Sentencia 2008-00053/3143-2015 de enero 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 050012331000200800053 01 (3143-2015)

Actor: Nora Luz Aguilar Piedrahita

Demandado: ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: Consideraciones

Problemas jurídicos.

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La reforma a la planta de personal que tuvo lugar en 1999 en la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro Gutiérrez implicó el cambio de denominación del cargo de la demandante de “jefe de departamento 1” a “jefe de departamento 3”?

2. En caso afirmativo, ¿En virtud del derecho a la igualdad y al principio general del derecho laboral “a trabajo igual, salario igual”, le asiste derecho a la demandante a la nivelación salarial y prestacional frente al cargo de “jefe de departamento 1” previsto en la modificación a la planta de personal que tuvo lugar en 1999 en la entidad demandada?

A fin de resolver de manera conjunta los problemas planteados, la Subsección analizará lo siguiente: i) Modificaciones a las plantas de personal; ii) Criterios para fijar los salarios de los empleados públicos; iii) Deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones y requisitos del cargo del cual se pretende la nivelación salarial. Carga de la prueba y; iv) caso concreto.

i) Modificaciones a las plantas de personal.

Las plantas de personal permiten darle una estructura organizacional y funcional a las entidades públicas a través de la relación de los diferentes cargos o empleos públicos que la componen. A pesar de que ellas, en principio, tienen una vocación de permanencia a efectos de darle estabilidad y continuidad al desarrollo de la función pública que ejerce la respectiva entidad, estas son susceptibles de ser modificadas en aras de la satisfacción de los fines esenciales del Estado y del interés general, conclusión que tiene sustento en los artículos 2º y 209 de la Constitución Política.

Una consecuencia de ello, es que la modificación de las plantas de personal tiene que estar fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, además de basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. Esto evidencia que las reestructuraciones administrativas corresponden a una actuación reglada en la que la administración debe actuar dentro del marco legal establecido para el efecto, de manera que no pueden ser caprichosas o arbitrarias sino que han de estar debidamente justificadas.

En ese sentido, la Ley 443 de 1998(1), “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, dispuso lo siguiente en su artículo 41:

“ART. 41.—Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional […] (texto resaltado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-994/2000).

De la anterior disposición se desprende que las necesidades del servicio deben estar demostradas, para lo cual el legislador consagró que toda reestructuración administrativa tiene que fundamentarse en el estudio técnico respectivo, documento éste que contiene la aptitud técnica y legal del proceso, pues en él se debe ver reflejada la motivación que lleva a la modificación de la organización o entidad y que se erige como presupuesto sine qua non de la legalidad de la misma.

Tal estudio técnico debe ser elaborado directamente por las respectivas entidades, por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, o por otras personas naturales o jurídicas contratadas por la entidad, conteniendo en todo caso las causas que llevan a la modificación de su estructura y la metodología que se implementará para el correspondiente análisis, tal como lo prevén los artículos 148 y siguientes del Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998.

Al respecto, el artículo 149, modificado por el artículo 7º del Decreto 2504 de 1998, dispuso que se entiende que la modificación de la planta de personal se funda en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración cuando las conclusiones del estudio técnico deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de las que se enuncian a continuación:

[…].

1. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

2. Supresión, fusión o creación de dependencias.

3. Modificación de las funciones generales institucionales o de las dependencias.

4. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

5. Eliminación, simplificación o creación de procesos o trámites.

6. Eliminación o reducción de prestación de servicios o la creación de nuevos servicios.

7. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

8. Introducción de tecnología.

9. Culminación o cumplimiento de planes, programas, proyectos o funciones cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajustan al desarrollo de nuevos planes, programas, proyectos o funciones de la entidad.

PAR.—Se entiende que un empleo ha sido reclasificado cuando, modifica o no su denominación sin cambiar de nivel jerárquico, se redefinan sus funciones, se le asignen mayores responsabilidades, se exijan mayores calidades para su ejercicio y se ubique en un grado superior de la escala salarial correspondiente, caso en el cual se considere que no hubo supresión efectiva del empleo. El empleado de carrera cuyo cargo haya sido reclasificado deberá ser incorporado en este previa la acreditación de los requisitos exigidos para su desempeño, conserva sus derechos de carrera y le será actualizada su inscripción en la misma(2) (resaltado fuera del texto original).

Según la causa que origine la necesidad de fusionar, suprimir o crear cargos o dependencias dentro de la entidad, los estudios para las modificaciones de las plantas de empleos deben basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: i) análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo; ii) evaluación de la prestación de los servicios; y iii) evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. (D. 1572/98, art. 154 modificado por D. 2504/98, art. 9º).

También es importante señalar que de conformidad con el artículo 158 de la Ley 443 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 1173 de 1999, “Se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tienen funciones iguales o similares, para su ejercicio se exijan requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares y cuando la asignación básica de aquél no sea inferior a la de éste”.

Finalmente, resulta relevante destacar el hecho de que, con la entrada en vigencia de la Ley 443 de 1998 y su Decreto-Ley 1569 de 1998(3), todas las entidades territoriales que se regulaban por dicha norma legal(4) debían ajustar el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos a lo reglado en el decreto en cuestión(5), el cual los clasificó en distintos niveles jerárquicos, así: (i) directivo; (ii) asesor; (iii) ejecutivo; (iv) profesional; (v) técnico; (vi) administrativo y; (vii) operativo. Esta categorización respondió a criterios como (i) la naturaleza general del contenido funcional del empleo(6); (ii) la índole de sus responsabilidades y; (iii) los requisitos exigidos para desempeñarlo(7). Los mismos elementos sirvieron de apoyo para que, en tratándose de los empleos del área asistencial de las entidades territoriales que conformaban el Sistema de Seguridad Social en Salud, se estableciera una clasificación de niveles jerárquicos especial, así (i) directivo; (ii) asesor; (iii) ejecutivo; (iv) profesional; (v) técnico y; (vi) auxiliar(8).

