Sentencia 2008-00175 de noviembre 11 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PARIENTES QUE SE INSCRIBEN POR UN MISMO MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO

La inhabilidad los comprende a todos.

EXTRACTOS: «Se cuestiona la legalidad del acto que declaró la elección del señor Juan Carlos Salazar Uribe como diputado de la asamblea del departamento del Valle del Cauca para el período 2008 a 2011, contenido en el Acuerdo 010 del 6 de diciembre de 2007 del Consejo Nacional Electoral (copia autenticada visible de folios 9 a 35), porque el demandante considera que el elegido incurrió en la causal de inhabilidad de que trata la última parte del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que se transcribe a continuación:

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado: (...).

5. (...) Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

La finalidad de la norma es, como lo sostuvo esta sección, “conjurar el nepotismo político, evitando que se sigan sucediendo las dinastías electorales, donde miembros de una misma familia se valen del poder electoral de uno de sus parientes para conquistar los cargos de elección popular, lo que en verdad viene a quebrantar el principio de la igualdad que debe reinar en todo proceso electoral (3) ”.

Con el mismo objeto, similar inhabilidad fue prevista, salvo algunas diferencias, para los congresistas en el numeral 6º del artículo 179 de la Carta Política y para los concejales en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. También corresponde a la que, en su momento, rigió para los concejales en los términos de la redacción original del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y para los alcaldes al tenor del numeral 9º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

La jurisprudencia al estudiar el tema lo denominó inhabilidad por coexistencia de inscripciones, cuyo entendimiento en esta sección conviene recordar con el fin de resolver el primero de los interrogantes que plantea el apelante.

1. Incidencia del orden cronológico de las inscripciones en la configuración de la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones.

El primer cuestionamiento del apelante es el relacionado con la verificación del orden cronológico en que tuvieron lugar las inscripciones, como elemento que, según la interpretación sostenida por la jurisprudencia de esta sección, determina la configuración de la inhabilidad alegada.

Revisados los pronunciamientos de esta sección sobre la materia se encuentra, en primer término, la tesis interpretativa según la cual, la expresión de la norma “se inscriba por el mismo partido o movimiento político” implica que la situación objetivamente censurada tiene lugar cuando el elegido se inscribe después de que su pariente, cónyuge o compañero permanente se hubiera inscrito. En otras palabras, la inhabilidad se configura siempre que con anterioridad se hubiere inscrito el pariente, cónyuge o compañero permanente, razón por la cual solo resulta aplicable a quienes se inscriben con posterioridad.

En tal sentido se pronunció esta sección en relación con la inhabilidad por coexistencia de inscripciones que rigió para los concejales según la redacción original del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Dijo en esa oportunidad:

“El criterio de interpretación restrictiva es aplicable, precisamente, a la expresión ‘se inscriba por el mismo partido o movimiento político’ condicionante de la causal de inhabilidad que se alega, pues implica que con anterioridad se hubiere inscrito el pariente, cónyuge compañero permanente para la misma elección igual y por igual partido o movimiento político.

En el caso de autos se tiene probado que la solicitud de inscripción de la candidatura del Sr. (...) se produjo con anterioridad a la de su progenitor (...), de modo que cuando el primero la aceptó y fue inscrito no existía impedimento alguno que lo colocara en condiciones de inhabilidad para ser elegido.

La circunstancia sobreviniente generadora de inelegibilidad surgió con posterioridad a esa inscripción y no para aquel sino para (...), inscrito un día después, por lo que conforme al sentido lógico de la disposición es la elección de este la que pudo ser pasible de anulación.

Este es el alcance lógico y justiciero de la norma; y no puede ser distinto, como sería el de que la inhabilidad se extiende a ambos candidatos o es para quien resultó elegido no obstante haberse inscrito primero, pues con ello se estaría sancionando a quien se inscribió cuando no había motivo de inhabilidad, creándose así un sistema bien expedito para burlar la voluntad los electores y el derecho del ciudadano a ser elegido. Bastaría inscribir posteriormente al pariente o vinculado por matrimonio o unión permanente para destruir la posibilidad de la elección de aquel” (4) (destaca la Sala).

Este criterio se reiteró al examinar la inhabilidad por coexistencia de inscripciones que rigió para los alcaldes según el numeral 9º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (5) .

No obstante, tal tesis fue objeto de expresa rectificación por esta sección al reexaminar la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones que rigió para los concejales según la redacción original del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Sostuvo:

“Sin duda el vicio afecta las dos aspiraciones, pues siendo válidas ambas inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume en caso de victoria electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de un candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría inscribirse “temprano” para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones muchas veces contingentes, que la jurisdicción administrativa no puede secundar sin romper el equilibrio y la mesura que son inherentes a la gestión de sus órganos.

