Sentencia 2008-00024 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 11001032500020080002400

Nº interno 0606-2008

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Juan Germán Parrado Díaz

Demandado: Nación -Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa.

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Llegado el momento de decidir y no observando causal de nulidad que invalide la actuación, procede la Sala a dictar sentencia en el asunto de la referencia.

Antecedentes

El señor Juan Germán Parrado Díaz, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad parcial del Acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la rama judicial”, en los apartes que se resaltan y subrayan a continuación(1):

“(...).

Artículo segundo: (...).

(...).

Solo se permitirá la inscripción hasta un máximo de cinco (5) cargos(2).

En el evento de superar la fase I –Prueba de conocimientos y aptitudes para cargos que correspondan a diferentes áreas, en la forma señalada en el numeral 5.1 de la presente convocatoria, la inscripción a la Fase II –curso de formación judicial, solo se permitirá para cargos que correspondan a una misma área, a elección del concursante”.

ART. 3º—El concurso es público y abierto. (...)

(...).

1. (...).

2. (...).

2.1. (...).

2.2. (...).

2.3. (...).

2.4. Documentación.

Los aspirantes al momento de la inscripción deben allegar debidamente clasificados y en el orden que se indica, los siguientes documentos:

2.4.1. (...)

(...)

2.4.7. Comunicación en la que exprese si desiste de la participación en la convocatoria de juez penal del circuito especializado(3).

(...).

5. Etapas del concurso.

5.1. (...)

(...)

Fase II Curso de formación judicial.

Los aspirantes que superen la prueba de conocimiento y aptitudes, serán convocados a través de la página web de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co a participar en esta fase II - curso de formación judicial, la cual estará a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Para tal efecto deberán inscribirse obligatoriamente, en la fecha, lugar y hora que se indique en la citación. La no inscripción conlleva el retiro del proceso de selección.

El curso se dictará en la modalidad semipresencial, según programación que se entregará a los participantes, en la sede o sedes que determine esta Sala, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de participantes y sus lugares de inscripción al concurso.

El curso se dictará teniendo en cuenta las siguientes áreas o especialidades: i) Civil, ii) Penal, iii) Familia, iv) Laboral, v) Disciplinaria, vi) Contencioso Administrativa, vii) Promiscuo y viii) Sala Administrativa.

La inscripción al curso solo se permitirá para cargos que pertenezcan a una misma área o especialidad, conforme la siguiente clasificación:

(...).

En el evento en que un mismo participante supere la prueba de conocimientos para dos a más cargos de diferente área o especialidad, únicamente podrá participar en uno de los cursos de formación judicial especializados conforme la anterior clasificación; por consiguiente, solo podrá inscribirse a un único curso (área) de su elección y se entenderá culminada su participación para los demás cargos.

El curso comprende dos partes, una general y otra especializada, atendiendo el área que agrupe los cargos de aspiración, las cuales estarán conformadas por módulos de análisis y aplicación práctica, pasantías en los despachos judiciales y un trabajo de investigación. La parte general tendrá un peso del 40% y la especializada del 60% del resultado final del curso.

La aprobación de la parte general será prerrequisito para la especializada, de manera que quien no apruebe aquella no podrá continuar en el concurso. La calificación de cada parte será el promedio del puntaje obtenido en las evaluaciones de sus componentes.

La calificación final del curso de formación judicial corresponderá a la ponderación de los puntajes consolidados obtenidos en la parte general y en la parte especial.

Para aprobar el curso se requiere haber asistido al menos al 80% de las actividades presenciales siempre que las inasistencias, que no pueden superar el 20%, se encuentren debidamente justificadas; cumplir todas las cargas académicas y las prácticas programadas; y obtener 800 o más puntos en una escala de 1 a 1000 en cada parte.

Los gastos que se generen por desplazamiento y estadía para quienes asistan al curso, estarán a cargo de cada concursante.

Solo los aspirantes que obtengan un puntaje final ponderado igual o superior a 800 puntos, continuarán en el proceso de selección e integrarán el correspondiente registro nacional de elegibles.

El curso de formación judicial inicial se regirá por las anteriores disposiciones y por las que se señalen en el correspondiente acuerdo pedagógico que profiera la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el efecto, el cual será publicado en la Gaceta Judicial y en la página web de la rama judicial: www.ramajudicial.gov.co”.

(...)”.

Con respecto al artículo 3º, numeral 5.1 fase II - curso de formación judicial, solicitó que se declare inconstitucional e ilegal, toda vez que desconoce las previsiones del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

De manera subsidiaria, solicitó que se declare la legalidad condicionada de dicho aparte, en el entendido que los funcionarios judiciales que hayan realizado el curso de formación judicial no están obligados a repetirlo.

En el acápite de hechos de la demanda, el actor indicó, que mediante Acuerdo PSAA08-4528 del 4 de febrero de 2008, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó al XVII concurso de méritos para proveer cargos de carrera en la rama judicial.

Sostuvo que la referida convocatoria limitó la inscripción a máximo cinco (5) cargos y restringió la Fase II inscripción en el curso de formación judicial a un solo curso de una misma área o especialidad: i) Civil, ii) Penal, iii) Familia, iv) Laboral, v) Disciplinaria, vi) Contencioso Administrativa, vii) Promiscuo y viii) Sala Administrativa.

Expresó que el acuerdo incurrió en omisión reglamentaria relativa, toda vez que guardó silencio respecto a los concursantes que habiendo realizado el curso de formación judicial, en calidad de funcionarios judiciales, no están obligados a repetirlo, de conformidad con lo previsto en el artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Suspensión provisional

El actor solicitó la suspensión provisional del acto administrativo en los apartes demandados, por violación de los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 40, 125, 209, 256 y 257 de la Constitución Política y artículos 84 numeral 17, 156, 160, 162, 164 numeral 1º y 168 de la Ley 270 de 1996, al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura usurpó competencia, se convirtió en legislador y restringió derechos fundamentales de los participantes con la expedición del mismo (fls. 47 a 54).

El despacho que sustancia la presente causa, mediante auto de 24 de julio de 2008, negó la suspensión provisional de los apartes demandados al considerar que, no era posible determinar la manifiesta violación de las normas invocadas (fls. 78 a 86).

Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes disposiciones:

De la Constitución Política: artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 40, 125, 209, 256 y 257.

De orden legal: Ley 270 de 1996, artículos 85 numeral 17, 156, 160, 162, 164 numeral 1º y 168.

El concepto de violación lo desarrolló la parte actora de la siguiente manera:

Primer Cargo. Respecto al Artículo Segundo incisos 2º (con su nota al pie de página) y 3º, y el artículo tercero numeral 2.4.7. del Acuerdo 4528 de 2008.