Dentro de esa misma lógica, el Decreto 1569 de 1998 consagró la nomenclatura de los empleos según el respectivo nivel jerárquico, asignándole a cada uno la denominación y el código correspondientes. A todo ello debieron adaptarse las plantas de personal de las entidades cobijadas por dicha normativa.

ii) Criterios para fijar el salario de los empleados públicos.

El artículo 122 de la Constitución Política dispuso:

[…] ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben […].

Así, el empleo público existe una vez se cree en la planta de personal respectiva, se señalen sus específicas funciones y, cuando sus emolumentos se encuentren previstos en el respectivo presupuesto. La titularidad para ejercerlo se adquirirá solo a partir de la posesión del mismo(9).

Por su parte, el Decreto 1042 de 1978 en el artículo 13 indica la forma en que debe determinarse la asignación salarial de un empleo público. Al respecto preceptúa la norma:

[…] ART. 13.—De la asignación mensual. La asignación mensual correspondiente a cada empleo estará determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el presente decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.

Se entiende por denominación la identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo.

Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones […].

A su vez, el artículo 3º de la Ley 4ª de 1992 establece sobre el particular lo siguiente:

[…] ART. 3º—El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos […].

De esta manera, para determinar la asignación salarial de los empleados públicos se deben tener en cuenta, entre otras cosas, la denominación del cargo y el código, los requisitos de conocimiento y experiencia que se exige para el mismo, las funciones y las responsabilidades asignadas.

iii) Deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones del cargo del cual pretende la nivelación salarial. Carga de la prueba.

De tiempo atrás la jurisprudencia ha señalado que el empleado público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial, debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que el empleo tiene idénticas responsabilidades y categoría y además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible emplear el principio de “a trabajo igual, salario igual” establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.

Respecto de la aplicación de este precepto, la Corte Constitucional se pronunció del siguiente modo:

[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales…”.

(…).

7. Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales […](10).

La sección por su parte ha señalado en casos similares al aquí tratado(11):

[…] En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de médico especialista grado 40, le correspondía al demandante acreditar fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas responsabilidades de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no aparece acreditado dentro del proceso.

[…].

Recalca la Sala que las exigencias para ocupar ambos cargos varían en cuanto la experiencia profesional requerida, siendo que es la misma norma la que trae una distinción particular dentro de estos perfiles, siendo esta razón más que suficiente para justificar un trato desigual en las asignaciones salariales para uno y otro, puesto que no se trata de dos cargos que están en igualdad de características, puesto que uno tiene exigencias más gravosas que el otro, por lo tanto, la escala salarial de uno no será igual al de otro […].

Conforme a lo expuesto, debe concluirse que quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo.

Este mandato se deriva del contenido del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12), hoy 167 del Código General del Proceso, que establecía:

[…] ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]

La normativa citada impone una carga procesal(13) a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la obligación de presentar las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación.

Así, la misma comprende tres principios fundamentales: i) el onus probandi incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor relativo a que la parte demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus absolvitur que predica la absolución del demandado si el accionante no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda(14).

La inobservancia del mandato incluido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil citado o en el 167 del Código General del Proceso, según el caso, trae consecuencias desfavorables para la parte que no cumplió con la carga procesal que se le impuso, puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado(15):

[…] Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan […](16).

Con la carga procesal a la que se hace referencia, se pretende que las partes sean proactivas dentro del proceso en lo relacionado con la consecución del material probatorio, de modo tal que no dejen en manos del juez y su facultad oficiosa la búsqueda de la verdad.

Además, dicho deber también pretende que ninguno de los sujetos procesales, ya sea demandante o demandado, se beneficie de las dificultades de la contraparte para recolectar las probanzas en su favor. En palabras de la Corte Constitucional

[…] las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes […](17).

Ahora, aunque la carga procesal estatuida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP, art. 167) tiene la finalidad explicada, la jurisprudencia ha dicho que esta es potestativa de las partes. Quiere decir ello, que no es posible que el juez obligue a las mismas a cumplirla, en tanto su ejercicio conlleva un interés propio del sujeto procesal y es este quien debe soportar las consecuencias negativas que se produzcan en su contra ante la falta de actividad probatoria. Al respecto se dijo(18):

[…] Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa […] (resaltado fuera de texto).

De esta manera, la carga procesal que el legislador impuso a las partes dentro del proceso judicial de probar los supuestos de hecho que alegan, busca que las mismas sean activas y que no se limiten a que únicamente sea el juez quien se preocupe por encontrar la verdad, no obstante, es facultativa de la parte, quien se arriesga, en caso de no cumplirla, a que la decisión emitida vaya en contra de su interés.

En conclusión: Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que desempeña resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo.

El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos.

iv) Caso concreto.

En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver los problemas jurídicos planteados:

Documentales.

— Resolución 172 DG del 14 de febrero de 1994, por medio de la cual la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez nombra provisionalmente a la demandante por el término de cuatro meses en el cargo de “jefe de nutrición”(19).

