Sentencia 2008-00071 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008 00071 00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Ricardo Becerra Prieto

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

V.1. Los actos acusados.

A través de los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “Proceso para la desalcalinización del vidrio mediante la aplicación de CO2”.

Adujo la demandada que realizado el examen de fondo de la solicitud, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada decisión, para la concesión de la patente.

Que el requerimiento fue atendido, mediante escrito de 11 de diciembre de 2006; sin embargo, el mismo no surtió efectos legales, por cuanto el apoderado no allegó el poder que lo acreditaba como mandatario del solicitante.

V.2. Las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial Nº 44-IP-2012, rendida en este proceso, elaboró la interpretación de las siguientes normas:

Decisión 486

“ART. 26.—La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(…).

f) los poderes que fuesen necesarios;

(…)”.

“ART. 45.—Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

V.3. La solicitud de patente de invención en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, presentada la solicitud de una patente de invención, la Oficina Nacional Competente debe examinar si la misma reúne los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 ídem, y si advierte que falta alguno de ellos, debe requerir al solicitante para que los complete, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considera abandonada y pierde su prelación (art. 39).

Publicada la solicitud y agotada la etapa de intervención de terceros, el solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable (art. 44, ídem).

Si la Oficina Nacional Competente encuentra que no es patentable la solicitud de invención, o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para su concesión, lo notifica al solicitante, quien debe responder dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la notificación, plazo que puede ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta días adicionales. Si la Oficina Nacional Competente lo estima necesario, puede notificar al solicitante dos o más veces (art. 45, ídem).

Si el solicitante no responde a los requerimientos advertidos, dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los defectos que impiden la concesión, la consecuencia que contempla la norma comunitaria es la denegación de la patente.

V.4. Lo probado en el proceso.

Consta en los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de los actos acusados(2), que el 18 de enero de 2002, el actor, actuando en nombre propio, solicitó ante la división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de invención “Proceso para la desalcalinización del vidrio mediante la aplicación de CO2”.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 519 de 29 de agosto de 2002 (fl. 15).

El 28 de octubre de 2002, la sociedad AGA Fano Fábrica Nacional de Oxígeno S.A., presentó oposición a la solicitud de patente.

Como resultado del examen de fondo de la solicitud, la división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Oficio 5877 de 24 de mayo de 2006 y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, comunicó al solicitante que no se cumplían todos los requisitos para conceder la patente, por lo cual le concedió un plazo de 60 días, para que respondiera los requerimientos.

El actor presentó la respuesta, en escrito radicado el 24 de julio de 2006. Sin embargo, la demandada consideró que no satisfacía los requerimientos señalados, por lo cual le brindó la “última oportunidad” de aclarar la solicitud, buscando la asesoría adecuada en la materia (Ofi. 10445 de sep. 8/2006) (fl. 142, cdno de antecedentes).

En cumplimiento de lo anterior, el doctor Helmer Zuluaga Vargas, presentó escrito de 11 de diciembre de 2006, en el cual dio respuesta al examen de patentabilidad, en calidad de apoderado del señor Ricardo Becerra Prieto.

El Superintendente de Industria de Comercio, a través de la Resolución 4909 de 26 de febrero de 2007, acusada, negó el privilegio para la patente de invención denominada “Proceso para la desalcalinización del vidrio mediante la aplicación CO2”. El acto señaló:

“Que realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, visibles a folios 142 a 147 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta decisión para la concesión de la patente. Este requerimiento fue atendido el día 11 de diciembre de 2006; sin embargo, la respuesta presentada por quien se anunció como apoderado, no surte efectos legales, en razón a que no acreditó tal calidad con el correspondiente documento de poder, con el cual se encontraría facultado para actuar válidamente, en nombre y representación del mismo”.

Contra la anterior decisión, el solicitante interpuso recurso de reposición y allegó poder otorgado al doctor Helmer Zuluaga Vargas, como apoderado principal.

El superintendente confirmó la decisión mediante Resolución 25052 de 15 de agosto de 2007.

V.5. Las normas aplicables al caso concreto.

De acuerdo con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, todo lo relativo a los requisitos formales para la presentación de documentos, memoriales, u otros escritos ante la oficina de patentes, se rige por las normas nacionales sobre la materia, por cuanto la norma comunitaria no consagra las formalidades que debe contener el escrito de contestación del requerimiento. En este sentido, las observaciones que en el marco del artículo 45 de la Decisión 486 se formulen, corresponden a requisitos de patentabilidad, según lo precisó el Tribunal de Justicia al sostener:

“Si en la presentación de un documento, como podía ser la contestación al requerimiento realizado en el marco del artículo 45 comentado, no se cumplen con los requisitos formales y procedimentales para su presentación, serán las normas internas sobre la materia las que determinen cómo se subsanan dichas deficiencias, y cuál es la consecuencia de la desatención; es decir, las normas internas procedimentales, en virtud del principio de complemento indispensable, son las que determinan la forma y el modo de subsanar el no cumplimiento de los requisitos formales al presentar documentos ante la oficina de patentes”.

