Sentencia 2008-00181/42559 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Rad.: 47001-23-31-000-2008-00181-01(42559)

Actor: Contraloría General de la República

Demandado: Teresita Isaza Dávila

Ref.: Acción de Repetición.

Bogotá D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Extractos: «II. Consideraciones.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2) el ejercicio oportuno de la acción; 3) la acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial; 4) verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de repetición que interpuso la Contraloría General de la República; 5) condena en costas.

1. Competencia.

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso— la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera(25):

“…conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(26).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(27)” (negrillas de la Subsección).

De igual manera, el inciso tercero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 estableció:

“Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto” (se destaca).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resultó acertado que la demanda de repetición fuera asumida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dado que fue la corporación judicial que profirió la Sentencia fechada el 25 de agosto de 2003 —revocada por el Consejo de Estado mediante providencia del 6 de octubre de 2005—, por medio de la cual se impuso a la Contraloría General de la República la obligación de pagar la suma de dinero por la que ahora demanda en repetición.

Debe mencionar la Sala que tales sentencias se expidieron como consecuencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que una ciudadana formuló en contra de la Contraloría General de la República, por la expedición de la Resolución 04950 de 18 de abril de 2000, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento en el cargo que desempeñaba.

La Sala indica que la parte actora aportó al expediente, como anexos de la demanda, copia de la sentencia condenatoria proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado(28).

En cuanto a las razones para que los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso— sean de doble instancia, así se ha pronunciado esta Corporación:

“Por consiguiente, ante la inexistencia de norma expresa en la Ley 678, proferida en el año de 2001, que brinde e imponga una solución específica diferente y ante la improcedencia de acudir a las normas generales de competencia establecidas en el Código Contencioso Administrativo, por las razones antes expuestas, resulta necesario acudir a los principios constitucionales entre los cuales se encuentra el criterio general de la segunda instancia, según el cual:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

‘El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único’.

“Así pues, resulta claro que la Carta Política le atribuyó al legislador la potestad de determinar cuáles sentencias judiciales quedarían excluidas, por excepción, de la posibilidad de ser apeladas, de lo cual se desprende, con igual claridad, que en todos aquellos eventos en los cuales el legislador no hubiere restringido o excluido tal posibilidad, naturalmente deberá operar el principio general en cuya virtud la propia Constitución establece la opción de cuestionar las respectivas sentencias, por vía de apelación, ante una segunda instancia.

“Pues bien, para los juicios que corresponden a las acciones de repetición, ocurre que la mencionada Ley 678 únicamente se ocupó de definir la procedencia de una sola y única instancia cuando la demanda se dirija contra aquellos altos dignatarios del Estado taxativamente señalados en el parágrafo 1º de su artículo 7º, lo cual evidencia que el legislador excluyó las sentencias que se profieran en esos específicos eventos de la posibilidad de ser apeladas; sin embargo, en relación con los demás casos que se tramiten en ejercicio de la acción de repetición nada dijo el legislador acerca de la posibilidad de tramitar, o no, una segunda instancia, lo cual obliga a destacar que, de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 constitucional, los fallos que se profieran en el desarrollo de tales actuaciones deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al Juez o Tribunal Administrativo, según el caso”(29).

En vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia, —excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia— debe precisarse la competencia funcional para resolver el recurso de apelación que presentó la Contraloría General de la República.

El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al sub lite) previó lo siguiente:

“Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

“(…)” (se destaca).

En suma, la Sala conoce de este asunto porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.

2. El ejercicio oportuno de la acción

En relación con el término de caducidad de las acciones de repetición cuando estaba en vigencia el Código Contencioso Administrativo —como sucede en este caso—, así se pronunció esta Subsección:

“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron —No. 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001—, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

“(…).

“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”(30) (negrilla por la Sala).

En este caso, el término de caducidad se contabilizará a partir del día siguiente al pago de la suma de dinero derivada de la condena impuesta en la sentencia proferida por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que ocurrió antes de que se completaran los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la providencia que impuso la condena, es decir, la fechada el 6 de octubre de 2005.

De acuerdo con la copia del edicto por medio del cual se notificó dicha providencia, esta cobró firmeza el 25 de noviembre de 2005(31), por lo que 18 meses desde el día siguiente se completaron el 26 de mayo de 2007. El pago de la condena ocurrió el 27 de marzo de 2006(32).

Los dos años con los cuales contaba la Contraloría General de la Republica para interponer la acción de repetición vencían el 28 de marzo de 2008. Como la demanda se interpuso el 16 de agosto de 2006, se concluye que se hizo de manera oportuna.

3. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial(33). 

La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo —algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000— como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una demanda de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

En relación con los aspectos procesales, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.

Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”(34).

Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de Culpa y Dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Aunque no es el único referente, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil en lo atinente a ese tema.

En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues, según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(35).

Como lo que se le reprocha a la demandada —la expedición del escrito de respuesta del 16 de mayo de 2000— ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en una culpa grave.

4. Presupuestos de prosperidad de la acción de repetición.

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo.

La Subsección analizará si en el presente caso se encuentran reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que formuló la Contraloría General de la República.

En caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.

a. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

Al proceso se aportó copia auténtica de la sentencia condenatoria expedida el 6 de octubre de 2005 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuya ejecutoria ocurrió el 25 de noviembre de 2005(36).

En tal providencia se declaró la nulidad del acto demandado(37) y, como consecuencia, se ordenó el reintegro de la demandante a un cargo de igual o mayor categoría al que venía desempeñando, así como al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

La anterior decisión tuvo como sustento el hecho de que la Resolución 04950 de 2000 resulta contraria al mandato contenido en el artículo 43 de la Constitución Política, “que encuentra cabal cumplimiento en las disposiciones legales que consagran una especial protección para la mujer en estado de embarazo”; así como del artículo 21 del Decreto 3134 de 1968, según el cual “durante el embarazo y los tres meses posteriores al parto solo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada con resolución motivada”.

Por lo antes dicho, se demostró en el expediente la existencia de la condena por cuyo pago se interpuso esta demanda de repetición.

b. El pago de la condena impuesta a la parte actora.

Con la demanda se aportó la copia auténtica de la Resolución 0920 de 15 de marzo de 2006(38), por medio de la cual se ordenó cumplir la sentencia condenatoria varias veces mencionada. En este acto administrativo se liquidó la condena impuesta y se dispuso pagar la “suma de Ciento Treinta Millones Ochocientos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 26/100 ($130’822.554,26)”.

Adicionalmente, también se aportó con la demanda la copia auténtica del paz y salvo “a favor de la Nación - Contraloría General de la Republica” suscrito por Luz María Sierra Romero, en el cual hace constar que recibió la suma de $130’822.554,26(39).

En definitiva, se demostró que el pago de la condena impuesta a la Contraloría General de la República ocurrió el 27 de marzo de 2006.

c. La condición de ex agente del Estado de la demandada.

Obra en el expediente la copia auténtica de la Resolución 05167 de 16 de octubre de 1998, por medio de la cual el Contralor General de la Republica nombró a Teresita Isaza Dávila en el cargo de “Jefe de Oficina, Nivel Directivo, Grado 25, de la Oficina de Administración de Carrera Administrativa”(40); también reposa copia auténtica del acta de posesión de fecha 3 de noviembre de 1998(41).

Así mismo, fue aportada con la demanda, la copia auténtica de la Resolución 1639 del 3 de septiembre de 2002, por medio de la cual se aceptó la renuncia presentada por la señora Teresita Isaza Dávila(42) y la copia auténtica de la certificación expedida por la gerencia de talento humano de la entidad demandante, en la que se hace constar que la señora Isaza Dávila “laboró normalmente hasta el día 4 de septiembre de 2002”(43).

Debe puntualizarse que la demanda refiere que Teresita Isaza Dávila actuó con culpa grave al “expedir el escrito de respuesta del 16 de mayo de 2000”.

Por lo antes dicho, se concluye que la aquí demandada se desempeñaba como servidora pública de la Contraloría General de la República cuando suscribió la respuesta dada el 16 de mayo de 2000 a la petición elevada por la señora Luz María Sierra Romero.

d. Cuestión previa.

La entidad recurrente insistió en que la sentencia apelada adolece de falta de interpretación sistemática, puesto que no tuvo en cuenta que todo lo relacionado con el ingreso y retiro del personal de la Contraloría es competencia, por delegación de funciones, de la Gerencia de Talento Humano.

Se debe tener en cuenta que los actos administrativos deben ser dictados generalmente por los agentes del Estado que tengan la competencia legal para ello y excepcionalmente pueden ser dictados por una autoridad, que en principio no es la competente para ejercer esa función, pero que recibe la facultad de ejercerla por atribución, no de la ley, sino del funcionario realmente competente, por medio de la delegación de competencias.

La figura de la delegación se encuentra regulada por el artículo 211 de la Constitución Política, que reza:

“ART. 211.—La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

“La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

“La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios”.

La Ley 489 de 1998(44), que se encargó de regular lo relativo a la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, en su artículo 9(45) faculta a las autoridades administrativas para delegar, mediante acto administrativo, el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias.

Por su parte, el artículo 268 de la Constitución Política señala las funciones del Contralor General de la República y en lo que toca al personal que compone la entidad, dispone:

“10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho”.

Se tiene entonces que el nominador en la Contraloría General de la República es el Contralor General y es a quien le corresponde suscribir tanto los actos de vinculación como los de desvinculación de esa entidad, eventualmente hubiera podido transferirle, por delegación, esa competencia a la Gerente de Talento Humano, lo cual debía realizarse a través de un acto administrativo de delegación, el cual no obra como prueba en el proceso.

De conformidad con lo anterior, no se puede concluir que la señora Teresita Isaza Dávila actuó por delegación, pues, como se dejó explicado, al proceso no fue aportado el acto administrativo que lo acredite.

Lo mismo se debe decir en relación con la afirmación hecha en la demanda, consistente en que, por delegación, la ahora demandada había dado respuesta a la demanda de tutela, situación que, como ya se dijo, no se encuentra probada en el plenario, pues se insiste en que la delegación debe ser otorgada por acto administrativo, del cual no obra copia en el proceso.

e. La culpa grave en cabeza de la demandada.

