Sentencia 2008-00178 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00178-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Actores: Gerardo Enrique Naranjo Salazar y Paula Andrea Jaramillo Restrepo

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Para una mejor comprensión del asunto sometido a consideración de la Sala, es menester hacer las siguientes precisiones:

— Mediante comunicación de fecha 22 de mayo de 2006, la empresa Exxonmobil informa al Ministerio de Minas y Energía que el señor Gerardo Naranjo Salazar, quien ostenta la tenencia de la estación de servicio en virtud de un contrato de operación, ha incurrido en incumplimientos contractuales desde el 5 de octubre de 2005, entre otros, con la “obligación de compra a la compañía que representa de la totalidad de los volúmenes de combustible que consume la estación incurriendo en una violación flagrante de sus obligaciones como minorista contempladas en los numerales 9º, 11 y 14 del artículo 22 del Decreto 4299 de 2005”. En esta comunicación la empresa manifiesta que la estación de servicio es de su propiedad y, por ende, se encuentra afiliada a la red de estaciones identificadas con la marca Mobil.

— Mediante la Resolución 124183 de 16 de agosto de 2007 (fl. 52 íd.), el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la dirección de hidrocarburos(1), avocó el conocimiento e inició una investigación, que sustentó en el artículo 37 del Decreto 4299 de 2005, que establece el procedimiento que se debe seguir frente a una queja o información presentada ante presuntos incumplimientos relacionados con la distribución de líquidos derivados del petróleo. El acto resolvió dar traslado de estos hechos y cargos al representante legal del establecimiento distribuidor de combustibles líquidos derivados del petróleo, conceder 10 días contados a partir de dicha notificación, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 4299 de 2005, para que presentara descargos por escrito y solicitara o aportara las pruebas que considerara pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos que se le imputaban, en procura de su derecho de contradicción y defensa, así como darle a conocer las sanciones a las que podría estar sujeto.

— Mediante oficio de fecha 19 de octubre de 2007, el Ministerio de Minas y Energía informó “al representante legal de la estación de servicio Centenario de Pereira” sobre el anterior acto, para que se acercara a recibir la notificación personal dentro de los 5 días siguientes, y le advirtió que de lo contrario se notificaría por edicto (fl. 55 íd.); dicho oficio fue dirigido por correo certificado a la estación de servicio Centenario, ubicada en la carrera 7ª Nº 33 - 13 de Pereira (fl. 56, íd.) y recibido por la señora Ana María López el 25 de octubre de 2007 (fl. 57, íd.).

— Obra copia auténtica de la notificación por edicto, el cual se fijó el 23 de noviembre de 2007, por el término de cinco días hábiles (fl. 58, íd.).

— Mediante la resolución acusada 124314 de 6 de diciembre de 2007, se impuso la sanción de cancelación de la autorización para operar como agente de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y, como consecuencia de ello, el cierre definitivo del establecimiento, a la estación de servicio Centenario; se ordenó informar a su representante legal que procede el recurso de reposición (fls. 58 y ss., íd.).

— A través del oficio de 22 de diciembre de 2007, dirigido al representante legal de la estación de servicio Centenario de Pereira, se informa que se ha proferido el acto sancionatorio (fl. 63), el cual fue enviado por correo certificado a la mencionada estación, (fl. 64, íd.), recibido por el señor Hernán López el 29 de diciembre de 2007 (fl. 64 íd.).

— El acto sancionatorio se notificó por edicto fijado el 15 de enero de 2008 por el término de cinco días hábiles, con la advertencia de que contra este procedía el recurso de reposición (fl. 66, íd.).

— Por oficio dirigido al Comandante de la Policía de Risaralda, el director de hidrocarburos le solicita hacer efectivo lo dispuesto en la Resolución 124314 de 6 de diciembre de 2007, que impuso la sanción de cancelación de la autorización para operar como agente de la cadena de distribución de combustible líquido derivado del petróleo y el cierre del establecimiento Centenario de Pereira, en su calidad de distribuidor minorista de combustibles (fls. 68 y 69, íd.).

— A través del escrito de fecha 11 de marzo de 2008, el señor Gerardo Enrique Naranjo Salazar, por medio de apoderado, solicitó la revocatoria directa del acto sancionatorio, por indebida notificación, con el objeto de explicar la realidad de los hechos (fls. 72 a 76, íd.).