Dice el numeral séptimo del artículo 43 de la Ley 136 de 1994: (...).

Aparte de la defectuosa redacción de la norma que utiliza el singular para dejar por fuera varios sujetos pasivos de su mandamiento, necesariamente plurales pues nadie tiene parentesco consigo mismo y que no menciona con quién se tiene parentesco inhabilitante, tampoco ofrece su texto ninguna indicación sobre el funcionamiento de la coexistencia de las inscripciones, mucho menos en el sentido que le han dado el a quo y la anterior jurisprudencia de esta Sala, que en esta sentencia se modifica (...).

La inhabilidad abarca a todas las personas que dentro del círculo familiar marcado, se inscriban en cualquier momento dentro del mismo certamen electoral, para cargos de concejal y por el mismo partido o movimiento político.

La inhabilidad es recíproca, nace en el preciso instante en que se produce la segunda inscripción pero se consolida con la elección de los candidatos, de todos los que en esas condiciones irregulares resulten ungidos con los votos de la ciudadanía.

Es indiferente establecer cuál de las dos inscripciones se hizo primero, puesto que la norma no hace distinciones a este respecto y tampoco le es permitido al juzgador darle un alcance que no tiene. Del factor tiempo no se ocupa la disposición que consagra esta clase de inhabilidad, sino de la coexistencia de inscripciones de las candidaturas, en forma simultánea o sucesiva, siendo esto último indiferente. Se requiere, entonces, que dentro de la misma justa electoral se inscriban dos o más candidatos unidos por los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos, sin que sea determinante ni importante el orden de la inscripción; que lo hagan para la elección de cargos (como es el caso de los alcaldes) o para la de corporaciones públicas (como es el caso de los concejales); que participen por el mismo partido o movimiento político y que resulten electos (...).

El temor, pues no es otra cosa, de que parientes inoportunos se atraviesen en el camino de las candidaturas, hasta hacerlas anular con otras inscripciones posteriores, se despeja con facilidad haciendo uso debido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994. Porque si corresponde a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, postular personas a los cargos y corporaciones públicas de elección popular, nada mas lógico que sean esos partidos y movimientos los únicos llamados a procurar el orden dentro de sus filas, comenzando por la juiciosa expedición de los avales que son indispensables para inscribir a los candidatos (...).

Entre dos inscripciones válidas por haber sido hechas con el lleno de los requisitos legales y dentro del término legal, la primera no puede ser mejor que la segunda” (6) (destaca la Sala).

Esta nueva interpretación de la norma fue reiterada por esta sección al fijar el alcance de la causal de inhabilidad que para los diputados prevé el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, la misma que en este caso constituye el marco jurídico de la controversia. Tal reiteración se produjo en los siguientes términos:

“El artículo 33, numeral 5º in fine, de la Ley 617 de 2000, que fundamenta la sentencia del tribunal, contiene el mismo precepto del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, hoy el numeral 4º in fine, (...) se diferencia en que, por cuanto se refiere a los diputados a las asambleas, su ámbito de aplicación abarca el nivel departamental, como es obvio.

Por lo tanto, aplica con respecto a esta norma el criterio de interpretación descrito en la providencia antes referida de esta Sala, del 5 de agosto de 1999, expediente 2067, como lo consideró acertadamente el tribunal en la sentencia impugnada; según dicho criterio, para que se configure la inhabilidad se requiere demostrar el nexo originado en la relación matrimonio o de hecho y la de parentesco en los grados señalados entre el elegido diputado y otro candidato a cargo o corporación de elección popular, y la coexistencia de inscripciones por un mismo partido o movimiento político y para un mismo evento electoral, siendo irrelevante el orden cronológico en que se hubieran producido las inscripciones de los candidatos” (7) (destaca la Sala).

Posteriormente, esta sección insistió en su nueva hermenéutica al ocuparse del precepto invocado en este caso, es decir, la causal de inhabilidad que para los diputados prevé el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. En esta oportunidad, con apoyo en la comparación de esa norma con la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones prevista para los congresistas en el numeral 6º del artículo 179 constitucional, se hizo la siguiente aclaración, que aquí resulta pertinente:

“Cree el impugnante que la inhabilidad prevista por el legislador está dada en singular y que por ende su tesis debe ser acogida. No obstante esta particular visión de la problemática jurídica, la Sala interpreta que si bien la expresión está dada en singular, nunca puede aludir al segundo inscrito, no solo porque la redacción de la inhabilidad no da a entender eso, sino también porque es claro que nadie se vincula por parentesco consigo mismo, estas relaciones, por simple lógica, siempre se dan respecto de otra persona, y si lo pretendido por el legislador era evitar el nepotismo, obviamente que la inelegibilidad abriga a todos los parientes inscritos y no solo aquellos que lo hagan después del primero.

Además, téngase en cuenta que de acogerse la particular visión que la parte demandada tiene de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, se estaría traicionando la voluntad del constituyente, quien expresamente dijo que las causales de inhabilidad de los diputados no pueden ser menos estrictas que las de los congresistas, de tal suerte que si para los congresistas se estableció que estarían inhabilitados ‘Quienes estén vinculados entre sí’, que está dado en plural y sin la menor hesitación cobija a todos los inscritos, a ninguna duda se presta la conclusión de que la interpretación que se haga de la causal de inhabilidad dictada por el legislador, debe estar siempre orientada por la causal de inhabilidad equivalente provista por el constituyente.

Queda descartado, por consiguiente, que la causal de inhabilidad invocada con la demanda cobije solamente a los inscritos con posterioridad al primero, pues si bien la redacción de la misma no es la mejor, ella debe ser entendida, por lo menos, en la misma forma que se dictó la causal señalada en el numeral 6º del artículo 179 de la Constitución Política, ya que el constituyente fue enfático en que el régimen de inhabilidades de los diputados no podía ser menos estricto que el de los congresistas, y la interpretación patrocinada por la parte demandada apunta a hacer menos estricto el régimen de inhabilidades de los miembros de las asambleas departamentales, al limitar el verdadero alcance de esa causal de inelegibilidad” (8) (destaca la Sala).

Al respecto conviene recordar que, en el mismo sentido de las anteriores consideraciones, la última parte del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, luego de señalar, entre otras razones, que la comparación de ese texto legal con el de la causal de inhabilidad para congresistas prevista en el numeral 6º del artículo 179 constitucional permite concluir que “el legislador, al incorporar el precepto acusado al ordenamiento jurídico nacional, ha actuado dentro de los límites que le fija la Constitución Política” (9) , entre ellos, el que señala el inciso segundo del artículo 299 superior, según el cual, “el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

Finalmente, conviene mencionar, como lo recuerda el demandante, que en reciente providencia adoptada con intervención de conjuez, la Sección Primera de esta corporación retomó el criterio que esta sección abandonó luego de la descrita rectificación del 5 de agosto de 1999. Las razones sostenidas por la posición mayoritaria de esa sección fueron las siguientes:

“Considera la Sala que una conducta lícita no puede ser sancionada. Al momento de inscribir su candidatura a la Asamblea Departamental del Huila el ciudadano Carlos Augusto Rojas Ortiz ejerció válidamente su derecho constitucional a participar en la conformación del poder político, postulándose a un cargo de elección popular (C.P., art. 40-1), pues no existía hecho o situación algunos que le impidieran hacerlo. Por contraste, unavez realizada la inscripción de este candidato, surgió para sus parientes la inhabilidad impuesta por el artículo 33-5 de la Ley 617 para presentarse a elecciones de otras corporaciones públicas en la misma fecha y en el mismo departamento, por el mismo partido. Pero cualquier inscripción posterior, contraria a derecho, mal podría imponer a quien se había inscrito válidamente el deber de renunciar a su candidatura.

Entonces, si la conducta del ciudadano Carlos Augusto Rojas Ortiz al inscribir su candidatura a la asamblea departamental fue un acto lícito, mal podría sancionársele con pérdida de investidura” (10) (destaca la Sala).

Por ser coherentes con la tesis actual de la jurisprudencia de esta sección son pertinentes los argumentos expuestos por los magistrados de la Sección Primera de esta corporación que en aquella oportunidad se apartaron del criterio mayoritario. Tales argumentos fueron los siguientes:

“El demandado, así se hubiera inscrito de buena fe, debió renunciar a su candidatura, pues en las condiciones anotadas no podía ser elegido tal como lo dispone la norma infringida o lograr la modificación de la lista.

Como lo dice la sentencia de la cual me aparto, al momento de la inscripción de la candidatura del diputado demandado, este no se encontraba inhabilitado y ejercía válidamente su derecho constitucional a participar en la confrontación del poder político, pero al inscribirse su hermano, sobrevino una inhabilidad que le impedía ser elegido, tal y como lo establece la causal endilgada.

Lo que quiso el legislador fue precisamente evitar la concentración del poder político en manos de grupos familiares e impedir que una persona sea elegida con influencia de sus parientes, ya que ello da lugar al privilegio de unos pocos y al desconocimiento de los principios fundamentales de participación política en una verdadera democracia representativa, rompiéndose el principio de igualdad con los demás aspirantes” (11) (resalta la Sala).

Así las cosas, como respuesta al primer interrogante de la apelación se acude a la tesis vigente en la jurisprudencia de esta sección, que en esta ocasión se reitera con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia del 5 de agosto de 1999 y las posteriores que la complementan, según descripción del recuento anterior que permite hacer la siguiente síntesis:

1. La finalidad de la disposición es evitar el nepotismo y, por ende, inhabilita a todas las personas vinculadas entre sí que incurran en la prohibición.

2. La norma rige para todas las personas que vinculadas entre sí se inscriban en cualquier época, pues no hace depender su eficacia del momento en que se produce la primera de las inscripciones coexistentes.

3. La coexistencia de inscripciones censuradas es fenómeno que puede surgir de manera simultánea o sucesiva. Al respecto, la norma tampoco hace distinción.

4. Si bien es cierto que, de acuerdo con el tenor literal de la causal de inhabilidad, quien pretenda invalidar la aspiración de su pariente o vinculado con la inscripción que haga de su propia candidatura puede hacerlo antes o después de que ese pariente o vinculado inscriba la suya, tal indebido proceder debe ser controlado por los partidos y movimientos políticos al momento de considerar la expedición de los correspondientes avales.

5. El hecho de que el sujeto de la norma sea singular no sugiere que sólo uno de los inscritos incurra en la inhabilidad. Aceptarlo implicaría que, en el caso de los diputados, la inhabilidad fuera menos estricta que la prevista para los congresistas en el numeral 6º del artículo 179 de la Constitución Política, contrariando así el mínimo de rigor que exige el artículo 299 constitucional.

Se reitera, entonces, que para la configuración de la inhabilidad por coexistencia de inscripciones es suficiente verificar, sin distinción alguna en punto al orden cronológico de las inscripciones, que quienes teniendo vínculo de matrimonio, unión permanente o de parentesco dentro de los grados y clases señalados en la ley, se inscribieron por el mismo partido o movimiento político para la elección de cargos o corporaciones públicas que debieron realizarse en el mismo territorio y en la misma fecha.

2. Alcance del presupuesto territorial de la inhabilidad.

El segundo y último argumento de impugnación se refiere al alcance del extremo territorial de la inhabilidad, consistente en que las inscripciones coexistentes se hayan hecho para elecciones que debieron realizarse en el mismo departamento, pues, a juicio del demandado, tal exigencia de la norma excluye las elecciones para cargos o corporaciones del nivel municipal.

La tesis del impugnante se sustenta en la interpretación que hace del presupuesto territorial de la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones que para los congresistas prevé el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, pues, según plantea, con fundamento en esa norma no es posible identificar la circunscripción electoral departamental con cada una de las circunscripciones electorales municipales que territorialmente la integran.

La norma constitucional citada por el apelante es del siguiente tenor literal:

ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. (...).

Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5º” (destaca la Sala).

La jurisprudencia de esta sección interpreta la expresión “la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales” como la regla general que para los fines del artículo 179 constitucional orienta la labor de verificación del elemento territorial de determinadas causales de inhabilidad para ser elegido congresista (12) . Y, de acuerdo con ese entendimiento, en relación con la regla de excepción que a renglón seguido prevé la norma constitucional, esa misma jurisprudencia la ha considerado como la única excepción posible a la comentada regla general. En otras palabras, ha sido criterio reiterado de esta sección entender como regla general aplicable en la configuración de las causales de inhabilidad del artículo 179 constitucional, aquella que permite sostener la coincidencia entre las circunscripciones electorales nacional, departamental y municipal y que dicha regla general sólo se exceptúa en el caso de la causal de inhabilidad del numeral 5º de esa norma superior, único evento en donde las circunscripciones nacional, departamental y municipal no coinciden.

De manera que, aun cuando en este caso se aceptara la propuesta de la defensa, en el sentido de preferir la aplicación de la norma constitucional a la legal, ello no permitiría arribar a la conclusión que se sostiene en tal planteamiento, pues, de acuerdo con una lectura integral de ese precepto, propio del régimen de inhabilidades de los congresistas, para los efectos de la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones (num. 6º, art. 179 constitucional) las circunscripciones electorales nacional, departamental y municipal coinciden (incisos finales del mismo artículo).

Ahora bien, dejando de lado el análisis de la hipótesis sugerida en la impugnación, la Sala recuerda que la causal de inhabilidad que se examina exige que la coexistencia de inscripciones se predique de candidaturas presentadas para elecciones “que deban realizarse en el mismo departamento”, es decir, sin consideración al nivel territorial al cual pertenezca el cargo o corporación que se elige, sino a la porción del territorio nacional en el que tienen lugar los comicios.

Bajo ese entendido, el sentido natural y obvio de la expresión da cuenta de que las elecciones que “deben realizarse en el mismo departamento” no son solamente las que deben realizarse en toda la extensión territorial del departamento en cuestión, pues una distinción en ese sentido no la hizo el legislador. Tal frase incluye, sin duda alguna, las elecciones que deben realizarse en, apenas, una porción del territorio departamental, como son las que deben tener lugar en cada uno de los municipios que, desde el punto de vista meramente territorial, integran el departamento.

Así las cosas, para la Sala es claro que el elemento territorial de la causal de inhabilidad por coexistencia de inscripciones prevista para los diputados en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 se refiere a las elecciones que deban realizarse en el departamento, bien sea, que tengan lugar en toda la extensión territorial del departamento o en, apenas, una porción del territorio departamental.

3. Del caso concreto.

Definido lo anterior, queda por verificar en el caso concreto la concurrencia de los presupuestos fácticos que, en los términos del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, permiten afirmar la inhabilidad alegada.

Consta en el expediente que el 8 de agosto de 2007 el demandado, señor Juan Carlos Salazar Uribe, se inscribió por el partido liberal colombiano como candidato a la Asamblea del departamento del Valle del Cauca para las elecciones que se llevaron a cabo en ese departamento el 28 de octubre de 2007 (copia autenticada de la solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a asamblea, formulario E-6 AS, que obra a folios 37 y 38).

También que el 8 de agosto de 2007 la señora Rosa Gladys Uribe de Salazar se inscribió por el partido liberal colombiano como candidata al Concejo del municipio de Dagua para las elecciones que se llevaron a cabo en ese municipio, territorialmente ubicado en el departamento del Valle del Cauca, el 28 de octubre de 2007 (copia autenticada de la solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a concejo, formulario E-6 CO número 16206528, que obra a folios 40 y 41 del cuaderno principal y 51 y 52 del cuaderno de pruebas del demandante).

Igualmente se demostró el parentesco en primer grado de consanguinidad que existe entre el señor Juan Carlos Salazar Uribe y la señora Rosa Gladys Uribe de Salazar, por ser el primero hijo de la segunda, según se desprende del registro civil de nacimiento del demandado, cuya copia autenticada fue remitida por el Notario Primero del Círculo de Cali (fl. 97, cdno. de pruebas del demandante).

Se concluye, entonces, que los señores Juan Carlos Salazar Uribe y la señora Rosa Gladys Uribe de Salazar, parientes entre sí en primer grado de consanguinidad, se inscribieron por el mismo partido político para la elección de corporaciones públicas que debieron realizarse en la misma fecha y el mismo territorio departamental, el primero en todo el departamento del Valle del Cauca y la segunda en el municipio de Dagua.

No queda duda, entonces, de la concurrencia en el caso concreto de los presupuestos de configuración de la inhabilidad por coexistencia de inscripciones prevista para los diputados en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, tal como lo concluyó la sentencia impugnada.

En estas condiciones, se impone confirmar la nulidad de la elección acusada».

(Sentencia de noviembre 11 de 2008. Radicación 76001-23-31-000-2008-00175-01. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Torres Cuervo).

(3) Sentencia del 9 de febrero de 2006, expediente 3900.

(4) Sentencia del 6 de octubre de 1995, expediente 1400.

(5) Sentencias del 17 de julio de 1995, expediente 1305; del 30 de octubre de 1995, expediente 1425; del 5 de diciembre de 1995, expediente 1464; y del 6 de mayo de 1996, expediente 1540.

(6) Sentencia del 5 de agosto de 1999, expediente 2067.

(7) Sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 3442.

(8) Sentencia del 23 de septiembre de 2005, expediente 3626.

(9) Sentencia C-671 de 2004.

(10) Sentencia del 28 de junio de 2007, expediente PI-2302.

(11) Salvamento de voto de la magistrada Martha Sofía Sanz Tobón, al cual adhirió el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(12) Entre otras, las sentencias del 6 de mayo de 1998, expediente 1868; del 11 de marzo de 1999, expediente 1847; del 14 de diciembre de 2001, expediente 2773; del 24 de octubre de 2002, expediente 2904; y del 18 de septiembre de 2003, expedientes acumulados 2889 y 2907.

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