SENTENCIA 2008-00053/43676 DE MARZO 30 DE 2017

 

Sentencia 2008-00053 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 43676

Radicación: 760012331000200800053 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Alba María Ocoro Cundumi y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso que, por su cuantía (fl. 34, cdno. 1)(2), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

8. A propósito de los medios de convicción obrantes en el expediente, se observa lo siguiente:

8.1. La Sala valorará la investigación penal 689034 adelantada por la Fiscalía Seccional 41 de la Unidad de Vida en Integridad Personal de Cali, por el homicidio de Francisco Javier Ocoro así como el expediente del proceso penal sustanciado por la Fiscalía 43 Seccional de la Unidad de Vida, Integridad y Formación Sexual con ocasión del asesinato de Jhon Jairo Ocoro, cuyo traslado lo solicitó la parte accionada en la formulación de su demanda, y que fue decretado por el a quo en auto del 20 de febrero de 2009 (fl. 51-52, cdno. 1), por cuanto la información allí contenida es conocida por la entidad pública demanda por ser ella misma quien dirigió y coordinó las referidas causas penales.

8.2. En cuanto a la declaración de Alba María Ocoro, actora en la acción de la referencia (fl. 360, cdno. ppal.), presentada en el curso de la investigación penal ante la Fiscalía Sesenta Seccional, será valorada en aquellos aspectos que resulten adversos a las pretensiones del declarante, de conformidad con las reglas sobre la confesión contenidas en los artículos 194-210 del Código de Procedimiento Civil.

8.3. La denuncia formulada bajo la gravedad de juramento por Jhon Jairo Ocoro, el 16 de mayo de 2005 ante la Fiscalía 122 Seccional de Cali, Valle del Cauca (fl. 14-15, cdno. 1), se apreciará como prueba de que la misma existió, pero su contenido debe ser demostrado a través de otros medios probatorios, por cuanto las denuncias sólo constituyen meras afirmaciones de los demandantes, en las cuales descansan las pretensiones expuestas en posteriores procesos judiciales (denuncia penal, fl. 52, cdno. 1).

III. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente recaudadas se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. Con ocasión del asesinato del señor Francisco Javier Ocoro ocurrida el 11 de septiembre de 2004 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía Seccional 41 de la Unidad de Vida e Integridad Personal dio inició a la investigación previa con el fin de determinar la tipicidad de la conducta y lograr la plena identificación del autor o autores de la misma, en consecuencia ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas, la declaración del señor Jhon Jairo Ocoro, hermano de la víctima y quien se encontraba en su compañía al momento del ataque (original de la inspección del cadáver del señor Francisco Javier Ocoro, fl. 5, cdno. 2-1; original de la providencia expedida el 21 de septiembre de 2004, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación dio apertura a la investigación previa, fl. 7, cdno. 2-1; protocolo de necropsia 2004p-02769 expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fl. 14-18, cdno. 2-1; ampliación del informe preliminar rendido por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, fl. 19-26, cdno. 2-1).

9.2. El señor Jhon Jairo Ocoro rindió declaración ante la Fiscalía 41 Seccional de la Unidad de Vida e integridad Personal el 28 de marzo de 2005, diligencia en la que identificó como el asesino del señor Francisco Javier Ocoro a alias “El zarco” un hombre de baja estatura, aproximadamente 1 metro con 65 centímetros, corpulento, cabello negro y corto, ojos claros y de unos 20 a 23 años. Además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió el ataque, refirió que luego del asesinato de su hermano, fue víctima de hostigamientos aparentemente perpetrados por hombres cercanos al presunto homicida (declaración rendida el 28 de marzo de 2005, en la ciudad de Cali, fl. 32-33, cdno. 2-1):

Ese día de septiembre era un día sábado, eran las ocho de la noche cuando empezamos a tomar cerveza en una tienda del barrio Manuela Beltrán, ahí estaba Omar que es mi tío, Orlando Correa mi otro hermano, mi hermano el muerto y yo, ahí estábamos hablando y nos cogieron entre las nueve y media o diez de la noche, mientras tomábamos cerveza, mi hermano Francisco Javier, tenía la moto de él al lado entonces decidió irse, dijo me voy, prendió la moto y se fue, y se devolvió a los tres minutos porque la moto le estaba sonando mal, la destapamos y vimos que le faltaba aceite. Entonces mandamos a Orlando en una cicla a comprar aceite a la bomba, en ese momento ya habían cerrado la tienda, llega una persona y dijo chico a lo que Chico volteó ahí mismo le disparó, le pegó el primer tiro en la cabeza luego le pegó dos más en la cabeza, fueron varios, dio dos pasos adelante luego se devolvió y le pegó dos más en el pecho. De ahí salió y trató de montarse en la moto de mi hermano pero no puedo porque no tenía llaves, entonces al frente había una persona en una cicla, él le apuntó con la pistola al que estaba en la cicla para que se bajara de la cicla, en esas yo reaccioné y me le tiré en encima ahí forcejeamos y la pistola se cayó al piso, entonces varias personas me ayudaron y teníamos al tipo sujetado, cuando llegaron en una moto D.T. tres tipos y abrieron fuego contra todo el mundo, entonces nosotros soltamos al ZARCO y se lo llevaron en la misma D.T. (…) Preguntado: Desea agregar algo más. Contestó: Sí, el sábado pasado arrimaron al establecimiento donde yo trabajo en la 15, fueron tres tipos de raza negra, y preguntaron por mí y le preguntaron a una hembra, que quien era Tayrona, el hermano del finado el Chico, y ella les dio que yo hacía días que no iba por allá y ella les pregunto que para que me necesitaban y dijeron que venían de parte del Zarco y ellos se fueron. Y por el día domingo me encontraba a donde mi hermana y un tipo se me acercó y se manió ósea se mandó la mano a la cintura haciendo que se iba a sacar un revólver, entonces yo me paré, y mi cuñado me dijo camine vámonos, y como el tipo vio mucha gente como que se mario (sic). Al rato llegó una moto y se lo llevó.

