Sentencia 2008-00182 de febrero 15 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Expediente: 730012331000200800182 02

Conjuez Ponente:

Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz

Nº interno: 0932-2010

Autoridades nacionales

Actor: Ricardo Enrique Bastidas Ortíz y otros

Bogotá, D.C., Quince de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En primer lugar, la Sala de Conjueces considera con respecto a la primera pretensión de la demanda de inaplicar por inconstitucional el Decreto 4040 de 2004, lo siguiente:

El Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992, expidió el Decreto 4040 de 2004, el cual creó una bonificación de gestión judicial para los magistrados de tribunal y otros funcionarios, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta (70%) por ciento de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir de la misma fecha se vinculen al servicio en algunos empleos, dentro de los cuales se encuentra el demandante, es decir, magistrado de tribunal.

El mencionado decreto fue demandado ante la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, y ésta, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2011, declaró su nulidad.

En razón a lo anterior, habrá de revocarse el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto inaplicó por inconstitucionalidad el Decreto 4040 de 2004, para en su lugar, estarse a lo dispuesto en la sentencia proferida por la Sección Segunda.

En segundo lugar, para establecer si la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DEAJ 07-20006 expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 1º de diciembre de 2007 y el consecuente restablecimiento del derecho, decretados por el a quo, han de ser objeto de confirmación o revocatoria, la Sala procederá de la siguiente manera:

Con el propósito de determinar el régimen de bonificación por compensación aplicable a los sres. Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y otros, en su calidad de magistrados de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, teniendo en cuenta el decurso de las decisiones gubernamentales y judiciales al respecto, se procederá a hacer un recuento de la evolución normativa de la bonificación por compensación.

Hecho esto se señalará el significado que tuvo la anulación del Decreto 2668 de 1998 en la materia, frente a los decretos 610 y 1239 de 1998 y 664 de 1999. En el mismo sentido se ha dicho lo pertinente con relación al 4040.

Finalmente, se estudiará el caso concreto.

I. Evolución normativa de la bonificación por compensación

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, “…Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno Nacional, (...) modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º liberal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones”, dentro de los cuales se encuentran “…Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República”(1). A partir de las facultades otorgadas por esta ley al Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 610 de 1998, teniendo en consideración, en su parte motiva, lo siguiente:

(...) Que para el año fiscal de 1998, la remuneración de los magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; de los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; de los abogados auxiliares del Consejo de Estado; de los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; de los fiscales del Tribunal Superior Militar, de los fiscales ante Tribunal de Distrito, y de los jefes de unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, equivale al 46% de la remuneración de los magistrados de las altas cortes;

Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, así:

Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;

A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado

Como se puede ver, la voluntad primigenia de la administración, surgida de una concertación con los representantes de los funcionarios de la Rama Judicial en distintos niveles, era la de crear una prestación que condujera progresivamente a un escenario menos desigual en lo que se refiere a la contraprestación debida a estos servidores del Estado por administrar un bien tan preciado para el Estado social de derecho colombiano como la democracia, con base en postulados de dignidad (C.P., art. 1º), solidaridad (C.P., art. 2º), e igualdad (C.P., art. 13). Desconocer este escenario, argumentando que la parte resolutiva del decreto en comento sólo se refiere a una bonificación equivalente al 60% del salario de los magistrados de las altas cortes sería tanto como dar primacía a las formas sobre el derecho sustancial, en flagrante violación de artículo 228 de la Carta Política. En efecto, esta corporación sentó su parecer en el sentido de honrar los acuerdos a los que llegó la administración en ese entonces al señalar, mediante providencia del 2 de febrero de 2007, que:

(...) es cierto que la parte resolutiva del Decreto 610 de 1998 sólo comprende el pago de una bonificación por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, aun así, no es de recibo la interpretación en cuanto a que la única bonificación a que tienen derecho los funcionarios mencionados por el decreto es la del sesenta por ciento (60%) en tanto que es la única mencionada en la parte resolutiva, y no lo están las del setenta por ciento (70%) y ochenta por ciento (80%) para los años 2000 y 2001 respectivamente.

El decreto en cuestión no hace más que conferir una bonificación a los funcionarios de la rama judicial que permita superar la desigualdad económica entre ellos, y esto solo se logra al establecer las bonificaciones del sesenta, setenta y ochenta por ciento para los años 1999, 2000 y 2001.

