Sentencia 2008-00015/38038 de mayo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 20001233100020080001501 (38038)

Consejera ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: Inversiones Morón Peña y Cía.

Demandado: Nación-Rama Judicial

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2009 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar que negó las súplicas de la demanda.

Síntesis del caso

El día 20 de noviembre de 2007, Inversiones Morón Peña y Cía. S. en C.(1), a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial, por considerarla responsable de los perjuicios sufridos como consecuencia de la declaratoria de pertenencia parcial, a favor de un tercero del bien inmueble que le fue adjudicado en remate.

I. Primera instancia

1.1. Exposición fáctica de la demanda

Se sostiene en el escrito de demanda que la señora Ledys Vega instauró demanda ordinaria laboral contra el señor Jacinto Villarreal y otras personas más para que se reconozca su derecho a percibir salarios y prestaciones y que, en cuanto las pretensiones salieron avante se adelantó la ejecución y por consiguiente el embargo y remate del bien declarado como propiedad del antes nombrado. Se trató del predio distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 190-0089662, ubicado en la carrera 18 No. 18-150, antes carrera 3 No. 13-152 de la ciudad de Bosconia, con extensión superficiaria de 1000 metros cuadrados y con los siguientes linderos y medidas “Norte: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino en extensión de 50 metros; Sur: Con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, en extensión de 50 metros; Éste: Con predios que son o fueron de Luis Quintero, con una extensión de 20 metros; Oeste: Con Carrera 18 en medio, antes Carrera 3ª y con predios que es o fue de Jesús Muníz(sic)”.

Se advierte que la actora es una sociedad dedicada a la compraventa de combustible en el departamento del Cesar y que, por dicha razón y en consideración a que el inmueble antes descrito, limita al oeste con la carretera nacional o avenida que conduce al municipio de Fundación, hizo postura y adquirió el bien según da cuenta la diligencia de remate adelantada el 20 de abril de 2004. Se destaca el interés de la sociedad de construir la estación de servicio Laura Dayana, causa y motivó de la adquisición del bien.

Así mismo, se precisa que la actora “nunca pudo tener el goce de lo adquirido, por cuanto los antiguos propietarios del bien, mediante argucias jurídicas argumentaron que el predio de terreno (sic) que alinderaba con la carretera nacional en un franja de 300 metros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Con predios que son del municipio de Bosconia, en extensión de 15 metros; Sur: Con predios que son o fueron de los hermanos Armenta, en extensión de 15 metros; Este: Con predio del señor Hernando Uribe Morón, con una extensión de 20 metros; Oeste: Con Carrera 18 en medio, y mide 20 metros, no había entrado en el remate del inmueble adquirido por mi representada”.

Esto es así, teniendo en cuenta que el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, demandado en el proceso laboral fue quien adelantó el proceso de pertenencia en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, sobre la franja de terreno antes descrita y obtuvo fallo favorable en primera y segunda instancia, razón por la que la sociedad actora “nunca pudo aprovechar el inmueble que adquirió, por cuanto su propósito era explotar allí el establecimiento de comercio que denominó y matriculó en la cámara de comercio como Estación de Servicios Laura Dayana y tampoco pudo beneficiarse de la explotación económica que de dicho inmueble se desprende, ya que la franja de terreno que el Estado le dio en proceso de pertenencia a Rodrigo Villareal, tal y como reza en los linderos anotados, dejó a mi mandante sin lindero por el Oeste con la carretera nacional. O sea que no solo perdió la franja de terreno, sino que perdió la salida hacia la carretera nacional, quedando el inmueble totalmente encerrado y muerto comercialmente”.

Así mismo, advierte que al tiempo que le fue adjudicado el inmueble por remate adquirió los elementos necesarios para el funcionamiento de la estación de servicios, tales como tanques de almacenamiento y surtidores.

Señala, también que, además de que no pudo disfrutar del inmueble fue condenado a pagar costas procesales en el proceso de pertenencia por la suma seis millones trescientos ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($6.308.480), más setecientos mil pesos ($700.000) por haber sido vencido. Aparte debió asumir los costos de la defensa, en suma de ocho millones de pesos ($8.000.000).

Finalmente, precisa que “estamos en un típico caso de saneamiento por evicción, en donde hay un vendedor que es el Estado, un comprador que es Inversiones Morón Peña y un Tercero, que adquirió mediante sentencia judicial parte del lote que se le había vendido (…), por venta forzada” (fls. 1-12 cdno. ppal.).

1.2. Pretensiones

Con base en la situación fáctica expuesta, la parte actora impetra las siguientes declaraciones y condenas:

Primero: Declarar que la Nación-Rama Judicial, representada legalmente por su director ejecutivo seccional en el Cesar (…), es administrativamente responsable por el daño causado a Inversiones Morón Peña Ltda.(sic) con ocasión de la declaración de pertenencia de una franja de terreno, que recortó el inmueble comprado en remate por mi representada.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la Nación-Rama Judicial, a pagar a título de perjuicios lo siguiente:

2.1. Perjuicios materiales

2.1.1. Daño emergente consolidado. Daño emergente consolidado. (sic) un total de quince millones ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/l, que comprende los gastos que mi mandante hizo para la defensa judicial en el proceso de pertenencia más las costas y los gastos judiciales que le tocó cancelar.

2.2.2. Por el valor de la franja de terreno, que se determine por peritazgo, del cual se hizo entrega a Rodrigo Villareal mediante proceso de pertenencia.

2.2. Lucro Cesante

2.2.1. Lucro Cesante Debido o Consolidado. Se deberá condenar a la demandada y a favor de Inversiones Morón Peña, las sumas que resulten por este concepto, teniendo en cuenta el neto producido por una bomba de éstas características, comprendida desde el 20 de abril de 2004, a la fecha de presentación de esta demanda, suma que está en el orden de cuatrocientos nueve millones ciento doce mil ocho pesos ($409.112.008).

2.2.2. Lucro Cesante Futuro. Se deberá condenar a la demandada y a favor Inversiones Morón Peña (sic) de las sumas que resulten por éste concepto, comprendida desde la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuente (sic) lo que produce una bomba de éstas características y de esta capacidad durante 20 años aproximadamente.

Dichas sumas deberán ser actualizadas al momento del pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor determinado por el DANE”.

1.3. La defensa

Luego de que, mediante auto del 21 de febrero de 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar al director ejecutivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial en el Cesar y al procurador asuntos administrativos (fl. 52 cdno. ppal.), se hizo constar que la Nación-Rama Judicial no contestó la demanda (fl. 65 cdno. ppal.).

1.4. Alegatos de conclusión

En escrito presentado el 30 de marzo de 2009, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones; para el efecto ser detuvo en la responsabilidad del Estado por la administración de justicia y los elementos que deben reunirse para que opere, con el fin de destacar que estos últimos no fueron probados (fls. 137-145 cdno. ppal.).

1.5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de octubre de 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar negó las súplicas de la demanda, “tanto porque las sentencias civiles de prescripción que afectaron a la sociedad demandante no constituyen error jurisdiccional como tampoco fueron producto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Tampoco existe responsabilidad como vendedora en diligencia de remate ya que no fue citada por el comprador al proceso de pertenencia para que defendiera el bien, tal como lo exigen las normas civiles que regulan el saneamiento por evicción”.

Así mismo, precisó que el actor no acreditó haber recibido materialmente el inmueble “y mucho menos que como propietario hubiera entrado a ejercer la posesión. Así las cosas, sino se le hizo la entrega o tradición de bien (sic), mal podría afirmarse que posteriormente se le hubiere recortado o despojado de lo que no poseía”.

De igual manera advirtió que “si bien es cierto que en el acta de la Diligencia de Remate se describe que el lindero Oeste del predio es “carrera 18 en medio, antes carrera 3ª y con predio que es o fueron (sic) de Jesús Muniz”, en la Matrícula Inmobiliaria 190-89662 se anota únicamente que los linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la escritura 882 del 20 de octubre de 1997 de la Notaría de Bosconia, por lo que no hay certeza de que el bien prescrito por la justicia civil, a favor de Rodrígo(sic) Antonio Villareal Contreras, hubiera sido el mismo o parte del adjudicado a la sociedad accionante. Se agrega en este punto que el bien rematado se distingue con la siguiente nomenclatura: Cra. 18 No. 18-150, mientras que el prescrito es el de la Carrera 18 No. 18-156”.

De la misma manera, precisó el a quo que la “la irregularidad de la actividad judicial en este caso estuvo en el acto procesal del remate, ya que en la diligencia se anotó como lindero Oeste del bien inmueble objeto de la venta forzada, la referida carrera 18 que fue —según se dice en la demanda— lo que motivó a la sociedad Inversiones Morón Peña y Cía. S en C a buscar su adjudicación para establecer allí una Estación de Servicio acorde a su objeto social”.

Adicionalmente sostuvo que si, en gracia de discusión, se aceptara un error en el remate adelantado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sea porque ofreció un bien con linderos inexactos o dado que no lo entregó materialmente en su integridad, “la acción de reparación directa estaría claramente caduca, ya que el remate se celebró el 20 de octubre de 2004 y la demanda se presentó el 20 de noviembre de 2007”.

Finalmente, puso de presente que la figura de saneamiento por evicción opera cuando por sentencia judicial el comprador es privado en todo o parte de la cosa vendida, a cargo del vendedor siempre y cuando haya sido citado al respectivo proceso, “en este caso que nos ocupa, la sociedad Inversiones Morón Peña y Cía. en C, no demostró que hubiere citado a la demandada al proceso civil de pertenencia en el cual según su criterio se le recortó parte del bien comprado en remate, por lo cual es imperativo concluir que la Nación/Rama Judicial que fungió de vendedora no está obligada al saneamiento por evicción. Tampoco existe entonces fundamento alguno para atribuirle responsabilidad en este aspecto” (fls. 151-159 c. ppal.).

II. Segunda instancia

2.1. Recuso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpone recurso de apelación(2). Indica que actuó como comprador de buena fe dado que atendió el llamado a hacer postura del Juzgado Segundo Laboral, de modo que obtuvo la adjudicación el día 20 de abril de 2004 y pagó la suma de $26.152.385 por el bien inmueble que recibió materialmente. Agrega que la diligencia de remate del 20 de abril de 2004 fue registrada en la oficina de instrumentos públicos de Valledupar, en el folio No. 190-89662, correspondiente al inmueble.

Precisa que “yerra el juzgador al señalar que la tradición se realiza mediante la entrega material de la cosa, pues conforme lo dispone el artículo 756 del mismo estatuto civil “se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos”. Está acreditado en el proceso que la inscripción de la diligencia de remate se efectuó el 10 de mayo de 2004, tal como consta en el registro de matrícula inmobiliaria que obra en el expediente, que fue anexo a la demanda. Y si el acto de compraventa que se realizó a través de la justicia fue registrado, allí operó la tradición y en consecuencia el demandante sí era dueño del inmueble que adquirió por compraventa”.

Asimismo, cuestiona que por el solo hecho de la nomenclatura del bien se haya concluido que se trata de dos inmuebles diferentes “máxime si de las nomenclaturas indicadas en la providencia se deduce que son inmuebles contiguos y lo que se reclama a través de la demanda es que se adjudicó por prescripción una parte del bien inmueble de propiedad del demandante y que había adquirido por remate celebrado por la rama judicial”. Lo anterior si se considera que, acorde con la diligencia, se remató el inmueble de la carrera 18 No. 18-150 y el adquirido por prescripción se ubica en la carrera 18 No. 18-156 esto es sobre la carrera 18 o troncal de la carretera nacional hacia Fundación o Barranquilla, en tanto el número 18-150 o 18-156, “solo nos está indicando los metros que existen entre la esquina de la calle 18 y el sitio donde se encuentra el inmueble, en este caso 150 o 156 metros”.

