Sentencia 2008-00135 de junio 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 17001-23-31-000-2008-00135-01

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Jairo Vallejo Román

Demandado: Gobernador del departamento de Caldas

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil nueve.

Decide la Sala del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia desestimatoria proferida el 1º de diciembre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. La demanda

1. Las pretensiones.

Con la demanda se solicita:

“1. Se decrete la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 GO, por medio del cual se declaró electo para el cargo de gobernador de Caldas, por el Partido Liberal Colombiano, circunscripción electoral de Caldas, periodo Constitucional 2008-2011, al señor Mario Aristizábal Muñoz.

2. Se ordene la realización de nuevas elecciones para la gobernación de Caldas, como consecuencia de la nulidad decretada con base en la causal de nulidad 1ª consagrada en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

3. Se decrete la suspensión provisional en el desempeño del cargo como gobernador de Caldas para el cual resultó electo el 28 de octubre de 2007, el señor Mario Aristizábal Muñoz, como lo faculta el inciso segundo del artículo 230 del Estatuto Contencioso Administrativo.

4. Se inste a las autoridades de competencia electoral, jurisprudencial y penal a tomar las medidas requeridas para no permitir que actos nugatorios y viles de tales dimensiones sigan agraviando las leyes consagradas para la democracia que prevalecen para la honra de nuestra dignidad y convivencia social sobre las bases de un Estado social de derecho”.

2. Soporte fáctico.

2.1. Anteriores a las elecciones.

1. Hace unos 15 años el Partido Liberal Colombiano, a través del señor Jairo Alberto Llano Gómez, ha manejado los destinos del municipio de Villamaría, al haber sido elegido alcalde para los periodos 1992-1994 y 2001-2003, y luego como representante a la cámara, quien ha abusado de su condición “sin que haya habido una oposición cívica y política importante por temor a represalias contra la integridad física y personal”.

2. Los señores Jairo Alberto Llano Gómez, Luis Fernando Marín (alcalde de Villamaría) y Jorge Eliécer Restrepo Henao (presidente del Partido Liberal en Villamaría), están bajo medida cautelar por cuenta de un proceso que adelanta la Fiscalía 16 Seccional de Manizales - Caldas. Ellos, dice el actor, se ocupan de intimidar física y psicológicamente a los habitantes de Villamaría.

3. El señor Jairo Alberto Llano Gómez es apoyado por personas como Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Tapasco y Ferney Tapasco, quienes son reconocidos en el departamento por su particular forma de hacer política. Los últimos están bajo medida de aseguramiento y el primero es investigado por el delito de estafa.

4. El municipio de Villamaría ha sido afectado por el paramilitarismo y existen indicios de alianzas efectuadas con dirigentes políticos para mantenerse en el poder.

5. Se ocultó información sobre los pendientes que con la Fiscalía 16 Seccional tenía el señor Jorge Eliécer Restrepo Henao “alias ‘La Engañera’”, cuando se desempeñó como gerente de la Asociación Promover en 2001, lo cual habría incidido en el proceso electoral acusado. En efecto, pudo establecer el actor que a dicha persona y al señor Luis Fernando Marín, se les cobijó con medida de aseguramiento —detención preventiva— el 22 de octubre de 2007.

6. La comunidad de Villamaría está inconforme con la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, porque solo se brinda oportunidad a los militantes del Partido Liberal Colombiano.

7. A ello lo denomina el actor abuso de poder y posición dominante.

8. La comunidad fue coaccionada bajo la amenaza de privarlos de beneficios como el Sisbén, Programa Familias en Acción, restaurantes comunitarios, auxilios para personas de la tercera edad, subsidios para vivienda de interés social, “si no votaban (...) por los candidatos a corporaciones públicas que los funcionarios de la Administración y los líderes del movimiento político liberal les exigiera”.

9. La población de los barrios Santa Ana, Polideportivo, Molinos y El Descache recibió tales amenazas de parte de Edward James Carvajal, “funcionario público y miembro del Partido Liberal”.

10. El Partido Cambio Radical emerge en el municipio de Villamaría como la fuerza opositora al Partido Liberal Colombiano.

11. Jairo Vallejo Román, candidato a la alcaldía por el Partido Cambio Radical, no se opone a la decisión adoptada por el pueblo, pero pidió respeto por las garantías electorales y la ley.

12. Insiste en la intimidación general en Villamaría, lo cual se puso en conocimiento de los órganos de control del departamento.

13. Dichos entes no pusieron interés en que el proceso electoral fuera imparcial.

14. En Villamaría no prosperan las denuncias contra el citado grupo de poder político porque la mayoría de los funcionarios están a su servicio.

15. Los recursos públicos se entregan a los simpatizantes del partido dominante.

16. El 5 de octubre se comunicó al senador Germán Vargas Lleras que el Partido Cambio Radical no acompañaría al candidato de la coalición Barco-Yepista, señor Mario Aristizábal Muñoz, por su falta de compromiso con el municipio de Villamaría.

17. El 8 de octubre en rueda de prensa el Partido Cambio Radical emitió un comunicado en el municipio de Villamaría, dando a conocer lo expuesto en el hecho anterior, lo que trajo confusión en las elecciones a gobernador y molestó a la dirigencia tradicional.

18. El 9 de octubre se denunció ante la procuraduría regional la intervención en política de algunos funcionarios de la administración municipal de Villamaría, con el beneplácito de Jairo Alberto Llano Gómez, “a favor del candidato a la alcaldía de Villamaría del Partido Liberal Luis (sic) Fernando Marín”.

19. En la misma fecha se enviaron comunicaciones al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior y de Justicia, denunciando lo anterior.

20. El mismo 9 de octubre el demandante, candidato a la alcaldía de Villamaría por el Partido Cambio Radical, se reunió con el director seccional del DAS, Guillermo León Cardona, y le expuso lo que él consideró como falta de garantías, según lo narrado.

21. El 12 de octubre el demandante es víctima de un atentado cuando se dirigía a su casa, lo cual se denunció ante la Policía Nacional - Caldas.

22. El 15 de octubre el actor se reunió con el secretario de gobierno del departamento, señor Jaime Escobar, y le hizo saber la falta de garantías electorales y personales por la decisión del 8 de octubre.

23. En el Acta 006 del comité departamental de seguimiento electoral del 17 de octubre de 2007 se advirtió de la falta de garantías electorales en el municipio de Villamaría, de lo cual quedó registró en audio y video.

24. En la reunión del 24 de octubre de 2007 del comité de garantías electorales en el municipio de Villamaría (Acta 009), intervino pero no suscribió el acta el señor Jorge Eliécer Restrepo, pese a tener en su contra orden de captura. Allí el actor volvió a dejar constancia de la falta de garantías electorales, porque algunos de los miembros de ese comité, como el personero municipal Jair Gaitán Ríos y el secretario de gobierno Luis Fernando Rojas, apoyaron la candidatura a la alcaldía de Luis Fernando Marín, motivo que llevó a solicitar una veeduría internacional y una remoción temporal de sus cargos; igualmente solicitó ampliación del Acta 009 pero no ha recibido respuesta.

25. El 24 de octubre el representante del Partido de la U, Alberto Ruiz García, denunció trashumancia electoral en el sector rural de Los Cuervos, Río Claro y Llanitos, según oficio dirigido a la Fiscalía 12 Seccional de Manizales.

26. El 27 de octubre de 2007 el DAS realizó un operativo en el establecimiento comercial La Ferretería la 8ª de Villamaría, incautando material dirigido a hacer fraude electoral, puesto a disposición de la fiscalía 12 seccional; lo mismo indica, dice el actor, la preparación de actos corruptos para la compra de votos por parte de la administración local, puesto que allí se encontraron volantes y tarjetones electorales marcados con los candidatos del Partido Liberal Colombiano, así como el listado de personas que deberían reclamar la respectiva dádiva.

2.2. El día de las elecciones (oct. 28/2007).

1. A los testigos electorales del Partido Cambio Radical se les negó el acceso a los puestos de votación bajo el argumento de llevar en sus camisetas figuras alusivas al partido. Una vez cambiados solo se les permitió el acceso hasta las 8:30 a.m., en unos casos y 9:00 a.m., en otros, sin que hubieran podido verificar que las urnas estaban vacías. De ello existe un video y la correspondiente denuncia formulada por Jorge Hernán Vallejo Román ante la Fiscalía 12 Seccional de Manizales, luego de la expresión de inconformismo por la comunidad ante los delegados de la presidencia y del Ministerio del Interior.

2. Hacia las 11:00 a.m., la comunidad protestó por la falta de garantías y la obstrucción para el ejercicio del derecho a votar.

3. Lo descrito en los hechos anteriores se denunció ante diferentes autoridades del nivel nacional, seccional y local; y las manifestaciones requirieron de la intervención de autoridades del nivel departamental para calmar los ánimos y así evitar la toma de los diferentes puestos de votación.

4. Carolina Téllez Llano, funcionaria del DAS, se mostró dispuesta a colaborar en la investigación de las irregularidades, pero luego se supo que era sobrina del representante a la cámara Jairo Alberto Llano, jefe político en Villamaría. Esto, dice el demandante, afecta la transparencia del proceso electoral, más cuando es su tío quien “está detrás de este proceso fraudulento”.

5. Los lapiceros entregados por la organización electoral no servían y por eso algunas tarjetas electorales fueron depositadas sin marcar.

6. Algunos ciudadanos no pudieron votar para alcalde de Villamaría porque no les entregaron las tarjetas electorales, a lo cual respondió la organización electoral que no había.

7. Los jurados no entregaron el formulario E-25 para que se pudieran formular reclamaciones, porque no habían llegado, motivo por el que solamente se pudieron diligenciar durante el escrutinio y no el día del preconteo.

8. Según testimonios fílmicos aportados, a los votantes se les ofreció materiales para construcción, mercados, dinero en efectivo, e igualmente hubo tráfico de influencias e intimidación a las personas ajenas al grupo político de Luis Fernando Marín y demás candidatos a corporaciones públicas de su movimiento.

9. A las 4:00 p.m., se impidió el acceso a los puestos de votación de los testigos electorales de partidos distintos del liberal colombiano.

10. La delegada de la registraduría para la vereda Llanitos, señora Luisa Catalina Henao Restrepo es prima de los señores Leonardo Restrepo y Cristian Henao, concejales entrante y saliente de Villamaría por el Partido Liberal Colombiano, quienes a su vez son parientes (no dice en qué grado), del presidente de esa colectividad en dicho municipio, señor Jorge Eliécer Restrepo Henao, persona que está siendo investigada por la Fiscalía 16 Seccional Manizales por estafa a la Asociación La Isabela.