9.3. El 12 de mayo de 2005, el señor Ocoro amplió se declaración en el sentido de incluir a otros autores en la comisión del delito, personas a las que también identificó e individualizó. En la misma diligencia realizó el reconocimiento fotográfico de alias “El Zarco” luego de exhibirse 7 fotografías de las cuales escogió la que correspondía a la descripción física de quien dio muerte a su hermano. Posteriormente el 1º de junio de 2005, el ente investigador dictó apertura de la instrucción en contra de Fabián Andrés Álvarez alias “El Zarco” y otros, como presuntos autores responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso con el de porte ilegal de armas y, en consecuencia, libró orden de captura en su contra (original del acta de ampliación de denuncia del 12 de mayo de 2005, fl. 41-42, cdno. 2-1; copia del acta de reconocimiento fotográfico, fl. 43, cdno. 2-1: original del auto de apertura de la instrucción, fl. 57-58, cdno. 2-1.).

9.4. El señor Jhon Jairo Ocoro el 16 de mayo de 2005, presentó ante la Fiscalía 122 Seccional de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, denuncia con ocasión de las amenazas recibidas aparentemente por emisores de alias “El Zarco” a quien él sindicó del homicidio de su hermano, intimidaciones mediante las cuales le exigían no compareciera en el proceso penal adelantado por el homicidio de su pariente. Lo relató en los siguientes términos (copia de la denuncia instaurada, fl. 14, cdno. 1):

(…) entonces este sujeto [refiriéndose a alias “El Zarco”] ha mandado gente a preguntar por mí, el día 12 de marzo de 2005, llegaron tres sujetos a preguntar por mí y que venían de parte del Zarco ellos me estaban preguntado porque saben que soy testigo clave en el homicidio de mi hermano. Preguntado: Usted ha hablado con esas personas cuando lo han ido a buscar. Contestó: No. Preguntado: Usted ha visto a estos sujetos. Contestó: Sí tres niches y dicen que van de parte del Zarco y el Zarco fue quien mató a mi hermano porque yo estaba ahí. El día 12 de marzo llegué a un establecimiento público de propiedad de mi hermana en Sameco observé que un tipo me miraba fijamente, mi hermana me dijo Jhon por qué te mira tanto ese sujeto y el hombre pasó por mi lado tres veces a la cuarta vez que venía venía con la mano en la cintura, mi hermana me dijo que me fuera y cogí un taxi, cuando me fui este sujeto se fue en una moto 115 no vieron las placas. Preguntado: En cuántas ocasiones estos sujetos han ido a buscarlo. Contestó: Este sábado 14 de mayo como a las 5 de la tarde fueron al negocio de mi mamá ubicado en Sameco y le dijeron que por el bien nuestro dejáramos eso así sobre la muerte de mi hermano y que no colocáramos demanda, estos sujetos eran dos, ella dijo que era uno trigueño y el otro niche (…) Preguntado: Hay testigos de estos hechos. Contestó: Sí, Jhon Fabio Lozano, Wilfran Andrés, Andrés Yepes, mi mamá, Alba María Oroco, mi hermana Marley Patricia Oroco se pueden ubicar por medio mío. Preguntado: Hay personas privadas de la libertad por la muerte de su hermano. Contestó: No. Preguntado: Cómo han sido las amenazas por parte de este sujeto. Contestó: En varias ocasiones han llamado a la casa de mi hermana o distintos teléfonos de familiares y han ido a buscarme. Preguntado: Tiene algo más que agregar o corregir a la presente diligencia. Contestó: Que si me llegará a pasar algo va relacionado con la muerte de mi hermano porque no tengo problemas con nadie y ni debo nada a nadie.

9.5. El 26 de diciembre de 2005, el señor Jhon Jairo Ocoro fue asesinado en el barrio el Poblado ubicado en la ciudad de Cali, aproximadamente a las 3:00 p.m. Con ocasión del homicidio la Fiscalía 43 Seccional de la Unidad de Vida, Integridad y Formación Sexual dio inició a la investigación preliminar, mediante auto del 27 de diciembre de 2005 (original de la inspección técnica del cadáver, fl. 1, cdno. 2-3; original del examen externo del cuerpo, fl. 3-6, cdno. 2-3; original del acta de levantamiento 3009, fl. 7, cdno. 2-3; providencia de apertura de la investigación previa, fl. 17, cdno. 2-3).

