Sentencia 2008-00034 de septiembre 1º de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 11001-03-27-000-2008-00034-01(17378)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A., Incolmotos Yamaha S.A.

Demandado: Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil once.

Fallo

Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, interpuso la Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha.

I) Demanda

La mencionada sociedad, a través de apoderado judicial, demandó la nulidad de los apartes resaltados del artículo 13, y el artículo 16 de la Resolución 1512 del 25 de mayo de 2007, proferida por el director de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyos textos son los siguientes:

“Resolución 1512 de 25 de mayo de 2007

“Por el cual se reglamenta el Decreto 3803 de 2006”

El Director de Comercio Exterior

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 4269 de 2005 (...)

RESUELVE:

(...)

ART. 13.—En el marco de lo establecido en el convenio de complementación en el sector automotor, las solicitudes de importación de vehículos se evaluarán por el régimen de libre importación cuando el año de fabricación y modelo correspondan al año en que se presenta la solicitud o cuando el modelo corresponda al año siguiente. Las solicitudes que no reúnan estas condiciones deberán ser tramitadas por el régimen de licencia previa. Para las solicitudes de importación de material CKD se exigirá la indicación del año de fabricación.

ART. 16.—No se requerirá licencia de importación, cuando se trate de:

1. Importaciones no reembolsables por causas diferentes a las señaladas en el artículo 15 del Decreto 3803 de 2006 y no estén enmarcadas dentro de los eventos para los cuales se requiere de licencia previa.

2. Importaciones para entidades oficiales, cuando el importador sea el contratista a quien se adjudicaron los bienes en desarrollo de un proceso de contratación pública, siempre y cuando no requieran requisito, permiso o autorización de entidad competente y no estén enmarcadas dentro de los eventos para los cuales se requiere de licencia previa.

3. Importación de bienes diferentes a vehículos que sean nuevos y fabricados en el año inmediatamente anterior a la solicitud, los cuales no se consideran saldos.

4. Repuestos, partes y piezas de vehículos importados, cualquiera sea su año de fabricación y sean nuevos de primera calidad.

5. Material CKD, si la fecha de fabricación corresponde a los últimos veinticuatro (24) meses anteriores al de la solicitud de registro o de licencia de importación.

6. Mercancía que haya ingresado nueva a zona franca dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de solicitud de registro o de licencia de importación.

7. Libros, revistas, publicaciones y demás impresos, así como videos y películas de cualquier formato, sometidas al régimen de propiedad intelectual, cualquiera sea el año de fabricación”.

Estimó como violados los artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución Política; 4º del Decreto 4269 de 2005; 18 y el numeral 20 del artículo 2º del Decreto-Ley 210 de 2003, la Ley 790 de 2002, y el Decreto 3803 de 2006.

Señaló que la Constitución, la ley y el reglamento, asignan, de manera estricta y taxativa, las competencias de cada uno de los órganos de la administración pública, y para que exista una actuación válida tendiente al bien común, necesariamente se le debe haber asignado a cada organismo y funcionario su porción de poder estatal.

Alegó que las normas demandadas crearon nuevos requisitos para la importación de bienes, servicios y tecnologías, particularmente la exigibilidad de la licencia previa, tratándose de vehículos automotores.

Que el artículo 13 de la Resolución 1512 de 2007 instituye como nuevo requisito para que la importación de vehículos se tramite por el régimen de libre importación, que el año de fabricación debe ser igual al año en que se presenta la solicitud de importación, y en el caso de no cumplirse tal situación, exige que se tramite una licencia previa, requisito que no estaba consagrado en el decreto reglamentado, el cual en el parágrafo 1º del artículo 6º establece claramente que los productos nuevos que se pretenden importar, y que hayan sido fabricados en el año inmediatamente anterior al de la solicitud, no se consideran saldos y, por tanto, no requieren licencia de importación, situación que se reitera en el parágrafo 2º del mencionado artículo.

Adujo que el artículo 16 estableció las excepciones a las exigencias de licencia de importación, a pesar de que se encontraban previamente delimitadas con suficiencia y claridad por el Decreto 3803 del 2006. Por tanto, dicha norma desbordó las reglas estrictas de competencia dispuestas en normas superiores.

