Sentencia 2008-00094 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 05001 23 31 000 2008 00094 01 (2638-12)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Autoridades nacionales

Actor: Clara Inés Londoño Santamaría

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de la Resolución 705 de septiembre 24 de 2007, expedida por el apoderado general liquidador de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación mediante la cuales se reconocieron las prestaciones sociales definitivas y la indemnización por supresión de cargo a la señora Clara Inés Londoño Santamaría, sin tener en cuenta lo previsto en la convención colectiva de trabajo en cuanto a esos reconocimientos.

De conformidad con la certificación que obra a folio 25, suscrita por la coordinadora de talento humano de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación, la demandante laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales desde el 26 de octubre de 1990 hasta el 25 de junio de 2003, cuando se escindió dicho Instituto y a partir de allí fue incorporada a la planta de personal de la ESE Rafael Uribe Uribe automáticamente y sin solución de continuidad.

Mediante Decreto 405 de febrero 14 de 2007 (fls. 135 a 145) se ordenó la supresión y liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, proceso que tendría una duración máxima de un año, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, vencido el cual quedarían suprimidos la totalidad de empleos y cargos de sus servidores públicos, de conformidad con lo señalado en el artículo 12.

A través del Decreto 3041 de agosto 10 de 2007 se aprobó la modificación de la planta de personal de la ESE Rafael Uribe Uribe(1), razón por la cual se comunicó a la demandante tal decisión y se produjo su desvinculación.

La liquidación de las prestaciones sociales e indemnización por supresión del empleo fue realizada mediante Resolución 705 de septiembre 24 de 2007 (fls. 17 y 18) con base en lo dispuesto en el Decreto 405 de febrero 17 de 2007; sin embargo, para dicha liquidación no se tuvo en cuenta la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social.

Por tal razón, la demandante considera que la liquidación de sus prestaciones definitivas e indemnización por supresión del empleo debió realizarse con base en lo dispuesto en dicha convención colectiva de trabajo según lo decidido por la Corte Constitucional en sentencias C-314 y C-349 de 2004 en las cuales se estudió la constitucionalidad de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 y el literal d) del artículo 16 del mismo decreto, respectivamente, en virtud del cual se dispuso la escisión del ISS.

En torno a la garantía de los derechos adquiridos y la aplicación de la convención colectiva de trabajo a los trabajadores oficiales a quienes se les cambió la naturaleza de su empleo, la Corte Constitucional sostuvo:

“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas.

(...).

Como la Corte ha destacado la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado claramente los derechos adquiridos de las simples expectativas, y coinciden en afirmar que los primeros son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas “expectativas”, pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador (Sent. C-453/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis)

(...).

En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

(...).

Por otro lado, adicional a los argumentos expuestos, esta Corte estima que el cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no implica la pérdida total de los derechos laborales de los trabajadores afectados, pues la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas de trabajo en el caso de los empleados públicos no constituye una disminución de su derecho de asociación.

(...).

En este sentido, ya que el cargo de la demanda carece de fundamento, el aparte acusado del artículo 16 debe ser declarado exequible, pues el mismo se limita a señalar que por virtud de la reestructuración del ISS y de la creación de las empresas sociales del Estado indicadas en el mismo decreto, los trabajadores oficiales verán modificado su régimen por el de empleados públicos, con las consecuencias jurídicas que dicho cambio comporta.

(...).

Por lo mismo y acorde con la tesis general de los derechos adquiridos, las meras expectativas, es decir, las situaciones jurídicas que no se han configurado o consolidado en cabeza de sus futuros titulares, pueden ser discrecionalmente modificadas por el legislador de acuerdo con la evaluación que haga de las necesidades públicas. Así lo estableció el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 al señalar que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley que las anule o las cercene”.

(...).

