Sentencia 2008-00147 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 250002325000200800147 011

Número interno: 0882-2013

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actora: Martha Ruth Bejarano Castellanos

Autoridades nacionales

Instancia: Segunda-Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Consiste en determinar si la señora Martha Ruth Bejarano Castellanos podía renunciar al derecho que le fue reconocido a través del acto acusado y, si tiene derecho a que la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGPP, le reconozca y pague una pensión de jubilación independiente a la de vejez que le fue reconocida por el Instituto del Seguro Social en razón a que los tiempos laborados para acceder a éstas, presuntamente, son independientes.

Hechos probados

Pensión de vejez reconocida por el ISS 

A folios 193 a 197 se encuentra el reporte de semanas cotizadas ante el Instituto del Seguro Social, del cual se desprende que el empleador Laceb Ltda. realizó los aportes desde el 17 de octubre de 1983 hasta el 30 de noviembre de 2003.

Por medio de la Resolución 29221 de 20 de diciembre de 2004, el Jefe del Departamento Atención al Pensionado del Instituto del Seguro Social, reconoció la pensión de vejez a la señora Bejarano Castellanos teniendo en cuenta el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990(16). Para el efecto tuvo en cuenta que el último patrono fue el Laboratorio Clínico El Bosque (fls. 2 y 3).

Por medio de la Resolución 13027 de 6 de abril de 2006, la misma autoridad administrativa, modificó el anterior acto administrativo, en el sentido de causar la prestación de vejez a favor de la demandante a partir del 1º de enero de 2006 (fls. 3 y 4).

Pensión reconocida por el ente demandado 

El 12 de marzo de 1999, el Jefe de División de Desarrollo del Recurso Humano de la Caja de Previsión Social, certificó que la señora Martha Ruth Bejarano Castellanos había laborado en la entidad desde el 16 de octubre de 1970 hasta el 2 de noviembre del mismo año, y luego, del 18 de noviembre de 1971 al 30 de diciembre de 1993 (fls. 28 a 30).

Mediante Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005, el Asesor de la Gerencia General de la Caja de Previsión Social EICE, reconoció a la señora Bejarano Castellanos una pensión de jubilación, con efectividad a partir del 28 de abril de 2003 (fls. 5 a 8).

El 23 de noviembre de 2005, la demandante a través de un derecho de petición que presentó ante el Fondo de Pensiones de la Caja Nacional de Previsión Social, renunció a su derecho pensional, reconocido por medio de la Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005, ya que iba a iniciar “(...) los trámites de bono pensional ante otra entidad administradora de pensiones, en virtud de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y teniendo en cuenta que todavía no estoy disfrutando de mis mesadas pensionales (...)” (fls. 15 y 16).

En virtud de la Resolución 14131 de 24 de abril de 2007, el Gerente del ente demandado, accedió al desistimiento de pensión vitalicia de jubilación presentado por la actora puesto que se habían reunido los requisitos establecidos en el artículo 73 del CCA(17), y dispuso, que el pago de la misma se suspendió desde el mes de enero de 2006 (fls. 9 a 10).

Análisis del asunto

i. Prohibición de percibir doble asignación del Tesoro Público.

La Constitución Política de 1991 en el artículo 128, reiterando lo dispuesto en la Constitución de 1886, consagró la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público con el siguiente tenor literal:

“(...) Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas (...)”.

A su vez, la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se establecieron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros, derogó tácitamente el artículo 1º del Decreto 1713 de 1960(18), y en su lugar dispuso:

“(...) ART. 19.—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

PAR.—No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades (...)”(19).

De la normatividad en cita se advierte que no es posible acceder a dos asignaciones del sector público salvo en los casos excepcionales antes enunciados como por ejemplo los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales y docentes o “por sustitución pensional”.

ii. Incompatibilidad de las pensiones de vejez y de jubilación cuando ambas son pagadas con recursos del Tesoro Público.

El artículo 77 del Decreto 1848 de 1969 estableció la incompatibilidad del goce de la pensión de jubilación proveniente de servicios prestados en el sector público con una asignación proveniente de entidades de Derecho Público, Establecimientos Públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio.