Advirtió que el Decreto 3803 de 2006 establece como hecho generador de la obligación de tramitar licencia previa, el momento de fabricación versus la declaración de importación, y para el efecto se debe tener en cuenta el año anterior a la presentación y aceptación de la declaración de importación, y no que la fabricación haya sido en el mismo año de la solicitud de importación.

Que, en consecuencia, al establecerse que el bien se somete al régimen de licencia previa cuando es fabricado en el mismo año de la solicitud, se crea un hecho generador nuevo y distinto, que no estaba previsto en el Decreto 3803 de 2006, lo cual viola el artículo 315 de la Constitución Nacional, puesto que se excede la facultad de reglamentación.

Indicó que el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 790 de 2002, expidió el Decreto-Ley 210 de 2003, en el cual delimitó y fijó la competencia para la creación de cualquier requisito a la importación y exportación de bienes, servicios y tecnología, en cabeza del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministro del ramo correspondiente.

Manifestó que, atendiendo los criterios de competencia señalados en el decreto antes mencionado, se expidió el Decreto 3803 del 2006, mediante el cual se establecen las disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación, exigencias estas que no son más que requisitos de importación de bienes, servicios y tecnología.

Sostuvo que la competencia de la dirección de comercio exterior está enmarcada por los artículos 18 del Decreto 210 de 2003 y 4º del Decreto 4269 de 2005, con los cuales no se otorga la capacidad para fijar nuevos requisitos a la importación de bienes, servicios y tecnología, particularmente en lo que tiene que ver con las licencias de importación de vehículos automotores. Los preceptos acusados adolecen de ilegalidad por incompetencia del funcionario que los expidió, y deben ser declarados nulos al no sujetarse a las reglas estrictas de competencia consagradas en normas superiores.

II) Oposición

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones del actor, con los siguientes argumentos de defensa:

Señaló que, de conformidad con el artículo 13 de la Resolución 1512 de 2007, la exigencia del trámite de la licencia previa para importar vehículos cuyo año de fabricación y modelo no correspondan al año de la solicitud de importación o al modelo del año siguiente, se establece en el marco de lo dispuesto en el convenio de complementación del sector automotor, resolución cuyo propósito es indicar a los usuarios que cuando se trata de las importaciones de vehículos en los términos acordados en el artículo 6º del mencionado convenio, no se aplica lo dispuesto en el Decreto 3803 de 2006 sino lo acordado en este convenio.

Consideró que el propósito de la Resolución 1512 de 2007 no es crear una exigencia que no previó el Decreto 3803 de 2006, sino, por el contrario, facilitar los trámites y requisitos aplicables a las importaciones de bienes, servicios y tecnologías, precisando el compromiso que Colombia adquirió con los gobiernos de Ecuador y Venezuela en la suscripción del convenio de complementación en el sector automotor, celebrado el 16 de septiembre de 1999.

Sostuvo que las normas demandadas fueron expedidas por el director de comercio exterior, no sólo en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 4269 de 2005, sino, también, en procura de velar por la aplicación prevalente de los compromisos internacionales adquiridos por el país.

Indicó que las normas del Decreto 3803 de 2006 establecen el trámite de la licencia previa para la importación de vehículos en condiciones diferentes a las precisadas en la Resolución 1512 de 2007. Transcribió apartes de la Sentencia C-137 de 1996, para señalar que el derecho comunitario prevalece sobre el derecho interno.

III) Alegatos de conclusión

El demandante presentó escrito de alegatos de conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda, agregando lo siguiente:

Indicó que el Decreto 3803 de 2006 tuvo en cuenta el convenio de complementación en el sector automotor, en el sentido de considerar como saldos aquellos vehículos cuyo año, modelo no corresponde a aquel en que se realizó la importación, pero excepcionó del trámite de la licencia de importación a los vehículos cuyo año-fabricación fuere anterior a la solicitud, o anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación, situación que fue modificada sin competencia alguna por las normas demandadas, al establecerse el requisito de licencia previa para los vehículos fabricados en el año de la solicitud de importación.

Manifestó que el decreto reglamentado salvaguarda los compromisos internacionales adquiridos en el convenio de complementación del sector automotor, y que las normas acusadas no contribuyen al cumplimiento de los deberes supranacionales. Por el contrario, modificaron uno de los requisitos de la importación de mercancías.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público dentro de la etapa procesal rindió concepto en los siguientes términos:

Explicó que el artículo 2º del Decreto 3803 de 2006 estableció el régimen de licencia previa para aquellos productos sometidos al control, para garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, convenios o protocolos internacionales.

