Sentencia 2008-00126 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 70001-23-31-000-2008-00126-01(0259-12)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Alberto José Bertel Barboza

Demandado: Municipio de Corozal

Autoridades municipales

Bogotá, D. C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se contrae a determinar en primer lugar, si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al periodo 1996 a 2000.

El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia proferida el 11 de agosto de 2011, negó las pretensiones de la demanda por encontrar probada la prescripción del derecho alegado.

La parte actora interpuso recurso de apelación, argumentado que el derecho a reclamar la sanción moratoria no se encuentra prescrito, teniendo en cuenta que presentó diferentes peticiones entre ellas las radicadas el 20 de junio de 1997, marzo 23 de 2001 y junio 2 de 2005.

Para efectos de resolver, se tiene lo siguiente:

El auxilio de cesantía es una prestación social de carácter especial que constituye un ahorro forzoso de los trabajadores para auxilio en caso de quedar cesantes, prestación que se debe reconocer y pagar a la terminación de la relación laboral.

Por lo anterior, la ley establece mecanismos para garantizar que al servidor público cuyo vínculo laboral se da por terminado, se le paguen las cesantías a las que tiene derecho de forma oportuna y sin dilaciones por parte de la administración. Ello obedece a la especial protección que tiene el trabajo en el sistema jurídico colombiano.

Como forma de contrarrestar los efectos negativos que en la mayoría de situaciones tiene el incumplimiento por parte de las entidades en la consignación y pago oportuno del auxilio de cesantías, el legislador quiso establecer un término perentorio, dentro del cual la entidad empleadora debe reconocer y pagar las cesantías definitivas al ex servidor público, so pena de generarse una sanción moratoria a su cargo, ya sea por la terminación de la relación laboral o por las causadas a 31 de diciembre de cada año.

La Ley 50 de 1990, modificó el sistema de liquidación, reconocimiento y pago de cesantías en el sector privado, a través de los llamados fondos de cesantías. Concretamente señaló las características de este régimen anualizado en su artículo 99.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 hizo extensiva la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996 en los siguientes términos:

“A partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

(…)” (resalta la Sala).

Posteriormente, fue expedido el Decreto 1582 de 1998 por el cual se reglamentó el artículo 13 de deferida ley, y entre otros aspectos dispuso lo siguiente:

“El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; (…)”.

En efecto, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, textualmente preceptúa:

El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

(…)

3ª) El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

De las normas trascritas, se concluye que mientras la Ley 344 de 1996 estableció el nuevo régimen anualizado de cesantías y el sistema que se debe aplicar para las personas vinculadas con el Estado, el Decreto 1582 de 1998 fue el que consagró la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, a los servidores públicos de los entes territoriales (10 de agosto de 1998).

El nuevo régimen, además de contemplar que a 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer una liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, ordena que dicho valor se consigne antes del 15 de febrero del año siguiente en una cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija, y que en caso del incumplimiento de dicha obligación, la sanción moratoria procede en cuantía de un día de salario por cada día de retardo.

Hecho el anterior recuento normativo, y habida cuenta que el actor fue vinculado en el municipio de Corozal y se posesionó el 17 de enero de 1996, (folio 8 el expediente), es claro, que no se encontraba dentro del régimen anualizado de cesantías, por cuanto su vinculación es anterior al 31 de diciembre de 1996 y además no existe constancia de haberse afiliado a esa época a un fondo de pensiones y cesantías.

A su turno, el artículo 3º del citado Decreto 1582 de 1998, contempló la posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley 344 de 1996 que gocen de régimen de retroactividad de acogerse al régimen de cesantías previsto en la citada Ley, caso en el cual, se procederá de la siguiente forma:

“a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición”.

En el expediente, quedó demostrado que la vinculación del actor se efectúo con anterioridad a la Ley 344 de 1996, y por esta razón en principio no le era aplicable el régimen previsto en la citada normatividad, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, salvo que decidiera acogerse al mismo, lo cual no se vislumbra del material probatorio allegado al plenario.

Pese a que el actor manifiesta que de las reclamaciones que elevó ante la entidad territorial, se entiende que esta incumplió con su deber de afiliarlo a un fondo de cesantías, revisadas las mismas se tiene que no expresó su intención de acogerse.

En efecto, de la reclamación elevada el 29 de junio de 1997, se observa que son varios los empleados de la Alcaldía de Corozal, entre ellos el actor, que solicitan el reconocimiento de algunas acreencias laborales, subsidio familiar, dotación, prima de vacaciones, cesantías con su respectiva sanción moratoria, sin que el actor haya indicado expresamente querer acogerse al nuevo régimen anualizado o indicar el Fondo al cual debía consignarse sus cesantías.

La segunda petición la elevó el 23 de marzo de 2001, sin que en el contenido de la misma hubiera hecho petición alguna respecto de la sanción moratoria, pero sí con respecto a las cesantías, como tampoco indicó su deseo de acogerse al nuevo régimen, el texto es el siguiente:

“De manera atenta y respetuosa nos permitimos informarles, que el M/pio de Corozal – Sucre, tiene unas acreencias vencidas con algunos funcionarios en lo relacionado así:

Dotación,

Subsidio familiar,

Aporte a pensiones y cesantías

Descuento aporte sindical y otros.”

Solo con la tercera reclamación presentada el 2 de junio de 2005, solicitó específicamente el pago de las cesantías parciales e intereses correspondientes al período comprendido entre el 17 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2000 al Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, pero como quiera que con antelación a esta petición al interior del proceso no existe prueba, respecto a desde cuando la actora se acogió por los años reclamados al régimen anualizado de cesantías, cualquier análisis en torno a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es impertinente, por cuanto no se puede derivar el incumplimiento de la entidad sin la manifestación expresa del actor de acogerse al nuevo régimen(1), y por tal razón se negarán las suplicas de la demanda.

En consecuencia, se revocará, el numeral primero de la sentencia del Tribunal de origen, en cuanto declaró la prescripción del derecho y se confirmará en lo demás.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral primero de la sentencia de 11 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en cuanto declaró la prescripción de los derechos reclamados.

CONFÍRMASE en lo demás, por las razones aquí expuestas.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Sentencia de ocho (08) de junio de dos mil seis (2006).Rad.: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05). Actor: Ana Nemira Bernal Ávila. Demandado: Municipio de Tunja