Sobre el punto insiste en que el predio se compró en la diligencia de remate con el propósito de ubicar una estación de servicio y que “tal como consta en el experticio judicial que obra en el proceso, en la actualidad existe allí una estación de servicio denominada “Estación Auto Servicio Móbil” lo que hace imposible que no sean los mismo predios”.

En lo relacionado con los linderos del bien indica que “si bien el folio de matrícula inmobiliaria que obra como anexo de la demanda y es prueba del expediente, se indica que los linderos del inmueble que tiene una cabida de 1.000 m2, constan en la escritura pública No. 882 del 20 de octubre de 1997, de la Notaría de Bosconia, tales linderos descritos en el acta de remate que también fue anexo de la demanda y que es prueba del expediente, son los indicados en la citada escritura, de donde no queda la menor duda de que el inmueble rematado es el mismo adquirido por prescripción —en parte— por el señor Villareal Contreras, quien por lo demás había sido vencido en el juicio ordinario laboral que dio lugar al remate del bien inmueble de que trata la demanda”. Así mismo, señala que el inmueble se compró como cuerpo cierto, en particular, dado el lindero oeste que aparece en el acta de remate, esto es la carretera nacional.

De igual manera insiste en que no hay duda de que efectuada la tradición, se adquirió el derecho de dominio sobre el mismo inmueble que se declaró adquirido por prescripción, a favor de un tercero.

Controvierte la posible caducidad de la acción, planteada por el tribunal, con fundamento en que el error se debe predicar no de la diligencia de remante, en cuanto aconteció “en la adjudicación que a través de las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2006 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar y 18 de mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Valledupar, y que adjudicaron por prescripción la propiedad de un inmueble que había adquirido el demandante por venta en pública subasta efectuada por ministerio del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar el 20 de octubre de 2004”, razón por la que el término de caducidad debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia del 18 de mayo de 2007 y no desde la diligencia de remante.

Finalmente, discrepa de la sentencia en cuanto lo procedente tendría que haber sido adelantar un proceso ordinario civil porque “si bien el comprador fue evicto de parte de la cosa adquirida, conforme el artículo 1894 del Código Civil la Nación demandada no está obligada a concurrir al saneamiento por evicción” (fls. 169-180 cdno. ppal.).

2.2. Intervención del Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público solicita confirmar el fallo apelado, pues no se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad. Para el efecto, previamente considera que la vinculación del señor Rodrigo Antonio Villareal Contreras, no resulta pertinente en consideración a que “sólo se reclama el valor de los supuestos daños ocasionados por el alegado error jurisdiccional, sin que se pretenda la devolución del área de terreno respecto de la cual se reclama propiedad”.

Así mismo, luego de referirse a la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, pone de presente un pronunciamiento de esta Corporación(3) relacionado con la tradición de un bien inmueble adquirido por remate.

De igual manera, señaló que “no se demostró de manera clara e indubitable que el terreno sobre el cual se declaró la prescripción hiciera parte de otro de mayor extensión adquirido por la sociedad actora” y que “no se practicó un dictamen ni se levantó un plano que demostraran que el predio del señor Rodrigo Villarreal estuviera dentro del predio de la sociedad; tampoco se aportaron las escrituras públicas 882 de 20 de octubre de 1997 y 063 de 25 de marzo de 2000, que se inscribieron en el folio de matrícula inmobiliaria 190-89662 para dilucidar si los linderos del predio, respecto del cual se declaró la prescripción, estuvieran contenidos en el otro inmueble”.

III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, esta corporación, el 9 de septiembre de 2008(4), resolvió en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, que la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surte ante los tribunales contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver

Corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos por parte demandante contra la Sentencia del 29 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en aras de establecer la responsabilidad de la entidad demandada, como consecuencia del error judicial que se le endilga con ocasión de la declaración de pertenencia de una franja de terreno de un predio de mayor extensión, adquirido por la actora en diligencia de remate.

3.2.1. Hechos probados

Para el efecto, serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo y de esta corporación(5) que acreditan los siguientes hechos:

1. El 3 de julio de 2001, la señora Ledys María Vega Molina, a través de apoderado, presentó demanda ordinaria laboral de mayor cuantía en contra de los señores Dolores Mercedes Arias Ochoa, Rosana Villareal de Martino y Jacinto, Miguel Ángel y Rodrigo Villareal Contreras, en calidad de propietarios del establecimiento comercial Auto Servicio Móbil, con el fin de que se declarara la existencia de contrato de trabajo a término indefinido entre la primera de los nombrados y los propietarios del establecimiento de comercio y se los condenara al pago de un suma de dinero relacionada con prestaciones laborales. En el escrito de demanda se solicitó la práctica de inspección judicial a la estación de servicio atrás referida “ubicada en la calle 3 Nº 15-150, sobre la hoja de vida del trabajador, los libros de contabilidad de bancos (…) para efecto de establecer que (…) se vinculó a trabajar con Auto Servicio Móbil y los señores Dolores Ochoa Arias Ochoa, Jacinto Villareal Contreras, Rodrigo Antonio Villareal Contreras, Rosana Villareal de Martino, el 9 de febrero de 1995 hasta el 2 de septiembre de 2000 (…) sobre la libreta de turnos de los bomberos, se podrá verificar que (…) le correspondía recibir dichos turnos no solo de lunes a sábados sino los días domingo y feriados desde el año 1995 (…)”. (fls. 1-6 cd proceso ordinario laboral cdno. 1).

2. La demanda fue admitida (fls. 14-15 cd proceso ordinario laboral cdno. 1) y los demandados notificados; empero no dieron respuesta (fl. 26 cd proceso ordinario laboral cdno. 1).

3. El 7 de mayo de 2002, el juzgado promiscuo municipal de Bosconia, en desarrollo del despacho comisorio Nº 0002 librado por el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, practicó diligencia de inspección judicial en el establecimiento de comercio denominado “Servi Móbil Bosconia, ubicado en la carretera nacional que conduce de este municipio hasta la ciudad de Barranquilla, carrera 18, donde fuimos atendidos por el señor (…) Rodrigo Villarreal Contreras”. En el acta se hizo constar la inspección de los libros de comercio del establecimiento y se detallaron año a año los aspectos relacionados con la prestación personal del servicio a cargo de la trabajadora Ledis María Vega Molina (fls. 55-57 cd proceso ordinario laboral cdno. 1).

4. El 11 de julio de 2002, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar profirió sentencia condenatoria (fls. 62-70 cd proceso ordinario laboral cdno. 1), apelada por los demandados (fls. 71-73 cd proceso ordinario laboral), confirmada en el 11 de marzo de 2003 (fls. 7-14 cd proceso ordinario laboral cdno. 2).

5. El 4 de junio siguiente, la señora Ledys María Vega Molina presentó demanda ejecutiva para hacer efectiva la sentencia referida. Entre otras medidas, solicitó el embargo y secuestro “del inmueble urbano ubicado en el municipio de Bosconia, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 19089662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, con un área de 1000 metros cuadrados, ubicado en la carrera 3ª Nº 13-152 cuyos linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la escritura 882 del 20 de octubre de 1997 de la Notaría de Bosconia” (fls. 79-83 cd proceso ordinario laboral cdno. 1). A La demanda se acompañó el folio de matrícula inmobiliaria expedido el 26 de mayo de 2003 por la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, con apertura el 29 de marzo de 1998. En el folio el predio se describe de la siguiente manera (fl. 85 cd proceso ordinario laboral cdno. 1):

“Lote de terreno con un área de 1000 metros cuadrados, cuyos linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la esc. 882 del 20 de octubre de 1997. Notaría de Bosconia (…).

Complementación:

1. Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, adquirió en mayor extensión por compra a Luis Alberto Ahumada Vega, según esc. 072 del 03-06-96 Notaría Única de Astrea, registrada el 05-07-96. 2. Luis Alberto Ahumada Vega, adquirió por compra a Miguel Ángel Villarreal Contreras, según esc. 001 del 26-01-96 Notaría Única de Bosconia, registrada el 30-01-96. 3. Miguel Ángel Villarreal Contreras adquirió por compra al municipio de Bosconia, según escrituras 590 y 591 del 15-01-93 Notaría de Ariguani, registradas el 20-10-93. 4. el municipio de Bosconia, adquirió los terrenos urbanos conforme al artículo 7º de la Ley 137 de 1959 y sus decretos reglamentarios (...) por los cuales la nación les cede a los municipios los terrenos urbanos.

Dirección del inmueble tipo de predio: urbano

Carrera 3 Nº 13-152 lote de terreno.

La anotación Nº 1 corresponde a una hipoteca de cuerpo cierto de Villarreal Contreras Miguel Ángel al Banco Ganadero, constituida mediante escritura pública del 22 de diciembre de 1994. La anotación Nº 2 se registra de la siguiente manera:

“(…) fecha 22-12-1994 (…)

Doc: escritura 882 del 20-10-1997 Notaría Única de Bosconia

Especificación: englobe

Personas que intervienen en el acto (la x indica la persona que figura como propietario)

A: Villarreal Contreras Rodrigo Antonio x

En la anotación Nº 3 se registra la venta del señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras a la señora Dolores Mercedes Arias Ochoa, mediante escritura pública Nº 063 del 25 de marzo de 2000 de la Notaría Única de Bosconia. También aparece la anotación Nº 4 de la cual solo es visible que se protocolizó mediante escritura pública Nº 075 del 11 de abril de 2000.

6. El 13 de junio de 2003, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar libró mandamiento de pago a favor de la señora Ledys María Vega Molina, al tiempo que decretó las medidas solicitadas (fls. 86-87 cd proceso ordinario laboral). La medida de embargo decretada sobre el inmueble identificado con folio de matrícula Nº 19089662 fue inscrita el 24 de junio de 2003, anotación Nº 8 como aparece consignado en el folio referido (fls. 92-94 cd proceso ordinario laboral c. 1).

7. El 25 de julio de 2003, la Superintendencia de Notariado y Registro comunicó al juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar que mediante Auto de la misma fecha “se ordenó iniciar actuación administrativa tendiente a clarificar situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 190-0054102 y 190-0089662 por tratarse del mismo bien” (fl. 96 cd proceso ordinario laboral c. 1).

8. El juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar comisionó al juez promiscuo municipal de Bosconia para que “lleve a cabo el secuestro del bien inmueble ubicado en el municipio de Bosconia, en la carrera 3ª Nº 13-52, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 190-89662 con un área de 1000 m. cuadrados cuyos linderos son: ESTE: con pedio que es o fueron de Luis Quintero en extensión de 20 m. OESTE: con carrera 3ª en medio y con predio que es o fueron de Jesús Muñiz en extensión de 20 m. NORTE: con predio que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino, en extensión de 50 m y por el SUR: con predio que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo en extensión de 50 m.”, para el efecto, el 22 de agosto de 2003 se libró el despacho comisorio Nº 0056 (fls. 100-101 cd proceso ordinario laboral c. 1).

