SENTENCIA 2008-00137/43186 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2016

 

Sentencia 2008-00137/43186 de septiembre 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2008-00137-01(43186)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Demandado: Manuel Waldo Ortiz Peñuela

Referencia: apelación sentencia - acción de repetición

Tema: acción de repetición / No constituye prueba del pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen.

Bogotá, D. C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 2) generalidades de la acción de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001. En lo atinente al aspecto procesal de la acción de repetición se deben emplear siempre las disposiciones normativas de la mencionada ley por ser regulación de orden público y de aplicación inmediata; 3) verificación de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición para el caso concreto: no se demostró en el proceso el pago de la condena: no constituye prueba de ello la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen.

1. Competencia.

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación se ha pronunciado de la siguiente manera(12):

“… conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(13).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma Ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(14)” (negrillas y subrayas de la Subsección).

En el presente caso se demostró que la condena por cuyo pago repite la parte actora la impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia fechada el 9 de noviembre de 2005(15), tras decidir una demanda de reparación directa que los familiares del recluso asesinado al interior de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá interpusieron en contra del Inpec para que se lo declarara responsable por ese hecho y los indemnizara.

Así las cosas, esta corporación cuenta con competencia para conocer en segunda instancia del presente litigio, dado que la acción de repetición se inició ante el mismo Tribunal Administrativo que conoció del primer proceso, esto es, el de Cundinamarca, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia consolidada de esta corporación.

2. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial(16). 

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

En tal sentido, la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000– como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

La mencionada ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

En relación con los aspectos procesales de la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.

Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

En tanto que si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la norma sustancial aplicable para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo es el Código Civil en lo atinente a ese tema.

Finalmente, en cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001 inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(17).

3. Presupuestos de procedencia de la acción de repetición.

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) que la demanda se haya interpuesto en tiempo; d) la calidad del demandado como agente o exagente del Estado; e) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y f) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica.

La Subsección analizará si en el presente caso están reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que ejerció la entidad demandante.

3.1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso una obligación a cargo de la entidad estatal demandante.

Está demostrado en el expediente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 9 de noviembre de 2005, declaró administrativamente responsable al Inpec por el homicidio de un recluso al interior de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá y la condenó al pago de unas indemnizaciones a sus familiares.

La razón por la cual se condenó al Inpec fue porque se demostró que dicha muerte ocurrió como consecuencia de un disparo de arma de fuego accionada por otro recluso. Estimó el Tribunal Administrativo que la posesión de un arma de fuego por parte de un interno era sinónimo de que hubo una falla en las medidas de seguridad del establecimiento carcelario.

Por lo antes dicho, se encuentra demostrado en el expediente que la Justicia Contenciosa Administrativa impuso una condena de carácter patrimonial al Inpec, cuyo pago pretende recuperar a través de esta acción de repetición.

3.2. El pago de la indemnización por parte de la entidad pública.

Como prueba para demostrar el pago de la condena impuesta el Inpec arrimó al proceso la copia auténtica de la Resolución 2213, fechada el 27 de abril de 2006, por medio de la cual liquidó sus valores y ordenó pagarlos(18).

Además de lo anterior, el Inpec allegó al expediente un documento titulado “orden de pago 5344”, en el que aparecen en detalle los datos de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de noviembre de 2005, los beneficiarios de la condena impuesta, así como el valor a pagar de $ 272’356.967.

Del mismo modo, la parte actora allegó al proceso una certificación expedida por la tesorera general del Inpec, acerca de que el pago de la condena ocurrió en dos momentos: el 5 de mayo de 2006, mediante el cheque Nº 3776697, y el 9 de ese mes y año con el cheque Nº 3776698, transacciones que ocurrieron a través de la “ventanilla de la tesorería”(19).

Dicho lo anterior, es conveniente hacer referencia a la postura de esta corporación frente a la prueba del pago efectivo de la condena, trayendo a colación el siguiente fragmento jurisprudencial de esta Subsección(20):

“Bajo esa misma línea de pensamiento, la Sala se ha referido a la falta de mérito probatorio con que cuentan, para efectos de acreditar el pago, las constancias o certificaciones emitidas por la propia entidad demandante, en los siguientes términos:

‘(…) la Sala resalta el hecho de que la Nación tampoco probó el pago efectuado a los familiares de la víctima dentro del proceso de reparación directa, pues sólo aportó copia autenticada de la Resolución 3371 del 9 de septiembre de 1994 por la cual reconoció y ordenó el pago de $38’084.285,oo y de la certificación expedida por el jefe de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda sobre el referido pago, sin constancia de recibido por parte de los beneficiarios (fls. 75 y 76 a 81 c. 1).