9.6. El Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali en el marco de la investigación adelantada por el homicidio de Jhon Jairo Ocoro, mediante sentencia del 4 de abril de 2008 absolvió de responsabilidad penal al señor Fabián Andrés Álvarez alias “El Zarco”, quien fue acusado en la etapa instructiva como coautor responsable (original de la sentencia de primera instancia, fl. 549-568, cdno. 2-4).

IV. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala determinar en primer lugar si la demanda presentada en ejercicio de la acción de reparación directa, tal como lo consideró el a quo, superó el término de los dos años contados a partir de la ocurrencia del daño, esto es, la muerte del señor Jhon Jairo Ocoro o si, como lo estima la parte demandante, su ejercicio fue oportuno, en tanto dicho término fue prolongado con ocasión del cese de actividades de la autoridad judicial, por lo que al momento de su formulación no había operado la caducidad.

10.1. Superado el análisis del presupuesto procesal objeto de controversia en el trámite de la primera instancia, la Sala deberá establecer si la Nación-Fiscalía General de la Nación desconoció las obligaciones que en materia de protección le asistían en favor de Jhon Jairo Ocoro dada su calidad de testigo dentro del proceso penal adelantado con ocasión del asesinato de su hermano, y si esta omisión contribuyó en la materialización de su posterior homicidio.

V. Análisis de la Sala

11. Consagrada por el legislador para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, la figura de la caducidad constituye una sanción para las partes que no impulsan el litigio dentro del plazo fijado y que, por ende, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. En palabras de la Corte Constitucional:

La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.

Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general(3).

11.1. Ahora, dado el fundamento de la figura de la caducidad —garantizar la seguridad jurídica— y su carácter de orden público, el término a partir del cual debe computarse no puede quedar al libre arbitrio de las partes(4). En este orden de ideas se observa que, para el caso concreto de la acción de reparación directa, el legislador fue claro al establecer en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la Ley 446 de 1998, que el término para incoarla es de dos (2) años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

11.2. En el caso concreto los demandantes pretenden ser indemnizados por los daños derivados de la muerte de su hijo y hermano Jhon Jairo Ocoro ocurrida el 26 de diciembre de 2005 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. De lo observado en el expediente se advierte que la demanda en ejercicio de la acción indemnizatoria se radicó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 28 de enero de 2008, por lo que en principio, al igual que lo hizo el a quo, se tendría que su presentación fue extemporánea.

11.3. No obstante, de las pruebas allegas por la parte demandante junto con su recurso de apelación, las cuales fueron decretadas por el ponente mediante auto del 14 de marzo de 2017, se concluye que para la fecha en que se agotó el término de los dos años para promover la acción de reparación directa, esto es, el 27 de diciembre de 2007, los tribunales administrativos del país se encontraban en vacancia judicial, la que se prolongó hasta el 10 de enero de 2008, así el término se reanudó el día hábil siguiente, para este caso, el 11 del mismo mes y año. Ahora bien, se encuentra acreditado que desde ese 11 de enero de 2008 hasta el viernes 25 del mismo mes y año el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle de Cauca, a través de Acuerdo 6, autorizó prorrogar la suspensión de los términos a fin de “continuar con la instalación de archivadores en los despachos y secretarías respectivamente, y la adecuación de la red en las dependencias del Palacio Nacional”.

11.4. Bajo este supuesto fáctico, la Sala estima que el ejercicio de la acción de reparación directa fue oportuno, habida cuenta de que el 28 de enero de 2008, fecha de la presentación de la demanda, feneció el término de los dos años contados desde la ocurrencia del hecho dañoso, esto por cuanto el primer día hábil en el cual los actores pudieron acudir a la vía judicial correspondió a esta fecha, tras el cierre de las actividades decretada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional del Valle del Cauca.

11.5. Así las cosas, superado el análisis de la oportunidad del ejercicio de la acción indemnizatoria, la Sala abordará el estudio del segundo problema jurídico planteado, esto es, la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en la muerte de Jhon Jairo Ocoro.

12. A propósito del juicio de responsabilidad, la Sala advierte que, demostrado como está el daño invocado en la demanda, esto es, la muerte del señor Jhon Jairo Ocoro —supra párr. 9.5—, corresponde establecer su imputabilidad a la demandada.

12.1. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(5).

12.2. De esta forma, la corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de la guerrilla(6); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(7); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(8); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(9).

12.3. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que existe un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.

12.4. Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la responsabilidad del Estado por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico, se estipuló que los organismos de seguridad del Estado —Policía Nacional y DAS— debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección:

Quien a nombre del Estado, en cumplimiento de los deberes que un cargo público le impone, enfrenta una lucha en contra del crimen, la cual genera amenazas en contra de su vida e integridad personal, debe ser protegido por los organismos de seguridad del estado, de por vida si ello es necesario, y sin que sea menester que medie una solicitud de protección; porque esa es precisamente la función de los organismos de seguridad, porque si se arriesga la vida para enfrentar una lucha que corresponde al Estado, tal acto debe ser compensado al menos, con la protección de la vida. Quienes al ocupar un cargo público, por servir a la comunidad exponen su vida frente a la lucha que el Estado libra contra las mafias del crimen organizado, tienen derecho como mínimo a que se les garantice la protección de su vida, sin que tengan que hacer solicitudes concretas al respecto(10).

