Sentencia 2008-00050 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 85001-23-31-000-2008-00050-02 [20003]

Demandante: BP Exploration Company Colombia Limited

Demandado: Municipio de Aguazul, Casanare

Sanción por no enviar información

FALLO

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir si los actos administrativos demandados, por los cuales el Municipio de Aguazul, Casanare, le impuso a la actora la sanción por no enviar información, se ajustan a la legalidad.

Cuestión previa.

En los alegatos de conclusión (fl. 6813), el ente demandado alega que el apoderado de la actora no cuenta con facultades para presentar y sustentar el recurso de apelación.

Adujo como fundamento que quien le confirió el poder mediante escritura pública 3752 del 25 de octubre de 2006, sólo tenía facultades en materia de «impuestos, tasas y contribuciones» y, que en el caso concreto, se discute una sanción por no informar. Además sostiene que en el recurso de apelación, el apoderado hace referencia a una sociedad Equion Energía Ltda., es decir, que no corresponde a la demandante.

La Sala precisa que la alegada nulidad por indebida representación(3) está referida a la falta de poder desde la presentación de la demanda y que, de acuerdo con el artículo 135 del Código General del Proceso(4) «No podrá alegar la nulidad (...) quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla». En este caso, se observa que la parte demandada contestó la demanda y realizó diferentes actuaciones sin haber alegado la causal de nulidad.

Así mismo, la Sala advierte que para la configuración de la causal se requiere la ausencia absoluta de poder, lo cual no ocurre en esta oportunidad.

Finalmente, la mención que se hizo en el escrito de apelación a otra sociedad, no constituye una causal de nulidad que vicie el procedimiento adelantado, ni impide a la Sala conocer de fondo el recurso.

Silencio administrativo positivo

La actora alegó que las inspecciones tributarias decretadas de oficio, suspenden el término para resolver los recursos de reconsideración mientras dure la inspección y hasta por tres meses, no por tres meses como lo indicó la sentencia impugnada, motivo por el cual, los actos administrativos que resolvieron los recursos interpuestos son extemporáneos, lo cual da lugar a la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

El artículo 567 del Acuerdo 041 del 1º de diciembre de 2005, que incorporó en la jurisdicción del Municipio de Aguazul el artículo 732 del Estatuto Tributario, prevé que la administración «...tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma», y que si excede dicho plazo, opera el silencio administrativo positivo, que en los términos del artículo 569 ibídem (art. 734 del E.T.), implica que el recurso «...se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará».

No obstante, el artículo 568 del Acuerdo 041 de 2005, que reprodujo el texto del artículo 733 del Estatuto Tributario, dispone que el término para resolver el recurso de reconsideración se suspende por la práctica de la inspección tributaria, al señalar:

ART. 568.Suspensión del término para resolver. Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio. (Se subraya).

La norma transcrita dispuso la existencia de dos situaciones: i) que la inspección se practique por solicitud del contribuyente, en cuyo caso, la suspensión del término para resolver opera «...mientras dure la inspección» y, ii) que la inspección se realice de oficio, para lo cual, prevé que la suspensión del plazo es «...hasta por tres (3) meses».

En relación con el último supuesto, la Sala no comparte la posición de la actora, según la cual, en los casos en que la inspección se realice de oficio, el término de suspensión debe ser igual a aquellos en que se practique por solicitud del contribuyente (mientras dure la inspección), pues perdería su razón la diferenciación hecha por la norma.

Así las cosas, dada la mencionada diferenciación la Sala considera que el término de suspensión es de tres (3) meses.

El plazo máximo dispuesto en la norma constituye una limitación para la administración, sin perjuicio que, desde el auto que decreta la inspección tributaria, se disponga como duración de esa prueba un término inferior a los tres (3) meses, aspecto que no se verificó en el caso concreto.

Ahora bien, en cuanto al momento en el que se empieza a contar el término de suspensión del término para resolver el recurso de reconsideración por la práctica de la inspección tributaria, el artículo 609 del Acuerdo 041 de 2005 (art. 779 del E.T.), dispuso que «...la inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene», lo que en este caso sucedió el 19 de noviembre de 2007, con la notificación del auto de inspección tributaria AIT 2007-00001.

En ese orden de ideas, en el expediente está probado que la demandante interpuso los recursos de reconsideración(5) contra las resoluciones sanción 2007-00001 a 2007- 00210 del 9 de enero de 2007(6), el 6 de marzo de 2007, por lo que, en atención a lo dispuesto en el artículo 567 del Acuerdo 041 de 2005, la administración tenía, en principio, hasta el 6 de marzo de 2008 para resolverlos.

Sin embargo, ese término se suspendió tres (3) meses por la práctica de la inspección tributaria ordenada mediante el auto AIT 2007-000001 del 14 de noviembre de 2007(7), notificado el 19 de noviembre de 2007(8), por lo que el término final para resolverlos venció el 6 de junio del año 2008, fecha en que fueron desfijados los edictos mediante los cuales se notificaron oportunamente las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración 2008-000001 a 2008-00210(9), aspecto no discutido por la actora.(10)

En cuanto a la necesidad en la práctica de la inspección tributaria, la Sala observa que, el 15 de agosto de 2007, esto es, durante el plazo que tenía la demandada para resolver los recursos de reconsideración, la administración requirió a la actora para informar los ingresos obtenidos en el municipio(11), con el fin de determinar la base de imposición de la sanción, lo que fue respondido por la sociedad en el sentido de afirmar que no se causaron ingresos en esa jurisdicción(12), circunstancia certificada por el revisor fiscal(13).

No obstante, la entidad territorial demandada practicó la inspección tributaria prevista en el artículo 609 del Acuerdo 041 de 2005(14) (art. 779, E.T.), en la que recaudó las pruebas tendientes a establecer el monto de los ingresos obtenidos por la compañía en el municipio(15), aspecto que fue discutido en el recurso de reconsideración, razón por la cual debía verificarse con exactitud la base de la sanción.

En ese contexto, la Sección considera que el municipio demandado estaba facultado para practicar la inspección señalada al amparo del artículo 497 ibídem, pues, como no pudo determinar el monto de los ingresos obtenidos por la actora en el municipio mediante requerimientos de información, podía acudir a la constatación directa de esos hechos relevantes, en principio, para determinar el monto de la sanción.

En efecto, según el acta de la inspección tributaria del 22 de noviembre de 2013(16), para establecer los ingresos reales de la sociedad demandante, dos funcionarios del municipio se hicieron presentes en las oficinas de la actora ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de solicitar la siguiente información: «a. Fotocopia de los contratos de asociación que haya suscrito la empresa, relacionados con la explotación de hidrocarburos en los campos de Cusiana y Cupiagua. b. Relación de los pozos en los cuales participa la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LÍMITED en exploración en los campos Cusiana y Cupiagua, indicando relación de producción mensual en el año de 2004 por pozo. c. Copia en medio magnético del auxiliar contable de terceros de la cuenta de ingresos, con detalle al máximo nivel de dígitos, con corte a 31 de diciembre de 2004. d. Copia en medio magnético de los costos atribuibles a las licencias que a 31 de diciembre de 2004, se tenían en su información financiera».

