Sentencia 2008-00154 de febrero 6 de 2009 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 630011102000200800154 01 237T

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado según Acta 12.

Bogotá, febrero seis de dos mil nueve.

Asunto a tratar

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por las direcciones ejecutivas de administración judicial y la seccional de Administración Judicial del Quindío, contra la sentencia proferida el 2 de julio de 2008, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, mediante la cual se resolvió conceder el amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con el derecho al trabajo, invocados como vulnerados por los señores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío.

Antecedentes

1. De la actuación demandada y derechos alegados como vulnerados:

El pasado 17 de junio se instauró por los señores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Seccional de Administración Judicial del Quindío, endilgándoles la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, derechos salariales en conexidad con el derecho al trabajo.

2. Manifiestan los accionantes que se desempeñan como magistrados de Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, percibiendo como salario la suma de $ 13.528.825, equivalentes al 70% de lo que devengan los magistrados de altas Cortes.

La Dirección seccional de administración judicial, desde la vinculación al servicio de los tutelantes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 206 numeral 7º del estatuto tributario, les ha gravado el 50% del salario con retención en la fuente, considerando el 50% restante como renta exenta.

De manera intempestiva y unilateral la entidad accionada, con claro desconocimiento de la norma antes citada y de las normas de rango superior como el derecho fundamental a la igualdad, al salario mínimo vital y móvil y al derecho al trabajo, resolvió a partir del mes de junio del presente año afectar el 100% de su salario con retención en la fuente, considerando que la citada norma al consagrar las exenciones tributarias se refirió únicamente a los magistrados de tribunales y a sus fiscales y no incluyó expresamente a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura ni al director seccional de administración judicial.

La decisión de la accionada desconoció flagrantemente que el artículo 84 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, consagra la igualdad de los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura con relación al régimen salarial y prestacional con las mismas prerrogativas legales que los magistrados de los tribunales, y como tal esas normas deben ser aplicadas en igualdad de condiciones a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura y directores seccionales de administración judicial, por orden expresa del artículo 84 de la Constitución Política y 103 de la Ley 270 de 1996.

Igualmente que el proceder de la accionada al gravar los salarios de manera diferente a los de los magistrados de tribunal, basados en el artículo 207 del estatuto tributario, no obedece a motivos objetivos y razonables, pues en atención al principio de igualdad, no les es permitido a las autoridades dispensar un trato discriminatorio a quienes se encuentran en igualdad de condiciones.

De otra parte, afirma el reclamante, que en materia salarial y prestacional para magistrados de tribunales, consejos seccionales de la judicatura, magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales ante el tribunal, se aplica el Decreto 610 de 1998 y 1239 de 1998, al igual que la exención tributaria prevista en el artículo 206 numeral 7º del estatuto tributario, significando que los beneficios y cargas que se distribuyen se relacionan directamente con el derecho fundamental a la igualdad.

Al inaplicar, la prerrogativa a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura únicamente, se está creando una desigualdad sin justificación objetiva y razonable, pues con la interpretación unilateral de la norma tributaria habría que concluir también que exceptuando a los magistrados de tribunales y sus fiscales delegados, a los demás funcionarios no se les aplica la ventaja tributaria, resultando insuficiente ese criterio diferenciador, pues basta con que la clasificación sea idónea para alcanzar la finalidad legítima y que no resulte manifiestamente inconstitucional como se advierte de la posición de la parte accionada.

Como argumentos jurídicos expone que los magistrados de los tribunales de Colombia, tienen desde el punto de vista constitucional y legal, un único régimen laboral, de orden público e imperativo cumplimiento, ostentan la misma jerarquía, las mismas condiciones de trabajo e idénticas prerrogativas, entre las cuales incluye el mismo tratamiento en cuanto a ventajas tributarias se refiere.

Con el proceder de la parte accionada se están quebrantando los derechos laborales adquiridos que garantiza el artículo 58 de la Constitución Política, norma supralegal que en su desarrollo en la Ley 4ª de 1992 (marco de salarios) en cuyo artículo segundo literal a) se ordena el respeto de los derechos adquiridos por los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales, y se prohíbe el desmejoramiento de sus salarios y prestaciones sociales, pero con el giro interpretativo se han violado sin fundamento esos derechos.

Aducen igualmente los accionantes que se quebranta así mismo el principio de equidad, como quiera que si los magistrados de los Consejos Seccionales se hallan bajo una misma situación fáctica y un mismo régimen legal, salarial y prestacional que el de los magistrados de los tribunales, la contribución por impuestos de renta sobre salarios debe ser la misma.

De la misma manera, manifiestan ,que la decisión tomada por la entidad accionada, quebranta también el artículo 53 de la Constitución Política que consagra los principios mínimos fundamentales en materia laboral como la primacía de la situación más favorable al trabajador en caso de duda e interpretación de las fuentes formales del derecho, pues la Dirección Seccional de Administración Judicial del Quindío al inaplicar el articulo 206 numeral 7º del estatuto tributario a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, está haciendo una interpretación restrictiva que viola el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

Actuación procesal

Primera instancia

Se formularon impedimentos por los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, lo que conllevó a citar sala de conjueces. Fueron designados y se posesionaron los conjueces Jaime Alberto Madrigal y Fanny Moya de Serrano, quienes aceptaron los impedimentos propuestos por los magistrados antes mencionados.