9. El 16 de septiembre siguiente, el juzgado promiscuo municipal de Bosconia, en cumplimiento de la comisión, adelantó el secuestro de “un inmueble urbano (…) ubicado en la carrera 3ª Nº 13-52 del municipio de Bosconia, Cesar”. En el acta se hizo constar (fls. 114-115 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“(…) al llegar al mencionado lugar fuimos atendidos por el señor Rodrigo Villareal Contreras a quien se le puso en conocimiento motivo (sic) de la diligencia haciéndonos pasar al sitio y se procede así: seguidamente se procede a tomarle posesión al señor secuestre Luis Noriega Ramírez (…). Acto seguido se procede a identificar el bien inmueble a secuestrar así: Se trata de una casa de habitación, ubicada en la carrera 18 Nº 18-150, antes carrera 3ª Nº 13-52, distinguida con los siguientes linderos. ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con veinte metros (20 m.); OESTE: con predio que es o fue de Jesús Muñiz, y carrera 18 en medio, antes carrera 3ª; en veinte metros (20 m.), NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino, en cincuenta metros (50 m.) y SUR, con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo; en cincuenta metros (50 m.). El inmueble se encuentra distribuido de la siguiente manera: Sala principal, seguidamente encontramos una habitación, una sala comedor, una cocina y un baño, frente a la sala comedor se encuentran dos dormitorios, en patio está un corredor y en el patio también se encuentra construida una pieza de ladrillo otra en bloques de cemento. El inmueble en su totalidad se encuentra construido con ladrillo, techado con eternit con pisos de cemento y totalmente tapiado. Acto seguido la señora juez declara debidamente secuestrado el inmueble anteriormente descrito y el mismo se lo entrega al secuestre para que vele sobre él haciéndole las advertencias de la ley (…)”.

10. El 9 de enero de 2004 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi certificó el avalúo catastral del predio así (fl. 119 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“Que revisados los archivos catastrales correspondientes al municipio de Bosconia se encontró la siguiente inscripción:

PREDIO NÚMERO:010100030032000MATRÍCULA NÚMERO:1900089662
ÁREA DE TERRENO: 1000 MT2ÁREA CONSTRUIDA: 53 MT2
AVALÚO CATASTRAL: $24.907.000VIGENCIA FISCAL: 01/01/2004
DIRECCIÓN: K 3 13 152UBICACIÓN: URBANO
NOMBRE INSCRITO 
ARIAS OCHOA DOLORES MERCEDES" 

Se precisa que el número catastral del predio corresponde con el código catastral que se consigna en el folio de matrícula inmobiliaria 190-89662 y que el avalúo determinado por catastro fue incrementado en un 50% para efectos del remate.

11. El 14 de enero de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar dispuso seguir adelante la ejecución al tiempo que ordenó practicar la liquidación del crédito (fls. 116-117 cd proceso ordinario laboral c. 1).

12. El día 27 siguiente, la Registradora de Valledupar remitió al juzgado segundo laboral del circuito de la ciudad copia de la Resolución 002 del 16 del mismo mes y año en la cual se decide la actuación administrativa adelanta sobre los folios de matrícula inmobiliaria “190-0054102 y 1900089662”. Dicha resolución resolvió abstenerse de cancelar y dejar sin efecto la matrícula inmobiliaria 190-0054102 con fundamento en las siguientes consideraciones (fls. 121-124 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“El folio de matrícula inmobiliaria 190-0054102 correspondiente al lote 1-B con extensión de 1000 m2 propiedad de Miguel Ángel Villarreal Contreras, área esta que se segregó del folio de mayor extensión distinguido con el Nº 1-E y matrícula inmobiliaria 190-0054101 con área de 3000 m2.

Los 1000 m2 de propiedad del señor Miguel Ángel Villareal, a los que se le asignó la matrícula inmobiliaria 190-0054102 segregados del folio de matrícula 190-0054101 y según escritura pública Nº 335 del 14-08-992 divide el lote en dos partes iguales así:

Lote A: corresponde a Jhon Jacinto y Rossana Villareal con extensión de 2.000 m2

Lote B: corresponde a Miguel A. Villareal con extensión de 1000 m2

El folio de matrícula inmobiliaria 190-0089662 con extensión de 1000 m2 propiedad de Dolores Mercedes Arias Ochoa, fue adquirido según consta en el registro de la escritura pública Nº 063 del 25 de marzo del 2000 Notaría única de Bosconia por venta que le hiciera Rodrigo Antonio Villareal Contreras.

El folio de matrícula inmobiliaria 190-0089662 nace a la vida jurídica con base en el englobe de las matrículas inmobiliarias 190-0058241 y 190-0058242 cada una de ellas con área aproximada de 500 m2 y se formó un solo globo con área de 1000 m2 asignándosele la matrícula inmobiliaria 190-0089662.

Del análisis de cada uno de los folios cuestionados no existe identidad registral que oriente esta Oficina a determinar la dualidad de folios (…)”.

13. El 18 de abril de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar decretó el remate del bien inmueble embargado y secuestrado (fl. 127 cd proceso ordinario laboral c. 1). En el aviso de remate se hizo constar (fl. 128 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“Se trata de un bien inmueble consistente en una casa lote, situada en la carrera 18 Nº 18-150, antes carrera 3ª Nº 13-152 del municipio de Bosconia, con una extensión de 1000 metros cuadrados cuya matrícula inmobiliaria es la 190-0089662 de Instrumentos Públicos de Valledupar.

Este bien fue avaluado en la suma de $ 37.360.550”.

14. El 20 de abril de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar adelantó diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado. En el acta se hizo constar (fls. 2-3 c. ppal.; 144-145 cd proceso ordinario laboral c. 1):

Bienes a rematar

Se trata de un bien inmueble urbano situado en el municipio de Bosconia identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-0089662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, con nomenclatura carrera 18 Nº 18-150 antes carrera 3ª Nº 13-152, con una extensión superficiaria de 1000 m2, cuyos linderos son NORTE: con predios que son o fueron (sic) de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino en extensión de 50 metros; SUR: con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, en extensión de 50 metros; ESTE: con predios que son o fueron Luis Quintero (sic) con una extensión de 20 metros; OESTE: con carrera 18 en medio, antes carrera 3ª y con predio que es o fueron (sic) de Jesús Muñiz.

El citado inmueble fue avaluado en la suma de $ 37.360.550.

(…)

En este estado de la diligencia (…) se hizo presente el señor Hernando Uribe Morón Lobo (…) en su calidad de gerente de inversiones Morón Peña y Cía S. en C. (…) quien aporta el depósito judicial por valor de quince millones de pesos ($ 15.000.000), quien manifestó que deseaba haber postura en esta licitación, el señor juez encontrándola ajustada a derecho la consignación, lo declara postor apto para esta diligencia.

Acto seguido siendo las 4:30 p.m. y no habiéndose presentado más postores para esta diligencia, el señor juez manifiesta al postor presente que efectúe la postura que a bien estime pertinente, a lo cual el postor Hernando Uribe Morón Lobo manifiesta que hace postura por la suma de veintiséis millones ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 26.152.385.00), en consecuencia, el señor juez ordena que por secretaría se lea tres veces la anterior postura, haciéndose ello así., leyéndose una, dos y tres veces y no existiendo postor que mejore la anterior oferta o la supere, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar (…) RESUELVE: Adjudicar en pleno dominio y posesión el bien inmueble objeto de esta diligencia de remate cuyos linderos y demás especificaciones se encuentran consignadas en la parte motiva de esta acta, al rematante Hernando Morón Lobo en calidad de gerente de inversiones Morón Peña y Cía S. en C. quien aquí presente acepta la adjudicación que se hace (…).

El inmueble rematado fue adquirido por la demandada Dolores Mercedes Arias Ochoa, mediante compraventa que le hiciera a Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, según escritura pública Nº 063 del 25 de marzo de 2000, de la Notaría Única de Bosconia (…)”.

15. El 26 de abril de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar resolvió (fls. 150-151 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“1. Apruébase en todas sus partes el remate de la referencia (bien inmueble consistente en lote de terreno y la casa sobre él construida ubicada en la carrera 18 Nº 18-150 antes carrera 3ª Nº 13-152 del municipio de Bosconia - Cesar, matrícula inmobiliaria 190-0089662.

(…)

6. Entréguese por el señor secuestre al rematante el bien rematado. Ofíciese”.

16. El 23 de septiembre de 2004, la tesorería municipal de Bosconia emitió paz y salvo del predio urbano 01-01-003-0032-001 ubicado en la carrera 3ª Nº 13-156. Además, señaló al señor Rodrigo Antonio Villareal Contreras como titular (fl. 8 cd proceso civil).

17. El 27 de octubre de 2004, el juzgado promiscuo municipal de Bosconia, en ejercicio de la comisión conferida por el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, en cumplimiento de lo ordenado, mediante despacho comisorio Nº 0023, hizo entrega del inmueble. En el acta se hizo constar (fl. 159 cd proceso ordinario laboral c. 1):

“(…) seguidamente llegamos al sitio de la diligencia, el cual se encuentra ubicado en la carrera 18, en el inmueble no aparece nomenclatura. Acto seguido identifica el inmueble por sus linderos de la siguiente manera: NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villarreal y Rossana Villarreal de Martino, con extensión de 50 m. SUR: con (sic) o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, con extensión de 50 m. ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con extensión de 20 m. y OESTE con carretera 18 en medio, antes carrera 3ª, y predios que son o fueron de Jesús Muñiz, se deja constancia que el inmueble descrito se encontró totalmente desocupado (ilegible) se hace la entrega real y material al señor Fernando (ilegible) Morón (…) y lo recibe a entera satisfacción (…)”.

18. El 24 de noviembre de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar respondió al señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras la solicitud elevada. Precisó el juzgado (fl. 84 cd proceso civil):

“En respuesta a su derecho de petición me permito informarle lo siguiente de conformidad con el acta de remate, el bien que resultó rematado “se trata de un bien inmueble urbano situado en el municipio de Bosconia, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-0089662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, con nomenclatura carrera 18 18-150, antes carrera 3ª 13-152, con una extensión superficiaria de 1000 metros cuadrados cuyos linderos son NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villarreal de Martino (sic), con extensión de 50 metros; SUR: con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo en extensión de 50 metros; ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con una extensión de 20 metros. OESTE: con carrera 18 en medio, antes carrera 3ª y con predios que es o fueron de Jesús Muñíz(sic)”.

De conformidad con el proceso, el establecimiento de comercio Auto Servicio Móbil, no ha sido ni se encuentra afectado por medida cautelar alguna, lo que implica que sus propietarios son sus legítimos poseedores y este juzgado no ha establecido ninguna restricción para su funcionamiento o usufructo. De donde deriva, que dicho establecimiento de comercio no hace parte de los bienes que fueron rematados por este juzgado”.