En la demanda se expuso que Teresita Isaza Dávila actuó con culpa grave, por la siguiente razón:

“… expedir el escrito de respuesta del 16 de mayo de 2000, en su condición de Gerente del Talento Humano, de la Contraloría General de la República, con el que le informa a la señora Luz María Sierra Romero, que su retiro del servicio está conforme con las normas Constitucionales y Reglamentos vigentes para los servidores públicos, y que para nada tuvo injerencia el hecho de encontrarse embarazada, máxime cuando al momento de producirse el acto administrativo que la declara insubsistente y aún en el acto de la comunicación del mismo, la administración no tenía conocimiento de su estado”(46).

Esta afirmación de la entidad fue reiterada en el recurso de apelación, escrito en el que agregó que la ahora demandada “no observó el derecho constitucional a la estabilidad reforzada [de] que gozan las mujeres en estado de embarazo”; que como era la encargada de la elaboración de los actos administrativos correspondientes a las novedades de personal, pudo corregir el yerro y revocar la resolución demandada, evitando así la imposición de la condena por la que ahora se demanda.

Por su parte, la demandada alegó que su conducta no fue dolosa o gravemente culposa, porque la misma “se ciñó estrictamente a la normatividad vigente y a los procedimientos señalados, sin lugar a señalar que el despido haya sido en razón del embarazo, por cuando las normas prevén el despido por supresión del cargo”.

Con el material probatorio legalmente allegado al expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

— Que, mediante la Resolución 2125 del 10 de marzo de 2000(47), la Contraloría General de la Republica nombró, en provisionalidad, a la señora Luz María Sierra Romero, en el cargo de Profesional Universitario, nivel profesional grado 1º, en la gerencia departamental del Magdalena.

— Que el 19 de abril de 2000, encontrándose en el cargo antes enunciado, le fue notificada, a la señora Luz María Sierra Romero, la Resolución 04950 del 18 de abril de 2000(48), mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento provisional antes enunciado.

— Que, el 24 de abril de 2000(49), Luz María Sierra Romero le remitió comunicación a la señora Teresita Isaza Dávila, en su calidad de Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República, en la que le puso de presente su estado de embarazo, en los siguientes términos (se transcribe en forma literal):

“Por medio del presente me dirijo a usted, para manifestarle que fui notificada de la Resolución número 04950 del 18 de abril del año en curso, en la cual me declaran insubsistente del nombramiento provisional en el cargo de Profesional Universitario Nivel Profesional Grado 1º de la Gerencia Departamental del Magdalena.

“Quiero poner a su conocimiento mi estado de embarazo del cual tuve conocimiento el día 18 del presente mes y año, por lo que solo hasta la fecha estoy presentando el documento que certifica mi estado, toda vez que el día 19 de abril del 2000, solo se laboró media jornada y fui notificada ese mismo día de mi insubsistencia.

“Por todo lo anterior, solicito a usted se me sean respetados mis derechos de mujer embarazada, posteriormente haré llegar la documentación respectiva expedida por el Instituto de Seguros Sociales”.

— Que el 12 de mayo de 2000(50), en atención a que la anterior comunicación no había sido resuelta, Luz María Sierra Romero requirió a la Contraloría para le dieran contestación, en los siguientes términos (se transcribe en forma literal):

“Como hasta la fecha no he obtenido respuesta alguna a mi oficio enviado el 24 de abril del año en curso, una vez más me dirijo a usted para que se pronuncie al respecto.

“Conocedora de los derechos que me asisten de mujer embarazada solicito a usted me sean respetados mis derechos, lo anterior por el retiro del cargo de profesional universitario nivel Profesional grado 1º de la Gerencia Departamental del Magdalena”.

— Que, el 16 de mayo de 2000, Teresita Isaza Dávila, en su calidad de Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República, le dio respuesta al oficio del 24 de abril de 2000 remitido por Luz María Sierra Romero, en los siguientes términos (se transcribe conforme con el original):

“Usted fue nombrada provisionalmente el 10 de marzo de 2000, en el cargo de Profesional Universitario Grado 1º, en la Gerencia Departamental del Magdalena.

“Ahora bien entre otras, una de las características del nombramiento provisional es el término legal de su duración, cuatro meses prorrogables por cuatro meses más a discreción del nominador, como quiera que el objeto del mismo es proveer por necesidades del servicio un cargo de los denominados de carrera pretermitiendo el concurso, el nombramiento por sí mismo no concede ningún derecho a la estabilidad toda vez que no se pueden desconocer las normas relacionadas con administración de personal, referentes a los servidores públicos por cuanto prevalece el derecho de los funcionarios inscritos en carrera administrativa frente al de cualquier otra persona que vinculada a la entidad que no este escalafonada.

“Así las cosas, su retiro del servicio está conforme con las normas Constitucionales y reglamentos vigentes para los servidores públicos, y para nada tuvo injerencia el hecho de encontrarse usted embarazada, máxime cuando al momento de producirse el acto administrativo que la declara insubsistente y aún en el acto de la comunicación del mismos, la administración no tenía conocimiento de su estado”.