En el presente caso, el Instituto del Seguro Social le reconoció la pensión de vejez a la actora aplicando lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 49 de ese mismo año, por lo que es necesario remitirse a este con el fin de determinar si existía o no incompatibilidad entre las prestaciones que reconocía el Instituto y las que pagaba una entidad pública.

El artículo 1º de dicha normativa(20), estableció la obligatoriedad del Seguro Social para los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo, excepto en los casos dispuestos en el artículo 2º, que se refiere, entre otros, al evento en el cual el empleado gozaba de una pensión a cargo de un patrono particular (no oficial).

El artículo 49 del Decreto 758 de 1990 estableció, a su turno, de manera expresa que “Las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS” eran incompatibles entre sí y con otras pensiones y asignaciones del sector público.

No obstante, la anterior norma fue declarada nula por el Consejo de Estado en Sentencia de 3 de abril de 1995(21), bajo el siguiente entendido:

“(...) El artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (art. 16, D. 1650/77), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos; en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como derechohabiente de otra persona ya fallecida.

(...).

Se trata de dos asignaciones completamente diferente por su origen y por su fuente. La pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público.

(...)”.

Bajo ese contexto, es propio citar la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(22), la cual se ha pronunciado de la siguiente manera:

“(...) A juicio de la Corte, fue equivocado el razonamiento del Tribunal para negar la pensión de vejez al demandante, prevalido de la simple consideración de que él es beneficiario de una pensión de jubilación legal a cargo del Departamento de Antioquia, atendiendo el carácter universal y único del Sistema de Seguridad Social, que impide el pago simultáneo de dos pensiones que cubren el mismo riesgo.

Así se afirma, por cuanto en este particular asunto, no resultan aplicables las disposiciones legales que le sirvieron de marco normativo al Tribunal para obtener tal inferencia y, tampoco, los referentes jurisprudenciales que lo apoyaron, pues los mismos no corresponden a las especiales características que se debaten en el sub judice.

En efecto, se trata de dos pensiones que tienen origen y conceptos diferentes, en tanto la de jubilación otorgada por normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, se deriva por los servicios prestados a una entidad oficial (Departamento de Antioquia), y la de vejez que se pretende del Instituto de Seguros Sociales, según el Acuerdo 49 de 1990, corresponde a las cotizaciones efectuadas por períodos de trabajo distintos y sucesivos para diversos empleadores del sector privado, supuestos que conducen a la viabilidad jurídica de su compatibilidad.

(...)”.

De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que esta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares(23).

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del “tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado” y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.

En un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación(24) concluyó:

“La anterior jurisprudencia es aplicable al caso concreto. En efecto, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que reclama el actor del Fondo de Prestaciones del Magisterio y otra la que recibe del ISS; la primera obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber cotizado como trabajador independiente, lo cual conduce a indicar que las dos pensiones son compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público”.

iii. Caso en concreto.

En el sub lite la señora Bejarano Castellanos pretende la anulación del acto administrativo que accedió al desistimiento de la pensión de jubilación que le fue reconocida a través de la Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005, y en consecuencia, que se ordene el pago de la misma con el 75% de los factores que percibió en el último año de servicios, con la indexación de la primera mesada y con la aplicación de los artículos 176 a 178 del CCA.

Habrá de afirmarse, en primer lugar, que el reconocimiento de Prestaciones Económicas, especialmente las referidas a la seguridad social en pensión, comportan un derecho de rango constitucional, preceptuado en el artículo 42 de la Constitución Política, interpretado como una prerrogativa iusfundamental en la medida en que constituye un medio para solventar las necesidades de los ciudadanos que entran en periodo de jubilación.

Al tratarse de una prestación económica reconocida a las personas de la tercera edad, la seguridad social en pensión, adquiere la calidad de derecho subjetivo, que a la vez, presenta una doble connotación, de una parte constituye un derecho irrenunciable en la medida en que con su vulneración se trasgreden o quebrantan, derechos de categoría fundamental; como la salud, mínimo vital, entre otros, y por otra parte es un “servicio público” (artículo 42 de la Constitución Política), que puede ser prestado por entidades públicas o privadas con observancia de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.