19. El 14 de diciembre de 2004, la Inspección de Policía de Bosconia admitió la querella de lanzamiento por ocupación de hecho formulada por el señor Rodrigo Antonio Villareal Contreras en contra del señor Hernando Uribe Morón Lobo, al tiempo que decretó el lanzamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 del mismo municipio alinderado por el “NORTE, con predio del municipio de Bosconia o lo que de zona carretera y mide 15 metros; SUR, con predio de los hermanos Armenta y mide 15 metros; ESTE, con predio de Hernando Uribe Morón y mide 20 metros, OESTE, con carrera 18 en medio y mide 20 metros”. Se sostuvo (fls. 114-117 cd proceso civil):

“a) Que mediante Resolución 277 del 2 de diciembre de 2004, se delegó en este despacho por parte del señor alcalde municipal la facultad de tramitar y decidir en primera instancia la demanda de lanzamiento por ocupación de hecho impetrada por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, mediante su apoderado (…).

b) Que por medio de escrito presentado el día 16 de noviembre de 2004, por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, mediante su apoderado (…), solicita la tramitación de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, tendiente a que se le restituya un inmueble urbano que posee, localizado por los siguientes linderos: NORTE, con predio del municipio de Bosconia o lo que fue de zona de carretera, en 15 metros; SUR, con hermanos Armenta, en 15 metros; ESTE, con Hernando Uribe Morón Lobo, en 20 metros; y OESTE, con carrera 12 en 20 metros.

c) Que el demandante invoca los siguientes hechos:

PRIMERO: Mi representado (…) es propietario del bien inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 de la actual nomenclatura urbana de este municipio, el cual se encuentra alinderado como a continuación se indica: NORTE, con predio del municipio de Bosconia o lo que fue de zona de carretera y mide 15 metros; SUR, con predio de los hermanos Armenta y mide 15 metros, ESTE, con predio de Hernando Uribe Morón y mide 20 metros, OESTE, con carrera 18 en medio y mide 20 metros.

SEGUNDO: El referido inmueble fue adquirido por mi mandante, mediante posesión que ha realizado por más de 35 años como consta mediante escritura 196 de fecha agosto 31 de 2004 y declaraciones juramentadas de los señores: Luis José Vergara Jiménez, Carlos González Romero y Jhon Jairo Berrio.

TERCERO: En su condición de propietario mi poderdante ha poseído el inmueble en cuestión desde la fecha en que fue adquirido, de manera pública y pacífica, tal como se prueba con las declaraciones anticipadas de los señores: Luis José Vergara Jiménez, Carlos González Romero y Jhon Jairo Berrio, las que me permito anexar a la presente querella.

CUARTO: con fecha de lunes 08 de noviembre a las 11:00 p.m. el señor Hernando Uribe Morón Lobo, aprovechando la ausencia en horas de la noche de mi defendido, penetró al inmueble objeto de la querella, sin que mediara autorización alguna no (sic) orden de autoridad, ocupándola con unos inmensos tanques de almacenamiento de combustible y negándose a restituir el bien a su propietario, hecho que fortifico mediante los testimonios de las personas anteriormente citadas.

QUINTO: Realicé contrato de arrendamiento con el señor Ángel García Amaya, como consta en el contrato que anexo, y quien tiene la posesión a mi nombre.

d) Que el demandante invoca como fundamento jurídico lo preceptuado en los artículos de la Ley 57 de 1905, 1º, 6º, 12, y 15 del Decreto Reglamentario 992 de 1930, 55 del Decreto 59 de 1938 y demás normas concordantes.

e) Que la demanda incoada (…) cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 992 de 1930 y Ley 57 de 1905, razón por la cual deberá admitirse y ordenar el lanzamiento solicitado”.

20. El 17 de diciembre siguiente, la Inspección de Policía de Bosconia adelantó diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho en el bien inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 de dicho municipio y alinderado como sigue: “NORTE: con predio del municipio o que fue de zona de carretera; SUR: con hermanos Armenta. ESTE: con Hernando Uribe Morón Lobo y OESTE: con carrera 18. Se dispuso el desalojo. En el acta se hizo constar, además de los linderos ya referidos la oposición (fls. 1-4 cd proceso civil):

“(…) en el predio encontramos al Dr. Neiro José Alvis Barranco (…) a quien se le hizo saber el objeto de la diligencia y manifestó: me opongo por las siguientes razones de orden jurídico: en un evidente fraude procesal por parte de don Rodrigo Villarreal Contreras en concurso con el delito de falsedad ha puesto en movimiento a este despacho, por cuanto mi mandante viene poseyendo en forma quieta, tranquila y pacífica desde el 27 de octubre del presente año, no solo la pequeña franja de terreno pretendida por el querellante, sino todo el lote continuo y adyacente como lo paso a describir. Honorable inspectora le aporto en esta diligencia la copia auténtica de la diligencia del 27 de octubre de 2004, realizada por el juzgado promiscuo municipal de este municipio por comisión que le hiciera el juzgado segundo laboral de Valledupar, para el efecto, que le hiciera entrega del bien allí descrito y que mi mandante recibió en dicha fecha por disposición legítima de las autoridades del país y que viene desde dicha fecha no solamente con el recibo material, sino con la posesión quieta y tranquila de dicho bien a través de sus empleados. En dicha acta que usted recibe en estos momentos se describe el bien que mi mandante tiene en estos momentos en forma quieta y pacífica. Se dijo allí que el presente bien tiene los siguientes linderos: NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino con extensión de cincuenta metros; SUR: con (sic) son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, en extensión de 50 metros; ESTE: con predios que son o fueron Luis Quintero con una extensión de 20 metros; OESTE: con carrera 18 en medio, antes carrera 3ª. Como puede ver honorable inspectora el predio que le entregó el juez de la República el 27 de octubre a mi mandante por el lado OESTE dice claramente que colinda con la carrera 18 en medio, antes carrera 3ª, es decir lo que nosotros llamamos avenida hacia fundación (…), por lo expuesto, señora inspectora ud. en derecho no puede quitarle a mi mandante la posesión de un predio que el 27 de octubre se lo entregó un juez de la República como consta en los linderos, salvo caso que se quiera generar unas lamentables consecuencias jurídicas para la administración que representa. Dejo a su disposición si a bien lo tiene y si considera necesario abundar en la prueba para corrobor (sic) esta farsa a los señores Víctor Escaño y Ricardo Martínez. En el transcurso de la diligencia se hizo presente el Dr. Jhon Smith Garrido Barrios, personero municipal de este municipio. Seguidamente la señora inspectora autoriza o recepciona el testimonio de los señores Víctor Escano y Ricardo Martínez (…) PREGUNTADO: Diga el declarante al despacho desde cuando Ud. se encuentra en el predio el cual es materia de esta diligencia de lanzamiento. CONTESTO: Desde el 27 de octubre de 2004. PREGUNTADO: Diga el declarante los linderos que le corresponden al predio materia de esta diligencia. CONTESTÓ: NORTE: con el señor Jacinto Villarreal. SUR: con Freddy: ESTE, con un patio solo que desconozco el nombre del propietario y OESTE, con la llantería del frente. Seguidamente se escucha el testimonio del señor Víctor, corrijo, acto seguido el Dr. Jhon Smith Garrido Barrios, personero municipal interroga al declarante, así: PREGUNTADO. Diga al despacho si conoce al señor Rodrigo Villarreal Contreras, en caso afirmativo, desde cuándo lo conoce. CONTESTÓ: Si desde cuando llegué acá, hacen dos (2) meses, llegaba y lo saludaba y nos sentábamos a hablar un rato nada más (…).

(…).

Básicamente la parte accionada fundamenta su oposición en el hecho de que el predio donde funcionaba la estación de servicio distribuidora de combustible está contenido dentro de los bienes rematados por el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, dentro del área de los 1000 m2, tomando como consideración los linderos de dicho predio ya que según el abogado de la parte demandada dentro del punto cardinal OESTE, está comprendida la estación de servicio (…) y por último lo que a nuestro juicio nos parece relevante es la contestación de un derecho de petición, mediante el oficio Nº 1640 del 24 de noviembre de 2004, proveniente del juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, donde taxativamente expresa: “En respuesta a su derecho de petición, me permito informarle lo siguiente: … de conformidad con el proceso el establecimiento de comercio Auto Servicio Móvil no ha sido ni se encuentra afectado por medida cautelar alguna, lo que implica que sus propietarios son sus legítimos poseedores y este juzgado no ha establecido ninguna restricción para su funcionamiento o usufructo. De donde deriva que dicho establecimiento de comercio no hace parte de los bienes que fueron rematados por este juzgado”.

Todo lo anterior nos lleva a la lógica conclusión de que la oposición planteada por la parte accionada no es procedente y el despacho se ve en la obligación legal de no aceptarla y despachar desfavorablemente las pretensiones de la parte demandada, ya que el juez que conoce esta causa laboral que fue el mismo que ordenó el remate y desalojo mediante comisionado y al que el demandado hace alusión en su oposición claramente y sin asomo de dudas certifica que el bien en litigio no forma parte de los bienes que fueron rematados por este juzgado, lo que lleva al despacho no solo a negar la oposición sino a proteger la posesión del señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras tiene sobre el referido inmueble para lo cual se ordena también de inmediato el desalojo de los tanques de almacenamiento de combustible para que cese la perturbación de la posesión (…)”.

21. El 3 de febrero de 2005, el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras interpuso demanda de pertenencia de inmueble urbano por prescripción extraordinaria, contra las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 del municipio de Bosconia, Cesar. En los hechos se describe un inmueble sobre el que ha venido ejerciendo posesión, desde hace aproximadamente 36 años, con una extensión superficiaria de 300 metros cuadrados comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos (fls. 1-4 cd proceso civil):

“NORTE: con predios del municipio de Bosconia y mide 15 metros. SUR: con predios de los hermanos Armenta y mide 15 metros. ESTE: con predios del señor Hernando Uribe Morón y mide 20 metros. OESTE. Con carrera 18 en medio y mide 20 metros, tal y como consta en la escritura pública de declaración de mejoras y posesión, Nº 196 del 31 de agosto de 2004”.

Así mismo, se consigna que en el predio “se encuentran construidas (…) unas mejoras consistentes en una estructura de concreto, hierro y zinc, seis surtidores sobre bases de concreto para el expendio de gasolina y ACPM, tanques de almacenamiento de combustible subterráneos e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias” y que dicho lugar se ha destinado a la comercialización de combustible desde 1969. Se agrega que desde 1978 se creó la estación de servicio “Servimobil Bosconia Villarreal Hermanos Ltda.”, desde 1992 bajo el nombre “Autoservicio Móbil”.

De la misma manera expone que, mediante escritura pública Nº 196 del 31 de agosto de 2004 de la Notaría Única del Círculo de Bosconia, el poseedor declaró las mejoras atrás referidas y la posesión sobre el inmueble.

22. El 22 de febrero de 2005, el señor Hernando Uribe Morón a través de apoderado solicitó al alcalde municipal de Bosconia revocar las decisiones adoptadas en el proceso policivo seguido en su contra por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras. Entre otros aspectos, se señaló que la inspectora incurrió en vía de hecho (fls. 123-127 cd proceso civil). No obstante, el 28 de febrero de 2005, la alcaldía, mediante Resolución 008 resolvió negar la solicitud. Para el efecto sostuvo (fls. 128-130 cd proceso civil):

“(…) así las cosas, se procedió a sacar avante el presente proceso civil de policía con el estudio de las pruebas aportadas en la querella y las expuestas por el querellado al momento de la diligencia de lanzamiento y si bien es cierto que el accionante aportó algunas pruebas documentales en una etapa procesal no permitida, no resulta menos cierto que las aportadas de manera oportuna, como fueron 1º copia auténtica de la escritura Nº 196 de la notaría única de este municipio; 2º las declaraciones anticipadas rendidas por los señores: Luis José Vergara Jiménez, Carlos González Romero y Jhon Jairo Berrío; 3º copia de la carta catastral; 4º copia de la entrega del bien inmueble del juzgado promiscuo municipal de Bosconia-Cesar; 5º copia del oficio Nº 1011 del juzgado segundo laboral de Valledupar; 6º Resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (…) fueron fehacientes y contundentes para que el despacho confirmara que la posesión del predio en litigio radica en cabeza del accionante Villarreal Contreras, razón por la cual de manera motivada se ordenó que cesara la perturbación de la posesión decretándose consecuencialmente el lanzamiento del perturbador.

