Sentencia 2008-00044 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015).

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Exp. 11001032400020080004400

Asunto: Acción pública de nulidad

Actor: SOCOTRANS LIMITADA

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES

IV.1. El acto acusado.

Lo es la Resolución Nº 002671 de 3 de julio de 2007, cuyo texto es del siguiente tenor:

RESOLUCION 002671 DE 2007

(Julio 3)

Por la cual se dicta una disposición en materia de transporte público en la ruta Bogotá-Soacha-Bogotá.

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, el Decreto 2053 de 2003, y 

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado garantizar que los usuarios del servicio público de transporte, puedan transportarse a través del medio y modo que escojan, en condiciones de fácil acceso, comodidad, calidad y seguridad;

Que existe el convenio interadministrativo de cooperación para la regulación del transporte público dentro del corredor Bogotá-Soacha y viceversa, suscrito entre el Ministro de Transporte, el Alcalde Mayor de Bogotá, el Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Soacha;

Que el objeto del convenio es propiciar la reorganización del transporte público exclusivamente en el corredor que sirve al municipio de Soacha y Bogotá, D.C., teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo;

Que el acceso al transporte implica la determinación de políticas dirigidas a fomentar el uso de medios de transporte apropiados, racionalizando los equipos de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo;

Que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio, entrará en operación hasta el municipio de Soacha, y es necesario adoptar medidas que permitan disminuir el tamaño de la flota de transporte colectivo, autorizado para servir la ruta,

RESUELVE:

Artículo 1º—Suspender el ingreso por incremento, reposición y renovación, de nuevas unidades de parque automotor, para la prestación del servicio público de transporte colectivo, en la ruta Bogotá-Soacha-Bogotá.

Artículo 2º—Como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, las empresas de transporte que tengan autorizada la ruta, no podrán continuar vinculando vehículos para la prestación del servicio en la ruta y la capacidad transportadora asignada se entenderá copada por el límite legalmente inscrito a la fecha de vigencia de esta disposición.

La desvinculación de un vehículo identificado en la ruta, estará supeditado a la disminución de una unidad de parque automotor de la capacidad transportadora total asignada a la empresa que lo desvincula.

Artículo 3º—Las empresas de transporte que además de la ruta mencionada, tengan otras rutas autorizadas, deberán presentarle a la autoridad de transporte correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de esta resolución, el plan de rodamiento correspondiente, identificando cuáles son los vehículos destinados a la ruta, indicando clase de vehículo, número de placa y modelo.

Los vehículos relacionados deberán estar identificados en el listado anexo al Convenio Bogotá-Soacha, o haber sido objeto de reposición de vehículos reconocidos en el mismo.

Parágrafo.—El plan de rodamiento deberá elaborarse con base en los horarios autorizados en la resolución de adjudicación del servicio y solo los vehículos señalados por la empresa podrán prestar el servicio en la ruta.

Artículo 4º—Vencido el plazo señalado, sin que la empresa haya identificado los vehículos, la autoridad de transporte correspondiente mediante acto administrativo motivado, identificará de oficio los automotores que prestarán el servicio en la ruta Bogotá-Soacha-Bogotá.

Artículo 5º—La solicitud de ingreso de un (1) vehículo nuevo, radicada con anterioridad a la vigencia de esta resolución, pendiente de decisión, podrá autorizarse siempre que se demuestre la desintegración física total de dos (2) vehículos de la misma clase, que se encuentren inscritos en el servicio de la ruta Bogotá-Soacha.

Artículo 6º—La Subdirección de Transporte de la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte coordinará lo que sea necesario para la correcta aplicación de esta disposición.

Artículo 7º—La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de julio de 2007.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao. (C.F.)

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46678 de julio 3 de 2007.

IV.2. Cuestión previa sobre el instituto de la cosa juzgada.

La Sala advierte que la Resolución Nº 2671 de 2007, fue objeto de sendas demandas en los procesos radicados 11001032400020080035600 y 11001032400020080013700, los cuales ya fueron fallados en providencias de 30 de mayo de 2013 y 8 de mayo de 2014, respectivamente, no obstante lo allí decidido no tiene incidencia en este proceso.

Los cargos objeto de análisis en las citadas demandas coinciden respecto de la falta de competencia del Ministerio de Transporte para expedir el acto acusado y la violación del principio de igualdad, que se entiende violado por otorgarse un trato diferente a Bogotá y Soacha frente a los demás prestadores del servicio a nivel nacional, para quienes no se establece a juicio de la actora restricción por concepto de reposición y renovación del parque automotor.

