Sentencia 2008-00071/42293 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 85001-23-31-000-2008-00071-01 (42293)

Actor: J.E.C.P. y otros

Demandado: La Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, por cuanto, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia(2), tal como fue entendida por esta corporación, en auto de 9 de septiembre de 2008(3), la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia de esta corporación ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(4).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad, “por treinta y tres meses y vientres días”, de la que fue objeto el señor J.E.C.P.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que el antes nombrado estuvo detenido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de octubre de 2006(5). Igualmente se conoce que, mediante sentencia del 24 de octubre de 2006 proferida por el juzgado penal del circuito especializado Yopal (Casanare) el sindicado fue absuelto con el argumento y aplicación del principio in dubio pro reo, decisión ejecutoriada el 21 de junio de 2007 —folio 53 cuaderno de pruebas—. De manera que, como la demanda se presentó el 12 de marzo de 2008, se colige que lo fue dentro del término establecido en el artículo 136.8 del C.C.A.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar el daño antijurídico sufrido por el señor J.E.C.P., por haber sido privado de la libertad injustamente, al tiempo se deberá establecer la obligación de reparar. Último punto que impone al juez de la responsabilidad el análisis del comportamiento de la víctima, en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes constitucionales de convivencia y colaboración con la administración de justicia.

4. Análisis del caso.

4.1. De la legitimación por activa.

4.1.1. Obra en el plenario registro civil de nacimiento del señor J.E.C.P., del que se colige la legitimación de la señora A.P.A. para acudir al asunto de la referencia en calidad madre —folio 15 cuaderno pruebas—.

4.1.2. Obra, también, registro civil de nacimiento de la menor K.S.C.M. hija de los señores J.E.C.P. y A.Y.M. —folio 20 del cuaderno de pruebas—. Así mismo de los señores L.C.P., J.C.P., H.N.P., C.R.R.P. de los que se colige la legitimación para actuar en calidad de hermanos —folios 16 a 19 del cuaderno de pruebas—.

4.1.3. Se conoce, además, que la señora A.Y.M. y el señor J.E.C.P. tienen una hija en común —registro civil de nacimiento del 27 mayo de 2002 a nombre de K.S.C.M. visible a folio 20 del cuaderno de pruebas— lo que demuestra la relación de afecto propia de quienes comparten la relación filial, aunado a las declaraciones rendidas por los señores A.C.T., T.A., S.M.C. y J.H.A.C., quienes dan cuenta de la relación y el grado de afectación padecido por la señora Mora, con ocasión de la privación de la libertad del señor C.P. En consecuencia se colige su legitimación para actuar en el presente asunto, en calidad de madre de la hija de la víctima directa y compañera.

4.1.4. Sentencia proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Yopal el 24 de octubre de 2006 que resolvió absolver al señor J.E.C.P., bajo el principio in dubio pro reo, en virtud de que no encontró merito probatorio suficiente para endilgarle responsabilidad por el delito de concierto para delinquir —folios 42 a 52 del cuaderno de pruebas—.

“1. ABSOLVER a J.E.C.P., de condiciones civiles y personales conocidas ampliamente dentro del proceso, por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 340-2 del C.P., agravado por el artículo 342 por las razones que se dejaron expuestas en la parte motiva.

2. En consecuencia y a término del numeral 3º del artículo 365 del C. de P.P., se le concede la libertad provisional a J.E.C.P., previa suscripción de diligencia compromisoria conforme al artículo 368 del C.P.P. y caución prendaria equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, que consignará en la cuenta Nº 8500-12038001 de Banco Agrario de Colombia, a órdenes de este Juzgado, cumplido lo anterior líbrese la correspondiente boleta de libertad, siempre y cuando no esté solicitado por otra autoridad; en tal evento colóquese a disposición.

3. COMISIONAR por el término de tres (3) días libres de distancia al señor juez penal del circuito de Acacías Meta, para que de acuerdo a los artículos 183 y 184 del C.P.P., notifique personalmente esta decisión a J.E.C.P. quien se encuentra recluido en la penitenciaria de esta ciudad, reciba la caución prendaria equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES, que consignará en la cuenta Nº 8500-12038001 del Banco Agrario de Colombia, a órdenes de este juzgado, constituya acta de compromiso de acuerdo al artículo 368 del C de P.P. y cumplido lo anterior, libre la respectiva boleta de libertad, siempre y cuando no sea requerido por ningún otra autoridad judicial.

4. EJECUTORIADA esta decisión CANCÉLESE las ordenes de captura, impartidas contra el enjuiciado J.E.C.P. en virtud de éste proceso y devuélvase las cauciones a que haya lugar.

4.2. Hechos probados.

4.2.1. Está probado en el plenario que el 3 febrero de 2004 la Fiscalía delegada tercera especializada ante los jueces penales, definió la situación jurídica de los señores J.E.C.P. e I.A.G., por los hechos acaecidos el día 13 de noviembre de 2003, en los que resultó muerta la señora M.Q.P.; misma en la que se especifica que el señor C.P. fue puesto a disposición del ente investigador el día 8 de enero de 2004 por el Ejército Nacional y que habían sido capturados el día anterior —7 de enero— a las 11:00 de la mañana.

El Fiscal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, en contra de los antes nombrados, por la muerte de la señora M.Q.P., sin perjuicio del previo señalamiento en su contra, no obstante les impuso medida de aseguramiento como coautores del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO por pertenecer a grupos al margen de la ley —folios 13 al 21 de c. de pruebas—.

Como argumentos de su decisión expuso:

La investigación inicialmente tiene origen por el hecho de sangre ocurrido en el centro del municipio de Hato Corozal el día 13 de noviembre de 2003 en la carrera 10 nº 10-60, cuando en horas del mediodía dos personas se acercaron hasta el restaurante Tierra Colombiana y en el interior del mismo le cegaron la vida con arma de fuego a la señora M.Q.P.

La Policía de Hato Corozal rindió el informe 549 de 14 de noviembre de 2003, con el que se deja a disposición al señor A.N.R.B., persona que habría conducido el vehículo marca Renault color gris en el que los homicidas habrían escapado luego de acabar con la vida de la señora M.Q.P. (…)

Con informe de 8 de enero de 2004 el Ejército Nacional dejó a disposición de la Fiscalía a los señores J.E.C.P. e I.A.G., informando que habían sido capturados el día anterior a las 11:00 de la mañana por el sargento segundo M.L.L. en el casco urbano del municipio de Hato Corozal; el primero por ser partícipe de la muerte de la señora M.Q.P.; y el segundo, para que sea investigado por haberse encontrado una fotografía donde porta un fusil galil y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares sin que hubiese prestado servicio militar y porque en su poder se hallaron unos documentos en los que se registran indicativos, nombres y números telefónicos.

Con informe de la Policía de Hato Corozal se advierte que el alias de S. corresponde al señor J.E.C.P., quien pertenece al grupo paramilitar, desempeñándose en el cargo de patrullero y reclutador de jóvenes en el municipio de Hato Corozal el día antes del homicidio de la señora M.Q.P.; y que igualmente los citados implicados señores se hallaban la noche antes del homicidio en compañía de un exconcejal de esa localidad, el cual presta apoyo a los grupos paramilitares, según lo habría manifestado su hija menor en una oportunidad ante las autoridades policiales.

En la indagatoria el señor J.E.C.P. refiere que es conocido de N. el de la joyería y de L.R. dueño de la estación de servicio del municipio de Hato Corozal. Niega pertenecer a las Autodefensas. Y niega ser alias S. a pesar que la descripción del denunciante coincide con la de él. Sobre sus actividades en la fecha de homicidio de la señora M.Q.P., señala que se encontraba almorzando en la casa del señor A.C. con su esposa, con su hija, con el señor E. empleado de la estación de servicio y con el señor L.R., dueño de dicho expendio. Niega conocer de antes al señor I.A.G., persona con la que fue capturado; explica que dicho señor llegó con el señor A.N. y se estaban bebiendo un refresco cuando se los llevó el Ejército Nacional.

El señor I.A.G. en su indagatoria niega cualquier relación con los grupos paramilitares; niega también corresponder al alias T. Precisa que se hallaba en compañía del señor A.N., persona con la que se conocen porque él es criado en el municipio de Hato Corozal. Sobre la fotografía en la que aparece vistiendo uniforme camuflado y portando arma larga de fuego, indica que solo se trata de un estudio fotográfico, para lo cual fueron prestadas dichas prendas y el arma por parte de un amigo del cual no se acuerda el nombre. Para la fecha del homicidio señala que se hallaba laborando en la finca Las Palmas, cuyo empleador es M.D. (…).

El sargento M.E.L.R. declara y se ratifica en su informe, indicando haber recibido una llamada anónima de un ciudadano que le dijo que dentro del casco urbano se hallaban dos personas miembros de las Autodefensas y que esperaba para capturarlos; que el ciudadano le indicó como estaban vestidos; que el uno correspondía a alias S. y el otro a alias T.; y que por información de la comunidad ha podido establecer que los dos implicados señores sí efectivamente son miembros de las Autodefensas, sino que por temor a las retaliaciones quienes saben de ellos se abstiene de dar alguna declaración.