(…).

En este orden de ideas, es sumamente claro para este despacho que la solicitud de revocatoria no es procedente ya que la seguridad jurídica de los fallos es lo que mantiene nuestro Estado Social de Derecho y la vigencia de un orden justo (…)”.

23. En el proceso de pertenencia rindieron declaración los señores Julio Ramón Zuleta Araujo y Luis Eduardo De la Hoz Vergara sobre los actos de señor y dueño del señor Rodrigo Antonio Villarreal, representados en la compra y venta combustible, por más de veinticinco años en la estación de servicio ubicada en el municipio de Bosconia, “bien inmueble objeto de litigio” (fls. 163-166 cd proceso civil).

24. El 11 de agosto de 2005 el juzgado cuarto civil del circuito de Valledupar adelantó diligencia de inspección judicial. En el acta se hizo constar (fls. 168-169 cd proceso civil):

“(…) llegamos al lugar de la diligencia donde fuimos atendidos por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras demandante en el proceso que nos ocupa, quien enterado de la diligencia se puso a disposición del juzgado. En este estado de la diligencia compareció el doctor Hugo G. Abello Padilla, apoderado de la parte demandante, quien se encuentra debidamente reconocido. Seguidamente el juzgador procedió a constatar el inmueble objeto de la presente diligencia y verifica que está alinderado de la siguiente forma: NORTE: en 15 m. lineales con predio de cuya posesión ostenta el señor Jacinto Villarreal Contreras, SUR: con predio de los hermanos Armenta en una extensión de 15 m. lineales, OESTE: con carrera 18 en medio en una extensión de 20 m. lineales y ESTE: en 20 m. con predio del señor Hernando Morón en el inmueble objeto de la prescripción encontramos 4 columnas que están soportando un techo de estructura metálica con láminas de zinc que hace las veces de cielo raso y láminas de zinc que hace las veces de cubierta, estas columnas (4) constituyen 2 de ellas islas en concreto para la distribución de gasolina con 5 surtidores, 3 al frente y 2 atrás, se puede constatar que el piso es terreno natural y enterrados se encuentran en la parte sur del predio 3 tanques de almacenamiento con sus respectivas instalaciones con tapas en hierro y paredes en concreto, estos tanques según el señor Villarreal tienen una capacidad de dos de 15.000 y uno de 11.000 galones (sic). En este estado de la diligencia el juzgador le informa al perito que si es su intención rendir el dictamen dentro de esta diligencia o con posterioridad, manifestando que lo haría en la última forma, fijando el despacho un término judicial de 7 días hábiles (…)”.

25. El 22 de agosto de 2005, el arquitecto Wilde Tomas Araujo Ortega rindió el dictamen solicitado así (fls. 180-184 cd proceso civil):

3. Linderos

Norte: En 15 metros lineales con predio cuya posesión ostenta el señor Jacinto Villarreal Contreras.

Sur: en 15 metros lineales con predio de los hermanos Armenta.

Este: En 20 metros lineales con predio del señor Hernando Uribe Morón.

Oeste: En 20 metros lineales con carretera nacional que conduce a Barranquilla o carrera 18 en medio antes carrera 3.

4. Áreas

Área total del lote o predio: 300 m2 

Área edificada o construida: Islas 6 m. y techo de estructura metálica y cubierta cielo raso en zinc soportadas en columnas de concreto, 3 tanques de abastecimiento enterrados.

Área primer piso 15.00 m. x 20.00 m. = 300 m2

5. Información urbanística

El lote está localizado en la parte céntrica del perímetro urbano de Bosconia (…) en el barrio el centro, en un área según el esquema de ordenamiento territorial (EOT) está clasificada en el artículo 231 grupo II inciso V como área de actividad mixta y el uso de suelo es compatible con el área de actividad comercial desarrollada y vivienda de 1 o 2 pisos (…)

6. Servicios públicos

Como dije antes cuenta con los servicios de: agua, luz, alcantarillado y teléfono.

7. Clase y descripción de la construcción y mejoras

Se trata de un lote que se destina para la comercialización de gasolina ACPM y otros derivados, (…) para el servicio de automóviles y carros pesados, cabe anotar que cuenta con dos islas en concreto (…).

(…).

10. Antigüedad de la construcción y mejoras.

Se pudo establecer que las islas tienen una antigüedad no menor de 25 años y no mayor de 35 años. Lo mismo se determinó que la estructura metálica y su techo tiene una edad aproximada de 14 a 16 años, así mismo las instalaciones hidrocombustible (…) tiene una edad no menor de 20 años y que aquí se ha ejercido la comercialización de esta estación de gasolina por tiempo indeterminado por más de 35 años. Las construcciones aledañas tales como son las rematadas por el señor Hernando Uribe Morón Lobo que en los planos anexo defino claramente se podría estipular su edad entre 28 y 30 años. Así mismo la propiedad del señor Jacinto Villarreal que de una u otra forma estuvieron relacionadas o fueron la misma edificación y posteriormente separadas por razones de partición y lógicamente después entregadas por un juzgado rematador y que estipula claramente que lo entrega (sic) física obedece únicamente a la construcción y no a parte en litigio (…)”.

Conclusiones

1. Que la EDS autoservicio móbil fue construida en un remanente de terreno cuya posesión han estado ostentado un sin número de personas por más de 20 años, sin que existan títulos de propiedad.

2. Que efectuada una confrontación o comparación de los diferentes planos históricos levantados por catastro o Instituto Geológico (sic) Agustín Codazzi en el área donde se encuentra ubicado el inmueble inspeccionado, nos permitimos concluir claramente que es un remanente sin título alguno, lo cual hoy en día está bajo la posesión de un número no determinado de personas, que lo ocupan en virtud a espacio que dejó la carrera 3ª que la corrieron más al lado oeste hoy día la carrera 18 (…)”.

3. Que el predio cuya prescripción se solicita no fue incluido dentro del inmueble que remató el juzgado segundo laboral de familia (sic) de la ciudad de Valledupar y entregado por el juzgado promiscuo de Bosconia, en esta entrega una casa lote con un área de 1.000 metros cuadrados con sala, comedor, cocina, baño, medidas y construcción constatadas en esta diligencia de inspección.

Avalúo

Área 300 m2 

Valor de la zona $ 350.000

Valor lote $ 105.000.000

Construcción

Valor de las mejoras: $ 45.000.000

Valor total del inmueble $ 150.000.000”.

Inversiones Morón Peña y Cía Ltda., demandada en la pertenencia(6) objetó por error grave el dictamen, fundada en que el perito se extralimitó en lo expuesto en el informe, en tanto sostuvo que el predio en discusión no hace parte del predio que remató la sociedad. Así mismo, echa de menos los soportes de consulta de la carta catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También cuestionó el valor señalado por metro cuadrado en esa zona (fls. 200-201 cd proceso civil). El perito designado para resolver la objeción rindió informe el 15 de noviembre de 2005, en los siguientes términos (fls. 216-228 cd proceso civil):

“(…) el inmueble se encuentra localizado en la carrera 18 Nº 18-156 cabecera municipal de Bosconia, Cesar.

(…).

El inmueble está conformado por un lote de terreno de forma rectangular y topografía plana, en el cual funciona una estación de servicio donde se comercializa gasolina, ACPM, lubricantes (…).

I.1 Linderos y medidas: El inmueble está determinado por los siguientes linderos:

Norte: mide 15.00 metros y linda con inmueble cuya posesión ostenta Jacinto Villarreal Contreras.

Sur: mide 15.000 metros y linda con inmueble de los hermanos Armenta.

Este: mide 20.00 metros y linda con inmueble de Hernando Uribe Morón

Oeste: mide 20.00 metros y linda con vía troncal Bucaramanga-Barranquilla.

(…).

Área del lote 300 metros cuadrados (…)”

El informe se acompañó del siguiente plano:

f3
 

En respuesta a la solicitud de complementación y adición presentada por ambas partes (fls. 232-233 cd proceso civil), el perito sostuvo (fls. 240-241 cd proceso civil):

1. “(…) b) el inmueble en litigio no entró en remate que hizo el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, de acuerdo a acta de entrega que hizo el juzgado promiscuo de Bosconia al señor Uribe Morón (se destaca).

(…).

Además, en cuanto a la solicitud hecha por el abogado Neiro José Alvis Barranco, se aclara:

2. El inmueble en análisis no está incluido en el predio de 1000 metros cuadrados (50 metros de fondo por 20 metros de frente) que remató el señor Hernando Uribe Morón, pues, como lo afirmé antes es un área de terreno neta de 300 metros cuadrados, sin título de propiedad (se destaca).

3. Respondiendo al ítem 2, se confrontaron los documentos que están anexos al proceso con las medidas y linderos que se verificaron al hacer la visita y es por eso que se pudo constatar que el lote en estudio es quien (sic) limita en 20 metros por el oeste con la vía troncal Bucaramanga-Barranquilla, el lote de terreno rematado por Hernando Uribe Morón, es de 1000 metros cuadrados y no incluye al lote de terreno en estudio de 300 metros cuadrados” (se destaca).

26. El 5 de diciembre de 2006, el juzgado cuarto del circuito de Valledupar declaró que el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el “inmueble urbano ubicado en la carrera 18 Nº 18-156, con una extensión superficiaria aproximada de 300 m2 y distinguido por los siguientes linderos: NORTE: con predios del municipio de Bosconia (Cesar) y mide 15 m; SUR: con predios de hermanos Armenta y mide 15 m; ESTE: con predio del señor Hernando Morón y mide 20 m. y OESTE: con carrera 18 en medio y mide 20 m.”. Para el efecto, en la providencia se consideró (fls. 7-12 c. ppal. 255-260 cd proceso civil):

“En el caso examinado con las pruebas recaudadas, como las declaraciones de Julio Ramón Zuleta Araujo y Luis Eduardo De la Hoz Vergara, la inspección realizada, los peritazgos rendidos por dos auxiliares de la justicia (…) y la certificación del juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, se demostraron fehacientemente, que el señor Rodrigo Antonio Villareal Contreras, ha detentado la posesión material del inmueble pretendido, por un lapso superior a los 10 años exigidos.

En este sentido, los declarantes son coincidentes en que por más de 25 años conocen al demandante Rodrigo Villareal Contreras y que de manera interrumpida ha detentado la posesión de la bomba de gasolina y dedicado a esa actividad, con ánimo de señor y dueño.

También se acreditó que su condición de dueño emerge de los actos que realizó sobre el inmueble como son: las mejoras realizadas, infraestructura para la comercialización de combustible (estructuras de concreto, colocación de 6 surtidores, tanques almacenamiento, techo en zinc, etc.), mantenimiento del inmueble (pañete de paredes, pintura) y dotación de servicios públicos domiciliarios, con lo que se reúnen los requisitos axiológicos exigidos por la ley, para que la pretensión prospere.

