Sentencia 2008-00023 de noviembre 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 25000-23-31-000-2008-00023-01

Radicación interna 2008-00023

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Referencia: Apelación Sentencia-Electoral

Demandante: Leonardo González Márquez y otros

Demandado: Concejales de Bogotá Distrito Capital, período 2008 - 2011

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil diez.

Superado el trámite de la segunda instancia se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en los procesos 2008-0009 y 2008-00022 y el demandado en el Proceso 2008-00023 contra la sentencia de 14 de abril de 2009, proferida por la Subsección “B”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a los artículos 129-2 y 231 del Código Contencioso Administrativo.

2. El acto electoral demandado.

Se trata del acta parcial de escrutinio de votos para Concejo de Bogotá concluida el 1º de diciembre de 2007, a través del cual se declaró la elección de concejales de Bogotá, período 2008-2011, contenido en el formulario E-26 CO.

3. Marco de la controversia en segunda instancia.

Tal como quedó visto los recursos de apelación presentados lo fueron por razón de las decisiones adoptadas respecto de las pretensiones de las demandas presentadas en los procesos 2008-0009, 2008-00022 y 2008-00023.

— En Expediente 2008-0009 se demandó el acto de elección de concejales del Distrito Capital de Bogotá, periodo 2008-2011, en cuanto declaró elegido al señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, pues a juicio del demandante se hallaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido concejal habida cuenta que durante los 12 meses anteriores a su elección fungió como apoderado general de la empresa denominada Administración Postal Nacional en liquidación - Adpostal En Liquidación, y en tal condición celebró contratos con entidades públicas del orden nacional que se cumplieron en el territorio del Distrito.

Así también, según la corrección de la demanda porque cumplió funciones de liquidador de la citada empresa y con ello “jurisdicción y autoridad administrativa”, dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

— En el Expediente 2008-00023 se demandó la nulidad del acto de elección de concejales de Bogotá en cuanto las actas de escrutinio de las comisiones zonales (formularios E-24) se hallaban viciadas de nulidad pues incorporaron registros falsos o apócrifos porque registraron más votos de los relacionados en las actas de escrutinio de los jurados de votación, formularios E-14, por el candidato 14 de la lista inscrita por el Partido Convergencia Ciudadana y menos votos de los obtenidos por el candidato 08 de la misma lista.

— En el proceso 2007-0022, se demandó la nulidad de la elección de concejales de Bogotá, período 2008-2011, de una parte, porque en el escrutinio de mesa los jurados de votación, por razón de la forma como fueron elaborados no solo los cuentavotos sino los formularios E-14, registraron menos votos de los que fueron depositados por el Movimiento Político Mira lo que según el actor configuró “una nulidad por falsedad ideológica en los E-14” y porque en el escrutinio zonal las comisiones obviaron el deber de recontar los votos no obstante las peticiones sobre la materia y que en varios casos se presentaban circunstancias que ameritaban el recuento.

Así pues, la Sala agotará la segunda instancia considerando, en primer lugar, los recursos presentados respecto de los procesos en los que se demandó la nulidad de la elección de todos los concejales, es decir, los radicados bajo los números 2008-00022 y 2008-00023, respecto del primero en el que no se sustentó el recurso, estudiando los cargos de la demanda inicial, en cuanto la sentencia recurrida fue adversa a los intereses del demandado, y respecto del segundo, considerando los argumentos de la apelación (que no se probó la falsedad alegada; que las irregularidades denunciadas correspondían a asuntos susceptibles de ser tramitados en sede administrativa, que el tribunal se arrogó una competencia que no tenía pues decidió como nulidad asuntos que debieron ventilarse como reclamaciones y que la sentencia dejó de resolver los argumentos de la contestación de la demanda “contrademanda” y, luego, aquellos que afectan la elección del concejal Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

4. La acción de nulidad electoral (aspectos generales).

La acción electoral es una especie del género acción pública de nulidad, que tiene unas características específicas que exigen la observancia de ciertas reglas, a saber:

1º. A través de ellas, en principio, solo son demandables los actos por los cuales se declara una elección, se hace un llamado, o se hace un nombramiento.

La jurisprudencia de la Sala ha aceptado la posibilidad de que se demanden los actos por los cuales las comisiones escrutadoras resuelven sobre las reclamaciones o las solicitudes presentadas en el proceso de escrutinio en cuanto el defecto recaiga en un registro electoral o acta de escrutinio intermedio, o en un trámite irregular, pero tal circunstancia solo es posible si, además, se proponen pretensiones de nulidad contra el acto de elección.

Y ello porque la anulación de las decisiones intermedias sería inane si no tiene consecuencias sobre el acto electoral.

2º. Los actos de nombramiento o elección pueden ser objeto de anulación por vía contencioso administrativa, en ejercicio de la acción electoral, por las causales que consagra el artículo 84 del mismo código en relación con todos los actos administrativos y por las especiales de los actos electorales señaladas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo.

Las causales generales de nulidad de los actos administrativos establecidas por el artículo 84 del Código Contencioso, comprenden la infracción de las normas superiores y la expedición por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

Las causales especiales de nulidad de los actos electorales, previstas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo son las siguientes:

ART. 223.:

“1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o estas se hayan destruido por causa de violencia.

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden.

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema del cuociente electoral adoptado en la Constitución Política y leyes de la República.

5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos.

6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición”.

ART. 227.:

“[C]uando por resoluciones de las corporaciones electorales “se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”.

ART. 228.:

“[C]uando un candidato no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido (...)”.

3º. Está sujeta a un término de caducidad, artículo 136 [12] y a un trámite especial.

4º. A través de ella se protege el orden jurídico general y la observancia del régimen de inhabilidades para ser miembros de corporaciones o cargos públicos, y tratándose en particular de elecciones populares, la legalidad del proceso eleccionario y la integridad del sufragio como expresión de los derechos políticos a elegir y ser elegido.

De allí que, por virtud del principio de eficacia del voto consagrado en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral, cualquier vicio que afecte de nulidad las actas de escrutinio solo hace nulo el acto electoral cuando tiene la capacidad de mutar el resultado que se formaliza en él.

De la misma manera, la expedición irregular de un acto electoral, derivada de la violación al debido proceso, vicia de nulidad el acto cuando está referida a la omisión de las formalidades y trámites que resulten determinantes en el resultado electoral o en el nombramiento, tal como lo ha establecido esta Sala en los siguientes términos:

“[D]icho vicio corresponde a aquel referido a las irregularidades sustanciales que tengan lugar en la expedición del acto, vale decir, el que se presenta cuando el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites del caso que resulten determinantes en la decisión definitiva. Y por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo”(4).

5º. En los eventos en que prospere la anulación del acto declaratorio de una elección popular, por comprobarse vicios de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación o de las corporaciones electorales, por alguna de las causales del artículo 223 del Código, el juez debe además disponer y ejecutar la práctica de un nuevo escrutinio, excluyendo de él o corrigiendo parcialmente, las actas de escrutinio viciadas de nulidad, y expedir las credenciales a los que resulten elegidos (CCA , arts. 247, 248 y 249).

5. De los cargos que cuestionan la legalidad de la elección de todos los concejales de Bogotá.

En el Expediente 2007-00022 se demandó la nulidad del acto de elección de concejales del Distrito Capital, período 2008-2011, (i) por la falsedad de los registros contentivos en los formularios E-14 de varias mesas, que según el demandante, no registraron los votos realmente depositados por el Movimiento Político MIRA y (ii) por el hecho de que las comisiones escrutadoras zonales desestimaron las solicitudes de recuento de votos presentadas en el escrutinio zonal no obstante que respecto de ellas se configuraron los supuestos previstos en el artículo 164 del Código Electoral.

Mientras que en el proceso 2007-00023 se demandó la nulidad de la elección de concejales de Bogotá, período 2008-2011, por falsedad en las actas de escrutinio zonal en cuanto presentaron diferencias con las de escrutinio de mesa.