De otro lado la Fiscalía 19 seccional con sede en Paz de Ariporo nos allegó copia de la ampliación de denuncia que rindiera el señor M.A.S.T., cuya investigación, la previa 59820, ya se solicitó por competencia y para ser acumulada dentro de estas mismas diligencias por conexidad. El citado señor afirma que se ratifica de la denuncia formulada en contra de alias S., cuyo verdadero nombre desconoce (…) relata haber estado viviendo con una señora que unas veces dice llamarse M.O. y otras V.R. pero que al dejar de vivir con ella se ha dedicado a amenazarlo; y que en una oportunidad la citada señora se hallaba bebiendo con alias S. y que ese mismo día el citado señor llegó hasta su residencia y lo trató mal porque hablaba mal de los paramilitares, que en esa oportunidad dicho señor lo amenazó con matarlo. De alias S. precisa que fue capturado la primera semana de enero de 2004 en compañía de alias T. Aclara que aunque inicialmente denunció que alias S. era L.A.C., finalmente pudo establecer que es la persona capturada por la Policía o el Ejército Nacional en la fecha que ya se indicó.

Por cuenta de esta Fiscalía delegada se intentó escuchar en ampliación de denuncia al señor A.H.F., quien informa que según averiguaciones hechas por amigos suyos, pudo establecer que quien ordenó la muerte de su esposa fue alias C., persona a la que le conoce su verdadera identidad, siendo esta la de R.C.C. La diligencia fue suspendida hasta tanto el denunciante se decida aportar toda la información que sepa, la que no quiere develar por temor a que otras personas pierdan la vida.

Adicional a lo anterior, se presentaron pruebas testimoniales los señores A.N.R.B., T.N.A., S.M.C. y E.R.G., que aseguran que el señor J.E.C.P., labora en una estación de servicio y no se le relaciona con ser integrante de grupos al margen de la ley.

El señor A.N.R.B. rindió declaración en la cual niega que los señores J.E.C.P. e I.A.G. hubiese sido alguna de las dos personas que el 13 de noviembre de 2003 lo obligó en Hato Corozal a llevarlos en su vehículo.

Por comisión de la Policía de Hato Corozal recepcionó la declaración de la señora T.N.A. quien refiere que el 13 de noviembre de 2003 se hallaba en su casa de habitación con su esposo y con el señor J.E.C.P. cuando escucharon los tiros e iniciaron los comentarios que habían dado muerte a una señora. Sobre C.P. (…) señala que él ha laborado en la estación de servicio de gasolina, pero que no sabe que esté relacionado con las Autodefensas o que responda al alias S. (…) Precisa ser hermana de A.N.A.

S.M.C. rinde declaración en la que relata que el día 13 de noviembre de 2003 se hallaba almorzando con el señor J.E.C.P., la esposa de éste y los padres de la declarante. Refiere que conoce al señor C.P. desde el mes de agosto y porque laboraba vendiendo gasolina. Refiere ser sobrina del señor A.N.A.

Declaración del señor E.R.G., empleado de la estación de servicio de Mafer del municipio de Hato Corozal, quien señala que el 13 de noviembre de 2003 en horas del mediodía se hallaba almorzando con el señor J.E.C.P., la esposa de éste, el señor C., algunos de sus cuñados y la novia. Precisa conocer al señor C.P. desde el mes de agosto porque estuvo laborando en la estación de servicio de gasolina. Niega que él esté relaciona con grupos paramilitares o que responda al alias de S. Del señor A.N.A. informa que él es tío de su novia S.M.C.N.

(…)

Las piezas probatorias más cercanas a señalar que alias S. es el mismo señor J.E.C.P. es la ampliación de denuncia formulada por el señor M.A.S.T., quien tuvo la oportunidad de confrontarlo debido a las amenazas que fuera objeto por parte del implicado señor y del alarde que hiciera de ser un miembro paramilitar, sabiendo finalmente que es la misma persona que fue capturada por las autoridades junto con alias T.

El valor de la información suministrada por el señor M.A.S. no puede ser menospreciada, pues además los informes de policía judicial indican que el señor J.E.C.P. se hallaba, al momento de su retención en compañía del señor A.N.A. persona que se sabe por sus propios familiares, presta colaboración a personas que están relacionados con la organización delictiva de las Autodefensas.

Adicionalmente, la versión del señor M.A.S. cuenta con el respaldo de la denuncia inicial presentada por el señor A.H.F., en la que narra con lujo de detalles que alias S. hacía alarde de ser un miembro paramilitar y ser el remplazo de alias C., al punto que tuvo conversaciones con la fallecida señora M.Q.P. para que le ayudara a gestionar el pago de una cuenta por alimentos, brindándole como solución la sugestiva respuesta que ella tendría que acudir al sector de La Chapa, zona de reconocida presencia paramilitar.

Y, el adicional acontecimiento dado a conocer también por el señor A.H.F. de que el citado alias S. hacía presencia con el exconcejal A.N., persona que igualmente acompañaba al implicado señor J.E.C.P. al momento en que fue retenido por el Ejército Nacional, son material probatorio que permite concluir su vínculo ilícito con la organización delictiva de las Autodefensas. Precisamente porque nadie en una región de orden público tan conflictivo como ésta resulta haciendo esa clase de ostentación de ser miembro de un ente ilícito como lo son paramilitares, por las graves consecuencias sobre su vida o sobre su libertad; riesgo que se asume sólo por efecto del rol intimidatorio que se ejerce frente a los ciudadanos indefensos para hacer imperar su poder, razón por la cual en contra del implicado señor se impondrá medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, como coautor del punible de concierto para delinquir, inciso 2º del artículo 340 del Código Penal (…).

En relación con el punible de homicidio imputado al señor J.E.C.P. se debe concluir que por el momento las declaraciones de las señoras T.N.A. y S.M.C. y del señor E.R.G. se constituyen en una coartada; que junto con la declaración del entonces implicado señor A.N.R.B., al negar que alguno de los actualmente investigados fuese una de las personas que lo obligaron a transportarlos en el vehículo de su empleador; y finamente con las medias explicaciones dadas por el denunciante señor A.H.F., que el autor del homicidio de su esposa es alguien conocido en los medios criminales con el alias de C., se debe concluir que por el momento no cabe posibilidad de endilgar ninguna responsabilidad a los implicados señor J.E.C.P. e I.A.G. por la muerte de la señora M.Q.P., por lo que en su favor, este aspecto la decisión de situación jurídica les será favorable, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento alguna (…).

Conforme el artículo 355 del procedimiento penal se estima que la medida de aseguramiento impuesta a los implicados señores J.E.C.P. e I.A.G. se hace necesaria, principalmente debido a que por la experiencia que se maneja en estos casos, se sabe que quienes hacen parte de una organización delictiva tan sólida como las Autodefensas, de adquirir su libertad inmediatamente entran a engrosar nuevamente sus filas, conllevando ello a exponer a la comunidad del peligro de su permanente y persistente actuar ilícito, el que de paso puede afectar el normal recaudo probatorio adicional que se halla de allegar, pues ese es el temor principal públicamente sentido y bien expresado en los informes de policía judicial que obran en la investigación.

RESUELVE:

1. Abstenerse de imponer medida de aseguramiento alguna en contra de los señores J.E.C.P. e I.A.G. por el punible de homicidio, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. Imponer medida de aseguramiento en contra de los señores J.E.C.P. e I.A.G. como coautores responsables del punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR en su modalidad de agravado, conforme está señalado en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal.

3. Líbrense las correspondientes boletas de detención. Infórmese de la imposición de la medida de aseguramiento a la Dirección Seccional de Fiscalías.

4. Escuchar en ampliación de indagatoria a los implicados señores (…)

4.2.2. Se conoce, también que el 14 de julio de 2004, la Fiscalía tercera delegada ante jueces penales especializados profirió resolución de acusación en contra del señor J.E.C.P., por el delito de concierto para delinquir, en su modalidad agravada, en cuanto, conforme a las pruebas practicadas se trataría de un integrante de la organización delictiva de las Autodefensas; para el efecto se fundamentó en la denuncia formulada por el señor M.A.S. y en los informes de Policía, además desvirtuó lo afirmado por el implicado en cuanto sostuvo que trabajaba para el señor A.C. en el entendido de que los testimonios no lo corroboran —fls. 22 al 41 del c. de pruebas—.

En ampliación de indagatoria rendida por el implicado señor J.E.C.P. relata que a finales del año 2003 laboró en la estación de servicio de gasolina en el municipio de Hato Corozal, siendo su empleador el señor L.R.; que dicha actividad la combinó trabajando también en la finca del señor A.C. (…) acepta conocer al señor M.A.S.T. porque cuando fue soldado en el taller que aquel posee se elaboraban los marcos para el polígono. Admite haber consumido unas bebidas embriagantes con la compañera del señor M.A.S.T., a quien conoce con el nombre de M.O., pero no recuerda haber amenazado a aquel señor. Refiere que se imagina que dicho señor lo denuncia por celos, porque al día siguiente le hizo el reclamo a la señora M.O. porque andaban juntos. Precisa que en su actividad laboral como militar para obtener resultados cogía a una persona y lo judicializaban con informes falsos, por lo que igualmente eso se le está procesando, dado que el sargento del Ejército Nacional que lo retuvo afirma que la fuente de su información son llamadas telefónicas que le indican cómo estaba vestida una persona que era paramilitar.