Solicitó que cualquier notificación se hiciera en la carrera 7ª Nº 33-13, Estación de Servicio Centenario de Pereira, es decir, en el mismo lugar al cual se enviaron los comunicados para que se acudiera a la notificación personal de los actos de inicio de investigación y sancionatorio.

— En respuesta a la anterior solicitud, el director de hidrocarburos le manifiesta (fl. 77, íd.) que la citación para la notificación personal del acto que dio lugar al inicio de la investigación, según desprendible de Postexpress, fue recibida el 25 de octubre de 2007 en la dirección de la estación de servicio Centenario de Pereira, y que la notificación del acto de sanción fue recibida el 29 de diciembre, según desprendible de la misma empresa, los cuales le adjunta. Además le manifiesta que:

“En razón a que en el escrito de solicitud de revocatoria de las resoluciones 124 183 y 124 314 de 2007, se hace mención que el señor Gerardo Enrique Naranjo Salazar, propietario de la estación de servicio Centenario Pereira, nunca suscribió con Exxon Mobil de Colombia S.A., contrato de operación, la dirección de hidrocarburos, se dispondrá a solicitar a este mayorista, copia de dicho documento.

Sin embargo, es de resaltar que el proceso iniciado a la estación de servicio Centenario Pereira, se debió a la venta de combustible de otra marca comercial diferente a la exhibida. Así las cosas, de llegarse a probar que el señor Naranjo Salazar, no detentaba la tenencia de la estación de servicio en virtud de un contrato de operación con la ExxonMóbil de Colombia S.A., y por ende, no se encontraba afiliada a la red de este mayorista al momento en que se recibió la queja (23/05/2006), esta dirección procederá conforme a las herramientas legales con las cuales cuenta la administración para revisar sus propios actos” (resalta y subraya la Sala).

Por lo anterior, mediante oficio dirigido a la segunda suplente del representante legal de ExxonMobil, el director de hidrocarburos le solicita que se le allegue copia del contrato de operación sobre la tenencia de la estación de servicio, porque el señor Gerardo Naranjo Salazar solicitó la revocatoria directa de los actos administrativos que, respectivamente, iniciaron una investigación y que sancionaron a una estación de servicio, porque no es cierto que exista un contrato de operación, como se afirmó en la queja que dio lugar a la iniciación de la investigación (fl. 79, íd.).

— Obra a folio 80 y siguientes, ibídem, escritura pública suscrita el 14 de noviembre de 1961, por medio de la cual la sociedad “Valencia A. hermanos” transfiere a título de compraventa a la empresa denominada Colombianos Distribuidores de Combustibles S.A. (CODI) hoy ExxonMobil de Colombia S.A., el derecho de dominio y posesión de un lote de terreno con las construcciones en él existentes, ubicado en el área urbana de la ciudad de Pereira, entre las carreras 7ª y 8ª y las calles 33 y 34.

— A folios 88 y 89 reposan documentos autenticados que contienen copia de recibos de consignación de sumas que se pagaron por parte de la estación de servicio Centenario a la empresa ExxonMobil por concepto de pago mensual de arriendo de los meses de abril a agosto de 2006, cada una por valor de $ 1.386.200.

— Obra copia auténtica de la declaración extraproceso rendida el 27 de febrero de 2008 por el señor Andrés Pachón Vargas, Gerente de ventas del área sur de ExxonMobil desde el año 2004 al 30 de mayo de 2007, en la cual expresa que en la citada área se encuentra comprendida la ciudad de Pereira, y que tuvo conocimiento de la existencia de un contrato verbal de arrendamiento celebrado entre ExxonMobil de Colombia S.A. como arrendador y Gerardo Enrique Naranjo Salazar como arrendatario, sobre el inmueble ubicado en la carrera 7ª Nº 33-13 de Pereira, donde funciona la estación de servicio denominada Centenario; que el señor Naranjo Salazar pagaba a favor de ExxonMobil de Colombia S.A., como canon mensual de arrendamiento por la tenencia del inmueble mencionado la suma de $ 1.386.200; que el referido señor no ha cancelado el canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre de 2005 y dejó de cancelar los cánones desde el mes de septiembre de 2006 hasta la fecha de la declaración (fl. 92, íd.).

