Sentencia 2008-00084 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 110013331019200800084 01

Número interno: 1848-2012

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Jorge Isaac Figueroa Herrera

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión se encuentra previsto en los artículos 185 a 193 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(3).

De conformidad con el artículo 185 ibídem, el recurso extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa, procederá contra las sentencias ejecutoriadas.

La Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 2009(4) declaró INEXEQUIBLE la expresión “dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

Y, de manera puntual sobre el recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa, señaló:

“(…) 5.1. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título XXIII, capítulo III, Sección Primera del Código Contencioso Administrativo. De conformidad con lo que establece el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(5).

Estas causales son similares a las estatuidas para los recursos extraordinarios de revisión en materia civil, penal y laboral. Cuando se presentan, autorizan al afectado a cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho. En estos eventos se considera que existen razones de justicia material que justifican desconocer la cosa juzgada, porque la sentencia cuestionada está basada en hechos falsos, o erróneos, cuya falsedad o incorrección no pudo ser conocida en el momento en que se profirió la sentencia recurrida.

Según lo establece el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión debe interponerse, dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia(6), mediante demanda que cumpla con los requisitos del artículo 137 del mismo estatuto(7), con la indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los soportes documentales necesarios(8), y del pago de una caución para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron parte del proceso cuestionado(9), cuando a ella hubiere lugar(10).

A diferencia de lo que establecía el Decreto-Ley 1 de 1984(11), la Ley 446 de 1998 restringió tal posibilidad de interponer este recurso a cierto tipo de procesos. En efecto, el artículo 185 cuestionado en el presente proceso establece que este recurso extraordinario de revisión sólo procede “contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”.

En esta medida, de acuerdo con esta regla, quedarían excluidas del recurso extraordinario de revisión, las sentencias proferidas en procesos de única instancia de competencia de los jueces administrativos, las sentencias no apeladas proferidas en los procesos conocidos por los jueces administrativos en primera instancia; las sentencias proferidas en segunda instancia por los jueces administrativos; y las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos (…).

En todos los eventos previstos en el artículo 188 Código Contencioso Administrativo, se garantiza al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus derechos. Tal como lo ha señalado esta Corporación en distintas oportunidades, el recurso extraordinario de revisión constituye un desarrollo armónico del derecho a acceder a la administración de justicia. Así, ha sido puesto de presente por la Corte al señalar que “[e]l artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes(12).

(…). Por tanto, no encuentra la Corte que exista un principio de razón suficiente, que justifique que una norma como la acusada, excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas, y en esa medida resulta contraria al derecho a acceder a la justicia, al derecho a la igualdad y al debido proceso.

Por lo anterior, la expresión “dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, sería inconstitucional por haber incurrido en una omisión legislativa relativa al no permitir que las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia de los Juzgados Administrativos y las de primera instancia de los Tribunales Administrativos, fueran posibles del recurso extraordinario de revisión”.

En este orden de ideas, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, la revisión es un medio de impugnación extraordinario que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia(13).

El recurso de revisión no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones consagradas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se consagró como un medio extraordinario de impugnación.

En el mismo orden de ideas, la procedencia de este recurso se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador(14).

De otra parte, las causales de revisión tienen por objeto garantizar la justicia de la sentencia, el principio de la cosa juzgada y el derecho de defensa, siempre y cuando hubieren sido transgredidos por motivos trascendentes o externos al proceso. La estructura interna del fallo, esto es, la normatividad sustancial en la cual se fundamentó, no es atacable por la vía de la revisión, dado que los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos al recurso(15).

En relación con las formalidades del recurso, el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, establecía que debía interponerse mediante demanda que reuniera los requisitos prescritos por el artículo 137 ibídem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda. Habida cuenta que el recurrente debía demostrar los supuestos de hecho y de derecho que conforman las circunstancias determinadas por el legislador como causales para recurrir en revisión y debía adjuntar las pruebas que tenía en su poder.

