Sentencia 2008-00062 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001233100020080006201

Referencia: 20169

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Conix S. A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: impuestos sobre las ventas. 6º bimestre de 2002

Fallo

Bogotá, D. C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, debe la Sala decidir si procede el rechazo del IVA descontable solicitado en la declaración del impuesto sobre las ventas que la actora presentó por el sexto bimestre del año 2002.

Para resolver, la Sala reitera en esta oportunidad el criterio expuesto en la Sentencia 19479 del 13 de marzo de 2014(12).

En primer lugar, la Sala acude al marco jurídico aplicable al asunto.

Artículo 483 del estatuto tributario.

“Determinación del impuesto para los responsables del régimen común. El impuesto se determinará:

a. En el caso de venta y prestación de servicios, por la diferencia entre el impuesto generado por las operaciones gravadas, y los impuestos descontables legalmente autorizados”.

Artículo 485(13):

“Los impuestos descontables son:

a. El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar al valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes; la parte que exceda de este porcentaje constituirá un mayor valor del costo o del gasto respectivo.

b. El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. Cuando la tarifa del bien importado fuere superior a la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes, la parte que exceda de este porcentaje constituirá un mayor valor del costo o del gasto respectivo”.

Artículo 488.

“Solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyan costo o gasto. Sólo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios, y por las importaciones que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas”.

ART. 491.—“En la adquisición de activo fijo no hay descuento. El impuesto a las ventas por la adquisición o importación de activos fijos no otorgará derecho a descuento”.

Conforme con el ordenamiento expuesto, y para el caso que se analiza, en la venta y prestación de servicios el impuesto sobre las ventas a cargo de los responsables del régimen común, se determina por la diferencia entre el impuesto generado por operaciones gravadas y los impuestos descontables autorizados en la ley; estos últimos, corresponden al IVA facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios. Asimismo, para que proceda el descuento, debe tratarse de la adquisición de bienes corporales muebles y servicios que constituyan costo o gasto para el contribuyente en renta y que se destinen a operaciones gravadas con IVA. Se precisa, también, que el IVA pagado por la adquisición o importación de activos fijos no es descontable.

De otra parte, el artículo 60 del estatuto tributario clasifica los activos en movibles y en fijos o inmovilizados. Señala la norma que son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o periodo gravable; y que son activos fijos o inmovilizados, los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.

Reiteradamente(14) ha sostenido la Sala que “para establecer la naturaleza de fijo o movible de un bien, no solo se atiende a la forma de contabilización de la inversión, sino que debe mirarse la intención en su adquisición, de manera que, si la intención es su enajenación en el giro ordinario de los negocios de la sociedad, serán activos movibles, pero si la intención es que permanezcan dentro de patrimonio del ente societario, serán activos fijos”(15).

Así pues, la ley tributaria y la jurisprudencia coinciden en que la diferencia entre activos fijos y activos movibles radica en la intención con que se adquieren los bienes; si se adquieren para ser enajenados dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, se trata de activos movibles, pero si no se tiene la intención de enajenarlos en desarrollo de la actividad ordinaria de la empresa, se consideran activos fijos o inmovilizados.

Por ello lo relevante es determinar, en cada caso, la destinación que el contribuyente ha dado a los bienes y si la enajenación se produjo dentro del giro ordinario de sus negocios y no, el tiempo de permanencia del bien en el patrimonio de la empresa o su contabilización.

Afirma la demandante que en el periodo en discusión suscribió con sus clientes contratos de renting de tecnología, cuyo objeto era: el arrendamiento de equipos de cómputo, otorgar licencias para el uso de software y suministrar los seguros requeridos y las garantías otorgadas por los proveedores y que también incluían la prestación de servicios de instalaciones, adaptaciones, mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones, entre otros.

Que para desarrollar los contratos adquirió bienes que no tenían el carácter de activos fijos, pues se vendían a los clientes a la terminación del contrato, por un valor residual, lo que evidencia que tales bienes se adquirieron únicamente para suplir las necesidades de los clientes y entregarlos en arrendamiento. Que los costos se recuperarían a largo plazo y, por esa razón, contablemente se manejaron como cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, es decir, como inversiones amortizables, de acuerdo con los artículos 142 y 143 del estatuto tributario.