— Que, el 24 de junio de 2000(51), Luz María Sierra Romero presentó solicitud de reconocimiento de indemnización al que supuestamente tenía derecho, por haber sido declarada insubsistente encontrándose en estado de embarazo.

— Que, el 6 de julio de 2000(52), el Director de la Carrera Administrativa de la Contraloría General de la República(53) dio respuesta a las “peticiones” presentadas por Luz María Sierra Romero y en esa oportunidad le manifestó (se transcribe en forma literal):

“Comedidamente, le comunico que su retiro de la entidad fue producto de la reestructuración al haberse revestido al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, mediante la expedición de la Ley 573 de 2000.

“Reestructuración que se enmarcó dentro de la imparcialidad y transparencia que caracteriza todas las actuaciones administrativas del señor Contralor General de la República, sujeta igualmente a lo dispuesto por la constitución, las normas generales y especiales de carrera administrativa y en especial conforme a lo establecido en los Decretos 267, 268, 270 y 271 de 2000, sin que en ningún momento se desconociera la situación particular en la que usted se encontraba y los derechos que se pudieron derivar de la misma”.

— Que, en respuesta a la solicitud radicada el 24 de julio de 2000 por Luz María Sierra Romero, el 13 de julio de ese mismo año(54), el Director de la Carrera Administrativa — Pedro J. Ruiz Hazbón — le contestó nuevamente a la señora Sierra Romero, en los siguientes términos (se transcribe fiel al original):

“Con el objeto de dar respuesta a su solicitud de 24 de junio de 2000, de manera atenta me permito informarle que mediante oficio 001211 del 16 de mayo de 2000 se le dio respuesta a su solicitud manifestándole que no tenía derecho a la indemnización por maternidad, porque al momento de producirse el acto administrativo que la declara insubsistente la administración no tenía conocimiento de su estado de embarazo.

“De conformidad con el parágrafo del artículo 46 del Decreto-Ley 268 de 2000, el aviso que da cuenta del estado de embarazo, debe ser presentado oportunamente por la funcionaria al nominador, el cual se comprobó y además usted lo reitera en su solicitud ‘si bien es cierto que la entidad no tenía conocimiento de mi estado por las razones expuestas y que además ese no fue el motivo de mi despido…’.

“La Contraloría General de la República no desconoce la protección constitucional que el Estado debe proporcionar a la mujer durante su embarazo, ni los reiterados pronunciamientos que sobre el particular ha emitido la Corte Constitucional. Sin embargo, y en consideración a que la información no fue oportuna y al no cumplirse con la condición exigida por el parágrafo del artículo 46 del Decreto-Ley 268 de 2000. La entidad se abstiene de reconocer y pagar la indemnización por maternidad, máxime cuando se debe respetar el ordenamiento jurídico instituido, vale decir, el artículo 46 del Decreto-Ley 268 de 2000.

“La situación sería diferente si la información que daba cuenta de su estado de embarazo hubiese sido oportuna, eso es, antes de haberse retirado del servicio”.

— Que, el 11 de julio de 2000(55), mediante demanda de tutela, la señora Luz María Sierra Romero solicitó que se ordenara a la Contraloría General de la República darle respuesta a la solicitud de indemnización que ella había radicado el 24 de junio de ese mismo año esta demanda fue resuelta mediante Sentencia del 27 de julio de 2000, amparando el derecho conculcado.

— Que, en atención a la orden impartida en la sentencia de tutela, el Director de la Carrera Administrativa de la Contraloría, el 14 de agosto de 2000(56), presentó memorial ante el juez de tutela, en el que afirmó adicionar la respuesta dada por la “Abogada de la Oficina Jurídica”; en dicha oportunidad, manifestó que la entidad por su intermedio y el de la Gerente de Talento Humano habían dado respuesta a la señora Luz María Sierra Romero, mediante los oficios del 16 de mayo, 13 y 16 de julio de 2000; que, a pesar de ello, y en acatamiento a la orden de tutela él había suscrito el oficio de 11 de agosto de 2000.

En este punto, resulta pertinente recordar que la entidad demandante pretende que se declare que la demandada actuó con culpa grave porque en la respuesta dada a la señora Sierra Romero, suscrita el 16 de mayo de 2000, desconoció los preceptos constitucionales y legales que le confieren protección especial a las mujeres en estado de embarazo y porque, teniendo oportunidad de revocar la resolución de desvinculación 4950 de 18 de abril de 2000, no lo hizo.

Según se indicó en un acápite anterior, para los hechos ocurridos antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, como ocurre en este caso, los criterios de dolo y de culpa grave aplicables son aquellos señalados en el Código Civil en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de Culpa y Dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“(…).

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Frente a tales conceptos, el Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que corresponden armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos(57).

Para analizar si la conducta de la señora Teresita Isaza Dávila se encuentra inmersa en culpa grave, resulta pertinente establecer cuáles eran sus funciones en relación con las decisiones respecto de los empleados que componían la planta de personal de la entidad demandante.

Para el momento en que fue expedida la Resolución 04950 de 18 de abril de 2000, la señora Isaza Dávila se desempeñaba como Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República, cargo que, de conformidad con la Resolución Orgánica 05045(58), pertenece al nivel central(59) de la Contraloría.