— Acta 003 del 23 de febrero de 1994, mediante la cual la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita tomó posesión del cargo de “jefe de nutrición y dietética” para el que fue designado en la anterior resolución(20).

— Resolución 814 DG del 27 de junio de 1994, a través de la cual la entidad demandada prorrogó el nombramiento provisional de la citada entre el 17 de junio y el 17 de octubre de 1994, con una jornada laboral de 8 horas diarias(21).

— Resolución 1381 G del 18 de agosto de 1994, en la que se nombra en propiedad a la actora en el cargo de “jefe de nutrición” a partir del 18 de octubre de 1994(22).

— Acta 010 del 18 de agosto de 1994 por medio de la cual la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita tomó posesión del cargo de “jefe de nutrición” para el que fue designado en la anterior resolución(23).

— Resolución 620 G del 1º de septiembre de 1996 que acepta la renuncia presentada por la hoy actora a partir del 2 de septiembre de 1996 en el cargo de “jefe de nutrición y dietética” 8 horas que desempeñaba en la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez(24).

— Resolución 631 G del 4 de septiembre de 1996, a través de la que se nombra en propiedad a la demandante en el cargo de “jefe de departamento 1” (nutrición - dietética) de la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez(25).

— Acta 174 del 5 de septiembre de 1996 mediante la cual la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita tomó posesión del cargo de “jefe de nutrición - dietética” de 4 horas, para el que fue designada en la anterior resolución(26).

— Resolución 166 G del 14 de abril de 1997 que, en virtud de la solicitud que hiciere la hoy demandante, trasladó su jornada laboral de 4 a 6 horas en el cargo de “jefe de departamento 1” (nutrición - dietética) a partir del 16 de abril de 1997(27).

— Acta 023 JD del 17 de diciembre de 1998 en la que la junta directiva de la entidad demandada dispuso, entre otras, la aprobación del manual de funciones de la entidad y el incremento salarial para 1999(28).

— Resoluciones sin número visible por medio de las cuales de modifica y adopta el plan de cargos y asignaciones de la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez en los años 1997(29), 1998(30) y 1999(31).

— Resoluciones 205 del 3 de agosto de 2000(32), 494 G del 14 de diciembre de 2001(33), 317 G del 11 de octubre de 2002(34), 440 G del 31 de octubre de 2003(35), 152 G del 12 de abril de 2004(36), 345 del 23 de septiembre de 2005(37), 167 G del 21 de abril de 2006(38) y 146 G del 2 de mayo de 2007(39), 003 G del 2 de enero de 2008(40); por medio de las cuales se modifica y adopta la planta de cargos y asignaciones en la entidad demandada.

— Acta de incorporación del 25 de junio de 2007 por cambio de denominación del cargo(41).

— Descripción del cargo de jefe de departamento 1, código 280, subdirección científica, departamento hospitalización(42).

— Descripción del cargo de jefe de departamento 3, código 280, subdirección científica, departamento nutrición y dietética(43).

— Resoluciones 386 G del 29 de diciembre de 2000 y 177 G del 29 de mayo de 2002, por medio de las cuales se le conceden licencias de maternidad a la hoy demandante, como “jefe de departamento 3 (nutrición - dietética)” del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez(44).

— Documento “acumulado de un empleado” en el que se detallan los ingresos salariales, prestacionales y deducciones relativos a la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita(45).

Declaración de la parte demandante(46). 

Entre lo afirmado por la actora, esta infirmó

[…] Preguntada. Manifieste al despacho, teniendo en cuenta la clasificación de cargos realizada en el hospital en el año 1998, y hasta el año 2007, su asignación salarial era la de un jefe de departamento tres o jefe de departamento uno. Contestó: Pues mi asignación salarial era coherente con la que yo empecé a devengar desde que me vinculé a la institución y tuvo los incrementos adecuados anualmente, pues para Jede (sic) de departamento tres, pienso que era la asignación, pues a mí nunca me variaron ni mi nombramiento ni mi salario, a mí nunca me han pagado como jefe de departamento uno, que es como está mi acta de posesión y mi nombramiento […] Preguntada. Por el despacho. Sírvase manifestar al despacho, desde su vinculación con la ESE Hospital General de Medellín, si han existido cambios en la nominación de los jefes de departamento, en caso positivo, si conoce en qué han consistido dichos cambios. Contestó. Sí, sé que en el hospital, hubo una modificación en la planta de cargos, poniendo a los jefes de departamento uno, quedamos como jefes de departamento tres, eso lo vi en la planta de cargos del año 1999, pero no se nos notificó ni se nos cambió nuestra nominación, ni nuestro nombramiento, ni nuestra acta de posesión, como sucedió recientemente en el 2007 con la reestructuración que hubo en el hospital […]. Preguntada. Sírvase manifestar al despacho, si con la reestructuración, además, de cambiarse la denominación de jefe de departamento uno, por jefe de departamento tres, qué otros cambios hubo en relación con las funciones y a nivel salarial. Contestó. Ninguno doctora, es más, es que ni nosotros nos enteramos que hubo reestructuración, no nos informaron que íbamos a pasar a jefe uno, dos o tres, seguimos desempeñando los mismos cargos y haciendo las mismas funciones y con el mismo salario, todo igualitico […] (negrilla fuera del texto).

Testimonios.