II. De la causal de revisión prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984(16).

Sostiene el recurrente, a través del presente recurso extraordinario de revisión, que el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre de 2010, respectivamente, incurrieron en la causal de revisión prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, al proferir las providencias antes anotadas.

En efecto, precisó el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera que, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrieron en una “vía de hecho por violación directa de la ley” al concluir que la asignación de retiro que venía percibiendo debió liquidarse con observancia de las disposiciones previstas en el Decreto 1213 de 1990.

Manifestó el recurrente que, al momento de establecerse el monto de la asignación de retiro que viene percibiendo, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no incluyó la prima de actividad en el porcentaje establecido en el Decreto 2070 de 2003, esto es, en valor equivalente al 50% de la asignación mensual devengada en servicio activo.

La anterior circunstancia, a su juicio, constituye un “error inexcusable” que no fue corregido en las sentencias hoy cuestionadas, dando lugar así a una causal de nulidad en las sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre de 2010 proferidas, como quedó visto, por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Precisado lo anterior, la Sala procede al análisis de las razones por las cuales se solicita la revisión de la sentencia aquí recurrida, esto es, la causal prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

La causal invocada es del siguiente tenor:

“ART. 188.—Modificado. Decreto 2304 de 1989, artículo 41. Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 57. Son causales de revisión: (…)

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Sobre dicha causal resulta pertinente traer en cita algunos apartes de la sentencia adoptada por la Sala Plena de esta Corporación el 20 de octubre de 2009, radicación 2003-0133, M.P. Enrique Gil Botero, en la cual se precisó que:

“(…) 2.2.2. Sobre dicha causal el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: Que se trate de situaciones originadas, o bien en la misma sentencia recurrida, en hechos que sobrevengan con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar sea distinta.

a) Que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues, éstas debieron alegarse en el curso de éste y no con posterioridad a él(17).

b) Que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico se encuentra sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y “(…) ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían groseramente (…)”(18).

c) Que tal nulidad se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo, cuando la sentencia aparece firmada con menor o mayor número de magistrados o adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley, o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in pejus(19).

En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc., porque de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia(20).

Sobre la ausencia de motivación, o en otros términos, acerca de la obligación de fundamentar las sentencias como imperativo o deber de los órganos jurisdiccionales, se ha dicho por la doctrina:

“No se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional; se trata de que la tutela judicial efectiva se anude con los extremos sometidos por las partes a debate.

“Por ello, la exigencia de motivación no implica necesariamente una contestación judicial expresa a todas y cada una de las alegaciones de las partes (…)””.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, advierte la Sala que la causal de revisión prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984(21), supone para su configuración la concurrencia de dos supuestos, a saber: i) la existencia de una nulidad originada en la sentencia que pone fin a un proceso y ii) que contra la sentencia no proceda el recurso de apelación.

En relación con el primero de los supuestos, esto es, la nulidad en la sentencia, considera la Sala que la misma no corresponde a las que se suscitan en el curso del proceso, sino a las originadas en la sentencia misma o en hechos que con posterioridad le sobrevengan los cuales, debe decirse, deben ser de tal entidad que la decisión a adoptar debería ser distinta.

En efecto, como quedó visto en precedencia, la tradición jurisprudencial de esta Corporación ha identificado una serie de circunstancias que afectan el cumplimiento de las ritualidades que rodean el acto mediante el cual el juez profiere la sentencia dentro de un proceso contencioso administrativo, las cuales constituyen las causales de nulidad a las que se refiere el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984(22).

Al respecto, i) la sentencia proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) la sentencia que se presenta firmada con menor o mayor número de magistrados o adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; iii) la sentencia expedida completamente sin motivación; vi) la sentencia proferida con violación al principio de la non reformatio in pejus, esto es, cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada y vii) decidir aspectos que no corresponden por falta de jurisdicción o competencia del juez, son los típicos casos en los cuales se advierte con claridad la nulidad en el acto mismo a través del cual se profiere una sentencia y que, se reitera, de acuerdo a lo previsto en el numeral 6º del artículo 188 ibídem dan lugar a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión.