Señaló que el artículo 6º del convenio de complementación en el sector automotor suscrito por Colombia, Ecuador y Venezuela, en el marco del Acuerdo de Cartagena, acordó que los países participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente.

Consideró que la resolución acusada sólo se limitó a precisar el evento que no se encuentra descrito en las normas pertinentes del Decreto 3803 de 2006, es decir, que por vía de exclusión precisó cuándo es procedente la exigencia del régimen de licencia previa, tratándose de vehículos automotores.

Destacó que el acto acusado no fijó ningún requisito o exigencia que no se encontrara ya en el decreto reglamentario o se pudiera deducir del mismo, y, por el contrario, se limitó a transcribir lo acordado por Colombia en el referido convenio.

Manifestó que tampoco creó nuevas excepciones diferentes a las ya establecidas en el Decreto 3803 de 2006, y únicamente se limitó a relacionar situaciones que ya fueron descritas en diferentes artículos del decreto citado.

IV) Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a pronunciarse sobre la legalidad de los apartes acusados del artículo 13, y del artículo 16 de la Resolución 1512 del 25 de mayo de 2007, proferida por el director de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para el efecto se debe determinar, a la luz de la demanda y de la contestación a la misma, si el director de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al expedir los artículos 13 (apartes demandados) y el artículo 16 de la Resolución 1512 del 25 de mayo de 2007, ha desbordado el ámbito de su competencia y transgredido la facultad reglamentaria, al crear nuevos requisitos para la importación de bienes, servicios y tecnologías, en especial en cuanto al trámite de licencia previa para la importación de vehículos automotores.

En el sub lite se observa, en síntesis, que la actora consideró que los apartes acusados del artículo 13 crean un requisito que no estaba previsto en el Decreto 3803 de 2006, al establecer que la solicitud de importación se regirá por el régimen de libre importación, cuando el año de fabricación y modelo del vehículo corresponda al año en que se presenta la solicitud, o cuando el modelo corresponda al año siguiente, y al exigir que en el evento en que no se reúnan tales condiciones, la solicitud debe ser tramitada por el régimen de licencia previa.

En relación con el artículo 16 alegó que este contempla unas excepciones a la exigencia de la licencia de importación, no obstante que se encontraban determinadas con suficiencia y claridad por el Decreto 3803 del 2006. Por tanto, dicha norma desbordó las reglas de competencia dispuestas en normas superiores.

El presidente de la República, en ejercicio de facultades constitucionales(1), expidió el Decreto 3803 de 2006, por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencias de importación, que regulan de manera general las importaciones de bienes, servicios y tecnología.

Con fundamento en las facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 18 del Decreto-Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 4269 de 2005, el director de comercio exterior expidió la Resolución 1512 del 25 de mayo de 2007.

La dirección de comercio exterior es una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, la cual está a cargo de un director y ejerce las siguientes funciones(2):

“1.”Numeral modificado por el artículo 4º del Decreto 4269 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:” Desarrollar las funciones de ejecución, control y vigilancia de la política de comercio exterior en materia de trámites, procedimientos de comercio exterior y prácticas desleales de comercio, y realizar estudios y análisis estadísticos sobre las operaciones de comercio exterior.

2. Participar en las negociaciones relacionadas con las materias de su competencia.

3. Presidir el comité de importaciones, organismo cuyas competencias son las señaladas para la junta de importaciones en los artículos 77 del Decreto-Ley 444 de 1967 y 2º del Decreto 1247 de 1969.

4. Reconocer, administrar y divulgar los instrumentos de promoción de las exportaciones que le correspondan, conforme al ámbito de su competencia.

5. Ordenar la apertura de las investigaciones relativas a las prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardias, conforme a las normas legales sobre la materia, y adoptar las medidas provisionales correspondientes a las mencionadas prácticas desleales.

6. Promover la descentralización de los trámites de comercio exterior a su cargo, con el fin de facilitar las actividades de los usuarios.

7. Expedir los actos administrativos o las instrucciones sobre las materias de su competencia y realizar las operaciones a que haya lugar para el adecuado desarrollo de sus funciones.