Ignacio Muñoz Bustamante(47). Manifestó ser médico al servicio del hospital demandada desde 1995. De su declaración, resulta relevante destacar lo siguiente:

[…] Preguntado. Usted en respuesta anterior manifestó al despacho, que existían categorías de jefes de departamento en uno, dos y tres, sírvase indicar a la corporación si tiene conocimiento, qué diferencias existían a nivel funcional y salarial entre las diferentes categorías de jefe de departamento uno, dos y tres. Contestó. Básicamente las diferencias eran el tamaño de personas a cargo, el tamaño del proceso el cual se coordinaba y también había diferencias salariales, pero desconozco cuál era esa diferencia. Preguntado. Sírvase manifestar al despacho si tiene conocimiento, qué funciones desempeñaba la accionante como jefe de departamento y si tenía personas a cargo. Contestó. Coordinaba el departamento de nutrición y dietética, el servicio de alimentación con personal a cargo, profesional y operario. Preguntado. Tiene usted conocimiento si después del año 1998, estas funciones cambiaron para la accionante Nora Luz Aguilar Piedrahita, caso afirmativo en qué consistió el cambio. Contestó. No, lo que observo es que son las mismas funciones que ha desempeñado desde que yo llegué al hospital […] (negrilla fuera del texto).

Rolando Enrique Jaramillo Bedoya(48). Trabajó para el hospital desde 1993 hasta 2003, fecha hasta la cual prestó sus servicios como jefe del departamento de relaciones laborales, el cual comenzó a ejercer en noviembre de 1997.

[…] Preguntado. […] [c]uál fue el motivo de la reclasificación de cargos que se llevó a cabo en el Hospital General de Medellín, entre los años 1998 y 1999 y en qué consistió esta reclasificación. Contestó. En el momento es difícil recordar, pero por los años que me preguntan, debió tratarse de una reclasificación a la cual obligaron la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios; estas normas regularon para ese entonces la carrera administrativa; recuerdo que era necesario adaptar las denominaciones, códigos y requisitos que contemplaban las mismas, respecto de los manuales de funciones que ya existían en las entidades a las cuales le eran aplicables, entre esas el Hospital General de Medellín […] Preguntado. Manifieste al despacho si sabe cuál fue el cargo en que ingresó la señora Nora Aguilar Piedrahita al hospital general y si con esta reclasificación se modificó la denominación del cargo de la mencionada señora. Contestó. Desde que ingresó, época en la que ya prestaba mis servicios a la entidad, Nora Luz empezó como jefe de nutrición y dietética o de alimentación, pero no puedo decir con exactitud la denominación del cargo. Sé que en algún momento se denominaba jefe de departamento 1, por allá en los años 1994 o 1995; con la reclasificación realizada con motivo de la Ley 443 de 1998, su cargo sé que pasó a denominarse jefe de departamento 3. Preguntado. Manifieste al despacho si con esta variación en denominación del cargo, se le disminuyó la asignación salarial a la señora Aguilar. Contestó. Rotundamente, no. Preguntado. Manifieste al despacho, si después de la reclasificación los que quedaron como jefe de departamento 1, quedaron en el mismo nivel jerárquico y salarial que los jefes de departamento 3. Contestó. Lo mismo, rotundamente no […] Pregunta. Sírvase indicar a esta corporación, si con ocasión de la modificación que expresó en respuesta anterior, a los jefes de departamento, esto es, los jefes de departamento y jefes de departamento 1, pasaron a ser jefes de departamento 1, 2 y 3, la administración notificó o hizo conocer a los respectivos jefes de departamento la situación administrativa laboral en que en adelante quedaría, es decir, cuáles jefes de departamento 1 dejarían de ser jefes de departamento 1, para pasar a ser jefes de departamento 2 o 3. Contestó. Primero voy a hacer unas aclaraciones, a) la modificación de las nomenclaturas o de las denominaciones de los cargos, no modifican la situación administrativa de quien los ocupa, b) el acto administrativo por medio del cual se modifica un manual de funciones, es de carácter general, por tanto, no era necesaria una notificación como tal para quien lo ocupara, sino una publicación, en tanto que afecta a toda la comunidad hospitalaria. Y segundo, ese acto administrativo si se dio a conocer por vía de una publicación […] (negrilla fuera del texto).

Yarsile Maryori García Quintero(49). Trabajó en la institución hospitalaria desde enero de 1998 como jefe de departamento de farmacia y en su declaración señaló

[…] Pregunta. Sírvase indicar al despacho, si cuando usted se vinculó al hospital y antes del cambio del nombre del cargo que usted ocupaba, existían otros jefes de departamento y qué denominaciones tenían, y con qué denominaciones quedaron después del año 1998, si tiene conocimiento. Contestó. Eran cinco cargos con el mismo nivel salarial como jefes de departamento, que eran los siguientes en ese momento, jefe de departamento de sistemas, jefe de departamento de suministros, jefe de departamento de estadística, jefe de departamento de nutrición y dietética y jefe de departamento de farmacia. Y pasamos como jefes de departamento 3, todos estos en el año 1998 o 1999, no recuerdo, pero fue una simple modificación como de estructura, sin cambio en la remuneración […] Pregunta. Sírvase indicar a la Corporación, cómo obtuvo conocimiento que el cargo que usted ocupaba en el año 1998, se denominó posteriormente jefe de departamento 3 y si hubo alguna actuación administrativa por parte de la entidad accionada, en relación con el cambio de denominación del cargo que usted y la accionante desempeñaban. Contestó. Lo que recuerdo en este momento es que eso se hizo a través de un acta de junta directiva y fue muy claro para todos, siempre tuvimos claridad que éramos jefes de departamento 3 y que teníamos una asignación salarial diferente o menor a los jefes de departamento 1, no recuerdo si se nos notificó por medio de escrito, pero lo que si tengo claro es que se hizo a través de una junta directiva […] (negrilla fuera del texto).