Finalmente, y en lo que se refiere al segundo supuesto exigido por el numeral 6º del artículo 188 ibídem, a saber, que contra la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión no proceda el recurso de apelación, advierte la Sala que tal exigencia responde al mismo carácter excepcional del recurso de revisión, en tanto la parte recurrente no cuenta con otro medio o instrumento ordinario de defensa para controvertir la decisión definitiva adoptada, en estos casos, por un juez contencioso administrativo.

III. Del caso concreto.

Para efectos de entrar a estudiar el fondo del presente recurso extraordinario de revisión, la Sala considera pertinente verificar los supuestos exigidos para su procedencia por el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984.

Así las cosas, en primer lugar, se advierte que a través de la sentencia de 21 de octubre de 2010, por la cual se puso fin al proceso adelantado por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de apelación formulado, en su momento, contra la sentencia de 5 de febrero de 2010 por la cual el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., había negado las pretensiones de la demanda. La anterior circunstancia, a juicio de la Sala, satisface el primero de los presupuestos esenciales exigidos para el estudio del presente recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984.

Ahora bien, en lo que se refiere a la causal de nulidad que el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera, aduce contra las sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre de 2010 proferidas en su orden por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, debe decirse que la misma se erige sobre el supuesto “error de derecho en su modalidad de violación directa de la ley”(23) al no haberse aplicado a la situación prestacional del recurrente las disposiciones previstas en el Decreto 2070 de 2003.

Manifestó el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera que, su retiro del servicio como integrante de las filas de la Policía Nacional se produjo en vigencia del Decreto 2070 de 2003 razón por la cual, a su juicio, en la liquidación de la asignación de retiro que hoy viene percibiendo debieron tenerse en cuenta las partidas computables en el porcentaje previsto en dicha norma, esto es, un 50% de la asignación que percibía en servicio activo.

Sobre este particular, precisó el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional al establecer el monto de su asignación de retiro incluyó como partida computable la prima de actividad en un porcentaje igual al 20%, esto es, inferior al establecido en el Decreto 2070 de 2003 circunstancia, esta última, que pasó por alto el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, al concluir en las sentencias hoy recurridas que las disposiciones aplicables al caso del señor Jorge Isaac Figueroa Herrera eran las previstas en el Decreto 1213 de 1990.

En relación con lo anterior advierte la Sala que, la totalidad de los argumentos expuestos en el escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión, guardan relación con el fondo de la controversia conocida por esta misma Jurisdicción en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento formulada por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y definida mediante sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre 2010 proferidas, en su orden, por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Teniendo en cuenta lo expuesto, estima la Sala para el caso concreto que lo pretendido por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera, a través del presente recurso extraordinario de revisión, es reabrir el debate jurídico en punto de la procedencia de ordenar la reliquidación de la asignación de retiro que viene percibiendo en aplicación a lo dispuesto en el Decreto 2070 de 2003, esto es, con inclusión de la prima de actividad en porcentaje igual al 50%.

No se trata, como quedó visto en precedencia, del cuestionamiento frente a una sentencia proferida “cuando el proceso ya había culminado; por haberse firmado por un número distinto de los magistrados que debían intervenir; adoptarse sin motivación o con violación al principio de la reformatio in pejus”. Se trata, a juicio de la Sala, de una censura dirigida al problema jurídico planteado en el curso mismo de la acción contencioso administrativa formulada por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Bajo estos supuestos, declarar la prosperidad del presente recurso extraordinario traería consigo un nuevo análisis de la situación particular del recurrente, en lo que se refiere a la inclusión de la prima de actividad en un porcentaje equivalente a un 50% de la asignación devengada en servicio activo, circunstancia que como se expuso en precedencia resulta ajena a la naturaleza excepcional que el legislador le atribuyó al recurso extraordinario de revisión.