— Mediante comunicación de 27 de agosto de 2007, el señor Gerardo Naranjo Salazar, manifestó al gerente de ventas de ExxonMobil de Colombia S.A. que le hace una propuesta, porque a la fecha le adeuda a dicha empresa la suma de $ 280.000.000, correspondiente a pagos de combustibles, sobretasa, sanciones e intereses de las estaciones de servicio Centenario, ubicada en la carrera 7ª Nº 33-12, de la ciudad de Pereira y La Isabella, ubicada en la ciudad de Tuluá; y que la cifra anterior incluye los cánones de arrendamiento adeudados por él respecto de las estaciones de servicio Centenario y MO Combustibles, de la ciudad de Pereira, que a esa fecha se encuentran unificadas en un solo establecimiento de comercio denominado estación de servicio La Séptima del cual afirma “soy dueño”. Finalmente, menciona que se obliga a devolver la totalidad del inmueble donde se encuentran las estaciones, previo pago por parte de ExxonMobil de la suma de $ 680.000.000, de los cuales se descontará lo que le adeuda (fl. 92, íd.).

— La solicitud de revocatoria directa se resolvió mediante la Resolución 124083 de 17 de abril de 2008, por medio de la cual el director de hidrocarburos decidió no revocar las resoluciones acusadas, e informar de la decisión al señor Naranjo Salazar, propietario del establecimiento Centenario Pereira, en la carrera 7ª Nº 33-13 de Pereira. En este acto, considera que se abstiene de establecer si existe o no un contrato de operación, comoquiera que el origen de la investigación se debió a que el establecimiento incurrió en la prohibición señalada en el numeral 14 del artículo 22 del Decreto 4299 de 2005, de “no vender combustible de otra marca comercial diferente a la que se tenga exhibida”, lo cual es independiente de la controversia comercial suscitada entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista; que el señor Naranjo Salazar, en su calidad de arrendatario no logró desvirtuar en su solicitud de revocatoria el hecho generador de la sanción (fls. 95 a 99, íd.). Este acto se notificó por edicto ante la imposibilidad de hacerlo personalmente.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante oficios que reposan en el cuaderno dos (2) - pruebas, solicitó algunas pruebas a ExxonMobil de Colombia; a los actores y al Ministerio de Minas y Energía.

ExxonMobil allegó el escrito que obra a folio 9 ídem, en el cual afirma que nunca tuvo vínculo contractual con la señora Paula Andrea Jaramillo Restrepo; anexó como pruebas los siguientes documentos:

— Copia de dos fotografías de la estación de servicio Centenario de Pereira, aportadas al avalúo hecho por la firma Onasi Ltda - Organización Nacional de Servicios Industriales Ltda., miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en las cuales se observa que la estación de servicio internamente denominada Centenario exhibe la marca “Mobil”, distintiva de las estaciones de servicio afiliadas a la cadena de estaciones Mobil, y una fotografía que dice fue tomada el 4 de julio de 2008 en la noche, en la cual se observa que ya no existen los avisos de identificación de la estación con la marca Mobil, pero sí el logo Pegaso que, según la empresa también la identifica (fls. 26 y 27).

— Copia de la decisión que el 13 de noviembre de 2008 profirió el Juez Segundo Civil Municipal de Pereira (fl. 12), por medio del cual dio por terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre ExxonMobil de Colombia S.A., como arrendador y el señor Gerardo Enrique Salazar, como arrendatario del inmueble ubicado en la carrera 7ª Nº 33-12 y carrera 7ª bis Nº 33-21 y ordenó al arrendatario entregar el inmueble al arrendador, con la advertencia de que si dicha entrega no se hacía dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la providencia, se procedería con uso de la fuerza pública.

Los actores, en respuesta al oficio enviado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, informaron que quien ejercía las labores de contador era el señor River Augusto Guzmán Zúñiga, con T.P. 6270 de la Junta de Contadores.

— A folio 30 del cuaderno 2 de pruebas, obra copia de la respuesta que el mencionado contador envió al Tribunal Administrativo de Risaralda, de la cual se destaca lo siguiente:

“1) A la pregunta sobre la marca de combustible que vendía la estación de servicio Centenario, en el período del 5 de octubre del 2005 y hasta el 22 de mayo del 2006. Respondo de la siguiente manera.

El combustible que se vendía era de la Sra. Martha Olivia Perea de Orozco …”.

El Tribunal Administrativo de Risaralda a solicitud del Procurador Judicial 37, requirió al contador complementar la información anterior, a lo cual respondió (fl. 109, íd.) en los siguientes términos:

“… como asesor contable de la estación de servicio centenario recogía los documentos cada mes y con esa información procedía a elaborar las declaraciones de impuesto sobre las ventas sin embargo de acuerdo a lo solicitado y teniendo en cuenta que al Sr. Gerardo Naranjo la ExxonMobil no le suministraba combustible y a la señora Paola Jaramillo no le habían asignado código según algunos reportes que poseo, el combustible que se vendía era el adquirido a la comerciante Martha Olivia Perea de Orozco quien si poseía código de la ExxonMobil.

En cuanto a la certificación que piden sobre la marca comercial del distribuidor mayorista que se abastecía creo que la señora Martha Oliva Perea de Orozco no posee ninguna marca comercial ya que la marca comercial es de quien la abastece a ella “la ExxonMobil”.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, a solicitud del tribunal, por requerimiento del procurador judicial, manifestó que la autoridad competente para responder qué persona solicitó y le fue expedida autorización para el ejercicio de la actividad de distribución minorista a través de la estación de servicio denominada “Estación Centenario Pereira”, era la alcaldía municipal, porque la entidad mediante la Resolución 82588 de 1994, delegó en las alcaldías las funciones de vigilancia y fiscalización, señalándose que en el ejercicio de las mismas debían adelantar los trámites de aprobación de lotes donde se proyecte construir estaciones de servicio, obtención de licencia para ejercer la actividad de distribuidor minorista a través de una estación de servicio automotriz, y de imponer sanciones; anotó que revisado el listado que mantiene, la estación de servicio automotriz “Centenario” ubicada en la Carrera 7ª Nº 33 - 13 de Pereira, no ha obtenido el permiso para operar y, por lo tanto, no puede obtener combustible del distribuidor mayorista (fls. 6 a 8, íd.).

— La Alcaldía Municipal de Pereira, mediante oficio de 3 de septiembre de 2009, menciona que en la cámara de comercio aparece como propietaria de la estación de servicio Centenario la señora Paula Andrea Jaramillo Restrepo, no obstante estar cerrada hace más de un año; que también aparece como propietario el señor Gilberto Mejía Rivera, desde el 28 de julio de 2009, y que el señor Efraín Estrada Trejos, aparece como propietario de la estación servicio de La Séptima desde el 8 de mayo de 2007, ubicada en la misma dirección donde se encontraba la estación de servicio Centenario (fl. 52, íd.).

— Por su parte, el coordinador área sobretasa a la gasolina del área metropolitana del Centro Occidente, mediante comunicación de 27 de agosto de 2009, afirma que en sus archivos no figura el acto administrativo de la administración municipal de Pereira, por medio del cual se haya autorizado para el ejercicio de la actividad de distribuidor minorista a través de una estación de servicio automotriz, como lo ordena el artículo 21, literal A), del Decreto 4299 de 2005, para la estación de servicio Centenario, ubicada en la carrera 7ª Nº 33 - 13, de la ciudad de Pereira, representada por la señora Paula Andrea Jaramillo Restrepo (fls. 53 a 58, íd.).

Cabe resaltar que el anterior recuento se hace, no obstante que no se está discutiendo la propiedad del inmueble ni del establecimiento de comercio, pues esta no es la Jurisdicción competente para dirimir el asunto.

Tampoco al Ministerio de Minas le corresponde entrar a dilucidar aspectos atinentes a la propiedad. Lo que se discute en este proceso y se debe dilucidar, es si la estación de servicios Centenario de Pereira distribuía líquidos derivados del petróleo, que provenían de un distribuidor mayorista diferente de ExxonMobil, dueño de la marca Mobil, que es la exhibida en tal estación. Es decir, si la referida estación vendía gasolina marca Mobil, solo podía adquirirla válidamente del distribuidor mayorista ExxonMobil, pues de lo contrario, incurriría en la conducta sancionable a la que se ha hecho mención.

Ahora, el hecho de que no existiera contrato de operación entre ExxonMobil y los demandantes, lo que indica es que en un momento dado la estación de servicio Centenario no podría distribuir líquidos derivados del petróleo por no estar autorizada(2), circunstancia esta que, por lo demás, aparece demostrada con la certificación del coordinador área sobretasa a la gasolina del área metropolitana del Centro Occidente y con la declaración del contador de dicha estación, a que se hizo mención anteriormente.

El Decreto 4299 de 2005, por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003(3) y se establecen otras disposiciones, sobre las obligaciones del distribuidor minorista de líquidos derivados del petróleo, en lo pertinente, dispone:

“ART. 22.—Obligaciones de los distribuidores minoristas a través de estaciones de servicio. El distribuidor minorista a través de estaciones de servicio, tiene las siguientes obligaciones, según corresponda:

(...).

8. Obtener y mantener vigente el certificado de conformidad de la estación de servicio que posea o utilice, expedido por un organismo de certificación acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico emitido por la autoridad competente. Los certificados de conformidad se deberán renovar como mínimo cada tres (3) años y cada vez que se amplíe o modifique la instalación.

9. Abstenerse de vender combustible a otros distribuidores minoristas, salvo en el caso señalado en el artículo 40 del presente decreto para el caso de las estaciones de servicio automotriz. …

14. Exhibir la marca comercial del distribuidor mayorista del cual se abastece, en el caso de la estación de servicio automotriz. Así mismo,no podrá vender combustibles de otra marca comercial diferente a la que tenga exhibida” (resaltado y subrayas fuera de texto).

Y frente a las sanciones, el artículo 36 ídem, dispone:

“ART. 36.—Cancelación de la autorización y cierre del establecimiento. Es la sanción mediante la cual la entidad competente ordena la cancelación de la autorización para operar como agente de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, y como consecuencia de ello, el cierre definitivo del respectivo establecimiento. Esta sanción es procedente en los siguientes casos:

1. Cuando se proceda contra expresa prohibición señalada en el presente reglamento y demás normas cuyo cumplimiento sea objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue.

2. Cuando el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad en quien este delegue verifique que la documentación presentada por un solicitante para obtener la autorización para operar como agente de la cadena de combustibles, no corresponde total o parcialmente a la realidad.

3. Cuando un agente de la cadena comercialice combustibles líquidos derivados del petróleo sin estar autorizado para ejercer dicha actividad.

4. Cuando un agente de la cadena suministre combustibles a otro agente no autorizado para hacerlo de conformidad con lo establecido en el presente decreto.

5. Cuando un agente de la cadena adquiera combustibles de otro agente no autorizado, de conformidad con lo establecido en el presente decreto.

6. Cuando a un agente de la cadena se le haya impuesto como sanción la suspensión del servicio en dos (2) oportunidades dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores.

7. Por tenencia, tráfico y comercio ilícitos de combustibles.

8. Cuando habiendo transcurrido los diez (10) días de suspensión del servicio por sanción, persista el incumplimiento que dio origen a la misma” (resaltado fuera de texto).

Resalta la Sala que, conforme lo precisó el a quo, la sanción se configura independientemente de si la persona que lo distribuye es propietaria o tenedora, pues para el presente caso el agente es la estación de servicio.

Una vez precisado lo anterior, entra la Sala a referirse a cada uno de los cargos, así:

La violación al debido proceso, la hace consistir la parte actora, en que no se le notificó el acto de iniciación de la investigación ni el de sanción. Al respecto, cabe advertir que, como ya se observó, los actos dispusieron la notificación personal, para lo cual por correo certificado la empresa Postexpress remitió el respectivo oficio a la dirección de la estación de servicio Centenario, que fue la misma que aquélla mencionó como lugar de notificaciones, el cual fue recibido en dichas instalaciones, según consta en el plenario. A falta de notificación personal, se fijó el respectivo edicto.

También ya se vislumbró que si bien es cierto que los actos acusados mencionaron hechos que no fueron probados y contienen algunas imprecisiones, lo cierto es que, para efectos de imponer la sanción, lo que debe demostrarse es que la estación de servicio Centenario, como minorista, distribuía líquidos derivados del petróleo, que no compraba al distribuidor mayorista Mobil, que era la marca que exhibía en sus instalaciones; luego la sanción como tal no está falsamente motivada.

En cuanto a la prueba de que la estación de servicio Centenario distribuía líquidos derivados del petróleo que no provenían del distribuidor mayorista, obra la declaración del contador del establecimiento comercial, quien manifestó que el combustible que se vendía era el suministrado por la señora Martha Oliva Perea de Orozco, porque la ExxonMobil no le suministraba el combustible al señor Naranjo Salazar, y la señora Paula Andrea Jaramillo Restrepo no tenía código.

Lo anterior demuestra que la parte demandante no desvirtuó ni en la vía gubernativa ni en la instancia jurisdiccional la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados.

Ahora bien, comoquiera que la distribución de líquidos derivados del petróleo es un servicio público que se debe prestar con las mayores garantías de seguridad, la Sala prohíja y transcribe apartes de la sentencia de 25 de agosto de 2010 (Exp. 2006 00184 01, C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso), en la cual se precisó:

“… la Sala estima que la exigencia de que el distribuidor minorista exhiba la marca del distribuidor mayorista, se aviene en todo al ordenamiento superior, pues redunda en la eficaz protección del consumidor, pues le permite identificar el origen del producto que adquiere y, por esta vía, informarse sobre su calidad del producto, su precio y garantías. Es indispensable por razones técnicas y de seguridad que el distribuidor minorista exhiba la marca del distribuidor mayorista, pues precisamente la función del signo distintivo es la de permitir al consumidor establecer un nexo o asociación entre su titular y el fabricante del producto o el prestador del servicio, siendo por tanto esencial su exhibición para que el consumidor identifique al empresario de modo que pueda hacer efectiva su responsabilidad, como agente de la cadena.

Ello explica que, por razones técnicas y de seguridad que dicta la naturaleza misma del combustible, el distribuidor minorista solamente pueda contratar con un distribuidor mayorista y que esté obligado a exhibir su marca en las instalaciones físicas de la estación de servicio (resaltado y subraya fuera de texto).

(...).

Las disposiciones aquí acusadas no están imponiendo restricciones o prohibiciones a la comercialización de los combustibles líquidos derivados del petróleo, sino estableciendo exigencias necesarias, en razón, como ya se dijo, a la naturaleza de la actividad, de donde deviene legítimo el regular su ejercicio, dentro de las facultades que tiene el ejecutivo; como se observa, las disposiciones demandadas no han establecido requisitos relativos a la infraestructura de las estaciones de servicio, ni restringiendo la libertad del distribuidor minorista para contratar el suministro del combustible con el mayorista que desee.

Como quedó expuesto, la libre competencia y la libertad económica que reconocen los artículos 333 y 334 de la Constitución Política no son absolutas. Deben ejercerse «dentro de los límites del bien común» y, desde luego, con estricta sujeción a sus mandatos.

… para el certero ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control es requisito sine qua non la individualización de cada uno de los agentes de la cadena de distribución del combustible, por tratarse de una actividad altamente peligrosa, que de desviarse para fines ilícitos o ejercerse ilegalmente representa grave amenaza para la seguridad ciudadana”.

Las razones anteriores llevan a la Sala a confirmar la sentencia apelada, que denegó las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que denegó las súplicas de la demanda.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Resolución 18 0145 de 2003 de 14 de mayo de 2007 (fl. 227, cdno. ppal. 1-1), delegó en el director de hidrocarburos la facultad para conocer de presuntas infracciones relacionadas, entre otras, con la distribución de hidrocarburos y sus derivados, para desarrollar el procedimiento pertinente y la imposición de la sanción.

(2) El artículo 21 del Decreto 4299 de 2005, dispone: “ART. 21.—Autorización. Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación de servicio (automotriz, de aviación, fluvial o marítima) o como comercializador industrial, deberá obtener, previamente, autorización del Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

Estación de servicio automotriz: …, 8. Demostrar que ha celebrado contrato de suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante sea también distribuidor mayorista”.

(3) Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.