Al proceso compareció la empresa Inversiones Morón Peña & Cía. S. en C., mediante apoderado, aseverando que el lote de terreno, pretendido por prescripción, hace parte de un terreno de mayor extensión que fue adquirido por ella por remate realizado el 20 de abril de 2004 en un proceso ejecutivo laboral, seguido en el juzgado segundo laboral del circuito, pero las constancias procesales controvierten esa afirmación.

En efecto, se ordenó un dictamen pericial al predio pretendido, con el objeto de que, de manera técnica, se determinara si el inmueble pretendido por la parte demandante hacía parte de otro de mayor extensión y se designó al arquitecto, Wilde Tomás Araujo Ortega, quien luego de realizar el estudio, concluyó que:

“El predio cuya prescripción se solicita no fue incluido dentro del inmueble que remató el juzgado segundo laboral de la ciudad de Valledupar y entregado por el juzgado promiscuo de Bosconia, en esta se entrega una casa lote con un área de 1000 m2 con sala, comedor, cocina, baño, medidas y construcción constatadas en esta diligencia de inspección”.

El dictamen anterior fue objetado por error grave por el apoderado de la sociedad demandada y de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil se ordenó un nuevo peritazgo para que resolviera sobre el error, designación que recayó sobre el auxiliar de la justicia Rafael Guillermo Consuegra Orozco quien lo rindió y ante una solicitud de aclaración indicó que de acuerdo a la visita realizada al inmueble y las pruebas existentes en el proceso:

“El inmueble en litigio, no entró en remate que hizo el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, de acuerdo a acta de entrega que hizo el juzgado promiscuo municipal de Bosconia al señor Uribe Morón”.

En lo referente a la solicitud puntual realizada por el apoderado de la sociedad demandada aclaró:

“El inmueble en análisis no está incluido en el predio de 1000 m. cuadrados (50 m. de fondo por 20 m. de frente) que remató el señor Hernando Uribe Morón, pues como lo afirmé antes es un área de terreno neta de 300 metros cuadrados, sin título de propiedad …

Siendo coincidentes los peritazgos, se pudo demostrar con claridad meridiana, que el inmueble rematado por al (sic) entidad Inversiones Morón Peña & Cía. no forma parte del predio pretendido por el demandante.

Si hubiera alguna duda, se despeja con la respuesta que ante un derecho de petición, hizo el juez segundo laboral del circuito de Valledupar, que remató el supuesto inmueble de mayor extensión, que incluiría el lote que se pretende prescribir, cuando afirma que:

“De conformidad con el proceso al establecimiento de comercio Auto Servicio Móbil, no ha sido ni se encuentra afectado por medida cautelar alguna, lo que implica que sus propietarios son sus legítimos poseedores y este juzgado no ha establecido ninguna restricción para su funcionamiento o usufructo. De donde deriva que, dicho establecimiento de comercio no hace parte de los bienes que fueron rematados por este juzgado”.

Fluye como corolario del razonamiento, que la excepción de mérito propuesta de “carencia de los requisitos esenciales para la prosperidad de la acción de pertenencia” no tiene vocación estimatoria, en la medida que las pruebas, lo que demuestran son que absolutamente se reunieron todos los presupuestos axiológicos para que se despacharan favorablemente las pretensiones”.

27. El 18 de mayo de 2007, la Sala civil familia laboral del Tribunal Superior de Valledupar confirmó en su integridad la anterior decisión. Para el efecto, luego de detenerse en el análisis de los artículos 665, 762 y 2512 del Código Civil señaló (fls. 13-26 c. ppal.):

“Dice el actor poseer el bien inmueble que pretende adquirir por prescripción, desde el año mil novecientos sesenta y nueve (1969) entre otras razones por haber ejecutado sobre el mismo diversas modificaciones y arreglos en pro de su mantenimiento y conservación, así también efectuado el pago de los impuestos y servicios públicos correspondientes, todo lo cual en su concepto constituye, actos de ánimo de señor y dueño.

En aras de demostrar su dicho, trae al proceso, entre otras pruebas, las documentales consistentes en una escritura pública Nº 196 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil cuatro (2004), suscrita por la Notaría Única del Círculo de Bosconia Cesar, la cual relaciona las mejoras efectuadas al inmueble, así como el tiempo de posesión sobre el mismo, certificado de paz y salvo de impuestos, recibos de pagos de servicios públicos, certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio “Auto servicio móvil”, expedida por la Cámara de Comercio de Valledupar y, certificación del tiempo de duración de la sociedad “Servi Móbil Bosconia Villareal Hnos. Ltda.”. suscrita por el secretario de la Cámara de Comercio de Valledupar, visible entre folios 6 y 13 del cuaderno principal, las cuales produce certeza sobre la posesión del bien inmueble que pretende adquirir por prescripción extraordinaria.

Máxime si dichas pruebas documentales están en consonancia con las declaraciones de Julio Ramón Zuleta Araujo y Luis Eduardo de la Hoz Vergara (…), los cuales coinciden en afirmar que el actor ha detentado la posesión del inmueble pretendido durante más de veinticinco (25) años con ánimo de señor y dueño, por lo que, en esas condiciones probatorias, no existe asomo de duda que el demandante haya tenido la posesión de ese bien.

No obstante, la sociedad Inversiones Morón Peña, se opone a esa pretensión argumentando para ello en su recurso de apelación que dicho inmueble es de su propiedad ya que forma parte de otro de mayor extensión que fue objeto de embargo, secuestro y remate en un proceso laboral siendo demandado entre otros, el actor en este asunto, hecho ese que en su concepto lo demuestra la diligencia de remate.

Al respecto, esta Sala encuentra que los dos dictámenes periciales y la aclaración del segundo (…), coinciden en concluir que el bien inmueble pretendido por el actor es un área de terreno de 300 m2, sin título de propiedad y que no forma parte del predio de 1000 m2 que fue rematado por el juzgado segundo laboral del circuito Valledupar, tal como lo corrobora el titular de ese despacho judicial en respuesta al derecho de petición presentado por el actor (…), donde afirma que el establecimiento de comercio “Auto Servicio Móbil” no hace parte de los bienes que fueron rematados por ese juzgado.

Así las cosas, se hace indubitable la posesión real, material, pacífica, pública e ininterrumpida que ha ejercido el pretenso prescribiente por más de veinte años sobre el inmueble que ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 50 de 1936, norma anterior a la Ley 791 de 2002, aplicable en este caso por cuanto se puede observar que el actor no ha poseído el bien inmueble objeto de este proceso por un tiempo igual a los diez (10) años con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última ley; de manera, que esa situación jurídicamente le permite que su situación de hecho derive en propiedad, es decir se convierte en dominio real sobre el bien inmueble supracitado”.

28. En el folio de matrícula inmobiliaria del predio identificado con el número 190-89662 impreso el 22 de agosto de 2007, la adjudicación mediante remate a favor de Inversiones Morón Peña y Cía. S. en C. corresponde a la anotación Nº 10. La preceden anotaciones así (fls. 4-6 c. ppal.):

“(…)

Anotación: Nº 8 fecha 24/6/2003 (…)

Doc: oficio 809 del 17/6/2003 juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar

Especificación medida cautelar. 401 embargo acción personal

Personas que intervienen en el acto

De: Vega Molina Ledys María

A: y otros

A: Arias Ochoa Dolores Mercedes.

Anotación: Nº 9 fecha 10/5/2004 (…)

Doc: Auto SN del 20/4/2004 juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar se cancela anotación Nº 8

Especificación cancelación. 0754 Cancelación embargo ejecutivo con acción personal

Personas que intervienen en el acto

De: juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar”.

29. Al plenario se allegó la matrícula Nº 00071037 abierta el 5 de agosto de 2004 del establecimiento de comercio de la estación de servicio Laura Dayana de propiedad de la demandante. En el certificado se registra como dirección la carrera 18 Nº 18-150 de Bosconia, la actividad económica de compra y venta de combustibles, compra y venta de lubricantes y aditivos (fls. 27-28 c. ppal.).

30. Se recepcionó declaración a los señores Adaulfo Botto Sánchez quien sostuvo ser asistente de contabilidad de la empresa actora. Específicamente señaló (fls. 86-87 c. ppal.):

“La empresa Inversiones Morón Peña, compró un establecimiento de comercio en el municipio de Bosconia, para allí construir una estación de servicio, la cual se llama Laura Dayana porque esta se encuentra constituida ya en Cámara de Comercio y todos los requisitos ante el Ministerio de Minas. Eso ocurrió a comienzos del año 2004, cuando la empresa adquirió el inmueble y así mismo obtuvo también todos los suministros para dicho funcionamiento, como son tanques de combustible, surtidores, accesorios, los cuales en la actualidad se encuentran en la ciudad de Valledupar, en las instalaciones de la oficina de Inversiones Morón Peña. La empresa (…) se encarga de construir o adquirir estaciones de servicio, y así lograr unos lucros. Con la estación de servicio Laura Dayana, no se logró esto, puesto que fue imposible poner a funcionar dicha estación, porque se encontraba totalmente encerrada o sin acceso hacia la carretera de la troncal, dejando así de recibir los ingresos (…) PREGUNTADO: Por su experiencia en el manejo contable de la compañía, cuántas utilidades o a cuánto ascienden las utilidades que produce una bomba de similares características a la que se planeaba construir en el municipio de Bosconia. CONTESTÓ: eso tiene un promedio de cuarenta a cincuenta millones de pesos mensuales.

Por su parte, el señor Armando de Jesús Martínez Rincones, contador de la compañía, precisó que las pérdidas por la frustración del negocio de venta de combustibles ascendieron entre cuarenta y cinco ($ 45.000.000) y cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) mensuales. Además, indicó (fls. 88-90 c. ppal.):

“La compañía Inversiones Morón Peña realizó la adquisición de un bien inmueble ubicado en el municipio de Bosconia; esta adquisición se realizó a través de un remate, su contabilización se efectuó acorde con los parámetros establecidos en la operación contable, incorporado financieramente en las operaciones de la compañía, se procedió a hacer su registro comercialmente en la cámara de comercio, con la razón social estación de servicio Laura Dayana, al adelantar estos procedimientos, la compañía hizo las adquisiciones correspondientes al montaje de la estación de servicio como son tanques, surtidores demás elementos que se requieren para la infraestructura (…) transcurrido un tiempo no pudo ser realizada ésta, por pérdida de una parte del lote del bien inmueble adquirido, y esa parte del lote era la que le daba la salida hacia la vía que era la troncal de Bosconia-Fundación-Barranquilla”.

31. El 18 de noviembre de 2008, un perito avaluador rindió concepto sobre el lote de terreno de 300 metros cuadrados ubicado en la carrera 18 Nº 18-50 del municipio de Bosconia. Para el efecto, luego de describir el bien y precisar que en él se encuentra una estación de servicio y que se encuentra ubicado en un punto estratégico del municipio de Bosconia, determinó que el lote tiene un valor de $ 60.000.000 adjuntó un plano en el que se precisa la dirección del inmueble como carrera 18 Nº 18-156. (fls. 93-97 c. ppal.).

32. El 19 de noviembre de 2008, el tribunal practicó diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la empresa Inversiones Morón Peña & C. S en C. ubicada en la ciudad de Valledupar en la carrera 8 Nº 15-45. En el acta se hizo constar la presencia de dos tanques de combustible, que por su estado indicaba que había sido usados, con capacidad para 6.000.000 de galones cada uno. Así mismo, se precisó la existencia de dos surtidores de gasolina, remanufacturados. De los elementos descritos se dejó constancia fotográfica (fls. 98-101 c. ppal.).