Es bien sabido que una de las características de los actos administrativos es la de ser una manifestación de voluntad de un ente de derecho que toma una decisión con efectos jurídicos. Es evidente que la decisión tomada por el Gobierno Nacional en el Decreto 610 de 1998 es la de acabar con la desigualdad económica entre los funcionarios de la Rama Judicial mediante la creación de la bonificación tantas veces mencionada. Esta decisión no se encuentra circunscrita a la parte resolutiva del decreto sino que está expresada en el decreto como un todo. Afirmar que la única bonificación comprendida en el Decreto 610 de 1998 es la que se encuentra sería caer en un formalismo del todo excesivo, contrario al ordenamiento jurídico colombiano pues éste consagra el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formalidades (art. 228 de la Constitución Nacional), principio que de otra forma quedaría desgarrado. En consecuencia, atendiendo eI mandato constitucional de primacía del derecho sustancial sobre las formalidades y a la decisión contenida en el acto administrativo dictado por El Gobierno Nacional, las bonificaciones del setenta por ciento (70%) y de ochenta por ciento (80%) para los otros 2000 y 2001 respectivamente son de pago obligatorio para los funcionarios contenidos en el supuesto de hecho del decreto (subraya fuera del texto).

Las partidas presupuestales requeridas para el cumplimiento de este propósito en efecto se dispusieron de conformidad con lo establecido en la Ley 482 de 1998, tal y como lo señaló el a quo, cumpliéndose la condición establecida en el Decreto 610 de 1998 para realizar los pagos de la bonificación por compensación.

La voluntad de acabar con una situación en la que existía una marcada desigualdad en lo que se refiere a los salarios de los servidores de la Rama Judicial se expresó, nuevamente, en el Decreto 1239 de 1998, que extendió los beneficios del Decreto 610 de 1998 a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Posteriormente, se expidió el Decreto 2668 de 1998, de conformidad con el cual los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados.

A partir de la derogatoria de régimen anterior, se promulgaron los decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 y 2726 de 2001, los cuales consagraban la bonificación por compensación de los servidores de la Rama Judicial en valores fijos, vigentes por cada una de las anualidades para las cuales se expidieron y a todas luces inferiores a los porcentajes presupuestados para los años de 1999, 2000, 2001 y siguientes, de conformidad con el entonces derogado Decreto 610 de 1998. Estos valores fueron cancelados por las entidades de la Rama Judicial de Poder Público a sus servidores, dentro de los que se incluye al actor en esta causa. Sin embargo, la situación cambió nuevamente, a partir de un fallo de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación.

II. De los efectos de la anulación del Decreto 2668 de 1998

En efecto, mediante providencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001), proferida dentro del proceso identificado con la radicación 395-99, cuyo accionante fue el ciudadano Pablo Julio Cáceres Corrales, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 2668 de 1998 al encontrar que el mismo adolecía de falsa motivación. Cabe hacer una breve mención al efecto que tiene la declaratoria de nulidad de los actos administrativos para proceder a señalar las implicaciones que la misma tiene en el caso sub examine.

En sentencia del seis (6) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), la Sección Primera del Consejo de Estado señaló que “… [l]a sentencia que decreta la nulidad de un acto administrativo, sea general o particular, tiene efectos hacia atrás, hasta el momento en que el acto anulado nació a la vida jurídica, de allí que se considere como regla general que, en tal caso, las cosas vuelven a su estado inicial, como si el acto no hubiere existido, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas, es decir, aquellas particulares cuyos respectivos actos ya no son susceptibles de impugnación jurisdiccional, ora por caducidad de la acción, ora por tratarse de cosa juzgada” (subraya fuera del texto). La doctrina también ha reconocido los efectos ex tunc de la anulación del acto administrativo. En efecto, el profesor Libardo Rodríguez señala en su tratado sobre Derecho Administrativo General Colombiano que “…La sentencia (de nulidad) produce efectos retroactivos lo cual quiere decir que se entiende que el acto no ha existido jamás”(2).

Quiere esto decir que la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, al operar retroactivamente, crea una ficción jurídica según la cual el mencionado acto administrativo no existió jamás, razón por la cual se presentan dos fenómenos íntimamente concatenados con esta anulación:

a. Los decretos 610 y 1239 de 1998 recobraron su vigencia.