Debe tenerse en cuenta, que la irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales y de la seguridad social, fue elevada a canon constitucional a través del artículo 53 de la Carta Superior, que si bien impone una actuación positiva por parte del Congreso de la República al expedir el estatuto del trabajo, no es óbice para que la Administración se sustraiga de su contenido en sus actuaciones frente a los administrados.

Con base en lo anterior se puede concluir, que no le era dable al ente demandado acceder al desistimiento de la pensión de jubilación que le fue reconocida a la actora, pues además de que no fue soportado eficazmente, ya que primero se ordenó el cese del pago y después se expidió el acto que fundamentaba tal actuación(25), se trata de un derecho que es irrenunciable.

Entonces, es más que evidente la ilegalidad de la solicitud que realizara la actora el 23 de noviembre de 2005, en lo referente a la renuncia del derecho que le fue reconocido a través de la Resolución 27600 de 12 septiembre de 2005, puesto que no le era dado renunciar a lo irrenunciable.

Ahora bien, en caso tal de que la administración considerara que el reconocimiento extinguido era ilegal, el único camino jurídico-legal de que disponía, era el de demandar su propio acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ende, tiene razón el Ministerio Público cuando sostuvo que la Caja de Previsión Social tuvo que haber demandado “(...) en acción de lesividad su propio reconocimiento pensional (...)”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala examinará en segundo lugar, si la demandante tiene derecho a que el ente demandado le pague una pensión de jubilación independiente a la de vejez que le fue reconocida por el Instituto del Seguro Social; por tal motivo, es necesario examinar si los tiempos cotizados en cada uno de estos fondos son independientes.

Servicios prestados al sector privado 

RAZÓN SOCIALTIEMPO
Laboratorio Clínico El Bosque Laceb Ltda.Desde el 17 de octubre de 1983 hasta el 30 de noviembre de 2003

Como consecuencia de los anteriores tiempos, el Jefe del Departamento Atención al Ciudadano del Instituto del Seguro social le reconoció, mediante Resolución 29221 de 2004, la pensión por vejez a la actora, a partir del 1º de octubre de 2004.

Servicios prestados al sector público 

RAZÓN SOCIALTIEMPO
Laboratorio de la Caja Nacional de Previsión Social.Desde el 16 de octubre de 1970 hasta el 2 de noviembre del mismo año, y luego, del 18 de noviembre de 1971 al 30 de diciembre de 1993

Al valorar el material probatorio que obra dentro del proceso se puede afirmar, que estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la que recibe la demandante del Instituto del Seguro Social y la que reclama ahora ante la Caja Nacional de Previsión Social (hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social); lo anterior, habida cuenta que tienen un origen o concepto distinto, pues una obedece a servicios prestados al Estado Colombiano y la otra fue por haber prestado servicios laborales a una entidad del sector privado, quiere decir entonces, que los fondos con los que se pagan esos derechos prestacionales, son igualmente opuestos, con lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles.

De manera que, el a quo se equivocó al concluir que en este caso no procedía el pago de la pensión reclamada, bajo el argumento de que no es posible devengar dos pensiones que tienen igual naturaleza y amparan el mismo riesgo, pues como quedó visto, tales emolumentos no se oponen a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, a percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público.

Tampoco puede afirmarse que existe incompatibilidad por la prohibición constitucional de que nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público, por cuanto, la pensión de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales no provino del erario público, toda vez que los fondos que administraba estaban integrados por aportes privados que realizaron, en este caso, el Laboratorio Clínico El Bosque Laceb Ltda.

Así las cosas se declarará la nulidad del acto acusado, y en consecuencia, la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación (hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social) deberá pagar la pensión en los términos señalados en la Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005, que profirió la Asesora de Gerencia General del ente demandado, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios y aplicando la actualización correspondiente con el Índice de Precios al Consumidor desde el año de 1993 hasta el 2002.