Sostuvo que la competencia de las autoridades de la República es reglada y se encuentra subordinada a la Constitución y la ley, por lo tanto, la facultad reglamentaria también se ejerce dentro de esos precisos límites.

Afirmó que es un derecho fundamental de los ciudadanos participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a través del acceso a funciones y cargos públicos, sin restricción de ninguna naturaleza.

Aseguró que restringir a cinco (5) cargos la inscripción dentro de la convocatoria demandada, vulnera el derecho a la igualdad de los concursantes respecto a convocatorias anteriores porque establece una limitación arbitraria y caprichosa.

Expuso que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa (CSJ), extralimitó el ejercicio de su facultad reglamentaria al restringir el derecho fundamental de los aspirantes a acceder a cargos públicos, toda vez que la ley estatutaria no hace restricción alguna sino que permite concursar en cargos de distinta especialidad.

Manifestó que el acto acusado desatiende el interés general del mérito, por cuanto este no se logra restringiendo las oportunidades para acceder a los cargos públicos. Indicó que la carrera judicial pretende que las personas más capaces ejerzan la función judicial, independientemente de los cargos a que aspiren.

Argumentó que el CSJ omitiendo los cánones constitucionales invocados, usurpó funciones del legislador al efectuar una triple restricción, a saber:

— Limita la inscripción al máximo de 5 cargos.

— Dentro de la anterior posibilidad, reduce la inscripción a 4 cargos para el caso de quienes se hayan inscrito para la convocatoria al cargo de juez penal del circuito especializado, según la convocatoria a la que se refiere el Acuerdo 4132 de 2007, o los obliga a desistir de esa aspiración para hacer uso de las cinco (5) opciones a las que se refiere el Acuerdo 4528 de 2008.

— Solo permite la inscripción al curso de formación judicial para cargos que correspondan a una misma área y especialidad, así el participante haya superado la Fase I, (es decir la prueba de conocimiento y aptitudes) para cargos que correspondan a diferentes áreas.

Por último, indicó que la ley no hace ninguna restricción respecto a la posibilidad de inscripción en cargos de distinta especialidad.

Segundo cargo. De manera principal, plantea la Inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo tercero, numeral 5.1. Fase II, del Acuerdo 4528 de 4 de febrero de 2008, indicando que dicho aparte se encuentra viciado por desconocimiento del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, sin desarrollar el concepto de la violación.

Seguidamente, en lo que denomina como cargo subsidiario, solicita que se declare la constitucionalidad y legalidad condicionada de dicho aparte, en el entendido de que los concursantes que siendo funcionarios judiciales de carrera ya hayan hecho el curso de formación judicial, tendrán por acreditado ese requisito con el curso anterior, o en su defecto que se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo el artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Indicó que se presenta una omisión relativa reglamentaria por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al no pronunciarse sobre los aspirantes que siendo funcionarios judiciales ya realizaron el curso de formación judicial inicial.

Destacó que únicamente el acceso por primera vez a cualquier cargo de carrera judicial requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la ley, según las previsiones del inciso segundo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Contestación de la demanda

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa, a través de apoderada, contestó la demanda con los siguientes argumentos (fls. 105 a 132):

Manifestó que limitar la inscripción por participante, a máximo 5 cargos, es desarrollo del postulado previsto en el artículo 125 de la Constitución, para hacer razonable y efectivo el derecho del concursante de escoger los cargos de su predilección o afinidad, obteniendo el beneficio de satisfacer su aspiración de acceso a la rama judicial.

Expresó que existen restricciones de tipo presupuestal y logístico que hacen razonable y operativa la disposición, frente a la gestión administrativa al alcance de la Sala Administrativa, basadas en principios de eficiencia, eficacia y economía.

Sostuvo que el acuerdo demandado se expidió con fundamento en las facultades reglamentarias que constitucional y legalmente le fueron conferidas por los artículos 257 de la C.P. y la LEAJ artículo 85 numerales 5º, 9º y 22 y artículos 127, 128, 129, 204 y 160, como administrador de la carrera judicial.

Afirmó que los aspirantes que no estarían obligados a la realización del curso de formación judicial serían aquellos que habiendo realizado el curso de formación judicial en desarrollo de un proceso de selección anterior, a la fecha de su inicio, se encontraban vinculados al servicio en los cargos para los cuales participaron, tenían calificación de servicios en el mismo y aspiraban para un cargo de la misma especialidad y de categoría superior. Expresa que el fin del curso es actualizar al aspirante en la especialidad escogida y darle las herramientas necesarias para el momento del ejercicio del cargo.

Indicó que el hecho de que el Acuerdo 4528 de 2008 no haya señalado expresamente el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 no significa que se incumpla o se vulnere dicha disposición.

Como argumentos de defensa, adujo la inexistencia de violación de las normas demandadas y la facultad reglamentaria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para fijar las reglas del concurso de méritos.

Afirmó que el estudio de seis (6) temas en los concursos sería una tarea complicada, porque siempre se dará prelación a uno más que a otros, por lo que considera que al restringir por especialidad se garantiza el principio de excelencia de la carrera judicial.

Respecto al primer cargo de nulidad, manifestó que el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos no es absoluto y encuentra su límite en el principio del mérito. Se refirió a la justificación constitucional de la carrera administrativa, el derecho de igualdad para el acceso a los cargos públicos; los fines perseguidos y los requisitos que se debían cumplir para el acceso a la carrera judicial, y concluyó que todos los concursantes fueron sometidos a las mismas reglas emanadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las que oportunamente fueron divulgadas.

Indicó que a pesar que se permite la inscripción en varios cargos de manera simultánea, dadas las competencias, perfiles, funciones y categorías de los empleos, resulta contrario a los principios de economía, eficiencia, celeridad y eficacia, construir un concurso donde se involucren distintos niveles y especialidades de cargos que permita la participación de los aspirantes para la totalidad de los mismos, teniendo en cuenta que las pruebas para medir el mérito, son diferentes para cada uno de los destinos a proveer, razón por la cual no sería posible aplicar a un solo concursante todas estas, teniendo en cuenta las limitaciones de carácter técnico, presupuestal y logístico, más cuando la aplicación de las citadas pruebas deben realizarse de forma simultánea a nivel nacional.

Sostuvo que de conformidad con el artículo 26 del Decreto-Ley 052 de 1987, el cual continúa vigente hasta tanto no se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial, el concurso podrá realizarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones, por lo que la posibilidad de limitar la inscripción a máximo 5 cargos se fundamentó teniendo en cuenta, entre otros, la garantía de la simultaneidad en la aplicación, así como los niveles, perfiles, funciones, aptitudes, competencias y especialidad requeridos para cada tipo de cargo, en concordancia con la estructura de las pruebas diseñadas para los mismos por parte de la Universidad Nacional, entidad contratada para la construcción de las citadas pruebas técnicas.