Según el Decreto 267 de 2000(60), el Gerente de Talento Humano tiene, entre otras funciones, la de “[d]irigir la elaboración de los actos administrativos relacionados con las novedades de personal para la firma del Contralor General, cuando corresponda y revisar el alcance de los mismos”.

En uso de esa función, la ahora demandada dirigió la elaboración de la Resolución 04950 de 2000, la cual fue firmada por el Contralor General de la República y notificada por el Gerente Departamental del Magdalena a la señora Luz María Sierra Romero, acto administrativo que se sustentó en los siguientes considerandos:

“Que mediante Resolución Número 2125 del 10 de marzo de 2000 se nombró provisionalmente a Sierra Romero Luz María, identificada con cédula de ciudadanía 49.740.194, en el cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional Grado 1º, en la Gerencia Departamental del Magdalena.

“No obstante lo anterior, el inciso 2º del artículo 7º del Decreto 1572 de 1998, establece que en cualquier momento antes de cumplirse el término de la provisionalidad o de su prórroga, el nominador, mediante Resolución podrá darlo por terminado.

“Que en el proceso de Incorporación varios funcionarios a quien se les suprimió el cargo, estando escalafonados en Carrera Administrativa, optaron por la incorporación y realizado el estudio se hace necesario proveer la vacante en forma definitiva, teniendo prevalencia los funcionarios en carrera, de conformidad como lo dispone el artículo 44 del Decreto Ley 268 de 2000.

“La Corte Constitucional en Sentencia SU-250/98 y reiteradamente ha sostenido la importancia de la motivación del acto administrativo, ya que de esta manera se le da una información al Juez, si eventualmente entra a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, confrontando si se ajusta al orden jurídico”(61).

Tal como quedó reflejado en los hechos probados, al siguiente día hábil de haber sido notificada del acto de insubsistencia, la señora Luz María Sierra Romero remitió comunicación a la ahora demandada, para informarle que se encontraba en estado de embarazo, situación que se torna especial, dada la protección constitucional y legal que tienen las mujeres en ese estado.

A pesar de ello, la demandada insistió en la decisión tomada en el acto administrativo declarado nulo por esta Corporación y para ello le recordó a la señora Luz María Sierra Romero que había sido incorporada a la Contraloría General de la República en calidad de provisional y, debido a la reestructuración de esa entidad, resultaba necesario retirarla del servicio para poder nombrar, en el cargo ocupado por ella, a un empleado escalafonado en carrera administrativa, que había optado por la reincorporación a la entidad.

De lo hasta aquí expuesto resulta claro que Teresita Isaza Dávila suscribió la respuesta del 16 de mayo de 2000, documento en el que, a pesar de conocer el estado de embarazo de la señora Sierra Romero, en cumplimiento de la obligación funcional que le correspondía, no procedió a tomar los correctivos pertinentes, tales como dirigir la elaboración del acto administrativo de revocatoria directa de la Resolución 04950 de 2000, para presentárselo al Contralor General de la República, quien en últimas tomaría la decisión de suscribirlo o no.

No se puede olvidar que es de conocimiento público la especial protección constitucional(62) y legal que se le ha brindado a las mujeres en estado de gestación, lo cual puede verificarse en la jurisprudencia que tanto esta Corporación(63) como la Corte Constitucional(64) han venido desarrollado en torno al tema, desde antes de la expedición de la Resolución 4950 de 2000.

Se trató entonces, acogiendo lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, de una omisión pueril e ignorancia de la especial protección de la que gozan las madres gestantes en nuestro país, condición que es de conocimiento público, tal como se explicó con antelación; pues, el no haber tomado los correctivos necesarios y, en ejercicio de su obligación funcional, dirigir la elaboración del acto administrativo de revocatoria directa de la Resolución 04950 de 2000, conllevó a que la Contraloría General de la República resultara condenada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En definitiva, se declarará a la demandada Teresita Isaza Dávila responsable a título de culpa grave, pues por la conducta asumida frente a la especial situación de la señora Luz María Sierra Romero, provocó que la Contraloría General de la República se viera conminada a pagar la suma de dinero por la cual demandó en repetición.

La Sala procede a liquidar la condena que debe imponérsele.

5. Liquidación de la condena a cargo de la demandada.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”.

Para efectos de cuantificar la condena en contra de la demandada, resulta pertinente tener en cuenta que, para el momento de los hechos, Teresita Isaza Dávila era la Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República y, por ello, la encargada de dirigir la elaboración de todos los actos administrativos relacionados con los asuntos de personal.

Que aunque la entidad, para el momento en que le notificó el acto de desvinculación a Luz María Sierra Romero no conocía de su embarazo, dicha situación fue puesta en conocimiento de la ahora demandada, sin que esta procediera a tomar los correctivos necesarios; por lo anterior, su conducta denota que actuó con culpa grave, pues en vez de tomar acciones para corregir el yerro, se sostuvo en la tesis, sin tomar en cuenta la situación especial que se le ponía en conocimiento.

