Sentencia 2008-00039 de abril 19 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000232700020080003901 (18152)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Sky Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

En primer lugar debe la Sala pronunciarse acerca de la solicitud de la parte actora en el sentido de que se celebre una audiencia pública.

La Sala considera que no es necesaria porque para analizar las circunstancias de hecho que motivaron y rodearon la expedición de los actos acusados, se dispone de estos así como de sus antecedentes administrativos. Tampoco se hace indispensable la práctica de la citada audiencia para dilucidar aspectos de derecho, pues para el efecto, se tiene la suficiente ilustración.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Según la sociedad actora, el artículo 54 de la Ley 1111 de 2006 admite la conciliación de intereses y sanciones, siempre y cuando se pruebe el pago del impuesto a cargo, que en el caso concreto corresponde a la suma de $ 663.179.000, pagada por la sociedad. Teniendo en cuenta que los procesos de determinación y sancionatorio se encuentran acumulados, el pago de dicho valor implica el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación tanto para el proceso de determinación del impuesto como para el caso de la sanción.

En el Acta 0120 del 17 de agosto de 2007, el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN no aceptó la fórmula conciliatoria presentada por la apoderada de la sociedad demandante por cuanto esta no acreditó respecto al proceso sancionatorio, el pago del ochenta por ciento (80 %) del valor de la sanción, teniendo en cuenta que: “al estar acumulados los procesos de liquidación oficial y resolución sanción estamos frente a un pleito sobre varios actos administrativos y si no existe acuerdo sobre alguno de ellos la petición resulta improcedente sobre todo el proceso”.

Señala el artículo 54 de la Ley 1111 de 2006:

ART. 54.—Conciliación contenciosa administrativa tributaria. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar hasta el día 31 de julio del año 2007, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un veinte por ciento (20 %) del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80 %) del mayor impuesto en discusión.

Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por ciento (20 %) el valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por ciento (80 %) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.

Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, se podrá conciliar solo el valor total de las sanciones e intereses, siempre que el contribuyente o responsable pague el cien por ciento (100 %) del mayor impuesto en discusión.

Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de:

a. La liquidación privada de impuesto sobre la renta por el año gravable 2005 cuando se trate de un proceso por dicho impuesto.

b. Las declaraciones del impuesto a las ventas correspondientes al año 2006, cuando se trata de un proceso por dicho impuesto.

c. Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año 2006, cuando se trate de un proceso por este concepto.

d. De los valores conciliados, según el caso.

El acuerdo conciliatorio prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de 1998 y el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean contrarias.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del impuesto al consumo.

No se aplicará esta disposición para los procesos que se encuentren en recurso de súplica.

Observa la Sala que el citado artículo consagró la terminación por la vía de la conciliación, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en materia de impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, así como sobre sanciones tributarias, iniciados antes de la vigencia de la ley y no definidos, o sea, en palabras de la ley, en los cuales “no se haya proferido sentencia definitiva”, evento en el cual podían conciliar con la DIAN antes del 31 de julio de 2007, un porcentaje de los valores discutidos por concepto de impuestos y sanciones, según el proceso se encontrare en primera o segunda instancia.

La misma norma estableció que el acuerdo conciliatorio presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 828 y 829 del estatuto tributario y hace tránsito a cosa juzgada.

Se debe tener en cuenta que en el caso concreto no existe un acuerdo conciliatorio. Precisamente, se demandan los actos administrativos por medio de los cuales el comité de defensa y conciliación judicial de la DIAN no aceptó la solicitud presentada por la sociedad actora, por considerar que el contribuyente no presentó fórmula de conciliación respecto de la sanción por imputación improcedente.

Toda vez que los efectos de cosa juzgada solo se reputan del acta de conciliación debidamente aprobada, el proceso en el cual se discutía la legalidad de los actos administrativos —por medio de los cuales la DIAN rechazó el saldo a favor imputado en la declaración de IVA del tercer bimestre de 1999 e impuso sanción por imputación improcedente respecto del saldo a favor que presentaba la declaración de IVA correspondiente al tercer bimestre de 1999—, debió continuar con su curso normal como efectivamente ocurrió, culminando con sentencia proferida por el Consejo de Estado del 11 de diciembre de 2008, Exp. 16451(2), por medio de la cual se confirmó la sentencia apelada, denegatoria de las súplicas de la demanda(3).

Anota la Sala que la viabilidad de la conciliación está condicionada al presupuesto de que la controversia no se encuentre definida mediante sentencia definitiva, dado que su finalidad es justamente ponerle fin al proceso contencioso administrativo iniciado ante la jurisdicción.

El artículo 8º del Decreto 344 de 2007, “por medio del cual se reglamentan los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006” consagra expresamente como causal de improcedencia de la conciliación la siguiente:

ART. 8º—Improcedencia de la conciliación y terminación por mutuo acuerdo. La conciliación contenciosa-administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de determinación de impuestos y/o de imposición de sanciones, no será procedente en cualquiera de los siguientes casos:

a) En los procesos en los que se haya proferido sentencia definitiva o cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado”.

Toda vez que la posibilidad de conciliar con la administración está supeditada a que en el proceso en el que se discuten los actos no se haya proferido sentencia definitiva, y que está probado que el proceso que se pretendía conciliar terminó con sentencia de segunda instancia, del 11 de diciembre de 2008, Radicación 25000-23-27-000-2003-02091-01(16451), ha desaparecido el objeto a conciliar.

Y si bien a la fecha en que se presentó la solicitud ante la administración no se había proferido la citada sentencia, una vez se dictó, no existe causa sobre la cual se pueda conciliar.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la providencia recurrida, y en su lugar, debe la Sala declararse inhibida para proferir fallo de mérito.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, y en su lugar se dispone:

DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para hacer un pronunciamiento de fondo.

RECONÓCESE personería al abogado Marco Orlando Osorio Rodríguez como apoderado de la DIAN, conforme al poder que obra en el folio 200 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(2) C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(3) La Sala concluyó que la sanción por imputación improcedente por el tercer bimestre de IVA de 1999 por valor de $ 1.428.415.000 se ajusta a derecho, en la medida en que medió un acto oficial de revisión en el cual se determinó como valor a pagar $ 295.850.000.