Sentencia 2008-00092/43147 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 700012331000200800092 01

Número: 43.147

Actor: XXXXX XXXX XXXXX XXXXX y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Extractos: «I. Consideraciones.

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de los litigios y controversias en los que haga parte una entidad estatal, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, que introdujo el denominado criterio orgánico de jurisdicción.

El Consejo de Estado es competente, en segunda instancia, de los asuntos que versen sobre la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional, esto es, cuando se invoque (i) el error jurisdiccional, (ii) la privación injusta de la libertad de ciudadanos, o (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

1.2. Ejercicio oportuno de la acción o medio de control.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, establece que la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los casos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(2).

En el sub examine, la Sala advierte que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal, toda vez que el 26 de mayo de 2006 la Fiscalía General de la Nación decretó la preclusión de la investigación adelantada contra XXXXX XXXX XXXXX XXXXX (fls. 268 a 271 cdno. pruebas). Y, si bien, no existe constancia de ejecutoria, la Sala ha avalado que en estos eventos se cuente el plazo de caducidad desde la providencia que puso fin a la actuación.

En consecuencia, la parte actora contaba hasta el 27 de mayo de 2008 para la presentación de la demanda, y comoquiera que esta se formuló ese día, la Sala concluye que fue radicada de forma oportuna.

1.3. Legitimación en la causa.

XXXXX XXXX XXXXX XXXXX y su esposa tienen interés jurídico en el proceso, por cuanto aquel es el sujeto pasivo de la investigación penal y esta conforma su grupo familiar.

La Nación está legitimada en la causa por pasiva por ser el centro jurídico de imputación que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de los delitos.

Además, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial representan en este caso a la Nación, por ser las entidades encargadas de la investigación y juzgamiento, respectivamente, del delito que se le imputó al demandante.

2. Los hechos probados.

De conformidad con las copias auténticas del proceso penal adelantado contra XXXXX XXXX XXXXX XXXXX —medio probatorio solicitado por ambas partes— están probados los siguientes hechos:

2.1. El 19 de octubre de 2005, la Policía Departamental de Sucre, por órdenes de la Fiscalía General de la Nación, capturó al señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX (fl. 70 cdno. pruebas).

2.2. El 21 de octubre de 2005, XXXXX XXXX XXXXX XXXXX rindió indagatoria ante la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre), dentro de la investigación adelantada en su contra y varias personas más, señaladas del delito de rebelión (fls. 92 a 94 cdno. pruebas).

2.3. El 29 de octubre de 2005, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre) resolvió la situación jurídica de los vinculados al proceso penal. En relación con el señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, con fundamento en el siguiente razonamiento:

“En contra de XXXXX XXXX prácticamente solo existe el dicho del denunciante, el cual, como venimos sosteniendo no es suficiente para soportar la medida de aseguramiento en contra de los sindicados, máxime si tenemos en cuenta que poco o nada es lo que dice Wilfrido Segundo Barreto Olivera en su contra, razón por la cual, no se impondrá medida de aseguramiento” (fls. 183 a 191 cdno. pruebas).

En tal virtud, se ordenó la libertad inmediata de XXXXX XXXX XXXXX XXXXX.

2.4. El 26 de mayo de 2006, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre) decretó la preclusión de la investigación a favor de XXXXX XXXX XXXXX XXXXX (fls. 311 a 312 cdno. pruebas 1).

Los fundamentos de la preclusión fueron los siguientes:

“Pues bien, encontrándonos en la etapa de calificación sumarial, aquella situación [se refiere a la resolución de la situación jurídica] no ha variado para nada, manteniéndose incólume la misma. De allí que, no se necesitan hacer mayores disquisiciones para arribar a la conclusión que no existiendo pruebas sobre la responsabilidad de los encartados, lo viable es expedir resolución de preclusión de la instrucción, puesto que tenemos la firme convicción que hemos llevado a la práctica palpable el concepto de evitar que nuestro reproche se haga con apasionamiento y muestras de ánimo dogmático en ausencia de las reglas de la sana crítica, lo que sin duda ahondará en beneficio de una pronta, cumplida y eficaz administración de justicia, decisión que favorece a los señores… pues fue concluyente la Fiscalía de que al momento de abstenerse de imponer medida de aseguramiento se vislumbraba ciertas dudas sobre la veracidad de los hechos, por considerarse que estas personas puedan haber prestado su concurso a la guerrilla de las Farc… subsistiendo solamente la sindicación del denunciante a quien este despacho no le da la mayor credibilidad porque muy a pesar de ser reinsertado de la subversión le aparecen ciertos antecedentes delictivos que colocan en duda su idoneidad; es de resaltar que en una declaración rendida ante la Fiscalía Primera Especializada manifestó que nunca conoció estos frentes, no simpatizaba con ellos, nunca les colaboró, estas manifestaciones dan al traste o sepultan la sindicación en todo su contexto” (fls. 268 a 271 cdno. pruebas).

3. La privación de la libertad como escenario de responsabilidad de la administración de justicia.

La Sala ha sostenido de forma reiterada que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(3), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en Sentencia del 2 de mayo de 2007 se precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”.(4).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una ultractividad del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(5).

De modo que, el Estado será responsable por daño especial —régimen objetivo— en aquellos casos en que la absolución o preclusión de la investigación se adopte por cualquiera de las siguientes causales: (i) porque el hecho imputado no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) el hecho o conducta no era punible, o (iv) por aplicación del principio de in dubio pro reo(6).

Por el contrario, si la causal de absolución o preclusión tiene un fundamento distinto, la parte actora estará compelida a acreditar una falla del servicio —régimen subjetivo—.

Por último, la Sala ha sostenido que en todos los casos —responsabilidad objetiva u subjetiva— es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable a una fuerza mayor, el hecho determinante y exclusivo de un tercero, o que provenga de la culpa grave de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

4. Caso concreto.

El daño antijurídico, a diferencia de lo sostenido por el a quo, se encuentra demostrado porque el señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX fue capturado el 19 de octubre de 2005 y liberado el 29 siguiente. De otro lado, la privación del ciudadano se produjo intramuros (física) en una estación de policía.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la Sentencia del 4 diciembre de 2006(7), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria o auto de preclusión.

En tal virtud, la restricción de la libertad solo será un daño jurídico —y, por lo tanto, no resarcible— cuando se haya declarado responsable penalmente al procesado, porque en estos eventos la pena es una restricción que el demandante está compelido a soportar y tolerar por integrar un Estado de Derecho.

De modo que, se itera, si el proceso penal termina con decisión absolutoria, preclusión o cesación del procedimiento siempre existirá daño antijurídico ante la constatación de que existió, efectivamente, una restricción o limitación —física o jurídica— al derecho a la libertad.

Ahora bien, la Fiscalía decretó la preclusión de la investigación con fundamento en la inexistencia del hecho investigado. En efecto, se concluyó que la conducta investigada no ocurrió porque se le restó toda credibilidad a la denuncia presentada por el exguerrillero XXXX XXXXX XXXXX.

En casos como el sub lite, para que opere la responsabilidad del Estado, la parte actora solo debe demostrar los siguientes elementos: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente. 

Por el contrario, a las entidades demandadas les correspondía acreditar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa grave de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(8).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandante tiene vocación de prosperar, por lo que se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación —con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación— por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX.

En efecto, en el caso sub examine solo será declarada responsable la Fiscalía General de la Nación porque fue su actuación exclusivamente la que produjo el daño antijurídico, en tanto que ordenó la captura del demandante.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales.

Daño emergente

En la demanda se solicitó por concepto de perjuicios materiales la suma de $6´000.000,00 a título de daño emergente por el pago de honorarios profesionales de abogado.

La Sala se abstendrá de reconocer una indemnización por este rubro, toda vez que no se acreditó el contrato, el pago o la actuación de un apoderado del señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX en el proceso penal. Por lo tanto, se trata de un perjuicio que no está demostrado.

Lucro cesante

En la demanda se afirmó que el señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX se dedicaba a la actividad comercial de venta de víveres; esa situación laborar también se desprende de las providencias adoptadas en el proceso penal. No obstante, no se estableció la suma que devengaba por esa labor.

Así las cosas, la Sala aplicará la presunción de salario mínimo y, por ende, se actualizará el vigente para el año de la privación, esto es, 2005:

FORMULAS-009201-A
 

Ra = $612.867,oo

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017 ($737.717) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante, la cual será incrementada en un 25% según se dijo anteriormente.

De otra parte, no se reconocerá el período de 8.75 meses que una persona tarda, en promedio, en conseguir trabajo una vez sale de la cárcel porque el demandante ejercía una labor independiente.

737.717 x 0.25 = 184.429+ 689.455 = 922.146

Período a indemnizar: once (11) días, que corresponden a 0,36 meses(9).

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $922.146 como ingreso base de liquidación.

FORMULAS-009201-B
 

FORMULAS-009201-C

S = $331.456,oo

Total perjuicios materiales por lucro cesante: trescientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($331.456,00).

5.2. Perjuicios morales

La Sala Plena de la Sección Tercera, en Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(10), estableció los siguientes parámetros para la tasación y liquidación del perjuicio moral en casos de privación injusta de la libertad:

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ver tabla
Reparación del Daño Moral en Caso de Privación Injusta de la Libertad
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidadParientes en el segundo grado de consanguinidad Parientes en el tercer grado de consanguinidad Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo gradoTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses  50% del monto de la víctima directa35% del monto de la víctima directa25% del monto de la víctima directa15% del monto de la víctima directa
smlmv
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1 mes157,55,253,752,25

 

Así las cosas, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor XXXXX XXXX XXXXX XXXXX le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque que es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus familiares, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

En el sub examine, está demostrado que la privación de la libertad se prolongó durante once (11) días; se demostró, además, que XXXXX XXXX XXXXX XXXX es su esposa de acuerdo con el registro civil de matrimonio aportado (fl. 14 cdno. 1).

En consecuencia, se reconocerán las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:

Demandantesmlmv
XXXXX XXXX XXXXX XXXXX15
XXXXX XXXX XXXXX XXXXX (esposa) 15

6. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo— indica que sólo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 29 de septiembre de 2011.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios causados a los demandantes, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar las siguientes indemnizaciones:

3.1. Por daño moral las siguientes sumas de dinero:

Demandantesmlmv
XXXXX XXXX XXXXX XXXXX15
XXXXX XXXX XXXXX XXXXX (esposa) 15

3.2. A título de lucro cesante la suma de trescientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($331.456,00) a favor de XXXXX XXXX XXXXX XXXXX.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Por Secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

2. Sentencias del 14 de febrero de 2002, rad. 13.622 y del 11 de agosto de 2011 rad. 21.801.

3. “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

4. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15.463.

5. En este sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de octubre 2011, rad. 19.151.

6. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 13168.

8. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 17.517 y del 15 de abril de 2010, rad. 18.284, entre otras.

9. Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Causado Moreno fue privado de la libertad (19 de octubre de 2005) hasta el momento en que la recobró (29 de octubre de 2005).

10. Rad. 27.709