33. El 4 de diciembre de 2008, rindió dictamen el perito designado para determinar los perjuicios causados al actor. El experto se refirió al lucro cesante consolidado del periodo comprendido entre el 20 de abril de 2004 y una proyección de 20 años de explotación de la estación de servicio Laura Dayana, “teniendo en cuenta que era una bomba con capacidad para 40.000 galones de almacenamiento y considerando la utilidad neta de cada galón, después de pagar todos los gastos operativos”. En el desarrollo del documento se refiere al lucro cesante presente y futuro, así como a los intereses por el mismo concepto, arrojando un total de “tres mil ochocientos ochenta y un millones novecientos sesenta y seis mil doscientos catorce pesos ($ 3.881.966.214,00)” y teniendo en cuenta que la empresa Inversiones Morón Peña es propietaria de otras estaciones de servicio y se encuentra “bien consolidada, ya que este perito puedo averiguar que goza de un excelente prestigio comercial, que las sedes comerciales de sus establecimientos de comercio son excelentes y que además, tiene sus propios vehículos para el transporte de combustible para el aprovisionamiento de la materia prima para el desarrollo de dicha actividad y también se pudo verificar que dicha sociedad posee una excelente solidez financiera”.

El valor atrás referido resulta de sumar el capital indexado ($ 1.023.277.940) que se presenta como lucro cesante pasado y el lucro cesante futuro ($ 2.828.688.274).

El informe se acompaña de registro fotográfico que corresponde al “Autoservicio Móbil” de la ciudad de Bosconia y se sostiene “aquí funcionaría EDS Laura Dayana”. También se aportaron fotografía de la estación de servicio “El Bosque” (fls. 102-124 c. ppal.).

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes la parte actora solicita declarar responsable a la Nación-rama judicial por los perjuicios sufridos como consecuencia del error judicial, en que presuntamente incurrió como consecuencia de la declaratoria de pertenencia de parte un bien que le había sido adjudicado en remate.

Al respecto, es importante precisar que la ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996) en el artículo 65 desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En Sentencia del 11 de mayo de 2011 esta corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia”.

(…)

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”(7).

En el sub lite se encuentra acreditado que, la señora Ledys María Vega Molina, reclamó por la vía ordinaria laboral su condición de trabajadora del establecimiento de comercio Auto Servicio Móbil, de propiedad de los señores Dolores Mercedes Arias Ochoa, Rosana Villareal de Martino y Jacinto, Miguel Ángel y Rodrigo Villareal Contreras. Adelantado el trámite respectivo y establecida la relación laboral los demandantes fueron condenados al pago prestaciones e indemnizaciones reclamadas. Decisión que fue apelada por los demandados y confirmada en providencia del 11 de marzo de 2003.

Así mismo, se tiene certeza que la señora Vega Molina acudió a la vía ejecutiva para hacer efectiva la sentencia proferida el 11 de julio de 2002 por el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar y que, como medida cautelar solicitó el embargo y secuestro “del inmueble urbano ubicado en el municipio de Bosconia, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 19089662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, con un área de 1000 metros cuadrados, ubicado en la carrera 3ª Nº 13-152 cuyos linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la escritura 882 del 20 de octubre de 1997 de la Notaría de Bosconia”. A la demanda se adjuntó el folio de matrícula Nº 19089662 expedido el 26 de mayo de 2003 por la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, apertura que data del 29 de marzo de 1998. Se trata de un lote de terreno con área de 1000 metros cuadrados y, aunque no figura el alinderamiento, el mismo se estableció en la escritura Nº 882 del 20 de octubre de 1997 de la Notaría de Bosconia. Registra la nomenclatura urbana carrera 3ª Nº 13-152 del mismo municipio. En la anotación Nº 2 se registra el englobe mediante la escritura pública antes enunciada, por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, mismo que luego transfirió el inmueble a la señora Dolores Mercedes Arias Ochoa, mediante escritura pública Nº 063 del 25 de marzo de 2000 de la Notaría Única de Bosconia.

Decretado e inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 19089662 el embargo del bien inmueble, el 16 de julio de 2003, por comisión el juzgado promiscuo municipal de Bosconia adelantó diligencia de secuestro de “un inmueble urbano (…) ubicado en la carrera 3ª Nº 13-52 del municipio de Bosconia, Cesar”. En el acta se hizo constar la presencia del señor Rodrigo Villarreal Contreras y en la identificación del bien “se trata de una casa de habitación, ubicada en la carrera 18 Nº 18-150, antes carrera 3ª Nº 13-52, como linderos se especificó “ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con veinte metros (20 m.); OESTE: con predio que es o fue de Jesús Muñiz, y carrera 18 en medio, antes carrera 3ª; en veinte metros (20 m.), NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino, en cincuenta metros (50 m.) y SUR, con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo; en cincuenta metros (50 m.)”. Así mismo se describió la distribución del bien así: “Sala principal, seguidamente encontramos una habitación, una sala comedor, una cocina y un baño, frente a la sala comedor se encuentran dos dormitorios, en patio está un corredor y un el patio también se encuentra construido una pieza de ladrillo otra en bloques de cemento. El inmueble en su totalidad se encuentra construido con ladrillo, techado con eternit con pisos de cemento y totalmente tapiado”.

En firme la providencia que dispuso seguir adelante la ejecución, el 18 de abril de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar decretó el remate del bien inmueble embargado y secuestrado. En esta oportunidad se indicó que “Se trata de un bien inmueble consistente en una casa lote, situada en la carrera 18 Nº 18-150, antes carrera 3a Nº 13-152 del municipio de Bosconia, con una extensión de 1000 metros cuadrados cuya matrícula inmobiliaria es la 190-0089662 de Instrumentos Públicos de Valledupar” fue avaluado “en la suma de $ 37.360.550.00”.

De igual manera, se sabe que el 20 de abril de 2004, el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar adelantó diligencia de remate del inmueble, previamente embargado y secuestrado. En el acta se hizo constar que “se trata de un bien inmueble urbano situado en el municipio de Bosconia identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-0089662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, con nomenclatura carrera 18 Nº 18-150 antes carrera 3ª Nº 13-152, con una extensión superficiaria de 1000 m2, cuyos linderos son NORTE: con predios que son o fueron (sic) de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino en extensión de 50 metros; SUR: con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, en extensión de 50 metros; ESTE: con predios que son o fueron Luis Quintero (sic) con una extensión de 20 metros; OESTE: con carrera 18 en medio, antes carrera 3ª y con predio que es o fueron de Jesús Muñiz”.

Así mismo, no existe duda respecto de que el bien atrás descrito fue adjudicado a la sociedad Inversiones Morón Peña y Cía. S. En C., única postora, en la persona del señor Hernando Uribe Morón, quien la representaba, por la suma de “veintiséis millones ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 26.152.385). En esta oportunidad se precisó que “el inmueble rematado fue adquirido por la demandada Dolores Mercedes Arias Ochoa, mediante compraventa que le hiciera a Rodrigo Antonio Villarreal Contreras, según escritura pública Nº 063 del 25 de marzo de 2000, de la Notaría Única de Bosconia”.

En la diligencia de entrega, adelantada el 27 de octubre de 2004, por el juzgado promiscuo municipal de Bosconia se hizo constar que el inmueble “se encuentra ubicado en la carrera 18” pero que “en el inmueble no aparece nomenclatura” y se consignaron los siguientes linderos “NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villarreal y Rossana Villarreal de Martino, con extensión de 50 m. SUR: con (sic) o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, con extensión de 50 m. ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con extensión de 20 m. y OESTE con carretera 18 en medio, antes carrera 3ª, y predios que son o fueron de Jesús Muñiz” así mismo se hizo constar que “el inmueble descrito se encontró totalmente desocupado (ilegible) se hace la entrega real y material al señor Hernando Uribe Morón (…) y lo recibe a entera satisfacción (…)”.

Ahora bien, se sabe que sobre el bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 1900089662 se adelantó una actuación administrativa por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro de la que se informó al juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar el 25 de julio de 2003, “tendiente a clarificar situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 190-0054102 y 1900089662 por tratarse del mismo bien”. Esta actuación se resolvió el 16 de enero de 2004, por la Registradora de Valledupar mediante Resolución 002 en el sentido de abstenerse de cancelar y dejar sin efecto la matrícula inmobiliaria 190-0054102 con fundamento en que “no existe identidad registral que oriente (…) a determinar la dualidad de folios”.

De la certificación emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se puede extraer que el predio Nº 010100030032000 tiene por matrícula inmobiliaria el número 1900089662, con área de terreno: 1000 m2, un área construida de 53 m2, ubicado en la carrera 3ª Nº 13-152 de Bosconia.

Así mismo, se encuentra acreditado que el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar respondió derecho de petición formulado por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras y señaló que “el establecimiento de comercio Auto Servicio Móbil, no ha sido ni se encuentra afectado por medida cautelar alguna, lo que implica que sus propietarios son sus legítimos poseedores y este juzgado no ha establecido ninguna restricción para su funcionamiento o usufructo. De donde deriva, que dicho establecimiento de comercio no hace parte de los bienes que fueron rematados por este juzgado”.

De igual manera, se tiene certeza que el 14 de abril de 2004, la Inspección de Policía de Bosconia admitió la querella de lanzamiento por ocupación de hecho formulada por el señor Rodrigo Antonio Villareal Contreras en contra del señor Hernando Uribe Morón Lobo y que se decretó el lanzamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 del mismo municipio alinderado por el “NORTE, con predio del municipio de Bosconia o lo que de zona carretera y mide 15 metros; SUR, con predio de los hermanos Armenta y mide 15 metros; ESTE, con predio de Hernando Uribe Morón y mide 20 metros, OESTE, con carrera 18 en medio y mide 20 metros”. El 14 de diciembre de 2004, la Inspección de Policía del municipio de Bosconia, entre otros aspectos, resolvió admitir la demanda de lanzamiento por ocupación de hecho contra Hernando Uribe Morón Lobo y decretarle el lanzamiento. Diligencia adelantada el 17 de diciembre de 2004, por parte de la Inspección de Policía de Bosconia en esta oportunidad se dijo que se trata de un bien inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 de dicho municipio que se distingue por los siguientes linderos: “NORTE: con predio del municipio o que fue de zona de carretera; SUR: con hermanos Armenta. ESTE: con Hernando Uribe Morón Lobo y OESTE: con carrera 18.

En el acta se hizo constar la oposición de la compañía actora. Puso de presente que desde el 27 de octubre del mismo año posee no solo la pequeña franja de terreno pretendida por el querellante, sino todo el lote contiguo, por adjudicación en remate del juzgado segundo laboral de Valledupar. La Inspección de Policía precisó que la oposición no era procedente y ordenó el desalojo inmediato, porque analizadas las pruebas se concluye que el bien en litigio no forma parte de los bienes adquiridos por la sociedad en la diligencia de remate varias veces referida. La decisión fue confirmada por el alcalde municipal el 28 de febrero de 2005.