2.3. Después del día de las elecciones.

1. El 29 de octubre de 2007 el comandante del departamento de policía Caldas, Coronel Jhon Jaime Ospina Loaiza, dirigió escrito a Jairo Vallejo Román, presidente del Partido Cambio Radical de Villamaría, agradeciéndole su valor cívico por denunciar las conductas impropias del subteniente y comandante de la estación de policía de Villamaría, quien fue trasladado a otra unidad.

2. Según las actas de escrutinio “son considerables y desproporcionados los errores aritméticos en más del setenta (70%) por ciento de las mesas de Villamaría - Caldas”, así como que “en algunas mesas” hubo más votos que votantes, no fueron atendidas las reclamaciones de los testigos electorales ni se dejó constancia en las actas. Los sobres fueron manipulados y no se sellaron debidamente, los formularios E-14 y E-25 no fueron puestos a disposición de los jurados “anomalía que se presentó en un número considerable de puestos de votación”.

3. Hubo falta de objetividad y honestidad por parte del alcalde Alberto López y el personero Jair Gaitán, al haber manifestado públicamente que las votaciones en Villamaría se cumplieron con normalidad. El diario La Patria en su emisión del 1º de noviembre de 2007 denunció falta de claridad en ese proceso electoral.

4. Para respaldar su demanda presenta 5.370 firmas de ciudadanos de Villamaría que participaron en ese proceso electoral, quienes expresan su inconformismo por “la manera fraudulenta como se desarrollaron los comicios electorales de 2007”.

2.4. Otras irregularidades.

1. En la zona 01 puesto 01 (Instituto Villamaría) se instalaron 14 mesas de votación, presentándose errores aritméticos en las mesas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, en la mesa 11 no se permitió el conteo de la votación ni fueron atendidos los requerimientos de los testigos electorales.

2. En la zona 01 puesto 02 (Liceo Moderno) se presentaron irregularidades como: a. Inconsistencias en la cantidad de votantes; b. Se permitió el acceso de funcionarios públicos, en sus vehículos, a zonas restringidas; c. Las autoridades detuvieron algunas persona por presunta violación a la ley electoral, pero no se dejó registro de ello; d. En las mesas 2, 3 y 4 no aceptaron requerimientos, no quedó constancia escrita; e. En la mesa 7 se manipuló la bolsa que contenía las tarjetas electorales, luego de sellada; f. Otras inconsistencias, que no especifica, en las mesas 8, 10, 13 y 14.

3. En la zona 02 puesto 01 (Colegio Gerardo Arias Ramírez) se presentaron inconsistencias en las 22 de las 26 meses instaladas, tales como errores matemáticos desproporcionados.

4. En la zona 02 puesto 01 (Escuela Rafael Pombo) no se dejó constancia en las actas de las reclamaciones presentadas, además la mayoría de jurados designados laboran para la administración municipal de Villamaría, que está parcializada; dentro de los empleados de esa administración que figuran como jurados están el alcalde Alberto López y el personero Jair Gaitán Ríos.

5. En la zona 90 puesto 01 se presentaron las mismas inconsistencias, en particular en la mesa 12 donde se practicó recuento de votos para alcaldía, sin que se hubiera dejado constancia de los cambios realizados.

6. En la zona 99 puestos 03 (El Pindo), 05 (Los Cuervos), 09 (Llanitos), 10 (Gallinazo), 13 (Río Claro) y 60 (Miraflores), también se presentaron inconsistencias aritméticas; los pliegos electorales de Río Claro, Llanitos y Miraflores se recibieron extemporáneamente. La delegada de la registraduría para la vereda Llanitos, señora Luisa Catalina Henao Restrepo, es prima del concejal electo Leonardo Restrepo (Partido Liberal Colombiano) y del concejal actual Cristian Henao (del mismo partido), quienes son familiares del presidente de esa colectividad en Villamaría, señor Jorge Eliécer Restrepo Henao, persona investigada por la Fiscalía 16 Seccional de Manizales. Por último, sostiene que se presentó “pérdida de tarjetón para la alcaldía en algunas de las mesas y luego dentro de las respectiva (sic) lecturas y levantamientos de acta resultan sumatorias iguales de los diferentes tarjetones al cargo público de alcaldía”, así como falta de papelería para el proceso electoral.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

Denuncia violación de lo prescrito en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 40.1 y 258 de la Constitución, así como la configuración de la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, lo cual apoya con algunas citas jurisprudenciales y doctrinales.

II. La contestación

El gobernador demandado contestó la demanda por intermedio de abogado titulado, quien se pronunció sobre cada uno de los hechos, sin admitirlos como ciertos y pidiendo prueba para respaldarlos, adujo también que se trata de situaciones que nada tienen que ver con el acto de elección acusado y que contrario a lo denunciado —supuesta falta de garantías electorales—, el comité de garantías electorales que funcionó con tal fin escuchó las inquietudes del actor y estuvo atento a la transparencia y seriedad del proceso electoral. Admite que se presentaron algunos errores aritméticos, que fueron oportunamente corregidos y de tal nimiedad que no tienen ninguna incidencia en el resultado electoral; de igual forma sostiene que los videos aportados no contienen información relevante para el proceso, que por el contrario carecen de valor probatorio porque no se conocen a sus autores.

Con el mismo escrito el apoderado judicial designado por el demandado formuló las siguientes excepciones:

1. No ser ciertas las afirmaciones y argumentaciones según las cuales de darse la nulidad del proceso electoral del municipio de Villamaría, otro sería el resultado de la elección del gobernador: Se dice que aún bajo el supuesto de admitirse la presencia de violencia contra el proceso electoral en el municipio de Villamaría, ello no afectaría la elección del gobernador porque en todo el departamento el elegido obtuvo 158.597 votos, en tanto que su rival político Francisco José Cruz Prada alcanzó 145.682 votos, presentándose una diferencia entre ellos de 12.915 votos. Además, los candidatos a la alcaldía de Villamaría obtuvieron 6.869 votos para Luis Fernando Marín Osorio y 2.850 votos para Jairo Vallejo Román, los que no tendrían incidencia frente a la diferencia señalada; y en dicho municipio el demandado recibió 7.888 votos en tanto que el otro aspirante Francisco José Cruz Prada alcanzó 5.835 votos, lo que tampoco alcanzaría para modificar el resultado electoral.

2. Inexistencia de la causal de nulidad electoral formulada (CCA, art. 223.1): Basado en el tenor literal de dicha disposición sostiene el apoderado que la violencia solamente genera nulidad si es ejercida contra los escrutadores o cuando da lugar a la destrucción de “las papeletas de votación o su mezcla con otras”, pero no se configura si la violencia se ejerce sobre los votantes o respecto de documentos electorales distintos a los señalados. Luego de hacer algunas acotaciones sobre el papel que cumplen los jurados de votación, los escrutadores, los votantes y los movimientos políticos, insiste el memorialista en que lo denunciado no da lugar a nulidad por desbordar el marco fáctico de la causal de nulidad, sin olvidar que los videos da cuenta de agresiones verbales y físicas en contra de algunos ciudadanos que tampoco pueden tomarse como causales de nulidad. Cita enseguida apartes de las sentencias proferidas por esta sección el 24 de abril de 1997 (sin radicación) y el 16 de agosto de 2002 (2788), para insistir en la improsperidad de las pretensiones.

3. Las conductas a que alude la parte demandante de violencia física o moral no son imputables a la parte demandada, en este caso a la persona elegida como gobernador del departamento de Caldas: La demanda contiene conjeturas e imputaciones en contra de personas que ni siquiera conoce el demandado, cuyas conductas no pueden comprometerlo porque no las auspició o promovió, y por el contrario sí deben investigarse por autoridades distintas de las electorales o jurisdiccionales en lo contencioso administrativo.

4. Improcedencia de la acción por falta de jurisdicción: Las conductas constitutivas de violencia que identifica el demandante no se avienen a lo prescrito en el artículo 223.1 del Código Contencioso Administrativo, y su investigación debe cumplirse en el terreno penal, pues en ese ordenamiento jurídico se han tipificado las conductas de perturbación electoral, constreñimiento al elector, corrupción al elector, voto fraudulento, fraude electoral y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.

5. La prueba aportada para demostrar la causal incoada de nulidad no es idónea y es insuficiente: Descalifica la idoneidad de las pruebas anexadas con la demanda porque: a. Los documentos se acompañaron en copia informal; b. Los videos no son claros en cuanto a la información que contienen, no se conoce su autoría ni la identidad de quienes aparecen en los mismos, en la mayoría de oportunidades en plazas públicas, y c. Los documentos públicos no se aportaron en la forma indicada en los artículos 262 y ss. del Código de Procedimiento Civil. Resulta extraño, agrega, que solo el Partido Cambio Radical haya alegado tales irregularidades en un proceso electoral en el que participaron cerca de 9 movimientos o partidos políticos y que ninguno de ellos haya reclamado sobre el particular.

6. Caducidad de la acción: Encuentra que el acto de elección se expidió el 4 de noviembre de 2007 y que la presentación de la demanda, luego de inadmitirse y ser devuelta para su corrección, ocurrió pasados los 20 días previstos en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo, esto es en mayo de 2008.

7. Falta de legitimación en la causa por activa: Al decir el demandante que obra amparado por más de 5.000 firmas de ciudadanos inconformes y dado que la representación judicial solo puede estar en cabeza de quienes ostentan la calidad de abogado titulado, al no haber demostrado aquél que lo es, “no puede ejercer la representación de esas personas”.

III. Fallo de primera instancia

Se trata de la sentencia dictada el 1º de diciembre de 2008 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, por medio de la cual se declararon infundadas las excepciones propuestas por el demandado y se denegaron las pretensiones de la demanda. La excepción de falta de jurisdicción la desestimó porque “se trata de una acción electoral por supuesta violencia física y psicológica ejercida contra los electores, por tanto, esta es la jurisdicción competente, independientemente del fundamento que pueda tener la pretensión”. La excepción de caducidad de la acción fue negada porque la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2008 y el acto acusado se expidió el 4 de noviembre del mismo año, esto es antes de cumplirse los 20 días establecidos en el artículo 136.12 del Código Contencioso Administrativo. Y la denominada falta de legitimación en la causa por activa no prosperó porque este tipo de acciones puede promoverse por cualquier persona, sin que deba contar con la calidad de abogado titulado. Las demás excepciones fueron identificadas como razones de impugnación de la demanda, cuyo tratamiento se haría conjuntamente con el fondo del debate.

Ya sobre el fondo de la discusión abordó en primer lugar el cargo por violencia contra los electores, jurados de votación y testigos electorales, relativo a la supuesta violencia física y psicológica ejercida por algunos funcionarios municipales de Villamaría sobre los electores, concretada en la privación de algunos beneficios como el Sisbén, Programa Familias en Acción, restaurantes comunitarios, auxilios para las personas de la tercera edad y subsidios de vivienda de interés social, entre otros. Luego de citar el contenido de la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, señala que si bien los hechos denunciados con la demanda no se adecuan a esa disposición jurídica, la jurisprudencia de esta sección (Sent. ago. 16/2002, exp. 2933), ha dicho que la violencia contra el elector también vicia las elecciones.