12.5. En la decisión que declaró al Estado responsable por la muerte del dirigente político Jaime Pardo Leal, se determinó que, dada la naturaleza de sus actividades —era líder del partido “Unión Patriótica”, un colectivo perseguido y diezmado por grupos armados ilegales—, tanto a la Policía Nacional como a los organismos de seguridad les correspondía velar por su protección, sin necesidad de que mediara un requerimiento previo:

Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza y concreta cuando quiera que alguna persona invoque la protección de la fuerza de policía por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado.

El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible(11).

12.6. En el fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del señor Luis Alfonso Herrera García, inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos, se decidió que en el contexto de un orden público turbado por la violencia no es necesario requerir a las autoridades para que éstas actúen en función de proteger a quienes se sabe que se encuentran en peligro:

Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. (...).

La relación del Estado frente al ciudadano implica, no sólo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, como quiera que el deber del Estado se traducía en su poder y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera(12).

12.7. Además, sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional que habrá lugar a proceder a reconocer el amparo del derecho a la seguridad personal, identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, “especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión”(13).

12.8. En esta misma línea, esta corporación ha condenado al Estado por la muerte o lesión a la integridad personal de persona que ostentan una calidad especial, como alcaldes municipales(14), personeros(15), diputados(16), periodistas(17), docentes(18), reinsertados(19), líderes sindicales(20), activistas políticos(21), defensores de derechos humanos(22), autoridades de la Policía Nacional que trabajan en esquemas de seguridad(23), quienes se encontraban en una especial condición de vulnerabilidad como las personas desplazadas —siempre y cuando dicha condición fuera conocida por el Estado—(24) y los testigos intervinientes en procesos penales(25).

12.9. La razón detrás de la protección perentoria frente a aquellas personas que ostentan una calidad especial, responde al hecho de que su situación particular permite entrever al Estado el riesgo mayor al que pueden estar expuestas, en relación con el resto de la población.

13. En el caso concreto y aplicando la dogmática expuesta, la obligación del Estado se deriva de la inobservancia de las leyes 418 de 1997(26), 906 de 2004(27) y 938 de 2004, Resolución 2700 de 1996(28) de las cuales se derivaba una obligación de especial protección dada la calidad de testigo en un proceso penal de la víctima, aunado al hecho de que puso en conocimiento de la autoridad el riesgo al que estaba expuesto.

13.1. En relación con la imputación de daño la Sala revisará la carga obligacional contenida en las reglas referidas asignadas a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la protección de testigos se refiere.

13.2. En virtud de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 418 de 1998, vigente para el momento de los hechos, se estableció a cargo del ente investigador la creación y dirección del “Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía” cuya función legal se circunscribió a la protección integral y asistencia social de las referidas personas cuando, con ocasión de su intervención en un proceso penal, estuvieren en riesgo o fueren víctimas de amenazas, amparo ampliado hasta su cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge o compañero (a) permanente.

13.3. Así mismo, la Ley 906 de 2004, atribuyó a la Fiscalía General de la Nación el deber de velar por la protección de los testigos que pretendiera presentar, como también lo hizo el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación contenido en la Ley 938 de 2004. Esta función fue reglamentada por la Resolución 2700 de 1991, derogada por la Resolución 5108 de 2008, la que a través de su artículo 11 previó la asistencia y protección a las víctimas, testigos y demás intervienes en el proceso de cara a “garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación judicial plena y libre”.

13.4. Si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación en su calidad de director del programa de protección a testigos goza de autonomía para determinar el grado de eficacia del testimonio así como el nivel de riesgo para quien colabora con la administración de justicia, también lo es que la prestación de esta asistencia debe atender principios de necesidad, temporalidad, proporcionalidad y transparencia indispensables para garantizar la vida e integridad de los intervinientes en estos procesos cuyos relatos permiten que el Estado ejerza con mayor vigor su poder punitivo.

13.5. Dentro del expediente se encuentra acreditado que Jhon Jairo Ocoro participó como testigo en la investigación penal adelantada con ocasión del homicidio de su hermano, Francisco Jairo Ocoro ocurrida el 11 de septiembre de 2004 en la ciudad de Cali, —ver supra 9.1—. Su primera intervención se realizó el 28 de marzo de 2005 ante la Fiscalía 41 Seccional de la Unidad de Vida e integridad Personal, declaración en la que identificó a alias “El Zarco” como el homicida y en la que además, advirtió al funcionario judicial de la existencia de amenazas por parte de emisarios del aparente asesino, quienes llegaron primero hasta su lugar de trabajo, indagando por su paradero y bajo la advertencia de “venir de parte del Zarco” y, posteriormente, lo abordaron en la residencia de su hermana hasta donde llegó un sujeto con una actitud amenazante, quien huyó al percatarse de la presencia de una gran número de personas en el lugar.

13.6. Su segunda intervención se dio el 12 de mayo de 2005 —supra 9.3— en la diligencia de ampliación de la declaración a través de la cual reconoció a dos personas más como coautoras del asesinato de su pariente. En esta diligencia adicionalmente, realizó el reconocimiento fotográfico de alias “El Zarco” dentro de los 7 retratos que le fueron exhibidos como el sujeto que disparó y segó la vida de Francisco Javier Ocoro.