Informó que la disposición de permitir la inscripción de hasta cinco (5) cargos para funcionarios en la presente convocatoria, determinó un impacto de carácter presupuestal presentándose la necesidad de una adición al valor inicial del Convenio Interadministrativo 147 de 2007, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia que en la actualidad se encuentra pendiente para la obtención de la respectiva disponibilidad presupuestal.

Expresó que permitir la participación de los concursantes para todos los cargos implicaría la aplicación de hasta 10 pruebas específicas dependiendo de los cargos de elección, las cuales se podrían llevar a cabo en un término de tres días teniendo en cuenta el volumen de inscritos a las convocatorias, situación, desde el punto de vista logístico implicaría un gasto enorme de contratación de personal extra para el manejo de las pruebas a realizar, al igual que la consecución de instalaciones locativas a nivel nacional para la presentación de las mismas, lo cual por restricciones de índole presupuestal afecta directamente el presupuesto asignado a sus instituciones.

Concluye que, al existir razones técnicas, administrativas y presupuestales basadas en los principios de eficiencia, eficacia y economía como las expresadas, queda demostrado que no fue capricho de la administración el precisar los cargos de aspiración, sino el ejercicio de claros principios constitucionales y desarrollos legales como el artículo 26 del Decreto-Ley 52 de 1987.

Frente al segundo cargo, afirmó que los aspirantes que no estarían obligados a la realización del curso de formación judicial serían aquellos que habiendo realizado el curso de formación judicial en desarrollo de un proceso de selección anterior, a la fecha de su inicio, se encontraban vinculados al servicio en los cargos para los cuales participaron, tenían calificación de servicios en el mismo y aspiraban para un cargo de la misma especialidad y en categoría superior.

Alegatos

— La parte actora guardó silencio.

— La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión con apoyo en las siguientes razones (fls. 138 a 140):

Manifestó que la convocatoria acata los parámetros fijados por el artículo 125 de la Carta Política, la ley estatutaria de la administración de justicia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sostuvo que tal reglamentación obedeció a razones técnicas, administrativas y presupuestales, y está basada en los principios de eficiencia, eficacia y economía, lo que indica que no fue capricho de la administración precisar los cargos de aspiración, sino el ejercicio de claros principios constitucionales y desarrollos legales como el artículo 26 del Decreto-Ley 052 de 1987.

Coadyuvancia

El señor Guillermo Pardo Piñeros, actuando en nombre propio, compareció al proceso, mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2008, con el fin de coadyuvar la demanda de nulidad contra el Acuerdo 4528 de 2008, con los siguientes argumentos (fls. 165 a 173):

Afirmó que la parte demandada se apoya en aspectos presupuestales y de eficiencia administrativa para limitar la inscripción a un número de cinco (5) cargos, aduciendo razones de carácter técnico y pedagógico que no consultan la realidad, toda vez que en la guía de la presentación de las pruebas se estableció que “según las inscripción efectuada, el aspirante podrá presentar hasta ocho (8) pruebas, incluyendo la prueba general, y mínimo dos (2) pruebas: la prueba general y otra específica de acuerdo a los cargos de aspiración, así:

Pruebas a presentar (SIC)Número de preguntas
Prueba general. Común para todos los cargos50
Derecho penal70
Derecho civil50
Derecho contencioso administrativo50
Sala administrativa de consejos seccionales50
Derecho de familia50
Derecho laboral50
Derecho disciplinario50
Total de pruebas:8

Explicó como un aspirante podía haber presentado las ocho (8) pruebas, según los cargos escogidos, pero que según las reglas de la convocatoria, solo podía aspirar a que se le publicaran los resultados en 5 categorías, lo que sostiene que no es proporcionado ni razonable; afirmó que el argumento fundado en la eficiencia y buen manejo de los recursos estatales queda sin respaldo toda vez que ya se habían contratado las pruebas de conocimientos.

Presentó un comparativo de los resultados de tres concursantes para resaltar que el diseño del concurso no consulta el mérito de los aspirantes y que la limitación de la inscripción a cinco cargos, no asegura que los aspirantes más idóneos y capaces, sean los llamados a ocupar los cargos públicos, por lo que afirma que se violan las normas superiores señaladas en la demanda, principalmente los artículos 13, 40 y 125 de la Constitución Política.

Manifestó que resulta contrario a las normas superiores limitar al concursante que ha aprobado las pruebas de conocimientos en más de un área a que solo se inscriba en un curso de formación judicial en un área o especialidad, lo cual no está autorizado ni por la Constitución Política ni por la ley estatutaria de administración de justicia.

Indicó que se rompe la igualdad respecto de los aspirantes que se presentaron a las convocatorias reguladas por los acuerdos 1547 a 1550 de 2002, quienes podían acudir al curso de formación judicial sin tener que dar por concluida ninguna de las aspiraciones respecto de las cuales aprobaron el examen de conocimientos, lo cual crea una discriminación que no es razonable ni proporcional, en detrimento de los aspirantes convocados por el Acuerdo 4528 de 2008.

Finalmente, en cuanto al parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, indicó que el funcionario judicial que ya haya realizado el curso de formación judicial, no está obligado a repetirlo para eventuales ascensos.

Destaca que en la actualidad el criterio de la especialidad está absolutamente revaluado, cuando por virtud de las acciones constitucionales (de tutela, de grupo, populares y habeas corpus) todos los jueces deben tener un conocimiento en otras áreas.

Concepto del ministerio público

El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y que se condicione el fallo en el sentido de que los servidores de la rama judicial que efectivamente acrediten la aprobación del curso de formación judicial no se les obligue a repetirlo, acatando lo previsto en el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 (fls.174 a 182):

Manifestó que la limitación de la inscripción a un máximo de cinco cargos no obedece a un trato discriminatorio, ni restringe el derecho fundamental de igualdad, ya que está permitiendo el acceso a cargos públicos de forma proporcionada y racional, atendiendo los criterios plasmados en el artículo 209 constitucional, el cual prevé que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, etc.

En relación con la exigencia de que el curso de formación judicial solo se puede hacer por una especialidad viola derechos fundamentales, precisó que en atención a las diversas áreas y especialidades del derecho en que se dividió la clasificación: civil, penal, familia, laboral, disciplinaria, contencioso administrativa, es razonable que se permita que el aspirante haga el curso de formación judicial en la especialidad de su preferencia; además la ley solo permite la realización de un curso de formación judicial y no de varios, porque los participantes que ya lo realizaron no deben volver a repetirlo.