(…)

En ampliación de indagatoria rendida por el implicado I.A.G. narra que desde el año 2002 la fecha de su captura se hallaba laborando con el señor M.D. en la finca Las Palmas (…). En relación a la fotografía en donde aparece vestido de militar refiere que se tomó en el año 2000, con un uniforme prestado por un militar de apellido G., que era orgánico del batallón 20 en Hato Corozal. Acepta que él es conocido como T. desde hace mucho tiempo, pero niega que en alguna oportunidad le haya huido a las autoridades y que nunca ha sido miembro de las Autodefensas (…).

Si bien con posterioridad a la resolución de situación jurídica se han allegado una serie de certificaciones y declaraciones que afirman sólo conocer actividades licitas al implicado señor J.E.C.P., algo que el propio procesado ha reiterado en su indagatoria, sin embargo del estudio de las declaraciones de las señoras T.N.A., S.M.C.N. y el señor E.R.G., queda claro que no es cierto que esté demostrado que el investigado a finales del año 2003 laboraba en el municipio de Hato Corozal como empleado del señor A.C., pues los familiares de éste (esposa, hijo y yerno) en sus testimonios nunca hicieron referencia alguna parecida, quedando con ello desvirtuado parte del dicho del procesado, pues quienes espontáneamente pudieron haber dado cuenta de su relación laboral, al preguntárseles por qué lo conocían, para nada hicieron la más mínima alusión a que hubiese sido trabajador suyo.

De esta forma la presunción de inocencia que ampara su dicho queda así desvirtuada y por el contrario la prueba de cargo consistente fundamentalmente en la denuncia del señor M.A.S.T., se erige como pieza importante para demostrar que el implicado señor J.E.C.P. efectivamente es alias S., de quien el señor A.H.F. supone es el autor material del homicidio de su fallecida compañera, pero del que sin lugar a dudas refiere como remplazo de alias C., representante de las Autodefensas en el casco urbano del municipio de Hato Corozal.

(…)

En conclusión, atendiendo el concepto del Ministerio Público, atendiendo el material probatorio expuesto y el análisis del hecho por esta Fiscalía delegada, se concluye que se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 397 del procedimiento penal, por lo que en contra del implicado señor J.E.C.P. se proferirá resolución de acusación en calidad de coautor por el punible de concierto para delinquir, en su modalidad de agravado, señalado como tal en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal (…), por su membresía de la organización delictiva de las Autodefensas, de las que de público conocimiento se sabe se dedican al homicidio, el desplazamiento y desaparecimiento de personas, la extorsión y el secuestro y el narcotráfico entre otros punibles. Delito que igualmente se imputa en forma agravada conforme el artículo 342 del Código Penal, que aumenta la pena de la tercera parte a la mitad cuando el delito de concierto para delinquir es cometido por miembros activos y retirados de la Fuerza Pública, lo cual en este caso se configura porque el implicado señor J.E.C.P. ha reconocido en sus distintas salidas procesales y así lo han corroborado varios testigos, que él hizo parte del Ejército Nacional.

4.2.3. Es claro que el 24 de octubre de 2006, el juzgado penal del circuito especializado de Yopal (Casanare) resolvió absolver al señor J.E.C.P. por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de agravado, para el efecto se consideró que no quedó plenamente demostrado que el señor cometió los delitos de homicidio y de concierto para delinquir, por cuanto al momento de su captura no se encontraron elementos de prueba en tal sentido —fls. 42 al 52 c. de pruebas—.

El hecho que originó el presente asunto, es el deceso violento de la señora M.Q.P., por desconocidos en el municipio de Hato Corozal, en noviembre 13 de 2003, por lo que (…) el señor M.A.S.T., colocó la denuncia contra un alias S., como posible autor del homicidio de su señora esposa (sic), prueba esta que pierde su peso cuando el señor J.E.C.P., en diligencia de reconocimiento en fila, no es reconocido por el denunciante como el tal alias S. aspecto que lo hace ver muy claro el abogado defensor del sindicado, quedando establecido inicialmente la investigación. Adicional a lo anterior, el señor S.T. (sic), posteriormente a la denuncia manifiesta que logró establecer que el autor de la muerte de su esposa fue un alias C., aspecto que el señor fiscal lo toma como una retaliación del testigo aspecto que no comparte esta judicatura, si tenemos en cuenta que en la resolución de acusación proferida el 14 de julio de 2004, le precluyeron la investigación por el delito de homicidio lo acusan como integrantes de las autodefensas delito catalogado como concierto para delinquir artículo 340-2 con el agravante contemplado en el artículo 342 del C.P.

Así las cosas vemos como el hecho generador de la investigación desaparece y se genera otra responsabilidad que es concierto para delinquir, punible por el que se encuentra investigado el procesado J.E.C.P. (…)

El 8 de enero de 2004, mediante informe del Ejército Nacional se da cuenta de la captura de J.E.C.P. como responsable del homicidio de M.Q., hecho este que quedó excluido de la investigación por este delito cuando le resuelven la situación jurídica, por tal razón, en la resolución de acusación solo lo acusan por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo el informe del Ejército y de acuerdo a informes de la Policía, el señor E.C., se encontraba la noche anterior del homicidio de la señora M. en el municipio de Hato Corozal, en compañía de un concejal que de acuerdo a las habladas de la gente es colaborador de las autodefensas y que se desempeña como jefe de sicarios. Al respecto y para que esta afirmación tenga el carácter de prueba, debe estar acompañada de elementos de juicios razonables, tales ordenes de batalla, fotos que le endilguen el hecho, declaraciones juramentadas, hechos que le permitan tomar una decisión basada en pruebas reales y verdaderas. No basadas en comentarios de la gente, no por una llamada telefónica, sin otra prueba que reafirme la autoridad del hecho punible del cual se le acusa.

Ahora miremos la contundencia y la legalidad que tiene la prueba trasladada consistente en copia de la indagatoria rendida por el señor J.A.J.B., el cual manifiesta, que C.P. fue dragoneante en el Ejército que el mismo le había dicho que estaba jodido y que estaba trabajando con las autodefensas, pero que él no sabía que era paraco sino que la gente dice que él es paraco. A pesar que la prueba fue adjunta al expediente fuera de las ritualidades procesales, por no ser aportada oportunamente al expediente y con las formalidades legales, de manera que se pueda cotejar por parte del juez con la declaración del declarante aspecto que no se pudo cumplir, por cuanto no fue posible hacer trasladar a J.B., para dentro de la audiencia pública corroborar dicha afirmación y si se estaba refiriendo a un tal S. o al acusado J.E.C., prueba que no se puede controvertir dejando ver claramente que existe la duda si se está hablando del mismo personaje o no, si el mismo Fiscal de la causa y el representante de la sociedad, se lamenta de no haber podido escuchar en declaración al señor A.J.B., para que aclarara la duda que existe y que se debe resolver a favor del procesado, tal como lo exige la norma penal, más aún cuando al mismo declarante, (manifiesta él) le dieron DEDO, por tal razón estuvo privado de la libertad, por acusaciones mal fundadas y que posteriormente recobró la libertad, dejando entrever que cualquier persona lo puede sindicar de ser delincuente, por haber hablado con una persona, por vivir en determinado municipio donde se estigmatiza a las personas por vivir o por ser de determinada región.

(…) las pruebas no son de la calidad suficiente ni se han confrontado con otras que permitan manifestar con certeza, que el señor E.C.P., sea responsable del delito endilgado por la fiscalía concierto para delinquir, pues al momento de la captura no se le encontró elemento alguno que permita afirmar que el sindicado, cometió el homicidio o es integrante de las autodefensas, más aún cuando en resolución de acusación solo lo acusan del delito de concierto para delinquir, desapareciendo el delito de homicidio, por el cual había sido capturado.

Es de anotar que en la investigación del Fiscal, se toma como prueba reina, la prueba trasladada, que aunque se presenta fuera del término sería de gran ayuda para esclarecer el hecho punible que se le endilga a J.E.C., desde luego que lamentando la falla de la prueba solicitada por la defensa, la cual consistía en escuchar dentro de este proceso al señor J.B., para que de manera clara confirmara si a quien sindicó de paramilitar es el mismo que se está procesando en esta causa, si su declaración fue del 30 de marzo del 2005 donde manifestó que a este individuo lo habían detenido a comienzos del 2004, manifestación que no puede darse por cierta, pues no se sabe si se refiere al tal S. o a E.C. coincidiendo con el señor procurador, quien manifiesta que debido a la inoperancia del Inpec, causas ajenas a los sujetos procesales, no fue posible obtener algún testimonio que aclararía profundamente las dudas que existen en este debate, manifestación hecha por el mismo Fiscal de la causa, dejando claro que se debe aplicar el principio del “in dubio pro reo”.

