Sentencia 2008-00054 de octubre 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 850012331000200800054 01

Rad.: 18507

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil once.

Actor: Oleoducto Central S.A. Ocensa

Demandado: municipio de Monterrey

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por el tribunal administrativo de Casanare, que declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se determinó el impuesto de industria y comercio del período fiscal 2005 a la sociedad Oleoducto Central S.A.

La discusión se centra en determinar si la exención prevista en el artículo 16 del Código de Petróleos se encuentra vigente, y, en consecuencia, si la sociedad Oleoducto Central S.A. es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio por las actividades de transporte de petróleo por oleoducto que realiza en la jurisdicción del municipio de Monterrey (Casanare).

Se encuentra probado en el expediente que la sociedad actora presentó entre los días 16 de marzo de 2005 y 13 de enero de 2006, declaraciones de industria y comercio y de retención en la fuente a título de industria y comercio(1).

En ejercicio de las facultades de fiscalización, la administración profirió requerimiento especial, y determinó el impuesto de industria y comercio mediante la Resolución 5 del 17 de abril de 2007(2), confirmada por la Resolución 4 del 26 de junio de 2008(3), por las actividades de transporte de oleoducto realizada por la sociedad en el municipio de Monterrey.

En cuanto a la naturaleza gravable de la actividad de transporte de petróleo, se observa que mediante sentencia del 4 de junio de 2009, expedida por esta Sala, Expediente 16084(4), se declaró la nulidad de la expresión servicio de transporte por oleoducto, incluida como una de las actividades catalogadas de servicios, según el código 305 del artículo 53 del Acuerdo 35 de 2001, expedido por el concejo municipal de Monterrey.

Al respecto así se dijo:

“Mediante Sentencia C-537 de 1998, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, acusado de violar los artículos 1º, 287, 294 y 362 de la Constitución Política.

(...).

Precisó que el impuesto de transporte por todos los oleoductos y gasoductos había sido cedido a las entidades territoriales por la Ley 141 de 1994 (art. 26). Por tanto, “la prohibición del legislador para que las entidades territoriales puedan imponer este gravamen resulta razonable, pues, además, el tributo, según el artículo mencionado, es cedido a ellas. Es decir, realmente, a dichas entidades no se les está privando de este recurso para el cumplimiento de sus funciones”.

(…).

Aunque en esta providencia la Corte no hizo un análisis sobre la vigencia de la disposición demandada, de su lectura es posible concluir que se mantiene en vigor, pues la Corte hace un estudio sobre la naturaleza jurídica del decreto, y lo confronta con la actual Constitución para establecer su competencia revisora.

(…).

Así las cosas, la actividad descrita dentro de las de servicios código 305 del impuesto de industria y comercio, en cuanto se refirió al “servicio de transporte por oleoducto”, debe ser anulada por violación del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 y las normas constitucionales mencionadas”.

La Sala en la providencia transcrita arribó a la conclusión de que la prohibición prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 se encuentra vigente, dado que no fue derogada ni expresa ni tácitamente, y, por el contrario, ha sido reafirmada a través del artículo 27 de la Ley 141 de 1994(5).

Aunado a lo anterior, se debe precisar que si bien el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986(6), determinó que en ningún caso las exenciones otorgadas sobre impuestos municipales, podían exceder el término de 10 años, la exención establecida en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 no se encuentra sujeta a dicho plazo, por cuanto este límite fue previsto para aquellas exenciones creadas por los municipios y el Distrito Capital de Bogotá y, no a las establecidas por la ley como ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la actividad, se debe precisar que aunque el transporte de petróleo por oleoducto puede considerarse como un servicio, por su especialidad no podría dársele el mismo tratamiento tributario que al servicio de transporte de personas o cosas, que es la actividad que generalmente se encuentra gravada por el impuesto de industria y comercio.

Útil resulta puntualizar que esta misma Sala se pronunció en un caso análogo, correspondiente a las mismas partes, hechos e impuesto objeto de la presente controversia, así:

“Desde 1953, cuando se compilaron las normas existentes en materia de petróleos, entre ellas la Ley 37 de 1931, existía tanto la prohibición de gravar con impuestos territoriales el transporte de petróleo, como el impuesto nacional de transporte por oleoducto y ha sido coherente la legislación posterior (L. 141/94) al mantener el impuesto nacional y luego cederlo a los municipios como un reconocimiento para aquellos por cuyas jurisdicciones pasan los oleoductos, pero que no pueden imponer ningún gravamen territorial por esa actividad.

(…).

Y si el legislador estableció el hecho económico de transporte por oleoducto como generador de un impuesto de carácter nacional y reguló sus elementos esenciales; ese mismo hecho económico ya no puede ser objeto de gravamen territorial, no sólo porque así lo previó el legislador (Código de Petróleos, art. 16), sino, porque el ente territorial no tiene fundamento legal para su adopción dentro de su jurisdicción.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declararan nulos los actos acusados. Como restablecimiento del derecho se declarará que la sociedad actora no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio dentro del municipio de Monterrey por la actividad de transporte por oleoducto, y por ello no está obligada a cumplir con las obligaciones formales ni sustanciales de dicho tributo, por lo que se ordenará al municipio demandado, proceder a la cancelación del registro como contribuyente del citado impuesto(7)”.

Finalmente debe precisarse que la actividad de transporte de petróleo por oleoducto es un hecho económico que el legislador señaló como generador de un impuesto de carácter nacional, y reguló sus elementos esenciales, razón por la cual ese mismo hecho económico no puede ser objeto de gravamen territorial.

En ese sentido, teniendo en cuenta la existencia de una prohibición legal para gravar las actividades de transporte de petróleo por oleoducto, no se configura el hecho generador del tributo: la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción del municipio de Monterrey (Casanare), razón por la cual la sociedad Oleoducto Central S.A. no puede ser considerada como contribuyente obligado a pagarlo.

En consecuencia, no está llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, motivo por el que se confirmará la sentencia de primera instancia, con excepción del numeral 2º, el cual se modificará para declarar la firmeza de las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio presentadas por Oleoducto Central S.A. en el municipio de Monterrey correspondientes a la vigencia fiscal 2005, por cuanto, como lo señaló el Ministerio Público, al declararse la nulidad de los actos demandados es procedente el restablecimiento del derecho del accionante, teniendo en cuenta que aun cuando la actividad de la actora no estuviera gravada con el impuesto, la exención si debía ser declarada(8).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confírmanse los numerales 1º, 3º, 4º y 5º de la sentencia del 22 de julio de 2010 del tribunal administrativo de Casanare.

Modifícase el numeral 2º de la sentencia apelada, el cual quedará así:

Segundo: a título de restablecimiento del derecho, declárase la firmeza de las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio presentadas por Oleoducto Central S.A. en el municipio de Monterrey correspondientes a la vigencia fiscal 2005.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Fls. 74 cdno. ppal.

(2) Fls. 44 cdno. ppal.

(3) Fls. 68 cdno. ppal.

(4) M.P., Dr. William Giraldo Giraldo.

(5) ART. 27.—Prohibición a las entidades territoriales. Salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables.

(6) Los municipios y el Distrito Especial de Bogotá sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.

(7) Expediente 17330. M.P. Dr. William Giraldo Giraldo.

(8) Acuerdo 35 de 2001. Estatuto de Rentas del Municipio de Monterrey. Artículo 47. Fl. 104 cdno. ant.