En el presente proceso si bien se alega la violación del principio de igualdad, el concepto de la violación se orienta a cuestionar la forma como se privilegia y prioriza el sistema masivo de transporte.

En estos términos, acorde con lo establecido en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes; la que niega la nulidad pedida produce efectos de cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada, en el presente caso no operó la institución procesal de la cosa juzgada, por cuanto los cargos planteados en este caso son distintos a los que fueron resueltos en la sentencia que declaró la nulidad del artículo 5º de la resolución y negó las demás súplicas de la demanda.

IV.3. El problema jurídico a resolver.

Se cuestiona en el presente caso si el Ministro de Transporte al disponer suspender el ingreso por incremento, reposición y renovación de nuevas unidades de parque automotor, para la prestación del servicio público de transporte colectivo, en la ruta BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ, privilegia el sistema masivo de transporte, desconoce derechos adquiridos y vulnera la libre competencia.

Procede la Sala, a analizar los cargos planteados por el actor contra la resolución acusada:

1º. Violación del artículo 13 de la Constitución Política, porque el Transporte Masivo de Transmilenio no puede ser preferente ni privilegiado frente a las demás empresas de transporte público que hoy operan dentro del corredor BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ, como lo consagra la resolución acusada.

El régimen jurídico del servicio público de transporte colectivo de pasajeros encuentra su desarrollo legal en la Ley 336 de 1996, y el Decreto 170 de 2001, entre otras disposiciones.

La Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte, prevé en el artículo 3º que corresponde a las autoridades competentes en la regulación del transporte público exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridos para garantizar a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico, dando prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

De conformidad con el artículo 8º de la misma ley, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, ejerce la suprema dirección y tutela administrativa de las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte.

El Ministro de Transporte en ejercicio de las facultades otorgadas y, con miras a reorganizar el transporte público de la capital y a raíz de la entrada en funcionamiento del sistema masivo de transporte denominado Transmilenio-, dispuso, previo convenio interadministrativo, suspender el ingreso por incremento, reposición y renovación de nuevas unidades de parque automotor, para la prestación del servicio público de transporte colectivo, en la ruta BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ, de conformidad con lo establecido en la Ley 336 de 1996, en el sentido de dar prioridad a este sistema de transporte masivo.

Frente a este cargo la Sala prohíja las consideraciones hechas por la Sección, sobre el criterio de prioridad en materia de transporte masivo, en el cual se precisó que la “prioridad” constituye criterio esencial para la definición del transporte masivo, en los siguientes términos:

A.2. Origen de la prioridad de los medios masivos de transporte y alcance de la misma.

La prioridad de esa forma de servicio de transporte público de pasajeros que se busca hacer efectiva en la normativa del primer capítulo del decreto acusado, se halla consagrada de manera expresa en el artículo 3º de la Ley 336 de 1996, en cuanto señala que “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo” (destaca la Sala); aunque ya venía implícita en la Ley 105 de 1993, al ordenar en su artículo 3º, numeral 1º, literal c) que en desarrollo del principio de “acceso al transporte”, las autoridades competentes deben propender por “el uso de medios de transporte masivo” cuando diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso racional de los medios de transporte, palabra que significa “Inclinarse alguien, por naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia una determinada cosa”, atendiendo el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.

Prioridad, según el significado natural de la palabra recogida en el mismo diccionario, significa anterioridad de una cosa respecto de otra, o en tiempo o en orden. Es sinónimo de preferencia. A su vez, preferencia connota primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento. En esos términos, los medios de transporte masivo pasaron a tener preferencia de manera inequívoca sobre los demás medios de transporte público colectivo de pasajeros a partir de la Ley 336 de 1996.

A.3. Revisión de la aplicación de esa prioridad y de sus efectos en el decreto acusado.

En ese contexto, se observa que el artículo 1º del decreto enjuiciado, al establecer que “para todos los efectos se considerará prioritario para la ciudad, el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio” y que dicha prioridad será criterio esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público de la ciudad, está atendiendo el mandato contenido en las normas legales citadas, dándoles aplicación y desarrollo, así como a las normas adoptadas en el Acuerdo 04 de 4 de febrero de 1999.

De esa forma, el inciso segundo del mismo artículo, en cuanto prevé que sin perjuicio de esa prioridad, la planeación y desarrollo del transporte público de Bogotá, D.C. procurará la complementariedad de los sistemas de transporte público colectivo y masivo, en orden a garantizar a los usuarios de la ciudad el principio de acceso al transporte establecido en el numeral 1º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, en nada se opone a dichas normas, sino que por el contrario está dejando abierta la posibilidad de que los demás medios de transporte público concurran articuladamente como punto de apoyo operativo de los medios masivos, lo que indudablemente mejorará la calidad en la prestación de un servicio tan importante para la comunidad.