La anterior información se solicitó «con el fin de establecer los ingresos reales obtenidos dentro de la jurisdicción del Municipio de Aguazul durante la vigencia 2004». La diligencia se dio por terminada el 5 de diciembre de 2007, con la entrega de las pruebas requeridas.

Sanción por no informar.

En relación con la obligación de presentar información para quienes no son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, la Sala precisó en un caso similar al que es objeto de análisis que, con fundamento en la normativa local aplicable, los municipios están facultados para solicitar información a contribuyentes y a terceros, al señalar(17):

«Como se puede apreciar, conforme con las normas citadas, el Municipio de Tuluá tiene facultades para solicitar información a contribuyentes y a terceros. 

Estas facultades tienen por objeto permitirle al municipio verificar, precisamente, entre otros hechos, si en su jurisdicción se ha realizado el hecho generador de cualquiera de los impuestos territoriales que administra.  

Luego, el incumplimiento de la obligación de informar en el término que concede el ente fiscal, independientemente de la calidad de sujeto o no del impuesto, acarrea la sanción prevista en el artículo 444 Acuerdo 44 de 2001.  

En el caso concreto se aprecia que la información que solicitó el municipio tenía por objeto, como quedó anotado en la resolución sanción, “efectuar análisis tributarios y cruces de información”. Por tanto, la información requerida cumplía los fines del artículo 353 del Acuerdo 44 de 2001 (...). 

De manera que, la no presentación de la información requerida, le impidió al Municipio de Tuluá practicar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, tanto del obligado como de terceros, entorpeciendo las labores de fiscalización y control a su cargo. 

Es del caso advertir que según lo establecido en los artículo 302 y 322 del Acuerdo 44 de 2001, los contribuyentes deben atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la secretaría de hacienda a través de sus dependencias». (Se subraya).

En el caso concreto, el artículo 477 del Acuerdo 041 de 2005, señaló:

ART. 477.Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación tributaria de las autoridades municipales, los funcionarios competentes para la investigación, determinación y discusión de los impuestos municipales podrán solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes de los impuestos administrados por el Municipio de Aguazul toda la información requerida para la determinación justa y equitativa de los impuestos del orden municipal. (Se subraya).

Para la Sala el requerimiento hecho por la administración, se justifica, además, por la calidad de la sociedad como potencial agente de retención del impuesto de industria y comercio, en razón de las actividades gravadas a terceros, derivadas de la explotación y exploración de hidrocarburos realizada en la jurisdicción del municipio demandado.

Sobre la calidad de agente de retención en el Municipio de Aguazul, la corporación, al pronunciarse sobre la demanda de nulidad instaurada, entre otras normas, contra el artículo 88 del Acuerdo 41 de 2005, señaló(18):

«No obstante, el efectivo recaudo a través del mecanismo de retención en la fuente solo se garantiza si el agente retenedor de ICA tiene algún vínculo con el municipio, pues, las normas del Estatuto Tributario están concebidas para garantizar el recaudo de tributos de alcance nacional, no local. Además, no es cierto que las reglas de la retención supongan el respeto a la estructura del tributo, pues, tal armonía debe ser explícita  

Por lo anterior, la Sala mantendrá la legalidad de las normas demandadas en el entendido que tanto quienes cumplan los requisitos y topes para ser agentes retenedores de IVA como quienes hayan sido catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes serán agentes de retención en Aguazul siempre y cuando efectúen pagos o abonos en cuenta por actividades sujetas al tributo en el citado municipio». (Se subraya).

Así las cosas, dado el vínculo entre la sociedad demandante y el municipio demandado, la administración estaba facultada para pedir la información.

La actora manifestó que la información solicitada por la demandada sobre las operaciones realizadas con terceros durante diferentes periodos, ya había sido suministrada. Se opuso, además, a que la información pedida fuera certificada por el revisor fiscal y a que se hubiera expedido doscientos diez (210) requerimientos de información que, a su juicio, se podían concretar en un solo requerimiento.

En el asunto sub examine, el artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005, que adaptó el artículo 651 del Estatuto Tributario al Municipio de Aguazul, señaló:

“ART. 497.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria del orden municipal así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de setecientos cincuenta (750) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.  

Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos brutos de la declaración de (sic) impuesto de industria y comercio, correspondiente al año inmediatamente anterior, o de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a (sic) la renta y complementarios, o de los ingresos que determine la administración municipal por (sic) medios idóneos legalmente vigentes. 

b) El desconocimiento de las deducciones, ingresos excluidos, descuentos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración municipal. 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.  

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la secretaría de hacienda municipal, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.  

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.  

PAR.—No se aplicará la sanción prevista en este artículo, cuando la información presente errores que sean corregidos voluntariamente por el contribuyente, antes de que se le notifique pliego de cargos». (Se subraya).

La anterior disposición establece que la sanción por no informar procede cuando los obligados a suministrar información tributaria o pruebas: i) no lo hacen dentro del plazo establecido por la administración, ii) la información proporcionada presenta errores y; iii) cuando ésta no corresponde a lo pedido.

En el presente caso, de los antecedentes administrativos del proceso se observa que, con fundamento en los autos de apertura de investigación del 17 de mayo de 2005, proferidos contra 210 presuntos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio de Aguazul(19), la administración expidió igual número de requerimientos ordinarios de información a la sociedad demandante, en los que, de forma general, solicitó el «Concepto y el valor bruto girado en contraprestación por el servicio o venta según sea el caso, prestado a ustedes en la jurisdicción del Municipio de Aguazul para el año gravable (...), por la persona jurídica que se relaciona a continuación, con la respectiva dirección de su domicilio»(20).

Para ello, el municipio demandado le concedió a la sociedad un término de quince (15) días calendario, sin embargo, una vez concluido dicho plazo, el contribuyente no entregó la información, ni tampoco solicitó un plazo adicional para cumplir con el deber formal que le asistía, razón por la cual, en ese mismo instante, se configuró el supuesto de hecho previsto en la norma para la imposición de la sanción, esto es, no suministrar la información dentro del plazo establecido.