13.7. Jhon Jairo Ocoro, denunció ante la Fiscalía 122 Seccional de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el 16 de mayo de 2005, las constantes amenazas recibidas de parte del alias “El Zarco”, mediante la cual puso en conocimiento que temía por su vida e integridad personal y que fue increpado para que desistiera de su participación en el proceso penal por la muerte de su hermano so pena de ser castigado.

13.8. Ahora bien respecto de la obligaciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en lo que a protección de testigos se refiere se destacan: (i) el direccionamiento al programa de protección de testigos por parte del funcionario judicial que adelanta la investigación penal y que conoce además de la existencia de las amenazas; (ii) la evaluación del riesgo puesto en su conocimiento mediante la adopción de un estudio técnico sobre la situación de vulnerabilidad; (iii) la elaboración de un informe contentivo del resultado del análisis de la situación presentada; (iv) en caso de considerarlo necesario, la vinculación inmediata del testigo al programa para su protección.

13.9. Adicionalmente la normativa referida circunscribe la evaluación del riego a la definición por parte del funcionario que conoce de la amenaza, de la relación directa entre la actuación procesal del evaluado y los factores de riesgo, además que no exista por parte del testigo un interés diferente al de colaborar con la investigación. Como otro criterio auxiliar encontramos la manifestación expresa por parte del mismo de su interés de ser vinculado al programa y el análisis del contexto en donde ocurrió el hecho punible investigado, el que permite identificar la necesidad de adoptar o no las medidas de asistencia.

13.10. Así las cosas, el incumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación de las obligaciones derivadas de la protección a testigos contenidas en la normatividad citada, especialmente las relacionadas con el acompañamiento por parte del fiscal instructor una vez conoció de la existencia de amenazas en contra de la vida e integridad personal de Jhon Jairo Ocoro, derivadas directamente de su participación en la investigación penal, intimidaciones conocidas también por el funcionario que recepcionó la denuncia formulada por el mismo, permiten concluir que se materializó un riesgo alto frente al testigo. Aunado a lo anterior, la ausencia de una evaluación del riesgo por parte del programa de protección a testigos mediante la cual se definiera la verdadera situación de vulnerabilidad a la que encontraba sometido permite afirmar que el Estado infringió la obligación que le asistía.

13.11. En consecuencia, considera la Sala que la Fiscalía General de la Nación falló en su obligación de proteger y asistir al Jhon Jairo Ocoro, testigo dentro de la investigación penal adelantada con ocasión del asesinato de su hermano, una vez tuvo conocimiento de las amenazas recibidas por la víctima por parte del sujeto a quien él sindicó como el perpetrador del ataque, omisión que contribuyó a que se concretara el riesgo con el hecho de su asesinato tan solo 7 meses después.

VI. Liquidación de perjuicios

14. Los demandantes solicitaron la indemnización de perjuicios morales en cuantía equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la madre y cada uno de los hermanos del señor Ocoro. Sin embargo, dentro de las pruebas allegadas al plenario no es posible acreditar el parentesco de las personas que acudieron al proceso con la víctima, en tanto no se aportó el registro civil de nacimiento de Jhon Jairo Ocoro mediante el cual se constatara la identidad de su progenitora y con ella la de sus presuntos hermanos.

14.1. Ahora bien, dada esta falencia probatoria que impide a la Sala dar aplicación a la presunción jurisprudencial en virtud de la cual acreditado el parentesco se infiere la causación de perjuicios morales a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad(29) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos —mayores o menores—, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (C.P., art. 42)(30).

14.2. No obstante, se reconocerá la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Alba María Ocoro Cundumi pues esta demandante, si bien no demostró el parentesco que adujo en la demanda, sí acreditó, mediante testimonios(31) (fl. 3-6, cdno. 2), haber experimentado la misma aflicción y el mismo dolor que el que sufre una madre por la pérdida de un hijo.

14.3. En iguales circunstancias se encuentran Marlem Patricia, Zuleima, Aura Rocío Ocoro y Yerly María Escobar Ocoro, quienes además de acreditar la calidad de hijas de la señora Alba, pues aportaron sus registros civiles de nacimiento, lograron demostrar por medio de los testimonios rendidos (fl. 3-14, cdno. 2), la congoja y el dolor en igual intensidad que el sufrido ante el asesinato de un hermano. Así las cosas, se reconocerá a favor de cada una de ella la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

15. En la misma línea de la tipología de los perjuicios inmateriales, las actoras solicitaron indemnización en cuantía de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de ellas por concepto de daño a la vida de relación, perjuicios que entendieron causados “a partir de indicios, es claro que la muerte de un ser querido afecta gravemente la vida relación de toda una familia con quien compartí el occiso y por tanto, los demandantes han sido privados de por vida por este concepto”. Sobre el particular, es preciso advertir que lo solicitado no es susceptible de ser reconocido como daño a la vida de relación, pero que, sin embargo, sí se adecúa a la modalidad de perjuicios que la jurisprudencia de esta corporación ha denominado vulneración relevante de bienes o derechos constitucional o convencionalmente amparados.

15.1. En efecto, recientemente el Consejo de Estado ha precisado que la afectación o vulneración de derechos de este tipo —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en los que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(32):

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Reparación no pecuniaria
Afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
CriterioTipo de medidaModulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparadosMedidas de reparación integral no pecuniarias. De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Indemnización excepcional exclusiva para la víctima directa
CriterioCuantíaModulación de la cuantía
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias satisfactorias. Hasta 100 SMLMVEn casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.

