Sentencia 2008-00147/41553 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 44001-23-31-000-2008-00147-01(41553)

Actor: Yeimis Manjarrez Flórez y Otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis

Extractos «Consideraciones.

Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(19), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(20), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(21).

En este caso, se observa que la sentencia por medio de la cual se absolvió a Yeimis Manjarrez Flórez quedó ejecutoriada el 1 de agosto de 2006(22). Como la demanda se presentó el 21 de julio de 2008, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Yeimis Manjarrez Flórez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que, como la privación injusta de la libertad del acá demandante Yeimis Manjarrez Flórez se produjo, según la demanda, hasta el 13 de julio de 2006, se tiene que ello ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996(23), que establece:

“ART. 65.—De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ART. 68.—Privación Injusta de la Libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(24), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en Sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..”(25) (Se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(26).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(27).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(28). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(29).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(30). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(31).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(32): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(33).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en Sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(34).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (Art. 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(35).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (art. 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(36).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

—En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

—En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(37).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(38).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, a la luz del material probatorio válidamente aportado al proceso —en copia auténtica—, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte demandante, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto Yeimis Manjarrez Flórez.

Caso concreto.

El 15 de junio de 2000, la Fiscalía Primera de la Unidad de Vida de Riohacha profirió resolución de apertura de investigación contra Yeimis Manjarrez Flórez y ordenó librarle orden de captura(39). Como ésta no pudo hacerse efectiva, el 7 de junio de 2004 la Fiscalía lo declaró persona ausente, le designó defensor de oficio y canceló la orden de captura —029 de 16 de junio de 2000— librada contra el señor Manjarrez Flórez(40).

El 11 de julio de 2004, Yeimis Manjarrez Flórez fue capturado por miembros de la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía Primera de la Unidad de Vida de Riohacha(41), según oficio 0218 de esa misma fecha, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Barrancas(42), en el que se lee:

“… me permito dejar a disposición de ese Despacho, al particular de nombre Yeimis Manjarrez Florez.

(…)

“… siendo aproximadamente las 15:30 horas cuando personal policial de esta unidad al mando del suscrito realizaba patrullajes y requisas a establecimientos públicos fue capturado el particular antes mencionado en el establecimiento de razón social ‘Billares El Ciro’ … quien al solicitarle antecedentes presenta orden de captura vigente 29, oficio 29 de fecha 16 de junio del 2000 (sic) sumario 6168 (sic) solicitado por esa fiscalía por el delito de Homicidio (sic)” (se resalta).

El 17 de mayo de 2005, la Fiscalía Primera de la Unidad de Vida Riohacha impuso a Yeimis Manjarrez Flórez medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, y libró nuevamente orden de captura en su contra —la 0610747 del 17 de mayo de 2005—(43).

El 18 de mayo de 2005, Yeimis Manjarrez Flórez fue capturado por funcionarios del CTI, según informe 240 - CTI de esa misma fecha(44), que dice:

“Objeto de la Orden

“Dar captura al señor Yeimis Manjarres (sic) Florez …, el cual se encuentra requerido mediante orden de captura 0610747.

(…)

“Siendo aproximadamente las 15:00 horas del día 18 de mayo del año en curso, hizo presencia voluntaria en las instalaciones del CTI, el señor Yeimis Manjarres (sic) Florez …, a quien de inmediato se le notificó de su aprensión (sic) y se le leyeron los derechos del capturado”.

El 15 de agosto de 2005, la Fiscalía Seccional Primera de la Unidad de Vida de Riohacha profirió resolución de acusación contra Yeimis Manjarrez Flórez, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego(45).

En Sentencia del 11 de julio de 2006, el Juzgado Penal del Circuito de Riohacha absolvió a Yeimis Manjarrez Flórez de responsabilidad penal por los delitos mencionados, en los siguientes términos (se transcribe como obra en el expediente):

“La verdad sea dicha, al procesado lo une a esta investigación judicial únicamente, las varias veces mencionada denuncia instaurada por la señora Liliana Fragozo, en donde señala al señor Jeimis Manjarrez Florez como posible responsable de la muerte del señor Alfredo Mora, la que a nuestro parecer, no cumple con los elementos formales que exige nuestra normatividad procesal, ya que, en una nueva declaración rendida por la misma señora, esta transforma lo dicho en la denuncia y desconoce haber formulado alguna imputación en contra del señor Manjarrez Florez, lo que deja sin base y sin eficacia los efectos de dicha denuncia penal, instaurada en contra del que se acaba de nombrar.

