Sentencia 2008-00077/3435-14 de marzo 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Ref.: Exp. 76001233100020080077701

No Interno: 3435-14

Apelacion Sentencia

Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se centra en determinar si el señor Ramiro Andrade Terán, en su condición de pensionado de la caja Nacional de Previsión Social, tiene derecho a la afiliación y posterior conmutación pensional ordenada por el Fondo de Previsión Social del Congreso por medio de la Resolución 0604 de 14 de agosto de 1998.

Como quiera que la controversia gira en torno a la aplicación del Régimen Pensional de los Congresistas a una persona que ya se encontraba disfrutando de su pensión de jubilación; es necesario realizar un recuento de las normativa que regula la materia, para examinar si con fundamento en la misma y luego de estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, procede el reconocimiento de la conmutación pensional.

Régimen Pensional de los Congresistas

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República fue creado por la Ley 33 de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público del orden nacional dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Trabajo y seguridad Social.

Como funciones del fondo se señalaron en el artículo 15 de la Ley 33 de 1985, entre otras, la de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo Fondo que estaban a cargo de las Cajas de Previsión, quienes de todas maneras y hasta tanto se expidieron los estatutos de planta y presupuesto del Fondo, debían continuar prestando los servicios y pagando las prestaciones a los Congresistas y a los empleados del Congreso.

Una vez entrara en funcionamiento el Fondo de Previsión, automáticamente quedaba cancelada la afiliación de los Congresistas y empleados del Congreso, a las cajas de Previsión. Estas Cajas, al tenor de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 33 de 1985, quedaron a cargo de las pensiones que con anterioridad a su entrada en vigencia, habían sido reconocidas a los funcionarios y empleados del Congreso.

Con posterioridad, la Ley de 1987 “Por la cual se modifica la Ley 33 de 1985”, estableció en su artículo 1º:

“(…) tienen derecho a gozar de todas las prestaciones y servicios del Fondo de Previsión Social del Congreso, aquellas personas que están legalmente obligadas a contribuir para su funcionamiento. Los Congresistas que para tomar posesión de sus cargos hayan de renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que les había sido reconocida con anterioridad, la podrán seguir percibiendo del Fondo de Previsión Social del Congreso con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o cesen en el ejercicio de sus funciones, pero el nuevo lapso de vinculación al Congreso y de aporte al Fondo no podrá ser inferior a un (1) año, en forma continua o discontinua (…).

Parágrafo. Los empleados del Congreso pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 33 de 1985, lo seguirán siendo de las entidades de Previsión Social que les otorgaron y reconocieron su derecho (…)”.

Por su parte la Constitución Política de 1991 le otorgó al Legislador, en el artículo 150 numeral 19 literales e) y f), la competencia para dictar normas generales y señalar en ellas los objetos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidos los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, así como para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores.

En desarrollo de las citadas facultades constitucionales, se expidió la Ley 4 de 1992 en la cual el Legislador le señaló al Gobierno Nacional los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los miembros del Congreso. Concretamente el artículo 17 de la citada Ley 4 de 1992, consagró:

“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquellas y estás no podrán ser inferiores al 75% del Ingreso mensual y promedio que, durante el último año, y por todo concepto, reciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devengan los representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.”(1)

Este régimen pensional especial fue establecido por el Gobierno siguiendo los mandatos del artículo de la ley 4 de 1992(2), a través del Decreto 1359 de 1993, que en su artículo 1º dispuso que se aplica a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara, y a su turno el artículo 4º señaló como requisitos para acceder al régimen, encontrarse afiliado a la entidad pensional del Congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma y haber tomado posesión de su cargo.

Duspuso también este artículo 4º en su parágrafo, que accederán a dicho régimen pensional los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación discreta por cualquier entidad del orden nacional o territorial, siempre que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 19 de 1987.

Ahora y concretamente frente al Ingreso Base de Liquidación y el porcentaje mínimo de la misma, los artículos 5º y 6º del Decreto 1359 de 1993, establecen que para liquidar las pensiones al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso mensual promedio que devenguen los Congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, incluyendo además del sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación que efectivamente reciba como remuneración del servicio y sobre los cuales se hubiera realizado las cotizaciones al Sistema de Pensiones. En cuanto al porcentaje, se estableció que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los Congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988(3)

Sobre la pensión vitalicia de jubilación, dispone el Decreto 1359 de 1993 en su artículo 7º, lo que sigue:

“(…) ART. 7º.—Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente Decreto.

(…)”.

Y en los artículos 8 y 9 se señaló lo siguiente:

ART. 8º—Congresistas pensionados y vueltos a elegir. En armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4º del presente Decreto, los Senadores y Representantes a la Cámara que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público, al terminar su gestión como Congresistas, la seguirán percibiendo de la Entidad Pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este Decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987.

Para los efectos previstos en este artículo, la Entidad Pensiona del Congreso de oficio, procederá a reliquidarlos con base en el ingreso promedio que durante el último año y por todo concepto percibiere el congresista en ejercicio, de conformidad con los mandatos previstos en los artículos 5º y 6º del presente Decreto.

ART. 9º—Tramite Especial para la entidad pensional del Congreso. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo precedente, la Entidad Pensional del Congreso solicitará a la entidad que originalmente hubiese decretado la pensión de jubilación, el envío del expediente respectivo, para lo cual ésta dispondrá de un término perentorio que no podrá exceder de ocho (8) días hábiles. Igualmente dentro de dicho término, la entidad que originariamente hubiere decretado la pensión, deberá transferir a la entidad Pensional del Congreso los recursos constitutivos de las reservas correspondientes a la cuota parte del respectivo pensionado.

Acorde con lo expuesto, el régimen pensional aplicable a los Congresistas a partir de la Ley 4 de 1993, tiene los siguientes presupuestos:

(a) Edad: Conforme a la norma será “la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985”.

En punto a este requisito la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación, concluyó que las normas sobre edad citada en el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 remiten a las disposiciones que sobre edad se establecieron a favor de los servidores públicos antes de la Ley 33 de 1985, y específicamente al Decreto 1723 de 1964 que en su artículo 2º previó la edad de 50 años para hombres y mujeres(4).

(b) Tiempo: veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumulados entre el tiempo laborado al Congreso de la República(5) y otros períodos prestados al servicio público y/o privado, cotizado en este último caso al ISS.

(c) Cuantía de la pensión: 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del mismo Decreto 1359 de 1993.

A partir de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, el sistema Pensional en Colombia sufrió unos cambios de gran trascendencia.

En efecto, debe señalarse que la Ley 100 de 1993 estableció un “sistema general de seguridad social” que “está instituido para unificar la normatividad y planeación de la seguridad social” (art. 6º). Dicho sistema integral quedó conformado, entre otros, por el “sistema general de pensiones” cuya regulación se incluyó en el Libro Primero de la citada Ley (artículos 10 a 151).

Este sistema se aplica, en principio, “a todos los habitantes del territorio nacional” (art. 11), pero igualmente respeta los derechos adquiridos legales y extralegales a quienes a la fecha de entrada en vigencia del sistema habían cumplido requisitos pensionales o ya se encontraran pensionados (ibídem).

Adicionalmente, el sistema general de pensiones estableció “un régimen de transición”, con la finalidad de conservar, para quienes fueran sujetos del mismo, las condiciones básicas de la pensión (edad, tiempo y monto pensional) que fueran establecidas en el régimen anterior que les fuera aplicable (art. 36).

El criterio de generalidad de la Ley 100 no fu pleno, pues la misma dispuso quienes se encontraban exceptuados de su aplicación, concretamente en el artículo 279 excluyó, entre otros, a los miembros de las Fuerzas Militares; a los civiles al servicio de las fuerzas militares vinculados antes de la Ley 100; y a los docentes oficiales afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En relación con los Congresitas, la Ley 100 de 1993 dispuso lo siguiente:

a) En primer término señaló que el Gobierno Nacional podría incorporar a los Congresistas al sistema general de pensiones y al sistema de salud. Al efecto estableció:

“Artículo 273. El Gobierno nacional, sujetándose a los objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente ley y en particular a lo establecido en los artículos 11 y 36 de la misma, podrá reincorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aún a los congresistas, el sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.

(…)”.

En desarrollo de esta posibilidad, el Gobierno expidió el Decreto 691 de 1994, el cual incorporó al sistema general de pensiones, entre otros, a los “servidores públicos del Congreso de la república” pero respetando la existencia de un régimen pensional propio, dispuesto para los Congresistas en el Decreto 1359 de 1993, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorporarse al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:

a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;

b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República.

PÁR.—La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente Decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen”.

Posteriormente y ya en vigencia de la Ley 100 de 1993, el Ejecutivo Nacional profirió el Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 “por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”. El artículo 1º de este Decreto estipuló que el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 se aplica a los Senadores y Representantes a la Cámara, como también a los empleados del Congreso y del Fondo de Previsión del Congreso, con excepción de aquellos que queden cubiertos por este régimen de transición.

Por su parte el artículo 2º de este Decreto 1293 de 1994, al consagrar el régimen de transición(6) de los Senadores, Representantes, Empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, lo hizo en los siguientes términos:

“ART.2º— Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de previsión social del Congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres.

b) Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.

PAR.—El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con anterioridad al 1º de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores, siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán.

ART. 3º—Beneficios del régimen de transición. Los senadores y representantes que cumplan alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación en el mismo decreto.

Los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad, tiempo de servicios, número de semanas cotizadas y el monto de la pensión establecidos en el artículo 20 del Acuerdo 26 de 1986 del Fondo de Previsión Social del Congreso, aprobado por el Decreto 2837 de 1986.

PAR.—El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la edad de jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2º del Decreto 1723 de 1964, es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí previsto podrán obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de cincuenta (50) años”. Resaltas fuera de texto.

Ahora bien, el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, que se acaba de citar, fue declarado nulo por esta Corporación, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante sentencia de 27 de octubre de 2005, C.P. doctora Ana Margarita Olaya Forero, radicado interno Nº 5677-2003, en atención a que se consideró que mediante la reglamentación del régimen de transición no podían protegerse situaciones pensionales en relación con Congresistas que no ocuparon el cargo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4º de 1992.

Al respecto, se consideró:

“(…) de una interpretación sistemática del régimen de transición y el régimen especial de los Congresistas, sólo puede arribarse a estas dos conclusiones:

a) La norma que determinó el régimen de transición para los congresistas no podía pretender la protección de expectativas frente a este régimen para quienes no hubieran ostentado tal calidad entre el 19 de diciembre de 1992 y el 1º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como congresistas en períodos posteriores.

b) Quien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al régimen especial por cuanto no reunía uno de sus requisitos: estar en servicio activo. Resultaba pues que, aun estando en el régimen de transición, nunca alcanzaría la condición necesaria para adquirir el derecho a la pensión especial prevista para los congresistas”. Subraya la Sala.

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, concluye la Sala que el régimen pensional especial establecido en el Decreto 1359 de 1993, para congresistas, se continúa aplicando, luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1293 de 1994 únicamente en aquellos casos en los que se acrediten las condiciones para acceder a los beneficios del régimen de transición, y, además, se cumplan los requisitos pensionales establecidos en el Decreto 1359 de 1993 para gozar la prestación , siempre que hubieren tenido la calidad de Congresistas a partir del 18 de mayo de 1992 (fecha de vigencia de la Ley 4 de 1992) y hasta el 1º de abril de 1994 (cuando entró a regir el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993).

En efecto: la jurisprudencia de esta Sección ha señalado sobre el particular:

“(…) el régimen de transición del régimen especial previsto para los congresistas no puede extenderse a la protección de las meras expectativas de quienes no ostentaban tal calidad entre el 18 de mayo de 1992 y el 1 de abril de 1994, o no se reincorporaron como congresistas en períodos posteriores. Quien fue congresista antes de mayo de 1992 y no fue elegido posteriormente no tiene ninguna expectativa por consolidar y no puede adquirir derecho pensional como congresista porque no reúne el requisito de estar en servicio activo. En suma, el régimen de transición para congresistas requiere una condición necesaria para adquirir el derecho a la pensión. Tener la calidad de congresista, condición que no puede ser suplida por la norma que previó el régimen de transición (…)(7) Subraya la Sala.

El anterior argumento guarda concordancia con lo resuelto por esta misma sección al decidir sobre la nulidad del parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002 modificado por el artículo 17 de Decreto 1622 de 2002, que frente a la aplicación del régimen pensional de transición especial para congresistas, precisó lo que sigue:

“(…) en materia de la interpretación y aplicación de las normas que establecen el régimen especial de pensiones para congresistas, así como las que fijan el régimen de transición para esta clase de servidores públicos, la Sala concluye lo siguiente:

— El artículo 17 de la Ley 4º de 1992 dispone que el Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores, las cuales no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentaran en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

— El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1359 de 1993 mediante el cual estableció el mencionado régimen pensional. Su ámbito cubre a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4º de 1992 tuvieran la calidad de Senador o Representante a la cámara. De conformidad con el artículo 7º del mencionado decreto, cuando “quienes en su condición de Senadores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios,…”, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio.

— Después de expedido el Decreto 1359 de 1993 entró en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral, Ley 100 de 1993. El Gobierno, mediante el Decreto 691 de 1994 incorporó a los servidores públicos del Congreso de la República al Sistema general de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1359 de 1993.

— Mediante el Decreto 1293 de 1994, expedido invocando el artículo 17 de la Ley 4ade 1992, se establece el régimen de transición de los senadores representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión del Congreso…”.

— De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1293 de 1994 el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 se aplica a los Senadores, representantes y empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, con excepción de los cubiertos por el régimen de transición previsto en dicha normatividad.

— El régimen de transición no determina un régimen en especial; su finalidad es la de proteger expectativas pensionales de ciertos servidores que, por sus condiciones particulares, están en la posibilidad de acceder a un régimen más favorable que el previsto por la nueva ley.

— Ser beneficiario del régimen de transición no significa, per se, que la pensión se liquida atendiendo las previsiones del artículo 17 de la Ley 4ade 1992 y el Decreto 1359 de 1993, en cuanto que es necesario determinar en cada caso, si se reúnen las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario de ese régimen especial.

— Como lo ha expresado esta Sala, cuando el Decreto 1293 de 1994 prescribe que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica también a quienes hubieran desempeñado como Senadores o representantes, lo que está previendo es que quienes tuvieran regímenes pensionales especiales se mantendrían en ellos, siempre y cuando les fueran más favorables.

— A partir del 1º de abril de 1994 a los servidores públicos del Congreso inducidos los Congresistas, se les aplica el Decreto 691 de 1994 expedido en desarrollo de la Ley de 19938” Subraya la Sala.

Como puede observarse, desde los primeros pronunciamientos sobre el alcance del régimen pensional especial aplicable a los Congresistas, la jurisprudencia de esta Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que, por sus especiales características, el régimen pensional aplicable a estos servidores, si bien se originó en la Ley 4 de 1992 y se desarrolló en el Decreto 1359 de 1993, sus contornos se restringieron con la creación del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, de modo que a partir de esta ley sólo resulta aplicable en virtud del régimen de transición que le señaló el Decreto 1293 de 1994, en el entendido de que tuvieran efectivamente una expectativa pensional a la vigencia de esas disposiciones. En consecuencia, dicho régimen, no se aplica a aquellos pensionados que no se hubieren reincorporado a la actividad congresional con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley 4ª de 1992 ni a quienes hayan ingresado a la actividad parlamentaria con posterioridad al 1º de abril de 1994, pues respecto de quienes estén en esta última situación, el régimen pensional aplicable no es otro que el general que estableció la mencionada Ley 100 de 1993.

A su turno el régimen de transición de los Congresistas establecido por el Decreto 1293 de 1994, extiende su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993—, cumpla además con los requisitos de edad— 40 años o más si es hombre o 35 años o más si es mujer—, o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.

Sobre este preciso aspecto, la Sección Segunda de esta Corporación ha señalado:

“El Régimen de Transición de los Congresistas se constituye entonces, en la proyección del status jurídico favorable adquirido, por encontrase en condición de actividad congresional, que permite resguardar las expectativas conforme a la normativa que luego fue retirada del ordenamiento jurídico.

Pero a su turno, no puede prolongarse en el tiempo, es decir, más allá de la vigencia del Régimen General de Transición, porque de ser así sería tanto como pretender su aplicación en forma virtual, como una opción en el tiempo mucho después de la vigencia de la Ley particular, situación que desnaturalizaría la figura de la Transición y que de paso impediría que el Régimen de Transición ordinario cumpliera con su misión de unificar que el Régimen de Transición ordinario cumpliera con su misión de unificar el sistema pensional dejando de lado los regímenes especiales de pensiones, entre ellos, el de los Parlamentarios.(8)

Finalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, condicionó la exequibilidad la exequibilidad de los apartes del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que no fueron excluidos del ordenamiento jurídico, en el entendido que: i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encuentren afiliados al mismo. I) Como factores de liquidación de la pensión sólo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas, iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso, iv) Las mesadas correspondientes a las pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013.

Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial desatará la Sala el problema jurídico propuesto.

De lo probado. Al proceso ordinario se incorporó el expediente administrativo que dio origen a los actos acusados, pudiendo la Sala inferir los siguientes supuestos relevantes:

— Por medio de la Resolución 17159 de 29 de diciembre de 1987 (fls. 194-197 Cdno 3-1) el Subdirector de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, reconoció la pensión de jubilación al señor Ramiro Andrade Terán por haber laborado 21 años, 10 meses y 4 días. El último cargo que desempeñó fue el de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Uruguay y Jefe de la Misión Permanente de Colombia –ALADI.

— A folios 12 y 13 obra copia de la Resolución 00604 de 14 de agosto de 1998, por medio de la cual el Fondo de Previsión social, del Congreso, ordenó reliquidar la pensión del demandado en cuantía de $4.207.974 a partir del 15 de julio de 1995 (fls. 147-149).

— De conformidad con la certificación suscrita por el Subsecretario General de la Cámara de Representantes da cuenta que el señor Ramiro Andrade Terán fue elegido Representante principal por la circunscripción electoral del Valle del Cauca en los siguientes periodos 1962 -1964, 1964-1966, 1966-1968, 1968-1970, 1970-1974, 1978-1982, 1982-1984 (fls. 9-16).

Del material probatorio que se acaba de reseñar infiere la Sala que la pensión del señor Ramiro Andrade Terán no podía ser conmutada por el Fondo de Previsión Social del Congreso, pues de acuerdo con el análisis normativo previamente expuesto, su vinculación al Congreso no tuvo ocurrencia a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992), porque ejerció la actividad congresional tiempo antes (1962-1984), y aunque fungió como Parlamentario por más de un 1 año, no lo fue en calidad de reincorporado. De hecho en el que el causante ejerció la actividad congresional, fue debidamente contabilizado por la Caja Nacional de Previsión Social como tiempo, que de paso lo facultó para obtener la pensión de jubilación.

Se debe recordar que el régimen de transición de los Parlamentarios está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes se encontraban prestando sus servicios como Congresistas a la fecha de vigencia de la Ley que regula el sistema general de pensiones. Lo asiste entonces al a quo la razón cuando estima que al demandado no ha debido afiliársele a FONPRECON ni conmutársele la pensión, lo que en consecuencia significa, que el reconocimiento de la pensión jubilatoria debe ser resumido por la Caja nacional de Previsión Social.

De acuerdo con lo analizado, la decisión de primera instancia será confirmada, lo que significa, que el reconocimiento de la pensión jubilatoria debe ser reasumido por la entidad que venía reconociendo la obligación pensional antes de que se produjera la conmutación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 6 de febrero de 2014, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por el FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA —FONPRECON.

Devuélvase el expediente al Tribunal de Origen.

cópiese, notifíquese y cúmplase.

1. Declarado exequible por la Corte Constitucional, Sentencia C-608 de 1999.

2. Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión “por todo concepto” contenida en su parágrafo, fueron declaradas inexequibles por la Corte constitucional en la Sentencia C-268 de 7 de mayo de 2013. M.P. Fr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3. “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”. Artículo 2º. “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo0 previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbítrales.
PAR.—El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de la presente ley”.

4. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 14 de octubre de 2010. Nº Interno 2036-2008. Actor. Ricardo Calvete Rangel. Con salvamento parcial de voto suscrito por los Hs. Consejeros Dra. Bertha Lucía Ramírez de Paéz y Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

5. Como Representante a la Cámara o Senador, pues el régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993 cobija inicialmente a los Congresistas.

6. Este régimen de transición sufrió modificaciones con posterioridad mediante los Decretos 816 de 2002 y 1622 de 2002.

7. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda C.P: Jesús María Lemos Bustamante. Sentencia del 12 de julio de 2007. Expediente Nº 10092-2005. Actor. Yolanda Pulecio Vélez.

8. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”. Sentencia del 22 de agosto de 2013. No Interno 1423-09, C.P. Dr. Gustavo Aranguren. Actor. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.