Ahora bien, la demandante sostuvo que la información solicitada por el municipio ya había sido suministrada anteriormente, sin embargo, la Sala advierte lo siguiente:

i) En el año 2002 la sociedad remitió el valor de las transacciones realizadas con algunas personas naturales y jurídicas, aunque aclaró que «La anterior información, corresponde a transacciones por todo concepto, es decirque no corresponden específicamente a los Alfes situados o servicios prestados dentro de la jurisdicción de ese municipio, en consecuencia, esta información por sí sola, no puede ser utilizada como base gravable para la determinación del impuesto de industria y comercio, sin que la misma haya sido confrontada con los beneficiarios y apropiadamente depurada de conformidad con los preceptos legales que para el efecto existen»(21). (Se subraya).

ii) En la respuesta a los requerimientos ordinarios del Municipio de Aguazul en el año 2003(22), la sociedad se negó a suministrar la totalidad de la información sobre las transacciones realizadas con personas naturales y jurídicas, bajo el argumento de que los pagos y las retenciones de ICA practicadas se realizaron en Bogotá D.C., por lo que el municipio carecía de competencia territorial para pedir tal información, limitándose a remitir el nombre, la dirección y el NIT de terceros con los que realizó operaciones a nivel nacional.

iii) Así mismo, en el oficio del 20 de septiembre de 2004(23) la sociedad demandante remitió una relación de sus proveedores, aclarando que «...esta información corresponde a la forma como mi representada agrupa sus centros de costos y proyectos para efectos contables y en consecuencia no significa, por sí misma, que los servicios prestados se desarrollaron necesariamente en ese municipio o que sean sujetos al impuesto de industria y comercio». (Se subraya).

Lo anterior, denota que la información suministrada no corresponde a lo pedido en los requerimientos de información que se discuten, pues si bien la demandante reconoce la realización de operaciones con terceros por servicios prestados en la jurisdicción del municipio demandado, no las identifica, ni tampoco señala el lugar de prestación del servicio o el monto de las mismas, datos que sí fueron suministrados con las respuestas a los pliegos de cargos en discusión, circunstancias que desvirtúan el argumento, según el cual, la información pedida ya había sido entregada.

Conducta sancionable.

El municipio demandado pidió que la información requerida estuviera certificada por revisor fiscal, para establecer si las operaciones practicadas con terceros fueron o no realizadas en esa jurisdicción.

Se observa que, en la respuesta a los pliegos de cargos, la compañía entregó la información solicitada, sin que estuviera certificada por revisor fiscal, por lo que la Administración, en las resoluciones sanción, desestimó la entrega de la información hecha por la actora y aplicó la sanción máxima permitida por la norma, a cada uno de los procedimientos administrativos iniciados por no informar.

Para la Sala, el hecho de que la sociedad demandante no hubiera presentado la información certificada por revisor fiscal, no eximía a la administración de valorar el contenido de la información suministrada, pues tal presupuesto no constituye un requisito legal para efectos de valorar la información.

El artículo 477 del Acuerdo 041 de 2005(24) fijó los requisitos mínimos de la información y que fueron cumplidos por la actora, y sin que la normativa local exija la certificación de revisor fiscal. Ahora bien, es un hecho no discutido por la actora, que no presentó la información dentro del plazo concedido por la Administración, razón por la cual, se configuró la conducta sancionable.

La actora afirmó que el municipio demandado no podía expedir 210 requerimientos de información, porque los datos solicitados se habrían podido concretar en un solo requerimiento.

Frente a la actuación de la administración de expedir 210 pliegos de cargos e imponer igual número de sanciones, la Sala advierte que es preciso diferenciar la existencia de dos vínculos jurídicos: el que surge entre la administración y cada uno de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y el que se constituye entre ésta y el sujeto obligado al deber de informar.

En el primer evento, el vínculo entre la administración y los posibles sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, está dado en función de la existencia de obligaciones sustanciales derivadas de la realización de actividades gravadas en la jurisdicción de la entidad territorial, lo que exige la individualización de responsabilidades fiscales mediante el adelantamiento de las investigaciones pertinentes. Lo anterior, trae como consecuencia que, por cada contribuyente que realice actividades gravadas, existirá un vínculo jurídico autónomo e independiente con la administración.

En el segundo caso, el vínculo que surge entre la administración y el obligado a informar es uno sólo, y obedece a un deber de carácter formal, que puede derivar en diferentes obligaciones, según la naturaleza jurídica de la información a suministrar.

Al verificar la naturaleza de la información pedida por la administración, en este caso concreto, la Sala advierte que es una sola y está relacionada con las operaciones que la compañía realizó con terceros en la jurisdicción del Municipio de Aguazul durante diferentes vigencias fiscales, independientemente de las obligaciones tributarias que se deriven para cada uno de esos terceros.

Además de lo anterior, no puede dejarse de lado que, según el Acuerdo 041 de 2005, son principios orientadores de la administración municipal, los de eficiencia, eficacia y economía(25), en concordancia con lo previsto en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, los cuales no fueron observados, si se tiene en cuenta el desgaste administrativo generado al adelantar 210 actuaciones que tenían una misma finalidad frente a un único contribuyente.

En todo caso, si el ente demandado requería la información por contribuyente, lo cual no resulta ilegal, la sanción a imponer, para este caso concreto, si debió ser tasada y graduada como una sola infracción.

En ese orden de ideas, el vínculo entre la administración y el contribuyente, originado en el deber de informar, sólo puede originar una obligación, aunque divisible para efectos de su tasación, y no 210 obligaciones sobre una misma información, porque las obligaciones sustanciales que surgen entre el municipio y los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, no pueden confundirse con la derivada del deber de informar.

Por lo expuesto, a la administración no le era dado imponer 210 sanciones sobre una misma información, ni tampoco desestimar la información suministrada en las respuestas a los pliegos de cargos, pues estaba obligada a valorarla y a tasar la sanción en función de la naturaleza jurídica de la misma, esto es, «Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida» para el caso de la información cuantificable y «hasta del 0.5% de los ingresos» que correspondan, en caso de que se pueda cuantificar.

Base de imposición de la sanción por no informar.

De la revisión de la información suministrada por la compañía en la respuesta a los pliegos de cargos expedidos, se evidencia que, existía información con cuantía y otra que no tenía cuantía.

En efecto, se observa que de los 210 requerimientos de información, según las respuestas suministradas por la demandante, en 90 casos, la información si tenía cuantía, así(26):

