Sentencia 2008-000315 de septiembre 28 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 0500111020002008000315 01/2217 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Sala 90 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir este recurso de apelación de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), en armonía con lo dispuesto en el artículo 81 y el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007.

En virtud de la competencia antes mencionada, procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por la interesada.

La observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía, quienes deben conservar la dignidad y el decoro profesional; colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observar con mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obrar con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, entre otros, el ejercicio profesional del abogado se fundamenta en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

En ese orden de ideas, se tiene que la abogada María Dolores Mesa Díaz fue llamada a juicio disciplinario y hallada responsable de infringir el artículo 33, numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, por haber ofrecido cien millones de pesos a la señora Leidy Johana Arango, empleada judicial con el fin de que manifestara la supuesta verdad sobre los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2008 en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Berrío, sin existir causal alguna de exoneración de responsabilidad, se demostró la certeza de la conducta de la togada, al incurrir en la falta disciplinaria enrostrada en la formulación de cargos, descrita en artículo 33 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, con sanción de suspensión del ejercicio profesional por el término de dos (02) meses y multa en cuantía de cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, siendo la conducta calificada en la modalidad de dolo.

Así las cosas, esta corporación examina las exculpaciones de la apelante plasmadas en su escrito de la siguiente forma:

1. En relación con la no valoración de las pruebas aportadas en su oportunidad en la audiencia de pruebas y calificación provisional datada el 29 de octubre de 2010 dentro del expediente en estudio y nuevamente allegadas en el escrito de apelación.

Esta Sala entra a verificar si fueron tenidas en cuenta al momento de proferir la sentencia objeto de alzada, por cuanto se podría estar incurso en una violación al debido proceso por el quebrantamiento al principio del ejercicio de la defensa y de contradicción que le asiste a la disciplinada. Si ello resultare cierto, se incurriría en una nulidad por lo que esta corporación se inhibiría para analizar de fondo la apelación.

Al verificar el acervo probatorio, se evidencian copias de la queja presentada por la disciplinada ante la Procuraduría General de la Nación denunciando al funcionario Boris Preciado, acta de compromiso de Darío Soto, copia del registro civil de defunción del señor Jhon Jairo Albarracín, fotocopias del SOAT de volqueta e historial del automotor de placa KEB 307. Las mencionadas pruebas con relación a los hechos origen de este proceso no le brindaron al a quo la utilidad para resolver el asunto investigado, pues se trata aquí de la conducta de la disciplinada y no de situaciones y actuaciones de otros funcionarios del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Berrío; por ello en la sentencia no se resaltaron, sin que se considere que no fueron valoradas en su momento, el seccional apreció integralmente todas las evidencias aportadas, de conformidad con el valor probatorio respectivo, conllevando a la convicción que el actuar de la profesional del derecho se adecuo al tipo disciplinario endilgado.

Considera esta Sala que las pruebas aportadas por la recurrente no son conducentes para el caso en concreto, pues no persigue un fin, el cual es la convicción que la disciplinada no realizó la falta endilgada o si la realizó no es susceptible de sanción al encontrarse en una causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria, es por ello que no fueron vislumbradas al momento de proferirse la sentencia recurrida, decisión acogida por esta corporación por cuanto la conducta de la profesional del derecho con relación a la funcionaria del mencionado juzgado es lo que se investiga.

Corolario de lo brevemente expuesto, la Sala se abstendrá de declarar la nulidad planteada por la apelante, y en consecuencia, procederá a abordar el estudio de fondo del asunto.

2. La doctora María Dolores Mesa Díaz, actuó como profesional del derecho en los hechos origen de la presente investigación.

Al observar la conducta realizada por la doctora María Dolores Mesa Díaz, se evidencia que lo hizo en calidad de abogada, por cuanto los hechos ocurridos se originaron desde el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Berrío; al tener intereses en varios procesos llevados en el mencionado despacho judicial, actuando como apoderada y no como ella lo propone de “ciudadana”, existiendo una relación directa entre los funcionarios, colaboradores y auxiliares de la justicia del citado despacho. Es por ello que obtiene la calidad de sujeto disciplinable al ser destinataria como lo consagra artículo 19 del capítulo III del título II de la Ley 1123 de 2007, así:

“Sujetos disciplinables.

ART. 19.—Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.

(…)”.

3. La falta enrostrada a la profesional del derecho está señalada en el artículo 33 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…).

6. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia.

En esta clase de falta disciplinaria, convergen varias actuaciones que puede realizar el profesional del derecho para incurrir en la misma, a saber: I) valerse de dádivas, II) remuneraciones ilegales, III) atenciones injustificadas o insólitas o IV) de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, basta que la conducta se adecue a una de las anteriores situaciones con uno de los siguientes fines: lograr un favor o la benevolencia de cualquier funcionario, colaborador o auxiliar de la justicia.