Entonces, se proponen cargos de nulidad por falsedad de los registros electorales, a los que se refiere el artículo 223 [2] del Código Contencioso Administrativo (falsedad de los E-14, pues registran menos votos de los depositados por el Movimiento Político Mira-Expediente 2007-00022 y falsedad de los registros contenidos en los E-24, en cuanto contiene datos diferentes a los consignados en los E-14, respecto de los candidatos 8 y 14 de la lista 193-Proceso 2007-00023-) y por falsa motivación de los actos que resolvieron las solicitudes de recuento presentadas en los escrutinios zonales pues según se aseveró estas fueron negadas aduciendo “Analizando las reclamaciones recibidas, esta comisión considera que la situación contenida en el inciso segundo del artículo 164 del Código Electoral no resulta aplicable en los procesos electorales que se adelantan una vez se practicaron las modificaciones del sistema electoral en la Carta Política de 1991...”(5).

5.1. De los cargos de falsedad.

5.1.1. La causal señalada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 223 [2] del Código Contencioso Administrativo, prevé:

“ART. 223.Causales de nulidad (modificado por el art. 17 de la L.62/1988) Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

[...].

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación...”

La pretensión de nulidad electoral por la causal del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, debe estar encaminada a obtener la anulación del acto declaratorio de una elección, bajo el cargo de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación o de las comisiones escrutadoras sobre las cuales se sustenta dicho acto, por la demostración de que son falsos o apócrifos los registros electorales, o falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación.

Esta causal de nulidad, sustentada en la presencia de registros electorales falsos o apócrifos, o de elementos falsos o apócrifos que hubieran servido para su formación, deriva en la alteración de la verdad electoral, como cuando se supone la votación de personas que no han intervenido en las urnas, se hacen constar resultados que son ajenos a los verdaderamente escrutados (por exceso o por defecto), se finge la calidad de jurado de votación para sufragar sin estar autorizado, o se aduce una autorización inexistente para votar, o también cuando se altera materialmente el contenido de las actas o se incorporan en los cómputos de votos actas inválidas, y en general, cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la realidad.

Sobre la existencia de registros falsos o apócrifos que afectan la legalidad de las actas de escrutinio y por consiguiente la del acto declaratorio de una elección ha dicho esta Sala:

“La falsedad o adulteración de determinados documentos electorales puede afectar la veracidad de las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras y, por esa vía, puede originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes. Un elemento o un registro electoral es falso o apócrifo, cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, la falsedad puede presentarse por vía de acción u omisión; así, se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresar. Esos argumentos se explican porque la ley electoral consagra el proceso contencioso electoral como un mecanismo jurídico para proteger la eficacia del voto y la regularidad de las elecciones, por lo que su objetivo nunca podrá ser el de juzgar la conducta ni el de endilgar responsabilidad a los funcionarios electorales, sino que su cometido es lograr la transparencia y la veracidad de la expresión popular”(6).

Debe señalarse que el cargo así formulado constituye un cuestionamiento a la veracidad de los registros electorales, contenidos en documentos públicos, al tenor de los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, que conforme al artículo 264 ibidem, hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de los datos que en ellos se incorporen, la que debe ser desvirtuada por el demandante a efectos de que prospere su pretensión.

Para ese propósito debe proponer el cotejo de pruebas, normalmente documentales, que permitan establecer la existencia de registros falsos o apócrifos.

Con todo, debe tenerse en cuenta en la valoración del cargo que la existencia de un elemento falso o apócrifo, por sí mismo no conduce a la nulidad de las actas de escrutinio, pues ello se presenta solo cuando la irregularidad tenga por efecto la alteración de los resultados electorales.

Así se ha pronunciado esta Sala:

“De tiempo atrás se ha ocupado la jurisprudencia de lo relativo a la falsedad de registros y a la cantidad de los votos nulos que hacen nula una elección. Así, por ejemplo, en sentencia de 13 de diciembre de 1962 explicó el Consejo de Estado que el “alcance o finalidad de la demanda no puede ser, en ningún caso, el de impugnar la decisión de la corporación electoral que anula unos votos, sin atacar primordialmente la declaratoria misma de la elección”, es decir, que la acción se ejerce “para afectar la declaración o elección en todo o parte, pero no simplemente para que se anulen decisiones de la corporación escrutadora y no se toque la elección declarada por ella misma”, y que las “irregularidades que en materias electorales están erigidas en causales de nulidad, solo pueden dar acción eficaz cuando afectan el resultado de la elección, pues si “el resultado de la elección no se modifica, la acción no prospera aunque la irregularidad alegada como fundamento sea evidente”. Después, en sentencia de 19 de febrero de 1990, explicó que “el criterio de no invalidar el registro electoral cuando la cantidad de las inconsistencias es muy pequeña en relación con el total de la votación, genera dificultades de apreciación, imposibles de dilucidar, mientras no exista disposición legal que establezca un porcentaje mínimo de votación irregular que vuelva anulable el correspondiente registro”, y que, así las cosas, “un solo voto fraudulento debe ser suficiente para invalidar el registro”, pero, advirtió, “cuando ese voto pueda adulterar la verdad de las urnas”. Posteriormente, en sentencia de 25 de septiembre de 1995, explicó que si aun excluyendo los votos obtenidos de un escrutinio adulterado el candidato vencedor resultaba con mayoría de votos, declarar nulo el acto declaratorio de la elección para que se practicara un nuevo escrutinio, sería inoficioso. Criterios semejantes al que se ha dejado expuesto ha sido reiterado en sentencias de 28 de junio de 1999, 1º de julio 1999, 14 de septiembre de 2000, 14 de diciembre de 2001, 19 de abril de 2002 y 31 de mayo de 2002, entre otras varias”(7).

5.1.1.1. De la falsedad de los registros contenidos en los formularios E-14 en cuanto reportan menos votos de los obtenidos por el Movimiento Político MIRA.

Tal como se precisó la falsedad, como causal de nulidad de una elección, implica la alteración de los resultados electorales; en la medida en que estos se van consolidado a partir del escrutinio de mesa, normalmente se propone y se prueba a través de la confrontación de los diferentes registros electorales.

Implica la determinación de las circunstancias que generan la falsedad (diferencias entre registros, suplantaciones, votos de personas no habilitadas, votos de personas fallecidas, transhumancia, etc.) y en qué mesas específicamente se presentaron.

En la demanda radicada bajo el número 2009-00022, el demandante no formuló un cargo puntual de falsedad, se limitó a decir que en algunas mesas ubicadas en los distintos puestos de las distintas zonas de Bogotá, elecciones 2007, se verificaron inconvenientes en la forma como se registró la votación por el Movimiento MIRA.

De esta forma presentó una acusación genérica que por tal circunstancia no podía ser examinada por el a quo pues no ofrecía un cargo concreto del que, de una parte, los demandados hubieran podido defenderse y, de otra, el juez hubiera podido ocuparse.

Ahora bien, es cierto que en el capítulo de pretensiones enumeró una serie de mesas, pero en este mismo aparte dijo que en tales mesas se habían presentado inconsistencias en el registro de los votos depositados por el Movimiento MIRA así como irregularidades en la resolución de las solicitudes de recuento de votos presentadas ante las comisiones escrutadoras zonales por lo que en modo alguno puede considerarse que hizo una formulación formal de cargos de nulidad.

Tal circunstancia implicaba que los argumentos de su demanda fueran desechados por el hecho de que no contenían una acusación formal o dicho en otras palabras unos cargos concretos.

Al margen de lo anterior, la Sala debe precisar que si bien el juez de primer grado interpretó la demanda en el sentido de considerar que el cargo se formuló respecto de las mesas relacionadas de manera indiscriminada en el numeral 1º de capítulo del pretensiones —y se dice indiscriminada porque no se precisó, respecto de las mismas, en cuáles se habían presentado irregularidades en el registro de los votos depositados por el Movimiento MIRA y en cuáles irregularidades en la forma como se decidieron las solicitudes de recuento de votos presentadas por los testigos electorales del citado movimiento— y a través de auto para mejor proveer ordenó una inspección judicial sobre los votos depositados en estas hallando que al Movimiento MIRA se le dejaron de computar 302 votos, que tal circunstancia no puede ser considerada para efectos de proveer sobre las pretensiones de la demanda presentada en el Proceso 2008-00022, pues comporta un examen que no fue planteado por el actor y el consecuente desconocimiento de principios como el de la congruencia.