Enseguida se dio el tribunal a la tarea de valorar las siguientes pruebas: 1. Oficio SCAL.DIRS.SBDS.GOPE 589569-1 del DAS Caldas sobre un posible hecho de corrupción al elector; 2. Oficio PP 1884 del 14 de agosto de 2008 del procurador provincial, sobre quejas de intervención en política de algunos funcionarios del municipio de Villamaría; 3. Oficio 1933 del 20 de agosto de 2008 del director seccional de fiscalías sobre las investigaciones adelantadas por ese proceso electoral; 4. Actas elaboradas por los comités de garantías electorales; 5. Testimonios de Gladys Sánchez Londoño, Liliana Patricia Gómez Cardona, Wilson Darío Muñoz Muñoz, Jairo Antonio Valencia López (candidato a la alcaldía de Villamaría), Rodrigo Antonio Aristizábal Correa, Uriel Ocampo Patiño, Silvio Pachón Lanchero, Nicolás Gilberto Jiménez Velásquez y Gonzalo Gómez Escobar.

Del mismo infirió que si bien se presentaron algunos roces durante el proceso electoral, ello no impidió a los electores sufragar libremente, como así lo aceptaron esos testigos al afirmar que pudieron votar por el candidato de sus preferencias. La denunciada presión por medio de suprimir algunos beneficios municipales solo se conoció en el proceso a través de testigos de oídas, lo cual además fue inocuo porque los testigos aceptaron haber podido votar libremente. Así, concluyó el tribunal que lo probado no tiene la magnitud requerida para llevar a la nulidad de la elección y por ese desestimó el cargo.

El segundo cargo, llamado irregularidades en las actas de escrutinio y sustentado en la supuesta comisión de errores aritméticos en más del 70% de las mesas de votación del municipio de Villamaría, fue desestimado porque “las supuestas irregularidades a las cuales se hizo referencia en la demanda no pueden invocarse como causal de nulidad, pues como bien lo advierte el accionante en el escrito de alegatos de conclusión, las supuestas o reales inconsistencias fueron corregidas en el acta final”. Por economía procesal dijo el tribunal que no haría ningún pronunciamiento sobre los argumentos o pruebas relativas a las inconsistencias en el conteo de los votos, como tampoco sobre la trashumancia porque “no fue expresamente invocada en la demanda”. Así, todo lo dicho llevó al tribunal a concluir que el acto demandado se ajusta a derecho.

IV. Recurso de apelación

La decisión se impugnó tan solo por el demandante Jairo Vallejo Román, quien alega que la violencia ejercida sobre los electores fue admitida por el apoderado judicial del demandado al contestar la demanda (transcribe aparte). Tampoco está de acuerdo con que el tribunal haya dicho que no se probó fehacientemente la violencia alegada, pues fue con su auto del 2 de septiembre de 2008 que se limitó la recepción de testimonios decretada con auto del 6 de agosto anterior. Califica de sesgada la apreciación de los testimonios, al haberse omitido tener en cuenta los relatos sobre violencia infligida a ciertas personas para que votaran en determinado sentido, para no perder los auxilios otorgados por la alcaldía de Villamaría. Así, se refiere a los testimonios de Liliana Patricia Gómez Escobar y Gonzalo Gómez Escobar, quienes dan cuenta de la presión ejercida sobre los electores para direccionar el sentido de la votación, sobre todo frente al último que perteneciendo a la tercera edad se le dijo que sería privado del beneficio de los comedores comunitarios.

Tampoco examinó el tribunal, dice el apelante, las pruebas relacionadas con la existencia de grupos paramilitares y con la presión por ellos ejercida sobre los testigos electorales y el electorado en general. En la demanda se mencionaron las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación y en la Corte Suprema de Justicia contra políticos de Caldas vinculados al Partido Liberal y que apoyaron la candidatura del gobernador electo.

Insiste en que el tribunal no apreció correctamente las pruebas allegadas al proceso, no tomó en cuenta los videos ni las copias de documentos anexadas, que si bien obran en copia informal es porque al comienzo impugnó, en la misma demanda, las elecciones de alcalde y concejales de Villamaría, así como las elecciones de gobernador y diputados de Caldas, las que hubo de separar para cumplir la orden impartida en ese sentido por esta sección.

Sostiene que el tribunal citó incorrectamente la sentencia del 22 de noviembre de 2007 de esta sección y que por el contrario sí puede modificarse el resultado electoral porque si bien el demandado ganó por una diferencia de 12.915 votos, el potencial electoral de Villamaría es de 31.261 personas, votando efectivamente 18.859. También encuentra desconocida la doctrina constitucional sentada en la Sentencia C-142 de 2001, que habla sobre la necesidad de que el voto no esté sujeto a ningún tipo de presión.

Afirma que lo probado en el proceso es una violencia generalizada sobre los electores de Villamaría, con casos como el ocurrido en la comunidad de Santa Ana, donde “uno de los funcionarios de la administración municipal, el señor Eduar Hans Carvajal, y tras efectuar tiros con un arma de fuego y autoproclamarse miembro de grupos paramilitares, amenazaba a la población con quemar sus casas y quitarle los subsidios y ayudar para vivienda si no votaban por los candidatos del Partido Liberal Colombiano”. Le causa curiosidad que el tribunal por los mismos hechos haya concluido en este proceso que no se probó la violencia, mientras que en el proceso contra la elección de diputados haya admitido que sí se probó, solo que ello no se ajusta a la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Se pregunta cómo no es significativa la presencia de más de 5.000 firmas de personas que dan cuenta de la violencia ejercida y por qué el tribunal no hizo lo suficiente para demostrar los hechos denunciados. Critica igualmente el concepto emitido por la procuradora 28 judicial administrativa de Caldas, a quien señala de haberse puesto de lado de los que ejercen el poder político. Por último sostiene:

“... cuando el suscrito decidió participar en la contienda electoral como candidato a la alcaldía de Villamaría Caldas, lo hizo con el convencimiento que (sic) dentro de un Estado constitucional y democrático se respetarían los derechos políticos, la pluralidad de ideas, la verdadera voluntad del pueblo al elegir a sus representantes, lo cual en la práctica no sucedió —tanto que fui víctima de un atentado contra mi vida—...”.

V. Alegatos en segunda instancia

No se presentaron.

VI. Concepto del ministerio público en segunda instancia

Se guardó silencio.

VIII. El trámite de segunda instancia

Con auto del 18 de febrero de 2009 se admitió el recurso de apelación y se dispusieron los traslados del caso para fijar el negocio en lista y formular alegatos de conclusión, así como se dispuso que en caso de solicitarlo el procurador delegado se le daría traslado especial. Se cumplieron los términos anteriores y no se hizo pronunciamiento alguno, ingresando así el proceso al despacho para fallo.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

El acto de elección del doctor Mario Aristizábal Muñoz como gobernador del departamento de Caldas, por el Partido Liberal Colombiano y para el período constitucional 2008-2011, se probó con copia auténtica del acta de escrutinio de los votos para gobernador elecciones octubre de 2007 o formulario E-26 GO, expedido por los delegados del Consejo Nacional Electoral el 4 de noviembre de 2007 (1) .

3. Cuestión previa.

1. Para que las copias de documentos tengan “el mismo valor probatorio del original”, se necesita que hayan sido autenticadas por cualquiera de las formas previstas en el artículo 252 (2) del Código de Procedimiento Civil (mod. D. 2282/89, art. 1º, num. 117), pues si ello no acontece el operador jurídico no puede darles eficacia probatoria frente a los hechos que con los mismos se pretenden demostrar. Por tanto, los documentos anexados con la demanda por el actor, visibles de folios 1 a 511 del cuaderno 1º, y los documentos aducidos por el demandado con su contestación, visibles de folios 579 a 687 del cuaderno 5º, por tratarse de copias informales carecen de mérito probatorio y por ello no serán tenidas en cuenta en el sentido de esta decisión.

2. En virtud a que la competencia del superior se fija de acuerdo con lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (mod. D. 2282/89, art. 1º, num. 175), según el cual “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso...”, encuentra la Sala que su ámbito de competencia, como juez de segunda instancia, se reduce exclusivamente a los cargos imputados con la demanda al acto de elección y no a lo que sobre las excepciones propuestas por la parte demandada resolvió el Tribunal Administrativo de Caldas —que por cierto las consideró imprósperas—, en atención a que el fallo de primera instancia tan solo se impugnó por el accionante Jairo Vallejo Román. De ahí que deba considerarse ejecutoriada esa providencia en lo atinente a la resolución desestimatoria de las excepciones planteadas, pronunciamiento que por ende se hace intangible para esta corporación.

4. Problema jurídico.

Si bien el recurso de apelación se interpone con el ánimo de que esta Sección revise la conformidad jurídica del fallo impugnado, allí subyace el deber de examinar la presunción de legalidad del acto de elección del doctor Mario Aristizábal Muñoz como gobernador del departamento de Caldas (2008-2011), cuestionada mediante esta acción por el ciudadano Jairo Vallejo Román por un número considerable de irregularidades que por razones de metodología la Sala se ve precisada a agrupar en dos grandes bloques. El primero, tratará de la supuesta violencia ejercida contra los electores para minar su voluntad y obligarlos a sufragar por la candidatura del doctor Mario Aristizábal Muñoz; el segundo, se ocupará de los supuestos errores aritméticos durante los escrutinios y de las distintas imputaciones, que por su extensión, se irán precisando en su momento.

5. Cargo Primero: Ejercicio generalizado de violencia sobre los electores para direccionar el sentido del voto a favor de la candidatura a la gobernación de Caldas del doctor Mario Aristizábal Muñoz.

En una extensa narración de supuestos de hecho el demandante Jairo Vallejo Román cuenta, desde su punto de vista, el antes, el durante y el después del día de las elecciones realizadas en el municipio de Villamaría el 28 de octubre de 2007 para elegir a las distintas autoridades del nivel territorial. Según él, allí existe una inveterada hegemonía del Partido Liberal Colombiano que ha consolidado el poder político en cabeza del doctor Jairo Alberto Llano Gómez —representante a la cámara—, quien ha hecho alianzas con personas que están sub judice como los señores Luis Fernando Marín (alcalde de Villamaría), Jorge Eliécer Restrepo Henao (presidente del Partido Liberal Colombiano en Villamaría), Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Tapasco, Ferney Tapasco y Edward James Carvajal (funcionario del municipio de Villamaría). Grosso modo dice que existen nexos con grupos paramilitares de la región y que gracias a la fuerza intimidatorio proveniente de los mismos, así como a la intervención en política de distintos funcionarios de la administración local, se provocó que el electorado apoyara al hoy demandado.