Por el contrario la defensa del implicado, es claro en anotar que la fiscalía le precluyó la investigación por el delito de homicidio, por el cual fue capturado, que no existe órdenes de batalla donde se demuestre que el señor C., es integrante de ese grupo ilegal, que igualmente no se ha comprobado que el tal alias S. corresponde al sindicado J.E.C., que sobre él no pesa ninguna investigación penal ni policial, sí por el contrario, existen declaraciones donde manifiestan que su defendido es una persona jefe de hogar, con hijos que lo conocen como una persona honorable rebuscadora de la vida desde el momento que salió del Ejército Nacional, certificaciones y declaraciones que fueron rendidas bajo la gravedad de juramento, por tal motivo se le debe dar credibilidad necesaria, para condenar también se debe dar credibilidad a las pruebas cuando sean contundentes, libres de vicios, de dudas y con la certeza de verdad que se requieren para tomar una decisión de condenar o absolver.

(…)

Si bien es cierto con la conducta punible endilgada a J.E.C.P., se atentó contra la seguridad pública los elementos llegados al informativo no son suficiente para dar por abastecido los requisitos exigidos por el artículo 232 del C.P.P. acogiendo el criterio de la defensa, bajo el análisis y estudio minucioso de las pruebas se concluye que carecen de plena certeza y veracidad, no quedando otro camino que el de absolver del delito de “concierto para delinquir” al encartado en este asunto J.E.C.P.

RESUELVE:

1. ABSOLVER a J.E.C.P., de condiciones civiles y personales conocidas ampliamente dentro del proceso por el delito de concierto para delinquir, previsto en el artículo 340-2 del C.P., agravado por el artículo 342 por las razones que se dejaron expuestas en la parte motiva.

2. En consecuencia y a término del numeral 3º del artículo 365 del C.P.P., se le concede la libertad provisional a J.E.C.P., previa suscripción de diligencia compromisoria conforme el artículo 368 del C.P.P., y caución prendaria equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)

4.2.4. Inspección judicial realizada al expediente penal 2004-0070 contra J.E.C.P. en la que se relacionan todas las actuaciones surtidas en el proceso penal —se destaca—:

i) Oficio de 8 de enero de 2003 del Grupo Mecanizado Guías de Casanare dirigido a la Fiscalía novena delegada ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo “dejando a disposición a J.E.C.P. capturado el 7 de enero de 2003 en Hato Corozal a causa de denuncia instaurada en Estación de Policía por participar en el homicidio de la señora M., capturado junto a I.A.G. alias “T.” porque son presuntos miembros de la AUC - a folio 66 se observa informe de los militares”; ii) 8 de enero de 2004, la Fiscalía seccional de Paz de Ariporo libra boleta de retención en contra de I.A. y J.E.C.P., y se decretan pruebas; iii) informe de policía de 6 de enero de 2004 dirigido a la Fiscalía 19 delegada ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo acorde con el cual informa que estos sujetos pertenecen a las AUC, “según las versiones de algunas personas que se niegan a declarar por miedo y que habían alertado de su presencia desde la noche anterior en Hato Corozal”; iv) el 9 de enero de 2004 rinde indagatoria J.E.C.P. ante la Fiscalía 19 delegada ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo. Descripción: edad: 24 años, estatura: 1.65 m, trigueño corte de cabello bajito, cicatrices de acné (…); v) el 9 de enero de 2004 se envían las diligencias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el juzgado penal especializado de Yopal; vi) ampliación de denuncia de M.A.S.T., quien el 13 de enero de 2004 presentó, en la Fiscalía 19 delegada ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo, denuncia penal contra alias “S.” “se refiere a él como la persona que capturaron en Hato Corozal y dice que es miembro de las AUC y que en alguna ocasión lo amenazó de que lo iba a matar porque hablaba mal de los paramilitares. Describe a S. de la siguiente manera: joven, bajito, estatura 1.65 m, corte de cabello bajito. En la denuncia inicial dijo que alias “S.” se llamaba L.A.C. pero que después averiguó que era de apellido C.”; vi) el apoderado del señor C.P. solicita reconocimiento en fila de personas; vii) el 20 de enero de 2004 la Fiscalía 3 especializada realiza la ampliación de denuncia de A.H. quien indica que la persona que ordenó la ejecución de su señora fue el comandante “C.” y que “desconoce por qué lo hizo, si lo único que trataba de hacer era cobrar la alimentación que había tomado “S.”, la información sobre la responsabilidad de “C.”, la obtuvo de F.G. —contratista del departamento—”; viii) el 29 de enero de 2004 la Fiscalía 3 especializada recepciona la declaración del señor A.N.R.B., quien señala que a J.E.C.P. lo vio una vez en la bomba trabajando con don L. Afirma que ninguno de los que lo obligaron a llevarlos en el vehículo del patrón es J.C.P. o I.A.G.; ix) el 21 de enero de 2004 rinden declaración - T.N.A.: “el día de los hechos ella se encontraba almorzando en su casa con su esposo, don J.E.C.P. y su señora, cuando escucharon unos tiros y oyeron los comentarios que habían matado a una señora. Le consta que él trabajó en una bomba de gasolina y que trabaja con ganado, lo conoce hace más de un año, no sabe que lo llaman con el alias de “S.” y no ha escuchado que pertenece a las AUC”; x) el 21 de enero de 2004, rinde declaración la señora S.M.C.N.: “no sabe que lo llamen con el alias “S.” y no ha escuchado que pertenece a las AUC y a I.A.G. no lo conoce”; xi) Declaración del señor E.R.: confirma la misma versión de los anteriores testigos. “Conoce a J.E.C.P., hace algunos meses que éste trabajaba en una bomba y no ha escuchado que pertenecía a las AUC. A.G. no lo conoce”; xii) el 3 de febrero de 2004, la Fiscalía 3 especializada de Yopal resuelve la situación jurídica del señor J.E.C.P.: se abstiene de imponer medida de aseguramiento en contra de los demandados por posible homicidio, pero sí impone medida de aseguramiento a los dos (2) demandados por el delito de concierto para delinquir agravado; (…) xiii) el apoderado de J.E.C.P. solicita pruebas testimoniales y anexa constancia del párroco de Hato Corozal y de Paz de Ariporo sobre la honorabilidad y buena conducta de J.E.C.P.; (…) xiv) el 14 de julio de 2004 la Fiscalía 3 especializada de Yopal profiere resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado; (…) xv) el 17 de agosto de 2004 la Fiscalía 3 especializada de Yopal emite comunicación al juzgado penal del circuito especializado para que continúe con el juzgamiento. El sindicado queda a disposición en la Cárcel de Paz de Ariporo.

xvi) el 23 de agosto de 2004 el juzgado único penal del circuito especializado de Yopal avoca el conocimiento; (…) xvii) el 14 de septiembre siguiente, el juzgado señala fecha 6 de enero de 2005 para audiencia preparatoria en la cual se decretan pruebas, el 5 de enero de 2005 se aplaza y se señala el jueves 16 de febrero de 2005.

xviii) Audiencia preparatoria: (…) se decretan pruebas y se ordena el reconocimiento en fila de personas para el 11 de marzo de 2005, se señala fecha 8 de abril de 2005 para audiencia preparatoria; (…) xix) el 14 de abrilde 2005, el juzgado único penal del circuito especializado de Yopal,realiza diligencia de reconocimiento en fila de personas, el reconocimientolo hace M.A.S.T., quien no reconoce a alias “S.”dentro de la fila de personas, allí se encontraba J.E.C.P.; xx) la audiencia pública asignada para el 5 de mayo de 2005 se aplaza el 6 de mayo siguiente; xxi) solicitud de apoderado de C. para que trasladen al testigo (paramilitar) desde la cárcel. En audiencia pública mencionan al señor Y.A.J.B. quien había dicho en diligencia de indagatoria que conocía a C. y que pertenecía a las AUC a lo cual responde C. que sí lo conoce pero que no perteneció a las AUC; (…) xxii) el 12 de agosto de 2005 el juzgado único penal del circuito especializado de Yopal, decreta la declaración del señor Y.A.J.B. para el 18 de agosto de 2005; xxiii) el 12 de agosto siguiente, el juzgado remite las diligencias al juzgado promiscuo del circuito por competencia, en razón a que la Ley 975 de Justicia Paz y Reparación calificó como sedición el delito de quienes conforman grupos guerrilleros o de autodefensas —remisión efectiva el 14 de agosto de 2005—; xxiv) el 28 de septiembre de 2005 el juzgado promiscuo del circuito decide no avocar el conocimiento por falta de competencia; xxv) el 11 de octubre de 2005 la Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia, decide la competencia para conocer el asunto al juzgado único penal del circuito especializado de Yopal; xxvi) el 6 de febrero de 2006 el apoderado de C.P. solicita la libertad provisional mediante caución; xxvii) 15 de febrero de 2006 mediante auto el juzgado único penal del circuito especializado de Yopal da cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y reasume la competencia y fija fecha 28 de marzo de 2006 para la continuación de la audiencia preparatoria, ordena remitir al señor Yair Alexander Bolívar para que rinda testimonio; xxviii) el apoderado de C. solicita trasladar de la Cárcel de Acacías a C. para audiencia pública, para la fecha de la audiencia no envían a C. de Acacías por lo que se fijó nueva fecha 20 de abril de 2006 para continuar. No se recibió el testimonio de Y.J. porque ya había salido libre; xxix) el 20 de abril de 2006 se realizó la audiencia pública; xxx) el 11 de octubre de 2006 el apoderado de C. solicita la libertad.