Jorge Mario Uribe Pardo(50). Trabajó como gerente del hospital en comento entre junio de 1996 y septiembre de 2003, y en su testimonio manifestó:

[…] Preguntado. Usted en su declaración indicó a la corporación que con la Ley 443 de 1998 hubo un cambio en la nomenclatura de los cargos y que algunos jefes de departamento 1 pasaron a ser jefe de departamento 2 y 3, sírvase indicar en el caso particular de la accionante, la cual usted manifestó que ocupaba el cargo de jefe de departamento 1, con la nueva nomenclatura del año 1998, qué cargo siguió ocupando en la entidad hospitalaria y si se cambiaron sus funciones y su régimen salarial con dicho cargo. Contestó. Con la reclasificación de la Ley 443 el cargo de departamento 1, que lo ocupaba la dra. Nora Luz, pasó a ser jefe de departamento 3, con las mismas funciones, el mismo salario y con el mismo nivel de dependencia de su jefe inmediato […] Preguntado. Manifieste a la corporación, si usted recuerda, en qué forma se les dio a conocer a todos los funcionarios, la reclasificación de los cargos. Contestó. La reclasificación se llevó a junta directiva para su aprobación, y una vez autorizada por la junta, en los comités de gerencia a los cuales asistían la totalidad de jefes, y en los comités tanto de la parte científica como de la administrativa, se tocaba el tema de la reclasificación y se explicó según la Ley 443 como quedaría la nueva reclasificación, de acuerdo a la normatividad […] (negrilla fuera del texto).

Análisis de la Sala.

Se encuentra acreditado que, el 4 de septiembre de 1996, la demandante fue nombrada en propiedad en el cargo de “jefe de departamento 1 (nutrición - dietética)” de la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, del cual tomó posesión el día siguiente(51). De igual manera, se probó que durante los años 1997 y 1998 la asignación salarial que percibió era la que efectivamente estaba consagrada para el empleo de “jefe de departamento 1” que en ese entonces preveía la planta de cargos de la entidad.

Lo anterior se desprende del análisis de los folios 118 y 122, en los que se observa que en 1997 el cargo de “jefe departamento 1” tenía asignado un salario mensual de $ 1.435.707 ($ 5.982,1 por hora) y, en 1998, uno de $ 1.730.027 ($ 7.208,45 por hora). El documento “acumulado de un empleado”(52) demuestra que, en el primero de tales años, por 90 horas de trabajo, la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita percibió $ 538.391 (90 x 5.982,1 = $ 538.390,125) y, en 1998, por el mismo periodo de trabajo, se le pagaron $ 648.760 (90 x $ 7.208,45 = $ 648.760,5).

También es plausible concluir que la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro Gutiérrez inició, a finales de 1998, un proceso interno con el propósito de ajustar su planta de personal, nomenclatura y clasificación de empleos a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y en el Decreto-Ley 1569 de 1998. En virtud de este trámite, el anterior cargo de “jefe de departamento” pasó a denominarse “jefe de departamento 1” y el antiguo de “jefe de departamento 1”, que ocupaba la demandante, adoptó el nombre de “jefe de departamento 3”.

Así, en la Resolución de 1998 sin número visible(53), “por medio de la cual se modifica y adopta el plan de cargos y asignaciones del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1998”, puede leerse lo siguiente:

CódigoNombre del cargoHoras diariasHoras contr.Nº cargoSueldo mensualBásico horaTotal mensualTotal anual
2105Jefe departamento 184051.730.0277.208,458.650.135103.801.615
2105Jefe departamento896122.794.47211.643,6333.533.663402.403.958
2105Jefe departamento (Banco de sangre)8812.306.7069.611,272.306.70627.680.472
2105Jefe departamento (Clínica Mcas.)6612.095.85111.643,622.095.85125.150.212

En vigencia de la Ley 443 de 1998 y el Decreto-Ley 1569 de 1998, el código correspondiente al cargo de “jefe de departamento” fue modificado, pues el artículo 10 de la última de tales normas previó la siguiente nomenclatura con relación a los empleos del nivel ejecutivo:

CódigoDenominación del empleo
215Almacenista general
227Corregidor
265Director de banda
260Director de cárcel
220Director de carrera de institución técnica profesional
225Director de carrera de institución universitaria
226Director de carrera de escuela tecnológica
230Director de centro
232Director de centro de institución técnica profesional
235Director de centro de institución universitaria
236Director de centro de escuela tecnológica
270Director de orquesta
240Director de unidad de institución técnica profesional
245Director de unidad tecnológica o unidad académica
250Jefe de departamento de institución técnica profesional
255Jefe de departamento de institución universitaria
256Jefe de departamento de escuela tecnológica
280Jefe de departamento
210Jefe de división
223Jefe de grupo
205Jefe de oficina
285Jefe de programa de institución técnica profesional
290Jefe de sección
207Jefe de unidad
212Jefe local
218Jefe seccional
201Tesorero general

Siguiendo este mandato, la ESE demandada realizó los ajustes del caso a través de la resolución sin número visible del año 1999(54), “Por medio de la cual se modifica y adopta el plan de cargos y asignaciones del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999”. En ella se dispuso, en lo que tiene que ver con el cargo de “jefe de departamento”:

CódigoNombre del cargoHoras diariasHoras contr.Nº cargoSueldo mensualBásico horaTotal mensualTotal anual
280Jefe departamento 384051.989.5318289,719.947.655119.371.863
280Jefe departamento 1896123.213.64313.390,1838.563.713462.764.551
280Jefe departamento (Banco de sangre)8812.652.71211.052,972.652.71231.832.544
280Jefe departamento (consulta externa)28812.652.71211.052,972.652.71231.832.543
280Jefe departamento (Clínica Mcas.) 16612.410.22913.390,162.410.22928.922.744
280Jefe departamento 1 (Garantía de calidad)8813.213.64313.390,183.213.64338.563.713
280Jefe departamento 1 Planeación8813.213.64313.390,183.213.64338.563.713

A pesar del cambio anotado, en materia de salario, prestaciones y funciones la situación laboral de la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita no tuvo ninguna variación, ya que se limitó exclusivamente a un asunto formal relativo a la denominación del cargo. Dicha circunstancia es un factor común en todos los testimonios practicados e incluso encuentra apoyo en la declaración de la parte actora, según quedó plasmado en líneas precedentes.

En el Acta 023 JD del 17 de diciembre de 1998(55), puede observarse que la junta directiva aprobó, entre otras cosas, las modificaciones exigidas por la Ley 443 de 1998 y el incremento salarial para 1999, en los siguientes términos:

[…] 4. Aprobación manual de funciones de la entidad. […] Se pone en consideración la aprobación del manual de funciones de la entidad que se había enviado en el material de la anterior junta directiva y que recoge las modificaciones que exige la Ley 443 de 1998 y que se autorice al señor gerente de la entidad para efectuar en el futuro las modificaciones que se requieran y que estén enmarcadas dentro de la ley. Es aprobado por unanimidad. 5. Incremento salarial para 1999. […] Se pone en consideración que el incremento para 1999 sea del 15% y que siga trabajando en la posibilidad de establecer una prima por productividad para ese año. Es aprobado por unanimidad […].

Dicho aumento se vio efectivamente reflejado en el salario de la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita, quien, como quedó dicho, en 1998 devengaba mensualmente $ 1.730.027 y, en razón del incremento del 15% ($ 259.504), pasó a percibir una suma de $ 1.989.531 para el año 1999, así se desprende de la confrontación de la planta de personal(56) de ese entonces con el documento “acumulado de un empleado”(57).

Ahora bien, al modificarse la denominación de su empleo a la de “jefe de departamento 3”, la demandante continuó no solo devengando igual sueldo sino también desempeñando iguales funciones, las cuales pueden diferenciarse de las asignadas al nuevo cargo de “jefe de departamento 1”, ya que si bien las labores generales que les competen a ambos son similares, en las específicas hay una marcada distinción. Así se observa en el siguiente cuadro:

 Jefe de departamento 1, código 280Jefe de departamento 3, código 280
SubdirecciónCientíficaCientífica
DepartamentoHospitalizaciónNutrición y dietética
ObjetivoVelar por la adecuada prestación de los servicios se salud hospitalarios, asegurando a todos los pacientes recibir una atención adecuada, oportuna y eficiente. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades del departamento, con el fin de brindar una atención oportuna y eficiente a todos sus usuarios (internos y externos).
Funciones específicas— Integrar acciones asistenciales.
— Apoyar las acciones y el trabajo del personal.
— Apoyar las acciones que permitan desarrollar el hospital como hospital universitario, sin que vaya en deterioro de la atención ni que atente contra el peculio de la institución.
— Programar, coordinar y supervisar los programas que garanticen la prestación de servicios de salud.
— Dirigir y coordinar el trabajo mediante acciones de planeación y control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
— Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de influencia, conocer y evaluar resultados, que permitan evaluar el impacto de la prestación de los servicios de salud.
— Fomentar por el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial con el fin de mejorar las condiciones de salud.
— Promover, coordinar y asesorar las actividades de control epidemiológico y control de la infección intrahospitalaria.
— Participar en la evaluación, diseño y puesta en funcionamiento de nuevas formas de prestación de servicios de salud.
— Establecer mecanismos de coordinación y control docente asistencial.
— Participar en el proceso de fortalecimiento de capacitación y educación continuada en salud, para personal vinculado, respondiendo al bienestar de los funcionarios y a las necesidades institucionales.
— Promover la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización.
— Velar por la actualización, implementación y difusión de guías terapéuticas y procedimientos en su área.
— Vigilar que se cumpla y promuevan las normas de ética profesional.
— Vigilar que se desarrollen todos los procesos administrativos que den como resultado el adecuado diligenciamiento de la atención.
— Velar que se cumplan las normas de la institución y actuar de acuerdo a la ética.
— Apoyar el comité de emergencias en el desarrollo del plan y prevención de desastres.
— Programar, coordinar, dirigir y evaluar, todas las actividades del departamento de nutrición y dietética.
— Velar por el cumplimiento y conocimiento de las normas y políticas establecidas en la institución y el departamento.
— Velar por el desempeño correcto de todo el personal del departamento correctivos cuando sea necesario.
— Hacer evaluaciones de desempeño del personal según los parámetros que dicta la ley.
— Respondes (sic) los procesos disciplinarios y los correctivos que se tomen con el personal.
— Liderar los programas que se realicen en el Departamento con las demás dependencias del hospital (salud ocupacional, COVE, comité de emergencias, interventoría, central de mezclas, entre otros).
— Velar por la actualización y elaboración de guías de manejo, avances científicos y renovación de procesos de tipo asistencial.
— Velar por el correcto desempeño del comité se soporte nutricional, garantizándole los suministros y aprobación de procesos en la institución y con las EPS contratantes.
— Coordinar las labores de apoyo a la lactancia materna en la institución.
— Coordinar junto con farmacia y almacén, la consecución de los equipos y recursos necesarios para que todas las áreas (nutrición - parenteral, servicio de alimentación, lactario) tengan un normal funcionamiento.
— Presentar, evaluar y tomar decisiones sobre los informes mensuales de todas las actividades realizadas en el departamento.
— Verificar el normal funcionamiento del cierre mensual financiero de compras de insumos, reservas presupuestales y órdenes de compra.
— Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos asignado al departamento.
— Realizar un control de costo de la ración.
— Coordinar y realizar la planeación de la compra, recepción, preparación, servicio y pago así como la atención de los eventos que impliquen suministros de alimentos.
— Velar porque la capacitación y los programas que lidere el hospital interna o externamente, sean ejecutados por el personal, participando activamente en cada (sic) de ellas.
— Ejecutar y verificar el correcto desenvolvimiento del convenio docente asistencial y coordinar las actividades de los estudiantes en el hospital.
— Controlar, supervisar y legalizar pre nómina y contratos que se realicen a través del departamento.
Funciones generales— Cumplir con las normas de la institución y actuar con la ética de su profesión o disciplina.
— Colaborar con los programas del plan de emergencia y de prevención de desastres.
— Participar en la elaboración y actualización del manual de normas y procedimientos del área correspondiente.
— Cumplir con funciones que estén relacionadas con las funciones generales y específicas del cargo.
— Cumplir con las normas de la institución y actuar con la ética de su profesión o disciplina.
— Estar informado de las normas que dicta el comité epidemiológico, para colaborar con la vigilancia epidemiológica.
— Colaborar con los programas del plan de emergencia y de prevención de desastres.
— Colaborar con la elaboración y actualización del manual de normas y procedimientos del área correspondiente.
— Cumplir con funciones que estén relacionadas con las funciones generales y específicas del cargo.
PerfilEducación: título universitario en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Experiencia: dos años de experiencia profesional.
Habilidad mental e iniciativa: sus labores son variadas, sigue instrucciones definidas, analiza y resuelve problemas complejos de su área y presenta informes a su jefe del desarrollo de su trabajo.
Educación: título universitario en nutrición y dietética, título de formación superior en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Experiencia: un (2) (sic) año de experiencia profesional relacionada con el área de administración.
Habilidad mental e iniciativa: Cumple funciones de tipo administrativo, que implican planear, dirigir, analizar y resolver problemas complejos que se presentan en su área, toma decisiones administrativas y técnicas y presenta informes a su jefe inmediato sobre del desarrollo de su trabajo.