Por auto del 19 de junio de este año, se admitió a trámite la acción de tutela disponiéndose su notificación a las partes involucradas (fl. 23, c.o.).

En escrito del 20 de junio de 2008, los magistrados Antonio Suárez Niño y María Isbelia Fonseca González, manifestaron su adhesión a los hechos y pretensiones formulados en la acción constitucional en virtud de sus calidades como magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío - Sala Disciplinaria. Así mismo el doctor Jaime Zuluaga Jaramillo, en su calidad de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío - Sala Administrativa manifiesta la adhesión a la presente acción de tutela.

Por lo anterior en auto de fecha 20 de junio de 2008, la Sala de conjueces adhiere a la acción constitucional a los magistrados mencionados en precedencia.

Segunda instancia

En escrito de fecha 27 de agosto de 2008, la Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez se declaró impedida para tomar cualquier decisión pues consideró que su imparcialidad se veía comprometida por obtener provecho si el fallo fuese favorable. De igual forma procedieron, en escrito de 1º de septiembre de 2008, los magistrados José Antonio Aponte Olivella, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Nancy Ángel Muller, María Mercedes López Mora y Luz Helena Rodríguez Hurtado.

El Magistrado Angelino Lizcano Rivera por auto de fecha 9 de septiembre de 2008, indicó que en virtud de la desintegración del quórum decisorio, era necesario disponer el sorteo de conjueces con el fin de emitir pronunciamiento sobre los referidos impedimentos.

Una vez realizado el sorteo le correspondió a los conjueces César Jaime Gómez Jiménez, Jesús Antonio Guarnizo Palacio y Jaime Mejía Ossman el conocimiento de la presente acción de tutela.

Debido al cambio por terminación de periodo de algunos magistrados de la Sala Disciplinaria, se dispuso repartir el mencionado proceso para la ponencia del magistrado Henry Villarraga Oliveros.

El impedimento propuesto por el magistrado José Ovidio Claros para no conocer del proceso, no fue aceptado.

Intervención de las autoridades accionadas

La Dirección ejecutiva de administración judicial, en escrito de fecha 23 de junio del año en curso (1) , se opuso categóricamente a la prosperidad de la acción por su notoria improcedencia al considerar que las exenciones son de creación legal, expresas y taxativas y por ende de aplicación restrictiva, lo cual impone extender el beneficio a sujetos o hechos que la ley no ha mencionado, o sea, que no es posible aplicar tales exenciones por analogía y al respecto cita la providencia del Consejo de Estado —Sección Cuarta— que en fallo del 17 de mayo de 2008, estableció que la exención prevista en el numeral 7º del artículo 206 del estatuto tributario:

“Sólo puede entenderse en el ámbito laboral o de sus prerrogativas, entendidas como aquellas que son ajenas o inherentes al cargo, sin que puedan incluirse las relativas al régimen fiscal, por cuanto la ley no ha sido expresa respecto a ellos”.

Finalmente, solicitó se niegue la solicitud de amparo constitucional deprecada por los accionantes y se declare que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia - Quindío, no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial Armenia - Quindío se pronunció en guardó silencio.

Pruebas

Se arrimaron al plenario:

i) Copia Circular 39 de fecha 4 de junio de 2008, proferida por el director ejecutivo de administración judicial, relacionada con la exención del impuesto a la renta (fls. 39 a 41 ó 120 a 121).

ii) Copia de la sentencia del 17 de abril de 2008, de la Sala Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, Consejo de Estado, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa, Radicación 11001-03-27-000-2006-00007-00 (15919); actor Dirección ejecutiva de administración judicial por medio de la cual se negó la nulidad del Concepto 091435 de diciembre 30 de 2004 emitido por la DIAN, relacionado con la exención del impuesto de renta sobre el 50% del salario como gastos de representación de los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura y los directores ejecutivos seccionales de administración judicial (fls. 124 a 135).

iii) Oficio DESAJ-0487 de fecha 23 de junio de 2008 emanado por la dirección seccional de administración judicial, donde se da respuesta al Oficio 1833 de junio 20 de 2008, por medio del cual se solicitaba a esa entidad los siguientes documentos:

• Acta de posesión 040, de 17 de febrero de 2003, de la magistrada María Isbelia Fonseca González (fl. 46).

• Acta de posesión del 22 de mayo de 2007, del magistrado Antonio Suárez Niño (fl. 47).

• Acta de posesión del 7 de septiembre de 1999, del magistrado Jaime Zuluaga Jaramillo (fl. 48).

• Certificaciones de salarios devengados por la magistrada María Isbelia Fonseca González, desde la posesión de su cargo hasta la fecha, y de los porcentajes de retención en la fuente durante el mismo período (fls. 49 a 51).

• Certificaciones de salarios devengados por el magistrado Antonio Suárez Niño, desde la posesión de su cargo hasta la fecha, y de los porcentajes de retención en la fuente durante el mismo período (fl. 52).

• Certificaciones de salarios devengados por el magistrado Jaime Zuluaga Jaramillo, desde la posesión de su cargo hasta la fecha, y de los porcentajes de retención en la fuente durante el mismo período (fls. 53 a 56).

iv) Oficio DESAJ-0489 de fecha 24 de junio de 2008 emanado por la dirección seccional de administración judicial, donde se da respuesta al oficio 1821 de junio 20 de 2008, por medio del cual se solicitaba a esa entidad los siguientes documentos:

• Acta de posesión del 1º de marzo de 2007, del magistrado Jairo Enrique Vera Castellanos (fl. 58).