Por ejemplo, aquellos que lo hicieron desde la administración municipal amenazaban a los habitantes de Villamaría con privarlos de beneficios estatales como el Sisbén, Programa Familias en Acción, restaurantes comunitarios, auxilios para personas de la tercera edad y subsidios para vivienda de interés social. De igual forma, sostiene el actor, que ante su determinación de postularse como candidato a la alcaldía por el Partido Cambio Radical y no apoyar la candidatura a la gobernación del demandado, fue objeto de amenazas que por poco le cuestan la vida en un atentado que con arma de fuego se perpetró en su contra el 12 de octubre de 2007.

Pues bien, previamente a determinar la veracidad y eficacia de los planteamientos hechos por el accionante, es necesario que la Sala haga algunas precisiones en torno a la violencia sobre los electores como causal de nulidad, así como cuáles han de ser sus características para que pueda tomarse como idónea a fin de afectar un resultado electoral.

Dentro de las causales específicas de nulidad consagradas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (mod. L. 62/88, art. 17), se encuentra aquella que dice que los actos de elección son nulos “Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o estas se hayan destruido por causal de violencia”. Por virtud del carácter taxativo de las causales de nulidad y como quiera que las mismas deben siempre interpretarse en forma restrictiva (3) , la jurisprudencia de esta sección (4) no admitía que la violencia contra los electores, bien para que se abstuvieran de votar o ya para que lo hicieran a favor de determinada opción política, pudiera enmarcarse como criterio anulatorio a la luz de la citada disposición, ciertamente porque sus supuestos de hecho no se adecuaban a ninguna de las hipótesis señaladas, consistentes en violencia contra los escrutadores o violencia sobre las papeletas electorales.

Sin embargo, al abrigo de la jurisprudencia acogida por esta sección, en el sentido de que los actos electorales también pueden juzgarse con base en las causales generales de nulidad (5) , la Sala aceptó que la violencia sobre los electores, con cualquiera de los fines indicados, lleva a configurar la causal de nulidad por infracción de normas superiores, contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (mod. D. 2304/89, art. 14). En efecto, cuando el ciudadano es víctima de constreñimiento respecto del ejercicio de su derecho al voto, se produce una violación directa al ordenamiento constitucional por razones que bien pueden sintetizarse así: (i) Porque se desconoce que uno de los fines esenciales del Estado Colombiano es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (art. 2º), participación que se torna meramente formal si al depositar el voto el ciudadano no lo hace inspirado en sus propias convicciones ideológicas o políticas, sino llevado por el temor que las distintas formas de violencia pueden producir; (ii) Porque se atenta contra los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y a la libertad de conciencia (art. 18), puesto que la libertad de opción política se anula por el mismo factor; (iii) Porque se vulnera el derecho al voto, en sí mismo considerado, ya que como mecanismo de participación democrática deja de contener la voluntad del pueblo para revelar la voluntad de unos cuantos, que prevalidos de la fuerza física o psicológica invaden la órbita de libre decisión política (art. 103); (iv) Porque deja de acatarse que el voto, como derecho-deber del que es titular el ciudadano en ejercicio, debe ejercerse “sin ningún tipo de coacción” (art. 258; mod. A.L. 01/2003, art. 11), postulado apenas elemental si se recuerda que el sistema democrático colombiano se finca sobre la idea de que “las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos” (C.E., art. 1º), para lo cual es requisito sine qua non que ningún tipo de presión o coacción recaiga sobre el elector al concurrir a las urnas a expresar, mediante el voto, su decisión democrática.

Es claro, por tanto, que si el elector, pilar fundamental del sistema democrático, es objeto de amenazas o de cualquier forma de violencia que anule su libertad y lo conduzca a escoger la opción política que otro le determine, el resultado de tales votaciones deviene espurio y que tanto la legalidad como la legitimidad de ese poder político instalado no solo está en entredicho sino que debe removerse por los causes legales, pues así la institucionalidad y la democracia recuperan su primacía. La configuración de tales circunstancias como causal general de nulidad viene aceptándose por la jurisprudencia de esta sección de tiempo atrás, en cuya memoria se encuentra el siguiente pronunciamiento:

“En este caso, la situación puesta a consideración es diferente. En efecto, aquí no se plantea la ausencia de participación ciudadana el día de los comicios por cuenta de presiones armadas de grupos al margen de la ley. En esta oportunidad tales presiones no determinaron una ausencia de votación, sino la hipótesis contraria, esto es, la participación de los electores, solo que en el sentido indicado mediante las acciones de intimidación.

Al respecto, la Sala no encuentra razones para considerar que la modalidad de violencia contra los electores que aquí se analiza no permita concluir en la nulidad de las actas de escrutinio.

Ciertamente, a partir de lo anotado, es posible entender que esa conducta implica igualmente el desconocimiento del derecho a elegir y ser elegido establecido en el artículo 40 de la Carta Política y de los artículos 258 y 260 ibídem que, de un lado, le dan al voto el carácter de derecho y deber de los ciudadanos, y, de otro, le otorgan a los ciudadanos el derecho de elegir en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, miembros de juntas administradoras locales y, en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale (6) ”.

De igual forma la doctrina constitucional ha considerado que el voto inducido por la violencia no otorga validez ni legitimidad:

“La violencia, sea directa o indirecta, constituye un hecho reprobable que, si bien no necesariamente es causada por los electores, afecta la transparencia del proceso de manera, pues resulta razonable suponer que ella se ejerce con el objeto de alterar la voluntad popular. Ello implica, de otra parte, que no puede entenderse que toda violencia tenga el efecto anotado. Únicamente debe considerarse aquella que tenga una capacidad real para desvirtuar la transparencia del proceso electoral (7) ”.

Ha tocado el pronunciamiento anterior, en la parte destacada por la sección, un componente a considerar en punto de la fijación del alcance de la violencia que pueda haber rodeado los certámenes electorales: Su capacidad o incidencia para trastocar la auténtica expresión popular. Comoquiera que la violencia física o psicológica ejercida sobre el elector se anida en su fuero interno, para de allí transmitirse a su “decisión” de votar por determinada opción política, es menester que la jurisdicción, luego de constatar su existencia, califique su incidencia o intensidad, pues por las características propias de ciertos procesos electorales, algunos transcurren, en ocasiones, con cierto grado fervor o agitación social, generando roces y en algunas oportunidades pequeños disturbios que no pueden llevarse al nivel de la violencia establecida como causal de nulidad, pues si así fuera la fragilidad del sistema democrático se tornaría en regla, al punto que los resultados electorales se anularían por manifestaciones de violencia electoralmente inocuas o irrelevantes.

La incidencia de la violencia no es tema nuevo en la jurisprudencia de esta sección, incluso al ser valorado respecto de la causal 1ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, produjo pronunciamientos como el siguiente:

“Así, con apoyo en las pruebas que hicieron parte de aquel proceso, se supo con certeza el porcentaje de personas cuya votación no fue obstaculizada y el de las personas a quienes los actos de violencia les impidieron expresarse en las urnas o cuyos votos fueron destruidos, de lo cual resultó que el porcentaje de los últimos se encontraba muy por debajo de los primeros; de tal forma que, de haberse incluido la votación destruida, no cambiaba la decisión que contenía el acto administrativo demandado y, por ende, no había lugar a declarar la nulidad solicitada por el demandante (8) ”.

En otra ocasión se argumentó:

“La causal de nulidad prevista en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo exige que la violencia tenga una incidencia tal que logre afectar el resultado electoral (9) ”.

Las últimas citas jurisprudenciales tienen por fin establecer que la violencia debe ser calificada por el juez del proceso electoral, tanto en términos cuantitativos como en su comprensión cualitativa, de modo que se pueda determinar la magnitud del fenómeno en cuanto al caudal electoral que fue objeto de la violencia, e igualmente si la violencia fue eficaz, si en realidad se trató de actos físicos o psicológicos con la entidad requerida para plegar la voluntad popular a los designios torticeros de las personas al margen de la ley. Si se corrobora la presencia de violencia, pero esta es electoralmente inocua o irrelevante, porque se ejerció sobre un caudal electoral que no modificaría el resultado electoral o porque se trató de actuaciones físicas o psicológicas que no tuvieron la fuerza suficiente para perturbar el ánimo político del elector, es claro que esos hechos pierden interés en el contexto del proceso electoral porque no llevarían a anular el acto acusado, así el interés se conserve frente a otras vertientes del derecho, como serían la disciplinaria o la penal.

Ahora bien, luego de examinar el material probatorio recaudado en este proceso, anuncia la Sala que del mismo no se concluye que el proceso electoral haya sido afectado por violencia, en los términos aquí indicados. A continuación la valoración de las distintas pruebas:

En el Acta 006 del 17 de octubre de 2007 (10) del comité departamental de seguimiento electoral - comisión regional de moralización, figura la siguiente intervención del demandado:

“Doctor Jairo Vallejo, candidato a la alcaldía de Villamaría, cede la palabra a la señora Gladis Sánchez Londoño líder del barrio La Isabela, quien informa sobre los irrespetos cometidos contra los habitantes del municipio, donde se vienen interrumpiendo la (sic) caravanas, amenazando con suspender los subsidios, intimidando poniendo en peligro la integridad física, esto viene ocurriendo en Villamaría y quiero que quede consignado en esta reunión.

Señor Leonardo Montes, gerente de campaña, veo con preocupación como funcionarios públicos están trabajando al servicio de campañas políticas en cabeza del señor secretario de gobierno y la directora del Sisbén, tengo pruebas de la intervención de los funcionarios, necesitamos garantías en este proceso, por esto solicito pongan los ojos en Villamaría. Interviene el candidato Jairo Vallejo manifestando que allí se están violando los derechos humanos. Así mismo pretendemos hacer un debate relacionado con las mesas de votación de Rioclaro, San Julián, Los Cuervos. Presentan inscripciones de más de 1.500 persona (sic), el trasteo de votos hacia Villamaría y nadie hace nada. La ubicación de la sede liberal enseguida de la registraduría, acoso a líderes y el atentado ocurrido el pasado día viernes después de varias reuniones antes de la media noche, manifiesta el señor candidato que dicho atentado lo tiene preocupado, no puede decir quien fue, teme por la seguridad de su familia y por su vida. Solicita que los puntos tratados queden en el acta del comité y que se disponga de los dispositivos de seguridad necesarios para su protección”.

Las anteriores manifestaciones, por provenir directamente del accionante, no pueden servir de prueba en este asunto, puesto que corresponden a las mismas aseveraciones lanzadas con esta demanda y que están sujetas a la carga de la prueba. Por su parte, lo dicho por el señor Montes carece de toda eficacia probatoria en la medida que dentro del proceso no obra su declaración, la que de haberse recibido estaría bajo sospecha por haberse desempeñado como gerente de la campaña política adelantada por el demandante en procura de la alcaldía de Villamaría.