Así las cosas, los demás artículos del capítulo en comento, surgen como disposiciones consecuenciales y necesarias para que la prioridad señalada sea efectiva y el conjunto del transporte público de pasajeros resulte armónico y compatible con el mismo, en cuanto se ha concebido como una forma o sistema que posibilita lograr los fines y principios que la legislación le ha fijado a la actividad respectiva, y que están dirigidos a una mejor calidad, eficiencia y seguridad del servicio.

Por consiguiente, si el uso de medios y sistemas masivos de transporte es prioritario frente a los que no lo son, es lógico que las rutas que se entren a cubrir mediante ese sistema les sean dadas de la misma forma prioritaria, es decir, que pasa a primar o a tener preferencia sobre las demás formas que se vinieran dando en dichas rutas; luego la restricción a esas formas de transporte público colectivo prevista en el artículo 2º del decreto acusado es apenas una consecuencia de esa prioridad. Nada distinto podía disponer el alcalde en ese aspecto, pues de lo contrario, y sin considerar otros postulados de orden legal que dan lugar a esa restricción, estaría desatendiendo ese carácter preferente de los sistemas masivos de transporte público de pasajeros.(1)

En el caso objeto de estudio, en aras de garantizar la prestación del servicio, en condiciones de calidad, seguridad y cobertura de transporte colectivo de pasajeros en el corredor BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ se implementó el servicio de Transmilenio, sistema que con criterio prioritario permite adoptar las decisiones relacionadas con la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público.

Ello significa que la restricción establecida en la Resolución acusada por el Ministro de Transporte para suspender el ingreso por incremento, reposición y renovación, de nuevas unidades de parque automotor, para la prestación del servicio público de transporte colectivo, en la ruta BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ, constituye una consecuencia y aplicación del criterio de prioridad, que resulta razonable y proporcional al interés general, razón por la cual el cargo no prospera.

2. Violación del artículo 58 de la Constitución Política, disposición que consagra la protección de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser vulnerados ni desconocidos por leyes posteriores.

En este sentido advierte la Sala que el Ministerio de Transporte está facultado para revocar de forma general los permisos otorgados para prestar el servicio público de transporte, no sólo para dar prelación a la entrada en servicio del sistema de transporte colectivo de pasajeros Transmilenio, sino además, en aras del interés general y para garantizar la seguridad, comodidad y accesibilidad al servicio público de transporte. Así lo disponen los artículos 24 parágrafo del Decreto 170 de 2001 y 18 de la Ley 336 de 1996:

ART. 24.—Prestación del servicio. La prestación de este servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como resultado de un proceso licitatorio efectuado en las condiciones establecidas en el presente decreto.

La continuidad de la prestación del servicio en las rutas y frecuencias autorizadas a las empresas de transporte con licencia de funcionamiento vigente a la fecha de expedición de este decreto, estará sujeta a la obtención de la habilitación en los términos establecidos en el artículo 14 de la presente disposición.

PAR.—El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir las condiciones establecidas en el acto que las concedió.

ART. 18.—El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas.

La Corte Constitucional ha precisado en Sentencia C-043 de 1998:

“Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de los servicios públicos. Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el particular deviene ilegítima.

La ultima ratio de las autorizaciones o habilitaciones reside entonces en la obligación que tiene el Estado de proteger los intereses de la comunidad, de los posibles perjuicios que la ejecución indiscriminada e incontrolada de la actividad de los particulares pudiera generarle. De ahí que la administración no pueda limitar su intervención a la decisión inicial de conceder el permiso o licencia, frente al eventual incumplimiento de las condiciones exigidas, o frente al surgimiento de unas nuevas que se impongan para la ejecución óptima de la empresa.

Precisamente, al analizar una norma de la legislación española (art. 16 del reglamento de servicios de las corporaciones locales) que prevé la revocación de las licencias de operación cuando desaparecen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevienen otras que, de haber existido en su momento, habrían justificado la denegación, el tratadista español García de Enterría señala: “El precepto en cuestión rompe, pues, acertadamente con el tópico principio de la intangibilidad de los actos declarativos de derechos y lo hace a partir de un dato capital: la vinculación necesaria de este tipo de autorizaciones a las circunstancias concurrentes en el momento en que se otorgaron y el implícito condicionamiento de las mismas a la permanente compatibilidad de la actividad autorizada con el superior interés público, cuya prevalencia no puede quedar subordinada al resultado de una valoración inicial inmodificable”.(2)

La intervención estatal en el otorgamiento y prórroga de las licencias, reviste aún mayor importancia en tratándose de aquellas que se dan para ejercer una actividad que, si bien beneficia al autorizado, implica la prestación de un servicio público. (...)