ContribuyenteNº Pliego de cargosFechaValor información
Cristóbal Torres Pérez2006-00001002/06/2006$ 54.827.600
Cristóbal Torres Pérez2006-00001102/06/2006$ 7.154.255
Guillermo Guarín2006-00001302/06/2006$ 33.959.716
Guillermo Guarín2006-00001402/06/2006$ 34.136.031
Armando Rubio Portilla2006-00001702/06/2006$ 17.020.000
Armando Rubio Portilla2006-00001902/06/2006$ 2.016.300
Armando Rubio Portilla2006-00002002/06/2006$ 5.787.160
Juan José Ramírez2006-00002202/06/2006$ 34.882.772
Pedro Antonio Oviedo2006-00002702/06/2006$ 312.500
Yaqueline Vélez Ortiz2006-00003002/06/2006$ 33.789.500
Yaqueline Vélez Ortiz2006-00003102/06/2006$ 2.418.000
Efraín Naranjo Salamanca2006-00003402/06/2006$ 19.200.000
Dora Roldán Ramírez2006-00003702/06/2006$ 32.913.750
Dora Roldán Ramírez2006-00003802/06/2006$ 690.000
Dora Roldán Ramírez2006-00003902/06/2006$ 3.354.200
Dora Roldán Ramírez2006-00004002/06/2006$ 6.300.000
Oscar Celio Mora2006-00004202/06/2006$ 9.197.025
Oscar Celio Mora2006-00004302/06/2006$ 87.396.567
Oscar Celio Mora2006-00004402/06/2006$ 15.728.770
Geoingeniería Ltda.2006-00004702/06/2006$ 194.672.342
Geoingeniería Ltda.2006-00004802/06/2006$ 57.769.269
Serpein S.A.2006-00005002/06/2006$ 635.762.903
Serpein S.A.2006-00005102/06/2006$ 799.407.773
NL Contapa S.A.2006-00005402/06/2006$ 653.887.123
NL Contapa S.A.2006-00005502/06/2006$ 405.479.768
Arquiser Ltda.2006-00005802/06/2006$ 159.848.632
Arquiser Ltda.2006-00005902/06/2006$ 10.230.000
Stair Oilfield Services Ltda.2006-00006102/06/2006$ 122.177.147
Stair Oilfield Services Ltda.2006-00006202/06/2006$ 103.564.475
Stair Oilfield Services Ltda.2006-00006302/06/2006$ 315.782.991
Asesorías y Servicios Petroleros Ltda.2006-00006702/06/2006$ 59.184.424
Solmman Ltda.2006-00007002/06/2006$ 229.254.739
Solmman Ltda.2006-00007102/06/2006$ 2.323.400
Drillsite Fluid Treatment Drift Ltda.2006-00007502/06/2006$ 1.185.503.873
Drillsite Fluid Treatment Drift Ltda.2006-00007602/06/2006$ 230.555.899
Drillsite Fluid Treatment Drift Ltda.2006-00007702/06/2006$ 9.817.500
Pavigas Ltda.2006-00008002/06/2006$ 43.312.800
JS Servipetrol Ltda.2006-00008502/06/2006$ 5.740.000
JS Servipetrol Ltda.2006-00008602/06/2006$ 18.770.000
JS Servipetrol Ltda.2006-00008702/06/2006$ 907.393.004
Corporación Osso2006-00008802/06/2006$ 331.221.071
Sal & com S.A.2006-00009202/06/2006$ 936.738.080
Sal & com S.A.2006-00009302/06/2006$ 702.805.332
Sal & com S.A.2006-00009502/06/2006$ 324.461.602
Alfa CO Ltda.2006-00010502/06/2006$ 73.463.518
Alfa CO Ltda.2006-00010602/06/2006$ 1.572.000
Alfa CO Ltda.2006-00010802/06/2006$ 739.999
Renta Express Ltda.2006-00011002/06/2006$ 2.736.000
Renta Express Ltda.2006-00011102/06/2006$ 360.000
Crane & Lifting EU2006-00011802/06/2006$ 37.500.000
Crane & Lifting EU2006-00011902/06/2006$ 4.500.000
Nova Consulting Services Limited2006-00012302/06/2006$ 337.627.500
Nova Consulting Services Limited2006-00012402/06/2006$ 46.945.500
Weld Services Ltda.2006-00012802/06/2006$ 144.455.243
Weld Services Ltda.2006-00012902/06/2006$ 155.264.838
P&C Construcciones Ltda.2006-00013002/06/2006$ 350.620.158
P&C Construcciones Ltda.2006-00013302/06/2006$ 21.296.448
Industrias Metálicas Floreña IMF Ltda.2006-00013502/06/2006$ 1.209.594.977
Industrias Metálicas Floreña IMF Ltda.2006-00013602/06/2006$ 176.513.501
Industrias Metálicas Floreña IMF Ltda.2006-00013702/06/2006$ 268.696.047
Telemática Ltda.2006-00014402/06/2006$ 23.592.337
Telemática Ltda.2006-00014502/06/2006$ 10.800.000
Telemática Ltda.2006-00014702/06/2006$ 3.300.000
Protocol Ltda.2006-00015202/06/2006$ 6.475.000
Protocol Ltda.2006-00015402/06/2006$ 6.465.518
Mora EU2006-00015702/06/2006$ 9.679.882
Mora EU2006-00015802/06/2006$ 19.194.795
Mora EU2006-00015902/06/2006$ 29.972.203
Mora EU2006-00016002/06/2006$ 14.500.410
PI Peñuela In Consu Asesorías Inte Ltda.2006-00016302/06/2006$ 9.510.000
Unión Temporal Duarte Valderrama2006-00016602/06/2006$ 20.793.110
Unión Temporal Duarte Valderrama2006-00016702/06/2006$ 210.892.301
Unión Temporal Duarte Valderrama2006-00016802/06/2006$ 59.531.828
Hergar Ltda.2006-00017002/06/2006$ 32.081.333
Hergar Ltda.2006-00017202/06/2006$ 25.671.750
Consorcio GWS2006-00017502/06/2006$ 167.390.390
Consorcio GWS2006-00017602/06/2006$ 261.745.288
Consorcio GWS2006-00017702/06/2006$ 10.289.593
HMV Ingenieros Ltda.2006-00018202/06/2006$ 22.225.943
Ekip Ltda.2006-00019202/06/2006$ 1.734.461
Ekip Ltda.2006-00019302/06/2006$ 5.251.600
Tipiel S.A.2006-00019602/06/2006$ 17.886.610
Ferretería Herramientas y Láminas Ltda.2006-00019902/06/2006$ 1.066.868
Ferretería Herramientas y Láminas Ltda.2006-00020002/06/2006$ 2.261.905
Enercom Ltda.2006-00020402/06/2006$ 112.800.000
Enercom Ltda.2006-00020502/06/2006$ 169.200.000
Enercom Ltda.2006-00020602/06/2006$ 3.450.000
SAI 20032006-00020802/06/2006$ 6.605.706

Cabe señalar que en el expediente no obran las respuestas a los pliegos de cargos 2006-000041 y 2006-000064 del 2 de junio de 2006, no obstante es un hecho admitido por la sociedad demandante y no controvertido por la entidad demandada, que el valor de la información reportada es de $ 13.964.504.172 y sin que el ente demandado haya evidenciado que la información no fue entregada, en relación con los dos pliegos de cargos aludidos.

