión fundamentada en el precepto superior. Ha considerado esta Corporación en otras oportunidades que procede esta figura en los casos de incompatibilidad manifiesta entre normas legales o jurídicas y los preceptos constitucionales. La excepción no se contrae a la simple inaplicación de la norma compatible, sino que es necesario que la normatividad superior regule la situación en forma diferente a la señalada por la disposición de rango inferior, de suerte que el asunto concreto pueda quedar gobernado por el canon constitucional.

(3) La llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio. (Corte Constitucional. Sala Plena. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-037 del 26 de enero de 2000. Expediente D-2441).