Además, resulta incompatible con la idea según la cual los actos administrativos se dictan por funcionarios públicos que cumplen sus funciones de la manera como lo establece la Constitución y la ley, por lo que deben entenderse conforme a las normas superiores —presunción de legalidad— y quien alegue que son contrarios al ordenamiento jurídico está en el deber de proponer unos cargos puntuales y, en forma consecuente, probar los supuestos fácticos de estos —justicia rogada—.

El actor obvió cumplir esa carga y en su auxilio acudió el a quo olvidando su deber de imparcialidad.

En suma, como el cargo fue mal formulado no obstante la actuación oficiosa del a quo que como se ha visto era improcedente, en ninguna de las instancias podía ser objeto de estudio.

5.1.1.2. De la falsedad de los registros electorales contenidos en los formularios E-24, más votos por el candidato 14 de la lista 193 y menos votos por el candidato 008 de la misma lista.

Sobre la diferencia planteada entre los formularios E-14 o actas de escrutinio de mesa y los formularios E-24 o actas de escrutinio zonal, se parte del supuesto de que en estos últimos deben consignarse, respecto de cada mesa, los mismos datos electorales que arrojan los escrutinios de los jurados (formulario E-14), y que solo pueden aparecer diferencias originadas por razón de la prosperidad de una reclamación presentada por los testigos electorales, de un recuento de votos o de una corrección que deba hacer la comisión escrutadora como instrumentos para la verificación de los resultados electorales(8). La falta de identidad de dichos datos, sin una razón que lo justifique, conlleva a concluir que hubo una alteración de la verdad electoral que vicia de nulidad el acta de escrutinio de las comisiones escrutadoras que se hubieran elaborado con base en los formularios E-24 que contienen la información falsa o apócrifa.

La prosperidad de los cargos propuestos en este sentido, conlleva la declaratoria de nulidad del acto electoral y la realización de un nuevo escrutinio a partir de las actas de los jurados de votación (formularios E-14) correspondientes a las mesas afectadas por la alteración de la verdad, en cuanto, las irregularidades que resulten probadas tengan la suficiencia para alterar el resultado de la elección, tal como se dijo antes por razón del principio de eficacia del voto.

Según los antecedentes de esta providencia en el Expediente 2007-00023 se alegó que las actas de escrutinio zonal son falsas o apócrifas por haber alterado los resultados de la votación consignada en los formularios E-14 o actas de escrutinio de las mesas de votación, al aumentar los votos obtenidos por el candidato 14 (Álvaro Hernán Caicedo) de la lista 193 (Partido Convergencia Ciudadana).

Efectuada la confrontación entre los cargos de la demanda y las pruebas allegadas al expediente se halló:

Candidato Nº 014 del la lista del Partido Convergencia Ciudadana 193
  Z P M E-14 E-24 Dif. Verif. E-14 Verif. E-24 Dif. A. Gral. de Escrut. Observaciones
1 4 17 45 0 1 1 0 (fl. 132, anx. 2) 1 (fl. 129, anx. 2) 1 Sin novedad (fl. 186, anx. 2) Cargo probado
2 6 6 5 0 1 1 0 (fl. 288, anx. 2) 1 (fl. 286, anx. 2) 1 Sin novedad (fl. 343, anx. 2) Cargo probado
3 6 8 21 0 1 1 0 (fl. 291, anx. 2) 1 (fl. 290, anx. 2) 1 Sin novedad (fl. 369, anx. 2) Cargo probado
4 8 3 2 1 10 10 (sic) 1 (fl. 401, anx. 2) 10 (fl. 399, anx. 2) 9 “Sin novedad” (fl. 442, anx. 2). Cargo probado
5 8 6 17 1 2 1 1 (fl. 405, anx. 2) 2 (fl. 403, anx. 2). 1 Sin novedad (fl. 480, anx. 2) Cargo probado
6 18 21 12 12 15 3 12 (fl. 946, anx. 3) 15 (fl. 944, anx. 3) 0 La comisión escrutó la mesa - recuento (fl. 990, anx. 3) Cargo infundado

Como resultado de la verificación anterior se deduce que de la acusación formulada prosperan 5 cargos pues se probó la diferencia y que esta no tenía justificación, así habrá de tenerse por probado que el acto de elección consideró 13 votos que no fueron depositados a favor del candidato 14 de la lista 193.

No sin antes precisar que respecto de la mesa 12 del puesto 21 de la zona 18, la diferencia de 3 votos a favor del candidato 193-14 alegada en la demanda(9), y que el a quo consideró probada, no existió, pues como aparece en el cuadro que contiene el análisis de la Sala en esa mesa hubo recuento que arrojó los 15 votos consignados en el E-24.

También se dijo que las actas de escrutinio zonal eran falsas o apócrifas por haber alterado los resultados de la votación consignada en los formularios E-14 o actas de escrutinio de las mesas de votación, al descontar en el E-24 votos obtenidos por el candidato 8 (Pablo Becerra Panesso) de la lista 193 (Partido Convergencia Ciudadana).

Adelantado el examen del cargo de cara a las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

 

Candidato Nº 008 del la lista del Partido Convergencia Ciudadana 193
  Z P M E-14 E-24 A. Gnal Dif. Verif. E-14 Verif.E-24 Dif. A. Gral. Observaciones
1 2 7 8 2 1   1 1 (f. 19, anx. 2) 1 (f.17, anx. 2) 0 Sin novedad (f. 51, anx. 2) Cargo infundado
2 4 17 39 0 0 3 3 0 (f. 128, anx. 2) 0 (fl. 126, anx. 2) 0 (3) Conteo, 193 – 008 = 3 (fl. 181, anx. 2) Cargo probado
3 6 6 14 1 0   1 1 (fl. 284, anx. 2) 0 (fl. 282, anx. 2) 1 Sin novedad (fl. 345, anx. 2) Cargo probado
4 8 2 12 1 0   1 1 (397, anx. 2) 0 (fl. 395, anx. 2) 1 Sin novedad (fl. 445, anx. 2) Cargo probado
5 10 32 6 1 0   1 0 (fl. 505, anx. 3) 0 (fl. 503, anx. 3) 0 Sin novedad (fl. 520, anx. 2). Cargo infundado
6 10 40 25 1 0   1 1 (fl. 509, anx. 3) 0 (fl. 507, anx. 3) 1 Sin novedad (fl. 572, anx. 3) Cargo probado
7 10 52 7 0 0 1 1 0 (fl. 513, anx. 3) 0 (fl. 511, anx. 3) 0 (1) Recuento: 193 – 008 = 1 (fl. 594, anx. 3) Cargo probado
8 11 9 1 4 1   3 4 (fl. 601, anx. 3) 1(fl. 599,.anx. 3) 3 Sin novedad (fl. 613, anx. 3) Cargo probado
9 11 26 53 0 0 1 1 0 (fl. 626, anx. 23) 0 (fl. 624, anx. 3) 0 (1) Recuento: 193-008 = 1 (fl. 646, anx. 3) Cargo probado

 

Entonces conforme a la verificación anterior se deduce que la acusación formulada prospera en 7 casos pues no solo se probó la diferencia sino que esta no tenía justificación, así habrá de tenerse por probado que el acto de elección dejó de considerar 11 votos depositados a favor del candidato 8 de la lista 193.

En este caso con la aclaración que en la mesa 8 del puesto 7 de la zona 2, la diferencia en contra del candidato 193-08 alegada en la demanda(10) no existió, pues conforme a las pruebas allegadas al expediente en esta mesa el referido candidato tiene 1 voto en el E-14 y 1 voto en el E-24.

Ahora, en la contestación de la demanda y en el escrito de apelación el concejal Álvaro Hernán Caicedo (193-14) adujo que en el escrutinio zonal se presentaron otras irregularidades en cuanto se registraron diferencias entre los formularios E-14 y E-24, que estas fueron en su contra y que de corregirse mantendrían su elección; sin embargo sus argumentos no pueden considerarse pues debieron proponerse en una demanda independiente, dentro de los términos de caducidad.