En el documento titulado “Comité departamental de seguimiento electoral” (11) , que carece de fecha y firmas, que fuera aportado por el demandante, se registran las denuncias efectuadas por Jairo Vallejo Román, Gladys Sánchez Londoño y Leonardo Montes, en el mismo sentido ya indicado. Allí la señora Gladys Sánchez Londoño admite ser líder comunitaria y estar “... apoyando al doctor Jairo Vallejo Román...”; y el señor Leonardo Montes admite ser “... el gerente de campaña del doctor Jairo Vallejo Román...”. A este documento le resultan aplicables los mismos reparos que hizo la Sala frente al acta anterior.

En el Acta 09 del 24 de octubre de 2007 (12) del Comité de garantías electorales se consignan las intervenciones de diferentes autoridades y personas. Allí solicitó el uso de la palabra el demandante Jairo Vallejo Román para denunciar la falta de imparcialidad del secretario de gobierno municipal y del personero municipal por supuestas irregularidades que señala en abstracto. Además, solicitó el uso de la palabra el candidato del Polo Democrático Alternativo para expresar, respecto a si requería seguridad policial, que: “... en el único momento en que le han ofrecido seguridad fue para seguirlos y averiguar si habíamos sido nosotros los que dañamos las Vallas”. Reitera la Sala que cada una de las denuncias aquí efectuadas por el demandante deben probarse dentro del informativo, y que si el reparo se reduce a la sola intervención en política de esos funcionarios municipales, no acompañada de actos de violencia física o psicológica, el juzgamiento de ese hecho no le corresponde al juez de lo electoral sino a la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de una falta disciplinaria (13) .

Denuncia formulada por el señor Jairo Vallejo Román ante la estación de policía de Manizales el 13 de octubre de 2007, haciendo saber que el día anterior fue objeto de atentado con arma de fuego (14) . Este hecho, que sin duda alguna es bastante grave y corresponde a una de las más claras manifestaciones de violencia, por sí solo no permite concluir en la nulidad de la elección acusada, requiriéndose para ello la existencia de otros medios de prueba que permitan inferir que la violencia electoral en el municipio de Villamaría tuvo la extensión e intensidad requeridas para viciar las elecciones allí realizadas.

Ahora, procede la Sala a analizar el mérito probatorio de las distintas declaraciones recibidas en el proceso:

Se tiene la declaración rendida por la señora Gladys Sánchez Londoño, en la diligencia realizada el 19 de agosto de 2008 (15) , a la cual la Sala le resta mérito probatorio en conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, ya que existen circunstancias que llevan a tenerla como una testigo sospechosa, cuya credibilidad e imparcialidad es bastante cuestionable, debido a que según el documento titulado “comité departamental de seguimiento electoral” (16) , aportado en copia informal por el propio demandante, la misma admite haber “... apoya[]do al doctor Jairo Vallejo Román...” en su aspiración política por la alcaldía de esa entidad territorial. Además, la Sala no da crédito a muchas de sus afirmaciones porque no están basadas en su propia percepción de hechos relacionados con los cargos de la demanda, sino en lo que otros le contaron sobre el particular. Algunas de sus respuestas sobre eventos de violencia señalan:

“... todo esto me consta porque bajé al sector de Santa Ana y hablé con la comunidad; hable (sic) con una señora que es líder de Santa Ana, que se llama Ana María Rondón, ella es líder y hacer reuniones con la comunidad y ella ha tenido enfrentamientos con ese señor, con el señor Eduardo Hans Carvajal...” (fl. 4). Más adelante dice: “... El señor Eduardo Hans Carvajal ofreció a la señora María (sic) Eugenia, no recuerdo el apellido, pero si (sic) hablé con ellas (sic), ellas (sic) es madre de unos niños, la señora me confesó que él le ofreció $ 30.000 para que me pegara un buen susto a mí, para que dejara de molestar y dejara de estar fijando carteles en los postes de Villamaría dando a conocer los fallos de la fiscalía y la procuraduría...” (fl. 10). Al ser preguntada sobre si fue víctima de hechos de violencia contestó: “... a mi (sic) no me golpearon; si (sic) escuché y repartieron en toda Villamaría un volante donde si (sic) se agredió a una candidata de apertura liberal que fue agredida físicamente por unos seguidores del Partido Liberal; conocí ese hecho, porque fue dado a conocer en toda Villamaría por medio de un volante...” (fl. 12).

De otro lado, esta testigo solamente cuenta un episodio de violencia psicológica en su contra, perpetrado por el señor Eduardo Hans Carvajal y por una señora Marta que trabaja en el Sisbén, que relata en estos términos:

“... yo estaba dando a conocer los detalles [de una resolución de la PGN que sancionó a Jairo Alberto Llano Gómez] a la comunidad que circulaba por el sector cuando el señor Eduardo Hans Carvajal apareció con una cámara y me tomó fotos en todos los ángulos y al yo decirle que por qué me tomaba fotos, me dijo en voz alta que ‘usted es una perra hijueputa’. La señora que trabaja en el Sisbén, una señora Marta, que no recuerdo el apellido, también me profería tratos diciéndome ‘usted es una vieja loca, ridícula...’ ...” (fls. 4 y 5).

Los anteriores episodios, que desde luego corresponden a hechos de violencia psicológica en contra de la declarante, no se refieren a aquellos actos que de ordinario se ejecutan con el ánimo de provocar que el elector vote en determinado sentido; están encaminados, por el contrario, a denigrar de la dignidad de un ser humano por la forma en que ella encontró más eficaz para dar a conocer una decisión administrativa, según ella, relativa a la posible estafa de que fueron víctimas algunos habitantes de Villamaría al invertir sus dineros en el proyecto urbanístico La Isabela. Tan cierto es la irrelevancia de los anteriores episodios, para efectos de la configuración de la causal bajo estudio, que la declarante sostuvo en su versión que “fui la segunda persona en entrar a votar; no tuve ningún problema y me suministraron todos los tarjetones”, con lo que se evidencia la imperturbabilidad de su ánimo para votar por el candidato de sus preferencias.

Se cuenta igualmente con la declaración rendida por Liliana Patricia Gómez Cardona en la misma diligencia (17) , a quien la Sala califica igualmente como testigo sospechosa porque allí admitió haber participado en la campaña política del demandante al afirmar: “... antes de las elecciones se veían los atropellos porque en el tiempo de campaña por parte de los partidos contrarios nos arrancaban los afiches; los partidos contrarios a nosotros, yo estaba con Jairo Vallejo...” (fl. 16). Además, esta declarante igualmente puede calificarse como de oídas ya que en algunos de sus apartes refiere episodios ajenos como el siguiente: “... yo le dije a mi mamá que me (sic) si me acompañaba para apoyar a mi hija que iba para el concejo; mi mamá me contestó, ‘patricia no puede, la gente de Luis Fernando Marín [actual alcalde], en la reunión nos dijo que si no votábamos por ellos, los del Partido Liberal, por parte de la alcaldía, no teníamos derecho a subsidio de vivienda...’” (fls. 16 y 17). Asimismo en otra parte dijo: “... Por medio de otras personas nos dimos cuenta que estaban dando por parte de la alcaldía materiales de construcción...” (fl. 17). Al ser convocada a precisar si ella u otros testigos electorales fueron objeto de actos violentos, además de referir el hecho de que fuera víctima la testigo anterior por parte de Eduar Hans Carvajal, agregó:

“Físicamente no, pero verbalmente sí; es muy difícil para uno estar en una sala llena de gente y sin saberse el nombre de todas las personas. Cuando yo llamé la atención en mi mesa, me dijeron uno de los jurados de esa mesa ‘Ah, usted ya empezó a joder, hágame el favor y se hace a tres metros de aquí de la mesa’, intimidándolo a uno. En otra ocasión me gritó un señor de esa misma mesa. ‘Ah, se que usted no nos piensa dejar trabajar hoy o qué?, no tiene más que hacer, váyase a tomar tinto, váyase y venga de cuatro a seis’. En el aula máxima cuando fui a sufragar que hice la observación de la mesa, que la caja estaba muy junta o dentrada allá, dije ‘permiso’ y la saqué y la corrí un poco y cuatro personas de este recinto nos gritaron ‘Ah, usted es testigo aquí en este salón, sálgase, usted no tiene nada que hacer aquí’” (fls. 21 y 22).

Pues bien, aunque los hechos anteriores no pueden calificarse como actos de violencia electoral, sí son roces durante la jornada electoral, justificados de alguna manera por la forma imprudente como la testigo admite haber querido disponer de la urna en una de las mesas de votación, porque en su criterio no estaba en el lugar indicado.

En la misma diligencia se recibió el testimonio de Wilson Darío Muñoz Muñoz (18) , frente a quien la Sala encuentra configurada la condición de sospechoso porque al contestar a sus anotaciones personales dijo “... soy empleado del señor Jairo Vallejo Román hace once (11) meses...” (fl. 24), además de haber admitido que “fu[e] candidato al concejo para las elecciones del 28 de octubre de 2007” (fl. 25). De igual modo sus revelaciones son las de un testigo de oídas porque sobre la denunciada presión de quitarle a los electores el apoyo del Sisbén dijo: “... de esto puede dar fe la señora Sandra Patricia Marín, ella me lo dijo a mi...” (fl. 25). Su falta de imparcialidad aflora en su declaración porque asume como suya la causa del demandante, pues al referirse a algunas irregularidades durante el proceso electoral sostuvo “... al terminar ese consejo de seguridad, la respuesta, más que una respuesta fue una sugerencia que dieron, fue la de terminar el día de las elecciones como iba, tratar de recoger las pruebas que más pudiéramos y tratar de entablar una demanda electoral en contra del proceso que se estaba llevando a cabo...” (fl. 27).

El 25 de agosto de 2008 se recibió la declaración de Jairo Antonio Valencia López (19) , cuya credibilidad también resulta sospechosa en virtud a que fue candidato por el Partido de la U a la alcaldía de Villamaría, siendo vencido por el candidato del Partido Liberal Colombiano, colectividad que conquistó ese cargo de elección popular. Aunque dice ser testigo de irregularidades cometidas desde la administración municipal, su propia versión aclara haber sido testigo de oídas pues, por ejemplo, dice que “... entre las anomalías que observe (sic) una de las que me llamo (sic) la atención fue como (sic) estando en un puerta a puerta en la parte urbana del municipio de Villamaría me informa la secretaria de la sede que el señor secretario de gobierno del municipio de Villamaría, señor Luis Fernando Rojas se había acercado en forma airada a decirle que teníamos o debíamos de quitar una mesa de información que el partido de la U había colocado en la plaza principal...” (fl. 38); más adelante asegura que “... el señor Eli (sic) Castillo candidato al concejo por el movimiento Alas Equipo Colombia en una de las muchas visitas que hice a la parte rural me comentaba como se estaba (sic) entregando mercados y materiales construcción por parte de amigos de la candidatura del Partido Liberal...” (ib.). En cuanto al a intimidación que recayó sobre beneficiarios del Sisbén sostuvo que en una reunión política programada por “una señora que en el momento no recuerdo su nombre..., dicha reunión la programó para la candidata al concejo por el partido de la U Teresa Valencia y en la reunión nos comentaba que faltaban muchas personas habitantes del barrio Santa Ana por estar allí, porque el señor Eduar Hans Carvajal los había intimidado...” (fls. 42 y 43). Y finalmente agregó: “... Directamente no conozco que el doctor Mario Aristizábal (sic) haya adelantado algo en contra de los partidos contrarios del Partido Liberal...” (fl. 44), desvirtuando con ello cualquier participación del demandado en supuestos hechos de violencia en el municipio de Villamaría.