Lo anterior impone que se examine la norma interna que regula la presentación de escritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en asuntos de propiedad industrial.

De conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que este sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio. El mismo estatuto señala que “se podrá promover demanda a nombre de persona de quién no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquella”.

En relación con la presentación de solicitudes con las cuales se inicie un trámite administrativo de propiedad industrial, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la circular única de esa entidad(3), indica:

Título X. Propiedad industrial. Capítulo primero. Parte general. Numeral 1.2.1.2. Presentación de solicitudes.

“Al momento de la presentación de cualquiera de las solicitudes con las cuales se inicia un trámite administrativo de propiedad industrial, el funcionario encargado verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de que trata el respectivo artículo de la Decisión 486 en relación con esa solicitud en particular. De advertir la ausencia de alguno, lo comunicará de manera verbal a quien pretenda radicarlo, con el fin de que se complete la solicitud. Independientemente de la aplicación de lo contemplado en los artículos 11 y 13 del Código Contencioso Administrativo, en tanto los requisitos mínimos no sean completados, no se le asignará “fecha de presentación” a la solicitud, en los términos de la Decisión 486” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, los artículos 11 y 13 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, preceptúan:

“ART. 11.—Cuando una petición no se acompaña de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas. Si es verbal, no se le dará trámite” (texto resaltado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia).

“ART. 12.—Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan” (resaltado fuera del texto).

Es menester precisar que tanto la norma que rige los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como el Código Contencioso Administrativo, advierten sobre la necesidad de requerir la complementación de documentos faltantes a quien pretenden iniciar un trámite. Es decir, que tal exigencia no se extiende al resto de las etapas del respectivo proceso, lo que sin duda evidencia que tampoco existe en la norma interna un precepto que especifique las formalidades que deben atenderse en la presentación de escritos, cuando la solicitud de patente se encuentra en el examen de fondo, previo al examen definitivo que culmina con su concesión o denegación.

No obstante, y a la luz de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil citadas up supra, no puede tenerse como debidamente presentado el escrito de un apoderado, si no exhibe el respectivo documento que acredita la calidad con la que actúa y, específicamente en el trámite de la solicitud de patente, si la administración otorga un plazo para que se corrijan los defectos que impiden conceder la solicitud, se entiende que la respuesta, además de presentarse oportunamente, debe contener todos los elementos necesarios para tener por satisfecho el requerimiento, so pena de aplicar la consecuencia prevista en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según el cual:

“ART. 45.—Si la Oficina Nacional Competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente” (resaltado fuera del texto).

En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual se fundamentó la negación de la patente de invención solicitada por el señor Ricardo Becerra Prieto no se puede considerar un riguroso formalismo con el cual la administración pretendió desconocer los derechos del peticionario, sino más bien el cumplimiento de la norma aplicable y la consecuencia prevista por su no observancia.

En tal sentido, conviene traer a colación el siguiente aparte de la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia en este proceso:

“Advierte el tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada” (resaltado fuera del texto).

Sobre un asunto similar, la Sala, en sentencia de 1º de octubre de 2004(4), frente a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de declarar abandonada la solicitud de patente, por no acreditarse la calidad de apoderado del solicitante, consideró:

“En ese orden de ideas, se observa que respecto de las razones aducidas por la entidad demandada para dar como abandonada la solicitud en comento, el Tribunal de la Comunidad Andina en su sentencia de interpretación del artículo en que se fundamenta la decisión impugnada, esto es, el 27 de la Decisión 344, proferida para este proceso, señaló lo siguiente:

“2. Si en el curso del examen de fondo, la oficina nacional competente observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante de la patente para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses de su notificación, este haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos. Se tendrá por abandonada la solicitud si, dentro del plazo indicado, el peticionante no hubiese cumplido con el requerimiento de la oficina nacional (art. 27) (resalado de la Sala)”.

Según las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y comoquiera que en este caso el apoderado de la solicitante no fue quien suscribió el memorial por el cual se dice dar respuesta a las observaciones técnicas en comento, ni quien lo hizo aparece con poder para actuar en nombre de la peticionaria, otorgado directamente o por sustitución del apoderado reconocido, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones en el término que le fue señalado para ello, toda vez que su apoderado no presentó la respuesta que so pena de la declaración de abandono le fue requerida.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, pues ya no se trataba de correcciones formales, las cuales solo proceden al inicio de la actuación administrativa, en virtud del examen de los requisitos de la solicitud, según lo prevé el artículo 22 de la Decisión 344, antes transcrito, sino de la respuesta a observaciones técnicas, es decir, de fondo sobre el asunto. De modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 27 en cita” (resaltado fuera de texto).