La Sala de Consulta y Servicio Civil, en el Concepto 1740 de 2006, explicó sobre la naturaleza y características de los contratos de renting:

“La doctrina nacional diferencia igualmente los contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Sobre este tema, explica el profesor Sergio Rodríguez Azuero:

“Renting. Este contrato, que se asemeja por muchos aspectos al llamado leasing operativo, presupone la existencia de materiales en poder de la sociedad y elimina, desde luego, la llamada etapa de colaboración entre las partes destinadas a la adquisición de los bienes, los cuales son simplemente arrendados al usuario. Se acompaña de una serie de servicios exclusivos a favor del arrendador para el mantenimiento, reparación, asistencia técnica, etc., de los bienes. En esta clase de contrato, que guarda desde luego similitudes con el leasing, es sumamente remota la opción de compra para el usuario y, por el contrario, es bien frecuente el caso de que las sociedades arrendadoras se nieguen a venderlos pues parte de su estructura de mercado implica conservar los equipos bajo su dominio en forma indefinida”(16).

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse entonces que el contrato de arrendamiento operativo o renting es un contrato de tracto sucesivo en el cual la propiedad de los vehículos está en cabeza de la compañía de renting que los adquiere para darlos en arrendamiento a clientes que los requieren para desarrollar su actividad de transporte, por un tiempo determinado, a cambio de un canon, en el que el arrendatario ejerce las facultades de uso, usufructo y goce del bien, esto es, controla operativamente el vehículo, y por lo general se conviene que el arrendador asuma el mantenimiento y asistencia técnica durante el plazo del contrato. Puede pactarse por períodos cortos, o establecerse una relación de mediano o largo plazo. Se diferencia del leasing o arrendamiento financiero, en que no tiene por finalidad última la adquisición del bien arrendado”(17) (se resalta).

Del concepto transcrito se infiere que el “renting” es un contrato atípico, de tracto sucesivo, que tiene por objeto el arrendamiento de bienes muebles que son adquiridos por el arrendador y sobre los cuales este mantiene la propiedad durante la vigencia del contrato, a cambio de un canon.

El arrendador se encarga del mantenimiento y la prestación de los servicios técnicos necesarios para la conservación del bien en condiciones óptimas de uso y, en general, no se pacta la opción de compra para el usuario, pues parte de la estructura de mercado de las compañías arrendadoras implica conservar los equipos bajo su dominio en forma indefinida.

Según el certificado de existencia y representación legal de la demandante, su objeto social principal es el siguiente(18):

“1) Compra, venta y prestación de servicios de todo tipo relacionados con equipos de cómputo, comunicación, repuestos, equipos de potencia y control, suministros y demás actividades que se deriven de la comercialización de ellos.

2) Celebrar contratos para la prestación de servicios de reparación, mantenimiento de equipos de cómputo y comunicación de datos; así como para darlos en arrendamiento.

3) El desarrollo y venta se (sic) software, la representación de firmas nacionales o extranjeras, a través de la figura de la agencia comercial o cualquier otra.

4) Servir como agente comercial con relación a la celebración de cualquier acto jurídico lícito que se relacione con su objeto social.

5) La adquisición de bienes muebles para construirlos, reformarlos o conservarlos en el mismo estado, o enajenarlos, arrendarlos o explotarlos en cualquier forma, o tomar estos en arrendamiento, o en participación y ceder tales bienes.

6) Promover la formación, organización o financiación de compañías que se vayan a relacionar directamente o no por su objeto social con las actividades propias de la compañía” (resaltado ajeno al texto).

Según lo señalado, dentro del giro ordinario de sus negocios la actora puede comprar y vender o arrendar equipos de cómputo y prestar servicios de todo tipo, relacionados con dichos equipos.

Por su parte, en los contratos de renting de tecnología que la sociedad celebró con sus clientes, se pactó lo siguiente(19):

“[…]

2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato es conceder el uso y goce de los bienes muebles identificados en el documento anexo A1. La calidad del uso y goce de los bienes objeto del contrato, tiene una relación directa con su correcto y eficiente funcionamiento y con el objeto para el cual fueron arrendados. […]

4. Duración.

El término de duración de este contrato será de 36 meses contados a partir del día 1º de mayo de 2001, hasta el día 30 de abril de 2004.

Una vez finalizado el término del mismo, las partes se pondrán de acuerdo en los términos en que se llevará a cabo la devolución de los bienes.

5. Canon.

Precisiones:

a. Cortes trimestrales:

[…]

b. Componentes del canon:

El canon tendrá como base los siguientes componentes:

• Valor del bien a ser dado en arrendamiento

• DTF modalidad T.A.