Finalmente, se conoce que el 3 de febrero de 2005, el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras interpuso demanda de pertenencia de inmueble urbano sobre el inmueble ubicado en la carrera 18 Nº 18-156 del municipio de Bosconia, Cesar. En desarrollo de este asunto, en el que compareció la parte actora como demandado, el 11 de agosto de 2005 el juzgado cuarto civil del circuito de Valledupar realizó diligencia de inspección judicial en la que se precisó que el inmueble el alinderamiento de la siguiente forma: NORTE: en 15 m. lineales con predio de cuya posesión ostenta el señor Jacinto Villarreal Contreras, SUR: con predio de los hermanos Armenta en una extensión de 15 m. lineales, OESTE: con carrera 18 en medio en una extensión de 20 m. lineales y ESTE: en 20 m. con predio del señor Hernando Morón. Se indicó la destinación del inmueble a la venta de gasolina.

Ahora bien, los dos peritos que rindieron dictamen en el proceso declarativo de pertenencia fueron coincidentes en afirmar que el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar remató un inmueble diferente, entregado a la sociedad actora en este asunto por pedido de su representante legal. Quedó claro que en el proceso de pertenencia se pretendía la declaración de dominio sobre 300 metros cuadrados de terreno, sin título de propiedad.

En el proceso declarativo de pertenencia se profirió sentencia el 5 de diciembre de 2006. El juzgado cuarto del circuito de Valledupar declaró que el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras adquirió por prescripción extraordinaria de dominio del “inmueble urbano ubicado en la carrera 18 Nº 18-156, con una extensión superficiaria aproximada de 300 m2 y distinguido por los siguientes linderos: NORTE: con predios del municipio de Bosconia (Cesar) y mide 15 m; SUR: con predios de hermanos Armenta y mide 15 m; ESTE: con predio del señor Hernando Morón y mide 20 m. y OESTE: con carrera 18 en medio y mide 20 m”. La decisión fue confirmada el 18 de mayo de 2007 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar.

El siguiente cuadro se resume lo expuesto así:

ActuaciónFolio de matrícula inmobiliariaNomenclaturaÁreaDescripciónLinderos
Solicitud medida cautelar proceso ejecutivo laboral19089662Cra. 3 Nº 13-1521000 m. Consignada en la escritura pública 882 del 20 de octubre de 1997Consignados en la escritura pública 882 del 20 de octubre de 1997
Diligencia de secuestroNo se señalaCra. 3 Nº 13-52 (antes)
Cra. 18 Nº 18-150 (ahora)
No se precisaCasa de habitación.ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con veinte metros (20 m.); OESTE: con predio que es o fue de Jesús Muñiz, y carrera 18 en medio, antes carrera 3ª; en veinte metros (20 m.), NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino, en cincuenta metros (50 m.) y SUR, con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo; en cincuenta metros (50 m.).
Decreto de remate 190-0089662Cra. 3ª Nº 13-152 (antes)
Cra. 18 Nº 18-150, (ahora)
1000 m2Casa-loteNo se precisan
Diligencia de remate190-0089662Cra. 3 Nº 13-152 (antes)
Cra. 18 Nº 18-150 (ahora)
1000 m2No se describeNORTE: con predios que son o fueron (sic) de Jhon Jacinto Villareal y Rossana Villareal de Martino en extensión de 50 metros; SUR: con predios que son o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, en extensión de 50 metros; ESTE: con predios que son o fueron Luis Quintero (sic) con una extensión de 20 metros; OESTE: con carrera 18 en medio, antes carrera 3ª y con predio que es o fueron de Jesús Muñiz.
Diligencia de entregaNo se indicaCra. 18, sin nomenclaturaNo figuraNo se describe“NORTE: con predios que son o fueron de Jhon Jacinto Villarreal y Rossana Villarreal de Martino, con extensión de 50 m. SUR: con (sic) o fueron de los hermanos Armenta y José Guevara Trujillo, con extensión de 50 m. ESTE: con predios que son o fueron de Luis Quintero, con extensión de 20 m. y OESTE con carretera 18 en medio, antes carrera 3ª, y predios que son o fueron de Jesús Muñiz
Certificación emitida por el IGAC190-0089662Cra. 3 13-1521000 m2 ÁREA CONSTRUIDA: 53 m2No se precisan
Diligencia de lanzamiento por ocupación de hechoNo se precisaCra. 18 Nº 18-156No se indicaNo se describe“NORTE: con predio del municipio o que fue de zona de carretera; SUR: con hermanos Armenta. ESTE: con Hernando Uribe Morón Lobo y OESTE: con carrera 18.
Inspección judicial proceso civil de pertenencia No se precisaCra. 18 Nº 18-156 4 columnas que están soportando un techo de estructura metálica con láminas de zinc que hace las veces de cielo raso y láminas de zinc que hace las veces de cubierta, estas columnas (4) constituyen 2 de ellas islas en concreto para la distribución de gasolina con 5 surtidores, 3 al frente y 2 atrás, se pude constatar que el piso es terreno natural y enterrados se encuentran en la parte sur del predio 3 tanques de almacenamiento con sus respectivas instalaciones con tapas en hierro y paredes en concreto, estos tanques según el señor Villarreal tienen una capacidad de dos de 15.000 y n de 11.000 galonesNORTE: en 15 m. lineales con predio de cuya posesión ostenta el señor Jacinto Villarreal Contreras, SUR: con predio de los hermanos Armenta en una extensión de 15 m. lineales, OESTE: con carrera 18 en medio en una extensión de 20 m. lineales y ESTE: en 20 m. con predio del señor Hernando Morón
Sentencia declarativa de pertenencia Cra. 18 Nº 18-156300 m2 Norte: con predios del municipio de Bosconia (Cesar) y mide 15 m; SUR: con predios de hermanos Armenta y mide 15 m; ESTE: con predio del señor Hernando Morón y mide 20 m. y OESTE: con carrera 18 en medio y mide 20 m.”

Ahora bien, se debate la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico ocasionado a la sociedad Inversiones Morón Peña y Cía. S. en C., como consecuencia del error judicial, en que presuntamente incurrió la demandada en razón de la declaratoria de pertenencia de parte un bien adjudicado en remate a la sociedad actora conforme el artículo 90 de la Constitución Política. Esto es se solicita la reparación del daño que la actora centra en la pérdida del dominio de 300 metros por declaración de pertenencia a favor de un tercero, de un bien inmueble de 1000 metros que se le había adjudicado en remate en un proceso ejecutivo laboral. Aduce, así mismo que la pérdida del terreno que lo comunicaba con la vía principal le significó no poner en funcionamiento una estación de servicio.

Analizadas las pruebas obrantes en el plenario y en atención a precisar si existe daño antijurídico es importante señalar que el actor no acreditó el daño invocado, esto es que los 300 metros adquiridos por declaración de pertenencia por el señor Rodrigo Antonio Villarreal Contreras hacen parte del predio de 1000 metros adquirido por la sociedad en remate adelantado en un proceso ejecutivo laboral a la actora.

Lo anterior si se considera que los peritos en el proceso civil declarativo de pertenencia fueron contestes en señalar que los 300 metros no hacían parte del terreno de 1000 metros adjudicado en remate a Inversiones Morón Peña y Cía. Específicamente, el informe rendido por el perito designado para resolver la objeción formulada en el proceso de pertenencia, señaló que se trata de un predio de “300 metros cuadrados” y en el plano que se adjuntó a dicho informe se evidencia que el lote de 1000 metros cuadrados es contiguo al bien objeto de pertenencia.

Así mismo, se conoce la respuesta al derecho de petición del juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar, en la que precisa que “el establecimiento de comercio Auto Servicio Móbil, no ha sido ni se encuentra afectado por medida cautelar alguna”. Se sabe también que en el predio poseído por el señor Villarreal Contreras funcionaba muchos años atrás la estación denominada “Auto Servicio Móbil”, establecimiento de comercio que no fue objeto de medida cautelar, como se puede constatar en el expediente del proceso laboral. La medida de embargo y secuestro versó sobre una casa de habitación, misma que fue rematada y entregada a la sociedad adquirente. Aspecto que ha debido advertirse por parte de la sociedad actora, en tanto que en las actas respectivas nada se dice respecto de una estación de servicio.

También está probado que la Superintendencia de Notariado adelantó actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria 1900089662 que culminó indicando que “no existe identidad registral que oriente (…) a determinar la dualidad de folios”.

Ahora bien, el despacho advierte diferencias en la nomenclatura urbana que identifica los predios, pues mientras en la diligencia de remate se enuncia la carrera. 18 Nº 18-150 en la sentencia declarativa de pertenencia se trata la carrera 18 Nº 18-156, aspecto indicativo de que se trata de predios contiguos.

Así las cosas, para la Sala no está clara la existencia de un daño pues la actora no probó, como le correspondía, que su patrimonio se haya visto afectado con la actuación de la administración de justicia, al contrario, existen elementos probatorios que desvirtúan lo expuesto por la sociedad en tanto dejan ver que el bien rematado es uno diferente del bien respecto del cual se declaró dueño al señor Rodrigo Villarreal en el proceso de pertenencia.

De acuerdo con lo anterior, ante la ausencia de certeza del daño debe la Sala confirmar la providencia, pues, la actora no acreditó, como era su deber, los elementos de la responsabilidad deprecada.

Finalmente, no se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello únicamente si su conducta así lo amerita y, en el sub lite, no se encuentra elemento alguno de temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFIRMAR conforme las consideraciones expuestas, la sentencia proferida el 29 de octubre de 2009 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar que negó las pretensiones y, en consecuencia:

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, presidente de la subsección—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) Socio gestor: Hernando Uribe Morón Lobo; socios comanditarios: Olga Lucía Peña Morón; Dayana Paola Morón Peña, Laura Vanessa Morón Peña (fls. 35-38 c. ppal).

(2) El recurso se formuló el 11 de noviembre de 2009 (fl. 161 cdno. ppal.) se concedió en providencia del 26 del mismo mes y año (fl. 163 cdno. ppal.). El 22 de enero de 2010 fue sustentado (fls. 169-180 cdno. ppal.) y esta corporación lo admitió el 26 de febrero de esa anualidad (fl. 182 cdno. ppal.).

(3) Consejo de Estado, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 17119.

(4) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

(5) En esta instancia se decretó (fl. 222 c. ppal.) y practicó (fls. 223 224 c. ppal.) inspección judicial en la que se dispuso incorporar en su integridad el expediente del proceso ordinario de pertenencia Nº 2001-31-03-004-2005-00008-00 adelantado ante el juzgado cuarto civil del circuito de Valledupar por el señor Rodrigo Villareal Contreras en contra de, entre otros, Inversiones Morón Peña y Cía. y el proceso ordinario laboral Nº 20001-31-05-002-2001-0171-00 adelantado en el juzgado segundo laboral del circuito de Valledupar por la señora Ledys maría Vega Molina en contra de, entre otros, el señor Jacinto Villareal Contreras. El contenido de los expedientes fue escaneado y reposa en dos cds que hacen parte integral del presente asunto.

(6) El 26 de mayo de 2005, el juzgado cuarto civil del circuito de Valledupar corrió traslado a la parte demandante de las excepciones formuladas por Inversiones Morón Peña y Cía Ltda. (fl. 74 cd proceso civil). En el escrito de contestación de las excepciones se aprecia que la excepción se denominó “carencia de los requisitos esenciales para la prosperidad de la acción de pertenencia” fundado en que el bien había sido adquirido por remate en proceso ejecutivo laboral (fl. 75-81 cd proceso civil).

(7) Sentencia del 11 de mayo de 2011. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.