En consecuencia, cuando la actividad llevada a cabo por el particular involucra intereses que superan a los suyos propios y comprometen derechos de la colectividad en los que media un interés público, es deber de la administración no sólo velar por su cumplimiento eficiente, so pena de revocar el permiso de operación, sino también el de reacondicionarlo o adecuarlo, en forma razonada y justa, a las circunstancias sobrevinientes a su expedición, y que hubieran sido determinantes para concederlo de haber existido en su oportunidad. (Destaca la Sala)

Ello en manera alguna busca desconocer el derecho que la administración otorga al particular para operar un servicio público. Sin embargo, como ha quedado explicado, dado que se trata de una actividad en la que resulta comprometido el interés general, el derecho otorgado es precario y temporal y, por tanto, puede resultar afectado en cuanto a su ejecución, o bien por determinaciones de la administración dirigidas a la optimización del servicio, o bien por normas posteriores de carácter legal o reglamentario, también dictadas por motivos de utilidad pública o de interés general. Al respecto, el tratadista Roberto Dromi en su obra “Derecho administrativo”(3) señala que la autorización o permiso “importa una concesión de alcance restringido, ya que otorga derechos de menor intensidad y mayor precariedad; más que otorgar un derecho, tolera un uso...”. Con respecto a la precariedad del derecho sostiene que éste se funda “... en que el permiso sólo constituye una tolerancia de la Administración, que actúa en estos casos dentro de la esfera de su poder discrecional, sin que sea posible que el acto administrativo logre estabilidad”.

Así entonces, tratándose del servicio público de transporte, en el que se encuentran comprometidos derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal de los usuarios y, en general, el interés público, la autorización inicial de los organismos estatales de control no puede ser inmodificable. En este caso, sin perjuicio del poder de revocación que le asiste (art. 18 de la Ley 336/96), el Estado se encuentra más que facultado, obligado a actualizar, cuando las circunstancias así lo exijan, las condiciones de operación del servicio aun cuando con ello se afecten los derechos que, mediante el otorgamiento de licencias, se conceden a los particulares para la ejecución del mismo. Tal actitud, si bien en apariencia rompe el principio de la intangibilidad de los actos administrativos derivado del precepto constitucional de la seguridad jurídica, encuentra sustento legítimo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y en la primacía del interés general sobre el particular, de consagración igualmente constitucional (arts. 1º, 2º de la C.P., entre otros)(4). (Destaca la Sala)

Siguiendo los parámetros fijados en ésta sentencia y con base en pronunciamiento de esta corporación(5), que sobre el particular ha precisado:

Al respecto cabe reiterar lo dicho por esta Sala en providencias del 26 de abril de 2007 y el 8 de abril de 2010, así: (...)

En relación con el desconocimiento de los permisos otorgados de manera indefinida, por la revocación de rutas debido a la entrada en vigencia de Transmilenio, se pone de presente que aunque hubiesen sido otorgados de manera indefinida, quedó claro que los permisos para la prestación del servicio público de pasajeros, como cualquier otro permiso, está sujeto a que se preserven las condiciones y circunstancias de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, de las cuales son determinantes en materia de servicio público de transporte de pasajeros las necesidades de movilización y la demanda en razón de las cuales fueron otorgados, tanto que de no existir esas necesidades no hay lugar a otorgar permiso alguno para ese servicio; de allí que el artículo 15 de la Ley 336 de 1996 tenga señalado que “La habilitación será indefinida, mientras subsistan las condiciones originariamente exigidas para su otorgamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por las disposiciones pertinentes.”, y que “la autoridad competente podrá en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, verificar su cumplimiento”.

Lo anterior, en armonía con el artículo 17 ibídem que establece: “El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los Reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización”.

(...)

No por otra razón el artículo 3º, numeral 5º, inciso segundo, de la Ley 105 de 1993 establece que “El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos”, y es sabido que esos permisos están sujetos a modos y condiciones tal como atrás se explicó; mientras que el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 prevé que “El permiso para la prestación del servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas”.

Con base en lo expuesto, tampoco puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales —lo ha dicho la Corte— aquellos que “se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”(6). Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que buscan, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1º, 2º y 366 C.P.).

En estos términos cabe concluir que el otorgamiento de licencias o autorizaciones en materia de transporte no genera derechos adquiridos en favor de los beneficiarios de las mismas, pues en tratándose de actividades que comprometan el interés colectivo, como ocurre con los servicios públicos y, en particular con el servicio de transporte, los derechos individuales deben ceder ante tal interés general. Así lo reconoce el artículo 58 de la Constitución Política cuando consagra: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. (Subrayas fuera de texto).