También se observa que en las respuestas a 120 pliegos de cargos, la actora afirmó que no realizó ninguna transacción ni tampoco realizó ningún pago durante los periodos en discusión, a las personas naturales y jurídicas que se relacionan a continuación(27):

ContribuyenteNº Pliego de cargosFecha
Álvaro Hernán Jiménez2006-00000102/06/2006
Álvaro Hernán Jiménez2006-00000202/06/2006
Álvaro Hernán Jiménez2006-00000302/06/2006
Roberto Holguín Holguín2006-00000402/06/2006
Roberto Holguín Holguín2006-00000502/06/2006
Roberto Holguín Holguín2006-00000602/06/2006
Jaime Pulido Quijano2006-00000702/06/2006
Jaime Pulido Quijano2006-00000802/06/2006
Jaime Pulido Quijano2006-00000902/06/2006
Cristóbal Torres Pérez2006-00001202/06/2006
Guillermo Guarín2006-00001502/06/2006
Guillermo Guarín2006-00001602/06/2006
Armando Rubio Portilla2006-00001802/06/2006
Armando Rubio Portilla2006-00002102/06/2006
Juan José Ramírez2006-00002302/06/2006
Juan José Ramírez2006-00002402/06/2006
Juan José Ramírez2006-00002502/06/2006
Juan José Ramírez2006-00002602/06/2006
Pedro Antonio Oviedo2006-00002802/06/2006
Pedro Antonio Oviedo2006-00002902/06/2006
Yaqueline Vélez Ortiz2006-00003202/06/2006
Yaqueline Vélez Ortiz2006-00003302/06/2006
Efraín Naranjo Salamanca2006-00003502/06/2006
Efraín Naranjo Salamanca2006-00003602/06/2006
Oscar Celio Mora2006-00004502/06/2006
Geoingeniería Ltda.2006-00004602/06/2006
Geoingeniería Ltda.2006-00004902/06/2006
Serpein S.A.2006-00005202/06/2006
Serpein S.A.2006-00005302/06/2006
N.L. Contapa S.A.2006-00005602/06/2006
Arquiser Ltda.2006-00005702/06/2006
Arquiser Ltda.2006-00006002/06/2006
Stair Oilfield Services Ltda2006-00006502/06/2006
Asesorías y Servicios Petroleros Ltda.2006-00006602/06/2006
Asesorías y Servicios Petroleros Ltda.2006-00006802/06/2006
Asesorías y Servicios Petroleros Ltda.2006-00006902/06/2006
Solmman Ltda.2006-00007202/06/2006
Solmman Ltda.2006-00007302/06/2006
Solmman Ltda.2006-00007402/06/2006
Drillsite Fluid Treatment Drift Ltda.2006-00007802/06/2006
Drillsite Fluid Treatment Drift Ltda.2006-00007902/06/2006
Pavigas Ltda.2006-00008102/06/2006
Pavigas Ltda.2006-00008202/06/2006
Pavigas Ltda.2006-00008302/06/2006
Pavigas Ltda.2006-00008402/06/2006
Accecol Ltda.2006-00008902/06/2006
Accecol Ltda.2006-00009002/06/2006
Accecol Ltda.2006-00009102/06/2006
Sal & com S.A.2006-00009402/06/2006
Sal & com S.A.2006-00009602/06/2006
Info Safe Ltda.2006-00009702/06/2006
Info Safe Ltda.2006-00009802/06/2006
Info Safe Ltda.2006-00009902/06/2006
Protect Ltda.2006-00010002/06/2006
Protect Ltda.2006-00010102/06/2006
Protect Ltda.2006-00010202/06/2006
Protect Ltda.2006-00010302/06/2006
Protect Ltda.2006-00010402/06/2006
Alfa CO Ltda.2006-00010702/06/2006
Alfa CO Ltda.2006-00010902/06/2006
Renta Express Ltda.2006-00011202/06/2006
Renta Express Ltda.2006-00011302/06/2006
Renta Express Ltda.2006-00011402/06/2006
Asesum Ltda.2006-00011502/06/2006
Asesum Ltda.2006-00011602/06/2006
Renta Express Ltda.2006-00011702/06/2006
Crane & Lifting EU2006-00012002/06/2006
Crane & Lifting EU2006-00012102/06/2006
Crane & Lifting EU2006-00012202/06/2006
Nova Consulting Services Limited2006-00012502/06/2006
Nova Consulting Services Limited2006-00012602/06/2006
Nova Consulting Services Limited2006-00012702/06/2006
P&C Construcciones Ltda.2006-00013102/06/2006
P&C Construcciones Ltda.2006-00013202/06/2006
P&C Construcciones Ltda.2006-00013402/06/2006
Industrias Metálicas Floreña Ltda.2006-00013802/06/2006
Bombas y Servicios de Casanare2006-00013902/06/2006
Bombas y Servicios de Casanare2006-00014002/06/2006
Bombas y Servicios de Casanare2006-00014102/06/2006
Bombas y Servicios de Casanare2006-00014202/06/2006
Telemática Ltda.2006-00014302/06/2006
Telemática Ltda.2006-00014602/06/2006
B & G Ingeniería Ltda.2006-00014802/06/2006
B & G Ingeniería Ltda.2006-00014902/06/2006
B & G Ingeniería Ltda.2006-00015002/06/2006
B & G Ingeniería Ltda.2006-00015102/06/2006
Protocol Ltda.2006-00015302/06/2006
Protocol Ltda.2006-00015502/06/2006
Protocol Ltda.2006-00015602/06/2006
Mora EU2006-00016102/06/2006
PI Peñuela2006-00016202/06/2006
PI Peñuela2006-00016402/06/2006
PI Peñuela2006-00016502/06/2006
Unión Temporal Duarte Valderrama2006-00016902/06/2006
Hergar Ltda.2006-00017102/06/2006
Hergar Ltda.2006-00017302/06/2006
Hergar Ltda.2006-00017402/06/2006
Consorcio GWS2006-00017802/06/2006
Servivarios Cárdenas EU2006-00017902/06/2006
Servivarios Cárdenas EU2006-00018002/06/2006
Servivarios Cárdenas EU2006-00018102/06/2006
HMV Ingenieros Ltda.2006-00018302/06/2006
HMV Ingenieros Ltda.2006-00018402/06/2006
Exxonmovil de Colombia S.A.2006-00018502/06/2006
Exxonmovil de Colombia S.A.2006-00018602/06/2006
Exxonmovil de Colombia S.A.2006-00018702/06/2006
Exxonmovil de Colombia S.A.2006-00018802/06/2006
General Pipe Service INC2006-00018902/06/2006
General Pipe Service INC2006-00019002/06/2006
Ekip Ltda.2006-00019102/06/2006
Ekip Ltda.2006-00019402/06/2006
Ekip Ltda.2006-00019502/06/2006
Tipiel Ltda.2006-00019702/06/2006
Tipiel Ltda.2006-00019802/06/2006
Ferretería Herramientas y Láminas Ltda.2006-00020102/06/2006
Ferretería Herramientas y Láminas Ltda.2006-00020202/06/2006
Enercom Ltda.2006-00020302/06/2006
Enercom Ltda.2006-00020702/06/2006
SAI2006-00020902/06/2006
SAI2006-00021002/06/2006

Ahora bien, en relación con la información sin cuantía, la actora sostuvo que el tribunal no se refirió a estos casos y en los cuales no procedía la sanción porque no había operaciones para reportar. Dijo, además, que la administración fijó la sanción sobre la base de los ingresos percibidos a nivel nacional.

