Sentencia 2008-00163 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2008-00163 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000232700020080016301 (17935)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Reyes Armando Rodríguez Palma

Demandado: UAE DIAN

Sentencia de segunda instancia

Bogotá, veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Decide la Sala si son nulas las resoluciones 800001 y 800004, ambas de 2008, en las que la DIAN declaró no probadas las excepciones de prescripción de la acción de cobro y de falta de competencia del ejecutor, excepciones que propuso el señor Reyes Armando Rodríguez Palma contra el mandamiento de pago 20020302005670 del 19 de noviembre de 2002.

Concretamente, la Sala debe examinar si operó la prescripción de la acción de cobro iniciada por la DIAN para el cobro de la obligación correspondiente al impuesto de renta del año 1995, en cuanto el demandante no invocó las normas violadas ni el concepto de violación para sustentar la excepción de incompetencia.

Para tal efecto, se relacionarán los hechos probados y, seguidamente, se estudiará la cuestión de fondo.

1. Hechos probados

La Sala destaca como hechos probados los siguientes:

1. El 19 de noviembre de 2002, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá libró mandamiento de pago 20020302005670(6), por valor de $ 168.687.000, contra el señor Reyes Armando Rodríguez Palma, cuyo título de recaudo era la liquidación oficial de revisión 501-900012 del 21 de septiembre de 1999(7). El 6 de diciembre de 2002, la DIAN notificó personalmente la orden de pago mencionada.

2. El 30 de diciembre de 2002, el actor formuló las excepciones de prescripción de la acción de cobro y de incompetencia del funcionario ejecutor(8).

3. Mediante Resolución 312-200005 del 22 de enero de 2003, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá rechazó por extemporáneas las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago y ordenó continuar la ejecución(9).

4. El 5 de febrero de 2003, el demandante presentó recurso de reposición contra la decisión anterior(10). El 27 de marzo de 2003, el actor, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la Resolución 312-200005 de 2003 y el acto presunto originado en la falta de respuesta al recurso de reposición.

5. Ese mismo día (mar. 27/2003, por Res. 200003), la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá resolvió el recurso de reposición, revocó la Resolución 312-200005 y ordenó que se resolvieran las excepciones propuestas(11).

6. Mediante Resolución 2000040 del 24 de octubre de 2003, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá declaró no probadas las excepciones de prescripción de la acción de cobro y de falta de competencia del funcionario ejecutor y ordenó seguir adelante con la ejecución(12).

7. Mediante sentencia del 6 de abril de 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, resolvió(13):

“1. DECLÁRASE (sic) INHIBIDO para proferir un pronunciamiento de fondo en relación con el mandamiento de pago 20020302005670 de 19 de noviembre de 2002, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Personas Naturales, División Cobranzas.

2. DECLÁRASE (sic) no probada la excepción de Falta de Jurisdicción del Tribunal propuesta por la apoderada judicial de la parte demandada.

3. DENIEGANSE (sic) las súplicas de la demanda.

(…)”.

8. Mediante Resolución 700002 del 26 de abril de 2007, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá suspendió la diligencia de remate ordenada mediante Auto 700032 del 2 de abril de 2007 y, además, suspendió el término de prescripción de la acción de cobro, “a partir del momento de expedición (del auto)… hasta la expedición del acto que ordene levantar la presente suspensión que se dará cuando se haya proferido el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 818 del estatuto tributario”(14).

9. En segunda instancia, esta corporación, mediante sentencia del 18 de octubre de 2007, confirmó parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y resolvió(15):

“CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de 6 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Reyes Armando Rodríguez Palma contra LA DIAN.

En lo demás, REVÓCASE el fallo apelado y en su lugar, dispone:

ANÚLASE la Resolución 200005 de 22 de enero de 2003 que rechazó por extemporáneas las excepciones propuestas por el actor y el acto presunto que la confirmó.

Por falta de competencia temporal, DECLÁRANSE sin valor ni efecto la Resolución 200003 de 27 de marzo de 2003, que revocó la 200005 y ordenó al funcionario ejecutor resolver las excepciones, y la Resolución 2000040 de 24 de octubre del mismo año, que las declaró no probadas.

Como consecuencia de la nulidad de la Resolución 2000005 de 2003 y del acto presunto confirmatorio, ORDENÁSE a la DIAN que adecúe (sic) el procedimiento administrativo de cobro a la normatividad aplicable y resuelva sobre las excepciones propuestas por el actor”.

En resumen, las razones de la sentencia fueron las siguientes:

“Así las cosas, por falta de competencia temporal y violación del artículo 60 [3] del Código Contencioso Administrativo, carecen de valor y efecto tanto la Resolución 200003, notificada el 28 de abril de 2003, que revocó la 200005 y ordenó al funcionario ejecutor resolver las excepciones, como la Resolución 200040 de 24 de octubre del mismo año, que finalmente, las declaró no probadas.

Como consecuencia de la nulidad del acto que rechazó las excepciones y del presunto negativo, y para garantizar que el proceso de cobro se adelante conforme a las disposiciones que lo regulan, LA DIAN deberá resolver las excepciones propuestas, pues, los actos que se anulan, no se pronunciaron sobre la procedencia de las mismas, como lo ordena el artículo 832 del estatuto tributario.

En suma, la Sala confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por el cual el a quo se declaró inhibido para proferir fallo de fondo respecto del mandamiento de pago 20020302005670 de 19 de noviembre de 2002. En lo demás, revocará la providencia y dispondrá:

Anular la Resolución 2000005 de 22 de enero de 2003 que rechazó por extemporáneas las excepciones propuestas por el actor y el acto presunto que confirmó el rechazo.

Declarar sin valor ni efecto, por falta de competencia temporal, la Resolución 200003 de 27 de marzo de 2003, que revocó la 200005 y ordenó al funcionario ejecutor resolver de fondo las excepciones, y la Resolución 2000040 de 24 de octubre del mismo año, que las declaró no probadas.

Como consecuencia de la nulidad de la Resolución 200005 de 2003 y del acto presunto confirmatorio, ordenará a la DIAN que adecúe el procedimiento administrativo de cobro a la normatividad aplicable y resuelva sobre las excepciones propuestas por el actor”.

10. Por Auto 800001 del 18 de enero de 2008, la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá levantó la suspensión de la diligencia de remate y reanudó el término de prescripción de la acción de cobro, que se habían ordenado en el auto 700002 de 2007(16).

11. Mediante Resolución 800001 del 21 de enero de 2008, en cumplimiento de la sentencia antes citada, la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá declaró no probadas las excepciones de prescripción de la acción de cobro y de falta de competencia del funcionario ejecutor y ordenó seguir adelante con la ejecución(17). Dicha resolución se notificó por correo el 23 de enero de 2008(18).

12. El 12 de febrero de 2008, el demandante presentó recurso de reposición contra la decisión anterior(19). Por Resolución 800003 del 11 de marzo de 2008, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 800001 de 2008(20).

13. Mediante autos 601-800040, 601800041, 601-800042, 60100043, 601-800044, 601-800045 y 601-800046 del 20 de mayo de 2008, se fijó fecha y hora para el remate de los bienes del actor(21).

14. El 16 de junio de 2008, se llevó a cabo el remate de dos bienes inmuebles, según actas 800021 y 800022(22).

15. El 23 de junio de 2008, el demandante presentó ante la DIAN incidente de nulidad y alegó que se configuró la causal de nulidad del 141-2 Código de Procedimiento Civil “por incumplir una de las formalidades prescritas para realizar el remate como es que la sentencia que ordena el remate esté ejecutoriada y tenemos que la Resolución 800003 de marzo 11 de 2008 no está ejecutoriada porque aun no se ha vencido el termino (sic) de cuatro (4) meses, señalado en el artículo 136. Numeral 2º del Código Contencioso Administrativo para poder acudir ante la jurisdicción Contencioso – administrativa (sic)”(23).

16. Mediante autos 800027 y 800028 del 25 de junio de 2008, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá aprobó el remate de los bienes(24).

17. Por Auto 1021-800017 del 21 de agosto de 2008, la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Naturales de Bogotá rechazó el incidente de nulidad porque el apoderado del contribuyente no “ostenta la facultad de representar al contribuyente, en el proceso de cobro coactivo”(25).

18. El 2 de septiembre de 2008, el actor presentó recurso de apelación contra la última decisión(26). Mediante Resolución 000010 del 22 de septiembre de 2008, la Administración Local de Impuestos de Bogotá resolvió el recurso de apelación y revocó el Auto 1021-800007 y ordenó a la División de Cobranzas “que adelante las diligencias pertinentes de conformidad con los términos del Código de Procedimiento Civil, con el fin de permitir que el apoderado del contribuyente realice el saneamiento de los vicios del poder que generaron el rechazo de plano de la solicitud de nulidad, y una vez efectuado el trámite pueda pronunciarse de fondo sobre las pretensiones”(27).

2. Asunto de fondo

Inicialmente, el actor pidió la nulidad de los actos administrativos (Resoluciones 800001 y 800003, ambas de 2008) que declararon imprósperas las excepciones de falta de título ejecutivo y de prescripción de la acción de cobro, que propuso el actor contra el mandamiento de pago 20020302005670 de 2002.

Sin embargo, en la adición de la demanda también pidió la nulidad de la Resolución 000010 del 22 de septiembre de 2008, que revocó el Auto 10218000017 de 2008 y ordenó a la División de Cobranzas de la DIAN que permitiera al apoderado del señor Rodríguez Palma sanear el defecto formal que dio lugar a que se rechazara de plano el incidente de nulidad que promovió. Según el demandante, no era procedente que la DIAN aprobara el remate de los bienes, sin que se hubiera resuelto la solicitud de nulidad del remate, que propuso el 23 de junio de 2008(28).

En este punto, la Sala comparte la conclusión del a quo, en cuanto a que la Resolución 000010 de 2008 no es el acto definitivo que sea pasible de control jurisdiccional. En efecto, dicha resolución se limitó, en últimas, a ordenar a la división de cobranzas que permitiera que el apoderado del contribuyente subsanara la deficiencia en el poder para que, luego, se resolviera el incidente de nulidad. Empero, no tiene una decisión de fondo capaz de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta para el demandante. La simple orden al funcionario competente de la DIAN para que permitiera subsanar la deficiencia en el poder no define nada concreto en contra del contribuyente. Ni siquiera la decisión de fondo del incidente de nulidad constituye un acto definitivo, pues, como lo dijo la Sala, y ahora lo reitera, ese tipo d actos que resuelven incidentes de nulidad dentro de procesos de cobro administrativo coactivo son actos de trámite no susceptibles de ser demandados ante esta jurisdicción(29).

Ahora bien, en el transcurso del proceso judicial, el actor ha expuesto razones para demostrar, únicamente, que operó la prescripción de la acción de cobro, pero nada dijo respecto de la excepción de falta de competencia del funcionario ejecutor, excepción que propuso en vía gubernativa. Por lo tanto, la Sala, como se anunció, únicamente estudiará de la excepción de prescripción de la acción de cobro.

De la prescripción de la acción de cobro

El texto original del artículo 817 estatuto tributario establecía que la acción de cobro de las obligaciones prescribía al término de cinco años, contado a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Sin embargo, el artículo 86 de la Ley 788 de 2002 modificó el artículo 817 y estableció precisos eventos para calcular el término de prescripción.

El nuevo texto del artículo dice que la acción de cobro prescribe en cinco años, contados a partir de: (i) la fecha de vencimiento del término para declarar, cuando la declaración se presenta oportunamente; (ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de ser presentada extemporáneamente; (iii) la fecha de la presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores, y (iv) la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión.

El artículo 818 ibídem, sin embargo, establece que el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, con el otorgamiento de facilidades de pago, con la admisión de la solicitud de concordato y con la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. Según esa misma norma, interrumpida la prescripción, el término correrá de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, la terminación del concordato o la terminación de la liquidación forzosa administrativa, según sea el caso.

El artículo 818 también prevé que el término de prescripción se suspende desde que se dicta el auto de suspensión de la diligencia de remate y hasta: (i) la ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria; (ii) la ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 estatuto tributario(30), y (iii) el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción en el caso en que se hubiesen demandado los actos administrativos a que alude el artículo 835 ib. Aunque en este caso la norma no es explícita, de la lectura de la normas se entiende que el término de suspensión se reanudará y se contabilizará el tiempo que falte.

En el caso concreto, como ya se dijo, el demandante alegó que, a raíz de las particularidades que han rodeado la expedición de los actos demandados, operó la prescripción de la acción iniciada por la DIAN para el cobro de la obligación correspondiente al impuesto de renta del año 1995. La DIAN, por su parte, respalda su actuación y dice que tales actos se profirieron oportunamente.

Los hechos destacados en el acápite anterior dan cuenta de que, en efecto, el procedimiento de cobro ha estado rodeado de múltiples actuaciones que se han surtido ante la administración y ante la propia jurisdicción. Como no es del caso examinar esas actuaciones, la Sala examinará si se configuró la excepción de prescripción, a partir de los hechos que han rodeado el procedimiento de cobro.

Lo primero que conviene decir es que el título ejecutivo que sirve al proceso de cobro coactivo es la Liquidación Oficial de Revisión 501-900012 del 21 de septiembre de 1999. No está en discusión que la ejecutoria del acto ocurrió el 21 de noviembre de 1999. Luego, el término de prescripción de la acción de cobro, en los términos del artículo 818 estatuto tributario, empezaba a contarse desde el mismo 22 de noviembre de 1999 y fenecía el 22 de noviembre de 2004.

Sin embargo, ese término inicial se interrumpió por la notificación del mandamiento de pago 20020302005670 del 19 de noviembre de 2002, que se produjo el 6 de diciembre de 2002. Por consiguiente, en los términos del citado artículo 818, el término de 5 años empezaba a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación de la orden de pago. Esto es, desde el 7 de diciembre empezó a correr nuevamente el término de 5 años, que, en consecuencia, vencía el 7 de diciembre de 2007.

Adicionalmente, el término de prescripción de la acción de cobro se suspendió desde la fecha en que se dictó el auto que suspendió la diligencia de remate hasta que se dictó la sentencia definitiva, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Rodríguez Palma contra los actos administrativos que rechazaron por extemporáneas las excepciones que propuso contra el mandamiento de pago. Entonces, el término de prescripción de la acción de cobro se suspendió desde el 26 de abril de 2007 —fecha en que la DIAN expidió la Resolución 700002 y suspendió la diligencia de remate— hasta el 8 de noviembre de 2007 —fecha en la que la Secretaría de la Sección Cuarta desfijó el edicto que notificó la sentencia del 18 de octubre de 2007, dictada en el expediente 15484. Es decir, el término de prescripción estuvo suspendido por 7 meses y 9 días. Y desde el 8 de noviembre de 2007 se reanudó el término de prescripción de 5 años, que, en esas circunstancias, vencía el 21 de junio de 2008.

Como las resoluciones 800001 y 800003 (actos demandados) se profirieron el 21 de enero y el 11 de marzo de 2008, no cabe duda que se dictaron oportunamente. Empero, los hechos probados del proceso dan cuenta de que, después del 21 de junio de 2008, la administración profirió los autos 800027 y 800028 del 25 de junio de 2008, que aprobaron el remate de los bienes; el auto 1021-800007 del 21 de agosto de 2008, que rechazó la nulidad que propuso el señor Rodríguez Palma (por falta de poder del apoderado que lo representaba), y la Resolución 000010 del 22 de septiembre de 2008, que ordenó que se tramitara dicha nulidad y se permitiera subsanar la deficiencia del poder.

Sin duda, tales actos de la administración se dictaron por fuera de tiempo, pues, se repite, debieron proferirse, a más tardar, el 21 de junio de 2008. Ese hecho sí vicia con prescripción el proceso, pues tales actos se expidieron cuando había expirado el término de 5 años que tenía la administración para adelantar el proceso de cobro coactivo.

De la lectura de los artículos 817 y 818 se desprende que la obligación de la administración no sólo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal.

Detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la administración como para los contribuyentes. Para la administración porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo.

Siendo así, en el sub lite, el proceso de cobro está afectado por la prescripción de la acción de cobro. Por tanto, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia de primera instancia, en cuanto se inhibió para examinar la legalidad de la Resolución 000010 de 2008. Empero, revocará el numeral segundo y, en su lugar, declarará probada la excepción de prescripción de la acción de cobro.

Del restablecimiento del derecho

Ahora bien, a título de restablecimiento del derecho, el demandante pidió:

1. Que, “se declare en firme la liquidación privada de mi poderdante. (…)”.

Esta petición es improcedente, toda vez que en este proceso no está en discusión la legalidad de la liquidación oficial que modificó el denuncio privado del contribuyente. Por tanto, la liquidación oficial sigue siendo el título ejecutivo que sirvió de base al proceso ejecutivo que ahora se declara terminado pero por prescripción de la acción de cobro.

2. Que, “Se declare la nulidad de la diligencia de remate de los bienes de mi poderdante.

Esta petición también es improcedente, toda vez que la diligencia de remate fue ordenada mediante auto 700032 del 2 de abril de 2007, y ese auto no fue objeto de demanda.

No obstante, en virtud de la declaratoria de prescripción de la acción de cobro, todos los actos de trámite y definitivos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo, incluido el auto 700032 del 2 de abril de 2007, quedan viciados de invalidez.

Que, “Se condene ‘in genere’ a la DIAN a pagar el valor de los bienes que hayan sido rematados por la DIAN. Valores que solicito se deben liquidar en incidente aparte (sic).” Y Que, “Se condene en abstracto a la DIAN a pagar los perjuicios morales y materiales causados por el remate de los bienes de mi poderdante. Así:

• Se condene en abstracto a la DIAN a pagar de (sic) los perjuicios morales causados a mi poderdante y a su familia por los sufrimientos morales a que fueron sometidos por sus actuaciones.

• Se condene en abstracto a la DIAN al pago del lucro cesante ocasionado por la actuación de la DIAN desde la fecha de los embargos hasta el momento del pago de acuerdo con el artículo 687 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 172 del Código Contencioso Administrativo regula la condena en abstracto, en el siguiente sentido:

“ART. 172.—Condenas en abstracto. Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil también autoriza la condena in genere, pero tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, esa condena solo procede “(…) en los casos señalados en la ley, cuando no está probada la "cantidad y valor determinado" del derecho, premisas fundamentales para proferirla, desde que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas. (…) Por consiguiente, la condena in abstracto exige por presupuestos sine qua non: a) Autorización expresa del legislador, es decir, sólo procede en los casos taxativos previstos por la ley; y b) Indeterminación del quantum, cuantía “cantidad y valor determinado" del derecho a reconocer, en los elementos probatorios del proceso, según la apreciación discreta del juez(31)”.

Así mismo, tratándose de la condena in genere dentro de los procesos ejecutivos, dijo la Corte que “(…) son presupuestos de la condena in abstracto prescrita en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil: a) Terminación del proceso ejecutivo con sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado; y b) Ausencia de determinación del valor, suma o cuantía de "los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso" según la valoración discreta del fallador de las pruebas entonces existentes(32)”.

Según la Corte Suprema de Justicia, “El precepto, impone al juzgador el deber de condenar al pago de los perjuicios causados a la parte demandada con las cautelas y el proceso cuando la ejecución concluye con sentencia totalmente favorable de excepciones. Bajo este entendimiento, dicha condena es materia de la sentencia, o sea, un asunto sobre el cual debe pronunciarse el juzgador (arts. 304, 305, 306, 307 y 510 ejusdem), y de omitirla, el interesado debe solicitar oportunamente la adición de la sentencia para que se imponga en concreto si las pruebas del proceso valoradas por el juzgador en su discreta autonomía, establecen la "cantidad y valor determinado" de los perjuicios, o en caso contrario, en abstracto para su liquidación in futurus (arts. 307, 308 y 311, ibídem)(33).

Ahora bien, respecto de la prueba del perjuicio y del quantum debetur, precisó la Corte Suprema(34):

“En la liquidación del derecho reconocido in genere la parte favorecida con la condena debe demostrar a plenitud la cantidad y valor determinado de los perjuicios ocasionados con las medidas preventivas y el proceso ejecutivo, o sea, la carga probatoria (onus probando) de los elementos estructurales de la responsabilidad incumben al interesado.

Al respecto, el juzgador sin menoscabo de sus deberes y facultades en los asuntos oficiosos, está obligado a fallar conforme a lo alegado y probado (iuxta allegata et probata iudex iudicare debet), y “toda ‘decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’, sujetas a su valoración racional e integral ‘de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’ (CPC, arts. 174 y 187), correspondiendo al demandante y no al juez la carga probatoria (actori incumbit probatio) con elementos probatorios idóneos, y sujetos a contradicción y, en contrapartida, al demandado demostrar in contrario (reus in excipiendo fit acto), pues, al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil ‘incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen’, cuestión que en la autorizada opinión de Francisco Carnelutti ‘se desarrolla en procura de demostrar los supuestos fácticos que sustentan su proposición.” (cas. civ. sentencia de 25 de enero de 2008, [SC-002-2008], exp. 00373).

En torno a la prueba del derecho reconocido in abstracto ex artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, cuando se trata de perjuicios, como de vieja data tiene sentado la Corte, requiérese “probar su existencia y luego su cuantía” (cas. civ. sentencias de 30 de mayo de 1956, LXXXII-2167, 695), 478 de 12 de diciembre de 1989; 21 de marzo de 1995, exp. 3328; 27 de marzo de 2003, expediente C-6879).

A propósito, la jurisprudencia ha puntualizado:

“…para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o posterior, es menester su plena demostración en proceso con elementos probatorios fidedignos, existiendo a propósito libertad en la prueba, y por ende, salvo norma expresa en contrario, son idóneos todos los medios permitidos por el ordenamiento, dentro de éstos, la confesión de parte, los testimonios de terceros, los documentos, los indicios, las inspecciones judiciales y dictámenes periciales.

“Probado el daño es pertinente establecer el quantum debetur según los elementos de convicción del proceso, desde luego que, la prueba del quebranto y la de su cuantía son asuntos diferentes, el juzgador para establecerla debe ejercer sus facultades oficiosas (CPC, art. 307, incs. 1º y 2º; cas. civ. sentencia de 9 de agosto de 1999, [S-033-99], exp. 4897) cuando están acreditados los perjuicios, y toda vicisitud probatoria respecto del monto de la indemnización no excluye su reconocimiento, cuya valoración “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales” (arts. 16, L. 446 de 1998, 230 de la C. P., 32 del C.C. y 8º de la Ley 153 de 1887; cas. civ. sentencias del 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998, 1º de abril de 2003, [S-042-2003], exp. 6499).

“Por supuesto, la determinación de la cuantía de la indemnización […], parte de un daño cierto, actual o futuro, y demostrada su existencia, la víctima tiene derecho a su reparación…” (cas. civ. sentencia de 9 de septiembre de 2010, exp. 17042-3103-001-2005-00103-01).

Ya, en tiempos recientes, la Corte expresó:

“Con fundamento en que una cosa es la demostración del perjuicio mismo y otra la comprobación de su cuantía, es menester destacar que la circunstancia de que para cuando se inició el presente proceso (ene. 21/85) el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil autorizara la condena in genere, a fin de que, posteriormente a la sentencia, se concretara su monto por la vía incidental, ello no exoneraba al actor del deber ….de acreditarlos de manera suficiente …, independientemente, se reitera, de que comprobara su extensión económica.

“Sobre el particular, desde antes de entrar en vigencia el Decreto 2282 de 1989, que modificó la precitada norma para establecer como deber de conducta de los jueces la imposición de condenas en concreto, la Sala ha observado que “[p]ara que proceda la reparación de perjuicios …. es preciso, según reiterada doctrina de la Corte, que se demuestre el daño …. el perjuicio no es un efecto forzoso …. Por eso, como regla general, quien demanda la indemnización de perjuicios debe demostrar que se le causaron…” (Cas. Civ., sentencia 478 del 12 de diciembre de 1989)”… ‘para condenar al pago de perjuicios, el juzgador debe tener ante sí la prueba de que el reo se los ha causado al actor, pues ellos son la sujeta materia de la condena, y ... bien puede suceder que no haya dado lugar a perjuicios, que no se los haya causado a la otra parte, y no sería lógico condenar a la indemnización de perjuicios inexistente’… Por eso, ... al actor le corresponde demostrar, salvo los casos de presunción de daño, como ocurre con la cláusula penal y el caso del numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, la lesión o menoscabo en su patrimonio, bien por una pérdida real y efectiva, ora de una ventaja o ganancia, …(Cas. Civ., sentencia de 27 de marzo de 2003, expediente C-6879)” (cas.civ. sentencia de 30 de noviembre de 2010, exp.11001-3103-001-1985-00134-01).

Ahora bien, para el demandante, la condena in genere de los perjuicios procede en virtud de lo dispuesto en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil

Sobre el particular, se precisa:

El artículo 687 del Código de Procedimiento Civil(35) regula los casos en que procede el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro. Particularmente, el numeral cuarto contempla como causal del levantamiento de esas medidas cuando se ordena la terminación del proceso ejecutivo porque prospere una excepción previa o de mérito.

Para este evento, como para los demás casos reseñados en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, el inciso segundo del numeral 10 dispone lo siguiente:

“ART. 687.—Levantamiento del embargo y secuestro. Modificado por el artículo 1º, numeral 344 del Decreto 2282 de 1989. (…).

10. (…) Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1º, 2º y 4º a 8º del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo.

El artículo 687 del Código de Procedimiento Civil se aplica, por regla general, en los procesos ejecutivos que se adelantan ante las autoridades judiciales y, por excepción, a los procesos administrativos de cobro coactivo, en virtud de la remisión que el artículo 839-2 estatuto tributario hace a las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

En el presente proceso que se inició en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable dado que, la DIAN, en el proceso administrativo de cobro coactivo, decidió de manera desfavorable la excepción de prescripción que el demandante propuso, ordenó seguir adelante la ejecución y, con ocasión del remate de los bienes, debió levantar las medidas cautelares, tal como lo ordena el numeral 2º del artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso administrativo de cobro coactivo, se reitera, por la remisión que hace el artículo 839-2 estatuto tributario. En consecuencia, resulta improcedente volver a decretar el levantamiento de las medidas cautelares.

Lo anterior no obsta para que, en virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados y del consecuente restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada por el daño causado. La condena podrá ser en abstracto o en concreto.

Para decretar una condena en abstracto, conforme se precisó, es indispensable que exista la prueba del daño como tal, y del quantum de los perjuicios. Si está demostrado el daño y el quantum de los perjuicios procederá la condena en concreto.

En este proceso el demandante pide que “Se condene ‘in genere’ a la DIAN a pagar el valor de los bienes que hayan sido rematados (…)”. En síntesis, el demandante pide el reconocimiento de los perjuicios derivados del daño emergente causado, esto es, por la “afectación del interés negativo, o cuando un bien de contenido económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima(36)”.

La Sala considera que esta pretensión es procedente porque está probado que el remate de los bienes fue improcedente, es decir, está probado el daño. Pero, en cuanto al monto de los perjuicios, el demandante no aportó ninguna prueba. De ahí que fuera necesario que el magistrado ponente en este proceso decretara, de oficio, la prueba que acreditara, de una parte, el remate de los bienes y, de otra, el monto por el cual fueron rematados. En esa medida, para la Sala, no es necesario que se ordene una condena in genere, toda vez que, el monto del perjuicio está probado.

Además, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado(37), el precio de la adjudicación es el monto a tener en cuenta para tasar los perjuicios materiales cuando los bienes son objeto de remate. Esto por cuanto, la adjudicación o adquisición de bienes no se produce en las condiciones normales de mercado, sino como resultado de una venta forzada de orden judicial ―en ese caso, orden administrativa― y, por tanto, sujeta a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con las cuales el precio del inmueble depende de la mejor oferta económica obtenida en el transcurso de la diligencia de remate, teniendo como base de la licitación o subasta “el 70% del avalúo de los bienes” (art. 523).

De allí que “en modo alguno habría lugar a reconocer en estos casos el valor comercial del inmueble, sino que tal reconocimiento necesariamente estaría limitado al valor efectivamente pagado por el rematante, según la postura efectuada en la respectiva diligencia(38)”.

En el anterior entendido, la prueba decretada de oficio da cuenta de que, el jefe del G.I.T. Coactiva II de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá certificó que el proceso de cobro coactivo identificado con el número 2012000535 no se ha archivado. Y que dentro de dicho proceso se remataron ciertos bienes. En esa medida, se ordenará a la DIAN que, a título de restablecimiento del derecho, devuelva al demandante los valores por los que fueron adjudicados los bienes rematados, así:

1. Setenta y cuatro millones ochenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte ($ 74.080.650), por el remate y adjudicación de los “inmuebles ubicados en la ciudad de Paipa – Boyacá, con denominación “La Cuadra” y “La Cuadrita”, identificados con matrículas inmobiliarias 074-14481 y 074-9932, respectivamente.

2. Ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($ 8.400.000), por el remate y adjudicación del “inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, con nomenclatura carrera 8ª Nº 13-54/13-5/13-62 Garaje 102 del Edificio “Aparcaderos de la octava”, identificado con la matrícula inmobiliaria número 50C-892313”.

Estos valores deberán devolverse debidamente indexados, conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998(39), según la siguiente fórmula:

S2008-00163CE.JPG
 

Donde:

Ra es la renta actualizada a obtener.

R es la renta al momento de los hechos

If es el índice de precios al consumidor para la fecha en que se devuelva el valor de los bienes rematados.

Ii es el índice de precios al consumidor para la fecha de los hechos, esto es, la fecha en que los bienes fueron rematados(40).

El demandante también pidió que, “Se condene en abstracto a la DIAN a pagar los perjuicios morales y materiales causados por el remate de los bienes (…). Así:

• Se condene en abstracto a la DIAN a pagar de (sic) los perjuicios morales causados a mi poderdante y a su familia por los sufrimientos morales a que fueron sometidos por sus actuaciones.

• Se condene en abstracto a la DIAN al pago del lucro cesante ocasionado por la actuación de la DIAN desde la fecha de los embargos hasta el momento del pago de acuerdo con el artículo 687 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil,

La Sala considera que no es procedente el reconocimiento de estos perjuicios por cuanto, el demandante no explicó ni probó en qué consistió la aflicción moral que sufrió el y su familia.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que los perjuicios morales deben estar probados para que su reconocimiento proceda. También ha insistido en que la afectación debe ser de tal entidad que amerite la condena. Así, en un caso en el que se pidió el reconocimiento de esos perjuicios por el daño de bienes, dicha sección precisó:

“En materia de perjuicios morales ocasionados por el daño de bienes, la Sala ha reconocido este tipo de perjuicio inmaterial, siempre que el mismo se encuentre probado. En este caso, a pesar de que los demandantes lograron demostrar la incomodad que padecieron con ocasión del daño, lo cierto es que ese sentimiento no es de tal envergadura que justifique su reparación. En efecto, el daño moral es un perjuicio inmaterial que comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa a los sentimientos del ser humano, como la congoja, la tristeza, etc., y para que haya lugar a su indemnización, es necesario que la afectación sea intensa, pues no cualquier contratiempo o contrariedad puede ser moralmente compensado, máxime si se tiene en cuenta que el único patrimonio de los demandantes no se destruyó ni se perdió, sino que, por el contrario, los daños generados al inmueble se repararon. En consideración a lo anterior, en esta oportunidad la Sala negará el reconocimiento del perjuicio moral solicitado, sin que con ello se pretenda desconocer el impacto emocional de los demandantes(41)”.

En cuanto al reconocimiento del lucro cesante, entendido como la “afectación del interés positivo que se traduce en un bien de contenido económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos y no ingresó ni ingresará al patrimonio de la víctima”(42), también advierte la Sala que el demandante lo pidió pero no explicó ni probó porqué tuvo ocurrencia y en qué condiciones se dio la afectación económica. En consecuencia, tampoco prospera su reconocimiento(43).

3. Por último, pidió el demandante que, “Se condene a la DIAN a cancelar las costas del proceso a partir de las nulidades decretadas por el Consejo de Estado”.

La Sala no condenará en costas a la DIAN puesto que la conducta que asumió no fue temeraria ni injustificada. La entidad adelantó el proceso administrativo de cobro coactivo con fundamento en la liquidación oficial de revisión 501-900012 del 21 de septiembre de 1999, acto administrativo que no fue objeto de cuestionamiento y, por tanto, es un título que legitimó a la DIAN a seguir el mentado proceso.

Conforme con lo que aparece probado en el expediente, la dilación del proceso, que culmina en la declaración de la prescripción de la acción de cobro, obedeció a las solicitudes y demandas que debieron ser atendidas, en el curso del proceso coactivo administrativo ora por la misma DIAN, ora por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, en los términos del numeral 9º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. El demandante no hizo lo propio para demostrar esas condiciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia del 12 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas.

2. REVÓCASE el numeral 2º de la sentencia apelada. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de prescripción de la acción de cobro, pero por las razones expuestas. En consecuencia, DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 800001 de enero 21 de 2008 y de la Resolución 80003 de marzo 11 de 20008.

3. A título de restablecimiento del derecho:

a. DECLÁRASE terminado el proceso de cobro que inició la DIAN contra el señor Reyes Armando Rodríguez Palma.

b. ORDÉNASE a la DIAN devolver al demandante los valores por los que fueron adjudicados los bienes rematados, así:

• Setenta y cuatro millones ochenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte ($74.080.650), por el remate y adjudicación de los “inmuebles ubicados en la ciudad de Paipa – Boyacá, con denominación “La cuadra” y “La Cuadrita”, identificados con matrículas inmobiliarias 074-14481 y 074-9932, respectivamente.

• Ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($ 8.400.000), por el remate y adjudicación del “inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, con nomenclatura carrera 8ª Nº 13-54/13-5/13-62 Garaje 102 del edificio “Aparcaderos de la octava”, identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-892313”.

Estos valores deberán devolverse debidamente indexados, conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según la siguiente fórmula:

S2008-00163CE.JPG
 

 

Donde:

Ra es la renta actualizada a obtener.

R es la renta al momento de los hechos

If es el índice de precios al consumidor para la fecha en que se devuelva el valor de los bienes rematados.

Ii es el índice de precios al consumidor para la fecha de los hechos.

4. DENÍEGASE las demás súplicas de la demanda.

5. RECONÓCESE personería al abogado Sebastián Pinilla Mogollón, como apoderado de la DIAN.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(6) Folio 97 cuaderno de antecedentes.

(7) Folios 43-80 c.a.

(8) Folios 111 c.a.

(9) Folios 123-124 c.a.

(10) Folios 113-116 c.a

(11) Folios 156-158 c.a.

(12) Folios 196-198 c.a.

(13) Folios 532-543 c.a.

(14) Folios 417-418 c.p.

(15) Folios 462-475 c.a.

(16) Folios 490-491 c.a.

(17) Folios 496-503 c.a.

(18) Folio 504 c.a.

(19) Folios 511-517 c.a

(20) Folios 519-525 c.a.

(21) Folios 750-763 c.a.

(22) Folios 847-854 c.a.

(23) Folios 996-999 c.a.

(24) Folios 873-878 c.a.

(25) Folios 1016-1018 c.a.

(26) Folios 1030-1033 c.a.

(27) Folios 1040-1050 c.a.

(28) Folios 86-99 cuaderno principal.

(29) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012). Referencia: 250002327000200800213 01. Radicado: 18455. Actor: Daniel Rodríguez Gacha. Demandado: UAE DIAN

(30) Ese artículo alude a la facultad de corrección que tiene la administración en los casos en que las notificaciones no se envían a la dirección correcta. Según la norma, en tales casos, los términos empezarán a corres a partir de la notificación que se realice en debida forma.

(31) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia discutida y aprobada en Sala de veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011). Magistrado ponente. William Namén Vargas. Referencia: 41001-3103-004-2005-00054-01.

(32) Ídem.

(33) Ídem.

(34) ídem.

(35) “Código de Procedimiento Civil. Artículo 687. Levantamiento del embargo y secuestro. Modificado por el artículo 1º, numeral 344 del Decreto 2282 de 1989Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquél y éstos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge sobreviviente. El auto que resuelva la petición es apelable en el efecto diferido.

2. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral anterior.

3. Si el demandado en proceso ordinario* presta caución para garantizar lo que se pretende, sus frutos o productos si se trata de secuestro, y el pago de las costas; en el proceso ejecutivo, en los casos contemplados en el artículo 519.

4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prospere una excepción previa o de mérito.

5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo.

6. Si se declara la perención en la primera instancia o se ordena, en lugar de aquélla, el levantamiento de las medidas cautelares en proceso ejecutivo.

7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.

8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión.

Para que el incidente pueda iniciarse es indispensable que el peticionario preste caución que garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de proceso ejecutivo además que no se haya efectuado el remate del bien.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará igualmente al tercero poseedor que se opuso a la diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial. Promovido el incidente quedará desierta la apelación que se hubiere propuesto y de ello se dará aviso al superior.

Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a éste una multa de cinco a veinte salarios mínimos mensuales.

El auto que decida el incidente es apelable en el efecto diferido.

9. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 558. Si se levanta el secuestro y se trata de proceso de ejecución, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo precedente.

10. En los casos de los numerales 1º, 2º y 8º, para resolver la respectiva solicitud no será necesario que se haya notificado al demandado el auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo.

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1º, 2º y 4º a 8º del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo.

(36) Enrique Gil Botero. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Cuarta Edición. Editorial Ibáñez. 2010. Pág. 170

(37) “Ciertamente, encuentra la Sala que en este aspecto le asiste razón a la Delegada del Ministerio Público que rindió concepto en esta instancia cuando afirma que no hay lugar a reconocer el valor comercial del inmueble adjudicado al demandante en el remate, comoquiera que precisamente la adquisición del mismo no se produjo en condiciones normales de mercado, sino como resultado de una venta forzada de orden judicial y, por tanto, sujeta a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con las cuales el precio del inmueble depende de la mejor oferta económica obtenida en el transcurso de la diligencia de remate, teniendo como base de la licitación o subasta “el 70% del avalúo de los bienes” (art. 523).

De allí que en modo alguno habría lugar a reconocer en estos casos el valor comercial del inmueble, sino que tal reconocimiento necesariamente estaría limitado al valor efectivamente pagado por el rematante, según la postura efectuada en la respectiva diligencia.

Por lo anterior, la pretensión indemnizatoria del perjuicio material formulada como principal será denegada y, por ende, en cuanto corresponde a esa específica disposición, la sentencia impugnada será revocada.

Siendo esto así, resulta entonces procedente el estudio de las pretensiones indemnizatorias del perjuicio material que se formularon como subsidiarias, dentro de las cuales se encuentran precisamente los rubros que el demandante en la apelación hecha de menos, como son los gastos que le generó la diligencia de remate y los costos en que incurrió por las mejoras efectuadas al inmueble.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 76001-23-31-000-1996-02035-01(17119). Actor: Jaime Martínez Orozco. Demandado: Nación-Ministerio de Justicia-Dirección Nacional de Estupefacientes. Referencia: Acción de reparación directa; apelación sentencia.

(38) Ídem.

(39) “Ley 446 de 1998. Articulo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

(40) En la certificación que aportó la DIAN no aparece la fecha del remate.

(41) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009). Radicación número: 05001-23-24-000-1992-00231-01(17000). Actor: Gabriel Ángel Echeverry y María Esneda Mora. Demandado: Empresas Publicas de Medellín y Empresas varias de Medellín.

En el mismo sentido: Ver sentencia del 11 de septiembre de 2009, expediente 17119, actor: Jaime Martínez Orozco; del 5 de octubre de 1989, expediente: 5320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo; sentencia del 7 de abril de 1994, exp: 9367 y del 11 de noviembre de 1999, exp: 12.652; sentencia del 13 de abril de 2000, expediente: 11892, actor: Franklyn Liévano Fernández.

(42) Idem 38.

(43) Sobre el reconocimiento de lucro cesante por la pérdida de bienes, con la debida aportación de las pruebas pertinentes y conducentes, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade. Bogotá D.C. veinte (20) de junio de dos mil dos (2002). Radicación número: 17001-23-31-000-1997-9057-01(6980). Actor: Carlos Mario Valencia Rincón. Demandado: La Nación – DIAN.