En este punto, la Sala no pasa por alto que el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera allegó a la presente actuación judicial copia de las sentencias de 7 de marzo de 2013, radicación 2108-10 y 10 de julio de 2014, radicación 2602-2011, M.P. Gustavo Gómez Aranguren a través de las cuales esta misma Sección, en sede de revisión, infirmó dos decisiones judiciales mediante las cuales se había negado la inclusión de la prima de actividad en la asignación de retiro a ex-miembros de la Policía Nacional en porcentaje igual al 55%.

Al respecto, debe decirse que en las sentencias en cita la Sala encontró probada la causal de nulidad por falta absoluta de motivación, al afirmar “que no se realizó ningún análisis frente al tema en particular de tal Decreto [2070 de 2003] para el cómputo de la prima de actividad”, circunstancias que dista de lo probado en el caso concreto.

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en el acápite dedicado a las sentencias proferidas por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, advierte la Sala que ambas instancias judiciales no sólo identificaron con claridad el problema jurídico planteado por el entonces accionante sino que, que previo el análisis de la vigencia de las normas invocadas, determinaron que la disposición aplicable a la situación particular del señor Jorge Isaac Figueroa Herrera era la prevista en el Decreto 1213 de 1990.

Sobre este particular, y para mayor ilustración, se transcriben algunos apartes de las providencias objeto del presente recurso extraordinario de revisión:

— Sentencia de 5 de febrero de 2015, proferida por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C.:

“(…) Ahora bien, con relación al tema en concreto, habrá de resolverse si efectivamente en el caso sub examine da lugar a dar aplicación de los decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 a la situación jurídica particular del demandante Jorge Isaac Figueroa Herrera, o si por el contrario, éstas normas no son aplicables por haber sido reconocida su asignación de retiro con fecha anterior a la promulgación del citado decreto o como en este caso dentro del tránsito legislativo. (…).

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mediante oficios GAG-SDP 7645 de 7 de septiembre de 2007 y 11598 de 17 de diciembre del mismo año, negó la solicitud del demandante [tendiente a obtener la inclusión de la prima de actividad en su asignación de retiro en un porcentaje igual al 50% de la asignación que percibía en servicio activo] argumentando la vigencia del Decreto 2070 de 2003, empezó a regir a partir de su publicación, es decir, el 28-07-2003 y mediante Sentencia C-432 de 2004 del 06-05-2004 proferida por la Corte Constitucional se declaró la inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, quedando vigente jurídicamente el Decreto 1213 de 1990; igualmente el Decreto 4433 de 2004 de 2004, comenzó a regir a partir del 31 de diciembre de 2004, no siendo aplicables los citados decretos para su caso, por cuanto su asignación mensual de retiro le fue reconocida en el imperio del Decreto 1213 de 1990, norma con la cual se consolidó el derecho, motivo por el cual esta entidad no le adeuda valor alguno por el citado concepto, como tampoco es posible acceder a su petición de reajuste de asignación de retiro en los términos de la solicitud”.

— Sentencia de 21 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B:

“(…) Luego fue expedido el Decreto 2070 de 2003 por medio del cual el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 17 (num. 3º) de la Ley 797 de 2003, reformó “…el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares”; sin embargo, éste fue declarado inexequible por la H. Corte Constitucional a través de Sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004, en razón a que “…la distribución de competencias entre el Congreso y el Presidente de la República, al momento de regular mediante ley marco el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública supone, en primer lugar, que el Congreso fije en la ley los elementos básicos del régimen general de las contingencias propias del sistema pensional y, en segundo término, que el Presidente de la República —con sujeción a dicho marca— establezca la normatividad destinada a reglamentar las materias que, por su variabilidad y contingencia, tornen imprescindibles acudir a la técnica de dicho tipo de ley” y como consecuencia, cobró vigencia, entre otros decretos, el 1213 de 1990. (…).

Así las cosas, al actor le resulta aplicable, para efectos de liquidar su asignación de retiro, el Decreto 1213 de 1990, dado que su derecho pensional se consolidó bajo la vigencia de éste (…)”.

Bajo estos supuestos, teniendo en cuenta que los supuestos de hecho de las sentencias invocadas por la parte recurrente no se replican con exactitud en el caso concreto, dirá la Sala que dichos pronunciamientos, contrario a lo expresado por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera, no resultan vinculantes para el caso bajo examen. Lo anterior, si se quiere dado los efectos interpartes de los mismos, esto es, frente a quienes en esa ocasión integraron el contradictorio en calidad de partes.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, concluye la Sala que al no estar satisfecho el segundo de los supuestos exigidos por el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, a saber la nulidad de la sentencia, resulta necesario negar la prosperidad del recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera contra las sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre de 2010 proferidas, en su orden, por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLARAR que no prospera el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jorge Isaac Figueroa Herrera contra las sentencias de 5 de febrero y 21 de octubre de 2010 proferidas, en su orden, por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.»

3 Vigentes al momento de haberse formulado el presente recurso extraordinario de revisión. En la actualidad deben verse los artículos 248, 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011.

4 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

5 El recurso extraordinario de revisión procede cuando se presenta una de las siguientes causales:

ART. 188.—Causales de revisión. 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

6 Código Contencioso Administrativo, artículo 187. Término para interposición del recurso. El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

7 Código Contencioso Administrativo, Artículo 189. Requisitos del recurso. (Modificado por la L. 446/98, art. 57) El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios. El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 4 de agosto de 1999, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente Q-063.

9 Código Contencioso Administrativo, artículo 190. Necesidad de caución. (Modificado por la L. 446/98, art. 57) El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el recurrente, en el término que al efecto le señale para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron parte en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se declarará desierto el recurso.

10 Código Contencioso Administrativo, Artículo 191. Trámite. (Modificado por la L. 446/98, art. 57) Prestada la caución, cuando a ella hubiere lugar, el ponente admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se notifique personalmente al demandado o demandados, para que la contesten, si a bien tienen, y pidan pruebas, dentro del término de diez (10) días. El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, al Ministerio Público. Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución, previa ejecutoria.

11 Decreto 1 de 1984: Artículo 185. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procederá contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y por los tribunales administrativos.

12 Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

13 Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo, respectivamente, y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de enero de 1977, Actor: Hotel Americano Ltda., M.P. Humberto Murcia Ballén.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, Rev. 194, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa.

15 Cf. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de enero de 1997, M.P. doctor Humberto Murcia Ballén y Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Bogotá, Editorial ABC, 1991, págs. 685 y 686.

16 Vigentes al momento de haberse formulado el presente recurso extraordinario de revisión.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Dra. Clara Forero de Castro, providencia de 28 de febrero de 1994, expediente 4380, actor: Departamento del Valle del Cauca.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, providencia de 3 de abril de 1995, expediente 6390, actor: José María Bautista Pérez.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda; C.P. Dra. Maria Eugenia Samper Rodríguez, expediente 11202, actor: Ezequiel Rodríguez Carrillo; C.P. Dra. Clara Forero de Castro, providencia de 28 de abril de 1998, expediente Rev 131, actor: Antonio Garcés González; C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, providencia de 4 de abril de 2000, expediente Rev 097, actor: Guillermo Antonio Builes; C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, sentencia de 20 de abril de 2004, expediente rev 132, actor: Gabriel Acosta Torres.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 17 de diciembre de 1998, expediente 11942, actor: Esteban Ossa Collazos.

21 Verse numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

22 Vigentes al momento de haberse formulado el presente recurso extraordinario de revisión.

23 Ver folio 13, cuaderno 1.