4.2.5. Se conoce que el señor C.P. fue puesto a disposición de la Fiscalía novena delegada ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo el 8 de enero de 2004, por el Ejército Nacional, capturado el día anterior, además según certificación expedida por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías (Meta), ingresó al establecimiento el día 23 de diciembre de 2004 y permaneció hasta el 30 de octubre de 2016, en virtud de la decisión del juzgado penal del circuito de Acacías (Meta), en cumplimiento a la comisión del juzgado único penal del circuito especializado de Yopal (Casanare).

4.2.6. Además de lo anterior, obra en el plenario certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, que da cuenta que el señor J.E.C.P. estuvo privado de la libertad desde el 7 de enero de 2004 hasta el 30 de octubre de 2006, día en que recobró su libertad en virtud de la orden emitida en providencia proferida por el juzgado único penal del circuito especializado en Yopal —fl. 58 cuaderno de pruebas—

4.2.7. Declaraciones rendidas ante el a quo, por la señora T.N.A. —amiga del señor J.E. desde el año 2003—, prueba que respalda el elevado grado de afectación del señor J.E.C.P., su compañera Y.M., su menor hija K.S., su mamá A.P. y sus hermanos L., J., C.R. y E. por la medida de restricción de su libertad. Expresó la testigo que conoció al señor J.E. porque trabajaba en Corozal en una bomba de gasolina y se frecuentaban. Aseguró que el señor C.P. mantiene con sus familiares buena relación y que debido a la investigación en su contra y en especial a su reclusión “se le cerraron muchas puertas”, reitera que el señor C.P. trabajaba en una bomba de gasolina antes de ser detenido y que ganaba salario mínimo, refiere que el tiempo que tardó en conseguir empleo fue de 8 meses —fls. 4 y 5 cuaderno de pruebas—.

De A.C.T. —comerciante independiente—, relación que le permitió conocer de cerca el grado de afectación del señor J.E.C.P., de su señora Y.M., su madre A.P., su hija K.S. y hermanos L. y R. y otros de los que no recuerda sus nombres dado que su relación con la familia se limitaba a la mamá del señor E., su señora e hija. Refiere que conoció al señor E. en Hato Corozal, trabajaba en una bomba de gasolina para el año 2003, le consta que vive con la esposa en la casa de la mamá y es una persona trabajadora. Recuerda que, antes de trabajar en la bomba, le ayudaba en la finca, de donde conoció que es una persona correcta de una familia noble y buena. Agrega que conoce a los demandantes de tiempo atrás, que puede afirmar que se trata de un hogar bonito, todos son muy sencillos. Refiere que la familia padeció sufrimiento moral y material por la detención del señor E. dado que económicamente éste le ayudaba a su mamá, además refiere que en una época auxilió a la esposa del señor E.C.P. porque quedó sola con su hija. Señala que, antes de la detención el señor C.P., trabajaba en una bomba de gasolina y ganaba el mínimo y cuando recobró su libertad duró aproximadamente 7 u 8 meses en conseguir trabajo porque las personas no lo empleaban —8 a 11 cuaderno de pruebas expediente—.

De S.L.C.N. —hija del señor C. dueño de la finca en la que trabajó el señor C.P.— afirmó conocer a la señora Y.M. esposa del señor E., la niña que se llama K.S., la mamá A.P., hermanos J., E., C. y L., refiere que en el 2003 conoció al señor E.C. en Hato Corozal, porque trabajó con su papá en la finca y en una bomba de gasolina en el pueblo. Indica que el señor E. vive con la familia, esto es con su esposa e hija y que tienen una buena relación entre sí. Respecto al daño padecido moral y material precisa que la esposa, hija y la mamá sufrieron mucho porque dependían económicamente del él, también refiere sobre el padecimiento sufrido por los hermanos al enterarse que estaba preso, además porque después de quedar en libertad, pasaba hojas de vida pero no le daban empleo, porque había estado en la cárcel, por lo que duró entre 7 u 8 meses en conseguir trabajo. Reitera que antes de ser detenido el señor E.C. trabajaba con su papá en la finca y en una estación de gasolina y cree que ganaba el mínimo porque en una ocasión lo comentó.

De J.H.A.C. —fue su vecino— refirió conocer a la señora A., mamá del señor C.P., sus hermanos C., E., J. y L., la esposa Y.M. y la niña S., al señor C.P. lo conoce desde el año 2000 en Paz de Ariporo en el barrio el Palmar, que la mamá tiene casa ahí y es vecino de ella, en ese entonces el señor C. se encontraba prestando servicio militar en el Ejército, como soldado voluntario y salió a vacaciones, sabe que ha vivido con la mamá y los hermanos y ahora con la esposa y la niña y el trato entre ellos es normal además que ha sido buen hijo porque ayuda a su mamá. Agrega que la mamá y la esposa sufrieron mucho por la detención dado que él costeaba todos los gastos y sus hermanos también se vieron afectados. Después de que el señor C. salió de la cárcel lo notó decaído dado que cada vez que iba a pedir trabajo era rechazado, explica que estuvo trabajando un tiempo en Yopal pero apenas se enteraron que era excarcelario lo echaron y duró como 8 meses desempleado. Indica que antes de ser detenido hasta donde tiene entendido trabajaba en Hato Corozal, en una bomba de servicio y no sabe cuánto devengaba.

Consideraciones generales.

4.3. Del principio de libertad.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta complicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(6).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos o libertades fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, aquella salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política que prevé:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

El artículo antedicho comprende por una parte, el reconocimiento de la libertad y, por otra, la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de Derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Ahora bien, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad, excepcionalidad y condicionamiento de las medidas de aseguramiento en las etapas preliminares a la condena, de donde, si la presunción de inocencia no se desvirtúa surge el deber de indemnizar y reparar, al margen de la corrección de las actuaciones de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida, la que se habrá de considerar puramente formal, en cuanto el procesado no tenía que haber sufrido la pérdida de su libertad.

Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(7).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de las afectaciones de los derechos, intereses y libertades de los asociados, siempre que no se trate de aquellas que la vida en sociedad impone soportar. Siempre que le sean atribuidas a la acción u omisión de la administración. Se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de Derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo, a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que el delincuente recibe, en forma de coacción, es la contracara de su acción libre.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(8). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no se trata del Estado de Derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(9).

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, artículo 106, segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, artículo 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(10).

Por lo demás, el artículo 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5 del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4.4. Ausencia de dolo o culpa grave del actor.

Ahora, como se expuso brevemente, lo anterior no comporta que el privado de su libertad y en todo caso absuelto tenga derecho a la reparación patrimonial, en todos los casos, en consideración a que, si bien el artículo 90 impone el deber, a este imperativo no le es ajena la obligación del juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Empero, es notorio que en el caso concreto no hay asomo alguno de alguna actuación dolosa o gravemente culposa del actor.

4.5. Sobre el hecho del tercero o del actor en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. Consideraciones sobre la ruptura del nexo causal.

De lo dicho hasta el momento se sigue que, quien fue privado de su libertad, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia sufrió un daño antijurídico. La antijuridicidad del daño, empero, no comporta necesariamente que la obligación indemnizatoria pueda exigirse.

Tradicionalmente, en el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado se ha admitido que tanto el hecho de terceros como el de la propia víctima pueden impedir la imputación de un daño antijurídico, efectivamente sufrido, a la entidad pública demandada, en la medida en que rompen el nexo de causalidad entre la acción estatal y el perjuicio. En el caso de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, no parece que se aplique en rigor ninguno de estos supuestos, sin que por ello haya que concluir, necesariamente, que no cabe exoneración estatal.

Por un lado, difícilmente se puede pensar en un supuesto en el que la actuación de terceros se dé de un modo totalmente ajeno al funcionamiento del sistema penal. Por el contrario, la mayor parte de casos en los que se alega el hecho del tercero en el contexto de los procesos por privación injusta de la libertad tienen que ver con la “inducción al error” por parte de otras autoridades, el denunciante e incluso de testigos que, voluntaria o involuntariamente suministran información incorrecta o la alteración dolosa de las pruebas. Sin embargo, estas circunstancias no pueden calificarse como impredecibles o irresistibles para los operarios de la justicia a cuyo caso se confía el juicio o la investigación, requisito imprescindible para la eficacia de la excepción del hecho exclusivo y excluyente de un tercero.

Más aún, es evidente que el proceso penal se cimienta sobre un sistema probatorio, naturalmente falible. En su mayoría, las pruebas sobre las que se estructura el juicio de responsabilidad, son fuentes humanas y, por lo tanto, falibles. La aceptación del testimonio, el dictamen pericial o los documentos, y en general cualquier tipo de prueba implica necesariamente la aceptación de su falibilidad. Esto es, el testigo puede faltar a la verdad o equivocarse en su percepción, el perito puede errar, el documento puede haber sido alterado y el informe de autoridad faltar a la verdad.