Tampoco pueden ser estudiados como argumentos de una “cotrademanda” pues esa figura procesal solo es predicable de los procesos en los que se presenta una verdadera contención en cuanto se disputa un derecho de naturaleza subjetiva, cuando los procesos que se adelantan por virtud de una acción pública, como la de nulidad electoral, no plantean un litigio en estricto sentido pues proponen un control sobre la legalidad del un acto administrativo.

El apelante también adujo en la alzada que el a quo decidió a través de la sentencia un asunto que era de competencia de las autoridades administrativas electorales pues las diferencias que se denunciaron en la demanda correspondían a errores aritméticos que debieron ser resueltos a través de las reclamaciones, las que no fueron presentadas por el demandante.

No obstante lo contradictorio de los argumentos de la impugnación —pues antes se cuestionó la sentencia de primera instancia porque no consideró las diferencias a su favor las que calificó como falsedades y ahora aduce que las diferencias en su contra son errores aritméticos— estos no tienen la virtud para infirmar la sentencia recurrida.

Lo anterior por cuanto los errores aritméticos a los que se refieren los artículos 122 y 192 [11] del Código Electoral, corresponden a cálculos defectuosos al momento de contabilizar los votos, de manera que se presentan cuando los datos de la votación que se consigan en el formulario E-14 y/o E-24 son reales, pues corresponde a la votación depositada a favor de un candidato o partido, solo que al sumarse se incurre en un yerro, mientras que la falsedad parte de la alteración de los resultados electorales, es decir, fabulación de estos.

Los primeros, es decir, los errores aritméticos, son causal de reclamación —si se presentan en el escrutinio de mesa, en la forma como lo prevé el artículo 122 antes citado y, si se dan en un escrutinio posterior, de la manera como lo impone el artículo 192 [11]—, mientras que las segundas, es decir, las falsedades, son causal de anulación del respectivo registro o del acto que se dicta con base en él, tal como lo dispone el artículo 223 [2] del Código Contencioso Administrativo.

En la medida en que en la demanda primigenia se plantearon diferencias entre los formularios E-14 y E-24, en cuanto los segundos reportaban votaciones diferentes a las alcanzadas por los candidatos 8 y 14 de la lista 193, y respecto de tales diferencias se adujo que correspondía a la invención del registro contenido en los Formularios E-24, se alegó la falsedad de las respectivas actas y resolver sobre ese particular era del resorte del juez contencioso administrativo.

5.2. De la falsa motivación de los actos a través de los cuales las comisiones escrutadoras zonales desestimaron las solicitudes de recuento de votos presentadas por los testigos electorales del Movimiento Político MIRA.

El demandante en el proceso radicado bajo el número 2008-00022 dijo que el acto de elección de concejales de Bogotá, período 2008-2011, era ilegal en cuanto se produjo en un proceso en el que las comisiones escrutadoras zonales se negaron a efectuar el recuento de votos solicitado por los testigos electorales del movimiento, no obstante que este era procedente.

Pues bien, el proceso administrativo electoral está dotado de una serie de instrumentos a través de los cuales se puede procurar por la corrección de errores en los escrutinios.

Dentro de tales mecanismos se encuentran las reclamaciones y las solicitudes de recuento de votos.

En las voces del artículo 164 del Código Electoral, las solicitudes de recuento proceden cuando se presentan inconsistencias en el escrutinio de mesa. Pueden ser presentadas por los candidatos, sus representantes o los testigos electorales debidamente acreditados. Sobre ellas se resuelve a través de un acto administrativo.

Así, para que una irregularidad presentada en la resolución de una petición de recuento pueda ser revisada por el juez contencioso administrativo, se requiere haber demandado el acto a través del cual la respectiva autoridad administrativa electoral resolvió sobre el particular.

Tal como se dijo en precedencia, a través de la acción de nulidad electoral se demandan los actos contentivos de la elección y, excepcionalmente, los que dictan las comisiones escrutadoras al momento de decidir sobre reclamaciones o cualquier otro mecanismo de corrección de inconsistencias en el escrutinio, verbi gratia, de solicitudes de recuento.

Cuando el defecto está en los actos que deciden reclamaciones o solicitudes de recuento, como se alegó en la demanda radicada en el Proceso 2008-00022, deben demandarse junto con el acto de elección las citadas decisiones, so pena que el juez contencioso administrativo no pueda decidir sobre las posibles irregularidades contenidas en la decisión de tales reclamaciones.

En la demanda radicada bajo el número 2009-00022, el actor obvió cumplir la carga que implica demandar los actos que resolvieron las solicitudes de recuento de votos y por esa circunstancia no podían resolverse los cargos que planteó sobre este particular.

Al margen de lo anterior debe precisarse que este cargo, además, adolece del mismo defecto del de falsedad de los formularios E-14, pues al no demandarse las resoluciones que resolvieron sobre solicitudes de recuento de votos es imposible establecer en forma puntual qué mesas resultaron afectadas y si estas corresponden a las incluidas en el numeral 1º de las pretensiones.

5.3. Incidencia de los elementos falsos o apócrifos en el resultado electoral.

Esta Sala ha dicho en forma reitera que siendo el objeto de los procesos de nulidad electoral la preservación de la voluntad popular como reflejo auténtico de la eficacia de los votos válidamente emitidos, para que prospere la nulidad por la existencia de votos falsos o apócrifos debe establecerse si tales votos irregulares son determinantes en el resultado electoral.

Así se ha expresado al respecto:

“[L]a causal de nulidad del numeral 2º, que han invocado los demandantes, o sea la falsedad de las actas y registros o de los elementos que hubieran servido para su formación, resulta de la alteración u ocultación de la verdad, como cuando se supone la intervención de personas que no han intervenido, o se atribuye a las que han intervenido declaraciones que no han hecho, o se hace constar cosa contraria o diferente de la que corresponde a la verdad, o se alteran las fechas, o se finge firma o rúbrica, y también cuando se altera materialmente su contenido, todo lo cual hace nulas las actas de escrutinio. Pero siendo que lo legalmente protegido es la elección misma, que es el objeto de la acción electoral, además de que solo así se daría eficacia al voto válidamente emitido y ese según lo establecido en el artículo 1º, numeral 3º, del Código Electoral es criterio de interpretación de las disposiciones electorales, ha de entenderse que la falsedad que hace nulas las actas de escrutinio solo haría nula la elección cuando tuviera entidad bastante para mutar su resultado, es decir, cuando la cantidad de votos inválidos sea tanta que pueda determinar un resultado distinto, y no cuando en modo alguno pueda tener influencia en ese resultado y sea por lo mismo inocua para ese efecto, asunto que corresponde examinar en cada caso”(11).

Lo anterior se deriva de la posición jurisprudencial de acatamiento al principio de la eficacia del voto establecido en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral, según el cual cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones se preferirá aquella que dé validez al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector; de donde se desprende que para que la existencia de registros o elementos electorales irregulares que conduzca a la declaración de nulidad de una elección, es necesario que estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, es decir, que tengan la idoneidad para alterarlo; por el contrario, si las modificaciones que representan falsedad de registros electorales no afectan el resultado electoral, el intérprete debe dar plena validez a los votos de la mayoría y hacer eficaz el acto elección(12), pues como también lo ha sostenido esta Sala, no todas las irregularidades que ocurran durante el proceso electoral generan nulidad, sino solo los vicios graves y ostensibles que alteren o desconozcan la voluntad de los sufragantes(13).

Cuando se demanda la anulación de una elección con fundamento en la causal del numeral 2º del artículo 223, puede hacerse con base en irregularidades de 2 naturalezas:

1) Unas respecto de las cuales es posible establecer a qué partido o candidato benefician o afectan —particulares—, a saber:

a) Diferencia en la información contenida en los formularios E-14 y E-24 que determinaron la contabilización de menos votos de los obtenidos por el candidato 102 del partido 73.

b) Diferencia en la información contenida en los formularios E-14 y E-24 que determinaron la contabilización de menos votos de los obtenidos por el partido 73.

c) Diferencia en la información contenida en los formularios E-14 y E-24 que determinaron la contabilización de más votos de los obtenidos por el partido 34.

d) Diferencia en la información contenida en los formularios E-4 y E-24 que determinaron la contabilización de más votos de los obtenidos por el partido 74.