“Es más, tan débil es la prueba de cargo, que el único testigo presencial de los hechos, señor Arnulfo Enrique Peralta, en su jurada rendida ante la seccional de policía judicial e investigación, el día 5 de Febrero de 2000, señala a los hermanos Manjarrez Florez como los posibles autores de la muerte del señor Alfredo Mora, pues, sostiene este señor que los que se acaban de mencionar fueron a la casa de la hoy víctima a amenazarla de muerte, y que ellos, los presuntos victimarios, estaban el día anterior a la ocurrencia de los hechos, en los alrededores de la casa donde residía la víctima; pero nótese, que el mismo señor en su declaración rendida en el desarrollo del acto público de audiencia pública manifiesta que, él no conoce al señor Jeimis Manjarrez, y que no conoce de ninguna amenaza contra la víctima en este asunto, de la misma manera sostiene que él no logro distinguir quienes fueron los causantes de los siniestros hechos, solo se limita a decir que él no vio a nadie, desconociendo que el haya hecho cualquier imputación en contra del señor Jeimis, pues, él no lo conoce; lo anterior es prueba de que las imputaciones realizada en contra del encartado en pasada oportunidad, fueron producto de la suposición del señor Peralta y de la esposa de la víctima.

“Creemos imperioso, a fin de robustecer lo planteado en precedencia, puntualizar que Jeimis Manjarrez, al rendir sus descargos pone de presente que para el día y hora en que sucedieron los hechos bajo estudio, él se encontraba en la ciudad de Codazzi— Cesar, y que solo vino a esta ciudad cuando se enteró que le habían matado a su hermano; siendo ello así, mal podría estar él en dos sitios a la misma vez, en razón a que no tiene el don de la ubicuidad. Con miras a que confirmaran o dieran fe de la afirmación hecha por él, indicó el nombre de varias personas que para la fecha y hora en que se sucedieron los hechos de sangre bajo estudio, le vieron en la ya mencionada ciudad, personas estas que fueron citadas, confirmando el dicho del procesado …

“Por modo y manera que, entonces, atendiendo a que las sindicaciones tanto de la denunciante como del único testigo presencial de los hechos, en contra del señor Jeimis Manjarrez Florez, fueron retiradas, la prueba testifical de cargo pierde todos sus efectos, y al ser estas el único medio de prueba que se tubo para residenciar al hoy implicado, a falta de las mismas, no se puede condenar a una persona contra la cual no exista prueba alguna que lo vincule como autor, cómplice o coparticipe del referido reato; además, el fiscal de la causa, por las mismas razones, retira los cargos y, la representante del Ministerio Público como el agente de la defensa, solicitan la absolución del tantas veces mencionado encartado”(46).

Por consiguiente, el 13 de julio de 2006 se expidió su boleta de libertad (fl. 195 cdno. 1).

Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues, según la administración de justicia, no se probó la responsabilidad penal de Yeimis Manjarrez Flórez, lo cual equivale a que éste no cometió los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por los que fue vinculado a un proceso penal y restringida su libertad.

Desde esa perspectiva, resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija al citado señor que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el señor Manjarrez Flórez no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar o resarcir los perjuicios causados.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(47), causales que no fueron acreditadas en el plenario.

La Fiscalía General de la Nación alegó como eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, ya que —afirma— fueron Liliana Fragozo Maestre y Arnulfo Enrique Peralta quienes inicialmente hablaron de la responsabilidad del señor Manjarrez Flórez, lo cual llevó a que se le impusiera medida de aseguramiento y luego, en la etapa del juicio, cambiaron su versión, circunstancia que dio lugar a su absolución.

En relación con el hecho de un tercero como supuesto de exoneración de responsabilidad, esta Subsección ha dicho(48):

“… En ese mismo sentido, en cuanto al hecho de un tercero igualmente alegado como causal de exoneración de responsabilidad en el recurso de apelación que ahora se examina, todo por cuanto en el reconocimiento en fila de presos y fotográfico que hicieron las denunciantes señalaron a la víctima directa del daño como autor de la (sic) hecho punible que se investigó, conducta que habría dado lugar a la privación de su libertad, la Subsección advierte que la constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la Administración, para cuyo propósito debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero(49).

“Así las cosas, se tiene que en el presente asunto no es posible predicar la existencia del hecho de un tercero (sic) puesto que en el sub examine resulta fuera de toda duda que fue la Fiscalía General de la Nación la que a través de sus decisiones determinó la privación de la libertad al ahora demandante (sic) la cual finalmente devino en injusta; en esa medida (sic) la demandada Fiscalía General de la Nación era la única responsable de producir el daño, razón por la cual las consecuencias de ello sólo le son imputables a ella.

“A lo anterior se debe añadir que (sic) si bien fue con ocasión de la denuncia y del reconocimiento en fila de presos y fotográfico que realizaron las mismas denunciantes que se vinculó al ahora demandante a la investigación penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación fue la que en el marco de sus competencias adelantó toda la investigación penal y fue ella a través de sus decisiones la que ocasionó el dañó al señor …, razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar …”.