En sentencia de 28 de enero de 2010 (Exp. 2004-00170, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), se precisó:

“… De modo que la oportunidad que ahora reclama la actora para que le permitiera subsanar los defectos de forma le fue dada mediante el requerimiento mencionado, y este requerimiento no era susceptible de repetirse, por cuanto la norma señala claramente que procede por una sola vez. Lo que es viable es la prórroga del término para atenderlo, a solicitud del interesado, como en efecto aquí sucedió, por lo tanto la actora gozó de todas las garantías y oportunidades procedimentales que le ofrece la normatividad comunitaria, y por conducta suya y no de la entidad demandada, quedó en situación que le imponía a dicha entidad declarar el abandono de la solicitud.

En ese orden, la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que estas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y comoquiera que en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud (negrillas y subrayas fuera de texto).

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala de 18 de marzo de 2010 (Exp. 2003 203, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), concluyó:

“En el criterio de la Sala, no es dable admitir en este caso la convalidación de los vicios y falencias advertidos por la administración y que no fueron corregidos en tiempo por el Dr. Carlos Reinaldo Olarte, pues éste disponía hasta el último día de la prórroga que le fue concedida para acreditar su condición de apoderado, término que se venció sin que se hubiere acreditado la condición invocada por él a lo largo de la actuación administrativa.

El escrito de sustitución y el poder allegados después de esa fecha llegaron de manera tardía al proceso administrativo y por lo mismo, la decisión apropiada a la situación era precisamente la que adoptó la administración al resolver el recurso de reposición, pues de lo contrario se habría incurrido en la violación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Decisión 344, en cuyo inciso final se prescribe, tal como ya se dijo ut supra, que “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

Según el criterio de la Sala, la presentación de los poderes no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesoria que pueda ser ignorada o desconocida por la administración, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala denegar las pretensiones de la demanda (negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora, cabe señalar que la Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 (Exp. 2000-06725, C.P. Camilo Arciniegas Andrade), sostuvo que no se puede “equiparar la ausencia de sustitución del poder a la falta de respuesta oportuna a las observaciones formuladas por el examinador técnico, ni por esa causa declarar abandonada la solicitud de patente”.

Empero, como quedó visto, dicha posición jurídica fue variada en posteriores pronunciamientos que han seguido siendo reiterados, por lo que debe entenderse que la Sala rectificó el criterio jurisprudencial al respecto y que en esta oportunidad también se prohíja, y permite afirmar que si el peticionario fue requerido por la administración para que diera respuesta a las objeciones de patentabilidad, bajo la advertencia de denegarse la solicitud, en caso de no atenderlas, y este omitió contestar en debida forma, en el plazo concedido, lo que se impone es aplicar la consecuencia del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor establece:

“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la Oficina Nacional Competente denegará la patente” (resaltado fuera del texto).

Así las cosas, no le asiste razón al demandante, cuando afirma que las exigencias formales no pueden prevalecer como condición para la negación de una patente, habida cuenta de que la omisión en la que incurrió no puede considerarse un simple requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó la concesión de la patente, por no haber dado respuesta al requerimiento efectuado en el marco del artículo 45 de la Decisión 486, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de los poderes, máxime cuando en el mismo requerimiento la administración exhortó al peticionario para que se asesorara en materia de solicitud de patentes, por las imprecisiones técnicas en las que había incurrido, bajo la advertencia de concedérsele una última oportunidad, razón por la cual no podía ser otra la decisión a adoptar.

De otra parte, si en gracia de discusión, se considerará que la administración podía dejar de un lado el cumplimiento del artículo transcrito y, en su lugar, bien requerir a quien se anunciaba como apoderado para que allegara el respectivo poder, o entender la omisión subsanada con el recurso de reposición que se acompañó a tal documento, advierte la Sala que tampoco habría lugar a variar la decisión acusada, teniendo en cuenta que no se allegó al expediente el controvertido poder, debidamente presentado, pues la copia que obra tanto en el cuaderno de los antecedentes administrativos, como en las pruebas de la demanda (fl. 216), es un escrito sin presentación personal, lo cual desconoce la formalidad mínima, prevista en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“ART. 65.—Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda(5) (resaltado fuera del texto).

En este orden de ideas, encuentra la Sala que no se vulneraron las disposiciones invocadas en la demanda, motivo por el cual se denegarán sus pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de julio de 2013».

(2) Anexo 1.

(3) Publicada en el Diario Oficial Nº 44.511 de 6 de agosto de 2001.

(4) Expediente 2001 00009 01 (6750). C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta.

(5) Según el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, “las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo…”.