Así, la credibilidad de este testigo resulta minada no solo porque existen serios motivos para sospechar de su imparcialidad, dado que fue uno de los candidatos derrotado en las urnas por el actual alcalde de Villamaría, sino también porque se trata de un testigo de oídas, aunado a ello el hecho de no constarle actuación alguna por parte del demandado o de grupos ilegales bajo su mando, para ejercer violencia sobre el electorado.

En la diligencia del 25 de agosto de 2008 se recaudó la declaración de Rodrigo Antonio Aristizábal Correa (20) , quien como hechos irregulares cuenta: (i) Que al Partido de la U, del cual es simpatizante, el secretario de gobierno municipal de Villamaría le impidió tener una mesa de información en el parque principal, en tanto que toleró la ubicación de “una figura parecida al señor gobernador” (fl. 29); (ii) Que el día de las elecciones le “quitaron unos tarjetonsitos (sic) para enseñarle a la gente como debía de votar” y los obligaron a quitarse “la camiseta para ponernos de civil para poder seguir haciendo la campaña” (fl. 49); (iii) Que en la mesa de votación le entregaron las diferentes tarjetas electorales, menos la de alcalde, lo cual generó ciertas protestas de las personas; (iv) Que “fu[e] amenazado por el grupo del doctor Jairo Alberto Llanos...” (fl. 50), porque durante la campaña “... colocábamos afiches, pancartas y dábamos nosotros una vuelta y cuando regresábamos ya estaban destruidos” (fl. 51) o “nos ofendían verbalmente” (fl. 52), incluso señaló “No conozco de agresiones del señor Mario Aristizábal” (fl. 52); (v) Que frente al fenómeno del paramilitarismo ocurrió:

Año 2001, segunda vez que entra el doctor Jairo Alberto Llanos a la alcaldía de Villamaría, se iguala con los “paracos” en el municipio de Villamaría, los entra al palacio municipal y les da toda la oportunidad para que ellos anden tranquilamente en la zona urbana y en la zona rural; a mi me consta esto porque yo trabajaba en el municipio en ese entonces cuando él entró a la alcaldía por segunda vez, porque uno los ve a los “paracos”, al comandante Franco y sus compañeros. Termina el mandato del doctor Jairo Alberto Llanos y sigue el doctor Alberto dándole (sic) todas las oportunidades a los mismos “paracos”; le digo por qué se terminaron los “paracos” en el municipio de Villamaría, porque en la vereda Rio (sic) Claro el año pasado detuvieron los “paracos” a dos policía (sic) de inteligencia que les estaban haciendo seguimiento a los “paracos”, los montan en un carro, los suben a una vereda llamada Miraflores y de la vereda Miraflores siguen a otra vereda llamada Alto Corosal, los bajan a un punto llamado vereda El Destierro, de ahí proceden a seguir por la vereda Nueva Primavera y los dejan en un punto llamado el pescador llegando a Chinchiná, y ahí los dejan tirados, muertos, no más. Sino (sic) hubieran matado a estas dos cabezas de la inteligencia, seguro que los “paracos” estarían en Villamaría, porque ellos eran los que intimidaban a la gente, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer...” (fls. 50 y 51) (negrillas de la Sala).

Del análisis de lo dicho por este testigo surgen varias conclusiones. La primera, que las medidas administrativas asumidas por algunas autoridades municipales en el contexto de las elecciones para que se removiera una mesa de información de un partido político o para que algunos ciudadanos dejaran de portar camisetas alusivas a ciertas campañas políticas, son decisiones que se ejercen en función del poder de policía encaminadas a mantener el status quo, la tranquilidad y el normal desarrollo del proceso electoral; si por alguna razón hubo exceso en las mismas o se orientaron a favorecer ciertas candidaturas, ello no constituye causal de nulidad sino un hecho que eventualmente puede ser investigado y sancionado por los órganos de control competentes. La segunda, que las amenazas padecidas por el testigo, tales como la remoción de propaganda política o ser ultrajado por sus opositores políticos, no pueden recibir el tratamiento de violencia psicológica en los términos de la causal de nulidad que se estudia, pues si bien son reprochables social y jurídicamente, no se trata de actuaciones de tal fuerza o entidad que amilanen su libertad de elegir. La tercera, que la presencia paramilitar en el municipio de Villamaría, según el testigo, ocurrió en procesos electorales anteriores, como así lo evidencian las expresiones “por qué se terminaron los ‘paracos’” o “estarían en Villamaría”, que se valen de la conjugación condicional simple o pospretérito de los verbos “estar” y “terminar”, para indicar que en el certamen electoral que se juzga no tuvieron presencia. Y la cuarta, que el hecho de no entregársele a los electores la tarjeta para votar por alcalde es un hecho trascendental para dicha elección, pero intrascendente para las elecciones del nivel seccional, en particular para la elección de gobernador aquí acusada.

En la misma diligencia se recibió el testimonio de Uriel Ocampo Patiño (21) , cuyo mérito probatorio no es relevante porque no da cuenta de hechos observados directamente por él, sino que le fueron comentados por otros. En cuanto a las intimidaciones lanzadas por el señor James Carvajal, al parecer almacenista de Villamaría, las conoció porque “... vino mucha gente del barrio Santa Ana antes de elecciones a colocar las quejas correspondientes...” (fl. 54). Además, al pedírsele que precisara sobre hechos de violencia física o psicológica contra los electores dijo: “Cometarios (sic), muchos. Personalmente vi que la policía no procedía como debe ser, que la policía parecía comprada, no hubo violencia porque somos muy cultos en Villamaría, no hubo ningún disturbio...” (fl. 55). En definitiva, la poca credibilidad de este testigo se funda en ser un testigo de oídas y en que no da a conocer ningún hecho de violencia en los términos que la causal de nulidad lo requiere.

El 26 de agosto de 2008 se recibió la declaración de John Wilmar Ospina Martínez (22) , quien como hechos irregulares cuenta que personas afectas al Partido Liberal Colombiano hicieron campaña en perímetros prohibidos, que se presentó “una pequeña manifestación” por supuesto carrusel electoral, que no se les permitió el acceso a los lugares de votación por haber llegado pasadas las 4:00 p.m., que durante la época preelectoral los candidatos al concejo de Villamaría Mario Patiño, Senelia Giraldo y Rosalba Ocampo ofrecieron mercados y afiliaciones al Sisbén para ganar votos, que algunos candidatos hicieron brigadas de salud con personal vinculado al Hospital San Antonio de Villamaría. Nota la Sala que ningún hecho de violencia es relatado por este testigo y que si bien se pudieron presentar estas irregularidades, las mismas no permiten concluir en la nulidad de la elección, dado el grado de abstracción que contienen, por tratarse de señalamientos tan vagos o imprecisos que no permiten saber si ello estuvo dirigido a favorecer solamente las candidaturas de esos aspirantes al concejo o si por el contrario tenían por finalidad favorecer la candidatura del demandado, lo cual resulta poco creíble porque al preguntársele al testigo sobre si el mismo ejecutó algún acto ilegal para recaudar votos en Villamaría, respondió: “... no, yo al señor personalmente no lo distinguí. No tengo conocimiento...” (fl. 63).

En la misma fecha se recibió la declaración de Silvino Pachón Lanchero (23) , cuya credibilidad es muy baja en cuanto a supuestos hechos de violencia porque al efecto dijo “... que me conste me conste no, simplemente me baso en lo que comentaban algunos empleados de la alcaldía sobre ello...” (fl. 68). Y respecto de supuestas presiones provenientes de la administración municipal dijo haber recibido “... ofrecimientos como los hacen siempre los políticos de puestos, de alguna nueva forma de empleo...” (ib.). Frente al actual gobernador dijo “... yo contra el gobernador no tengo absolutamente nada en contra, porque no estoy enterado de absolutamente nada de lo que haya sucedido contra él...” (fl. 67). En síntesis, este testigo no cuenta nada relevante frente a los supuestos hechos de violencia que se indagan con este proceso electoral.

Enseguida se recibió la declaración Nicolás Gilberto Jiménez Velásquez (24) , la cual es desestimada por la Sala por tratarse de un testigo sospechoso según lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, ya que al dar sus datos personales dijo: “... trabajo en el mismo partido con el doctor Jairo Vallejo Román, o sea, cambio radical...” (fl. 70). Esta circunstancia crea un sentimiento de solidaridad con el demandante, que lleva a la Sala a creer fundadamente que hace causa común con el mismo, resultando por tanto razonable que se dude de su imparcialidad.

El 27 de agosto de 2007 declaró ante el tribunal a quo Gonzalo Gómez Escobar (25) , persona mayor de 73 años, habitante igualmente de Villamaría, quien por ser beneficiario de los comedores comunitarios que el municipio tiene para las personas de la tercera edad, adujo que fue presionado por la “señorita que maneja el Sisbén, una Paula, o Paola...” (fl. 75), quien es la misma persona que maneja los auxilios que personas como él reciben. Precisa sí que esas presiones iban dirigidas a que votaran “por el candidato a la alcaldía ... pero por el candidato a la gobernación, no” (fl. 76). No obstante lo indebida de esta conducta de la funcionaria municipal, la misma carece de incidencia frente a la elección acusada, en razón a que las presiones comentadas por el testigo no se dirigieron a obligarlo a votar por el demandado como candidato a la gobernación de Caldas, presión que además resultó inane porque el testigo hizo caso omiso de las mismas al afirmar en su declaración: “Voté libremente, el voto es secreto; libre de presiones” (fl. 77).