2) Otras respecto de las cuales, por virtud del principio de secreto del voto, resulta imposible establecer a que candidato o partido beneficiaron o afectaron —generales—, así:

a) Más votos que votantes (diferencia entre formularios E-11 y E-24)

b) Suplantaciones

c) Voto de personas no autorizadas para el efecto etc.

Respecto de las primeras, y en la medida en que la forma como fue probado el cargo permite establecer a qué partido o candidato afectaron, se efectúa la respectiva corrección.

Sobre las segundas, y en tanto que por virtud del principio del secreto del voto resulta imposible determinar sobre qué lista o candidato incidieron, su relevancia se analizará considerando el sistema de afectación ponderada establecido por la jurisprudencia de la Sala.

En el sub lite se plantearon y se probaron irregularidades particulares por lo que para establecer la viabilidad de decretar la nulidad se imponía efectuar los ajustes a que hubiere lugar en el formulario E-24, que sirvió de base al acto de elección por el hecho de que se registró un número mayor o menor de votos por unos candidatos de determinado partido, con base en esa corrección establecer el número de votos depositados, dentro de ellos los válidos y considerando estos calcular el umbral, la cifra repartidora y asignar curules pues contrario a lo que consideró el a quo, la presencia de registros falsos o apócrifos no solo altera el orden de las listas cuando estas han sido inscritas con voto preferente sino el total de la votación y con ello todos los aspectos que dependen de esta.

Según se estableció en presencia el resultado de las elecciones para Concejo del Distrito Capital, periodo 2008-2011, formulario E-24, en lo que interesa a este proceso, hubiera sido como sigue:

 Cód.Partido o movimientoE – 26 COVotos a restar o a sumarNuevo resultado
1. 101 Movimiento ALAS Equipo Colombia 53.375   53.375
2. 103 Movimiento Alianza Social Afrocolombiana – Asa - 14.898   14.898
3. 104 Movimiento Alianza Social Indígena 8.531   8.531
4. 109 Movimiento Apertura Liberal 16.947   16.947
5. 110 Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia 1.821   1.821
6. 133 Movimiento Colombia Viva 6.021   6.021
7. 158 Movimiento MIRA 85.450   85.450
8. 187 Pacto 32.722   32.722
9. 190 Partido Cambio Radical 332.409   332.409
10. 191 Partido Colombia Democrática 25.629   25.629
11. 192 Partido Conservador Colombiano 94.775   94.775
12. 193 Partido Convergencia Ciudadana 66.089 -2 66.087
13. 194 Partido Liberal Colombiano 203.039   203.039
14. 195 Partido Social de Unidad Nacional – De la U 229.831   229.831
15. 196 Partido Verde Opción Centro 51.025   51.025
16. 201 Partido Polo Democrático Alternativo 356.759   356.759

 Cod.Mombre del candidatoVotaciónVotos a sumar o a restarNueva votación
1. 00 Solo por el partido 5.546   5.546
2. 01 Rafael Alberto Escrucería Lorza 8.607   8.607
3. 14 Álvaro Caicedo 4.999 - 13 4.986
4. 08 Pedro Pablo Becerra Panesso 4.975 + 11 4.986
5. 11 Héctor Hernán Giraldo Serna 4.715   4.715
6. 05 Javier Cubides Vargas 4.621   4.621
7. 02 José Abel Valoyes Chaverra 4.139   4.139
8. 03 Edgar Sánchez Ojeda 4.040   4.040
9. 44 Miguel Antonio Capador Sánchez 3.781   3.781
10. 12 Leonardo Fabio Soto Bracamonte 3.201   3.201
11. 10 José Guillermo Puentes Barreiro 3.710   3.710
12. 16 Secundino Rodríguez Burgos 1.403   1.403
13. 30 Jospe Luis González 1.141   1.141
14. 13 Henry Méndez Zambrano 1.077   1.077
15. 32 Ronny Asprilla Moreno 1.000   1.000
16. 07 José Beimán Zuluaga Granados 961   961
17. 20 Alonso Helí Flórez Camacho 855   855
18. 40 José Hernando Angarita B. 822   822
19. 15 Luis José Romero Ustarz 780   780
20. 41 Hernando Carrillo Pulido 679   679
21. 22 Elíasib Nher Rivera Aya 659   659
22. 25 Álvaro Manuel Murcia Murcia 514   514
23. 19 Jesús Antonio Avellaneda Valenzuela 437   437
24. 04 Jorge Leonel Peñaranda 350   350
25. 45 Jaime Gutiérrez Carrillo 349   349
26. 18 Oscar Efrey Rojas Delgado 344   344
27. 28 José Raúl Pulido Hernández 271   271
28. 29 Luis Ángel Hernández Ramírez 259   259
29. 43 Olga Yamile Huertas Achury 254   254
30. 09 Neil Edwin Guerrero 226   226
31. 17 Reinaldo Antonio Guete Zabalsa 223   223
32. 06 Álvaro García Ruíz 222   222
33. 33 Álvaro Ruíz Molina 222   222
34. 38 Francisco Javier Ángel Bautista 196   196
35. 42 Gerber Bautista Calderón 129   129
36. 37 Luís Alfonso Navas Hernández 113   113
37. 21 Edgar Daniel Rincón Puentes 95   95
38. 23 Belisario Ariza 93   93
39. 39 Dalia Ángela Manrique Rodríguez 81   81

Según el E- 26 CO, el cálculo del umbral tiene como punto de partida el número de votos válidos depositados. De manera que, advertida la presencia de votos irregulares en la votación depositada en el Distrito Capital en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2007, es necesario realizar nuevamente su cálculo, para establecer así si se experimenta alguna modificación importante en relación con este aspecto.

El número de votos válidos que se debe tomar como punto de partida para calcular el nuevo umbral es el resultante de la nueva votación, es decir, la que apareció después de la afectación respecto de cargos particulares, a saber: 1’834.611.

El nuevo umbral, equivalente al 50% del cuociente electoral, es el siguiente:

1’834.611 / 45 = 40.769,13/2 = 20.384.56

Conforme a las nuevas cifras calculadas descontando los votos irregulares, se tiene que no hubo variación en cuanto a las listas que superaron el umbral; en efecto, tales listas son:

 Cod. Partido o movimiento políticoVotos
1. 201 Partido Polo Democrático Alternativo 356.759
2. 190 Partido Cambio Radical 332.409
3. 195 Partido Social de Unidad Nacional–De la U 229.831
4. 194 Partido Liberal Colombiano 203.039
5. 192 Partido Conservador Colombiano 94.775
6. 158 Movimiento MIRA 85.450
7. 193 Partido Convergencia Ciudadana 66.087
8. 101 Movimiento Alas Equipo Colombia 53.375
9. 196 Partido Verde Opción Centro 51.025
10. 187 Pacto 32.722
11. 191 Partido Colombia Democrática 25.629

De conformidad con el artículo 263 A de la Constitución Política, la cifra repartidora se obtiene de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer, siendo el menor de estos la cifra repartidora.

