Sentencia 2008-00020 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-28-000-2008-00020-00

Consejero Ponente:

Dra. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: José Ignacio Navarrete Lozano

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Referencia; Acción de nulidad

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver

Teniendo en cuenta las pretensiones consignadas en la demanda, se trata de establecer si es o no contrario al ordenamiento jurídico “el acto administrativo por el cual se dispuso por el Procurador General de la Nación, o quien haya hecho sus veces por delegación, la inclusión del señor José Ignacio Navarrete Lozano en el SIRI, bajo el Nº “200330467”, por una pena de arresto de 2 años, impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, el 21 de junio de 1995”.

2. Análisis de los cargos.

Tal como quedó consignado en las páginas que anteceden, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano impuso al señor José Ignacio Navarrete Lozano una pena privativa de la libertad de dos (2) años e interdicción de derechos para el desempeño de funciones públicas por el mismo tiempo, en razón de haber incurrido en una conducta delictiva: Dicha sanción fue registrada por la Procuraduría General de la Nación en el sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI), el día 27 de febrero de 1997, bajo el número 200330467, mediante actuación ésta que fue adelantada por la división de registro y control y correspondencia de dicha entidad.

En cuanto concierne al registro de las sanciones disciplinarias en el sistema antes mencionado, el artículo 174 de la Ley 734 de de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, prescribe lo siguiente:

ART. 174.—Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la división de registro y control y correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes. [El resaltado es ajeno al texto].

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1º del artículo 38 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.

Como bien se puede observar, el registro de una condena de carácter penal en el sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI), no es una decisión que pueda adoptarse en forma discrecional por parte de la Procuraduría General de la Nación. Antes por el contrario, se trata de un deber legal cuya ejecución y cumplimiento recae en la división de registro y control y correspondencia de ese organismo de control, en los términos del artículo 18 del Decreto-Ley 262 de 2000, en donde se dispone:

ART. 18.—División de registro y control y correspondencia. La división de registro y control y correspondencia tiene las siguientes funciones:

[…].

6. Registrar las sentencias penales que sean comunicadas por los jueces de conformidad con lo dispuesto en la ley. [El resaltado es ajeno al texto]

Como quiera que los cuestionamientos planteados por el actor en este proceso se orientan a desvirtuar la legalidad de un acto de mera ejecución realizado por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del deber legal ya referido, considera la Sala que las pretensiones de la demanda no tienen ninguna vocación de prosperidad. La anotación de una condena de carácter penal en el SIRI, comporta sin duda alguna un acto de simple ejecución que no tiene los alcances de un acto definitivo, pues no es dable afirmar que con el registro efectuado se haya puesto fin a una actuación administrativa o se haya creado, modificado o extinguido una situación administrativa de carácter individual, particular y concreto.

A propósito del tema, vale la pena recordar que los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo son claros al prescribir que sólo pueden impugnarse los actos administrativos definitivos, esto es, “[…] aquellos que ponen fin a una actuación administrativa o crean una situación jurídica particular”.

En lo que atañe específicamente al control jurisdiccional de los actos administrativos de ejecución, la Sala, mediante sentencia de 6 de marzo de 2003, con ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 6058-01, expresó:

Son actos administrativos de ejecución los que expide la administración en cumplimiento de un fallo judicial, que no son pasibles de control jurisdiccional por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un proceso administrativo. A su turno, el artículo 50 ibídem, definió que son actos definitivos, los que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, y que los actos de trámite solo ponen fin a una actuación cuando, por su contenido, hagan imposible continuarla.

En ese contexto normativo, se advierte que únicamente las decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, de modo tal que los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control; toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones.

[…]

Esta corporación en relación con el enjuiciamiento de los actos que se expiden para darle cumplimiento a una decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que tales actos no son pasibles de los recursos en la vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que creen situaciones jurídicas nuevas o distintas, que no es del caso.

[…] De modo que en lo atinente a esa petición los actos acusados no son susceptibles de ser examinados por esta jurisdicción, toda vez que de llegarse a declarar su nulidad, se estaría ante la repetición de lo que ya fue ordenado en la sentencia.

Si no fuera de esta manera, todo acto dictado en cumplimiento de una sentencia podría dar lugar a la iniciación de otro proceso contencioso administrativo, con lo cual se haría interminable la resolución del conflicto y desconocería la cosa juzgada, ya que la sentencia judicial, define una relación jurídica determinando derechos y obligaciones a cargo de las partes, los que no pueden ser discutidos dada la intangibilidad, de la cosa juzgada. [El resaltado es ajeno al texto].

En todo caso, no huelga subrayar que el Consejo de Estado excepcionalmente ha admitido la posibilidad de que algunos actos de ejecución, sean objeto de juzgamiento en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando quiera que la administración, al cumplir los designios de la autoridad judicial que dictó la sentencia que se quiere cumplir, rebase los alcances precisos de la misma. Es así como en sentencia proferida el 9 de agosto de 1991, expresó:

“Todo acto que se limite a generar el cumplimiento de la sentencia es un acto de ejecución. No obstante, si la administración al proferir el acto de ejecución se aparta del alcance del fallo, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que en el nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución, pues nace un nuevo acto administrativo, y por lo mismo controvertible judicialmente…”(3).

En consonancia con lo anterior, en providencia calendada el 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, de la cual fuera ponente el Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, la Sala sostuvo:

“[...] aun cuando a primera vista podría pensarse que por contener el acto administrativo acusado la decisión de dar cumplimiento a una providencia judicial pudiera estar enmarcado dentro de los actos de ejecución, no susceptibles de enjuiciamiento ante esta jurisdicción, habida cuenta que de tal acto se predica en la demanda que no se limitó a dar cumplimiento a una decisión judicial sino que, además, impuso obligaciones a la sociedad actora no previstas en la sentencia a ejecutar que le sirvió de fundamento, ni en norma legal alguna, en cuanto a este aspecto se refiere no puede considerarse el mismo como un simple acto de ejecución, razón por la cual es posible de enjuiciamiento a través de la acción instaurada” (4).

Teniendo en cuenta el sentido de las anteriores providencias y considerando que en el proceso bajo examen no se acreditó que las actuaciones desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación, hayan desbordado los alcances de la sanción penal impuesta al señor Navarrete Lozano, se concluye que su juzgamiento es improcedente por esta vía procesal.

Con fundamento en tales circunstancias, la Sala, invocando la facultad que le confiere el artículo 164 inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, declarará de manera oficiosa que la demanda es sustancialmente inepta, por no estar dirigida contra un acto administrativo de carácter demandable y, por lo mismo, se verá precisada a adoptar una decisión inhibitoria, ante la imposibilidad de hacer un pronunciamiento de fondo con respecto a la legalidad del acto de mera ejecución que aquí se controvierte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia, INHÍBESE de hacer un pronunciamiento de fondo.

En firme esta decisión, archívese el expediente.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de agosto de 2011.»

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de fecha 26 de marzo de 2009, Radicación 25000-23-24-000-1999-00414-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

(3) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de agosto de 1991, expediente 5934, actora Sociedad Atuesta Guarín y Pombo Ltda., C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de fecha 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.