Consideraciones

1. Problema jurídico.

Se trata en el presente caso de establecer si el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, al expedir el Acuerdo PSAA08-4528 de 2008, violó el derecho a la igualdad de los participantes, extralimitó el ejercicio de sus competencias y desconoció el orden jurídico superior, al consagrar, en los apartes demandados, las siguientes reglas: (i) Limitar la inscripción hasta un máximo de cinco (5) cargos; (ii) Limitar la inscripción a la Fase II- Curso de Formación Judicial, solo para cargos que correspondan a una misma área o especialidad, a elección del concursante.

Por otra parte, la Sala deberá establecer si procede declarar la legalidad condicionada del numeral 5.1. del artículo tercero del acto demandado, por incurrir en omisión reglamentaria al no regular lo atinente a la exclusión del curso de formación judicial para los funcionarios de carrera que acrediten haberlo realizado, según las previsiones del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

2. El acto administrativo demandado.

Se trata del Acuerdo PSAA08-4528 de 2008 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la rama judicial”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Marco normativo y conceptual.

3.1. De la carrera judicial(4)

El artículo 125 de la Carta Política, estableció el sistema de carrera previsto como una forma de acceso a los empleos públicos, con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, igualdad de oportunidades para quienes aspiran a vincularse con la administración y en una restricción en los parámetros de elección que recaen en el nominador, pues se tendrá como criterio absoluto para la selección y permanencia el mérito y las calidades de los aspirantes.

La norma mencionada prevé una regla general de provisión de empleos de carácter público, (exceptuándose los cargos de libre nombramiento y remoción, elección popular o de cargos de trabajadores oficiales), e igualmente establece, que tanto el ingreso como el retiro deben estar precedidos del cumplimiento de una serie de requisitos y condicionamientos fijados en la ley.

El sistema de carrera en la rama judicial ha estado precedido por un régimen especial. Es así como, el Decreto 1660 del 4 de agosto de 1978 agrupó las disposiciones existentes sobre administración de personal de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y de las direcciones de instrucción criminal. Con posterioridad, en el año de 1987 se expidió el Decreto 52 por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de carrera judicial.

En la actualidad, la rama judicial se rige por la Ley 270 de 1996 “estatutaria de la administración de justicia”, que aunque estableció regulaciones en materia de la carrera, mantiene vigentes las disposiciones del Decreto Ley 52 de 1987 y del Decreto 1660 de 1978 hasta tanto se expida la ley ordinaria correspondiente, siempre que sus estipulaciones no sean contrarias a la Constitución Política y a la misma Ley 270 de 1996 (art. 204 ib.(5)) .

El Título VI, Capítulo II de la citada Ley, desarrolla lo concerniente con el campo de aplicación, ingreso, permanencia, promoción y retiro de la carrera judicial, reiterando que este sistema técnico de administración de personal tiene como fundamento el mérito y se basa en el “carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto...” (art. 156 ídem).

En el artículo 157 de la ley se indica expresamente que la administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, respecto de quienes se deberá procurar una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles a su vez, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento.

Siendo el mérito el fundamento principal para el ingreso a la carrera judicial, la misma ley estableció, previo cumplimiento de los requisitos generales, especiales y adicionales, un proceso de selección público y abierto cuya realización atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura que permita evaluar las condiciones intelectuales, morales y humanas de los aspirantes, ofreciendo competitividad, idoneidad, eficiencia y optimización en la calidad en el servicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 162 de la ley estatutaria, el proceso de selección, según se trate de funcionarios o empleados, comprenderá un concurso de méritos, conformación del registro de elegibles, elaboración de lista de candidatos y nombramiento. El objetivo, alcance y desarrollo de las etapas mencionadas es fijado por los artículos 164 a 168 ibídem.

3.2. De la competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de carrera judicial.

El artículo 256 de la Constitución Política, en su numeral 1ª) dispone:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1ª) Administrar la carrera judicial...”.

Dentro de las funciones que constitucionalmente se le atribuyen está la de:

“Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (art. 257 num. 3ª) C.P.).

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 270 de 1996, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde “la administración de la rama judicial y ejercer la función disciplinaria, de conformidad con la constitución Política y lo dispuesto en esta ley”.

En el numeral 17 del artículo 85 ibídem se establece, que corresponde al Consejo Superior de la judicatura “administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley”.

De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 el sistema de ingreso a los cargos de carrera para funcionarios judiciales comprende las etapas ya señaladas de: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. En la misma norma se dispone que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamentar, de acuerdo con la ley, la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, de manera que se garantice la publicidad y contradicción de las decisiones.

Las disposiciones normativas que anteceden demarcan el ámbito del ejercicio de las funciones atribuidas constitucional y legalmente al Consejo Superior de la Judicatura en lo que concierne a la administración de la rama y de la carrera judicial.

En este orden de ideas, las funciones de administrar la carrera judicial y la de dictar reglamentos para el eficaz cumplimiento de la administración de justicia, deben ser cumplidas por el Consejo Superior de la Judicatura con estricta sujeción a la Constitución y a la ley.

4. Análisis de los cargos.

Por efectos metodológicos se analizaran los cargos de violación al derecho a la igualdad de los participantes, extralimitación del ejercicio de la facultad reglamentaria y violación del ordenamiento jurídico superior, frente a cada una de las reglas demandadas, así: (i) Limitación de la inscripción hasta un máximo de cinco (5) cargos; (ii) Limitación de la inscripción a la Fase II- curso de formación judicial, solo para cargos que correspondan a una misma área o especialidad, a elección del concursante.

Igualmente, se analizará si procede declarar la legalidad condicionada del numeral 5.1. del artículo tercero del acto demandado, por incurrir en omisión reglamentaria al no regular lo atinente a la exclusión del curso de formación judicial para los funcionarios de carrera que acrediten haberlo realizado, según las previsiones del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

4.1. Primera regla demandada: De la limitación en la inscripción a cinco (5) cargos.

Los apartes del Acuerdo 4528 de 2008 que se acusan son los siguientes:

Artículo segundo. Inciso 1º:

“Solo se permitirá la inscripción hasta un máximo de cinco (5) cargos (1)”.

(1) Los aspirantes que se inscribieron al concurso de méritos para el cargo de Juez Penal del Circuito Especializado, convocado mediante el Acuerdo PSAA07-4132 de 2007, deberán tener presente que este es uno de los cargos a tener en cuenta dentro del límite de inscripciones aquí establecido, y por tanto solo podrán optar por cuatro (4) cargos. Si Su interés es declinar su participación para Juez Penal del Circuito Especializado, deberá allegar junto con el formulario de inscripción, comunicación en la que señale de manera expresa el desistimiento.

Artículo Tercero. Numeral 2.4. Subnumeral 2.4.7.

“Los aspirantes al momento de la inscripción deben allegar debidamente clasificados y en el orden que se indica, los siguientes documentos:

2.4.7. Comunicación en la que exprese si desiste de la participación en la convocatoria de juez penal del circuito especializado(4)”.