Al realizar la división en la forma descrita sobre las votaciones totales de cada lista, descontando los votos irregulares proporcionales, se obtienen los siguientes resultados:

 

  /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13
Partido Polo Democrático Alternativo 356.759 178.380 118.920 89.190 71.352 59.459,83 50.966 44.594,88 39.639,90 35.676 32432,63 29.729,91 27.443
Partido Cambio Radical 332.409 166.205 110.803 83.102 66.482 55.401,50 47.487 41.551,13 36.934,30 33.241 30.219 27.700,75 25.569,92
Partido Social de Unidad Nacional 229.831 114.916 76.610 57.458 45.966 38.305,17 32.833 28.728,88 25.536,80 22.983 20.893,72 19.152,58 17.679,30
Partido Liberal Colombiano 203.039 101.520 67.680 50.760 40.608 33.839,83 29.006 25.379,88 22.559,90 20.304 18.458,09 16.919,91 15.618,38
Partido Conservador Colombiano 94.775 47.388 31.592 23.694 18.955 15.795,83 13.539 11.846,88 10.530,60 9.477,50 8.615,90 7.897,91 7.290,38
Movimiento Mira 85.450 42.725 28.483 21.363 17.090 14.241,67 12.207 10.681,25 9.494,44 8.5450 7.768,18 7.120,83 6.573,07
Partido Convergencia Ciudadana 66.087 33.044 22.029 16.522 13.217 11.014,50 9.441 8.260,87 7.343 6.608,70 6.007,90 5.507,25 5.083,61
Movimiento Alas Equipo Colombia 53.375 26.688 17.792 13.344 10.675 8.895,833 7.625 6.671,87 5.930,56 5.337,50 4.852,27 4.447,91 4.105,76
Partido Verde Opción Centro 51.025 25.513 17.008 12.756 10.205 8.504,167 7.289,30 6.378,12 5.669,44 5.102,50 4.638,63 4.252,08 3.925
Pacto 32.722 16.361 10.907 8.181 6.544 5.453,667 4.674,60 4.090,25 3.635,78 3.272,20 2.974,72 2.726,83 2.517,07
Partido Colombia Democrática 25.629 12.815 8.543 6.407 5.126 4.271,50 3.661,30 3.203,62 2.847,67 2.562,90 2.329,90 2.135,75 1.971,46

Los resultados que se deducen del cuadro anterior no implican ningún cambio en cuanto a la cifra repartidora; por consiguiente, el número de curules que corresponde a cada partido o movimiento político que participó en las elecciones de Concejo de Bogotá 2008-2011 es el mismo calculado en el formulario E-26 CO, a saber:

 

 

 Nombre del partido o movimiento Cálculo Número de curules
1. Partido Polo Democrático Alternativo 356.759/30.219 11,80
2. Partido Cambio Radical 332.409/30.219 11,00
3. Partido Social de Unidad Nacional - de la U 229.831/30.219 7,59
4. Partido Liberal Colombiano 203.039/30.219 6.71
5. Partido Conservador Colombiano 94.775/30.219 3,13
6. Movimiento Mira 85.450/30.219 2,82
7. Partido Convergencia Ciudadana 66.087/30.219 2,18
8. Movimiento Alas Equipo Colombia 53.375/30.219 1,76
9. Partido Verde Opción Centro 51.025/30.219 1,68
10. Pacto 32.722/30.219 1,08
11. Partido Colombia Democrática 25.629/30.219 0,84

Como se observa fácilmente, no se experimenta ninguna modificación en cuanto al número de curules que corresponde a cada una de las listas que superó el umbral, frente al formulario E-26 CO.

Ahora, como las irregularidades probadas lo fueron respecto de unos candidatos pertenecientes a una misma lista, la del Partido Convergencia Ciudadana, luego de haber hecho las imputaciones de las irregularidades detectadas, se impone su reordenación, la que arroja el siguiente resultado:

193. Partido Convergencia Ciudadana

 Código CandidatoVotos
1. 193-00 Solo por el partido 5.546
2. 193-01 Rafael Alberto Escrucería Lorza 8.607
3. 193-14 Álvaro Caicedo 4.986
4. 193-08 Pedro Pablo Becerra Panesso 4.986
5. 193-11 Héctor Hernán Giraldo Serna 4.715
6. 193-05 Javier Cubides Vargas 4.621
7. 193-02 José Abel Valoyes Chaverra 4.139
8. 193-03 Edgar Sánchez Ojeda 4.040
9. 193-44 Miguel Antonio Capador Sánchez 3.781
10. 193-10 José Guillermo Puentes Barreiro 3.710
11. 193-12 Leonardo Fabio Soto Bracamonte 3.201
12. 193-16 Secundino Rodríguez Burgos 1.403
13. 193-30 Jospe Luis González 1.141
14. 193-13 Henry Méndez Zambrano 1.077
15. 193-32 Ronny Asprilla Moreno 1.000
16. 193-07 José Beimán Zuluaga Granados 961
17. 193-20 Alonso Helí Flórez Camacho 855
18. 193-40 José Hernando Angarita B. 822
19. 193-15 Luis José Romero Ustarz 780
20. 193-41 Hernando Carrillo Pulido 679
21. 193-22 Elíasib Nher Rivera Aya 659
22. 193-25 Álvaro Manuel Murcia Murcia 514
23. 193-19 Jesús Antonio Avellaneda Valenzuela 437
24. 193-04 Jorge Leonel Peñaranda 350
25. 193-45 Jaime Gutiérrez Carrillo 349
26. 193-18 Oscar Efrey Rojas Delgado 344
27. 193-28 José Raúl Pulido Hernández 271
28. 193-29 Luis Ángel Hernández Ramírez 259
29. 193-43 Olga Yamile Huertas Achury 254
30. 193-09 Neil Edwin Guerrero 226
31. 193-17 Reinaldo Antonio Guete Zabalsa 223
32. 193-06 Álvaro García Ruíz 222
33. 193-33 Álvaro Ruíz Molina 222
34. 193-38 Francisco Javier Ángel Bautista 196
35. 193-42 Gerber Bautista Calderón 129
36. 193-37 Luís Alfonso Navas Hernández 113
37. 193-21 Edgar Daniel Rincón Puentes 95
38. 193-23 Belisario Ariza 93
39. 193-39 Dalia Ángela Manrique Rodríguez 81

 

Del examen detallado del anterior cuadro se deduce que la asignación de la 2ª curul alcanzada por el Partido Convergencia Ciudadana no podía asignarse a quien resultó elegido pues se presentaba un empate en votos que debía ser dirimido en la forma como lo establece el artículo 183 del Código Electoral, a saber:

“ART. 183.—Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido Igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que esta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección.

Así como las diferencias entre los formularios E-14 y E-24, por razón de la falsedad de la información contenida en estos últimos respecto de las mesas antes examinadas genera la alteración de la verdad electoral habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto decretó la nulidad del acto de elección, ordenar un nuevo escrutinio de votos en el que se reste de la votación alcanzada por el candidato 193-14, los 13 votos registrados de más, se sumen a la del candidato 193-08, los 11 votos que le fueron descontados en el escrutinio zonal sin que mediara justificación y se le impute al partido la diferencia entre unos y otros, para luego calcular, umbral, cifra repartidora y curules, de manera que al asignar las 2 que alcanzó el Partido Convergencia Ciudadana se asignen a las 2 mayores votaciones, si se presentare empate se dirima de la forma prevista en la ley.

6. Los cargos formulados contra la elección del concejal Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

6.1. De las inhabilidades, marco general.

Sobre el concepto de inhabilidades, esta Sala ha dicho que corresponden a una serie de circunstancias subjetivas que limitan el derecho de acceso a cargos públicos en orden a garantizar la prevalencia del interés general.

En materia electoral, están previstas para garantizar el equilibrio en la respectiva contienda en la medida en que impiden que los candidatos se coloquen, de cara al electorado, en unas condiciones que les otorguen ventajas frente a los demás aspirantes.

Han sido dispuestas para preservar a los ciudadanos de presiones e influencias que afecten su libre elección, por lo que puede decirse, tributan al principio de la transparencia del voto.

Constituyen una restricción al derecho a participar en la conformación del poder político, de raigambre fundamental, y en esa condición son de interpretación restrictiva.

Sentadas las anteriores premisas, corresponde precisar las particularidades de cada uno de las inhabilidades alegadas en las demandas acumuladas.

6.1.2. De la inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros que deban ejecutarse en el respectivo municipio.

La intervención en la celebración de contratos, como causal de inhabilidad, tratándose de concejales, se halla establecida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, a saber:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

[...].

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido [...] en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito...”

La jurisprudencia de la Sección ha definido la celebración de contratos, así(14):

“[D]e otra parte, esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular(15). De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa(16).

