Sentencia 2008-00084 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 700012331000200800084 01 (48051)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Manuel Segundo Estrada Román y otros

Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Acción: Reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad / falso in dubio pro reo - sindicado no cometió la conducta - Reiteración jurisprudencial - Actualización de la condena por equidad.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 22 de abril de 2013, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(18).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(19), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupere la libertad y/o la providencia absolutoria quede ejecutoriada —lo último que ocurra—(20).

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Manuel Segundo Estrada Román, ocurrida entre el 10 de mayo de 1996 y el 24 de enero de 1997, fecha en la que obtuvo la libertad, siendo que, posteriormente, el 5 de julio de 2006 quedó debidamente ejecutoriada la resolución mediante la cual se precluyó la investigación penal adelantada en su contra(21). Por lo tanto, comoquiera que la demanda se presentó el 1º de abril de 2008(22), se impone concluir que se presentó dentro del término legal establecido para ese efecto(23).

2.3. En cuanto a la competencia funcional de esta Sala para conocer del presente asunto en segunda instancia, debe precisarse que la misma está circunscrita de forma exclusiva a los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación y la parte actora en sus respectivos recursos de apelación, razón por la cual, los demás aspectos que no fueron motivos de cuestionamiento quedaron fijados con la sentencia que profirió el tribunal a quo.

2.4. Los hechos probados.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

— Que mediante resolución de 11 de abril de 1996, proferida por la Dirección Nacional de Fiscalías - Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá, se ordenó vincular al proceso penal, a través de diligencia de indagatoria, a “SEGUNDO N. alias `DON SEGUNDO´”(24), en consecuencia, el 11 de mayo de 1996 se capturó al señor Manuel Segundo Estrada Román en cumplimiento a la orden de trabajo remitida por la Unidad Investigativa Judicial Antiextorsión y Secuestro - Gaula(25).

— Que mediante resolución de 6 de mayo de 1996, proferida por la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Fiscalías, se resolvió la situación jurídica del implicado y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación(26).

— Que en resolución del 30 de octubre de 1997, se revocó la medida de aseguramiento que le había sido impuesta al señor Estrada Román(27).

— Que el 26 de mayo de 1999, se declaró la nulidad de lo actuado a partir de la Resolución del 11 de noviembre de 1998 y se ordenó continuar con la instrucción del proceso(28).

— Que, la investigación adelantada en contra del señor Estrada Román culminó mediante resolución de 30 de mayo de 2006, cuando se precluyó la investigación penal a su favor, al no encontrar probados los delitos a él imputados(29). En dicha providencia, entre otras cosas se expuso (se transcribe textualmente):

“(…).

Por manera que el panorama procesal estudiado, ofrece tan solo el dicho tardío y evasivo de Sofía Lourdes contra el del procesado, y una diversidad de informes inconsistentes y carentes de respaldo probacional, así como una ausencia de gestión indagativa profusa, seria y responsable. Desde lo observado como bien lo advera nuestro colaborador hoy día de la instancia, hemos de señalar que bajo la única impronta de la imparcialidad, y criterios de razonabilidad y racionalidad, no queda otro camino por falta de mérito probatorio, que conceder la duda a favor del procesado (indubio pro reo) pues frente a una negación indefinida, y la inoperancia del Estado para demostrar lo contrario, mal puede mantenerse sub judice y per secula seculorum.

Es verdad sabida que eventualmente tras un señalamiento puede esconderse un enemigo oculto. También que al momento de la valoración de los testimonios, ésta no puede reducirse a la mera descalificación en razón a las calidades de quien declara, sino que impone hacer ponderación respecto de quién y por qué razón la vierte, cuál su consistente, veracidad y fidelidad, por tanto es el contenido de la declaración misma, el que en un momento dado, ofrece mérito, seriedad y credibilidad. Conforme a lo que aquí se ha escrutado, ello no resulta ser así pues dicha prueba testimonial, no soporta un estudio riguroso, merced a los manifiestos impedidos de su interés de afectación, y por los vacíos advertidos en su contenido.

Se determinará por tanto a la luz de la adjetiva procedimental enunciada, a dictar decisión preclusiva a favor de MANUEL SEGUNDO ESTRADA ROMAN, disponiendo la cancelación de las órdenes de captura libradas Ens. contra por cuneta de este asunto, y en el evento de no objetarse tal determinación, una vez en firme, disponer respecto de éste el archivo del asunto (…)”. (Resaltado del texto original).

— De otra parte, se observa que, mediante resolución del 20 de enero de 2010, se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Omar Palacio López, quien confesó los hechos en los que resultó muerto el señor Nelson Martelo Martelo(30).

— Que, Saturnina Isabel Román de Estrada(31), Rosa Helena Lima Fernández(32), Rosa Elena Estrada Vergara(33), Liseth Elena Estrada Rodríguez(34), Andrés David Estrada Lima(35), María Luisa Estrada Román(36), Luis Alberto Estrada Román(37), Selmira de las Mercedes Estrada Román(38), Fredys Emiro Estrada Román(39), Pablo José Estrada Román(40), Ledys Cecilia Estrada Román(41) y Etilvia Isabel Estrada Román(42) se encontraban legitimados al momento de la sentencia de primera instancia para el reconocimiento de los perjuicios morales.

2.5. Análisis de la Sala.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que, el afectado directo, fue procesado por los delitos de secuestro y homicidio que, como consecuencia de ello, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, razón por la cual estuvo privado de su libertad, y que, mediante providencia del 30 de mayo de 2006, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario declaró precluida la acción penal a su favor, en aplicación al principio del in dubio pro reo.

Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante no tuvo como fundamento la aplicación del in dubio pro reo, sino la inexistencia de prueba sobre la conducta investigada —toda vez que las pruebas aportadas no desvirtuaron más allá de toda duda la presunción de inocencia— y, sumado a esto que posteriormente sobrevivo la declaración del señor Omar Palacio López quien confesó los hechos y con ello evidenció la ausencia de responsabilidad del afectado directo. En consecuencia, en el presente asunto, se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad.

Ahora bien, bajo las premisas anteriores, concluye la Sala que es arbitrariamente desproporcionado pretender que se le pueda exigir al ahora demandante que asuma la carga pública consistente en ver la privación de sus derechos a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado(43), por un periodo de más de ocho meses en detención física y una investigación que duró más de diez años, como si se tratara de una carga que todos los ciudadanos debieran soportar.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(44), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que no estaba el señor Manuel Segundo Estrada Román en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por lo mismo, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que tuviera que padecer la limitación a su libertad hasta cuando, algo más de ocho meses después, le fueron precluidas las imputaciones formuladas por el Estado, exoneración de cargos que resultó de no haberse podido determinar por la administración de justicia que fuera el responsable de los delitos por los cuales se lo investigó; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(45).

En ese sentido, cabe agregar que la privación de la libertad del hoy demandante no se produjo como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al entonces detenido, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que su detención se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquél.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 22 de abril de 2013, respecto de la declaración de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por los hechos materia de este asunto, dado que el objeto del recurso de apelación de la parte demandada, estuvo orientado, exclusivamente, a que se absolviera de responsabilidad patrimonial a dicha entidad respecto de los hechos materia del presente asunto.

Ahora como la apelación presentada por la parte demandante, en relación con la solicitud de reconocer la indemnización de perjuicios morales a favor de Samira Isabel Estrada Román, se fundamenta en la autenticidad del registro civil de nacimiento, considera la Sala que es procedente acceder a lo solicitado, dado que a la luz del pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el cual se unificó la posición jurisprudencial sobre la valoración probatoria de esta clase de documentos, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso(46), resulta irrelevante si el documento se encuentra en copia simple o auténtica, en consecuencia, se procederá a reconocer a la mencionada demandante, en su calidad de hija, la misma suma establecida por el a quo a los demás hijos.

Frente a lo anterior, resulta necesario advertir que como el recurso de apelación tenía como objeto el reconocimiento de la indemnización de perjuicios morales a favor de Samira Isabel Estrada Román, se confirmará lo decidido por el a quo con relación a los señores Julio César Estrada Lima, Juan Carlos Estrada Lima, Juan Pablo Segundo Estrada González y Doris Margarita Estrada González.

Finalmente frente al tema relacionado con el lucro cesante, se procederá a estudiar dicho concepto y, por razones de equidad, a actualizar el monto reconocido como indemnización por daño emergente de la siguiente manera:

2.6. Indemnización de perjuicios.

2.6.1. Perjuicios materiales.

— Lucro cesante

Solicita la parte recurrente modificar la sentencia impugnada en lo relativo a la indemnización por lucro cesante, para en esta oportunidad liquidarlo, no solamente por el tiempo en que estuvo privado de la libertad el ahora demandante, sino por el término durante el cual estuvo vinculado al proceso.

También solicitó tener en cuenta el dictamen pericial allegado en primera instancia, al considerar que cumple con todos los requisitos exigidos por las normas procesales que lo rigen.

Sea lo primero dejar claro que la finalidad del experticio como medio probatorio es la de verificar hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos(47).

De conformidad con el numeral 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, cualquiera de las partes de un proceso judicial o ambas pueden hacer manifiesto su desacuerdo con el trabajo del experto y señalar los motivos por los cuales considera que el dictamen se equivocó de manera grave, según los dictados del numeral 4 del mismo artículo.

Se precisa que para que se configure el “error grave” en el dictamen pericial se requiere de la existencia de una equivocación en materia grave por parte de los peritos, vale decir una falla o dislate que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la Sección Tercera de esta corporación ha señalado in extenso lo que se transcribe a continuación (se transcribe textualmente):

“De todas formas, además de la libertad, de la soberanía, de la facultad y de la obligación que asisten al juez al momento de valorar el mérito probatorio de cada uno de los apartados de un dictamen pericial, ha de tenerse en cuenta, igualmente, que las partes pueden desempeñar un rol activo y determinante en la formación del convencimiento del fallador en torno al mérito probatorio de la pericia. Tal es el sentido de la regulación efectuada en el Código de Procedimiento Civil, especialmente en su artículo 238, con el fin de disciplinar la contradicción del dictamen pericial, pues se concede a las partes el derecho de objetarlo por error grave(48) y se señalan la oportunidad, los requisitos y las exigencias de dicha objeción, en particular, las de precisar, individualizar o concretar el yerro, indicando en qué consiste, de qué apartados o componentes de la peritación se predica, cuál es su gravedad e incidencia en las conclusiones y qué pruebas se estiman pertinentes para su demostración en defecto de su ostensibilidad.

Así las cosas, constituye presupuesto imprescindible de la objeción al dictamen pericial la existencia objetiva de un yerro fáctico de tal magnitud que ‘(...) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no hubiera sido el mismo (...)’(49), al punto de alterar de manera esencial, fundamental o determinante la realidad y, por consiguiente, suscitar en forma grotesca una falsa creencia que resulta significativa y relevante en las conclusiones a las cuales arriban los expertos. Esas críticas o divergencias con los estudios, análisis, experimentos y conclusiones de la pericia o la diversidad de criterios u opiniones a propósito de su contenido, son aspectos que han de ser considerados por el juzgador en su función de valoración del dictamen pericial —y de los restantes medios de convicción— y será el juez, por tanto, quien determine si los eventuales yerros o imprecisiones resultan trascendentes respecto del fondo de la decisión. En relación con este extremo, la jurisprudencia de Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado:

«... si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ... (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, ‘...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ‘... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ...’ (G. J. tomo LXXXV, pág. 604)(50)(51).

En el presente asunto, la prueba pericial que se practicó fue solicitada por la parte actora en la demanda, con el propósito de que los peritos establecieran los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados al demandante con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Manuel Segundo Estrada Román.

Dentro del término legal la parte demandada objetó el dictamen pericial presentado, por encontrar que adolecía de error grave, consideración a la que llegó con fundamento en los planteamientos que se transcriben a continuación (textualmente del original):

“Contiene graves errores en cuanto parte de calcular la producción arrocera y concretamente la de cultivos en San Benito Abad finca “El Limón” y finca “La Morena”, con información que según dice pero no se prueba en absoluto, le suministraron tres ciudadanos de quienes dice se llaman MIGUEL SALGADO RODRÍGUEZ, NAPOLEÓN DEL CRISTO IMBET GAZABON y el Dr. JOSÉ TOMÁS IMBET BERMÚDEZ de los cuales dice ´anteriormente relacionados, con tarjeta profesional Nº del Ministerio de Agricultura´.

“Frente a lo anterior, primero siquiera se demuestra la existencia de las citadas personas, menos su idoneidad profesional y la relación de los mismos con el cultivo de arroz, es decir es un simple dicho sin sustento alguno”(52).

El tribunal a quo, al efectuar la valoración del dictamen, en relación con el lucro cesante, advirtió que “no se encuentra amparado en un sustento técnico-científico que permita tener la certeza de la existencia de los perjuicios materiales por dicho concepto”, a lo anterior agregó que aunque se tenga en cuenta las declaraciones rendidas en el proceso “no está claro, para examinar las pérdidas, el número total de hectáreas de arroz efectivamente cultivadas”, indeterminación que prevalece en el dictamen pericial.

Lo anterior para concluir que el dictamen no adolece de error grave, sino que no aplica las consideraciones del estatuto procesal civil en la materia y por lo tanto se torna ineficaz para realizar el cálculo del lucro cesante.

Así las cosas, las referidas consideraciones son compartidas, en un todo, por esta Sala, pues si se verifica, ni el dictamen pericial ni la aclaración, contienen la explicación de las investigaciones efectuadas ni los fundamentos técnicos en que se fundaron, simplemente se muestran las conclusiones sin allegar los soportes que se utilizaron para arribar a las mismas.

Nada obstaría para que la Sala se apoyara en la peritación que diera cuenta de la configuración del perjuicio material alegado en la demanda, siempre que el respectivo dictamen se encontrara debidamente fundamentado y soportado, esto es, siempre que para el establecimiento de la existencia del perjuicio, el experto que rindió el dictamen hubiera realizado el cálculo del lucro cesante, consultando documentos contables, contratos entre otras pruebas que hubieran permitido determinar con claridad y precisión, el perjuicio material causado, de manera que en el dictamen se hubiere dejado constancia, con idénticas claridad y precisión, sobre (i) cuántas hectáreas cultivaba; (ii) cuál era la producción promedio de dichos cultivos y (iii) cuál era la ganancia obtenida con la labor.

No se trata, entonces, en estricto sentido, de que el dictamen pericial no hubiera podido ser una prueba idónea para acreditar el perjuicio material causado a la demandante, lo anterior teniendo en cuenta que el juez válidamente puede apoyarse en profesionales idóneos no solo para que éstos extraigan conclusiones fruto de la aplicación de las reglas y conocimientos propios del saber especializado que manejan a las circunstancias de hecho que constituyen materia de debate en el proceso —perito deducendi—, sino también para que esos mismos expertos, cuando haya lugar a ello, se apoyen o se valgan de sus conocimientos para constatar o verificar circunstancias o elementos fácticos cuya dilucidación resulta relevante para resolver el fondo de la cuestión. Nada habría obstado para que, en tales circunstancias, ante un dictamen pericial que demostrara, con claridad y precisión, cuál fue el lucro cesante sufrido por Manuel Segundo Estrada Román, hubiese sido la peritación la prueba en la cual encontrara sustento la eventual sentencia condenatoria.

Es dable agregar que el juez dispone de la facultad —que siempre ha de ser ejercida de manera razonada, con la pertinente y debida justificación— de apreciar libremente tanto las constataciones como las conclusiones, juicios y conceptos que forman parte del dictamen pericial, de manera que si lo encuentra insuficientemente justificado, incorrectamente soportado o conducente a conclusiones irrazonables o carentes de la apropiada demostración, como ocurre en el presente caso en relación con el lucro cesante, no tiene la obligación de acogerse a él sino, al contrario, de apartarse de su contenido, como en efecto lo hace la Sala en el presente proveído respecto de la peritación obrante en el plenario sub examine, por las razones que se han dejado expuestas con antelación.

A pesar de que la Sala se apartará del dictamen pericial, resulta razonable concluir que los reparos expuestos por la demandada no revisten las características que de la tacha por error grave prevé el Código de Procedimiento Civil, en tanto que no se evidencia —de lo expuesto por la entidad demandada— que el dictamen esté elaborado sobre bases erróneas de tal magnitud que conduzcan a conclusiones equivocadas sobre el objeto analizado en la pericia, sino que por el contrario los motivos de inconformidad versan sobre las apreciaciones, inferencias, juicios y deducciones a las que llegó el profesional.

Así las cosas, se comparte la deducción a la que llegó el tribunal de primera instancia en este tema, por lo anotado, en relación con el monto de liquidación no obra en el proceso prueba para determinar cuál era el ingreso promedio obtenido por el demandante con el ejercicio de sus actividades comerciales, pues no fueron aportados al proceso pruebas o documentos contables que permitieran hacerlo, por lo tanto, se comparte el valor de la base de liquidación tomada por el tribunal de primera instancia.

Ahora bien, en relación con el término a tener en cuenta para liquidar el lucro cesante, se tiene que en el plenario no obra prueba para determinar que el haberse encontrado vinculado al proceso por más de 10 años, le hubiera impedido al señor Estrada Román ejercer sus actividades comerciales y laborales, pues mediante Resolución del 30 de octubre de 1997, la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos revocó la medida de aseguramiento impuesta el 6 de mayo de 1996(53), momento en el cual recuperó su libertad para poder continuar ejerciendo las actividades cotidianas de su vida diaria.

Por todo lo anterior se confirmará en los mismos términos la liquidación por lucro cesante realizada en primera instancia y en esta oportunidad se procederá a actualizar la suma liquidada, desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha de esta providencia.

Así las cosas se tiene que, el a quo reconoció por concepto de lucro cesante: $ 5.204.946, en consecuencia la fórmula aplicable es la siguiente:

Ra=
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 5´204.946, correspondiente al lucro cesante determinado por el Tribunal a quo a folio 741 vto. del cuaderno de segunda instancia.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización (abr. 2017): 137.40

Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia: (abr./2013) 113.16

Reemplazando tenemos:

Ra=N
 

Ra = 6´319.897,32

— Daño emergente

Igualmente, así no haya sido objeto de apelación, por razones de equidad, se procederá a actualizar la suma liquidada por daño emergente, es decir $ 187.323.908 así:

Ra=
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 187´323.908, correspondiente al daño emergente determinado por el tribunal a quo.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización (abr. 2017): 137.40

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia: (feb./2010) 113.16

Reemplazando tenemos:

Ra=NN
 

Ra = 227´450.556

Indemnización total por perjuicios materiales: $ 233´770.453

2.7. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 22 de abril de 2013 en el proceso de la referencia, por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con los aspectos señalados en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán como sigue:

SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar por indemnización de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

DemandanteSMMLV
Manuel Segundo Estrada Román100
Saturnina Isabel Román50
Rosa Helena Lima Fernández50
Rosa Elena Estrada Vergara50
Liseth Estrada Rodríguez50
Andrés David Estrada Lima50
Samira Isabel Estrada Rodríguez50
María Luisa Estrada Román25
Luis Alberto Estrada Román25
Selmira de las Mercedes Estrada Román25
Fredys Emiro Estrada Román25
Pablo José Estrada Román25
Ledys Cecilia Estrada Román25
Etilvia Isabel Estrada Román25

TERCERO. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar por indemnización de perjuicios materiales la suma de $ 233´770.453, de la siguiente manera:

3.1. Por concepto de lucro cesante la suma de $ 6´319.897,32 a favor del señor Manuel de Segundo Estrada Román.

3.2. Por concepto de daño emergente, la suma de $ 227´450.556 a favor del señor Manuel de Segundo Estrada Román.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

18 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

20 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Resolución proferida el 30 de mayo de 2006.

22 Tal como consta a folio 36, cuaderno principal de primera instancia.

23 obra en el expediente copia de la constancia de ejecutoria, según la cual, la resolución antes aludida, quedó debidamente en firme el 5 de julio de 2006 (fl. 68, cdno. 5 de pbas.).

24 Folios 204 y 205, cuaderno 1 de pruebas.

25 Folios 61 y 62, cuaderno 2 de pruebas.

26 Folios 121 a 133, cuaderno 2 de pruebas.

27 Folios 73 a 77, cuaderno 4 de pruebas.

28 Folios 206 a 214, cuaderno 4 de pruebas.

29 Folios 48 a 57, cuaderno 5 de pruebas.

30 Obra a folios 234 a 242, cuaderno 5 de pruebas la resolución antes aludida en la cual quedó establecido lo siguiente (se transcribe textualmente):

“(…)Sabido es que el hecho consumado de Secuestro Extorsivo y como consecuencia de ello pierde la vida el señor NELSOM ANTONIO MARTELO MARTELO, debido a un tiro que recibe de parte de miembros pertenecientes a grupos armados al margen de la ley frente 35 de las FARC-EP, y así lo ha manifestado el sindicado OMAR PALACIO LÓPEZ, quien es claro en contar a este despacho en su confesión en la diligencia de indagatoria que efectivamente, hizo parte de la comisión comandada por alias TULIO, EDIBER, ÁLVARO y FABIAN, INTEGRANTES IGUALMENTE DEL FRENTE 35 DE LAS FARC-EP. Comisión que arrebató, y sustrajo de su propiedad de la finca donde residía la víctima y de la misma manera lo retuvo y le impidió hacer uso de su libertad. Hasta el punto que cuando al parecer el occiso se defendía fue ultimado a bala y herido en una pierna, trayendo como consecuencia que el señor NELSON ANTONIO MARTELO MARTELO, FALLECE. Hechos ocurridos el 27 de junio en el año 1995 zona rural del municipio de COROZAL (Sucre), en la finca `la Pereira´ de propiedad de MARTELO MARTELO. El secuestro fue llevado a cabo por varios hombres armados, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y frente a su hijo menor, quien después, aparece muerto al día siguiente en un paraje cercano, por causa de una anemia aguda producida por una herida ocasionada al recibir un disparo en su pierna al momento del plagio (…)”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).

31 Registro civil de nacimiento del señor Manuel Segundo Estrada Román a folio 38, cuaderno principal de primera instancia.

32 Obra a folio 64 del cuaderno de pruebas, la recepción de declaración jurada del señor Leonel de Jesús Benítez Ortega en la cual manifestó:

“CONTESTÓ: el señor MANUEL SEGUNDO ESTRADA ROMAN lo conozco desde la infancia (…) buen (sic) persona cumplido con sus deberes casado con la señora ROSA LIMA el cual somos compadres, en los actuales momentos viven en la casa materna (…)”. (se destaca); a su vez, a folio 67 del mismo cuaderno el señor Alcides Fidel Pineda Arrieta dijo en su declaración lo siguiente: “(…) CONTESTO: yo conozco al señora (sic) MANUEL SEGUNDO ESTRADA ROMAN desde muy pequeño (…) era una persona que estaba totalmente acreditada tanto en el municipio como en el departamento, todo el municipio lo conocía, era hijo de PABLO JOSE ESTRADA ROMAN y MARIA SATURNINA, es casado con la señora ROSA ELENA LIMA FERNANDEZ, de cuya unión hay muchos hijos (…)”. (se destaca). Finalmente a folio 74 del cuaderno de pruebas el señor Francisco Gonzalo Vélez Gallego expresó: “(…) CONTESTO: la familia del señor MANUEL SEGUNDO está conformado por la mamá señora SATURNIDA ROMAN, con su esposa ROSA LIMA (…)” (se resalta).

33 Registro Civil de nacimiento a folio 54, cuaderno principal de primera instancia.

34 Registro Civil de nacimiento a folio 56, cuaderno principal de primera instancia.

35 Registro Civil de nacimiento a folio 44, cuaderno principal de primera instancia.

36 Registro Civil de nacimiento a folio 58, cuaderno principal de primera instancia.

37 Registro Civil de nacimiento a folio 61, cuaderno principal de primera instancia.

38 Registro Civil de nacimiento a folio 67, cuaderno principal de primera instancia.

39 Registro Civil de nacimiento a folio 64, cuaderno principal de primera instancia.

40 Registro Civil de nacimiento a folio 72, cuaderno principal de primera instancia.

41 Registro Civil de nacimiento a folio 75, cuaderno principal de primera instancia.

42 Registro Civil de nacimiento a folio 78, cuaderno principal de primera instancia.

43 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación le impuso al señor Manuel Segundo Estrada Román, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

44 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 13168.

45 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 17.517 y del 15 de abril de 2010, expediente 18.284, entre otras.

46 Sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Dr. Enrique Gil Botero.

47 Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

48 Nota original de la sentencia citada: El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, de suerte que resulta menester, a efectos de que proceda su declaración, que concurran en él las características de verosimilitud, recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia.

49 Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, auto 25 de septiembre de 1939.

50 Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993, expediente 3446.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2.007); C.P. Mauricio Fajardo Gómez; radicación 250002326000199901954 01; expediente 25.177; en idéntico sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de marzo veintiséis (26) de dos mil nueve (2009); C.P. Mauricio Fajardo Gómez; radicación 250002326000198402089-01 (31.748).

52 Folios 597 a 599, cuaderno 2.

53 Folios 73 a 77, cuaderno 4 de pruebas.