• 2 puntos anuales

• Canon: Suma resultante de aplicar al valor del bien un valor porcentual resultado del cálculo DTF T.A. de la semana que corresponda, según el literal anterior, más 2 puntos.

El canon de arrendamiento será un valor en pesos, con vigencia trimestral y pagadero en forma mensual anticipada. […]

9. Recibo y restitución de los bienes dados en arrendamiento.

9.1. Recibo: […] declara haber recibido los bienes objeto de este contrato a satisfacción, de conformidad con el acta de entrega […].

9.2. Restitución: […] se obliga a devolver los bienes objeto de este contrato en el mismo estado en que los recibió, salvo el deterioro natural, una vez expire el término del presente contrato y previa confrontación del acta de entrega […] retirará el (los) software adicionales o componentes agregados, o, entregará las licencias respectivas, a título gratuito, en caso de no serle posible su retiro sin perjudicar los equipos.

10. Obligaciones de las partes.

10.1. Para…

a) …

b) …

c) …

d) Restituir los bienes objeto de este contrato una vez finalice el mismo.

e) …

10.2. Para Conix S. A.

a) Entregar a satisfacción los bienes arrendados

b) …

c) Realizar las reparaciones necesarias dadas en garantía de los bienes arrendados, …

d) Recoger los equipos una vez expire el término de duración del presente contrato”.

De acuerdo con las cláusulas de los contratos firmados entre las partes, Conix era la propietaria de los equipos de cómputo y de los accesorios y los entregaba a sus clientes a título de arrendamiento; a la terminación del contrato los clientes debían restituir los bienes a la demandante, ya que no se pactaba la opción de compra a favor de estos.

Como se advierte, la actora no adquirió los bienes, objeto de arrendamiento, con la intención de enajenarlos dentro del giro ordinario de sus negocios; su propósito era conservar la propiedad de los mismos para arrendarlos y obtener sus ingresos por el ejercicio de esa actividad. Dada la intención con que fueron adquiridos, dichos bienes se consideran activos fijos, en los términos del artículo 60 del estatuto tributario.

No es de recibo la afirmación de la compañía, en el escrito de la demanda, acerca de que “al finalizar cada contrato, de manera invariable u ordinaria, lo que queda del contrato, que son los equipos, se venden al cliente por un valor residual, que corresponde al monto de un canon”(20), lo que demostraría que los bienes estaban destinados a la venta dentro del giro ordinario de sus negocios, porque, se insiste, en los contratos de renting no se pactó la opción de compra a favor del arrendatario sino, por el contrario, la obligación de restituir a la actora los bienes arrendados una vez terminado el contrato, lo que corrobora que esta no tenía la intención de enajenar los bienes arrendados dentro del giro ordinario de sus negocios.

Aunque en el expediente obran algunas facturas en las que consta la opción de compra(21), lo cierto es que no figuran los contratos en los que se ejerció tal opción y no se discriminan los bienes vendidos. Esas facturas no demuestran que los bienes adquiridos durante el bimestre de que se trata hubieran sido enajenados posteriormente por la demandante, dentro del giro ordinario de sus negocios, pues no se tiene certeza de cuáles fueron los bienes vendidos ni de si dichos bienes fueron adquiridos para el desarrollo de los contratos de renting.

Por el contrario, los contratos demuestran que la intención de la demandante no era vender los bienes que entregaba en arriendo, pues en ellos no se pactó la opción de compra. En consecuencia, se reitera, tales bienes tienen el carácter de activos fijos.

La actora alega que prestaba el servicio de licenciamiento de uso de software y que la DIAN desconoció el Concepto Unificado de IVA 001 de 2003 que considera dicho licenciamiento como un servicio para efectos del IVA, pues lo trató como activo fijo.

Se observa que no aparece prueba de que el objeto del contrato de renting que la actora denomina “renting de tecnología” fuera el licenciamiento de uso de software en forma independiente; por el contrario, el objeto de los contratos era “conceder el uso y goce de los bienes muebles identificados en el documento anexo A 1”.

Por su parte, en el anexo A1 (relación de bienes muebles - acta de entrega), se observa que la licencia de software está destinada a ser utilizada en los equipos de cómputo que la sociedad arrendó, pues se entrega con estos(22), por lo cual se entiende que forma parte del equipo de cómputo que la sociedad arrendó.

De acuerdo con el contrato de renting, el licenciamiento para el uso de software no puede tratarse como un servicio independiente y autónomo del arrendamiento de los bienes objeto de dicho contrato.