8. Administrar los ingresos producto de la venta de formas valoradas, venta de información del banco de datos, venta de publicaciones y documentos de comercio exterior, los rendimientos de inversiones financieras y demás recursos que se generen en cumplimiento de sus funciones.

9. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la dirección de comercio exterior, y dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la dirección de comercio exterior.

10. Colaborar con la oficina de planeación sectorial en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión y del programa anual mensualizado de caja que deba adoptar la dirección.

11. Efectuar la apertura de las cuentas bancarias y de ahorros requeridas para el normal funcionamiento de la dirección.

12. Actuar, de conformidad con la delegación conferida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, como ordenador del gasto y efectuar las inversiones de los excedentes temporales de tesorería.

13. Distribuir los cargos de la planta global de personal de la dirección, que le asigne el ministro, de acuerdo con la organización interna y crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la dependencia y los planes y programas del ministerio.

14. Dirigir, coordinar y controlar las actividades que se desarrollen a través de las direcciones territoriales, para garantizar la ejecución de la política de comercio exterior y las actividades de desarrollo empresarial.

15. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le sean asignadas.

16. “Numeral adicionado por el artículo 5º del Decreto 4269 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:” Administrar la ventanilla única de comercio exterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 4149 del 10 de diciembre de 2004, para racionalizar trámites y procedimientos de comercio exterior” (negrilla fuera de texto).

El artículo 13 de la Resolución 1512 del 25 de mayo de 2007 se expidió en el marco del convenio de complementación en el sector automotor celebrado el 16 de septiembre de 1999, por los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela(3), en el cual se aprobó:

“Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Vistos: Los artículos 62 y 63 del Acuerdo de Cartagena, las decisiones 298, 370 y 444 de la comisión, las resoluciones 355 de la junta y 163 de la secretaría general y los artículos 1º y 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba;

(...).

Aprueban:

ART. 1º—Celebrar el siguiente convenio de complementación industrial en el sector automotor que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia.

(...).

ART. 6º—Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente. Igualmente solo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar”.

Siendo el Estado colombiano sujeto de derecho internacional, con capacidad para pactar y ratificar convenios internacionales(4), se encuentra obligado a cumplir los compromisos que en tal calidad contraiga. Por tanto, a las importaciones que se realicen en el país les es aplicable la norma internacional dispuesta en el convenio. Sobre este tema se pronunció la Corte Constitucional en su Sentencia C-137 de 1996, en los siguientes términos:

“Como es sabido, el concepto de supranacionalidad —dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena— implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando esta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) —dentro del efecto conocido como preemption— a la norma nacional”.

Ahora bien, el artículo 13 de la Resolución 1512 de 2007 no estableció nuevos requisitos para la importación de vehículos, toda vez que el artículo 6º del Convenio de Complementación en el sector automotor es claro en establecer que “los países participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente”, por lo que, al señalar el artículo 13, que las solicitudes de importación de vehículos se evaluarán por el régimen de libre importación cuando el año de fabricación y modelo correspondan al año en que se presenta la solicitud o cuando el modelo corresponda al año siguiente, y que las solicitudes que no cumplan dichas condiciones deberán ser tramitadas por el régimen de licencia previa, tan solo hace aplicable el convenio, legislación vigente que debe acatarse.

De acuerdo con la normativa supranacional y nacional analizada, es dable predicar, sin mayores discusiones, que la norma impugnada fue expedida dentro de las funciones de ejecución, control y vigilancia de la política de comercio exterior que le corresponden al director de comercio exterior.

Respecto a la nulidad del artículo 16 de la Resolución 1512 de 2007, encuentra la Sala que las excepciones a la exigencia de licencia de importación allí determinadas, corresponden a la normativa establecida en el Decreto 3803 de 2006 y en el artículo 6º del convenio de complementación en el sector automotor, por las siguientes razones:

En cuanto al primer numeral de la norma estudiada (art. 16, que define cuando no se requerirá licencia de importación), que reza: “Importaciones no reembolsables por causas diferentes a las señaladas en el artículo 15 del Decreto 3803 de 2006 y no estén enmarcadas dentro de los eventos para los cuales se requiere de licencia previa.”, se observa que no es contrario al decreto reglamentado por cuanto se remite a este, específicamente al artículo 15 el cual adoptó definiciones sobre las importaciones no reembolsables que requieren licencia de importación, y, como consecuencia de lo allí dispuesto, se concluye que las no incluidas en este no requieren dicha licencia.