En sentencia del once (11) de diciembre de dos mil tres (2003), con ponencia del consejero Evelio Suárez Suárez, esta corporación señaló que “… consecuencia del fallo de 25 de septiembre de 2001 recobraron vigencia los decretos 610 y 1238 de 1998, que establecieron un derecho económico laboral para determinados servidores de la rama judicial, el cual debe ser pagado por la dirección ejecutiva de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, por mandato del artículo 256, numeral 5º de la Constitución Política, de donde se deduce que ella está legitimada en la causa pasiva, vale decir, es la llamada por la ley para responder por lo pretendido” (subraya fuera del texto). En efecto, debe reconocerse que, al operar la nulidad del acto que derogó los mentados decretos el fenómeno que acaece es que los mismos se mantienen vigentes como si nunca hubieran sido excluidos del ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, debe decirse que una interpretación teleológica de estos decretos, según la cual el problema a resolver por los mismos era una situación de desigualdad entre los funcionarios de la Rama Judicial en lo que respecta al salario por ellos devengado, aunada a la hermenéutica del Consejo de Estado al respecto, conduciría a colegir que los derechos prestacionales que surgen del Decreto 610 de 1998, en su integralidad, se restablecen enteramente, como si jamás hubiera sido derogado el ordenamiento contentivo de los mismos.

b. El Decreto 664 de 1999 perdió su fuerza ejecutoria.

El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo regula los supuestos en los que un acto administrativo pierde fuerza ejecutoria. Si bien esta norma comienza por determinar que éstos “…serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo”, existen varios supuestos en los que los mismos dejan de ser ejecutables, uno de los cuales es el establecido en el numeral 2º ibídem, que se refiere a la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho del acto. Es el fenómeno conocido como decaimiento del acto administrativo. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha determinado que:

(...) La doctrina administrativa foránea, y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad, bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos, generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la figura jurídica del decaimiento del acto administrativo, o sea, la extinción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a) derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo, cuando dicha regla es condición indispensable para su vigencia; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países en donde ello existe; c) declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular; y d) desaparición de las circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta”(3) (subraya fuera del texto).

En semejante sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-069 de 1995, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, señaló que:

(...) Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza por señalar que “Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo”. La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 1 de 1984, parcialmente acusado.

(...).

De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general “salvo norma expresa en contrario”, y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo).

(...).

En cuanto hace relación al numeral 2º sobre pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo “cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”, igualmente demandado, es decir, cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base, o cuando las normas jurídicas sobre las cuales se fundaba, han desaparecido del ordenamiento jurídico, debe observarse en primer término, que esta causal en nada contraría el artículo 238 de la Constitución Política, pues este precepto se refiere a un tema completamente distinto, como lo es el de la suspensión provisional por parte de la jurisdicción contencioso administrativa con respecto a los actos de la administración (subraya fuera del texto).

En el sub lite se tiene que el Decreto 664 de 1999 fue promulgado con el propósito de regular la bonificación por compensación que, para el momento de expedición de este acto administrativo general, no existía al haberse derogado los decretos 610 y 1239 de 1998 por el Decreto 2668 de 1998. Empero, la declaratoria de nulidad de este último cuerpo normativo conlleva, no sólo la entrada en vigencia de los decretos derogados por el mismo sino, adicionalmente, la desaparición de las circunstancias fácticas y jurídicas que fundaron la expedición del acto en comento y de los decretos que regularon la bonificación por compensación anualmente con posterioridad al mismo. Esta posición ha sido recogida por el Consejo de Estado que, en providencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Evelio Suárez Suárez, aseveró que:

(…) el 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el 2668, como consecuencia de que el 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el 610 y 1239 no existía y por ello utilizó la expresión obvia de “créase”; entonces si el día anterior a la expedición del 664 la bonificación por compensación no existía, ello es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el 2668 y recobrar vigencia el 610 y 1239, ello determina que el día anterior estaban vigentes éstos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado 664, que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, se denomina “pérdida de fuerza ejecutoria”, fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está llamado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga (subraya fuera del texto).