Justamente por el origen humano y, por ende falible, de las fuentes de acceso al conocimiento de los hechos, se impone al investigador o el juzgador un deber reforzado de analizar rigurosamente las pruebas, de acuerdo con las exigencias de la sana crítica. El escrutinio del juez debe dirigirse justamente a identificar las posibles falencias y a evaluar su grado de fiabilidad. Por lo anterior, la aceptación de la exoneración por hecho de terceros, en eventos en los que se demuestre que la decisión se tomó con fundamento en una prueba que no resultó del todo veraz, es tanto como eximir al juez (κριτής, crités), de la carga de juzgar con criterio. Esto es lo mismo que aceptar que el juez deje de ser juez. Al respecto valga recordar la sentencia de 7 de abril de 2011:

Como la medida de aseguramiento que se impuso al demandante estuvo motivada en el falso testimonio rendido en el proceso por varias personas, resulta relevante establecer si las falsas imputaciones de un tercero, pueden constituir, en una investigación penal, una causa extraña que permita exonerar de responsabilidad al Estado.

(…)

Para adelantar la investigación por la presunta comisión de hechos ilícitos, desvirtuar la presunción de inocencia e imponer una sanción al penalmente responsable, el Estado puede hacer uso de todos los medios de prueba siempre que estén constitucionalmente permitidos y garanticen el derecho de defensa en el proceso (...).

Entre los medios de prueba se encuentra el testimonio (...). El testimonio constituye un instrumento al servicio del Estado para el ejercicio del ius puniendi y en consecuencia, no puede considerarse como un hecho externo, ajeno a la entidad. El Estado tiene el control permanente de ese instrumento, que incluye, el decreto, práctica y valoración de la prueba y por lo tanto, no puede considerarse que el hecho de que el testigo tergiverse la realidad pueda constituir un hecho imprevisible ni irresistible para el mismo. El funcionario judicial es quien determina si la prueba es conducente o pertinente; es quien interroga al testigo; quien verifica la validez de su versión y quien puede establecer su credibilidad, a través de la valoración del dicho, aplicando las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en conjunto con los demás medios de prueba directos o indirectos con los que se cuente en el proceso.

(…)

Los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor (...) son imputables al Estado, aunque esa decisión se hubiera fundamentado en las versiones falsas de varios testigos, porque el titular de la función punitiva es el Estado y por ende, le son inherentes todos los riesgos que se deriven de la utilización de un medio de prueba fallido, como lo son las declaraciones de testigos interesados en desviar el curso de la investigación(11).

Por lo anterior, no encuentra la Sala aceptables los argumentos de la entidad demandada sobre la imputación del daño a los denunciantes.

En lo que respecta a la exoneración por culpa de la víctima del que trata el artículo 2357 del Código Civil vale recordar que la jurisprudencia se ha encargado de explicar que no atiende a la falta de diligencia o impericia de la víctima, tampoco a su intención sino que se trata de un asunto de causalidad, si la víctima causó el daño, al margen de la subjetividad de la actuación, rompe la causalidad y no surge la obligación de indemnización. Consideración inadmisible tratándose de privación de la libertad. Esto es así porque al igual que el hecho del tercero, ajeno a la facultad punitiva del Estado, la víctima no estuvo en posibilidad de generar una investigación en su contra, tampoco una medida de aseguramiento. Es que el Estado, titular de la acción penal, habría de estar en capacidad de desvirtuar la presunción de inocencia, al margen del titular de la misma. Que entre el hecho del sindicado y la pena o medida de aseguramiento no existe relación de necesidad fáctica, es una de las premisas básicas de la teoría jurídica moderna, comprobable por lo demás, por el desafortunadamente elevado número de eventos de impunidad, esto es, de casos en los que, habiéndose verificado fácticamente el supuesto de hecho de una norma sancionatoria, no se aviene la consecuencia jurídica prevista. Y esto, se reitera, porque solamente desde las coordenadas teóricas de un rampante naturalismo (que no debe confundirse con la doctrina milenaria del derecho natural), la sanción o medida de aseguramiento se entiende como fácticamente y necesariamente ligada al supuesto de hecho.

Lo anterior no significa que el hecho de la víctima, cuando reviste la connotación de gravemente culposo o doloso, carezca de efectos respecto de la declaración de la responsabilidad estatal, pues por expresa disposición legal (art. 414 D.L. 2700/91, en su parte final y art. 70 de la L. 270/96) y por exigencia de los principios constitucionales contenidos en los artículos 83 y 95, así como en virtud de los preceptos milenariamente aceptados de vivir honestamente (honeste vivere) y no hacer daño a los demás (naeminem laedere)(12) se impone la imposibilidad reconocer indemnización a quien ha obrado con culpa grave o dolo. Se insiste, sin embargo, en que la razón por la cual la culpa grave o el dolo del agente se estimen jurídicamente relevantes, no radica en su aptitud para desvirtuar el nexo causal (tratándose simplemente de una causalidad indirecta) sino en razones de proporcionalidad y de interpretación armónica de los preceptos constitucionales, las que en todo caso hacen evidente la autonomía del juez de la responsabilidad de cara a las decisiones adoptadas en el marco de la investigación y causa penal.

4.6. Del principio de la no reformatio in pejus. Límites y alcances.

El artículo 31 de la Carta Política, en lo que tiene que ver con la competencia del superior para resolver la alzada, dispone que éste “no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Esto es, que la competencia del juez se restringe exclusivamente a lo alegado en el recurso. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional:

“(…) la competencia, en el Estado Social de Derecho, constituye un límite al poder de las autoridades públicas, entendiéndose que las facultades que le han sido conferidas sólo podrán ejercerse de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Constitución Política y la ley, lo que a su vez es un corolario del principio de legalidad, contenido en el artículo 6º constitucional. Así, se garantiza que las decisiones adoptadas por el funcionario judicial no resulten caprichosas o arbitrarias, ni que vayan en desmedro de los derechos de los ciudadanos. (…)

38. Asimismo, la garantía de la no reformatio in pejus, contenida en el artículo 31 superior, constituye un límite al poder judicial. La mencionada norma jurídica prohíbe al superior jerárquico que conoce de la apelación, desmejorar la situación del apelante único en segunda instancia, al indicar:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

De esta manera, al juez de segunda instancia le está vedado realizar un análisis de legalidad del fallo de primera instancia que exceda el ámbito planteado por el apelante, y que desmejore su situación jurídica, por cuanto su competencia se encuentra circunscrita a lo señalado en el recurso. Este límite a la competencia del juez tiene carácter constitucional, y deviene de la garantía consagrada en el artículo 31 superior.

Asimismo, el límite de la competencia del juez de segunda instancia ha sido desarrollado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica que era aplicable en los procesos contencioso administrativos en virtud de lo consagrado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, disposición vigente al momento de proferirse la sentencia objeto de tutela. El referido artículo indica que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y que, en consecuencia, el superior está facultado para enmendar aquello que no haya hecho sido objeto del recurso. Así, establece la mencionada norma jurídica:

“ART. 357.—Modificado. D. 2282/89, art. 1º, num. 175. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podráenmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

En consecuencia, existe también una limitación legal que impide al juez de segunda instancia realizar un control de legalidad abstracto y exhaustivo sobre la sentencia de primera instancia, toda vez que la competencia del mismo se circunscribe, explícitamente, a aquello que fue alegado en el recurso de apelación. En similar sentido, al entenderse que la apelación fue interpuesta en lo desfavorable al apelante, él juez de segunda instancia no podrá desmejorar la situación jurídica del apelante único, pues ello quebrantaría, consecuentemente, el derecho fundamental a la no reformatio in pejus.

Así, en Sentencia T-255 de 1993, haciéndose alusión a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-055 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), la Corte Constitucional ratificó que la competencia del juez de segunda instancia para fallar sobre el recurso de apelación se circunscribe explícitamente a las alegaciones realizadas por el apelante único. En sentido contrario, si ambas partes apelan, la competencia del juez podrá extenderse al análisis de legalidad del fallo de primera instancia, sin la limitación impuesta por el principio de la no reformatio in pejus:

“Así, pues, la garantía reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el sentido de dar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y no el de propiciar una revisión “per se” de lo ya resuelto. Así que, mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto, una competencia definida de antemano en su alcance por el propio constituyente” (subraya y negrilla fuera del texto).

(…)

Particularmente, la Corte Constitucional ha señalado que la garantía de la no reformatio in pejus tiene lugar, tanto en la vía gubernativa, como en los procesos de carácter contencioso administrativo, y que, por tanto, debe realizarse una interpretación armónica de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 29 y 31 de la Carta Política. Así, en Sentencia T-033 de 2002(13), la Corte analiza la aplicabilidad de la no reformatio in pejus en la vía gubernativa en el marco de un concurso de méritos, señalando que esta garantía constitucional constituye un límite a la competencia del juez de segunda instancia:

La prohibición de la reformatio in pejus tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el agotamiento de la vía gubernativa como en el desarrollo del procedimiento ante lajurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que se origina en la interpretación armónica y sistemática de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho al debido proceso y por ende de los demás principios y derechos constitucionales que guardan correspondencia con dicha institución jurídica. De suerte que la congruencia y la prohibición de la no reformatio in pejus, limitan la actuación de la administración en aras de la transparencia, legalidad y garantía en la actuación administrativa” (subraya y negrilla fuera del texto)”(14).