Ahora, en la diligencia llevada a cabo el 20 de agosto de 2008 el Tribunal a quo recibió la declaración de los doctores Julio Néstor Echeverri Arias (juez 5º civil del circuito de Manizales) y Regina Castaño Araque (26) (notaría única de Villamaría), quienes actuaron como miembros de la comisión escrutadora municipal. De lo dicho por el doctor Echeverri Arias, sobre el desarrollo del proceso electoral, la Sala extracta:

“Yo diría que fueron normales, con la natural agitación que esto genera; hasta donde recuerdo, había en principio como una cierta molestia de los delegados de uno de los candidatos a la alcaldía cuyo nombre no recuerdo; yo hablé personalmente con ellos y percibí que pretendían perturbar de alguna manera el desarrollo de los escrutinios... Ellos entendieron la situación y permitieron que el escrutinio se desarrollara en un ambiente tranquilo. Incluso, para tranquilidad de ellos les autorizamos que filmaran todo el proceso y así lo hicieron... [Al preguntársele por la causa de la molestia de algunos interesados dijo] He sido escrutador infinidad de veces y esa actitud es típica de todos los movimientos perdedores en los debates electorales ... [sobre los supuestos hechos de violencia adujo] De todas manera (sic), allí en el escrutinio estaban representados una infinidad de movimientos políticos cuyo número no alcanzo a precisar y salvo al (sic) movimiento que presenta la demanda, cuyo nombre no recuerdo, no escuché ningún comentario parecido de los otros movimientos… [y en cuanto al derecho a formular reclamaciones sostuvo] No solamente se les permitió, sino que por iniciativa de la comisión escrutadora hicimos recuento de votos en los casos en los que estimamos pertinente tal como consta en el acta general de escrutinio. Incluso, en muchos casos, para adelantarnos al reclamo, de oficio recontamos los votos, dado que no era un gran número ... [por último, descartó cualquier forma de violencia señalando] Salvo la inicial molestia del movimiento al que me referí al principio, el proceso se desarrolló en un ambiente muy tranquilo y yo diría que hasta de camaradería...” (del original las negrillas).

Y la doctora Regina Castaño Araque, quien por cierto reside en el municipio de Villamaría, refirió en su declaración:

“No tengo conocimiento y no me consta que durante el desarrollo de esos escrutinios se haya presentado algún tipo de violencia física o verbal sobre el electorado... Tajantemente no. No hubo ningún tipo de violencia física o moral que impidiera la labor...”

De acuerdo con lo último, el proceso de los escrutinios transcurrió con normalidad y en calma, sin que ninguno de los miembros de esa comisión hubiera sido víctima o hubiera percibido la realización de algún acto de violencia física o moral, dirigido a alterar el resultado electoral o direccionarlo para favorecer la candidatura del demandado.

De otro lado, en el sobre foliado con el número 512 del cuaderno 1, militan diferentes discos compactos (DVD y CD), cuyo contenido fue examinado por la Sala y del cual no se puede concluir la ocurrencia de violencia en los términos fijados por la jurisprudencia y mucho menos que haya tenido la intensidad requerida. En efecto, en uno de los mismos se aprecian imágenes fotográficas de reuniones de personas, retocadas con letreros sobre sus posibles nombres y ocupaciones (funcionarios municipales) y las posibles actividades que estaban realizando (intervención en política), de lo cual no puede dar crédito la Sala porque no existe ninguna otra prueba en el expediente que permita establecer la identidad de quienes allí aparecen y de que en efecto estuvieran haciendo lo que denuncia el demandante; además, si se tratara de empleados municipales al servicio de cualquiera de las campañas políticas, esa conducta es de interés para la el derecho penal y disciplinario, pero no para el electoral porque no se sabe de su eficacia o incidencia.

En otros videos se aprecian imágenes, al parecer, de los miembros de las comisiones escrutadoras, sin ningún tipo de sobresalto o violencia, es más con un desarrollo normal, que por cierto es avalado en su testimonio por el doctor Julio Néstor Echeverri Arias, quien como ya se apuntó en esta providencia, en su condición de juez de la República fue citado a prestar sus servicios como integrante de la comisión escrutadora municipal, aseverando en su declaración que “el escrutinio se desarroll[ó] en un ambiente tranquilo” (27) . Con este testigo concuerda la otra integrante de esa comisión escrutadora, la doctora Regina Castaño Araque —notaria de Villamaría—, quien aseguró en su versión que antes de las elecciones no advirtió ninguna forma de violencia y que su función escrutadora la pudo ejercer normalmente, como así lo hicieron igualmente los testigos electorales de los diferentes partidos políticos.

Y en cuanto a los restantes videos, los mismos contienen declaraciones rendidas por ciudadanos denunciando distintas irregularidades presentadas durante las elecciones. A este material la Sala no le puede asignar mérito probatorio porque las declaraciones extraproceso, como medio de prueba para fines judiciales, se rigen por lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil (mod. D. 2282/89, art. 1º, num. 129), sin que ninguno de sus dictados haya sido acatado, debiendo en consecuencia la Sala obrar en la forma que le señala el mismo artículo in fine, es decir que “Los testimonios que se reciban con violación de este artículo no podrán ser apreciados por el juez”.

Con base en el análisis de los anteriores medios de prueba llega la Sala a la conclusión de que el accionante no logró probar la violencia física o psicológica generalizada que él anuncia en la demanda sobre la comunidad de Villamaría, proveniente de algunos militantes del Partido Liberal Colombiano, auspiciados por grupos armados ilegales (paramilitares). Si bien logró probar el atentado de que fue víctima el demandante días antes de las elecciones, los insultos que lanzaron algunos simpatizantes de las campañas opositoras al demandante en contra de sus miembros y la intervención en política de algunos funcionarios municipales presionando a los electores con los beneficios derivados de programas como el Sisbén, nada de ello es suficiente para acreditar la nulidad de la elección.

Como se dijo arriba, el atentado dirigido contra el candidato demandante es quizás uno de los más graves hechos de violencia física, pero como no se cuenta con pruebas adicionales que demuestren la generalización del fenómeno, así sea a través de la intimidación de los electores advirtiéndoles que estarían sometidos a los mismos riesgos, entiende la Sala que la gravedad se ve diezmada por su falta de extensión, ya que ninguna otra persona o testigo, libre de sospecha, dijo haber sido objeto de amenazas de ese talante.

Es cierto que algunas personas afines a la compaña política del demandante fueron víctimas de ultrajes verbales y su propaganda política removida poco después de instalada, pero ello dista mucho de poderse calificar como violencia física o psicológica en términos electorales, en virtud a que no se demostró que los autores de tan reprochables conductas estuvieran buscando provocar que tales personas votaran por determinado candidato, lo cual además quedó demostrado no ocurrió porque cada uno de los testigos que sufragó, dijo haberlo hecho de manera libre y voluntaria, por el candidato de sus preferencias.

Por otra parte, la eventual participación en política de algunos funcionarios municipales deberá ser juzgada por las autoridades competentes, pues en este proceso resultan irrelevantes porque si bien existió, no se tiene noticia de quiénes fueron los afectados con ello ni si en verdad ejercieron su derecho al voto, como para cuantificar la incidencia de esa conducta. Además, como lo dijera el testigo Gonzalo Gómez Escobar, dichos funcionarios presionaron para que los ciudadanos favorecieran con su voto a uno de los candidatos a la alcaldía, pero nada se dijo respecto del candidato a la gobernación que aquí se demanda, lo cual torna aún más irrelevante el reparo.

También quedó huérfano de prueba el hecho relativo a que la hegemonía del Partido Liberal Colombiano en el municipio de Villamaría, para las elecciones que se juzgan, se basó en el poder de las armas que empuñan grupos ilegales (paramilitares) y en la intimidación que ello produjo en toda la población. Ninguno de los testigos de cuenta de que ello haya sido así; por el contrario, el único testigo que toca el tema es el señor Rodrigo Antonio Aristizábal Correa, quien en su versión no afirma que el fenómeno haya tenido lugar en las elecciones que se juzgan.

Ahora, la falta de incidencia de las conductas descritas por los diferentes testigos se pone en evidencia con los mismos resultados electorales. Según documentos oficiales (28) el gobernador electo doctor Mario Aristizábal Muñoz obtuvo un total 158.597 votos a nivel departamental, en tanto que el segundo candidato en votación, el doctor Francisco José Cruz Prada, alcanzó 145.682 votos; y en el municipio de Villamaría el vencedor obtuvo 7.888 votos mientras que el segundo conquistó 5.835 votos. Estos resultados revelan que la contienda electoral por la gobernación estuvo bien disputada, que no existió la anunciada hegemonía del candidato vencedor y que no es cierto que toda la población estuvo amedrentada y sometida para votar al unísono por el demandado; estos resultados son indicativos de la inocuidad de la acusación, pues aunque se le descontaran al demandado los 7.888 votos que obtuvo en el municipio de Villamaría, mantendría una votación total de 150.709 votos, con los que seguiría aventajando a su inmediato seguidor, el doctor Cruz Prada, quien alcanzó 145.682 votos.

Tampoco se probó dentro del proceso el comportamiento electoral que históricamente ha tenido la comunidad de Villamaría, esto es cuál ha sido su potencial electoral y cuáles han sido los niveles de votación y abstención en jornadas anteriores, para a partir de allí calcular si el 28 de octubre de 2007 se presentó una abstención extraordinaria, que de hecho no parece haber ocurrido ya que en total se computaron 18.777 votos, suma por cierto bastante considerable, que estuvo dividida entre las distintas alternativas políticas, sin que ninguno de los candidatos a la gobernación haya resultado hegemónico, como se planteó en la demanda.

Por tanto, este cargo no prospera.

6. Cargo segundo: Errores aritméticos durante los escrutinios y otras imputaciones.

No obstante que lo dicho en precedencia bastaría para desestimar las pretensiones de la demanda, por la marcada falta de incidencia de las potenciales irregularidades en el resultado electoral de la gobernación de Caldas, para no dejar sin respuesta los demás reparos que se hacen con la demanda y en la impugnación, de los mismos se ocupará enseguida la Sala.

1. En el hecho 25 de los fundamentos fácticos “anteriores a las elecciones”, se denuncia la ocurrencia de trashumancia electoral en el sector rural de Los Cuervos, Río Claro y Llanitos del municipio de Villamaría. Este reparo no es de recibo porque: (i) No fue determinado en debida forma, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta sección (29) , pues solo se anuncia la supuesta ocurrencia masiva del fenómeno pero no se indica en qué mesas ocurrió ni quienes fueron las personas que lo hicieron, y (ii) En tratándose de las elecciones del nivel seccional la ocurrencia de este fenómeno no está prevista como causal de nulidad, pues así lo dispuso el constituyente en su artículo 316 al prescribir que “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio” (resalta la Sala), y así lo viene aplicando la jurisprudencia de esta sección (30) .