En el presente caso, las declaraciones iniciales de Liliana Fragozo Maestre y Arnulfo Enrique Peralta no resultan de ninguna manera ser el único factor determinante en la producción del daño, por cuanto:

a). Si bien en la denuncia Liliana Fragozo Maestre indicó que el responsable de la muerte de Alfredo Mora había sido el señor Manjarrez Flórez, ella no fue testigo presencial de los hechos. La sindicación la derivó del siguiente hecho (se transcribe como obra en el expediente):

“Yo tengo seis hijos tres con mi anterior que son las niñas … que los tuve con Eugenio Manjarrez hermanos de Jair y Jeimi, Los Otros hijos los tuve con mi compañero Alfredo Mora el cual fue asesinado en el día de hoy, las niñas vivían conmigo eso fue en diciembre del año de 1998, una vez que mi marido Alfredo Morales llamo la atención a mis hijas porque estaban montada en un palo y mi marido le dijo que se bajaran y para escarmentarlas le pego por las manos y ella salieron a avisarle a los tíos, los cuales son Jair y Jeimi, y estos al saber se vinieron en seguida y amenazaron a mi marido que lo iban a matar si volvía a tocar a las niñas que él no tenía derecho a pegarles … Entonces anoche 04/02/2000 los vieron a ellos es decir a los hermanos Manjarrez Florez por cerca del patio de la casa, y los vecinos también los volvieron a ver pero ya tarde de la noche …”(50).

b). En su declaración, Arnulfo Enrique Peralta dijo que era testigo presencial de los hechos; sin embargo, no hace una sindicación directa contra Yeimis Manjarrez Flórez.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de Yeimis Manjarrez Flórez.

Liquidación de Perjuicios.

Perjuicios morales.

Por dicho concepto, en la demanda se solicitó la suma de 100 SMLMV para Yeimis Manjarrez Flórez (afectado directo con la medida), Aida Isabel Hoyos Vásquez (compañera permanente), Luis Mario y Laura Damiana Manjarrez Hoyos, Aldair Manjarrez Julio, Karen Dayana, Eugenia Paola y Madeleinis Tatiana Manjarrez Fragozo (hijos del afectado), Tenilvia María Flórez López (madre del afectado) y Doreida Manjarrez Flórez (hermana del afectado).

En relación con el parentesco de los demandantes con Yeimis Manjarrez Flórez, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Luis Mario y Laura Damiana Manjarrez Hoyos, de Aldair Manjarrez Julio y de Karen Dayana, Eugenia Paola y Madeleinis Tatiana Manjarrez Fragozo, en los que consta que son hijos de Yeimis Manjarrez Flórez (fls. 16 a 21 del cdno. 1).

2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Yeimis Manjarrez Flórez, en el que consta que Tenilvia María Flórez López es la madre de éste (fl. 15 del cdno. 1).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Doreida Manjarrez Flórez, con el cual se puede establecer que es hermana de Yeimis Manjarrez Flórez (fl. 22 del cdno. 1).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(51); así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(52).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, en caso de privación injusta de la libertad, la Sala de la Sección Tercera, en Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(53), estableció los siguientes parámetros:

Reparación del Daño Moral
en Caso de Privación Injusta de la Libertad
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidadParientes en el segundo grado de consanguinidad Parientes en el tercer grado de consanguinidad Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo gradoTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses  50% del monto de la víctima directa35% del monto de la víctima directa25% del monto de la víctima directa15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Pues bien, teniendo en cuenta que Yeimis Manjarrez Flórez permaneció privado de la libertad desde el 18 de mayo de 2005 hasta el 13 de julio de 2006, es claro que tal situación duró 13 meses y 25 días.

En este orden de ideas, la Sala reconocerá la suma de noventa (90) SMLMV a favor de cada uno de los señores Yeimis Manjarrez Flórez, Tenilvia María Flórez López, Luis Mario y Laura Damiana Manjarrez Hoyos, Aldair Manjarrez Julio, Karen Dayana, Eugenia Paola y Madeleinis Tatiana Manjarrez Fragozo, y cuarenta y cinco (45) SMLMV a favor de Doreida Manjarrez Flórez.

La Sala no reconocerá indemnización alguna por este perjuicio a favor de Aida Isabel Hoyos Vásquez, quien acudió en calidad de compañera permanente de Yeimis Manjarrez Flórez, toda vez que en el expediente no obra prueba alguna que la acredite como tal; además, nada indica que haya tenido algún padecimiento moral que deba serle indemnizado como tercera damnificada.

Ahora, si bien se aportaron unas declaraciones extrajudiciales rendidas ante Notario por William Alfonso Pinto Mendoza e Iladino Manuel Ruíz Oviedo(54), lo cierto es que ellas no satisfacen los requisitos de ley para que sean valoradas como prueba, por cuanto no fueron ratificadas por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil y tampoco se rindieron por personas gravemente enfermas, con citación de la parte contraria; por lo tanto, no puede dárseles valor probatorio.

Perjuicios materiales - lucro cesante.

Por este concepto, se solicitó la suma de dinero que Yeimis Manjarrez Flórez dejó de percibir desde el momento de su detención.

Si bien no obra prueba alguna que demuestre cuál era la actividad económica que desarrollaba Yeimis Manjarrez Flórez, sí se demostró que al momento de su detención era una persona en edad productiva(55) y, por lo mismo, tenía la capacidad de ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera recibir, por lo menos, un salario mínimo.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($381.500)(56) multiplicada por la suma que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que Yeimis Manjarrez Flórez fue privado de la libertad, esto es:

FORMULAS-00147-A
 

Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, se tendrá en cuenta este último, esto es, $689.455. Esta suma será incrementada en un 25% ($172.363,75), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $861.818,75.

Por otra parte, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta como período consolidado el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad, lo cual, como se dijo, duró 13 meses y 25 días (13.83 meses). La Sala, en este y como en otros casos(57), no reconocerá el lapso que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, teniendo en cuenta que el señor Manjarrez Flórez, al tiempo de la detención, ejercía una actividad independiente.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Manjarrez Flórez se hará con base en la siguiente fórmula:

FORMULAS-00147-B
 

Donde “i” es una constante (0.004867) y “n” corresponde al número de meses que duró la detención (sin tener en cuenta los referidos 8.75 meses):

FORMULAS-00147-C
 

S = $12.298.321,58

Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia del 4 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira; en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Yeimis Manjarrez Flórez.

b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Yeimis Manjarrez Flórez(afectado directo)90 SMLMV
Luis Mario Manjarrez Flórez(hijo)90 SMLMV
Laura Damiana Manjarrez Flórez(hija)90 SMLMV
Aldair Manjarrez Julio(hijo)90 SMLMV
Karen Dayana Manjarrez Fragozo(hija)90 SMLMV
Eugenia Paola Manjarrez Fragozo(hija)90 SMLMV
Madeleinis Tatiana Manjarrez Fragozo(hija)90 SMLMV
Tenilvia María Flórez López (madre)90 SMLMV
Doreida Manjarrez Flórez (hermana)45 SMLMV

c) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Yeimis Manjarrez Flórez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $12.298.321,58.

2. Sin condena en costas.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

19. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008 (Exp. 2008 00009), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20. Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

21. Entre otras, Sentencias del 14 de febrero de 2002 (Exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (Exp. 21.801).

22. Folio 287 del cuaderno 1.

23. La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

24. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

25. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

26. En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, expediente 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”.

27. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

28. Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, expediente 7058.

29. Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, expediente 8666.

30. Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, expediente 9391.

31. Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, expediente 10056.

32. Rodríguez Villamizar, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

33. Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

34. Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980.

35. García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

36. El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en Sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

37. Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

38. Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional.

39. Folio 67 del cuaderno 1.

40. Folio 75 del cuaderno 1.

41. Si bien el 11 de julio de 2004 Yeimis Manjarrez Flórez fue capturado, dentro del expediente no hay prueba que indique el tiempo que haya permanecido detenido desde esa captura ni el día en que se le haya dejado en libertad.

42. Folio 81 del cuaderno 1.

43. Folios 83 a 87 del cuaderno 1.

44. Folios 92 y 93 del cuaderno 1.

45. Folios 126 a 131 del cuaderno 1.

46. Folios 188 y 189 del cuaderno 1.

47. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009 (Exp. 17.517), reiterada en Sentencia de abril 15 de 2011(Exp. 18.284) y en Sentencia del 26 de mayo de 2011 (expediente 20.299).

48. Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 35.091.

49. Sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 18.357.

50. Folio 39 del cuaderno 1.

51. Entre otras, Sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 12.076.

52. Sentencia del 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.

53. Expediente: 36.149.

54. Folio 23 del cuaderno 1.

55. Según su registro civil de nacimiento, al momento de la detención tenía 30 años de edad (fl. 15 del cdno 1).

56. Salario mínimo vigente para la época en que Yeimis Manjarrez Flórez fue privado de su libertad.

57. En Sentencia del 30 de marzo de 2016, expediente 39.519, se dijo: “La Sala no reconocerá, en este caso, el lapso de tiempo que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal y como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, toda vez que al señor Norberto Martínez Amaya se le indemnizará la afectación del ejercicio, como independiente, de su actividad de propietario de un taller de ornamentación por el término durante el cual estuvo privado de su libertad”.