En virtud de lo anterior, no habrá lugar a la indexación de la primera mesada pensional, como quiera que el citado acto administrativo ya lo había reconocido. Sin embargo, el pago de la pensión se efectuará desde enero de 2006, fecha en que fue suspendida la cancelación de la misma.

Las sumas que resulten a favor de la demandante, se ajustarán en su valor como lo ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S2008-00147F
 

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante, por concepto de diferencias en sus mesadas pensionales, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Respecto a los intereses se aplicará lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, y se ordenará a la entidad dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 ibídem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la Sentencia de 4 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que declaró no probadas las excepciones propuestas y denegó las súplicas de la demanda incoada por Martha Ruth Bejarano Castellanos contra la Caja de Previsión Social EICE en Liquidación; en su lugar,

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 14131 de 24 de abril de 2007, suscrita por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social, que accedió al desistimiento de la pensión de jubilación reconocida a la demandante, y en consecuencia, revocó la Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005.

2. CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, a pagar la pensión de jubilación de la actora a partir del mes de enero de 2006, en los términos dispuestos en la Resolución 27600 de 12 de septiembre de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

La presente sentencia deberá cumplirse de acuerdo con los artículos 177 y 178 del CCA.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

16 “(...) ART. 12.—REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
(...)”.

17 “(...) ART. 73.—Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.
Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto.
(...)”.

18 “(...) ART. 1º—Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación: (...)”.

19 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucionalidad en Sentencia C-133 del 1º de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

20 “(...) ART. 1º—AFILIADOS AL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. Salvo las excepciones establecidas en el artículo del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los seguros sociales obligatorios.
(...)”.

21 Consejo de Estado, Sentencia de 3 de abril de 1995, Referencia: expedientes 5708, 5833, 5937 (Acumulados), actores: Luis Velásquez Uribe, Erich Guerra Caicedo y Luis Miguel Quiñones Franco, C.P. Álvaro Lecompte Luna.

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 7 de septiembre de 2010, Radicación 35761. M.P. Camilo Tarquino Gallego.

23 Sobre este tema en particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en Concepto de 8 de mayo de 2003, C.P. Susana Montes de Echeverri, radicado 1480, sostuvo: ”(...) no se configura ninguna incompatibilidad entre la recibir sueldo en un cargo público y pensión de vejez, pues no se trata de dos asignaciones provenientes del tesoro público, pues los recursos con los cuales se pagan estas últimas a cargo del ISS, provienen o de los aportes patronales y de los aportes del trabajador efectuados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o son recursos parafiscales aportados después de su vigencia, aunque es el ISS, en calidad de administrador de pensiones o del sector privado o de los afiliados al sistema general de pensiones, quien reconoció y se encuentra pagando las mesadas pensionales a que tienen derecho los trabajadores, bien porque en el régimen anterior hubieren cumplido los requisitos de tiempo de cotización y edad al servicio del sector privado, o bien las semanas de cotización en cualquier sector después de la vigencia de la Ley 100.
(...).
Pero, otra cosa muy diferente es que, como se explica ampliamente más adelante en este concepto, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se prohibió en el país y, en términos generales, la vinculación laboral, tanto al sector público como al privado, de quienes tengan derecho a una pensión de vejez, salvo, desde luego, las excepciones establecidas expresamente en la ley respecto de algunos cargos públicos.
(...).
Como se dejó explicado en el aparte 2 de este concepto, hasta la vigencia de la Ley 100 de 1993 los máximos tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, habían señalado que los aportes efectuados por los trabajadores y los patronos del sector privado al ISS eran de índole privada y, por lo mismo, las pensiones que con tales recursos se pagaran no provenían del tesoro público y, por ello, eran compatibles con cualquier otra asignación provenientes de este. Se dijo, entonces, que el ISS resultaba ser un simple administrador de recursos de índole privada. Por el contrario, se entendió que las pensiones pagadas por las entidades de previsión del sector público constituían asignaciones provenientes del tesoro público.
(...)”.

24 Sentencia de 19 de octubre de 2006, C.P. Jaime Moreno García, radicado interno 3691-05.

25 En la Resolución 14131 de 24 de abril de 2007 se indicó que la pensión había sido suspendida desde el mes de enero de 2006.