En lo que se refiere al primer argumento de la actora, la Sala reitera que en el expediente está demostrada la ocurrencia del supuesto de hecho previsto para la imposición de la sanción, porque la actora no suministró la información requerida por la administración dentro del plazo establecido para tal efecto, hecho que no fue controvertido en el proceso.

Así mismo, se advierte que si la actora no tenía información para suministrar por la inexistencia de operaciones realizadas, o por cualquier otra circunstancia, era precisamente eso lo que debió reportar al Municipio de Aguazul dentro de los plazos por éste establecidos, pero, como no lo hizo de forma oportuna, quedó incursa en los supuestos de imposición de la sanción por no informar.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, existía tanto información cuantificable como no cuantificable y que, como se dijo, la sanción imponible se refiere a una sola conducta, esto es, no entregar la información, para el caso concreto procedía la imposición de la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 497 del estatuto tributario municipal.

En relación con la información cuantificable, el literal a) del artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005, dispuso que ante la omisión en la entrega de la información dentro del plazo establecido para ello, el obligado incurrirá en una sanción «Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea».

Por su parte, en el evento en que no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, la norma estableció que la sanción es «hasta del 0.5% de los ingresos brutos de la declaración de (sic) impuesto de industria y comercio, correspondiente al año inmediatamente anterior, o de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a (sic) la renta y complementarios, o de los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes».

A pesar de lo anterior, el municipio demandado impuso la sanción máxima prevista en la norma [art. 651, E.T.], en 210 oportunidades, omitiendo reconocer la entrega extemporánea de la información suministrada y su valoración para tasar la sanción correspondiente.

Debe advertirse que la Sala se pronunció sobre la legalidad de la norma municipal antes señalada en la que indicó que el tope máximo de la sanción, no puede exceder el monto establecido por el Estatuto Tributario, y agregó que la administración puede determinarla sobre los ingresos obtenidos en el Municipio de Aguazul, al precisar(28):

«En cuanto hace a la multa del literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario y de los artículos 367 [lit. a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit. a)] del Acuerdo 41 de 2005, se observa que mientras la norma legal fijó el límite máximo de la sanción por no informar en valores absolutos que se actualizaban mediante decreto del Gobierno Nacional, las normas acusadas establecieron la multa en función de los salarios mínimos mensuales legales vigentes. (...)

Para determinar si el tope fijado por el ente territorial quebranta la norma superior, se expresará éste en valores absolutos.  

Para el 2005, el salario mínimo era de $ 381.500, según el Decreto 4360 de 2004, por tal razón el límite máximo de la sanción, según la norma municipal, era de $ 286.125.000, valor correspondiente a los 750 smmlv. Para ese mismo año, el tope máximo de la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario ascendía a $ 282.326.000, según el Decreto 4344 de 2004.

Nótese que el extremo superior señalado en la disposición territorial supera el consagrado en el artículo 651 del Estatuto Tributario para los impuestos nacionales, por lo cual se desconoce el principio de legalidad de la sanción. Además, desde la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, el municipio solo podía disminuir la sanción, no aumentarla. 

No obstante, en aras de garantizar que la norma produzca efectos, la Sala negará la nulidad de los artículos 367 [lit. a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit. a)] del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que el tope máximo de la sanción por no enviar información es el previsto en el artículo 651 [lit. a)] del Estatuto Tributario, respecto de los distintos períodos sancionables. 

Cabe advertir que cualquiera que sea el parámetro que utilice el ente territorial para fijar el límite máximo de esta sanción, no puede superar el valor equivalente al fijado en el Estatuto Tributario, antes en valores absolutos, actualizados mediante decreto del Gobierno Nacional, y ahora en UVT. 

Por lo anterior, la Sala encuentra ajustados a derecho los fragmentos acusados del literal a) de los artículos 367 del Decreto 053/2003 y 497 del Acuerdo 041/2005, condicionados a que, en todo caso, el tope máximo de la multa sea el señalado en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario.

En cuanto a los criterios fijados en el inciso tercero del literal a) del artículo 367 del Decreto 53 de 2003, inciso 3º literal a) del artículo 497 del Acuerdo 41/2005 y el artículo 11 del Acuerdo 12 de 2005, cuando la información exigida no tiene cuantía o no sea posible establecerla, esto es, el monto de los ingresos brutos contenidos en la última declaración de renta y complementarios o de los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes, se advierte que dichos preceptos locales establecen criterios válidos para fijar la sanción por no informar siempre y cuando los ingresos brutos o los que determine la administración sean solo los obtenidos en el Municipio de Aguazul, pues, esa es la información relevante para el municipio y, por lo mismo, la que es determinante para fijar la sanción por no informar en dicho lugar.  

En ese orden de ideas, la Sala negará la nulidad de los apartes demandados del inciso tercero del literal a) de los artículos 367 del Decreto 053/2003 y 497 del Acuerdo 041/2005 y la parte final del artículo once del Acuerdo 12/2005 transcritos al inicio de este numeral, en el entendido que de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a la renta y complementarios, o los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes son solo los obtenidos en el Municipio de Aguazul». (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta el tope máximo establecido por la normativa aplicable, que para el año en que se incurrió en la conducta sancionable en el presente asunto era de $ 282.326.000

Ahora bien, la Sala advierte que, en el presente asunto para efectos de establecer la base de la sanción a imponer y que la conducta se verificó respecto de información cuantificable y no cuantificable, debe aplicarse el criterio del literal a) del artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005 que dispone que la base para tasar la sanción cuando no tiene cuantía es hasta el 0.5% de los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de Aguazul, conforme a la sentencia antes indicada, pero teniendo en cuenta que la obligación de informar y la sanción por no entregar la información es solo una.

Para establecer los ingresos brutos obtenidos por la demandante, se advierte que el municipio obtuvo las siguientes pruebas:

En los pliegos de cargos y las sanciones impuestas tomaron como base de imposición el total de los ingresos brutos obtenidos a nivel nacional por la actora durante el año gravable 2004 pero, como este valor superaba el límite establecido en la normativa municipal, la sanción se fijó en el tope máximo permitido, sin embargo, con ocasión de la inspección tributaria practicada, se verificó la base de imposición, esta vez sobre los ingresos derivados de la explotación del pozo «Cupiagua», localizado en la jurisdicción del municipio, valor que también superó el máximo permitido.

En efecto, la declaración de renta presentada por la actora el 13 de abril de 2005 por el año gravable 2004, identificada con el sticker 9000001980519(29), incorporada al proceso por la DIAN con ocasión del requerimiento de información de 19 de abril de 2006 expedido por el municipio demandado(30), registró en el renglón 49 un total de ingresos brutos de $ 13.798.729.691.000, sobre los que la administración aplicó el 0.5% a título de sanción, lo que arrojó un valor de $ 68.993.648.000.