De igual manera, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que en virtud del principio de la no reformatio in pejus los límites materiales y formales están determinados por el contenido del recurso de apelación, razón por la cual el artículo 357 del C.P.C. prevé que debe entenderse interpuesto en lo desfavorable al apelante. Señaló la jurisprudencia:

“Los límites materiales y formales que se tiene en esta instancia están determinados por el contenido de la apelación. Por esta razón, dispone el artículo 357 CPC que este recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, de manera que no se puede agravar la situación del apelante único(15). A este principio se le ha denominado como la no reformatio in pejus.

No obstante la anterior regla, ella se rompe en dos casos, por lo menos en este tipo de procesos ordinarios, pues en algunos de naturaleza constitucional, como la tutela, se admite la posibilidad de reformar en peor, pero en la instancia de la revisión oficiosa que hace la Corte Constitucional(16) —no cuando se trata de la resolución al recurso de apelación del apelante único—: i) cuando apelan las dos partes del proceso, o ii) cuando quien no apela se adhiere al recurso.

En estos dos supuestos la ley autoriza, por razones lógicas, que el juez no quede atado a la favorabilidad que cada apelante busca para su situación procesal, con la interposición del recurso, pues es preciso dotarlo de la capacidad para resolver con libertad, pues de no hacerlo carecerían de sentido los recursos interpuestos, pues el ad quem no podría decidir en ningún sentido.

En efecto, si las dos partes apelan, y si además no se pudiera reformar en peor, se tendría que mantener intacta la sentencia, pues lo que se diga frente a cada recurso normalmente busca mejorar la posición de quien lo interpone, y desmejorar la de su contraparte. En tal caso, sería inútil tramitar los recursos de apelación”(17).

Siendo así, conforme a la jurisprudencia traída a colación, se colige que la garantía de la no reformatio in pejus es de obligatoria observancia por parte del juez. De lo que deviene como consecuencia lógica y natural que las facultades del ad quem están limitadas, en cuanto a la providencia recurrida no puede ser reformada, por regla general, en perjuicio del apelante.

5. Consideraciones sobre el caso concreto.

De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por los demandantes. Es decir, está debidamente acreditado que el señor J.E.C.P. fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía el 8 de enero de 2004 por el Ejército Nacional y detenido desde el día anterior; esto es, entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de octubre de 2006, como consta en resolución que define la situación jurídica del actor y certificación aportada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec(18), es decir por un lapso de 33 meses y 23 días.

Por consiguiente, se impone concluir que la causación del daño alegado en la demanda que el señor C.P. no estaba en la obligación de soportar, esto es, la pérdida de su libertad y la prolongación de la misma.

Así las cosas, para entrar a analizar el problema jurídico planteado resulta pertinente desarrollar el marco normativo aplicable para fijar los supuestos facticos de relevancia a efectos de determinar en el sub lite si es posible derivar responsabilidad del Estado y, concretamente, condenar a la Nación-Fiscalía General y Rama judicial, a la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció el señor J.E.C.P. en las fechas referidas.

Las normas aplicables al sub examine son los artículos 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevalecen sobre el orden interno, al igual que los artículos 2º, 28, 83, 90, 93 y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, los cuales constituyen, entre otros, el fundamento internacional, constitucional y legal de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Una interpretación y aplicación armónica de los anteriores preceptos, permite inferir que para que exista responsabilidad del Estado, por privación injusta de la libertad, bajo la égida de las disposiciones internacionales, constitucionales y legales en cita, es necesario que los demandantes acrediten (i) la privación de la libertad, de cara a la presunción de inocencia no desvirtuada y (ii) que el inculpado, en el marco de las actuaciones probadas y valoradas por la justicia penal, no incurrió en culpa grave o dolo, valorada desde la perspectiva civil.

En virtud del análisis realizado, se tiene que el señor J.E.C.P. estuvo privado de la libertad con detención preventiva, por espacio de 33 meses y 23 días; dejado en libertad mediante providencia del 24 de octubre del 2006, proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Yopal (Casanare), con aplicación del principio de in dubio pro reo, en consideración a que las pruebas aportadas al proceso no eran de la calidad suficiente que permitían llegar a la certeza de que el señor C.P. fuera el responsable del delito endilgado por la fiscalía, esto es, concierto para delinquir agravado; dado que no se aportó elemento de prueba sobre la pertenencia del inculpado a un grupo armado por fuera de la ley.

En consecuencia, y dado que los señalamientos en contra del señor J.E.C.P. no lograron desvirtuar su presunción de inocencia, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar la pérdida de su libertad.

Ahora bien, para acceder a la pretensión de reparación en el marco del daño por privación injusta es menester demostrar que la víctima actuó conforme a las reglas de convivencia, es decir, que no incurrió en dolo civil tampoco en culpa grave. Esto es el cumplimiento del deber de corrección social, en orden a respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

Circunstancias que se demuestran en el sub lite, dado que el señor C.P. demostró su condición de trabajador en una estación de gasolina, implicado y puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio y procesado por el delito de concierto para delinquir; sobre el primero decidió no imponer medida de aseguramiento por no encontrarse mérito para endilgarle responsabilidad y del segundo finalmente el juez determinó la absolución por cuanto no se probó su participación en grupo ilegal alguno. Siendo así se descarta que el señor C.P. haya actuado con grave negligencia, descuido o impericia, tampoco con intención de causar daño.

Se precisa que, de conformidad con el artículo 340 de la Ley 600 de 2000, la indagatoria debe ser recepcionada “a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General (…)”, como también se sabe que “rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento (…)”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 del mismo estatuto.

En el caso bajo análisis se conoce que el señor J.E.C.P. fue capturado el 7 de enero de 2004 y puesto a disposición de la Fiscalía el 8 siguiente por el delito de homicidio, en virtud de los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2003 donde resultó muerta la señora M.Q.P. El 8 de enero de 2004 la Fiscalía seccional de Paz de Ariporo libró boleta de retención en contra de I.A.G. y J.E.C.P.; el día 9 de enero de 2004 se realizó indagatoria al señor J.E.C.P.; el 3 de febrero de 2004 la Fiscalía tercera especializada de Yopal definió la situación jurídica del señor J.E.C.P., acorde con la cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los implicados por posible homicidio, no obstante impuso medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de agravado. La resolución de acusación se profirió el 14 de julio de 2004; se llevó a cabo audiencia pública el 20 de abril de 2006 y finalmente se profirió el fallo absolutorio el 24 de octubre de 2006.

De conformidad con lo anterior, la diligencia de indagatoria se llevó a cabo en tiempo, no obstante la situación jurídica se resolvió el 3 de febrero de 2004, de ahí que se pueda predicar una prolongación injustificada de la privación de la libertad del señor J.E.C.P., adicional a que, finalmente el juez penal del circuito especializado de Yopal (Casanare) profirió sentencia absolutoria el 24 de octubre de 2006, por no tener las pruebas suficientes que permitieran llegar a la certeza que el señor C.P. fuera el responsable del delito de concierto para delinquir agravado, por lo que dio aplicación al principio de in dubio pro reo.

Cabe precisar que, el a quo alude que el proceso permaneció en etapa de juzgamiento por espacio de 22 meses. No obstante, se tiene probado que el 23 de agosto de 2004 el juzgado único penal del circuito especializado avocó el conocimiento del asunto, y de acuerdo a la inspección judicial realizada al proceso penal surtido en contra del señor C.P., se conoce que se realizaron actuaciones para recaudar material probatorio y reconocimiento en fila, la cual se llevó a cabo el día 14 de abril de 2005; el reconocimiento lo hizo el señor M.A.S.T. —denunciante—, quien no reconoció a alias “S.”; siendo que dentro de la fila de personas se encontraba el señor J.E.C.P.

Posterior a dicho trámite se suscitó el conflicto de competencia entre dos juzgados para conocer del asunto por la Ley 975 de Justicia Paz y Reparación acorde con la cual calificó el delito de sedición de quienes conforman grupos guerrilleros o de autodefensas. En razón a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia dirimió la colisión ordenando al juez único penal del circuito especializado de Yopal reasumir la competencia. Lo cual se hizo efectivo el 15 de febrero de 2006. Finalmente el día 20 de abril se realizó la audiencia pública y el 24 de octubre se profirió sentencia absolutoria.

Dado lo anterior, se tiene en cuenta que se suscitaron varias actuaciones que prolongaron la privación de la libertad del señor C.P., que no estaba en el deber jurídico de soportar.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación propone como excepción el hecho propio del legislador, la cual no está llamada a prosperar, dado que no es dable predicar la responsabilidad del legislador cuando es la Fiscalía la conductora de la investigación y la que está facultada para dar aplicación a la norma como corresponde y generar daño, en el entendido que finalmente determina si se dan los presupuestos del tipo penal para imponer o no medida de aseguramiento, previo análisis del lleno de los requisitos de la ley.