Aunado a lo anterior, en el Concepto 001 de 2003, la DIAN sostuvo que el licenciamiento comporta la prestación de un servicio y, en consecuencia, está sometido al impuesto sobre las ventas, por lo que, si quien otorga la licencia de uso tiene la condición de responsable del régimen común, tendrá la obligación de cobrarlo. Que todos los derechos que derivan de esa condición, incluido el derecho a solicitar impuestos descontables, están sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, de conformidad con las normas generales, por no existir ninguna reglamentación especial concerniente a la facturación, declaración y pago del impuesto en este evento.

Según el concepto unificado, el licenciamiento de software comporta la prestación de un servicio sometido al IVA, como en efecto lo prevé el artículo 420, parágrafo tercero, numeral 3º, literal a), del estatuto tributario, que establece:

“ART. 420.—Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a. Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente.

b. La prestación de servicios en el territorio nacional. […]

PAR. 3º—Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes reglas: […]

3. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan el impuesto sobre las ventas según las reglas generales:

a. Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorporales o intangibles; […]” (resalta la Sala).

Precisó el concepto unificado que para que el IVA pagado por la adquisición del servicio pueda descontarse, se requiere que el contribuyente acredite el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales previstos en la ley.

La DIAN rechazó el descuento del IVA que la demandante pagó por la adquisición de licencias para el uso del software, porque estas se entregaron con los equipos arrendados, integrando un solo bien que se considera activo fijo, por lo cual no se cumplía el requisito del artículo 491 del estatuto tributario, que es norma general de IVA, conforme con el cual el IVA pagado por la adquisición de activos fijos no es descontable.

Sobre el particular se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420, antes transcrito, las licencias que se adquieren para ser usadas en las actividades ordinarias de la empresa se consideran servicios y el IVA pagado por su adquisición es descontable, pues corresponde a un gasto necesario para la obtención de la renta. No obstante, si las licencias, como en este caso, se adquieren para mantenerlas en el patrimonio del contribuyente y ser incorporadas a bienes que se entregan en arrendamiento, como los equipos de cómputo, se consideran activos fijos, de acuerdo con el artículo 60 del estatuto tributario, porque no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.

En consecuencia, si bien el licenciamiento de software se considera servicio para efectos del IVA, para la demandante las licencias constituían activos fijos por la intención con la que las adquirió y la destinación que les dio.

Es importante precisar que, como dijo la Sección en anteriores oportunidades(23), los bienes intangibles no adquieren la connotación de bienes corporales por el hecho de estar incorporados en un soporte físico, ya que este soporte simplemente es utilizado para la transmisión o difusión del intangible; por lo tanto, el software no adquiere el carácter de bien corporal por el hecho de estar incorporado en un cd.

Las licencias para el uso de software se debieron tratar como activos fijos porque fueron instaladas en equipos de cómputo que se arrendaron como si se tratase de un solo bien.

Como la DIAN rechazó el descuento del IVA que la demandante pagó por la adquisición de licencias para el uso del software, porque no cumplía el requisito del artículo 491 del estatuto tributario, de acuerdo con el cual el IVA pagado por la adquisición de activos fijos no es descontable, no desconoció el citado concepto, como alega la demandante.

De otra parte, en el expediente no existe prueba que permita determinar qué parte del IVA descontable rechazado por la DIAN corresponde al impuesto pagado por la adquisición de servicios, por lo que el argumento según el cual dentro del IVA descontable rechazado la DIAN incluyó el impuesto pagado por la adquisición de servicios como seguros, instalaciones, adaptaciones, soporte técnico y actualizaciones, que no constituyen activos fijos, no puede ser aceptado.

Teniendo en cuenta que el IVA descontable rechazado corresponde al impuesto que la demandante pagó por la adquisición de activos fijos que, de conformidad con el artículo 491 del estatuto tributario, no otorga derecho a descuento, no prospera el cargo.

Violación al principio de correspondencia

La demandante alegó que la DIAN desconoció el principio de correspondencia, porque en el requerimiento especial no se explicó cómo se determinó el valor de las compras, servicios gravados e impuestos descontables, por el periodo fiscal objeto de demanda, lo que solo se hizo con ocasión de la liquidación de revisión, con base en los hechos encontrados en la inspección contable, por lo cual ha debido ampliar el requerimiento especial para incluir estos hechos.

Conforme con los artículos 703 y 711 del estatuto tributario, antes de practicar liquidación de revisión, la administración debe enviar al contribuyente un requerimiento especial que contenga todos los puntos que propone modificar y las explicaciones en que se sustentan.