No obstante, como esa suma superaba la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que para el año 2005 fue fijada por el Decreto Reglamentario 4344 de 2004 en $ 282.326.000, fue este el valor final determinado.

Posteriormente, con ocasión del Auto de Inspección Tributaria 2007-000001 y mediante el oficio del 5 de diciembre de 2008(31), se recaudó un informe expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el que se relacionaron los siguientes volúmenes de producción de barriles de petróleo en el año 2005:

MesVolumen de Producción (barriles-mes)Precio en dólaresTasa de cambioConversión de ingresos por barril(32)
Enero4.029.989$ 22,02$ 2.750,82$ 244.108.750.988
Febrero3.660.973$ 22,02$ 2.750,82$ 221.756.324.007
Marzo3.185.206$ 22,02$ 2.750,82$ 192.937.662.683
Abril3.923.716$ 24,42$ 2.692,52$ 257.989.578.501
Mayo3.957.215$ 24,42$ 2.692,52$ 260.192.182.586
Junio3.778.255$ 24,42$ 2.692,52$ 248.425.323.066
Julio3.862.036$ 28,8$ 2.601,31$ 289.334.962.574
Agosto3.764.107$ 28,8$ 2.601,31$ 281.998.344.388
Septiembre3.591.612$ 28,8$ 2.601,31$ 269.075.410.897
Octubre3.621.692$ 30,86$ 2.507,90$ 263.538.715.939
Noviembre3.405.166$ 30,86$ 2.507,90$ 263.538.715.939
Diciembre3.539.024$ 30,86$ 2.507,90$ 273.898.494.417
Total$ 3.066.794.465.985

El total de los ingresos señalados ($ 3.066.794.465.985) fueron obtenidos en la ejecución de los contratos de asociación suscritos con Ecopetrol (recaudados durante la inspección tributaria adelantada(33)), de los que la administración estableció que el 50% de los mismos correspondían a la actora y equivalían a la suma de $ 1.533.397.232.995. Esos ingresos se obtuvieron por la explotación de los pozos ubicados en la jurisdicción del municipio.

Sobre la suma señalada, la administración aplicó el 0,5% a título de sanción, lo que equivale a $ 7.666.986.165, pero como esa cifra también superó el tope máximo de imposición de $ 282.326.000, impuso la sanción en este este último valor.

Así las cosas, no es cierto que la administración se haya valido de los ingresos nacionales para fijar la base de imposición de la sanción, pues el monto de los ingresos determinados por el municipio mediante la práctica de sus facultades de fiscalización, corresponden a los obtenidos en el lugar de explotación, circunstancia que no fue desvirtuada por la actora.

Cabe reiterar que lo que no comparte la Sala es que el municipio haya impuesto la máxima sanción por la entrega extemporánea de la información en cada uno de los 210 pliegos de cargos, por lo que, se insiste, la sanción a imponer debió haberse cuantificado como una sola, en este caso sobre el 0,5% de los ingresos brutos obtenidos en el municipio.

Ahora bien, la Sala ha sido del criterio de que el término «hasta» establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario, significa que la administración puede graduar la sanción entre el 0.1% y el 0.5% de los ingresos determinados, en este caso, tal graduación también está contemplada en el artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005 expedido por el Concejo Municipal de Aguazul, en un tope que, como se vio, la Sala precisó que no podía exceder la máxima permitida en el Estatuto Tributario Nacional, en esas condiciones, si se aplicara el primer porcentaje (0.1%) sobre la suma de $ 1.533.397.232.995, arrojaría una sanción de $ 1.533.397.232, que supera los $ 282.326.000 establecidos por el Municipio de Aguazul, en consecuencia, a esta última suma debió limitarse toda la sanción a imponer a la actora.

Debe precisarse que aún en el evento de tomarse por separado la información cuantificable y la no cuantificable, para efectos de la tasación de la sanción, y se aplicaran los dos criterios dispuestos en el artículo 497 de la normativa local a cada una de ellas, se llegaría a la conclusión que la sanción a imponer excedería el tope antes indicado y, en todo caso, habría que reducirla a la sanción máxima permitida(34).

En suma, la sanción aplicable en este caso corresponde a $ 282.326.000.

Sanción reducida.

La sociedad demandante señaló que cumplió con los requisitos para acogerse a la sanción reducida prevista en el artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005, y rechazó que la administración señale que el pago de la sanción reducida se debe practicar sobre las sumas por ésta determinadas, porque «para tener derecho a la sanción reducida el contribuyente debe liquidar y pagar una suma correspondiente al 10% de la sanción que legalmente correspondería y no al 10% de la sanción propuesta por la administración tributaria(35)».

De la lectura del artículo 497 del Acuerdo 041 de 2005(36), se extrae que la sanción por no informar se reduce al diez por ciento (10%) de la suma determinada en el literal a), previo cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que se subsane la omisión mediante el envío de la información, con anterioridad a la notificación de la resolución sanción; ii) que se acredite el pago del o el acuerdo de pago de la sanción reducida y; iii) que se presente ante la administración un memorial que acredite los anteriores requerimientos.

Ahora bien, para verificar la acreditación de los requisitos señalados, en el expediente está demostrado que, con ocasión de los pliegos de cargos formulados, la actora presentó la información exigida precisando los casos en que la información era cuantificable y los que no, aceptando la sanción reducida.

Así mismo, se evidencia que la actora realizó tres pagos para acceder a la reducción de la sanción al 10%, por un valor total de $ 164.404.994, así:

• Oficio del 10 de julio de 2006(37): La demandante manifestó a la tesorería del municipio demandado acogerse a la sanción reducida, para lo cual, frente a la información con cuantía, explicó que la sanción de cada pliego de cargos es del 3%. Allegó un recibo de pago del 7 de julio de 2006 por la suma de $ 3.686.868.40.

• Oficio del 13 de julio de 2006(38): La actora manifestó que «La sumatoria de los valores correspondientes a las sanciones reducidas detalladas en el numeral primero y las sanciones del mismo tipo que de manera adicional a esas se aceptan mediante este documento equivale a $ 39.461.994, de los cuales $ 3.686.869 fueron pagados el 7 de julio de 2006, y los $ 35.775.125 restantes, el pasado 12 de junio tal y como se evidencia en el original del comprobante de consignación que se adjunta».

• Oficio del 3 de octubre de 2006(39): La demandante expresó que se acogía a la sanción reducida por no informar «no solo en relación con las informaciones con cuantía, lo cual ya manifesté en los memoriales de respuesta a los pliegos de cargos, sino además sobre las informaciones no suministradas por el hecho de no haber nada que informar, a que aluden las restantes respuestas a los pliegos de cargos». Allegó un recibo de pago del 2 de octubre de 2006, por valor de $ 124.943.000.

El último oficio referido fue presentado con anterioridad a la expedición de las resoluciones sanción.