En relación con el evento contemplado en el numeral 2º, “Importaciones para entidades oficiales, cuando el importador sea el contratista a quien se adjudicaron los bienes en desarrollo de un proceso de contratación pública, siempre y cuando no requieran requisito, permiso o autorización de entidad competente y no estén enmarcadas dentro de los eventos para los cuales se requiere de licencia previa”, hay que decir que está de acuerdo con el Decreto 3803 de 2006, en el sentido que limita la exigencia de la licencia de importación a que la operación de comercio exterior no esté sometida al régimen de licencia previa, entendido como aquel según el cual los bienes no pueden ser importados a menos que se obtenga previamente dicha autorización.

El numeral 3º, “Importación de bienes diferentes a vehículos que sean nuevos y fabricados en el año inmediatamente anterior a la solicitud, los cuales no se consideran saldos.”, corresponde al texto del parágrafo 1º(5) del artículo 6º del Decreto 3803 de 2006, y se sujeta a lo dispuesto en el artículo 6º del convenio de complementación en el sector Automotor, antes citado.

En relación a los numerales 4º, 5º, 6º y 7º, “4. Repuestos, partes y piezas de vehículos importados, cualquiera sea su año de fabricación y sean nuevos de primera calidad. 5. Material CKD, si la fecha de fabricación corresponde a los últimos veinticuatro (24) meses anteriores al de la solicitud de registro o de licencia de importación. 6. Mercancía que haya ingresado nueva a zona franca dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de solicitud de registro o de licencia de importación. 7. Libros, revistas, publicaciones y demás impresos, así como videos y películas de cualquier formato, sometidas al régimen de propiedad intelectual, cualquiera sea el año de fabricación”, la Sala encuentra que están en concordancia con los parágrafos 3º(6), 4º(7) y 5º(8) del artículo 6º del Decreto 3803 de 2006.

Al corresponder las excepciones al trámite de licencia de importación contempladas en el artículo 16 ibídem, a la normativa estipulada en el Decreto 3803 de 2006 y en el artículo 6º del convenio de complementación, no puede argumentarse que el director de comercio exterior actuó sin competencia al proferir dicha norma, cuando, por el contario, lo hizo en desarrollo de las funciones a él encomendadas, y en acatamiento de normativa supranacional.

Agréguese a lo anterior que el Decreto 3803 de 2006, calificado como suficiente por el accionante, contiene reglas sobre licencia de importación, y fue implementado o desarrollado por la Resolución 1512, ya conocida, respecto de cuyas normas demandadas el actor no asumió, a cabalidad, la carga de desvirtuar la presunción de legalidad que las ampara.

Por último, como quiera que no se estableció en los actos acusado nuevos requisitos para la importación de vehículos, no es dable hacer el análisis que propone el actor respecto del artículo 2º numeral 20(9) del Decreto 210 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez —William Giraldo Giraldo.

(1) Artículo 189 numeral 25. (...) regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.

(2) Decreto-Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 469 de 2005, artículo 18.

(3) Venezuela se retiró de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2006.

(4) ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República: 2. Dirigir las relaciones internacionales. (...) celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.

(5) PAR. 1º—Para efectos de lo previsto en el presente decreto, los productos nuevos que se pretendan importar fabricados en el año inmediatamente anterior al de la solicitud, no se considerarán saldos y por lo tanto, no requieren de licencia previa para su importación.

(6) PAR. 3º—(...) Para el caso de las solicitudes de importación de repuestos, partes y piezas de vehículos importados, estos no se consideran saldos, cualquiera que sea su año de fabricación y sean nuevos de primera calidad.

(7) PAR. 4º—Respecto al material CKD, si la fecha de fabricación corresponde a los últimos 24 meses anteriores al de la solicitud de registro o licencia de importación, no se entenderán como saldos. Tampoco se considera saldo, la mercancía que haya ingresado a zona franca dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de registro o licencia de importación.

(8) PAR. 5º—Para los efectos del presente decreto, no se aplica el concepto de saldo cuando se trate de libros, revistas, publicaciones y demás impresos, así como de videos y películas de cualquier formato, sometidas al régimen de propiedad intelectual.

(9) Todo requisito a la importación o exportación en tanto es una regulación de comercio exterior, deberá establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro del ramo correspondiente.