15.2. No obstante, la Sala encuentra que los perjuicios que las demandantes adecuan a la tipología de daños a la vida de relación y adecuados a la denominación de afectación o vulneración relevante a bienes o derechos convencional o constitucionalmente protegidos, se subsumen en la misma categoría de los perjuicios morales que ya fueron reconocidos, pues no se demostró la existencia de circunstancias excepcionales derivadas de la trágica muerte de Jhon Jairo Ocoro que justifique el reconocimiento de una indemnización adicional.

16. Frente a la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala concluye que no se acreditó la dependencia económica de la señora Alba María Ocoro así como tampoco de Marlem Patricia, Zuleima, Aura Rocío Ocoro y Yerly María Escobar Ocoro quienes aseguraron que dado el vínculo familiar que los unía, el señor Jhon Jairo Ocoro les prestaba una ayuda económica.

16.1. Sin embargo, lo que se encuentra probado al interior del proceso es que el señor Ocoro tenía una relación marital de hecho con la señora Lilian Montes(33) con quien tenía un hijo, así se extrae de la declaración rendida por la señora Alba María Ocoro, demandante en este proceso, quien afirmó al ser interrogada por la fecha de nacimiento de Jhon Jairo Ocoro que “Tenía 29 años y nació el 1º de junio de 1976, y vivía en unión libre con Liliana Montes y tenía un niño y dos hijastras” (fl. 119-121, cdno. 2-1).

16.2. Así las cosas, y ante la carencia de medios probatorios de los que se pueda establecer la relación de dependencia con la víctima aducida por las demandantes, y acreditada la existencia de una relación marital de hecho la Sala estima que no hay lugar al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitado.

VII. Costas

17. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar disponer:

PRIMERO. DECLARAR no probada la caducidad de la acción.

SEGUNDO. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la muerte del señor Jhon Jairo Ocoro, de conformidad con las consideraciones realizadas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Alba María Ocoro Cundumi.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Marlem Patricia Ocoro.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Zuleima Ocoro.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Aura Rocío Ocoro.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Yerly María Escobar Ocoro.

CUARTO. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

QUINTO. SEXTO(sic): SIN CONDENA en costas.

SEXTO. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

SÉPTIMO. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

NOVENO. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 La Sala encuentra que este proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $ 461.500.000, correspondiente a la tipología de perjuicios inmateriales, la cual resulta superior a los 500 smlmv, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2008 ($ 230.750.000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

3 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

4 Sala Plena de la Sección Tercera, auto de 9 de febrero de 2011, expediente 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 111.

6 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, expediente 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

7 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, expediente 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, expediente 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, expediente 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, expediente 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

8 La providencia del 12 de noviembre de 1993, expediente 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

9 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, expediente 16894, C.P. Enrique Gil Botero.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Este fallo de tutela amparó los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del líder indígena Yecid Brines Polo che, gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, ubicada en el municipio de Colaina, Tolima, presidente de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas a los indígenas del pueblo Pitao. La providencia ordenó a la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, disponer de manera ininterrumpida la continuidad de las medidas de protección otorgadas al tutelante por parte de la CIDH.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth: sentencia del 1º de abril de 2009, radicación 16.836, en la que se analizó la responsabilidad del Estado por la desaparición, en el año de 1993, de un ex concejal y alcalde del municipio de Mesetas-Meta; sentencia del 29 de julio de 2013, radicación 199800009 01 (24496), en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores-Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permitieron inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero 2010, radicación 20001-23-31-000-1997-03529-01(18274), C.P. Enrique Gil Botero. En este fallo se condenó al Estado por la muerte del personero municipal de San Alberto-Cesar, ocurrida el 24 de noviembre de 1995.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 8 de febrero de 2012, expediente 20 089, radicación 50001-23-31-000-1994-04604-01 y expediente 22 373, rad. 50001-23-31-000-1994-04605-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa por el homicidio de José Rodrigo García Orozco diputado de la Asamblea Departamental del Meta, elegido en representación del partido político Unión Patriótica. En esta ocasión la Sala señaló: “24. Por lo demás, las pruebas obrantes dentro del expediente indican que para la época en que se produjo el homicidio de José Rodrigo García Orozco ocurrieron hechos similares en el departamento del Meta contra miembros de la Unión Patriótica, incluyendo a su esposa y ex alcaldesa del municipio de El Castillo (Meta), señora María Mercedes Méndez de García. 25. Se tiene así que las autoridades tenían conocimiento de la situación de peligro que enfrentaban todos los miembros de la UP por cuenta de los asesinatos e intimidaciones cometidas en su contra en distintas regiones del país, y especialmente, en el departamento del Meta. En consecuencia, con independencia de que la víctima hubiera solicitado o no protección a las autoridades, éstas tenían la obligación de adoptar, de oficio, medidas especiales para preservar su vida y su integridad personal”.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, radicación 07001-23-31-000-1993-00063-01(13440), C.P. Enrique Gil Botero, en la que se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte del periodista Néstor Henry Rojas Monje, ocurrida el 28 de diciembre de 1991, en Arauca-Arauca, cuando se encontraba al frente de su residencia, por disparos de arma de fuego realizados por un soldado voluntario orgánico del grupo 19 Reveíz Pizarro de Saravena, con un revólver calibre 38 prestado por su compañero de armas.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera: Sentencia del 27 de marzo de 2014, radicación 76001-23-31-000-2003-01249-01(29332), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, fallo que condenó al Departamento del Tolima, por el asesinato del señor José Oscar Arias López, ocurrida el 16 de noviembre de 2001, en el municipio de Ortega. La víctima se desempeñaba como celador, en la Institución Educación Nicolás Ramírez de Ortega, cargo que hacía parte de la nómina administrativa de la institución educativa. Y sentencia del 8 de julio de 2016, expediente 31987, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la que se condenó al Estado por la muerte del señor Mario Cuestas Amador, producida el 10 de septiembre de 1998, quien prestaba sus servicios como docente en la escuela “El Mirador”, localizada en el municipio de Mesetas, Meta. Si bien no quedó lo suficientemente acreditado que la muerte haya tenido una causa íntima con la actividad que realizaba la víctima como docente, y a pesar de que los eventos fatales ocurrieron lejos de las inmediaciones del centro educativo, la Sala consideró que el departamento del Meta, como ente nominador, tenía el deber legal de recibir y tramitar las peticiones de traslado elevadas por el difunto y su compañera permanente, actora en la acción de reparación directa, mediante un comité especial, creado por el Decreto 1645 de 1992. Se resaltó que dicho decreto contemplaba un procedimiento que sólo tardaba hasta cuatro días hábiles y que, adicionalmente, determinaba otros mecanismos de protección además de la reubicación permanente, como lo eran el traslado transitorio remunerado, el requerimiento a las autoridades de la fuerza pública para que se le prestara al solicitante la seguridad debida, y la posibilidad de que el servidor amenazado dejara de presentarse a trabajar mientras se resolviera su situación.