A pesar de lo hasta aquí explicado, en los hechos probados se dejó consignado que de la especial situación en que se encontraba la señora Luz María Sierra Romero al momento de notificarle la Resolución 04950 de 2000 también tuvieron conocimiento el Director de la Carrera Administrativa y la “oficina jurídica” de la entidad demandante, como pasa a explicarse:

— El Director de la Carrera Administrativa suscribió las respuestas remitidas a la señora Luz María Sierra Romero el 6 de julio(65) y el 13 de julio de 2000(66); también intervino en la contestación de la demanda de tutela el 14 de agosto de 2000(67), fecha en la cual manifestó que adicionaría la respuesta dada por la abogada de la “oficina jurídica” y puso de presente que ya habían dado respuesta a los requerimientos presentados por la tutelante.

— Por su parte, la “Oficina Jurídica” tuvo conocimiento de la especial situación de Luz María Sierra Romero, porque ésta radicó en dicha dependencia una copia de la solicitud de indemnización presentada ante la Gerencia de Talento Humano.

Además de lo anterior, según manifestación hecha por el Director de Carrera Administrativa en la comunicación del 14 de agosto de 2000, la “Oficina Jurídica” había dado respuesta a la demanda de tutela.

De conformidad con el artículo 43 del Decreto 267 de 2000, algunas de las funciones de la “Oficina Jurídica” de la Contraloría son las siguientes:

“1. Asistir al Contralor General y por su conducto a las dependencias de la Contraloría General de la República en el conocimiento y trámite de conceptos, fallos y asesorías de los asuntos jurídicos que les corresponda resolver, bien por ser de su directa competencia, o por delegación de funciones y en general en todas las actuaciones que comprometan la posición institucional jurídica de la entidad.

“2. Asesorar al Contralor General y a las dependencias internas de la Contraloría General de la República en la elaboración de los proyectos de ley, decretos o resoluciones que se deban expedir o hayan de someterse al Congreso de la República o al Gobierno Nacional.

“3. Revisar los proyectos de actos administrativos que el Contralor General deba firmar y conceptuar sobre su constitucionalidad y legalidad.

“…7. Proyectar las respuestas de los recursos que el Contralor General deba resolver por la vía gubernativa.

“…13. Notificar y comunicar los actos administrativos que en sentido particular expida el Contralor General de la República.

“… 15. Representar judicialmente a la Contraloría General de la República ante las autoridades competentes cuando fuere el caso.

“… 17. Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte la Contraloría General.

“18. Coordinar con cada área responsable la proyección de respuesta a los derechos de petición por los que deba responder en forma directa el Contralor General de la República…”.

La misma norma, en su artículo 70(68) dispone que, entre otras funciones, la Dirección de Gestión del Talento Humano debe atender los requerimientos sobre aspectos de personal, en coordinación con la Dirección de Carrera Administrativa y la “Oficina Jurídica”.

Así las cosas, debe concluirse que, de conformidad con las obligaciones funcionales, tanto la Gerencia de Talento Humano, como el Director de Carrera Administrativa y la “Oficina Jurídica”, debían actuar mancomunadamente y en coordinación para responder los requerimientos, que en su oportunidad, radicó la señora Luz María Sierra Romero, para así haber evitado comprometer el presupuesto de la entidad ahora demandante.

Por lo hasta aquí expuesto, se deduce que, si bien la demandada tuvo responsabilidad al no haber coordinado la elaboración del acto administrativo mediante el cual se revocara la Resolución 04950 de 2000, también otras dependencias de la entidad demandante tuvieron conocimiento de la situación especial en que se encontraba Luz María Sierra Romero al momento de la notificación del acto administrativo de desvinculación del cargo que venía desempeñando, pues intervinieron en las diferentes actuaciones administrativas y judiciales que se produjeron en torno a la situación, pudiendo, en ejercicio del deber de coordinación que les asistía, realizar los trámites necesarios para lograr la revocatoria de la resolución de insubsistencia.

Tal como se dejó consignado, la Gerencia de Talento Humano, la Dirección de Carrera Administrativa y la “Oficina Jurídica” de la Contraloría General de la República debían actuar en coordinación para resolver temas relativos al personal de la entidad y específicamente, la “Oficina Jurídica” debía colaborar y brindar el soporte jurídico necesario en este tipo de situaciones a las demás dependencias; a pesar de lo anterior todas ellas actuaron en forma independiente y bajo el mismo derrotero, consistente en asegurar que nada tenía que ver el estado de embarazo de la señora Luz María Sierra Romero con la expedición de la Resolución 04950 de 2000, comportamiento que llevó a que la entidad demandante fuera condena.

La Sala resalta que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la entidad ahora demandante sostuvo las mismas consideraciones que sirvieron de soporte a la contestación del 16 de mayo de 2000, en dicha oportunidad adujo (se transcribe fiel al original):

“Así las cosas, con la desvinculación de la accionante, no se le han violado sus derechos a la dignidad, ni al trabajo, como pretende hacerlo ver el señor apoderado, sino que esa desvinculación obedeció a mandamientos legales de forzoso cumplimiento por parte de la Entidad.

“Por consiguiente no se vislumbra ni siquiera de manera tangencial que el Contralor haya violado o transgredido las normas pertinentes al despido de mujer en estado de embarazo y muy por el contrario se ajustó a ese procedimiento y a las normas legales y constitucionales.

“Entonces, honorable Magistrado, aquí no se vislumbra que la actuación administrativa cuestionada por la demandante, fue violatoria de normas constitucionales o legales, sino que por el contrario fue transparente, pública y ceñida a los requerimientos institucionales previstos en la Constitución y las leyes de la República. Ahora bien en innumerables sentencias de asuntos laborales y administrativas se ha sostenido que el patrono debe ser previamente informado acerca del estado de gravidez y que de lo contrario no lo puede adivinar como en efecto sucedió.

“… De conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones incoadas por considerar que por parte del señor Contralor no ha existido ninguna violación de las normas constitucionales que protegen a la mujer en estado de embarazo ni una expedición irregular de actos administrativos y por ende estos deben continuar gozando de la presunción de legalidad de que están investidos por mandato legal”(69).

Por lo expuesto, y en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, la señora Teresita Isaza Dávila deberá reintegrar el 30% de lo que pagó la Contraloría General de la República, por no haber tomado los correctivos necesarios para la revocatoria de la Resolución 04950, mediante la cual se desvinculó a una mujer en estado de embarazo.

La Contraloría General de la República solicitó que se condenara a la demandada a reintegrarle la suma de $130’822.554,26, cantidad que pagó en virtud de la condena impuesta en su contra.

De acuerdo con la Resolución 0920 del 15 de marzo de 2006, por medio de la cual se liquidó la condena, dicha cifra correspondía al capital y a los intereses moratorios de la suma indexada, pues el solo capital, según la liquidación elaborada, asciende a la suma de $119’935.161,01.

En esta oportunidad ha de descontarse el rubro correspondiente a los intereses(70), teniendo en cuenta que estos obedecen a un plazo legal ajeno al agente estatal, si se considera que la condena impuesta fue pagada cuatro meses después de ejecutoriada la sentencia, según da cuenta la demanda.

Sobre el particular, el inciso cuarto del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 previó que las condenas impuestas contra las entidades públicas serán ejecutables dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a haber quedado en firme. En ese orden de ideas, se tiene que, proferida una sentencia que imponga una condena en concreto, las entidades procederán a: i) expedir la resolución que ordene el reconocimiento, liquidación y pago de la condena impuesta, ii) adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, incluida la apropiación presupuestal respectiva y iii) liquidar los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia hasta cuando se haga efectivo el pago(71).

De lo expuesto se sigue que los intereses moratorios dependen del término que se demore la entidad en realizar el pago, asunto que resulta ajeno al resorte de la demandada en la acción de repetición(72).

En ese orden de ideas, la condena impuesta contra la señora Teresita Isaza Dávila se limitará al 30% del valor del capital debidamente actualizado con los índices de precios al consumidor.

Por tanto, como la condena impuesta asciende a $ 119’935.161,01, el 30% corresponde a la suma de $35’980.548,30, suma que será actualizada hasta la fecha de esta providencia.

FORMULAS-00181A
 

a) Ca = Ch x índice final

Índice inicial

En donde:

—Ca: Capital actualizado a establecer.

—Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

—Índice final: IPC vigente a la fecha de esta Sentencia: septiembre de 2017: 138,04

—Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que ocurrió el pago: marzo de 2006: 85,71

FORMULAS-00181B
 

6. Término para el cumplimiento de esta sentencia

El artículo 15 de la Ley 678 de 2001 estableció lo siguiente:

“Ejecución en Caso de Condenas o Conciliaciones Judiciales en Acción de Repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.

“Una vez vencido el término sin que el repetido haya cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad con las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

“El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en que en la conciliación judicial dentro del proceso de acción de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de la obligación” (se destaca).

Según el inciso primero del anterior enunciado normativo, el juez de repetición dede, de oficio, establecer el plazo para que el demandado cumpla con la obligación de pagar la condena impuesta. Esta facultad otorgada por la ley la analizó la Corte Constitucional para concluir acerca de su constitucionalidad, así:

“10. Constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 678 de 2001

Al inciso primero de la norma que se cuestiona se le acusa de inconstitucionalidad por la posibilidad que en él se establece para fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación que se imponga al servidor público condenado en ejercicio de la acción de repetición; y, al inciso segundo de esa norma, se le considera inconstitucional en cuanto en él se dispone que si el servidor público condenado a reembolsar lo pagado por el Estado no lo cancela totalmente en ese término, quien conoció del proceso de repetición continuará conociendo de la ejecución correspondiente.

Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la Carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla.

Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella.

“Y, en cuanto hace a la parte acusada del inciso segundo del mismo artículo 15 de la Ley 678 de 2001, resulta plenamente en armonía con la Constitución que si la obligación no se paga dentro del plazo que fue concedido para el efecto, el servidor público ahora deudor del Estado pueda ser ejecutado, pues como es conocido si las obligaciones no se cumplen de manera voluntaria puede acudirse entonces a la ejecución forzosa” (se destaca).

En suma, le corresponde a la Sala establecer el plazo para que la señora Teresita Isaza Dávila pague la condena impuesta en su contra. Se considera entonces razonable, en virtud del principio de igualdad, acoger el término de 6 meses, el cual ya ha sido utilizado por esta Corporación, concretamente por la Subsección C de la Sección Tercera al decidir varias acciones de repetición(73).

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, REVOCAR la Sentencia proferida el 3 de agosto de 2011, por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable, a título de culpa grave, a la señora Teresita Isaza Dávila, identificado con cédula de ciudadanía 40’798.449, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENAR a la señora Teresita Isaza Dávila a pagar a la Contraloría General de la República la suma de Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cincuenta y dos Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 04/100 m/cte ($57’952.569,04).

La mencionada suma de dinero deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. SIN condena en costas.

6. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

25. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 18 de agosto de 2009, expediente 11001-03-15-000-2008-00422-00(C), M.P. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección a través de fallo de 13 de abril de 2016, expediente 42.354, entre muchas otras providencias.

26. Original de la cita: “Al respecto, ver Autos de 11 de diciembre de 2007, expediente 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, expediente 2001 02061 01, C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez”.

27. Original de la cita: “Cfr. autos citados”.

28. Folios 5 a 12 del cuaderno 1.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, número de radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), Magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez.

30. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia con fecha de 10 de agosto de 2016, proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265).

31. Folio 13 del cuaderno 1.

32. Según copia del paz y salvo suscrito por la beneficiaria de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en Sentencia fechada el 16 de julio de 2008, expediente 29.291, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

34. Sentencias proferidas por el Consejo de Estado:
— Del 8 de marzo de 2007, de la Sección Tercera, consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación número: 250002326000200201304-01 (30.330).
—Del 16 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección A, magistrado ponente Hernán Andrade Rincón (E), radicación número 250002326000199902960-01 (27.561), entre muchas otras.

35. Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

36. Folio 13 del cuaderno 1.

37. El acto demandado corresponde a la Resolución 04950 del 18 de abril de 2000, suscrito por el Contralor General de la República, mediante el cual se declaró “insubsistente el nombramiento provisional de Sierra Romero Luz María”.

38. Folios 22 a 26 del cuaderno 1.

39. Folio 27 del cuaderno 1.

40. Folio 12 del cuaderno 3.

41. Folio 26 del cuaderno 3.

42. Folio 186 del cuaderno 4.

43. Folio 92 del cuaderno 3.

44. “ART. 2º.—Ámbito de Aplicación. La presente ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas”.

45. “ART. 9º.—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
“Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

46. Folio 52 del cuaderno 1.

47. Folio 16 del cuaderno 5.

48. En la copia que reposa a folio 37 del cuaderno 5, se observa la firma de la señora Luz María sierra, con el número de su documento de identificación y la fecha en la que fue notificada.

49. Folio 10 del cuaderno 5.

50. Folio 9 del cuaderno 5.

51. Folios 18 y 18A del cuaderno 5.

52. Folio 20 del cuaderno 5.

53. Pedro Jesús Ruiz Hazbón.

54. Folios 21 y 22 del cuaderno 5.

55. Folios 26 a 28 del cuaderno 5.

56. Folios 210 y 211 del cuaderno 5.

57. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón. Sentencia del veintiséis 26 de agosto de 2015, expediente con número de radicación 250002326000200601802-01 (35.962).

58. “Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal, en los niveles central y desconcentrado por dependencias”.

59. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 267 de 2000 el nivel central de la Contraloría General de la república “está conformado por las dependencias con sede en el Distrito Capital”.

60. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”

61. Folio 37 del cuaderno 5.

62. “ART. 43.—La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
“El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” (se resalta).

63. Entre otras, las Sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de mayo de 1998, expediente 17252, M.P. Javier Díaz Bueno; el 1 de junio de 2006, expediente 8064-05, M.P. Jaime Moreno García.

64. Entre otras, las Sentencias proferidas en los procesos T- 373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-894 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-092 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

65. Folios 18 y 18A del cuaderno 5.

66. Folios 198 y 199 del cuaderno 5.

67. Folios 210 y 211 del cuaderno 5.

68. “Artículo 70. Dirección de Gestión del Talento Huma Son funciones de la Dirección de Gestión del Talento Humano:
“…4. Atender los requerimientos de las diferentes autoridades sobre aspectos de personal en coordinación con la Dirección de Carrera Administrativa y la Oficina Jurídica”.

69. Folio 54 del cuaderno 5.

70. En ese mismo sentido se pueden revisar las Sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación, el 8 de noviembre de 2007, proceso No., M.P. Ramiro Saavedra Becerra; el 30 de enero de 2013, proceso 41281, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; el 26 de junio de 2015, proceso 21712, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; el 10 de noviembre de 2016, proceso 57008, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; el 8 de junio de 2017, proceso 42964, M.P. Danilo Rojas Betancourth; el 10 de marzo de 2017, proceso 39881, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; el 3 de agosto de 2018, proceso 42777.

71. Artículo 177 del Decreto 1º de 1984.

72. Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998 modificatorios de los artículos 132-7 y 134B-7 del Código Contencioso Administrativo.

73. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencias:
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación número: 11001-03-26-000-2012-00051-00(44845).
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación número: 63001-23-31-000-2010-00240-01(54391).
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación número: 54001-23-33-000-2012-00002-02(54589).
— De 12 de septiembre de 2016. Expediente radicación número: 40001-23-31-000-2010-00311-01(51946).