Pues bien, la intervención en la celebración de contratos implica la ejecución de conductas que revelen una participación personal y activa en actos previos a la celebración de un contrato o en la celebración o suscripción del mismo.

Tratándose de inhabilidad de concejales se configura cuando el elegido, dentro del año anterior a los comicios, ha desplegado alguna actividad dentro de una operación contractual enderezada a la celebración de un contrato o ha suscrito el respectivo acuerdo de voluntades, por lo mismo, es plausible considerar que se trata de actividades desarrolladas una vez la entidad pública contratante ha manifestado a los particulares - contratistas, su deseo de contar con su colaboración, previo un acuerdo de voluntades, para el cumplimiento de sus cometidos específicos y, finalmente, de los del Estado(17).

Está prevista para enervar la ventaja electoral que puede derivarse del hecho de que intervenir en la celebración de un contrato estatal permite al contratista hacerse notar frente al electorado pues a través de los contratos estatales se satisfacen las más sentidas necesidades de la comunidad.

Siendo así, inhabilita al contratista más no al funcionario público o a la persona que cumple función pública y por tal virtud debe participar en la celebración de contratos, pues en estos casos no obra de manera libre sino por el mandato de la ley.

Dicho en otras palabras, es una restricción al derecho de ser elegido de las personas que colaboran con la administración en condición de contratistas.

6.1.2. Del cargo puntual.

En el proceso radicado bajo el número 2007-0009 se demandó el acto de elección sobre el argumento de que el concejal elegido Javier Alonso Lastra Fuscaldo, dentro del año anterior a la elección, fungió como mandatario general de la Sociedad Fiduciaria la Previsora S.A., para la liquidación de la Empresa Administración Nacional Postal en liquidación —Adpostal en liquidación— y en esa condición celebró más de 85 contratos.

6.1.2.1. De lo que se probó.

En el proceso 2008-0009, se acreditó:

a) Que mediante Decreto 2853 de 25 de mayo de 2006, el Gobierno nacional con base en las facultades establecidas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política y 52 de la Ley 489 de 1998, ordenó la supresión y liquidación de la empresa Administración Postal Nacional.

b) Que para efectos de la liquidación, en el artículo 6º del citado decreto, se designó a la Fiduciaria la Previsora S.A., como liquidadora.

c) Que para el cumplimiento de las actividades propias de la liquidación, esta, es decir, la Fiduciaria la Previsora S.A., contrató al señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, según contrato de mandato general contenido en la escritura pública 11272, corrida en la Notaría 62 del Círculo de Bogotá, el 1º de septiembre de 2006.

El contrato tuvo por objeto(18):

“[desarrollar] todos los actos y contratos tendientes a la liquidación de la Administración Postal Nacional, Adpostal, En Liquidación y tendrá como funciones y facultades del liquidador en las siguientes normas a las que se hace mención expresa y por lo tanto constituyen el límite del mandato conferido así: a) Decreto-Ley 254 de 2000 y las normas que lo complementen, modifican (sic) o adicionan (sic) y aquellas normas a las cuales remite el citado decreto; b) Decreto 2853 de 2006 y las normas que lo complementen, modifiquen y adicionen y aquellas normas a las cuales remite...”.

d) Que en condición de “Liquidador” el demandado suscribió los siguientes contratos:

 

ContratanteContratistaFecha de suscripción y tipo de contrato Naturaleza del contrato Folio
Adpostal (En Liquidación) Carolina León Villamizar Octubre 2 de 2006, contrato de prestación de servicios profesionales. Estatal 13-16 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Turismo Internacional Colven-Tours Ltda. Octubre 13 de 2006, orden de suministro de pasajes. Estatal 21-23 Anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) David Andrés Grajales Marín Octubre 18 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 24-27 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Lissy Cifuentes Sánchez Octubre 19 de 2006, contrato de prestación de servicios profesionales. Estatal 28-31 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Arturo Sánchez Mesa Octubre 27 de 2006, orden de prestación de servicios. Estatal 32-34 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Almatec Ltda. Noviembre 2 de 2006 contrato de prestación de servicios Estatal 35-40 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Notaría 23 del Circuito de Bogotá Noviembre 7 de 2006 orden de prestación de servicios notariales Estatal 41-43 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Jhon Walter Díaz Castro Noviembre 8 de 2006 contrato de prestación de servicios profesionales. Estatal 47-53 anexo 2008-009
Adpostal (En liquidación) Luz Marina Rojas Oliveros Noviembre 9 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 52-55 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Asesoría en sistematización de datos ASD S. A. Noviembre 10 de 2006, orden de servicios. Estatal 56-59 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Ángela María Guarín Hernández Noviembre 16 de 2005, orden de prestación de servicios. Estatal 60-63 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Ivonne Saportas Liévano Noviembre 20 de 2005, contrato de prestación de servicios profesionales. Estatal 64-69 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Almarchivos Ltda. Noviembre 20 de 2006, contrato de prestación de servicios. Estatal 70-81 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Luis Fernando Robles Munar Noviembre 22 de 2006, orden represtación de servicios profesionales. Estatal 81-86 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Edmon Rumie Copete Noviembre 22 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 87-91 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Ricardo Rodríguez Cajamarca Noviembre 22 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 92-96 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez Noviembre 22 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 97-101 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Mónica María Urresta Tascón Noviembre 22 de 2006, orden de prestación de servicios profesionales. Estatal 107-111 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Ignacio Rodríguez Moreno Noviembre 22 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 112-116 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Jenny Peña Gaitán Noviembre 22 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 117-121 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Superlaborales S.A. Noviembre 22 de 2006, prestación de servicios. Estatal 122-131 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Marco Antonio Aldana Olave Noviembre 24 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 132-136 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Luís Guillermo Gómez Dumar Noviembre 24 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 137-141 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Gerney Calderón Perdomo Noviembre 24 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 142-145 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Luís Antonio Beltrán Diciembre 5 de 2006, prestación de servicios. Estatal 146-148 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Printer House Computer Ltda. Diciembre 6 de 2006, orden de compra Estatal 149-151 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda. Diciembre 11 de 2006, orden de servicio. Estatal 152-155 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Archivo General de la Nación Diciembre 12 de 2006, orden de servicio interadministrativa. Estatal 156-158 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Rutder Esneider Ladino Navarro Diciembre 27 de 2006, prestación de servicios. Estatal 159-162 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Wolfrando Javier Alfonso Albarracín Diciembre 27 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 163-168 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación) Papelería Los Lagos Ltda. Diciembre 27 de 2006, orden de Compra. Estatal 171-173 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Clara Deysi Aragón Lesmes Diciembre 27 de 2006, orden de servicio Estatal 175-178 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Armando Flórez Pinzón Diciembre 28 de 2006, arrendamiento de equipos de cómputo Estatal 179-184 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Ángela Sofía Ascencio Medina Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios profesionales Estatal 185-189 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Claudia Johanna Rodríguez Badillo Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 195-199 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Nueva Era Organizacional - Neo Consultoría Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios. Estatal 200-205 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Franja GW Ltda. Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios. Estatal 206-208 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Fermín Arias Fuscaldo Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 212-216 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación David Andrés Grajales Marín Diciembre 29 de 2006, prestación de servicios profesionales. Estatal 217-222 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Servicios Postales Nacionales Enero 5 de 2007, contrato interadministrativo de prestación de servicios. Estatal 223-226 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Luz Marina Rojas Oliveros Enero 16 de 2007, contrato de prestación de servicios profesionales Estatal 227-232 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Lissy Cifuentes Sánchez Enero 19 de 2007 prestación de servicios profesionales. Estatal 233-238 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Ángela María Guarín Hernández Enero 19 de 2007 prestación de servicios profesionales. Estatal 245-250 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Hugo Fernando Enciso Ochoa Enero 22 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 251-256 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Marco Antonio Aldana Olave Enero 24 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 257-262 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Mejía y Asociados Compañía Promotora de Medios Ltda. Febrero 2 de 2007 prestación de servicios Estatal 263-267 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Gladys Vilma Moreno Mora Febrero 5 de 2007 prestación de servicios Estatal 268-271 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Álvaro Bastidas Garzón Febrero 5 de 2007 prestación de servicios Estatal 272-275 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Hugo Fernando Enciso Ochoa Febrero 7 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 276-280 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Archivo General de la Nación Febrero 12 de 2007 Orden de servicio interadministrativo Estatal 281-286 anexo 2008-009
Telecom (En Liquidación Fibras Nacionales LTDA No aparece fecha contrato de permuta Estatal 287-290 anexo 2008-009
Inravisión Audiovisuales (En liquidación) Fibras Nacionales LTDA No aparece fecha contrato de permuta Estatal 291-294 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación María Aurelia Foronda Fernández Marzo 1º de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 295-300 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Guillemo León Mantilla Suárez Marzo 2 de 2007 contrato de arrendamiento Estatal 301-306 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación HL Asesores y Consultores en Seguros limitada Marzo 2 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 307-312 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación HL Asesores y Consultores en Seguros limitada Marzo 2 de 2007 contrato de arrendamiento Estatal 313-318 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Anita Liévano Toledo Marzo 7 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 319-325 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Instituto Geográfico Agustín Codazzi Marzo 8 de 2007 contrato interadministrativo Estatal 326-330 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Almarchivos Ltda. Marzo 12 de 2007 prestación de servicios Estatal 331-342 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Almarchivos Ltda. Marzo 12 de 2007 prestación de servicios profesionales Estatal 343-349 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Edgar Otálora Pérez Marzo 26 2007. prestación de servicios Estatal 350-356 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Juan Pablo Cabezas Castro Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 357-360 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Fabiola Ferreira Gamboa Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 365-368 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Carlos Enrique Restrepo Rojas Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales. Estatal 369-372 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Merceditas Rodríguez Bernal Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 373-376 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Darwin Fernando Quintero Fontecha Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 377-379 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Libardo Izquierdo Ramos Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 380-383 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación William Aponte Suárez Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales Estatal 384-387 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Claudia Yudith Rodríguez Rivera Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales Estatal 392-395 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Ricardo Herrera Pinzón Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales Estatal 396-398 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Jorge Antonio López Álvarez Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales Estatal 399-402 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Diana Marcela Ausique Hernández Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 403-405 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Olga Gilma Bautista Rodríguez Marzo 26 de 2007. prestación de servicios profesionales Estatal 406-409 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Omar Orlando Moreno Moreno Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 410-413 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Eddie Carabalí Rodríguez Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 414-417 anexo 2008-009
Adpostal (En Liquidación Rodrigo A. Valencia Cardona Marzo 26 de 2007. prestación de servicios Estatal 418-421 anexo 2008-009