Establecen las disposiciones:

“ART. 703.—El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación.

Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta”.

“ART. 711.—Correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión.

La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere”.

En consecuencia, la liquidación de revisión se debe contraer exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación; así las cosas, el requerimiento, su ampliación y la declaración tributaria, encuadran el ámbito dentro del cual la administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente y garantizan el derecho de defensa del contribuyente.

En el presente caso la DIAN, en el requerimiento especial, propuso modificar la liquidación privada para rechazar compras y servicios gravados por $743.479.000 e impuestos descontables por $118.957.000(24), en razón a que esos valores fueron pagados por la adquisición de activos fijos que no otorgan derecho a descuento, según el artículo 491 del estatuto tributario. En la liquidación oficial de revisión la DIAN mantuvo los rechazos y las razones propuestas en el acto anterior(25); por lo tanto, en los dos actos administrativos existe identidad en cuanto a los valores rechazados y el sustento legal para ese proceder, lo que evidencia que la liquidación de revisión se contrae a los hechos contemplados en el requerimiento especial, esto es, el rechazo de compras y servicios gravados e impuestos descontables generados en la adquisición de activos fijos. No prospera el cargo.

Sanción por inexactitud

La Sala considera que la actuación del contribuyente, consistente en incluir en su declaración impuestos descontables improcedentes, constituye una de las conductas señaladas en el artículo 670 del estatuto tributario como sancionable con la sanción por inexactitud allí contemplada, por lo que debe mantenerse.

No se presenta diferencia de criterios entre el contribuyente y la administración, en razón a que está demostrado que la demandante no adquirió los bienes con la intención de enajenarlos sino de conservarlos en su patrimonio para explotarlos mediante arrendamiento, es decir, porque no cumplió los requisitos que permiten el descuento del IVA.

Principios de justicia y equidad

Contrario a lo expuesto por la actora, la actuación administrativa se desarrolló en forma objetiva y atendiendo la normativa tributaria vigente, sin contrariar los principios de justicia y equidad. La administración determinó la carga tributaria del contribuyente con fundamento en su actividad comercial, los contratos firmados con terceros y en la contabilidad de la sociedad. No prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(12) C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(13) Modificado por el artículo 56 de la Ley 1607 de 2012.

(14) En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencias del 25 de junio de 2012, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 17761; del 23 de junio de 2011, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 18122; del 23 de abril de 2009, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 16789, y del 22 de septiembre de 2004, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, Expediente 13726.

(15) Sentencia 18703 el 13 de junio de 2013. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(16) “Contratos Bancarios. Su significación en América Latina” Cuarta Edición. Bogotá. Felaban. 1990, pág. 488.

(17) En sentencia de diciembre 14 de 1988, Expediente 1661, la Sección Cuarta de esta corporación se refiere a la distintas modalidades de arrendamiento financiero y operativo: “La asociación española de leasing hace algunos años lo definió como “una moderna fórmula de financiación que permite al empresario profesional utilizar los bienes de capital productivos necesarios mediante el pago de un alquiler con la posibilidad de adquirir su propiedad por un precio establecido de antemano”. (Nueva Frontera. Documentos 85, oct./85, pág. 7). (...) Pero el crecimiento de la industria y el comercio ha impulsado la aparición de otras modalidades de leasing: operativo, en el que el activo no se amortiza por el cliente, el inmobiliario o de inmuebles productivos —no destinados a vivienda—, el “leasing back” o retroarriendo, el leve raged leasing para grandes proyectos que requieren ingentes capitales y múltiples inversiones, el cross border leasing, utilizado en Colombia para la financiación de aviones, el leasing en sindicación, consistente en que varias compañías de leasing celebren un consorcio para adquirir en proindiviso uno o más equipos para arrendarlos con opción de compra” (destaca la Sala).

(18) Folio 2 antecedentes.

(19) Según consta en la liquidación oficial de revisión, que no fue objetada por la demandante (fls. 48 y 49 antecedentes).

(20) Demanda (fl. 159 antecedentes).

(21) Folios 93 a 148 antecedentes.

(22) Folios 332 a 335 c.a.

(23) Sentencias de 28 de julio de 2000, Radicado 9938, C. P. Daniel Manrique Guzmán y de 28 de abril de 2000, Radicado 9784, C. P. Delio Gómez Leyva.

(24) Folios 269 a 276 antecedentes.

(25) Folios 343 a 377 antecedentes.