• Certificaciones de salarios devengados por el magistrado Jairo Enrique Vera Castellanos, desde la posesión de su cargo hasta la fecha, y de los porcentajes de retención en la fuente durante el mismo período (fls. 59 a 69).

Sentencia de primera instancia

La Sala de conjueces de primera instancia, concedió a los actores el amparo de tutela teniendo en cuenta que según sus consideraciones se debían amparar los derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con el derecho al trabajo y ordenó a las accionadas que en el término de 48 horas procedan al pago del salario de los accionantes en las mismas condiciones previstas para los magistrados de tribunal, afectando solamente el 50% del salario con el descuento por retención en la fuente.

Impugnación al fallo

La Dirección Seccional de Administración Judicial del Quindío mediante escrito fechado 4 de julio de 2008, impugnó el fallo proferido en primera instancia, solicitando se tengan en cuenta los argumentos esbozados en la contestación de la demanda, antes mencionada, por parte de la dirección ejecutiva de administración judicial.

La Dirección ejecutiva de administración judicial impugnó la sentencia, exponiendo como argumento para sustentar dicho recurso de alzada los mismos argumentos expuestos en el escrito defensivo que ya fue relacionado, en donde se argumenta que es aplicable el concepto de la DIAN 091435 de diciembre 30 de 2004 y que se debe acatar el fallo del Consejo de Estado de abril 17 de 2008, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que indicó lo siguiente:

“De otra parte se advierte que la homologación que establecen los artículos 84 y 103 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de los mencionados funcionarios con los magistrados del tribunal superior, éstos exentos por disposición expresa del artículo 206 numeral 7º del estatuto tributario, solo pueden entenderse en el ámbito laboral o de sus prerrogativas, entendidas como aquellas que son ajenas o inherentes al cargo, sin que puedan incluirse las relativas al régimen fiscal, como lo señala la demandada, por cuanto la ley no ha sido expresa respecto de ellos”.

El cual concluyó negando las súplicas de la demanda, esto es, negando la nulidad del concepto emitido por la DIAN 091435 del 30 de diciembre de 2004, el cual señaló expresamente que “no es posible extender la exención a funcionarios diferentes, así estos tengan el mismo salario y prerrogativas laborales que aquellos”.

Por tanto, argumentan los accionados, no se le ha vulnerado derecho alguno a los accionantes.

Además agregan, que el accionante cuenta con otros medios o mecanismos de defensa judicial para efectuar la reclamación ya que existe el control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa y que menos aún se puede predicar que con esta acción de tutela se pueda evitar un perjuicio irremediable a los accionados por cuanto no se dan los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para decidir el presente asunto en segunda instancia, conforme a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000.

2. Problema Jurídico.

En el caso sub examine se presentan para la Sala dos (2) problemas jurídicos que se deben tratar de resolver, a saber:

2.1. Se trata de establecer si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial del Quindiò, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, salario, mínimo vital y móvil en coexistencia con el derecho al trabajo por cuanto a los doctores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González en sus condiciones de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío les debe ser aplicada la exención tributaria, concedida u otorgada a los magistrados de los tribunales de distritos judiciales; en virtud de lo preceptuado en el artículo 206 numeral 7º del estatuto tributario, en consideración a que a ellos se les hace extensivas las mismas prerrogativas otorgadas a estos funcionarios por expresa autorización de los artículos 84 y 103 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia”.

De igual manera se cuestiona si los principios de trato igual y de disposición racional de los organismos y las entidades de la administración de justicia establecidos en la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia”, pueden ser desconocidos por la omisión de una ley diferente como sería el caso del estatuto tributario que no menciona dentro del régimen de los beneficiados con una exención fiscal a todos los funcionarios que por disposición de la citada ley estatutaria gozan de similares derechos y ostentan el mismo régimen salarial y prestacional e iguales prerrogativas.

3. Test de procedibilidad.

Antes de pasar a la revisión de la decisión impugnada y como consecuencia de ello, si fuere el caso, realizar un pronunciamiento de fondo, considera importante esta Sala recordar, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo ha aceptado la doctrina, que no puede olvidarse que la tutela es un mecanismo otorgado por la constitución a las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que puedan llegar a ser amenazados por la acción u omisión de las autoridades, entiéndase judiciales y administrativas.

Y para poder analizar este mecanismo es necesario tener en claro, que nuestro Estado social de derecho (2) lleva implícito el concepto previo de legalidad, pues de no ser así estaríamos en presencia de decisiones al arbitrio del funcionario judicial, de ahí que el juez de tutela, al igual que cualquier servidor judicial, está sometido al imperio del mandato legal, situación distinta es, que en aplicación de ésta haga uso del ejercicio de la autonomía judicial del cual fue investido por el constituyente primario, luego es una verdad cierta que no admite discusión, que el juez al administrar justicia debe partir del contenido de las leyes tanto de orden sustantivo como procedimental.

Se tiene entonces, que la tutela no tiene por objeto desplazar las competencias ordinarias o especiales que fueron creadas por el constituyente y desarrolladas por el legislador, luego no busca decidir el fondo de los conflictos jurídicos, porque no es de su esencia, pues su verdadero objetivo es el de ser garante de los derechos fundamentales.