En este caso la Sala considera que, además de las circunstancias particulares del procedimiento administrativo adelantado, por cuenta de la desproporción injustificada de la sanción impuesta, se acreditaron los requisitos para acceder a la sanción reducida al 10% de su valor pues, como se verá, el valor pagado por la actora en la suma de $ 164.404.994, supera lo que le correspondía pagar.

Según lo expuesto, la sanción a imponer correspondía a $ 282.326.000 y sobre este valor, para acceder a la reducción al 10% del valor de la sanción, la sociedad debió pagar la suma de $ 28.232.600. Por tal motivo, como la compañía demandante pagó la suma de $ 164.404.994 a título de sanción reducida, que excede el valor que debía pagar, era acreedora del beneficio de reducción de la sanción por no informar al 10% del valor establecido.

En consecuencia, como el pago realizado por la actora, excedió el monto que correspondía para acceder al beneficio de la sanción reducida, a título de restablecimiento del derecho, la Sala ordenará al ente demandado que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, devuelva a la actora el excedente que corresponde a la suma de $ 136.172.394, debidamente indexada como lo prevé el artículo 178(40) del Código Contencioso Administrativo, junto con los intereses moratorios a que se refiere el artículo 177(41) ibídem.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho dispondrá la devolución de la suma antes precisada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, objeto de apelación. En su lugar dispone,

ANÚLANSE parcialmente las resoluciones sanción 2007-000001 al 2007-000210 del 9 de enero de 2007, y sus confirmatorias, las resoluciones 2008-000001 al 2008-00210 del 28 de abril de 2008, expedidas por la Tesorería General del Municipio de Aguazul.

A título de restablecimiento del derecho FÍJASE la sanción por no informar a cargo de la actora en la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($ 28.232.600), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, ORDÉNASE al Municipio de Aguazul a reintegrar a la sociedad demandante la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 136.172.394), debidamente indexados junto con los intereses respectivos, en los términos dispuestos por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

La presente providencia se estudió y resolvió en la sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidenta de la Sección—Milton Chaves García—Jorge Octavio Ramírez».

3 CGP, art. 133.—Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...) 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

4 CGP, art. 135.—Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.

5 Visibles en los cuadernos de antecedentes 6º y 7º.

6 Visibles en los cuadernos de antecedentes 4º y 5º.

7 Visible en el folio 165 de los antecedentes administrativos (cuaderno de pruebas).

8 Guía 7 86393937 expedida por Servientrega, visible en el folio 166 de los antecedentes administrativos – C.P.

9 Visibles de folio 6123 a folio 6332 de los antecedentes del proceso – cdno. 10.

10 Fl. 17 demanda.

11 Requerimiento del 13 de agosto de 2007, visible en los folios 192 y 193 de los antecedentes administrativos.

12 Respuesta del 23 de agosto de 2007, visible en los folios 195 y 196 de los antecedentes administrativos.

13 Visible en el folio 89 de los antecedentes.

14 ART. 609.—Inspección tributaria. La tesorería municipal podrá ordenar la práctica de inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria Municipal, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación Tributaria Municipal y otros ordenamientos legales, previa observancia de las ritualidades que le sean propias (...) (Se subraya).

15 Contratos de asociación para la explotación de hidrocarburos en pozos localizados dentro de la jurisdicción del municipio durante año 2004, y la relación de producción en el mismo periodo.

16 Fl. 6374 de los antecedentes.

17 Sentencia del 10 de marzo de 2016, Exp. 19888, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

18 Sentencia 17062 del 29 de noviembre de 2012, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

19 Visibles de folio 495 a folio 4882 de los antecedentes administrativos.

20 El texto del total de requerimientos es el mismo, sólo varió el año gravable sobre el cual se pidió la información.

21 Oficios del 3 y 4 de julio de 2002, visibles en los folios 102 y ss. De los antecedentes administrativos.

22 Oficio del 23 de diciembre de 2003, visible en los folios 90 a 95 de los antecedentes administrativos.

23 Visible en el folio 105 de los antecedentes administrativos.

24 «Para los efectos del inciso anterior la información deberá llenar como mínimo los siguientes requisitos: a) Apellidos y nombres o razón social y NIT del beneficiario, monto total de los pagos y el concepto de los mismos b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido. c) La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias. d) La información que determine el funcionario competente que guarde concordancia con la investigación que se sigue».

25 «ART. 7º—Principio de eficiencia. La administración municipal velará por el pronto cumplimiento de las obligaciones fiscales, creando procedimientos simplificados, ágiles y expeditos, facilitando al sujeto pasivo de la obligación su cumplimiento. (...) ART. 9º—Principio de eficiencia. Los funcionarios de la administración fiscal Municipal, velarán por adoptar los mecanismos y estrategias más adecuados para hacer cumplir las obligaciones formales y sustanciales fiscales, en forma ágil y oportuna. ART. 10.—Principio de economía. El proceso de fiscalización, determinación, liquidación, recaudo, control y en general administración de las obligaciones fiscales, deberá ser mínimo en su costo para el ente territorial con un mayor resultado de beneficio».

26 La información señalada corresponde a las respuestas a los pliegos de cargos de obran en la cuaderno de antecedentes Nº 3.

27 Cdno. 3 de los antecedentes.

28 Sentencia del 29 de noviembre de 2012, Exp. 17062, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

29 Visible en los folios 4784 a 4786 del cuaderno de antecedentes.

30 Visible en el folio 4784 de los antecedentes administrativos.

31 Visible de folio 167 a 169 de los antecedentes administrativos, incluido en informe.

32 La conversión señalada fue realizada por la administración en las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración.

33 En el acta de cierre de la inspección contable y tributaria, visible en el folio 488 del cuaderno de antecedentes, se dejó constancia que durante la práctica de las mismas se solicitó a la sociedad la fotocopia de los contratos de asociación relacionados con la explotación de hidrocarburos en los campos de Cusiana y Cupiagua vigentes al 31 de diciembre de 2004.

34 Lo anterior, teniendo en cuenta que la información cuantificable tiene un valor total de $ 13.964.505.172 y que la actora presentó la información con ocasión de la respuesta del pliego de cargos, lo que habría hecho procedente graduarla al 1%, de acuerdo con los principios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que se advirtió una actitud de colaboración del contribuyente, entonces, la sanción a imponer era de $ 139.645.042. Y para el caso de la información no cuantificable se habría tenido que imponer el máximo permitido ($ 282.326.000), para un total de $ 421.971.042 que supera la sanción máxima.

35 Visible en el folio 3952 de los antecedentes administrativos.

36 «...La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la Secretaría de Hacienda Municipal, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma».

37 Fls. 164 a 168 de los antecedentes administrativos.

38 Fls. 169 a 183 de los antecedentes administrativos.

39 Fls. 186 a 191 de los antecedentes administrativos.

40 «ART. 178.—La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor».

41 «ART.177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. (...).

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios.

INC. 6º—Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma».