Sentencia 2008-00081 de febrero 12 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 73001-23-31-000-2008-00081-01(PI)

Ref.: Apelación sentencia. Pérdida de la investidura de concejal

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Orlando Segundo Mendoza Zuleta y Otros

Demandado: Eduardo de Jesús Ovalle Oñate y Otros

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia de la Sala y procedibilidad de la acción.

Esta sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el artículo 1º, Sección Primera, numeral 5º, del Acuerdo número 55 de 2003 expedido por el Consejo de Estado en cuanto señala que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Está acreditado en el proceso que los demandados adquirieron la calidad de concejal que se les atribuye, según consta en las actas de escrutinio respectivas, cuyas copias autenticadas obran en folios 198 a 123 del expediente. Por consiguiente, son sujetos pasivos de la presente acción.

2. La cuestión a decidir en la presente instancia.

El debate procesal en la presente instancia se circunscribe a establecer si los concejales demandados se posesionaron o no dentro del término de ley y si han incurrido en inasistencia a sesiones donde se voten proyectos de acuerdo, en el número señalado en el numeral 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

3. La norma aplicada al caso bajo examen.

El tenor del artículo 48, numerales 2º y 3º, de la Ley 617 de 2000, es el siguiente:

“ART. 48 (L. 617/2000)—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

“1. (...).

“2. Por inasistencia en un mismo periodo de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o de acuerdo, según el caso”.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

“PAR. 1º—Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.

“(...)”.

3. Examen de la alzada.

3.1. Sobre los hechos concernientes a la cuestión planteada, consta en autos:

3.1.1. Que el 2 de enero de 2008, con la presencia del alcalde, se reunieron los 13 concejales elegidos para el concejo del municipio de La Paz, Cesar, por el periodo 2008-2011 y declararon legalmente instalado dicho concejo y abierta sus sesiones (fl. 9).

3.1.2. Que por el orden alfabético fue elegido el presidente de la junta preparatoria el concejal Jaime Luis Cotes Zuleta, y como tal dirigió la sesión hasta la elección de la mesa directiva.

3.1.3. Que después de la declaratoria de instalación y de apertura de las sesiones, el concejal Orlando Mendoza invitó a los demás a ponerse de pie y prestar juramento, diciendo: “Coloquémonos de pies y levantemos la mano derecha para el juramento”.

3.1.4. Que los concejales colocándose de pie y levantando la mano derecha expresaron: “Juramos a Dios y prometemos al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

3.1.5. Que seguidamente intervino el señor alcalde para darles la bienvenida e invitarlos a trabajar por el bien del municipio, y luego se eligió mesa directiva.

Todo lo anterior se relata en el Acta 001 de 2 de enero de 2008, suscrita por la “secretaria-pagadora”, la cual fue sometida a discusión y aprobación a la plenaria, “no siendo aprobada en ninguna de sus partes por la mayoría de los miembros de la corporación”.

3.2. Los hechos reseñados se tienen como ciertos y en su realidad no han sido siquiera controvertidos por los actores de la presente causa, quienes se han centrado en controvertir la validez de la sesión y de lo acontecido en ella, llegando incluso a predicar su inexistencia por la no aprobación del acta.

3.3. Al respecto, la Sala advierte que la validez de una sesión y de lo que en ella ocurra y se decida, no depende de que el acta respectiva se apruebe o no, puesto que la misma no es la sesión ni constituye los actos que en ella se produzcan, sino de que se lleve a cabo en las condiciones legales y reglamentarias.

Por otra parte, el alcance del acta de cada sesión es servir de medio o instrumento de prueba y constatación de lo que lo acontecido en ese evento, en este caso, en la sesión del Concejo de la Paz, Cesar, realizada el 2 de enero de 2008, mediante “una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas”, según lo señala el artículo 26 de la Ley 136 de 1994.

En ese orden, al tenor del artículo 26 ibídem, el acta de la sesión anterior sólo debe ser sometida “a discusión, previa lectura si los miembros de la Corporación lo consideran necesario”, trámite en el cual podrá ser objeto de aclaraciones, correcciones o adiciones en su contenido, pero no de pretexto u oportunidad para invalidar la sesión respectiva y los actos así proferidos, a menos que sea de las reuniones a que se refiere el artículo 24 de la precitada ley, esto es, las que se realicen fuera de las condiciones legales y reglamentarias, y prima facie se observa que la del 2 de enero no es el caso, ya que todo indica que se efectuó dentro de las condiciones de tiempo, modo, lugar, quórum, etc, que prevé la ley, incluso por derecho propio de los concejales al tratarse de sesiones ordinarias.

3.4. En esas condiciones, donde no se percibe la invalidez manifiesta o de pleno derecho que prevé el artículo 24 en comento, la acción de pérdida de la investidura no es el escenario o ámbito procesal para dilucidar la legalidad de las decisiones y actos producidos en las sesiones de los concejos municipales, y en lo que a ella corresponde se ha de atender la presunción de validez de éstas y de legalidad de lo que en su desarrollo acontezca o se decida.

3.5. Por consiguiente, teniendo como cierto lo relatado sucintamente en el acta reseñada, y siendo lo relevante para el sub lite lo atinente a la posesión de los concejales demandados, la Sala tiene como efectuada o materializada esa diligencia de ejecución o cumplimiento del acto administrativo de elección, en la aludida sesión de 2 de enero, por todos los 13 miembros del referido concejo, en los cuales se cuentan los 7 aquí demandados, sin que a efectos de la misma sea trascendente o interese que el presidente de la junta preparatoria hubiera o no prestado juramento cuando asumió esa presidencia, o que se hubiera o no llamado a lista, como tampoco que la iniciativa para ponerse de pie y prestar el juramento de rigor hubiera sido de uno de los concejales, toda vez que como lo señala el Ministerio Público, lo hicieron ante quien en ese momento oficiaba como presidente de la corporación.

Esas censuras se refieren a formalidades que para el caso resultan no sustanciales, en la medida en que la sesión de instalación fue un claro ejercicio del derecho propio de los miembros de la corporación a reunirse en el periodo de sesiones ordinarias, y en su desarrollo aceptaron y avalaron la actuación del presidente, amén de la legitimación de la actuación de ellos.

3.6. En lo que corresponde a la otra causal que les ha sido enrostrada en el plenario, la Sala tampoco la encuentra probada, en la medida en que los mismos actores informan que los concejales inculpados sí asisten a las sesiones, pero que no contestan a lista o no intervienen en los debates o en las votaciones, situación que no encuadra en el tipo normativo examinado, esto es, no asistir a cinco (5) sesiones donde se voten proyectos de acuerdo, y en este caso la asistencia de ellos está reconocida en la demanda.

Así las cosas, cabe deducir que la causales señaladas en los numerales 2º y 3º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no se configuraron en cabeza de los concejales enjuiciados, de allí que el recurso no prospera y se ha de confirmar la sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 18 de junio de 2008, del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó la solicitud de pérdida de investidura de los concejales del municipio de la Paz, Cesar, señores Eduardo de Jesús Ovalle Oñate, José Rubén Seoanes Sierra, Sergio Iván Santana Mieles, Jorge Eliécer Santana Torres, Luis Daniel Gallego Maz y María Claudia González Oñate.

En firme esta decisión, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 febrero de 2009».

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