2. Con Oficio SCAL.DIRS.SBDS.GOPE 589569-1 del 19 de agosto de 2008, suscrito por el coordinador grupo operativo (e) y el subdirector seccional DAS - Manizales, se informó que el 27 de octubre de 2007, en operativo realizado en la Ferretería la 8ª, fue sorprendido el ciudadano Jaime Herrera Galeano recibiendo unos materiales para construcción, según él por donación de un concejal, al igual que portando un tarjeta electoral didáctica en la que aparecen los candidatos del Partido Liberal Colombiano a los diferentes cargos y corporaciones de elección popular.

Aunque el demandante invoca esta prueba para demostrar la presencia de actos corruptos durante el certamen electoral del 28 de octubre de 2007, la misma es bastante precaria pues no deja ver si se trató de un acto dirigido a favorecer la candidatura del demandado o de algún otro candidato a cargo o corporación pública de elección popular, máxime si allí mismo admitió que estaba recibiendo esos materiales por cuenta de un concejal; además, según se dijo arriba, se trataría de actos inocuos por no tener incidencia frente al resultado electoral a la gobernación de Caldas, debido a que si se restase al demandado toda la votación obtenida en el municipio de Villamaría, mantendría votos suficientes para legitimar su elección como gobernador de Caldas.

3. Igualmente se dice en la demanda que a los testigos electorales del Partido Cambio Radical se les impidió el acceso al lugar de votación en las primeras horas de la jornada electoral. Es cierto que ello ocurrió, pero se debió a una actuación legítima de las autoridades electorales pues como lo relató el testigo Wilson Darío Muñoz Muñoz (cdno. 2, fl. 31), obedeció al hecho de que esos testigos llevaban estampada en sus camisetas la imagen del edificio donde funcionó la sede del partido Cambio Radical, resultando así razonable que no accedieran al lugar de votación, al menos mientras se despojaban de esas camisetas, como en efecto ocurrió.

4. En cuanto a que la señora Carolina Téllez Llano, funcionaria del DAS que prestó sus oficios durante la jornada electoral en cuestión, fuera parienta del representante a la cámara doctor Jairo Alberto Llano, y a que la delegada de la Registraduría para la vereda Llanitos, señora Luisa Catalina Henao Restrepo, fuera prima de los concejales entrante y saliente Leonardo Restrepo y Cristian Henao, es una imputación que no puede prosperar porque: (i) No se probó el mencionado parentesco; (ii) No se probo la calidad de funcionarias públicas que se endilga a cada uno de estos personajes; (iii) No se cumple con el deber de indicar qué norma resulto violada con ese proceder y de qué forma, y (iv) De ser ciertos esos hechos no se advierte cómo hubieran podido afectar el certamen electoral, pues debe recordarse que no se puede presumir la mala fe.

5. Igualmente se dice que de acuerdo con las actas de escrutinio “son considerables y desproporcionados los errores aritméticos en más del setenta (70%) por ciento de las mesas de Villamaría - Caldas”, e igualmente que “en algunas mesas” se registraron más votos que votantes, que no fueron atendidas las reclamaciones de los testigos electorales, que se manipularon los sobres contentivos de los documentos electorales y que todo ello “se presentó en un número considerable de puestos de votación”.

Pues bien, como se dijo arriba la indeterminación del cargo impide su estudio, ya que el juez de lo electoral debe concentrarse en los señalamientos que puntualmente se le hagan en la respectiva demanda, sin que le esté permitido introducirse en el universo de documentos electorales que se producen a raíz de las elecciones para tratar de establecer posibles irregularidades, puesto que ello cae en el terreno de la carga de la prueba y del principio de la justicia rogada que establece el legislador como un deber a satisfacer por el accionante (CCA, art. 137.4).

Además, la posible existencia de errores aritméticos en los escrutinios debe alegarse como causal de reclamación ante las correspondientes autoridades electorales (C.E., art. 192), por ser de su competencia el conocimiento de tales irregularidades y no tener, a raíz de la expedición de la Ley 62 de 1988, el carácter de causales de nulidad electoral. Con todo, de esos hechos solamente podría ocuparse la jurisdicción a través de demandarse, junto con el acto de elección, los actos administrativos que para decidir tales reclamaciones hubieran expedido las comisiones escrutadoras, una vez agotado en debida forma el trámite administrativo (31) . Como nada de lo anterior se hizo, aunado a ello la falta de incidencia de las anomalías en el resultado electoral, colige la Sala que estos reparos tampoco prosperan.

6. Por último, si fueran auténticas las copias de los listados de firmas de personas inconformes con las elecciones cumplidas el 28 de octubre de 2007 en el municipio de Villamaría, esos documentos no tendrían ninguna incidencia sobre la elección acusada, porque por sí mismo no prueba nada, la única declaración que del mismo emana es su encabezado que expresa “ciudadanos inconformes con las elecciones efectuadas el 28 de octubre el año 207 en Villamaría, Caldas, impugnación de la (sic) mismas”, leyenda que por lo visto no es prueba de ningún hecho concreto relevante para el proceso.

7. Conclusiones.

El análisis del material probatorio regular y oportunamente allegado al proceso permite inferir a la Sala, como acertadamente lo hizo el Tribunal Administrativo de Caldas, que la demanda de nulidad electoral propuesta por el ciudadano Jairo Vallejo Román no prospera. En primer lugar, porque no se probó que los votantes del municipio de Villamaría fueron víctimas de violencia física o psicológica, con la extensión e intensidad requeridas por la jurisprudencia de esta Sección, para doblegar la voluntad del electorado e inclinar las votaciones a favor del demandado; en segundo lugar, porque ninguna de las irregularidades restantes se planteó con la determinación requerida para poder ser estudiada, además de haberse tratado de circunstancias no constitutivas de causal de nulidad; y en tercer lugar, porque ante los resultados electorales obtenidos en el municipio de Villamaría por los distintos candidatos a la gobernación de Caldas, los hechos probados por el actor no afectan la presunción de legalidad que acompaña al acto censurado, pues la ventaja electoral persistiría a favor del doctor Mario Aristizábal Muñoz.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia será confirmada. No se ordenará la expedición de copias con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, pues de las pruebas aportadas se infiere que esos órganos de control ya aprehendieron el conocimiento sobre las irregularidades señaladas por los testigos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia desestimatoria dictada el primero (1º) de diciembre de dos mil ocho (2008), por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del PROCESO ELECTORAL promovido por el ciudadano Jairo Vallejo Román contra la elección del doctor Mario Aristizábal Muñoz como gobernador de Caldas (2008-2011).

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen, dejando las anotaciones pertinentes.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese

Magistrados: Filemón Jiménez Ochoa, Presidente—Susana Buitrago Valencia—María Nohemí Hernández Pinzón—Mauricio Torres Cuervo.

(1) Cuaderno 1, folios 550 y 551.

(2) La norma prevé que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original “1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(3) Así lo determinó el legislador extraordinario al expedir el Código Electoral (D.L. 2241/86), pues consagró en su artículo 1º el principio de la capacidad electoral en estos términos: “Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida”.

(4) En la sentencia del 24 de abril de 1997, proferida por esta sección dentro del expediente 1612, se sostuvo sobre el particular: “En relación con la causal primera invocada, debe precisarse que la violencia que constituye causal de nulidad, es la ejercida sobre los escrutadores o las papeletas de votación en forma tal que se destruyan o mezclen con otras. En tales condiciones la violencia contra los electores y en general contra quienes sean escrutadores o contra documentos distintos a los señalados en la norma, no configura la causal de nulidad en estudio, como no la configura tampoco, la violencia ejercida en momentos distintos a los de los escrutinios para los efectos allí expuestos”.

(5) Muestra de ello es, por ejemplo, la sentencia proferida el 25 de enero de 2002 dentro del expediente 11001032800020010035-01 (2561), en la que se arguyó: “Anteriormente la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado sostenía que la acción de nulidad de carácter electoral solo podía ejercerse cuando se invocara una de las causales especiales de nulidad de los actos administrativos de contenido electoral expresamente señaladas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, esa tesis fue modificada por esta sección y según jurisprudencia reiterada desde el año de 1998, viene sosteniendo que además de las causales especificas señaladas en los artículos citados, al ejercer la acción de nulidad de carácter electoral también se pueden invocar las causales generales de nulidad del acto administrativo contempladas en el artículo 84 de esa misma normativa”.

(6) Sentencia de enero 19 de 2006. Expediente 68001-23-15-000-2004-00002-02(3875).

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2001.

(8) Sentencia de noviembre 24 de 2005. Expediente 19001-23-31-000-2003-02105-03(3800). Actor: Arnobio López Moreno. Demandado: Alcalde del municipio de Timbío.

(9) Sentencia de noviembre 22 de 2007. Expediente 11001-03-28-000-2006-00117-00 (4058). Actor: Jairo Ducuara Torcuato. Demandado: Representantes a la cámara departamento del Guainía.

(10) Cuaderno 1, fls. 36 a 46.

(11) Cuaderno 1, fls. 47 a 51.

(12) Cuaderno 3, fls. 83 a 86.

(13) Así lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley 734 de 2002 al consagrar como faltas gravísimas: “39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. 40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

(14) Cuaderno 1º, fls. 52 y 53.

(15) Cuaderno 2º, fls. 3 a 15.

(16) Cuaderno1, fls. 47 a 51.

(17) Cuaderno 2, fls. 16 a 22.

(18) Cuaderno 2, fls. 24 a 33.

(19) Cuaderno 2, fls. 37 a 46.

(20) Cuaderno 2, fls. 48 a 53.

(21) Cuaderno 2, fls. 54 a 56.

(22) Cuaderno 2, fls. 59 a 65.

(23) Cuaderno 2, fls. 67 a 69.

(24) Cuaderno 2, fls. 70 a 73.

(25) Cuaderno 2, fls. 75 a 77.

(26) Cuaderno 3, fls. 9 a 17.

(27) Cuaderno 3, fls. 9 a 13.

(28) Cuaderno 3, folio 93.

(29) Sentencia del 11 de noviembre de 2005. Expedientes acumulados: 110010328000200400001-01 y 110010328000200400002-01 (3190 y 3192).

(30) Sentencias de mayo 31 de 2002 expediente 2846, julio 8 de 1999 expediente 2285, diciembre 7 de 2001 expediente 2755, diciembre 14 de 2001 expediente 2473, mayo 31 de 2002 expediente 2846, julio 15 de 2002 expedientes 2456 y 2842, marzo 20 de 2003 expedientes 2468 y 2488, mayo 5 de 2005 expediente 3658, noviembre 11 de 2005 expedientes 3190 3192, diciembre 15 de 2005 expediente 3179.

(31) Sobre el particular pueden consultar las sentencias del 7 de diciembre de 1995 (Exp. 1472), 1º de julio de 1999 (Exp. 2234), 29 de junio de 2001 (Exp. 2477), del 14 de diciembre de 2001 (Exps. 2756 y 2765), 1º de julio de 1999 (Exp. 2234) y 27 de enero de 2003 (Exp. 2487 y 2495).

_____________________________________