Así mismo, expone que se configura un hecho de un tercero generado por la denuncia presentada por los señores M.A.S.T. y A.H.F., planteamiento que no admite mayor consideración, dado que no es dable reprochar a los denunciantes y hacerlos responsables de la captura, condena o absolución a cargo del juez natural, con conocimiento y elementos para responder en derecho, al margen de las denuncias y testimonios.

Al respecto, para la Sala es claro que, conforme al material probatorio allegado al plenario y tal como concluyó la resolución de situación jurídica del actor de abstenerse de proferir medida de aseguramiento por el delito de homicidio y posterior absolución por el delito de concierto para delinquir agravado, la demandada no logró desvirtuar la presunción de inocencia, del demandante. De manera que como el actor tampoco actuó con dolo o culpa grave, se concluye que los accionantes no estaban en el deber jurídico de soportar la pérdida de la libertad del señor J.E.C.P., por lo que los daños que reclaman son imputables a la Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación.

En virtud de lo expuesto, y dado que solo la Fiscalía y la Rama judicial apelaron, la Sala procede a realizar la actualización de la liquidación de perjuicios realizada por el a quo.

6. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación los daños sufridos, se debe fijar la cuantía de los mismos.

6.1. Perjuicios morales.

Es preciso determinar si la cuantía reconocida como indemnización por los perjuicios morales excede los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad y en caso afirmativo habrá de procederse a la rebaja de los mismos. En caso, contrario, esto es en el evento en que se encuentre que lo decidido por el a quo es inferior a lo que indican los criterios vigentes, la Sala deberá abstenerse de modificar el fallo, toda vez que la parte actora no impugnó la liquidación de perjuicios y el aumento de la suma desconocería el principio de la no reformatio in pejus.

Ahora bien, la Sala hace notar que, en sentencia de unificación(19) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, aunque se compara que la indemnización decretada es inferior. Acorde con lo expuesto solo procede la actualización.

En consecuencia las sumas reconocidas por el a quo a la parte actora por perjuicios morales serán pagadas por las demandadas Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación, solidariamente, de conformidad a lo decidido en la sentencia de primera instancia. La entidad que pague repetirá contra el patrimonio de la otra en un 50%.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

En lo que respecta al lucro cesante, se reconoció por el a quo al señor J.E.C.P., 33 meses y 22 días en lugar de 33 meses y 23 días, teniendo como base para su liquidación el salario mínimo mensual devengado, para el efecto reconoció 33.73 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes por el tiempo que duró buscando trabajo, para un total de perjuicios materiales de 36.73 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia.

Siendo así y dado que en virtud del principio de la no reformatio in pejus no puede hacerse más gravosa la situación del apelante único, se confirmará la decisión del a quo, como quiera que de reconocerse los factores propios para la liquidación, esto es, incluir el 25% por concepto de prestaciones sociales y el 8.75 meses correspondientes al promedio que una persona tarda en conseguir empleo; factores que no fueron reconocidos por el a quo, implicarían aumento del monto, afectando la situación del apelante único y en consideración a que el monto en salario mínimos no es susceptible de actualización se confirmará lo reconocido, que corresponde a un total de 36.73 salarios mínimos legales mensuales vigente al momento de la ejecutoria de esta sentencia.

6.3. Daño a la vida de relación hoy daño a la salud y bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos.

En lo que respecta al “daño a la vida de relación” se solicitó en el escrito de demanda que se le reparara por este concepto al señor J.E.C.P. por la suma de 30 smlmv y fueron reconocidos por el a quo.

Al respecto la Sala destaca que la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(20) —cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona, el reconocimiento en esta modalidad se encuentra sujeto a lo que se pruebe en el proceso, y a la demostración de la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada—, y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(21), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Sobre el particular, recientemente la corporación precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante, se debe acreditar plenamente y ser diferenciables de aquel que se reconoce como fuente de los perjuicios morales con el fin de evitar una doble indemnización.

Si bien en la demanda se solicitó indemnización por “daño a la vida de relación”, la Sala no encuentra acreditado en el plenario daño a la salud o bienes o derechos constitucionalmente protegidos distintos a la aflicción moral que padeció el demandante. Por lo que la Sala negará la pretensión concerniente al reconocimiento de algún otro perjuicio inmaterial, por no estar acreditado.

7. Costas.

En el caso concreto no habrá condena en costas por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Casanare. La cual quedará así:

“1. DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama judicial, administrativamente responsable por el daño jurídico causado al señor J.E.C.P., por la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

2. CONDENAR como consecuencia de lo anterior, solidariamente, a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama judicial en un cincuenta por ciento (50%) cada una a pagar a los demandantes, a título de reparación de los perjuicios morales determinados en el proceso, los siguientes conceptos, equivalente en pesos a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo.

a) A favor de J.E.C.P., el equivalente a sesenta y siete punto treinta y tres (67.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.

b) A favor de A.Y.M., en su condición de compañera de la víctima, el equivalente a sesenta y siete punto treinta y tres (67.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.

c) A favor de K.S.C.P., en su condición de hija de la víctima, el equivalente a sesenta y siete punto treinta y tres (67.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.

d) A favor de A.P.A., en su condición de madre de la víctima, el equivalente a sesenta y siete punto treinta y tres (67.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.

e) A favor de C.R.R.P., L.C.P., J.C.P., H.N.P., en su condición de hermanos de la víctima, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama judicial, solidariamente en un cincuenta por ciento (50%) cada una a pagar al señor J.E.C.P., a título de reparación de los perjuicios materiales determinados en el proceso, en la modalidad de lucro cesante, la suma de treinta y seis punto setenta y tres (36.73) salarios mínimos legales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia”.

2. NEGAR las demás pretensiones.

3. No hay condena en costas

4. Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

2 “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

3 Sala Plena del Consejo de Estado, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473. C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, Exp. 40324. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

5 Según resolución de medida de aseguramiento, el señor J.E.C. fue puesto a disposición de la Fiscalía el 8 de enero de 2004 y conforme a la certificación suscrita por el director (E) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías Meta el antes nombrado permaneció recluido entre el 23 de diciembre de 2004 y el 30 de octubre de 2006 (fls. 15 y 55).

6 “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

7 Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, art. 90, Sesión Comisión 1, mayo 6, p. 4.

8 En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real”.
Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995. p. 166.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Rad. 25000-23-000-1994-09817-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional, Nº 27, 26 de marzo de 1991, pp. 10 y 11.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 18571. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

12 Digesto, 1,1,10.

13 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta misma sentencia, la Corte Constitucional hace alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que señala la aplicación del principio de la no reformatio in pejus por remisión de lo consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

15 Dispone el art. 357 —modificado por el D. 2282/89, art. 1º, num. 175.— que: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // “En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. // “Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

16 Afirma la Corte Constitucional, en este sentido, en la Sentencia T-400 de 1996, que: “Pero no es menos cierto que, cuando se trata de medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (art. 25 del D. 2591/91) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero, obra el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, que no tiene su aplicación únicamente en materia penal sino en todas las ramas del Derecho, como lo expresó esta Corte en sentencias C-055 del 15 de febrero de 1993 y T-233 del 25 de mayo de 1995. // (…) // “No sobra aclarar que, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, las aludidas advertencias no tienen cabida, en cuanto su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena” (negrillas fuera de texto) // En la Sentencia T-080 de 1998 se reitera que “Cabe advertir que en el caso sub examine, no es aplicable el fenómeno jurídico de la reformatio in pejus, pues este solamente se produce cuando se agrava la situación del “apelante” y como es bien sabido, la Corte Constitucional no conoce de la revisión de sentencias de tutela en virtud de recurso alguno de apelación o impugnación, sino en desarrollo de los preceptos constitucionales que consagran la competencia de la Corte para revisar por vía directa y en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (art. 241, num. 9º de la CP.). // “De manera que por dichas razones, no es dable hablar de la reformatio in pejus con respecto a las decisiones que deba adoptar la Corte Constitucional, en relación con sentencias de tutela materia de revisión” (negrillas fuera de texto).

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, Rad. 52001-23-31-000-1994-06078-01(17070) C.P. Enrique Gil Botero.

18 “Se expide el presente certificado al señor C.P.J.E. c.c. xx.xxx.xxx de Yopal TD 14803210, quien se encuentra privado de su libertad desde el 07 de enero de 2004 a la fecha a quien se le ha concedido: LIBERTAD ABSOLUCIÓN según orden de libertad 0166, Exp. 2004-0070. Autoridad que concede JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS CUMPLIENDO COMISIÓN DEL JDO ÚNICO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE YOPAL conoció en primera instancia el JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO EN YOPAL sindicado por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO. DADA EN ACACIAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2006”. —fl. 58 cuaderno de pruebas—.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149). C.P. Hernán Andrade Rincón.

20 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando sedemanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridadpsicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vidade relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que espertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988. M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.