De acuerdo con lo dicho al final del capítulo anterior, el aparte acusado del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003 no contiene ninguna disposición que implique o sugiera el desconocimiento de derechos adquiridos, partiendo de la base de que la modificación del régimen laboral no es violatoria de ningún derecho adquirido. Esto por cuanto que el artículo 16 solo prescribe el cambio de régimen laboral de trabajador oficial a empleado público, sin que se regule aspecto alguno relacionado con los derechos afectados por dicho cambio. En este sentido, al artículo 16 no le cabe ningún reproche de inconstitucionalidad.

(...).

El segundo aparte reconoce que en todo caso se respetarán los derechos adquiridos, lo cual significa, para la norma en estudio, que tanto en el régimen salarial como en el prestacional debe seguirse la regla general que prescribe el respeto por los derechos adquiridos. En efecto, como lo establece el encabezado de la disposición y lo recuerda el primer aparte analizado, el respeto por los derechos adquiridos no solo comprende aquellos derechos de orden prestacional sino también los de orden salarial, pues ambos espectros del régimen laboral son susceptibles de generar este tipo de garantías consolidadas. Así pues, en aras de la protección de los derechos de los trabajadores, la expresión “en todo caso” debe declararse exequible, pero interpretarse como referida al régimen tanto de salarios como de prestaciones.

(...).

En primer lugar, la expresión señalada del artículo 18 es inconstitucional porque únicamente hace referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera los derechos adquiridos en materia salarial. Aunque dicho defecto podría resolverse gracias a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión “en todo caso”, la inexequibilidad de la expresión demandada proviene del hecho de que al definir lo que debe entenderse por derecho adquirido, no incluye en el espectro de protección de los mismos aquellos correspondientes al régimen salarial de los empleados públicos de las entidades creadas por el Decreto 1750 de 2003. Es claro que los derechos adquiridos no se dan en el campo meramente prestacional sino también en el salarial, como ocurre, por ejemplo, con la remuneración a que se tiene derecho por razón de trabajar horas extras. Esto demuestra que la definición del artículo 18 no cubre la totalidad de los presupuestos que constituyen el ámbito de protección de los derechos adquiridos.

(...).

Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico”(2) (se resalta).

Ahora bien, en Sentencia C-349 de 2004 se precisó:

“Por lo tanto, la incorporación “automática y sin solución de continuidad quiere decir: (i) que se produce sin necesidad de requisitos adicionales a la expedición del Decreto 1750 de 2003; (ii) que por lo mismo no requiere de la formalización de una nueva relación laboral; (iii) que implica la prórroga de la relación laboral preexistente, sin suspensión temporal de la misma, aunque ella venga a ser regida por un régimen laboral nuevo, como sucede cuando el trabajador oficial viene a ser empleado público.

Este último efecto inmediato y sin solución de continuidad, es definido directamente por el parágrafo del artículo 17 que al efecto dispone que la no suspensión de la relación laboral significa que se computará, para todos los efectos legales, el tiempo servido al Instituto de Seguros Sociales, con el tiempo que se sirva en las nuevas empresas que se crean.

Se pregunta entonces la Corte si las anteriores circunstancias, derivadas todas ellas del alcance de las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad tienen el efecto de desconocer las garantías de asociación sindical y de negociación colectiva, por implicar la perdida de benéficos logrados convencionalmente, como afirman los demandantes.

A juicio de la corporación, la circunstancia que produce el desconocimiento de derechos laborales no radica en el hecho del que automáticamente y sin solución de continuidad los trabajadores oficiales se incorporen como empleados públicos a la nueva planta de personal (o que simplemente en la misma condición antes ostentada de trabajadores oficiales pasen a formar parte de ella), sino que dicho desconocimiento de garantías proviene de la definición de derechos adquiridos acogida por el legislador en el aparte final del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, la cual, como fue expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, implicaba la desprotección de las garantías salariales y de las convencionales.

Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador-trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente.

Por todo lo anterior, la Corte no estima que las expresiones acusadas contenidas en el artículo 17 y en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 tengan la virtualidad de desconocer las garantías de asociación sindical y de negociación colectiva por implicar la pérdida de los derechos emanados de la convención vigente.

No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004”(3).

Es decir, la Corte Constitucional en las precitadas sentencias, fijó el límite de protección de los derechos convencionales de quienes sufrieron la modificación de la naturaleza del empleo a la luz de lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2003, precisando que a quienes estuvieren cobijados por la convención colectiva de trabajo, se les respetarían los derechos de ella emanados, mientras permaneciera su vigencia.

Entonces, para establecer si la demandante tenía derecho al reconocimiento de su indemnización y prestaciones con base en la precitada convención colectiva de trabajo, es necesario verificar hasta qué fecha tenía vigencia dicha convención a fin de determinar su aplicabilidad en el caso concreto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la convención colectiva suscrita en el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad Social (fls. 346 a 380), la vigencia de la misma era de 3 años comprendidos entre el 1º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004.

No obstante lo anterior, el apoderado de la demandante sostiene que dicha convención colectiva de trabajo aún continúa vigente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 478(4) del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual se entiende prorrogada automáticamente cada 6 meses y por ello la considera plenamente aplicable para la liquidación de las prestaciones sociales e indemnización que reclama.

Sobre el particular, esta corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en decisiones anteriores, en las que se ha considerado que la vigencia de la mencionada convención colectiva no se prorrogó sucesivamente cada 6 meses, como lo pretende la parte accionante. Así lo consideró esta subsección en sentencia cuyo aparte se trascribe:

“Cabe recordar que en casos similares al presente, la Sala ha considerado que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad Social debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación expedida por el coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de la Protección Social. Por consiguiente, el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos, al pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos se puede acudir a la denuncia de la convención, por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable”(5).

Así las cosas, al no estar vigente la convención colectiva de trabajo en el momento en que se produjo la desvinculación del servicio de la demandante, no podían invocarse derechos adquiridos para su aplicación en materia de liquidación de sus prestaciones sociales definitivas y la indemnización reclamada, pues bien precisó la Corte Constitucional en sentencias C-314 y C-349 de 2004 que el respeto de tales derechos adquiridos solo se garantizaría mientras subsistiera la vigencia de dicha convención colectiva.

En las anteriores condiciones, y comoquiera que al momento de la desvinculación del servicio la demandante tenía la condición de empleada pública, sus prestaciones e indemnización por supresión de cargo estaban sometidas a la aplicación de la ley, en especial, en materia de indemnización lo dispuesto en el artículo 14(6) del Decreto 405 de febrero 14 de 2007(7) y el artículo 18(8) del Decreto 1750 de 2003 en materia de salarios y prestaciones sociales, es decir, las establecidas por el Gobierno Nacional para los empleados públicos del orden nacional, como en efecto se liquidaron y no en acuerdos convencionales que ya perdieron su vigencia.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de la resolución acusada, la Sala confirmará la decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda.

De folios 473 a 479 obra copia del poder general conferido a la abogada Carmen Elba de León Brand para ejercer la defensa y representación judicial del Ministerio de la Protección Social, por lo que se le reconocerá personería para actuar en representación de esa entidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso promovido por Clara Inés Londoño Santamaría contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de la Protección Social - Fiduprevisora S.A. y la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación.

RECONÓCESE a la abogada Carmen Elba de León Brand, como apoderada judicial del Ministerio de la Protección Social, en los términos del poder general visible de folios 473 a 479 del expediente.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Según lo descrito en las consideraciones de la Resolución 705 de septiembre 24 de 2007 (fls. 17 y 18).

(2) Sentencia C-314 de abril 1º de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(3) Sentencia C-349 de abril 20 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(4) “Prorroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”.

(5) Sentencia de febrero 16 de 2012, radicación 05001-23-31-000-2008-00143-01 (0665-10), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(6) “Indemnización. La tabla de indemnización a que tienen derecho los servidores públicos incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de personal de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe en cumplimiento de la Sentencia C-349 de 2004, cuyos empleos sean suprimidos como consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad, será la siguiente: (...) 3. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y cuarenta (40) días de salarios por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos”.

(7) Folios 135 a 145.

(8) “Del régimen de salarios y prestaciones. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional”.