(4) Únicamente aplica para los que se inscribieron en la convocatoria a concurso de méritos contenida en el Acuerdo PSAA07-4232 de 2007, para el cargo de juez penal del circuito especializado y deseen participar para cinco (5) cargos de los señalados en la presente convocatoria.

Considera el actor que el acto acusado incurre en violación del derecho a la igualdad de los concursantes toda vez que limita la inscripción a cinco (5) cargos, cuando ni la Constitución, ni la ley establecen un límite en la participación en los procesos de selección.

Asegura que es un derecho fundamental acceder al desempeño de funciones y cargos públicos sin restricción de ninguna naturaleza, por lo que sostiene que no les es dado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecer la limitación indicada en los apartes acusados.

Expresa que la restricción consagrada se aparta de la finalidad perseguida por la Constitución y la Ley que establecen el mérito como factor de acceso a la función pública.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, afirma que el acuerdo acusado es el resultado de la facultad reglamentaria asignada por la Constitución y la ley. Sostiene, que todos los participantes en el concurso de méritos de carácter abierto, gozan, durante todas las etapas, de las garantías para vincularse por el sistema de carrera a la rama judicial, y no son sorprendidos con los reglamentos del concurso, por lo que no cabe predicarse un trato desigual dado que todos se someten a las mismas reglas emanadas de la Sala Administrativa del CSJ.

Para resolver lo pertinente, cabe destacar que el Acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 2º, convocó a concurso de méritos, la provisión de los siguientes cargos de funcionarios de la rama judicial:

1. Magistrado de Tribunal Administrativo

2. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil

3. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal

4. Magistrado de Tribunal Superior - Sala de Familia

5. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Laboral

6. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil – Familia

7. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil – Familia – Laboral

8. Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única

9. Magistrado de Sala Administrativa de Consejo Seccional de la Judicatura

10. Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura

11. Juez Administrativo

12. Juez Civil del Circuito

13. Juez Penal del Circuito

14. Juez de Familia del Circuito

15. Juez Laboral del Circuito

16. Juez Penal para Adolescentes

17. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

18. Juez Promiscuo del Circuito

19. Juez Promiscuo de Familia

20. Juez Civil Municipal

21. Juez Penal Municipal

22. Juez Promiscuo Municipal

23. Juez de Pequeñas Causas

Advierte la Sala, en primer lugar, que dicha convocatoria se refiere a veintitrés (23) cargos de distinta especialidad (Civil, Penal, Familia, Laboral, Disciplinaria, Contencioso Administrativa, Promiscuo y Sala Administrativa) y categoría en las diferentes Corporaciones y Despachos de la Rama Judicial (Tribunales Administrativos, Tribunales Superiores, Consejos Seccionales de la Judicatura y Juzgados), circunstancia que determina una diferencia sustancial en el diseño del presente proceso de selección, respecto de las convocatorias anteriores a las que alude el demandante en las cuales se ofertaban empleos de la misma especialidad(6) por cada convocatoria.

Al tenor de los artículos 162 y 164 de la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, posee la potestad reglamentaria para expedir normas de carácter general destinadas a la correcta ejecución y cumplimiento de la carrera judicial, lo que implica determinar el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas del concurso de méritos, entre ellas, la convocatoria pública.

En este orden, la Sala Administrativa del CSJ, goza de la facultad para regular cada una de las etapas del concurso de méritos, siendo la inscripción una ellas, por lo tanto, cabe señalar que la regla acusada obedece al ejercicio de la facultad reglamentaria asignada por la constitución y la ley a la entidad demandada.

En criterio de la Sala, la regla de inscripción, establecida en el aparte acusado no vulnera el derecho de acceso a la función pública, toda vez que con ella se le brinda al concursante la posibilidad de seleccionar, de acuerdo con la experiencia y formación que posea, y frente a los veintitrés (23) cargos convocados, un número máximo de cinco (5) cargos, en los que acredite las calidades y aptitudes para participar, considerándose un margen de escogencia razonable, proporcional y adecuado para garantizar el derecho de acceso a los cargos de carrera en la Rama Judicial, teniendo en cuenta, de una parte, la diversidad de jerarquías y especialidades de los mismos, y de otra, el grado de conocimiento y experiencia que cada participante esté en capacidad de acreditar.

Tanto la Constitución como la ley, permiten que los concursos puedan efectuarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones(7), con lo cual no se menoscaba el derecho a ejercer profesión u oficio, dado que con la inscripción del aspirante, en igualdad de condiciones, se le respeta el mismo.

Así pues, el aparte demandado sobre la inscripción a cinco cargos de la convocatoria, pretendió hacer razonable y efectivo el derecho consagrado en el artículo 125 de la carta política y su ponderación y proporcionalidad está dada en la decisión del CSJ de convocar el concurso en mención con el fin de permitirle al concursante escoger entre los cargos convocados, cinco (5) de su predilección o afinidad, obteniendo el beneficio de satisfacer su aspiración de acceso a la rama judicial.

Aunado a ello, advierte la Sala, que la referida disposición está soportada en razones de tipo técnico, administrativo y financiero, como lo son, el diseño de la metodología para la aplicación de las pruebas, el tiempo en la realización de las mismas, el costo de los cuadernillos, la garantía en la simultaneidad en la aplicación de las pruebas, la capacidad de los participantes para resolver cierto número de preguntas, la capacidad administrativa y presupuestal del CSJ, toda estas razones, fueron expuestas por el Consejo Superior de la Judicatura en el escrito de contestación de la demanda y se encuentran soportadas en el estudio elaborado por el centro de investigaciones para el desarrollo de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia (fls. 97 a 104), y tienen relación con los principios de economía, celeridad y eficacia en el desarrollo del proceso de selección, razones que resultan suficientes para validar la legalidad de la medida ya que persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe derechos que la propia Constitución ha garantizado, como el acceso a los cargos públicos.

Destaca también la Sala que dicha regla se enmarca dentro de la facultad conferida al CSJ para reglamentar las etapas de los procesos de selección, y constituye a su vez una medida dirigida a garantizar el eficaz funcionamiento del referido proceso, que tiene por finalidad el desarrollo efectivo de la administración de justicia.

En criterio de la Sala, dada la particularidad de la presente convocatoria, en razón a la multiplicidad de cargos convocados, de diferente especialidad y jerarquía, resulta razonable establecer un límite máximo en la inscripción por participante, atendiendo principios de eficiencia, economía y celeridad en el desarrollo del concurso de méritos, pues de otra forma, la realización del mismo conllevaría un esfuerzo presupuestal y organizativo mayor e innecesario ante la posibilidad real de que los participantes inscritos en la totalidad de los cargos pudieran acreditar simultáneamente los conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad frente a todos ellos, y culminar con éxito el proceso de selección.

Ahora bien, estima la Sala que la disposición objeto de análisis no vulnera el derecho a la igualdad de los participantes frente a convocatorias anteriores, ya que revisados los antecedentes de los mismos, contenidos en los acuerdos 1548 a 1550 de 2002, dichas convocatorias se referían a un número menor de cargos convocados, y pertenecían a una misma especialidad, situación que dista del caso concreto, y que desde luego, imponía otro diseño del concurso en la determinación de la metodología en la aplicación de las pruebas, el número de cuadernillos de exámenes, los costos, y demás aspectos relacionados con la planeación y desarrollo del proceso de selección, circunstancia por la cual, la Sala encuentra razones que justifican la adopción de reglas de inscripción distintas en el presente concurso de méritos.

En este orden de ideas, al existir razones técnicas, administrativas y presupuestales, basadas en los principios de eficiencia, eficacia y economía como las aquí presentes, concluye la Sala que no fue capricho de la administración el precisar los cargos de aspiración, sino que constituye una regla que obedece a claros principios constitucionales y desarrollos legales, y que resulta razonable(8), en consideración a la multiplicidad y diversidad de los cargos convocados por sus especialidades y jerarquías, motivo por el cual, los cargos de violación al derecho a la igualdad, infracción de la ley y extralimitación de funciones propuesto contra la regla de inscripción, no está llamado a prosperar.

4.2. Segunda regla demandada: La restricción de la fase II- curso de formación judicial- a cargos que correspondan a una misma área, a elección del concursante.

Los apartes del Acuerdo 4528 de 2008 que se acusan son los siguientes:

Artículo segundo.

(...).

“En el evento de superar la fase I –Prueba de conocimientos y aptitudes para cargos que correspondan a diferentes áreas, en la forma señalada en el numeral 5.1 de la presente convocatoria, la inscripción a la fase II –Curso de Formación Judicial, solo se permitirá para cargos que correspondan a una misma Área, a elección del concursante”.

Artículo tercero.

(...).

Fase II curso de formación judicial

(...).

La inscripción al curso solo se permitirá para cargos que pertenezcan a una misma área o especialidad, conforme a la siguiente clasificación:

ÁreaCargos
CivilMagistrado de Tribunal Superior – Sala Civil
Juez Civil del Circuito
Juez Civil Municipal
PenalMagistrado de Tribunal Superior Sala Penal
Juez Penal del Circuito Especializado
Juez Penal del Circuito
Juez Penal Municipal
Juez Penal para Adolescentes
Juez de Pequeñas Causas
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
FamiliaMagistrado de Tribunal Superior – Sala de Familia
Juez de Familia del Circuito
Juez Promiscuo de Familia
LaboralMagistrado del Tribunal Superior – Sala Laboral
Juez Laboral del Circuito
DisciplinariaMagistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura
Contencioso administrativaMagistrado de Tribunal Administrativo
Juez administrativo 
PromiscuoMagistrado de Tribunal Superior – Sala Civil- Familia
Magistrado de Tribunal Superior- Sala Civil- Familia – Laboral
Magistrado de Tribunal Superior – Sala Única
Juez Promiscuo del Circuito
Juez Promiscuo Municipal
Sala administrativaMagistrado de Sala Administrativa de Consejo Seccional de la Judicatura

En el evento en que un mismo participante supere la prueba de conocimientos para dos o más cargos de diferente área o especialidad, únicamente podrá participar en uno de los cursos de formación judicial especializados conforme la anterior clasificación; por consiguiente, solo podrá inscribirse a un único curso (área) de su elección y se entenderá culminada su participación para los demás cargos.

(...)”.

Afirma el actor que esta regla impone una restricción que no se encuentra prevista ni en la constitución ni en la ley ya que el artículo 164 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, permite acceder a cargos de igual o de distinta especialidad.

Indicó que en ejercicio de la facultad reglamentaria, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no puede crear restricciones o limitaciones para el acceso a los cargos públicos.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, planteó que dicha regla permite satisfacer principios como el de la especialidad jurisdiccional, con el fin de facilitar que los aspirantes puedan concentrarse en el estudio de los temas de los cargos de elección. Afirma que inscribirse a cursos de distinta especialidad implica el estudio de varios temas lo que es una tarea complicada que disminuye las probabilidades de éxito. Afirma que existen razones técnicas, administrativas y presupuestales que justifican la restricción.

Como lo indicó la Sala, es claro que el acceso a cargos de carrera y el ascenso a los mismos, dentro de la rama judicial, se realiza previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, así como los reglamentos que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con base en las facultades conferidas por el artículo 257 numeral 3º de la C.N., siendo la convocatoria, la norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos.

En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-654 de 2011, sostuvo que el régimen de carrera encuentra fundamento en tres objetivos básicos: 1) El óptimo funcionamiento en el servicio público, desarrollado en condiciones de igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 2) Para garantizar el ejercicio del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos públicos; y 3) Para proteger y respetar los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio del Estado, originados en el principio de estabilidad en el empleo.

Sobre el acceso y ascenso en la carrera judicial, el artículo 163 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (en adelante LEAJ), establece en su inciso segundo que todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial serán públicos y abiertos.

La Ley 270 de 1996 en sus artículos 85, 162, 164, 165 y 169, señala que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene la potestad de reglamentar la forma, clase, contenido, alcance y demás aspectos de cada una de las etapas del proceso de selección; con lo que no cabe duda acerca de la función que le fue asignada para administrar la carrera judicial y expedir los reglamentos generales, el contenido, el desarrollo, el procedimiento y los puntajes de cada una de las etapas que comprenden los procesos de selección a su cargo.

Por su parte, el artículo 164 establece:

“El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo.

Los concursos de méritos en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:

1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen (...)”.

Las anteriores disposiciones promueven la participación de los ciudadanos en los concursos de méritos, con el fin de que puedan acceder a los distintos cargos de la rama judicial.

Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 270 de 1996, el curso de formación judicial es un medio adecuado para cumplir varios objetivos del concurso de méritos a que se someten los aspirantes. A través del mismo se busca desarrollar mayores destrezas para la optimización del talento humano en procura de una eficiente y eficaz administración de justicia dentro de los fines atribuidos al Estado social de derecho(9), de ahí que su existencia como una fase dentro de la etapa de selección se encuentra plenamente justificada.

De acuerdo con la referida disposición, el curso puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual, reviste la modalidad de curso concurso, o contemplase como requisito previo para el ingreso a la función judicial.

En el presente caso, la convocatoria contempló el curso de formación como la segunda fase de la etapa de selección, seguido de la Fase I – Prueba de conocimientos y aptitudes, de esta manera, se consagró que solo quienes obtuvieran un puntaje igual o superior a 800 puntos, podían continuar en la Fase II, es decir, el curso de formación judicial. En este orden, el diseño de las etapas del concurso obedeció a una secuencia lógica: continuarían en la fase II, quienes hubieran superado la fase I.

La Sala reconoce que la facultad reglamentaria que tiene el CSJ es amplia y le da autonomía para determinar las reglas de la convocatoria, en tal sentido, se ha pronunciado(10) para señalar que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, reglamentar, de acuerdo con la ley, la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, de manera que se garantice la publicidad y la posibilidad de controvertir las decisiones:

“IV) De la competencia del consejo superior de la judicatura en materia de carrera judicial

El artículo 256 de la Constitución Política, en su numeral 1ª) dispone:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1ª) Administrar la carrera judicial...”.

Dentro de las funciones que constitucionalmente se le atribuyen está la de:

“Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (art. 257 num. 3ª) C.P.).

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 270 de 1996, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde “la administración de la rama judicial y ejercer la función disciplinaria, de conformidad con la constitución Política y lo dispuesto en esta ley”.

En el numeral 17 del artículo 85 ibídem se establece, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley”.

De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 el sistema de ingreso a los cargos de carrera para funcionarios judiciales comprende las etapas ya señaladas de: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. En la misma norma se dispone que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamentar, de acuerdo con la ley, la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, de manera que se garantice la publicidad y contradicción de las decisiones.

Las disposiciones normativas que anteceden demarcan el ámbito del ejercicio de las funciones atribuidas constitucional y legalmente al Consejo Superior de la Judicatura en lo que concierne a la administración de la rama y de la carrera judicial.

En este orden de ideas, las funciones de administrar la carrera judicial y la de dictar reglamentos para el eficaz cumplimiento de la administración de justicia, deben ser cumplidas por el Consejo Superior de la Judicatura con estricta sujeción a la Constitución y a la ley”.

De otra parte, el artículo 164 de la LEAJ define con suma precisión el concurso de carrera judicial como un proceso dentro del cual se deben evaluar seis factores: conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos de carrera en la rama judicial, para determinar con el resultado de dicha evaluación, no solo con la inclusión de un concursante en el registro o lista de elegibles, sino también su ubicación en el mismo.

Hecha la precisión anterior, considera la Sala que, la medida adoptada por el CSJ en la convocatoria objeto de análisis consistente en limitar la inscripción a un solo curso de formación judicial especializado por razón del área o especialidad no comporta un sacrificio injustificado del derecho de los participantes a continuar en el proceso de selección para los demás cargos de su preferencia, porque la finalidad del curso es la formación judicial de los concursantes para el adecuado desempeño de la función judicial, la cual solo podrá ejercerse en un (1) cargo de la rama judicial, dentro de un área o especialidad determinada, y no en todos aquellos para los cuales el aspirante concursó, de modo que no se ve reducida la expectativa de los participantes frente al acceso a los cargos convocados.

De suerte que encuentra la Sala que tal medida se ajusta a la finalidad del curso de formación judicial cual es la formación judicial de los concursantes para el adecuado desempeño de la función judicial en el área o especialidad seleccionada, y a la cual podía acudir el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de la facultad reglamentaria que le asiste.

Así las cosas, en criterio de la Sala, con la expedición de la regla acusada, el CSJ no extralimitó su competencia respecto a la facultad reglamentaria, ni vulneró el derecho fundamental de los participantes a acceder a cargos públicos, motivo por el cual, este cargo no está llamado a prosperar.

4.3. Sobre la procedencia de declarar la legalidad condicionada del numeral 5.1. del artículo tercero del Acuerdo 4528 de 4 de febrero de 2008.

Argumenta el demandante que el acto acusado, en los apartes citados, desconoce las previsiones contenidas en el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, al omitir consignar que los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial no están obligados a repetirlo para eventuales ascensos.

En efecto, de la lectura del parágrafo del artículo 160 de la LEAJ, la Sala infiere que los funcionarios de la rama judicial que acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos, de manera que, los aspirantes que siendo funcionarios de carrera acrediten la realización del curso de formación judicial, no están sometidos a las reglas específicas de la Fase II, en cuanto que no tienen que inscribirse al curso de formación judicial.

Al revisar el contenido del numeral 5.1. Fase II Curso de formación judicial del acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, claramente se advierte por la Sala, que la demandada omitió referirse al mandato contenido en el parágrafo del artículo 160 de la LEAJ, que exonera de la obligación de seguir el curso de formación judicial a los funcionarios de carrera judicial que acrediten haberlo realizado.

En este orden, la omisión de tal exoneración, en la regulación de esta fase, puede generar confusión en la interpretación sobre las consecuencias que se derivan de la no inscripción al curso, de modo que resulte necesario que dicha disposición sea interpretada armónicamente con el contenido del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Aunado a ello, destaca la Sala que el mismo artículo 160, señala que “el acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial...” disposición que permite inferir que la exigencia del curso de formación opera para el acceso por primera vez, por lo tanto, los funcionarios judiciales no están obligados a repetirlo.

Dicho tratamiento que dispensa a los servidores que cumplieron y aprobaron el curso de formación judicial de repetirlo, es razonable, en la medida que resulta innecesario que repitan las pruebas que han superado para lograr su formación profesional y científica para el adecuado desempeño de la función judicial.

Ahora bien, el aparte impugnado, si bien incurre en omisión, al no contemplar la situación prevista por el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, no transgrede en forma expresa su contenido, por lo tanto, no se dispondrá su retiro del ordenamiento jurídico, pero sí se ordenará darle al mismo, una lectura que armonice con los preceptos legales invocados por el demandante.

En este orden de ideas, la Sala declarará la legalidad del aparte demandado, condicionada a que la interpretación que se realice del mismo sea armónica con el contenido del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, con el fin de eliminar interpretaciones que vulneren su contenido y suplir la omisión reglamentaria en relación con la exclusión del curso de formación judicial, para los servidores judiciales que acrediten haberlo realizado.

Acerca de la procedencia de condicionar las sentencias de nulidad, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 16 de junio de 2009(11), señaló:

“Frente a esta situación la Sala considera, apoyada en los principios del efecto útil de las normas y el de conservación del derecho, en virtud de los cuales se destaca y acentúa la idea de que en la producción normativa se invierte un esfuerzo administrativo, jurídico y político que vale la pena conservar, que se deben y pueden modular las sentencias de validez, cuando se encuentre algún sentido a la norma controlada que se ajuste al derecho vigente, de modo que, por esta vía, se logran dos propósitos: i) eliminar del ordenamiento jurídico las interpretaciones y aplicaciones que vulneran el derecho —exclusión total de la ilegalidad, para mantener aséptico el ordenamiento jurídico—, y ii) se conserva exclusivamente la aplicación e interpretación ajustada a la constitución o la ley –inclusión plena de la legalidad, para mantener dinámico el ordenamiento jurídico.