Establecido lo anterior es importante concluir

a) Que las modificaciones efectuadas en diciembre de 1998 y 1999 a la planta de personal de la institución hospitalaria demandada no impactaron la situación administrativa de la demandante, como quiera que su cargo no sufrió un cambio sustancial o de fondo, afectándose únicamente la denominación pues de llamarse “jefe de departamento 1”, pasó a “jefe de departamento 3”.

b) Tradicionalmente, el empleo se ha entendido en relación con las funciones que debe realizar el servidor que lo ocupa, las responsabilidades que le corresponden y los requisitos para acceder al mismo. En ese orden de ideas, no es posible afirmar que respecto del cargo ocupado por la demandante operó una reclasificación del empleo en los términos de parágrafo del artículo 147 del Decreto 2504 de 1998 ni del artículo 36 del 1569 de 1998, ya que la modificación en el nombre del cargo desempeñado no comportó una redefinición de sus funciones, una asignación de mayores responsabilidades, la exigencia de mayores calidades para su ejercicio o un ascenso en la escala salarial correspondiente.

c) Según los artículos 122 de la Constitución Política, 13 del Decreto 1042 de 1978 y el 3º de la Ley 4ª de 1992, el contenido funcional del empleo, los conocimientos y requisitos exigidos para su ejercicio determinan la remuneración mensual correspondiente. Así las cosas, encontrándose acreditado que, en el cargo de “jefe de departamento 3” la hoy actora cumplía las mismas funciones que en el cargo que antes de la reforma de 1999 se denominaba “jefe de departamento 1”, es apenas natural que el salario que se le continuó pagando fuera el mismo.

d) No es aceptable que, con base en un argumento meramente formal, la demandante pretenda devengar el salario de un empleo que no le corresponde como es el que con ocasión de la reforma de 1999 se denominó “jefe de departamento 1”, último cuyas funciones específicas difieren de las que cumplía que corresponden al de “jefe de departamento 3”.

En conclusión: La reforma a la planta de personal que tuvo lugar en 1999 en la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro Gutiérrez implicó el cambio de denominación del cargo de la demandante de “jefe de departamento 1” a “jefe de departamento 3”, más no un cambio en el empleo. Esto determina que a la actora no le asista derecho a la remuneración asignada al primero de tales cargos ya que, más allá de haber tenido un empleo que anteriormente recibió el mismo nombre, nunca fue titular del mismo.

Tampoco es acreedora a dicho reconocimiento por vía de una nivelación salarial y prestacional como quiera que la variación que operó respecto de su empleo fue meramente formal, modificándose únicamente el nombre del cargo, sin que ello tuviera incidencia alguna en su situación laboral pues sus funciones y responsabilidades siguieron siendo las mismas y diferentes de las que correspondían al que con la reforma pasaría a llamarse “jefe de departamento 1”.

