Sentencia 2008-00159 de febrero 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2008-00159-01(18047)

Consejero Ponente:

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Rafael Ricardo Molano Camacho

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, nueve de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones COD 313 Nº 20080313000005 y 20080311000007, ambas de 2008, en las que la DIAN declaró probada parcialmente la excepción de falta de título ejecutivo y negó la de prescripción de la acción de cobro.

En los términos del recurso de apelación, en concreto, hay que determinar si se configuró la excepción de falta de título ejecutivo en el proceso coactivo que inició la DIAN para buscar el pago de las obligaciones correspondientes al impuesto de renta del año 1997. La Sala no se pronunciará respecto de la prescripción de la acción de cobro, por cuanto no es un aspecto discutido ni en la demanda ni por la DIAN en el recurso.

Hechos probados

En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos, que para la Sala son los relevantes para resolver el recurso de apelación presentado por la DIAN:

1. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente la liquidación oficial de revisión 320642001000030 del 21 de junio de 2001, que determinó el impuesto de renta de 1997. Además, a título de restablecimiento del derecho, liquidó el impuesto y estableció un saldo a pagar de $ 1.984.973.000(3).

2. Mediante sentencia del 18 de octubre de 2006, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, pero modificó la liquidación del impuesto y estableció como saldo a pagar la suma de $ 929.690.000(4). La sentencia se notificó mediante edicto desfijado el 1º de noviembre de 2006(5).

3. El 13 de diciembre de 2007, la división de cobranzas de la Administración de Impuestos de Personas Naturales de Bogotá libró el mandamiento de pago 20070302005249, por valor de $ 1.984.814.000, contra el señor Rafael Ricardo Molano Camacho, cuyo título ejecutivo era la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 13 de marzo de 2003(6). En dicho mandamiento de pago se hizo la siguiente relación(7):

Tipo de documentoFecha Concepto Año Período Impuesto ($) Sanción ($)
900011FA31/03/2003Renta199711.125.531.000859.283.000
Total ($)1.984.814.000

 

4. Oportunamente, el demandante propuso las excepciones de falta de título ejecutivo y de prescripción de la acción de cobro(8).

5. Mediante Resolución COD 313 Nº 20080313000005 del 27 de febrero de 2008, la división de cobranzas de la Administración de Impuestos de Personas Naturales de Bogotá declaró parcialmente probada la excepción de falta de título ejecutivo, pero denegó la de prescripción de la acción de cobro. En consecuencia, modificó el título ejecutivo “dejando en claro que el título a cobrar (sic) es la sentencia del honorable Consejo de Estado en cuantía de” $ 929.690.000(9).

6. Contra la decisión anterior, el actor presentó recurso de reposición(10).

7. Mediante Resolución 20080311000007 del 22 de abril de 2008, la división de cobranzas de la Administración de Impuestos de Personas Naturales resolvió el recurso de reposición y dispuso lo siguiente:

“PRIMERO. MODIFICAR el mandamiento de pago 20070302005249 del 13-12-2007 (E.T., art. 849-1) Determinando (sic) como título ejecutivo complejo la sentencia ejecutoriada el 7 de noviembre de 2006 por valor total de $ 929.690.000 (novecientos veintinueve millones, seiscientos noventa mil pesos) correspondiente al período fiscal 1997 por concepto de impuesto de renta (sic).

SEGUNDO: PRESERVAR los restantes acápites de la Resolución 20080313000005 del 27-02-2008 que resolvió las excepciones al mandamiento de pago 20070302005249 del 13-12-2007, contra el contribuyente Molano Camacho Rafael Ricardo, identificado con C.C. 3.014.500 (sic).

(…)”.

La Sala encuentra probada la excepción de falta de título ejecutivo y, por tanto, confirmará la sentencia apelada, por las razones que pasan a exponerse.

El artículo 828 del estatuto tributario establece que prestan mérito ejecutivo, entre otros actos y documentos, las sentencias judiciales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la DIAN(11).

En materia de ejecutoria, el artículo 331 Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 Código Contencioso Administrativo, prevé que las “providencias (judiciales) quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva” (se destaca).

En el caso concreto, como quedó visto en la relación de hechos probados, el señor Rafael Ricardo Molano Camacho demandó, por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la liquidación oficial de revisión 320642001000030 de 2001, que determinó el impuesto de renta del año 1997(12).

La demanda se resolvió, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de octubre de 2006. Esa sentencia se notificó mediante edicto que se desfijó el 1º de noviembre de 2006 y las partes no pidieron aclaración ni complementación(13). Por tanto, la ejecutoria ocurrió el 7 de noviembre de ese mismo año, fecha en que quedó en firme la sentencia que resolvió el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 13 de marzo de 2003.

No cabe duda, entonces, que el título ejecutivo está conformado por la sentencia de segunda instancia que liquidó el impuesto de renta del año 1997, en cuantía de $ 929.690.000. La providencia de esta corporación tiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo del señor Rafael Ricardo Molano Camacho y, por tanto, prestaba mérito ejecutivo, en los términos del artículo 828 del estatuto tributario, porque había adquirido fuerza ejecutoria.

Siendo así, en el mandamiento de pago, la DIAN debió identificar como título ejecutivo la sentencia de esta corporación, del 18 de octubre de 2006, y no la del Tribunal Administrativo, del 13 de marzo de 2003(14). Como no lo hizo, debió declarar probada la excepción de falta de título ejecutivo y terminar el proceso de cobro, pues en el mandamiento de pago no se podía identificar la obligación clara, expresa y exigible a cargo del actor. La excepción de falta de título ejecutivo, en todo caso, no prospera porque se hubiese tasado en forma indebida el monto de la obligación, como dice la DIAN. La excepción prospera porque no identificó adecuadamente el título.

No es cierto, como lo creyó la DIAN, que el título ejecutivo sea complejo y que esté integrado por la liquidación oficial del impuesto de renta y por las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de esta corporación. Realmente, la obligación clara, expresa y exigible está determinada en la sentencia de esta corporación del 18 de octubre de 2006, por cuanto se modificó el saldo a pagar que había determinado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tampoco es cierto que la indebida identificación del título sea un simple yerro de transcripción, o error procesal, que no afectara la obligación a cargo del actor. Todo lo contrario, ese es un requisito sustancial, en cuanto la administración tributaria debe identificar de manera precisa el documento del que se deriva la obligación reclamada por la vía coactiva.

Como no es un error de tipo procesal, la DIAN no podía hacer uso de la potestad de corrección que le otorga el artículo 849-1 estatuto tributario(15). Dicho artículo dice que la administración tributaria deberá subsanar, en cualquier tiempo y, en todo caso, antes del acto que apruebe el remate, “las irregularidades procesales” que afecten el proceso de cobro. Empero, esa norma no prevé la corrección de errores sustanciales que afectan la obligación. En ese aspecto, la Sala comparte el criterio expuesto por el Ministerio Público.

Ahora bien, no era posible que la DIAN declarara parcialmente probada la excepción, subsanara el error y continuara con el proceso de cobro. Forzosamente, la prosperidad de la excepción de título ejecutivo traía como consecuencia la terminación del proceso, pues no había título ejecutivo que sirviera para el cobro. No obstante, si no ocurría la prescripción de la acción de cobro, la DIAN podía iniciar nuevamente el proceso contra el demandante con un nuevo mandamiento de pago en el que se identificara debidamente el título ejecutivo.

Por último, llama la atención que la DIAN alegó que profirió la Resolución 800004 del 17 de julio 2008 en cumplimiento de la Resolución 20080311000007 de 2008 y que, con eso, subsanó el error en la identificación del título ejecutivo porque, además, el actor pudo presentar nuevamente excepciones. Aunque la primera resolución no fue demandada, la Sala debe decir que ese hecho no elimina el vicio que da lugar a que se anulen los actos aquí demandados, pues, se repite, la prosperidad de la excepción de falta de título ejecutivo daba lugar a la terminación del proceso de cobro y no a que se subsanara el error dentro del mismo proceso.

No prospera el recurso de apelación propuesto por la DIAN. Debe, en consecuencia, confirmarse la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería al abogado Nairo Alejandro Martínez Rivera, como apoderado de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.»

(3) Folios 110-144, cuaderno de antecedentes administrativos.

(4) Folios 146-164, cuaderno de antecedentes.

(5) Folio 339, cuaderno de antecedentes.

(6) En el mandamiento de pago se alude a que la sentencia es del 31 de marzo, cuando lo cierto es que es del 13 de marzo de 2003.

(7) Folio 11, cuaderno principal.

(8) Folios 14-15, cuaderno principal.

(9) Folios 16-22, cuaderno principal.

(10) Folios 82-84, cuaderno principal.

(11) Esa norma es similar a la del artículo 68-2 Código Contencioso Administrativo que dice que prestan mérito ejecutivo las “sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero”.

(12) El demandante prescindió del recurso de reconsideración y demandó directamente la liquidación oficial de revisión, en los términos del parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario.

(13) La información se verificó en el software de gestión de la rama judicial.

(14) De hecho, aunque el título ejecutivo estuviera conformado por la sentencia del tribunal, en el mandamiento de pago se indicó como fecha el 31 y no el 13 de marzo.

(15) ART. 849-1.—Irregularidades en el procedimiento. Las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes.

La irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en el proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.