Es así como dentro de la distribución de nuestro nuevo ordenamiento jurídico, el estudio de la tutela quedó establecido como una función perteneciente a la jurisdicción constitucional, y los jueces cuando en tal condición actúan, lo hacen como integrantes de esta jurisdicción más no dentro de las facultades ordinarias de competencia asignadas por el legislador, de tal manera, que la máxima autoridad en esta materia es la Corte Constitucional.

Lo anterior nos lleva a concluir que la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralela al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en rigor, pues de lo contrario, nos veríamos avocados a que pudieran existir pronunciamientos encontrados entre las jurisdicciones ordinarias o especiales y la constitucional.

De esta manera, la acción de tutela no es simultánea con las acciones ordinarias; tampoco paralela ni menos adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa; tampoco es una instancia ni un recurso, de donde se infiere, insistimos, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primero ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso, pues es evidente que la tutela es eminentemente subsidiaria.

Siendo coherente con ello, el legislador dispuso en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, las causales de improcedencia de la acción de tutela, que a letra reza:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante (…).

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable * .

4. Cuando se evidencie que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trae de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

Y cuando centramos nuestra atención en la causal primera, paralelamente acudimos al artículo 8º de la norma en cita, porque allí se hace alusión al uso de la tutela como mecanismo transitorio, toda vez que la medida que se adopte por el juez de tutela, lo será en el entre tanto la autoridad competente decide de fondo, porque se insiste, en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo opera frente a la ausencia de mecanismos judiciales o cuando los mismos no resultan idóneos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Respecto de la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial como requisito de procedencia de la acción, la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que para que dicho requisito se entienda cumplido, el afectado debe haber utilizado todos los mecanismos legales puestos a su alcance para impugnar el acto que pretende debatir en vía de tutela (3) .

Consciente de este carácter subsidiario, previó las causales de improcedencia a que hicimos alusión, por ello es un imperativo de todo juez de tutela estudiarlas so pena de que si no lo hace, esté desatendiendo un mandato legal y desfigurando el verdadero alcance de la acción de tutela, de ahí que el propio legislador consagró excepcionalmente la procedencia de esta cuando a pesar de existir un mecanismo de defensa, el actor estuviere frente a un perjuicio irremediable, dejando entonces, en cabeza del funcionario de turno analizar no solamente la existencia del perjuicio irremediable sino la eficacia del medio probatorio.

Así, antes de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los derechos fundamentales objeto de la protección, existe en el juez el deber de estudiar el requisito de la procedibilidad a efecto de evitar desgastes innecesarios, pues en el evento en que la acción sea improcedente, por sustracción de materia, el fondo no amerita pronunciamiento alguno.

4. Caso concreto.

Estudiado el caso sub examine, la Sala encuentra que frente a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela impetrada por los doctores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, conforme a los señalamientos doctrinales y jurisprudenciales antes citados, la misma cumple con los requisitos mencionados, al no existir otro mecanismo de defensa judicial para efectivizar el derecho reclamado, pues el Consejo de Estado mediante Sentencia 15919 (4) denegó las suplicas de la demanda de nulidad contra el Concepto de la DIAN 091435 (5) de diciembre 30 de 2004, en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

En el caso concreto, los magistrados Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, en su calidad de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, pretenden que se proteja o ampare el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, el cual considera vulnerado por las entidades accionadas en razón a que la Dirección seccional de administración judicial interpretó indebidamente lo establecido en el numeral 7º del artículo 206 del estatuto tributario al resolver afectar el 100% de su salario con la retención en la fuente a partir del mes de julio del año 2008, argumentando que la norma citada al consagrar exenciones tributarias se refiere únicamente a los magistrados de tribunal y sus fiscales sin tener en cuenta que los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura ostentan el mismo régimen salarial, prestacional y las mismas prerrogativas de los magistrados de tribunal.

4.1. Normatividad aplicable al caso concreto.

Con base en lo anterior, es necesario traer a colación la normatividad que nos ha de servir de fundamento para adoptar la decisión que en derecho deba expedirse:

La Constitución Política, establece lo siguiente:

“ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

“ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

“ART. 152.—Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

(…).

b. Administración de justicia;

(…)”.

El Decreto-Ley 624 de 1989, contiene el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales y en el se consagró en el artículo 206, las rentas de trabajo exentas, norma que en su numeral 7º, adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 20, precisaba:

“Los gastos de representación que perciban en razón a la naturaleza de las funciones que desempeñan el Presidente de la República, los ministros del despacho, los senadores, representantes y diputados, los magistrados de la rama jurisdiccional del poder público y sus fiscales (…).

En este caso se considera gastos de representación el cincuenta por ciento (50%) de sus salarios”.

Inciso que no obstante, haber sido declarado inexequible mediante Sentencia C-1060A de 2001, debe traerse a colación para precisar el alcance del inciso 3º de la misma norma en cita, el cual fue declarado exequible y cuyo texto señala lo siguiente:

“En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se considerarán como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario”.

El anterior inciso, entonces, no hizo otra cosa que precisar el porcentaje de gastos de representación exentos para los magistrados de tribunal y sus fiscales, entiéndase agentes del Ministerio Público.

Ahora, interpretar la norma de manera restrictiva, como se hizo en el Concepto 091435 emitido el 30 de diciembre de 2004 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, avalado por el Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo—, Sección Cuarta, en la sentencia proferida el 17 de abril de 2008, constituye el problema jurídico plasmado en la acción de tutela que nos ocupa, razón por la cual la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura deberá precisar si con ello vulneran los derechos fundamentales de igualdad y favorabilidad, consagrados en nuestra Constitución Política, a los cuales aluden los accionantes Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González.

Para poder dilucidar el asunto es necesario realizar un estudio histórico, hermenéutico y sistemático de las normas objeto de estudio y sobe las cuales descansa el tema jurídico en discusión. En ese entendido para la Sala no cabe duda que para cuando se expidió el Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, dicha normatividad jurídica fue expedida en vigencia de la Constitución de 1886, y por ende bajo principios de un Estado de derecho en cuya estructura estatal no existían los cargos de magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, por cuanto dicha corporación tan solo fue creada bajo la vigencia de la actual Constitución de 1991, dentro de la concepción del Estado social de derecho que hoy nos rige, y desarrollada en su cabalidad por medio de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia” y algunos acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo ese entendido e interpretación histórica mal podía el legislador de 1989 concebir una exención tributaria para una institución judicial inexistente; pero, en una interpretación sistemática y hermenéutica del ordenamiento jurídico vigente, no puede el operador jurídico desconocer que las prerrogativas y derechos que una Ley estatutaria establezcan y determinen a determinados sujetos contribuyentes, no pueden ser desconocidos con interpretaciones restrictivas y desfavorables que no prohíbe una ley ordinaria, como lo explicaremos y determinaremos con la doctrina y la jurisprudencia que en este sentido ha desarrollado nuestro propia Corte Constitucional como mas adelante lo precisamos; por ello, es que a partir de su creación gozan de los mismos derechos y prerrogativas laborales de los magistrados de tribunal. Veamos por qué:

Las salas disciplinarias y administrativas de los consejos seccionales de la judicatura fueron creadas mediante Acuerdo 24 del 4 de septiembre de 1992, por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto 2652 de 1991.

El citado acuerdo estableció en su artículo “décimo quinto”, lo siguiente:

“Los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura deberán acreditar las mismas calidades y requisitos exigidos para ser magistrado de tribunal superior, y además, los magistrados de las salas administrativas deberán demostrar cinco años de experiencia administrativa”.

Por su parte la Ley Estatutaria 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia” expresó en sus artículos 84 y 103 lo siguiente:

“ART. 84.—Requisitos: Los magistrados de las salas administrativas de los consejos seccionales deberán tener título de abogado; especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras, y una experiencia específica no inferior a cinco años en dichos campos. La especialización puede compensarse con tres años de experiencia específica en los mismos campos. Los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales deberán acreditar los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del tribunal superior. Todos tendrán su mismo régimen salarial y prestacional y sus mismas prerrogativas, responsabilidades e inhabilidades y no podrán tener antecedentes disciplinarios” (subrayado y resaltado fuera de texto).

Ha de resaltarse que la Constitución Política establece en su artículo 159 numeral 19 literal e que corresponde al Congreso de la Republica:

“Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

Esta facultad se desarrolló a través de la Ley 4ª de 1992, que fija el marco, los parámetros, principios que el Gobierno Nacional tiene en cuenta con relación al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos en el orden nacional y territorial.

Los artículos 84 y 103 de la Ley 270 de 1996, disponen que los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura tienen el mismo régimen salarial y prestacional y las mismas prerrogativas de los magistrados de los tribunales.

Los decretos 673 y 682 de 2002 por medio de los cuales en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992 contemplan de manera expresa los porcentajes de gastos de representación que son objeto de exenciones tributarias, como un factor para fijar el nivel de remuneración de estos servidores públicos.

En el Decreto 682 de 2002, se señalan las asignaciones básicas mensuales de los distintos funcionarios y los porcentajes que para efectos fiscales se consideran gastos de representación.

El estatuto tributario en el artículo 206, numeral 7º, señala como exentos en diferentes proporciones, los gastos de representación percibidos por algunos funcionarios públicos, entre ellos los magistrados de tribunal superior y fiscales.

Es importante destacar que el Decreto 658 de 2008, “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 5º:

“Los empleos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación, fijados en las normas vigentes que regulan la materia, únicamente para efectos fiscales. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes”.

La anterior disposición se ha venido reproduciendo anualmente en los respectivos decretos salariales expedidos para la rama judicial, comenzando con el Decreto 57 de 1993.

De las citadas disposiciones se infiere que los cargos tanto de magistrado de tribunal como de consejo seccional de la judicatura, entre otros, ostentan el mismo régimen salarial y prestacional e iguales prerrogativas, por así autorizarlo expresamente la Ley Estatutaria 270 de 1996, y en virtud de ello, dichas prerrogativas que leyes anteriores otorgaban a los magistrados de los tribunales superiores deben ser aplicadas a quienes posteriormente el mismo legislador quiso que se les hiciera extensivas, esto es, tal como se desprende del artículo 206, numeral 7º, del estatuto tributario, y por ello es que la Sala considera que al accionante le asiste razón por cuanto tienen derecho a que el 50% de su salario tenga el carácter de gastos de representación exento de retención en la fuente, observado todo ello desde la perspectiva de la interpretación histórica, sistemática y hermenéutica de los ordenamientos jurídicos antes señalados.

Esto es así, pues surge evidente a lo largo de la normatividad ya citada, que lo pretendido por el legislador desde la creación de los cargos de los referidos servidores, fue la de darle a éstos el mismo tratamiento jurídico de quienes ostentan la condición de magistrados de tribunal, equiparación que debe entenderse dada para todos los efectos legales a que haya lugar, incluyendo para el efecto la exención tributaria.

De otra parte, se advierte que con el concepto emitido por la DIAN, respecto a la interpretación del artículo 206 numeral 7º del estatuto tributario y la referida sentencia emitida el 17 de abril de 2008 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, se ha desconocido el valor constitucional especial que por disposición constitucional es atribuido a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y del principio parcial y especial del ordenamiento jurídico que consiste en la orden de igualdad de derechos y en el principio político del trato igual entre magistrados de tribunales superiores de distrito judicial, contencioso administrativo y de consejos seccionales de la judicatura.

Dicho cargo se hace consistir en la demanda de tutela de los derechos constitucionales mencionados, precisamente, en las violaciones que producen las acciones y omisiones de la administración fiscal y de la misma dirección ejecutiva de administración judicial que provocan el desconocimiento de las disposiciones constitucionales que hacen que las leyes estatutarias prevalezcan sobre las leyes ordinarias en la materia que regulan y que los reglamentos ordinarios de la ley, especialmente de la ley tributaria deban obedecer a las disposiciones estatutarias como es el caso de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.

4.2. Categoría constitucional de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Para despejar estos cuestionamientos es preciso revisar los supuestos políticos y las formulaciones constitucionales que permitieron establecer la categoría constitucional de Ley estatutaria y especialmente las que hacen suponer una voluntad concreta del constituyente al disponer en el artículo 152 literal b) de la carta política la llamada Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

En efecto, de conformidad con la ya decantada jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en atención a la evolución más sólida de la disciplina de derecho constitucional colombiano reciente, los principales cambios introducidos por la Constitución de 1991 al régimen político nacional ocurren a partir de la configuración del nuevo consenso partidista y doctrinario de los miembros de la Asamblea Constituyente de ese año, fundamentalmente basado, de una parte, en el reconocimiento expreso de la existencia de nuevas formas de organización social que reclamaban suficiente legitimidad jurídica y política y, de otra, en la necesidad de introducir un nuevo modelo de organización estatal y nuevos modelos de expresión de la democracia y del pluralismo que respondiera a las aspiraciones de aquellas.

Es por ello que desde el artículo primero de la Carta Política se establece que Colombia es en adelante un estado social de derecho, con una democracia participativa y pluralista fundada en un nuevo humanismo, en el respeto al trabajo, en la solidaridad y en la prevalencia del interés general.

Esta decisión política fundamental del constituyente fue acompañada del mandato superior de promover entre los varios operadores del nuevo ordenamiento constitucional la difícil dogmática de los valores superiores a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, y de establecer para ellos el imperativo mandato de construir y garantizar un ordenamiento político, económico y social justo; como se advierte desde las primeras letras de la carta política ellos aparecen reconocidos dentro del mismo preámbulo pero se encuentran desarrollados principalmente a lo largo de todo el título II de la misma.

En cuanto al primero de los elementos mencionados, es decir en el de la adopción por consenso de los valores superiores del orden político, es del caso reiterar el reconocimiento indiscutible de la voluntad del constituyente de establecer, con pleno vigor normativo desde la misma carta política, la doctrina del Estado social, democrático y constitucional de derecho; así lo declara la Carta Política desde la redacción misma del preámbulo y lo reitera de modo indiscutible en el largo apartado de principios fundamentales del ordenamiento jurídico político especialmente en los contenidos en el titulo primero de esa codificación superior que se encuentran consagrados en los primeros diez artículos de la misma.

De igual manera, a todo lo largo del texto de la Carta Política aparecen disposiciones que incorporan principios cuya vigencia se predica de todo el ordenamiento normativo o de algunas de sus partes como es el caso de los principios parciales y de los principios implícitos dentro del texto constitucional que se predican con pleno vigor sólo a partes del ordenamiento jurídico nacional.

Además, este consenso supuso, de una parte, el reconocimiento como propia de la doctrina contemporánea del nuevo derecho constitucional así como de los valores, reglas y principios de la democracia constitucional moderna, y de otra, la adopción de los principales supuestos doctrinarios, sustanciales e instrumentales del pluralismo en sus varias acepciones y contenidos.

Ahora bien, buena parte de los cambios constitucionales introducidos por los constituyentes de 1991, cuando menos los relacionados con las nuevas disciplinas del derecho constitucional, tienen que ver con la estructura orgánica y funcional del estado constitucional contemporáneo y ellas se basan especialmente en el nuevo modelo de Estado multiorgánico y en la ruptura con la vieja concepción y con la nomenclatura tradicional del modelo de estado nacional unitario y tendencialmente centralista.

Sin duda, en la materia que ocupa la atención, también se trata de la posible violación de esos derechos por el desconocimiento flagrante y obstinado a las reglas y principios constitucionales de organización estructural y básica del Estado constitucional, especialmente desde la óptica del pluralismo orgánico y normativo y de los varios instrumentos constitucionales establecidos para avalar su vigencia.

Así las cosas se trata del posible establecimiento de una regla que parece contradecir los supuestos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y que no encontraría fundamento constitucional alguno, pues con ella desconocería la estructura normativa compleja y pluralista de la carta de 1991 que establece varias clases de leyes con diversos tipos de relaciones, especialmente entre leyes estatutarias y las ordinarias bien separadas en razón de las materias que pueden regular unas y otras y del respeto a los diversos contenidos.

Cuando la doctrina contemporánea del derecho público en general y del derecho constitucional en particular, se ocupa de la noción orgánica del estado moderno y de su configuración compleja, adopta la noción de Estado multiorgánico para admitir la existencia de órganos autónomos e independientes y de organismos de control, todos por fuera de la esfera directa de la jerarquía o de la tutela administrativa o política de las tres ramas del poder público como lo conocemos en nuestro régimen constitucional con la existencia de la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Organización Electoral para los primeros y la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación o el llamado ministerio para los segundos.

Además, esta noción también admite que en el interior de las tres ramas del poder existan órganos, organismos, entes y entidades con autonomía y configuración jurídica, política, patrimonial, financiera y reglamentaria propia como es el caso precisamente de la rama judicial en la que existen órganos y organismos constitucionales que reclaman regulaciones de rango legal estatutario como son el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la dirección ejecutiva de administración judicial, la Comisión interinstitucional de la rama judicial. No se puede olvidar que el mismo constituyente establece la mayor parte de esos órganos, organismos y entidades y fija sus reglas y buena parte de sus principios; así el mismo constituyente estableció las varias jurisdicciones, los varios organismos y sus jerarquías, entre otras disposiciones.

Es por todo esto que el legislador estatutario debió ocuparse por mandato constituyente de la expedición de una ley estatutaria o de rango superior desde el punto de vista material para salvaguardar sus más altos cometidos en materia de administración de justicia y es por ello que las leyes ordinarias, entre las que se encuentran las tributarias y los mismos códigos sustantivos y de procedimientos no puedan desconocer sus reglas y principios como es el caso de la igualdad de derechos y de trato entre los magistrados que integran las diferentes jurisdicciones, incluida la disciplinaria.

Esta noción indica que el constituyente quiso dar a la rama judicial y a la administración de justicia estructuras normativas superiores por las que se asegurara su autogobierno y su administración separada de la rama ejecutiva y le dio como órganos constitucionales a las dos salas del Consejo Superior de la Judicatura y la misma Fiscalía General de la Nación, lo cual reclama de unas disposiciones normativas especificas y diferentes de las demás administraciones nacionales.

El legislador ordinario y la administración deben comprender que ya no hacen parte del viejo modelo de estado de simple separación de poderes y de la división tripartita del poder; hoy al constituyente le preocupa además que se garanticen los múltiples cometidos orgánicos y políticos como los de la democracia moderna, la suficiencia, la eficiencia, la independencia y la eficacia de las funciones constitucionales de la administración de justicia. Por ello una ley ordinaria no puede desconocer los imperativos estatutarios como sucede en el asunto que se analiza y menos establecer categorías ni regímenes de remuneración diferenciada sin fundamento en la ley estatutaria.

En efecto, en el ordenamiento constitucional de 1991 encontramos nuevas estructuras normativas que tienen relación directa con el régimen jurídico nacional y sus relaciones con el derecho internacional de los derechos humanos que arrancan con el reconocimiento de cláusulas de ampliación de las fuentes normativas por vía de la incorporación del llamado bloque de constitucionalidad y de las competencias, la aplicación de los criterios de autoridad y el valor de la jurisprudencia de los tribunales internacionales en términos de los artículos 93 y 94 de la Carta Constitucional. Estos criterios también se han analizado en materia de los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y las facultades del poder ejecutivo durante los estados de excepción.

En cuanto hace a la noción de leyes estatutarias es preciso advertir que para ellas los constituyentes colombianos adoptaron una denominación extraña a la dogmática constitucional que las inspiró; es decir en materia de denominación formal, los constituyentes colombianos no aplicaron las denominaciones correspondientes a sus referentes inmediatos como es el caso de las leyes constitucionales en el régimen italiano o las leyes orgánicas en el régimen español.

Su denominación parece corresponder apenas formalmente y en sentido diferente a la denominación que se hace en el régimen político ingles a parte de la legislación de contenido político, cuando menos esa es la referencia que se tiene en las menciones de varios de los constituyentes de 1991 y de sus colaboradores.

Las leyes estatutarias corresponden en Colombia a las denominadas leyes constitucionales italianas o a las llamadas leyes orgánicas españolas en cuanto expresan la voluntad del constituyente de reforzar por vía del procedimiento para su expedición y de su examen previo de constitucionalidad la estabilidad y la continuidad más o menos larga al tratamiento dado a materias básicas para el consenso político y la paz social.

De otra parte se trata de establecer una especie de prolongación material de los contenidos sustanciales de la carta política sustraída al cambiante mundo ordinario de las mayorías políticas de los sucesivos congresos legisladores. Se trata además de una especie de leyes próximas al modelo constitucional de estado y a los modelos constitucionales de democracia que se establecen en el ordenamiento constitucional como parte del consenso político definido por los partidos para asegurar la unidad nacional y de evitar las rupturas en el acuerdo democrático.

Otra cosa es el tema de la jerarquía entre las leyes, pues se suele confundir con la separación material entre ellas; en efecto, las leyes estatutarias no son jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias o a otras leyes. Lo que ocurre es que se ocupan de materias separadas que no pueden ser objeto de invasión por otras leyes como las ordinarias ni por las tributarias y tampoco puede desconocer los límites materiales de las otras leyes.

En efecto, en el caso colombiano se dispuso que la regulación legal básica de la rama judicial y en especial las leyes que regularan la denominada administración de justicia fuesen una de esas materias especialmente reforzadas y protegidas en el ordenamiento constitucional ya que sus problemas hicieron parte de las bases que permitieron convocar la reunión de la Asamblea Nacional Constitucional por el movimiento de la Séptima Papeleta y porque los nuevos poderes de desarrollo de la Constitución y de guardianes de la supremacía de la Constitución demandaban un tratamiento diferente del ofrecido en las varias etapas preconstitucionales.

Como guardianes de los derechos constitucionales y como titulares de los poderes de desarrollo de la Carta Política de 1991, los jueces y en general los servidores de la administración de justicia debían ser rodeados de las más importantes condiciones y de los más serios elementos normativos que les garantizara madurez, vitalidad y estabilidad; ello sólo se podría garantizar elevando a la categoría de ley estatutaria o constitucional sus regulaciones esenciales.

Pues bien una de esas reglas y uno de los principios de carácter sustancial es de la igualdad entre iguales y especialmente entre aquellos servidores de la administración de justicia que han recibido igualdad de trato y de derechos por la ley desde antes de la expedición de la misma Ley estatutaria.

Por último, cabe traer a colación a este caso la aplicación del principio esencial de equidad horizontal aplicable en derecho tributario que exige que a quienes se encuentran en condiciones iguales o similares sean afectados de la misma manera con el impuesto, es decir no es aceptable dar un trato diferente a personas que se encuentran en una misma posición y frente a unos mismos supuestos fácticos que es lo que sucede en el sub lite.

Finalmente, para la Sala no cabe duda que se ha vulnerado el derecho a la igualdad con el pretexto de que el articulo 206 numeral 7º del estatuto tributario es restrictivo frente a la exención tributaria (Ley ordinaria) y se desconoce lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en sus artículos 84 y 103 que le otorgan las mismas prerrogativas salariales y prestaciones que tienen los magistrados de los tribunales a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura y directores seccionales de administración judicial y con ello, se presenta el quebrantamiento de los artículos 13, 25 y 53 de la Carta Política referentes al derecho a la igualdad, protección del trabajo en condiciones dignas y justas y principios mínimos fundamentales de las normas laborales.

Por todo lo anterior, procederá la Sala a confirmar el amparo concedido, a los doctores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, magistrados del Consejo Seccional del Judicatura del Quindío, ordenando a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Quindio para que dentro de las 48 horas siguientes, le cancele los salarios en las mismas condiciones previstas para los magistrados de tribunal superior afectando solamente el 50% del salario con el descuento de retención en la fuente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2008 por los Conjueces de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, la cual concedió a los señores Jairo Enrique Vera Castellanos, Jaime Zuluaga Jaramillo, Antonio Suarez Niño y María Isbelia Fonseca González, magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, la protección constitucional a sus derechos fundamentales a la igualdad, al salario, al mínimo vital y móvil, en conexidad con el derecho al trabajo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR a la dirección ejecutiva de administración judicial y a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima para que dentro de las 48 horas siguientes, le cancele al accionante los salarios en las mismas condiciones previstas para los magistrados de Tribunal Superior afectando solamente el 50% del salario con el descuento de retención en la fuente.

3. Por secretaría surtir las notificaciones de rigor como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992.

4. Enviar en su oportunidad a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera, Presidente—Henry Villarraga Oliveros, Vicepresidente—José Ovidio Claros Polanco—Carlos Arturo Ramírez Vásquez—Julia Emma Garzón de Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—María Mercedes López Mora—Cesar Jaime Gómez Jiménez, Conjuez—Jesús Antonio Guarnizo Palacio, Conjuez—Jaime Mejía Ossman, Conjuez.

Yira Lucia Duarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Folio 34 Cuaderno Original.

(2) Tiene componentes de un Estado de derecho, social, democrático y social.

(*) Nota: Los numerales 1º y 3º declarados exequibles condicionalmente de acuerdo a las consideraciones de la Sentencia C-18 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) En Sentencia T-1017 de 2006 se advirtió: “Para la Corte la necesidad de preservar el carácter subsidiario y residual de la tutela reside en la conservación del orden regular de asignación de competencias a las jurisdicciones, en un esfuerzo por evitar la paulatina desarticulación de sus organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica. Y en esa oportunidad la Corte pasó a citar otra decisión en la que precisamente se habían ocupado del tema:

“(…) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2º superior) (3) y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)” (Sent. T- 514/2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 11001-03-27-000-2006-00007-00 (15919), Sentencia 15919 de fecha 17 de abril de 2008, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(5) En dicho concepto se concluye que el artículo 206 inciso 3º numeral 7º del estatuto tributario relativo a las rentas de trabajo exentas, se refiere solamente a los magistrados de los tribunales y por tanto no es posible extender la exención a funcionarios diferentes, así estos tengan el mismo salario y prerrogativas laborales que aquellos.

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