Esta actitud también conserva al juez administrativo dentro de la esfera de legalidad que debe observar, en el ejercicio de sus funciones, pues lo que le ordena la Constitución y la ley es que controle la legalidad de los actos administrativos que examina, lo cual realiza con más perfección cuando modula las sentencias, toda vez que no siempre las situaciones que se presentan a sus ojos son blancas o negras, esto es, válidas o nulas —y menos en la compleja realidad jurídica que se vive—, y con esta técnica obtiene mayor provecho para ejercer el control de la administración pública moderna.

Esta técnica ha sido empleada en anteriores oportunidades por la Sección Segunda(12), y por la Sección Tercera(13) de la corporación para evitar retirar del ordenamiento, una disposición administrativa que admite una lectura conforme a las normas superiores, sin que en modo alguno se extralimiten los poderes del juez administrativo conforme a lo prescrito por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, para eliminar del ordenamiento jurídico una interpretación de las normas reprochadas contraria al mismo, tal como lo solicita el demandante, se dictará una nulidad condicionada a la interpretación armónica de la misma con el contenido del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Este mismo criterio fue expuesto por la Sección, en sentencia de 11 de octubre de 2007(14), al revisar la legalidad del artículo 2º, numeral 4.1., del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, en la que precisó lo siguiente:

“...El artículo segundo del Acuerdo 1549 de 2002, aunque no hace mención explícita al parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 tampoco lo contraría de manera expresa. Ambas disposiciones deben interpretarse sistemáticamente y, como consecuencia de ello, debe entenderse que el curso de formación judicial a que alude la convocatoria en estudio debe ser realizado por los aspirantes que hayan participado en el concurso, exceptuando a los funcionarios de carrera que hayan acreditado su realización previa, caso en el cual “(...) se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de la evaluación.”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala declarará la legalidad del artículo 2º, numeral 4.1, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, condicionada a que la interpretación que se haga del mismo deberá ser armónica con el contenido del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, de tal manera que pueda suplirse la omisión aludida”.

Por último y teniendo en cuenta que mediante la presente sentencia se declara la nulidad parcial del Acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, respecto de algunos apartes del artículo 2º inciso 3º y del Artículo 3º, numeral 5.1., aclara la Sala que los efectos ex tunc(15) de dicha declaratoria, excluye las situaciones consolidadas, en aras de la seguridad jurídica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARASE condicionadamente ajustado a derecho el artículo 3º, numeral 5.1. Fase II- Curso de Formación Judicial, del Acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto se interprete armónicamente con el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.

2. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda presentada por Juan Germán Parrado Díaz, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, contra la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por la expedición del Acuerdo PSAA08-4528 de 2008, en los demás apartes expresamente demandados.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Bertha Lucia Ramírez de Páez—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero

(1) Fls. 55-75

(2) Los aspirantes que se inscribieron al concurso de méritos para el cargo de Juez Penal del Circuito Especializado, convocado mediante Acuerdo PSAA07-4132 de 2007, deberán tener presente que este es uno de los cargos a tener en cuenta dentro del límite de inscripciones aquí establecido, y por tanto, solo podrán optar por cuatro (4) cargos. Si su interés es declinar su participación para el juez penal del circuito especializado, deberán allegar junto con el formulario de inscripción, comunicación en la que señale de manera expresa el desistimiento.

(3) Únicamente aplica para los que se inscribieron en la convocatoria a concurso de méritos contenida en el Acuerdo PSAA07-4132 de 2007, para el cargo de juez penal del circuito especializado y deseen participar para cinco (5) cargos de los señalados en la presente convocatoria.

(4) La Sala reitera el marco normativo y conceptual expresado en sentencia de 20 de mayo de 2010, Radicación 11001-03-25-000-2008-00020-00(0547-08), Actor: Luis Carlos Alzate Ríos y otros. Sección Segunda, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(5) Referencia Nro. P.E.- 008, Revisión Constitucional del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”, sentencia del 5 de febrero de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. Se declaró la Exequibilidad del artículo 204. Se sustentó la decisión en que de conformidad con los artículos 125 y 150 numeral 23 de la C.P., el Congreso de la República, sí puede expedir una ley ordinaria sobre carrera judicial que se ocupe de los aspectos que no fueron regulados en la ley estatutaria de la administración de justicia, aunque atendiendo el régimen jerárquico de las leyes, las disposiciones ordinarias que se expidan no podrán modificar, adicionar, reemplazar o derogar las normas contenidas en la ley estatutaria, pues para ello deberá someterse la respectiva ley al trámite previsto en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política.

(6) El Acuerdo 1548 de 2002 convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de magistrado de sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura; El Acuerdo 1549 de 2002, para los cargos de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial y Juez de la República en la Jurisdicción Ordinaria; el Acuerdo 1550 de 2002, para los cargos de Magistrado de Tribunal Administrativo y Juez Administrativo, y el Acuerdo 1551 de 2002, para cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios administrativos que existan en los distritos judiciales de su circunscripción territorial.

(7) En tal sentido, el Decreto 52 de 1987, en su artículo 26, dispone: “El concurso podrá realizarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones. En este caso para cada uno de los grupos deberá elaborarse la lista de admisibles con sus respectivas calificaciones de antecedentes”. La anterior disposición, resulta aplicable en tanto no contraría la Ley 270 de 1996.

(8) Se entiende razonable la medida en cuanto logra el fin perseguido cual es, asegurar la realización de los principios que orientan la función pública, respetando el derecho de acceso a los cargos públicos.

(9) En este sentido se pronunció la Sala mediante sentencia de 20 de mayo de 2010.C.P: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 11001-03-25-000-2008-00020-00(0547-08). Actor: Luis Carlos Alzate Ríos y otros.

(10) Sentencia de 20 de mayo de 2010. Consejo de Estado. Sección Segunda. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 11001-03-25-000-2008-00020-00(0547-08). Actor: Luis Carlos Alzate Ríos y otros.

(11) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C., diez y seis (16) de junio de dos mil nueve (2009). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00305-00(CA). Actor: Presidencia de la República.

(12) Ver sentencia de 11 de octubre de 2007, radicación: 11001-03-25-000-2005-00035-00 (1165), actor: Miguel Ángel Sánchez Acosta. C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(13) En providencias del 2 de mayo de 2007, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Radicación: 11001-03-26-000-1998-05354-01(16257), Actor: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP y del 9 de junio de 2010, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Radicación: 11001-03-26-000-2009-00089-00 (37258), Actor: Juan Gabriel Varela Alonso.

(14) Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante. Radicación No. 11001-03-25-000-2005-00035-00 (1165-05) Actor: Miguel Angel Sánchez Acosta.

(15) Es decir, se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad.