Sentencia 2008-00079 de julio 16 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 050012331000200800079 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Henry Villaroga Garcés

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil nueve

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que instituye la segunda instancia para tales procesos y, de otra, atendiendo el artículo 1º, Sección Primera, numeral 5º, del Acuerdo 55 de 2003 expedido por el Consejo de Estado, en donde se establece que el recurso de apelación de las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2. Procedibilidad de la acción.

Se encuentra acreditado que el demandado Manuel Francisco Ríos Revuelta adquirió la condición de concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, para el período 2008-2011, según copia auténtica del acta en la que la comisión escrutadora municipal lo declara elegido como tal (fl. 7 vuelto).

Ello significa que el acusado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura que ha sido incoada, atendido el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

3. Examen de la situación procesal.

3.1. La cuestión a dirimir en la instancia.

En la demanda no se precisa legalmente la causal por la cual se persigue la pérdida de la investidura de concejal del demandado, pues solo se relatan los hechos y se invocan como violados los artículos 180, numeral 2º, y 183, numerales 1º y 5º de la Constitución Política, los cuales se refieren a los congresistas, y no a los concejales; así como las leyes 617 de 2000 y 136 de 1994, sin indicar alguna disposición de ellas.

Esa situación ameritaba que se hubiera ordenado la corrección de la demanda para mejorar la claridad y precisión de la causa petendi, pero el hecho de que ello no se hubiera ordenado no afecta la validez de lo actuado ni impide el juzgamiento de la situación procesal reseñada, pues la calificación nominal de los hechos como conflicto de intereses, tráfico de influencia y celebración de contrato por interpuesta persona, facilita su valoración normativa.

Hecha esa precisión, se observa que al haber desestimado el a quo las pretensiones de la demanda por hallar que el demandado se había desvinculado de la cooperativa antes de firmarse el contrato, la cuestión en la instancia se contrae a establecer, en primer orden, si el demandado tenía o no la condición de socio de la cooperativa cuando se firmó el contrato entre esta y el municipio, el cual se encuentra aceptado por el demandado y acreditado en el proceso, ya que las conductas que se le enrostran se basan en su condición de concejal del municipio y su pertenencia a la cooperativa contratada en calidad de socio de la misma, para la época de la celebración del contrato.

3.2. Prueba de los hechos.

Si bien el demandado en la contestación de la demanda no alegó su retiro de la cooperativa antes de que se celebrara el contrato, se observa que sí lo alegó en la audiencia del proceso (fl. 103), y ello aparece corroborado en varias piezas probatorias, como son las aducidas por el a quo, a saber i) la copia de la carta de renuncia de vinculación a la cooperativa que presentó el demandado el 29 de diciembre de 2006 al consejo de administración de la misma (fl. 12, cdno. de pbas.); ii) copia del Acta 03 de la reunión de dicho consejo realizada el 24 de enero de 2007, en la cual se consideraron y aceptaron varias renuncias de socios, entre ellas la del demandado, y iii), oficio calendado 26 de enero de 2007, del presidente del consejo dirigido al demandado, comunicándole la aceptación de su renuncia (fl. 11).

A esos documentos cabe agregar la fotocopia del registro contable de los aportes del concejal encausado, donde aparece que pago sus cuotas solo hasta el 9 de septiembre de 2006, y presenta una nota manuscrito de retiro (fl. 69 del mismo cdno. de pbas.).

Con lo anterior resulta concordante el acta de la asamblea ordinaria realizada el 29 de febrero de 2008, aportada por el mismo actor, en la cual dicha asamblea decidió la disolución de la cooperativa y su consecuente liquidación, pues en esa acta se dice que asistieron todos los socios, y en la relación de los mismos ni entre quienes firmaron el acta en esa condición aparece el concejal demandado, lo cual permite colegir que el retiro del concejal como socio de esa cooperativa había sido efectivo.

En esas circunstancias, no hay lugar a hacer consideración alguna sobre las implicaciones de la celebración del referido contrato sobre el demandado por su condición de socio de la cooperativa, pues para esa fecha, 20 de febrero de 2007, ya no tenía esa condición, así apareciera como tal en el certificado de constitución y gerencia de la cooperativa, pues la inscripción de la correspondiente novedad era de cargo de la misma cooperativa y no del demandado, y vistas las pruebas reseñadas, es claro que ese certificado no corresponde a la realidad de su situación con relación a la misma.

Por lo demás, no hay prueba en el plenario de que hubiera utilizado su condición de concejal del municipio para facilitar o favorecer a la cooperativa en la adjudicación del contrato, ni que de alguna manera hubiera hecho gestión para dicha adjudicación y suscripción del contrato, y las irregularidades que se hubieran dado respecto de ese contrato son de la competencia de las autoridades penales y de control, a las cuales el actor puede hacérselas saber conforme los procedimientos de ley.

4. Conclusión.

Así las cosas, se evidencia que en el plenario no aparece demostrada ninguna de las conductas que el actor le endilga al concejal del municipio de Coveñas, Manuel Francisco Ríos Revuelta, de donde no se configura alguna de las causales de pérdida de la investidura que se invocan en la demanda.

En consecuencia, acorde con las apreciaciones del procurador primero delegado ante la corporación, la Sala encuentra fundadas las razones del fallo impugnado para negar las pretensiones de la demanda, por lo cual resulta impróspero el recurso de apelación interpuesto por el actor y, se debe confirmar ese fallo, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 23 de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual niega la pérdida de investidura de concejal del municipio de Coveñas que ostenta Manuel Francisco Ríos Revuelta, solicitada por el ciudadano Henry Villaroga Garcés.

2. En firme esta decisión, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de julio de 2009».

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