‘A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente(21) es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.

‘No basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación’(22) (Se destaca).

“Asimismo, se ha considerado que:

‘(…) la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma(23)(24) (subrayas del original, negrillas adicionadas).

La postura reseñada ha sido sostenida por esta Subsección en reiterados pronunciamientos, entre los cuales pueden consultarse algunos de los más recientes, a saber: sentencias de 27 de enero de 2016, proferidas en los procesos con números internos de radicación 35.894(25) y 39.655(26); y de 18 de abril de 2016, Expediente 40.694(27).

En aplicación del precedente judicial se concluye que los documentos aportados por la parte actora para demostrar el pago de la condena impuesta no constituyen prueba de ello, toda vez que de su contenido no es posible deducirlo en los términos que lo exige la jurisprudencia.

No constituye prueba del pago efectivo de una condena la existencia de documentos emitidos por la entidad que así lo indiquen, pues se requiere, además, la evidencia de que el beneficiario lo recibió a satisfacción, aspecto del cual carece el expediente.

Ciertamente, llama la atención que en la certificación expedida por la tesorería del Inpec se hubiere afirmado que los cheques a través de los cuales se pagó la condena se entregaron a los beneficiarios por la ventanilla de esa dependencia, pero no obra prueba de que en realidad eso ocurrió.

La ausencia de prueba respecto de que los beneficiarios en realidad recibieron los cheques, tal y como lo afirmó la tesorería del Inpec, impide que haya certeza de que el pago ocurrió.

En suma, no obra prueba en el proceso acerca del pago de la condena por la cual se demandó en repetición.

3.3. El ejercicio oportuno de la acción.

Aun cuando no está demostrado el pago de la condena impuesta al Inpec, es procedente analizar si la acción de repetición se interpuso dentro del término de caducidad.

En cuanto a la caducidad de la acción de repetición la Sala ha dicho lo siguiente(28):

“Como se observa, para resolver el asunto de la caducidad de la acción resulta necesario establecer cuándo se produjo el pago por cuyo reembolso se demanda, el cual es determinante para acreditar el daño y para señalar la oportunidad para formular la demanda de repetición. Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C. C. A” (negrilla por la Sala).

Como no obra prueba acerca del pago de la condena, el término de caducidad se deberá contabilizar a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia que la impuso.

Según la copia auténtica de la sentencia fechada el 9 de noviembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, su notificación por edicto ocurrió entre el 17 y el 21 de noviembre de 2005, por lo que su ejecutoria sucedió el 24 de ese mes y año(29).

Así entonces, 18 meses luego de la ejecutoria de la mencionada sentencia se cumplieron el 24 de mayo de 2007.

Dicho lo anterior y en vista de que esta demanda de repetición se radicó el 28 de marzo de 2008, se concluye que se hizo dentro del término de caducidad, el cual se agotaba el 25 de mayo de 2009.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. SIN condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, Exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Dr. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, Exp. 42.354, entre muchas otras providencias.

13 Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Exp. 2001 02061 01, C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez”.

14 Original de la cita: “Cfr. autos citados”.

15 La copia auténtica de la sentencia obra en los folios 23-29 del cuaderno principal.

16 Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, Expediente 29.291, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

17 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

18 Folios 5-9 de cuaderno 5.

19 Folio 20 del cuaderno principal.

20 Sentencia fechada el 26 de mayo de 2016 proferida por esta Subsección, dentro del Expediente 25000-23-26-000-2004-02031-01 (39.795).

21 Original de la cita: “El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia de todas las personas que acostumbran utilizar en sus relaciones jurídicas”.

22 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 25.749; M.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

23 Original de la cita: “A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total –no solo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad–, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 16887”.

24 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, Exp. 46.162; M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.

25 Magistrado Ponente: doctor Hernán Andrade Rincón.

26 Magistrado Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

27 Magistrado Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

28 Sentencia fechada el 8 de julio de 2009, Expediente 22.120, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

29 La constancia de la ejecutoria de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2005 obra en el folio 31 del cuaderno principal.