Así las cosas, de acuerdo con la normativa trascrita y el precedente jurisprudencial, el Ministro de Transporte previo convenio interadministrativo, dispuso suspender el ingreso por incremento, reposición y renovación, de nuevas unidades de parque automotor, para la prestación del servicio de transporte colectivo, en la ruta BOGOTÁ-SOACHA-BOGOTÁ, ante la necesidad de reorganizar el transporte público, que corresponde a la autoridad de transporte. Por ello, el cargo no prospera.

3º. Fundamenta el accionante la violación del artículo 333 de la Carta Fundamental, en que esta disposición consagra el derecho a la libre empresa y competencia; para su desarrollo integral corresponde al Estado proteger estos derechos, estimularlos y evitar su obstrucción, así como cualquier abuso que las personas realicen por su posición dominante en el mercado nacional.

Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-043 de 1998, citada, precisó:

Sin embargo, tal como se expresó en la Sentencia C-398/95 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo), “insiste la Corte en que la Carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente, y en que sus normas deben ser interpretadas de manera armónica y coherente, evitando posiciones absolutas, por lo cual la libertad del individuo se encuentra atemperada en la preceptiva constitucional por la prevalencia del interés colectivo (art. 1º), por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (arts. 333, 334 y 335 C.P.) y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado”.

En efecto, siguiendo los parámetros fijados en la sentencia antes citada y en otros pronunciamientos de esta corporación, en un Estado social de derecho donde el Poder Público asume responsabilidades tales como la dirección general de la economía, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos, la libre iniciativa privada no puede erigirse como un derecho absoluto ni como un obstáculo insuperable para la actividad de intervención del Estado, particularmente en materia económica y de servicios públicos. Es así como el propio artículo 333 de la Carta permite el desarrollo de dicha iniciativa privada, pero “... dentro de los límites del bien común” y, a su vez, faculta a la ley para delimitar su alcance “... cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

De ahí que el legislador, con fundamento en los artículos 150-21, 150-23 de la Carta Política que lo habilita para expedir las leyes de intervención económica y aquellas que regirán los servicios públicos, y 365 del mismo ordenamiento, que le otorga al Estado el monopolio de la regulación, control y vigilancia de los mismos, haya facultado al Ejecutivo, a través de la norma parcialmente acusada, para reglamentar la habilitación en cada modo de transporte, determinando las nuevas condiciones a las cuales deben someterse, en un plano de igualdad, los actuales operadores y quienes aspiren a serlo. Ello, como ya se anotó, con el fin de mantener la seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los usuarios del servicio la prestación eficiente del mismo (arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la L. 336/96).

Dentro de este marco jurisprudencial, la Sala reitera que corresponde al Estado la dirección de la economía y la regulación de los servicios públicos que pretende, entre otros, garantizar la prestación efectiva y segura del servicio público de transporte, en donde la libertad de iniciativa privada, como lo señaló la Corte Constitucional, no puede constituirse, en un obstáculo y límite frente a la actividad de intervención del Estado.

En estos términos, la Resolución acusada no hace cosa distinta a la de aplicar la ley y el reglamento al dar prioridad al transporte masivo, que a su vez faculta a la autoridad de transporte colectivo de pasajeros, revocar las habilitaciones para transitar por los corredores donde empiece a operar el transporte masivo Transmilenio, sin que ello implique ejercicio de posición dominante ni menoscabe la libre empresa, como se dejó establecido. Por ello, el cargo no prospera.

Por las razones expuestas la Sala concluye que la nulidad impetrada no tiene vocación de prosperidad y en consecuencia, procede negar las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. RECONOCER personería para actuar al abogado Rafael Eugenio Quintero Milanés en los términos y con el alcance del poder otorgado por el representante legal de la sociedad SOCOTRANS LTDA., a folio 103 del expediente.

En firme esta decisión archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Consejeros: María Claudia Rojas Lasso, Presidenta—María Elizabeth García González—Guillermo Vargas Ayala Marco Antonio Velilla Moreno».

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007), Rad. 25000 2324 000 2003 00834 02.

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo, tomo II, págs. 140 y 141, Editorial Civitas, Madrid, España, 1992.

3 DROMI, Roberto. Derecho administrativo, pág. 171, Edic. Ciudad Argentina, Buenos Aires, Argentina.

4 Ver Sentencia C-043 de 1998, Corte Constitucional, Actor: Jorge Eliécer Granados Manchola, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, Ref. Exp. 25000232400020030074501.

6 Sentencia C-147/97 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).