19 Ibídem, sentencia del 27 de marzo de 2014. El señor José Oscar Arias López dio a conocer a la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Tolima acerca de las intimidaciones que lo agobiaban, y expuso su condición de reinsertado del M-19 y el riesgo que ello representaba, toda vez que varios de sus compañeros habrían sido asesinados.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 21 de abril de 1994, radicación 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández, en la que se condenó al Estado por la muerte de Jesús Antonio Martínez Moreno, líder sindical que trabajaba en la empresa Textiles Rionegro, y se desempeñaba como concejal por el movimiento político Unión Patriótica en El Carmen de Viboral; y sentencia del 6 de marzo de 2013, radicación 25000-23-26-000-2001-00346-01(26217), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, fallo condenatorio por la muerte de Julio Alfonso Poveda, militante de la Unión Patriótica y fundador de la Federación Sindical Agrícola, FENSA.

21 Es el caso de los fallos condenatorios emitidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la muerte del congresista Manuel Cepeda Vargas —sentencia del 20 de noviembre de 2008, radicación 20511; del ex candidato presidencial Jaime Pardo Leal —sentencia del 30 de octubre de 1997, radicación 10957, C.P. Ricardo Hoyos Duque—; y del dirigente del Partido Comunista Colombiano José Miller Chacón —sentencia del 3 de noviembre de 2007, radicación 15985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez—.

22 El Consejo de Estado, condenó a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad-DAS por la muerte de Alberto Bravo Lara, quien desarrollaba actividades en defensa de campesinos que ocuparon terrenos baldíos ubicados en el corregimiento de Sitio Nuevo en Magangué-Bolívar, y fue asesinado por desconocidos el 28 de febrero de 1994, a pesar de haber solicitado protección al Estado. Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2012, expediente 27976, radicación 13001-23-31-000-1996-10661-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el caso Yarce y otros vs. Colombia, op. cit., la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de Colombia por las infracciones a los derechos contemplados en la Convención Americana de cinco defensoras de derechos humanos y sus familias a partir del año 2002, en el lugar conocido como Comuna 13, en la ciudad de Medellín. Los hechos habrían tenido lugar en el contexto del conflicto armado interno caracterizado por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública durante varias décadas, el cual se vio intensificado por los operativos militares ejecutados por el mismo Estado durante el año 2002 y el recrudecimiento de la presencia paramilitar luego de estos operativos.