En consecuencia, la Subsección confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto, la Subsección A confirmará la sentencia de primera instancia del 25 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión en Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia del 25 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión en Descongestión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Nora Luz Aguilar Piedrahita en contra de la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Fue derogada por la Ley 909 de 2004, sin embargo se hace mención a ella pues se encontraba vigente para la fecha en que acaecieron los hechos objeto de controversia.

(2) En el mismo sentido, el Decreto 1569 de 1998 dispuso que “ART. 36.—De la reclasificación de empleos. Se entiende que un empleo ha sido reclasificado cuando, modificada o no su denominación dentro de un mismo nivel jerárquico, se redefinan sus funciones, se le asignen mayores responsabilidades, se exijan mayores calidades para su desempeño y se ubique en un grado superior de la escala salarial correspondiente”.

(3) Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

(4) Ley 443 de 1998. ART. 3º—Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley son aplicables a los empleados del Estado que prestan sus servicios en las entidades de la Rama Ejecutiva de los niveles Nacional, Departamental, Distrital, Municipal y sus entes descentralizados; en las Corporaciones Autónomas Regionales; en las personerías; en las entidades públicas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud; al personal administrativo de las instituciones de educación superior de todos los niveles, cuyos empleos hayan sido definidos como de carrera; al personal administrativo de las instituciones de educación Primaria, Secundaria y Media vocacional de todos los niveles; a los empleados no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como a los de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas a los anteriores.

(5) Decreto 1569 de 1998. ART. 1º—Del campo de aplicación. El sistema de nomenclatura y clasificación de empleos que se establece en el presente decreto regirá para las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998.

(6) ART. 16.—De la naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales:
a) Nivel directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos para su ejecución;
b) Nivel asesor. Este nivel agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir y aconsejar directamente a los empleados públicos del nivel directivo.
c) Nivel ejecutivo. Comprende los empleos cuyas funciones consisten en la coordinación y control de las unidades o dependencias internas de los organismos de salud y se encargan de ejecutar y desarrollar su política, planes y programas;
d) Nivel profesional. Agrupa aquellos empleos a los que corresponden funciones cuya naturaleza demanda aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica del área de la salud;
e) Nivel técnico. Comprende los empleos cuyas funciones son de carácter técnico e instrumental relacionadas con ocupaciones y oficios propios del área de la salud, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
f) Nivel auxiliar. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo, operativas y de simple ejecución en el área de la salud, complementarias a tareas propias de niveles superiores.

(7) ART. 3º—De la clasificación de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades a las cuales se refiere el presente decreto se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo.

(8) Artículo 15, ibídem.

(9) Decreto 1569 de 1998, Consejo de Estado, Sección Segunda, Nº interno: 1943-12, Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, Demandado: Municipio de la Ceja del Tambo, Antioquia.

(10) Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997, Corte Constitucional. Esta corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007, rad. 454A-2007 lo siguiente: “[…] Al respecto, se ha afirmado que “en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo” Sentencia SU-519 de 1997 […]” (negrilla de la Sala).

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, rad. 05001-23-31-000-2006-02895-01 (0042-12). Actor: Efraín Alberto Cruz Cena, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Bogotá D.C., 13 de febrero de 2014. Ver también la siguiente sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, exp. 050012331000200303588 01, Nº interno: 2343-2012, Autoridades departamentales, Actor: Luis Enrique Henao Tobón, Bogotá D.C., 21 de febrero de 2013.

(12) Vigente para la fecha de presentación de la demanda.

(13) La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de “deberes procesales”, “obligaciones procesales” y “cargas procesales”. Los primeros hacen alusión a los imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX - Nº 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, p. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.

(14) En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Ver también la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, rad. 05001-23-31-000-2003-01739-01 (1634-13), Actor: Jorge Arturo Díaz Montenegro, Demandado: Ministerio de Defensa, Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Bogotá D.C., 11 de marzo de 2016.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de mayo de 2010, exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01.

(16) En la cita a pie de página citada número 1 de esta providencia, se explicó la diferencia entre obligación procesal (la cual si es de imperativo cumplimiento) y la carga procesal.

(17) Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013.

(18) Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016. Ver también las sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.

(19) Folio 24.

(20) Folio 26.

(21) Folio 27.

(22) Folios 29 y 183.

(23) Folios 30 y 184.

(24) Folios 31-32 y 185-186.

(25) Folios 34-35 y 188-189.

(26) Folios 36 y 190.

(27) Folios 37-38 y 191-192.

(28) Folios 194-201.

(29) Folios 118-120.

(30) Folios 121-124.

(31) Folios 47-50 y 125-128.

(32) Folios 53-56 y 129-132.

(33) Folios 57-61 y 133-136.

(34) Folios 62-64 y 137-139.

(35) Folios 65-68 y 140-143.

(36) Folios 69-71 y 144-147.

(37) Folios 72-74 y 148-151.

(38) Folios 75-76 y 152-154.

(39) Folios 155-157.

(40) Folios 158-160.

(41) Folio 77.

(42) Folios 78-80.

(43) Folios 81-83.

(44) Folios 100 y 103.

(45) Folios 106-117.

(46) Folios 168-170.

(47) Folios 165-166.

(48) Folios 171-173.

(49) Folios 174-175.

(50) Folios 244-145.

(51) Folios 34-36.

(52) Folio 106.

(53) Folios 121-124.

(54) Folios 125-128.

(55) Folios 194-201.

(56) Folio 127.

(57) Folio 109.