En el caso que nos ocupa, la profesional del derecho, a través de remuneración ilegal, quiso logar el favor de la citadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Berrío, señora Leidy Johana Arango para que declarara en contra del señor Darío Antonio Soto Restrepo, ofreciéndole la suma de cien millones de pesos. Situación que la misma inculpada reconoce y que es corroborada por las declaraciones de Leidy Johana Arango, efectuadas, la primera, el 24 de febrero de 2011, donde bajo la gravedad de juramento, con respecto al dinero ofrecido por la disciplinada, manifestó: “en la parte de ofrecimientos de dinero fue en la misma fecha de esos hechos en lo cual yo acompañe a la doctora a sacar unas fotocopias del proceso y todavía muy exaltada me hizo un ofrecimiento de cien millones de pesos (100.000.000) para que dijera una supuesta verdad que ella eludía, eso sucedió en una fotocopiadora que queda en una esquina de los juzgados”(6), y la segunda, el 18 de mayo de 2010, cuando expresó: “después del incidente con el doctor Darío yo acompañe a la doctora María Dolores a sacar unas fotocopias, ella me ofreció dineros, concretamente cien millones de pesos si yo decía la verdad de lo que había pasado, que yo dijera que el doctor Darío la había estrujado y le había pegado, yo a la señora no le contesté nada”. Evidenciándose de esta manera la adecuación de la conducta realizada por la disciplinada a la falta endilgada; en consecuencia se prueba la tipicidad de la falta disciplinaria.

Para esta Sala, el valor y fuerza probatoria de un testimonio depende de su análisis integral, realizado conforme a los principios de la sana crítica y contribuye a formar convicción sobre los hechos que interesan al proceso, en el caso de alzada, es indiscutible lo expresado por la testigo antes mencionada, al ser la persona a quien se le ofreció el dinero por parte por la investigada, siendo su versión clara y coherente de la manera como ocurrió la situación, además no se avizora alguna causa para que la mencionada funcionaria no pudiese expresar libremente lo sucedido en el citado despacho.

Con respecto a la antijuridicidad de la conducta disciplinaria, ésta se encuentra en la vulneración del bien jurídico protegido el cual es la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, por cuanto a la empleada judicial no se le debe ofrecer ningún tipo de recompensa para que diga la verdad de los hechos en los que resultaron involucrados algunos funcionarios del citado juzgado con la inculpada, situación que fue realizada por la profesional del derecho, sin que existiera alguna causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria.

Continuando con el análisis de la conducta desplegada por la inculpada, fue calificada a título de dolo por cuanto actuó de manera voluntaria y consciente de los efectos de su comportamiento.

Ahora bien, para la incursión en la citada falta disciplinaria no es necesario que el resultado se dé en relación directa con un proceso, basta con valerse de ofrecimiento económico, en este caso con brindarle a la citadora del mencionado juzgado el peculio sin importar la cifra, para que se considere adecuado su comportamiento al tipo disciplinario en referencia.

De otra parte, con relación a los deberes que infringió la togada, para esta Sala no son derivados del trámite efectuado dentro del proceso de restitución de bien inmueble, sino por la conducta realizada en cabeza de la profesional del derecho con respecto a la oferta de dinero efectuada a la señora Leidy Johana Arango, quien se desempeñaba para la época de los hechos como citadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puesto Berrío. Los deberes vulnerados por la togada fueron los plasmados en los numerales 1º, concerniente a “Observar la Constitución Política y la ley” y 6º “Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado” ya que el comportamiento de la disciplinada vulnera el bien jurídico tutelado, siendo éste el de la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

4. El Estado tiene la potestad de ofrecer recompensas.

El Estado al poseer esa facultad, utiliza la recompensa como uno de los métodos con que cuenta en la lucha contra la impunidad, por razones de la política criminal. No puede en este caso la disciplinada recurrir a esta figura, ya que eso sería como hacer justicia por su propia mano, pese a existir mecanismos legales que le permiten acceder a encontrar la verdad y no mediante ofrecimientos económicos a los funcionarios judiciales como lo fue a la citadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puesto Berrío, para que declara sobre unos hechos ocurridos en el citado despacho como se ha reiterado.

El comportamiento de la profesional del derecho, no puede entenderse justificado por el deseo de defender con vehemencia las gestiones de los procesos, pues este propósito jamás puede aceptarse a costa de agravios u ofrecimientos a los agentes de la administración de justicia o de aquellos que intervienen en los asuntos relacionados con su profesión, en cuanto que así resulta irrespetado el bien jurídico tutelado, pudiendo hacerlo mediante los mecanismos determinados en la ley, como incoar un proceso disciplinario o acudir a la jurisdicción penal de acuerdo a los hechos narrados por la disciplinada para que accione la estructura de la administración de justicia con el fin de investigar las posibles faltas disciplinarias o conductas delictivas.

En definitiva, esta Sala no encuentra de recibo ninguna de las líneas argumentales expuestas por la apelante y encontrándose debidamente probada la falta disciplinaria en que incurrió la recurrente, esta Sala le impartirá confirmación en su integridad a la sentencia apelada.

Finalmente, en relación a la tasación de la sanción, al tener en cuenta los criterios generales de la misma, acorde con lo establecido en el literal a numerales 1º y 2º del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala considera que la suspensión por el término de 2 meses del ejercicio profesional y la multa de cuatro salarios mininos legales mensuales vigentes para el año 2008, impuesta a la abogada, será confirmada, en razón a que se ajusta a la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que a su vez imponen la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria(7).

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión proferida el 29 de abril de 2011, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de la cual sancionó con suspensión del ejercicio profesional por el término de dos (02) meses y multa en cuantía de cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, a la doctora María Dolores Mesa Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 21.930.586 y portadora de la tarjeta profesional 115.598 del Consejo Superior de la Judicatura, como autora responsable de la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, señalada en el numeral 6º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese, y cúmplase.

(6) Folios 116 a 117, C.O.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-290-08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.