e) Que los contratos 326-330 Anexo 2008-009, 281-286 Anexo 2008-009 y 326-330 Anexo 2008-009 fueron suscritos con entidades públicas y en cuanto el domicilio de la empresa liquidada era Bogotá debían cumplirse en este Distrito.

6.1.2.2. De lo que se concluye.

El acervo probatorio de cara a la inhabilidad que se alegó permite inferir que si bien el demandado intervino en la celebración de contratos con entidades públicas, en este caso del orden nacional, durante el término de inhabilidad, 12 meses antes de la elección, como mandatario general del liquidador de la empresa Administración Nacional Postal En Liquidación-Adpostal en liquidación , es decir, en cumplimiento de las obligaciones que emanaban del precitado poder, actuó como contratante y no como contratista y contrató en cumplimiento del deber que emanaba de la convención por virtud de la cual se hizo “liquidador” y no se inhabilitó para inscribirse y ser elegido como Concejal de Bogotá.

Así, la sentencia impugnada en cuanto negó las pretensiones de la demanda radicada bajo el número 2008- 0009, amerita ser confirmada.

6.1.3. Otras precisiones frente a las pretensiones de nulidad del acto de elección del concejal Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

En el memorial de corrección de la demanda en el Proceso 2008-0009 el actor sostuvo que el acto de elección también resultaba contrario a las normas citadas como violadas por cuanto el concejal Lastra Fuscaldo, además, se hallaba inhabilitado por la causal establecida en el numeral 2º del artículo 43 de la Ley 617 de 2000, pues fungió como liquidador entre otras, de la empresa Administración Postal Nacional, en liquidación —Adpostal— En Liquidación, y en tal condición cumplió función pública y desempeñó “jurisdicción y autoridad administrativa”, sin embargo la Sala no puede pronunciarse sobre tal cargo, de una parte, porque no fue objeto de la apelación y, de otra, por cuanto se formuló cuando había operado la caducidad de la acción electoral.

En las condiciones examinadas se impone confirmar el fallo recurrido, con las precisiones sobre las consecuencias de la nulidad decretada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 14 de abril de 2009, proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto decretó la nulidad del acto de elección de concejales de Bogotá contenido en el formulario E-26 CO, pero por las razones expuestas en precedencia.

Modifícase la sentencia apelada en cuanto declaró elegido al señor Pedro Pablo Becerra Panesso como concejal de Bogotá, por la lista inscrita por el Partido Convergencia Ciudadana.

Hágase por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un nuevo escrutinio de los votos depositados para Concejo de Bogotá, periodo 2008-2011, en el que se excluyan los 13 votos registrados de más a favor del candidato 193 -0014 (Álvaro Hernán Caicedo) y se incluyan los 11 votos dejados de computar a favor del candidato 193-0008 (Pedro Pablo Becerra Panesso). En forma consecuente asígnense las respectivas curules y declárese la elección de concejales.

Habida cuenta del empate en votos presentados entre los candidatos 193-0008 y 193-0014, para la asignación de la segunda curul que le correspondió al Partido Convergencia Ciudadana, cúmplase el trámite establecido en el artículo 183 del Código Electoral.

Confírmase en lo demás la sentencia apelada.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

(4) Sentencia del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3856.

(5) Ver folio 5 del cuaderno principal del Expediente 2007-00022.

(6) Sentencia del 17 de agosto de 2006, Expediente 4051.

(7) Sentencia del 16 de agosto de 2002, Expediente 2788.

(8) Ley 6ª de 1990, artículo 11, Código Electoral, artículos 163, inciso 3º y 164.

(9) Se dijo que en el E-4, tenía 12 votos y en el E-24 se le reportaron 15.

(10) Se aseveró que en el E-14, alcanzó 2 y en el E-24 se le reportó 1.

(11) Sentencia del 1º de julio de 1999, Expediente 2234.

(12) Sentencias de esta Sección del 14 de enero de 1999 (exps. 1871 y 1872), del 28 de julio de 1999 (exp. 2285), del 10 de agosto de 2000 (exp. 2400), del 29 de junio de 2001 (exp. 2477), del 27 de enero de 2003 (exps. 2495 y 2487) y del 28 de marzo de 2003 (exps. 2468 y 2488), entre otras.

(13) Ver sentencia del 9 de junio de 1995 (exp. 1184).

(14) Aunque la sentencia anterior se refiere al numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, los criterios que expone resultan aplicables a la intervención en la gestión de negocios y en la celebración de contratos a que se refiere el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 que son objeto de estudio en este proceso.

(15) Sentencia del 28 de septiembre de 2001, Expediente 2674.

(16) Sentencia del 19 de octubre de 2001, Expediente 2654.

(17) Sobre este particular puede verse la sentencia de 10 de mayo de 2001 dictada por la Sección Tercera de esta corporación en el Expediente 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347), demandante: Hunos Construir Ltda., demandado: municipio de Arauca, ponente doctor Ricardo Hoyos Duque, en la que se dijo: “[E]n este orden de ideas, los actos que se producen ‘con motivo u ocasión de la actividad contractual’, son todos aquellos que se expiden dentro de la operación contractual, vale decir, los que tienen relación directa con las actividades que se cumplen desde la iniciación del proceso de selección del contratista hasta la terminación y liquidación del contrato, diferenciándose sí los de la etapa precontractual (separables o previos) de los contractuales propiamente dichos, susceptibles de impugnarse los primeros a través de las acciones previstas en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo y los segundos por la del art. 87...”.

(18) Ver folios 342 y siguientes del cuaderno principal del Expediente 2008-0009.