23 En sentencia del 26 de febrero de 2009, radicación 6800-123-15000-1999-01399-01 (31842), C.P. Enrique Gil Botero, se señaló: “(…) En este sentido, si bien existe prueba de que la víctima fue agredida por un grupo subversivo, y por ende ajeno a la Institución de la Policía Nacional, lo cierto es que las conductas omisivas de esta entidad, constituyeron la causa que posibilitó la muerte de LUIS ALFONSO TORRES, quien se encontraba cumpliendo con su deber en una situación de abandono, y desatención de las circunstancias de seguridad que existían en el municipio de Mogotes. Sin duda alguna, la vinculación profesional a un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional, (sic) implica la existencia de unos riesgos que se deben asumir; este deber, sin embargo, deja de existir, cuando con una conducta negligente e indiferente de la institución, (sic) se pone a su personal en una situación de indefensión y por ende constitutiva de una falla del servicio que impone el deber patrimonial de responder en nombre del Estado colombiano, en los términos del artículo 90 constitucional (…)”. En sentencia del 13 de mayo de 2015, radicación 66001 23 31 000 2007 00058 01 (37118), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, el riesgo se concretó al ordenarle a un agente de la Policía Nacional y que se desempeñaba como escolta-conductor de la señora Liliana Gaviria Trujillo, hermana de un expresidente, el cumplimiento de esa doble función, con lo cual “se le sometió a un riesgo excesivo e innecesario que lo puso en un estado de indefensión que contribuyó eficazmente a la producción del daño, el cual se materializó el día de su muerte”. El fallo estableció que “el agente no pudo dar cumplimiento a las directrices expedidas por la misma institución policial, tales como la directriz 11 del 17 de julio de 2004 y 3 del 20 de febrero de 2006, sobre el manejo de armamentos y vehículos, en las que se recomienda al personal de protección, debido a las condiciones de inseguridad de la época, “… extremar al máximo las medidas de seguridad…” y “… permanecer con el armamento a la mano””. Así mismo, destacó dos disposiciones, que si bien no eran aplicables al caso concreto, servían de orientación pedagógica del juez: el manual de protección a personas de la Policía Nacional, según el cual pese a que el hombre de protección debe poseer los conocimientos en conducción y técnicas de protección, estas son dos funciones diferentes” y el Decreto 4912 de 2011, “Por el cual se organiza el programa prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”, que dispone que “En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional para el cumplimiento de labores de protección, podrá conducir los vehículos asignados al esquema” y según el cual un esquema mínimo de seguridad debía estar compuesto por un vehículo, un conductor y un escolta.

24 En el caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, la Corte IDH resaltó las obligaciones diferenciales que debe tomar el Estado en relación con la población en situación de desplazamiento: “179. En los términos de la Convención Americana, la situación diferenciada en que se encuentran los desplazados obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros particulares”.
Dígase de paso que la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada, en la Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, evento que puso el énfasis en la protección de esta población.

25 En el caso de protección a testigos dentro de los procesos penales esta corporación definió que: “Visto lo anterior se concluye que para la época de los hechos la Fiscalía General de la Nación tenía atribuido, constitucional y legalmente, el deber de velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en los procesos penales, deber que se concretaba en la obligación de evaluar las condiciones de la amenaza a efectos de solicitar a los organismos de seguridad del Estado, en caso de ser necesario, la protección del afectado, así como su inclusión en el programa de protección a cargo de dicha entidad, el cual está destinado precisamente para quienes, con ocasión del proceso penal, tengan el riesgo de sufrir algún atentado contra su vida o integridad personal” sentencia del 23 de abril de 2009, expediente 16923, actor: Josefa Hurtado de Tello, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

26 La que en su artículo 67 dispone “Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.

Para efectos de protección por parte del programa, se entenderá por testigo la persona que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, o cualquier otra circunstancia que resulte relevante para demostrar la responsabilidad penal, que en concepto del funcionario judicial competente está en disposición de expresarlo durante la actuación procesal y de ello se derive un riesgo para su vida o integridad personal.
Así mismo, estará a cargo del programa, los testigos de aquellos casos de violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se haya iniciado el correspondiente proceso penal.

27 “ART. 114.—ATRIBUCIONES. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar”.

28 Derogada por la Resolución 5108 de 2008, pero citada por estar vigente al momento de los hechos “Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación”.

29 El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

30 Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, expediente 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, expediente 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, expediente 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, expediente 14808; 8 de marzo de 2007, expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, expediente 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 23308, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

31 “Testimonio rendido por Luz Marina Preciado Asprilla, vecina del sector a donde residía la familia Ocoro: “Pregunta: Dónde vive actualmente Alba María Ocoro (…) Contestó: a raíz de las cuestiones económicas doña Alba Ocoro, que es la mamá de los fallecidos, volvió a vivir a la casa del barrio Manuela Beltrán (…) Pregunta: Durante los fines de los años de 2004 y 2005, épocas en las cuales fallecieron Francisco Javier y Jhon Jairo Ocoro manifieste que pudo usted percibir en la señora Alba María y en cada una de las hermanas de los fallecidos, por la ausencia de los seres queridos. Contestó: El dolor más grande, porque esa familia siempre fue muy unida, doña Alba se enfermó empezó a sufrir del corazón y ellas sufrían al ver a su mamá así. Por su parte Kelly Lucero Ruiz Torres, quien aseguró haber convivido con la familia Ocoro durante varios años indicó: “Durante los fines de los años de 2004 y 2005, épocas en las cuales fallecieron Francisco Javier y Jhon Jairo Ocoro manifieste que pudo usted percibir en la señora Alba María y en cada una de las hermanas de los fallecidos, por la ausencia de los seres queridos: Contestó lo que ha pasado es que se quedaron sin trabajo, por las amenazas, llegaban motos, carros preguntando por Zuleima, ella tenía que huir, porque la iban a matar Zuleima se fue para Bogotá (…) Doña Alba vive muy afligida dice que a sus hijos no los puede olvidar, sus hermanas están muy mal ellos eran la adoración para su familia”.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

33 Revisado el sistema de gestión se constató que en la actualidad no existen proceso de responsabilidad extracontractual promovidos por esta persona.