III. Análisis del caso concreto

A partir de lo señalado hasta el momento debe señalarse, siguiendo la correcta interpretación que realizó en su momento el a quo, que el derecho a la bonificación que estableció el Decreto 610 de 1998 sigue en vigor y por tanto constituye un derecho adquirido y vigente para el demandante. Esto se confirma puesto que la expedición de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998 aprobatoria del Presupuesto Nacional para Ia vigencia fiscal de 1999 incluyó las partidas destinadas al pago especifico de Ia "bonificación" creada por el Decreto 610 de 1998, cumpliendo con el requisito legal establecido para la correcta asignación de los valores derivados de los porcentajes establecidos en el Decreto 610 como medida de compensación gradual. Como quiera que el Decreto 610 de 1.998 creó un derecho cierto e irrenunciable a favor de los destinatarios del mismo, su subrogación, a través del acto anulado, vulneró derechos subjetivos laborales, lo que conduce a reconocer que las pretensiones de la demanda sobre restablecimiento del derecho y las demás que le son concordantes han de prosperar. Esto es así en la medida en que los accionantes se desempeñaban como magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y durante su tiempo de servicio no percibieron íntegramente la prestación a la que tenía derecho. En efecto, debe tenerse en cuenta que, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación, la prestación creada por el Decreto 664 de 1999 no es distinta en su esencia a aquella que dimana del Decreto 610 de 1998 sino que es inferior en cantidad a ésta.

Habiéndose establecido la naturaleza cierta e irrenunciable de los derechos prestacionales establecidos a favor de los aquí demandantes en el Decreto 610 de 1998, resulta evidente que los mismos no podían legalmente someterse a transacción. Por otra parte, el desistimiento de un acto procesal por los aquí accionantes —alegado por la parte demandada— no impide un pronunciamiento sobre el derecho sustancial que se pretendía con éste a futuro. En efecto, según el inciso 3º del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil “… el desistimiento sólo impedirá que se ejerciten las mismas pretensiones por igual vía procesal, salvo que el demandante declare renunciar a ellas”.

Según la doctrina el desistimiento “… consiste en retirar la pretensión o pedido de protección jurídica con efecto consuntivo sobre la facultad ejercida” (Podetti, Ramiro, Teoría y Técnica del Proceso Civil, Ediar, S.A., Buenos Aires, 1963, Pág. 233). En igual sentido se expresó el profesor Ricardo Raimundin, en cuyo criterio “… el desistimiento de primera instancia pone las cosas en el estado que tenían antes de la demanda y no impide renovar el proceso en otra oportunidad” (Raimundin, Ricardo, Derecho Procesal Civil, Editorial Viracocha, Buenos Aires, 1956, Tomo I, Pág. 339). En suma, se trata de la renuncia a un derecho de carácter procesal. Este acto dispositivo no implica, en todo caso, un desinterés en el interés sustantivo que se encuentra detrás del mismo.

Ahora bien, es ostensible que la posibilidad de renunciar a la iniciación de acciones judiciales en procura de la bonificación por compensación contenida en el Decreto 610 de 1998, no puede predicarse de derechos ciertos e irrenunciables, como los que son objeto de reclamación por parte de los accionantes.

No se acogen, por ende, los argumentos contenidos en el memorial contentivo de la sustentación del recurso de alzada presentado por la parte accionada, en la medida en que la integralidad del Decreto 610 de 1998 contiene una prestación progresiva que debía alcanzar el equivalente al 80% del salario de los magistrados de las altas cortes para 2001 y en adelante. Adicionalmente, se tiene que las partidas presupuestales para cancelar la mentada bonificación por compensación efectivamente se dispusieron en la ley ordenadora del gasto de 1998, por lo que la condición suspensiva a la que se encontraba sujeto el pago de la prestación a la que se ha venido haciendo referencia se cumplió íntegramente. Finalmente, debe decirse que la dirección ejecutiva de administración judicial es, en efecto, un agente ejecutor del presupuesto, por lo que debe cumplir con las directrices prestacionales de ley. Es decir, debe ceñirse a lo establecido en los decretos 610 y 1239 de 1998.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los accionantes presentaron su primera solicitud de reconocimiento de la bonificación por compensación el día veinte (20) de diciembre de dos mil siete (2007) y recordando que los derechos laborales se encuentran sometidos a una prescripción de tres (3) años, debe decirse que sólo le asiste derecho a que se le reconozcan los valores adeudados desde el día veinte (20) de diciembre de dos mil cuatro (2004), de conformidad con lo establecido en el Decreto 610 de 1998, razón por la cual se revocará parcialmente el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima de 14 de enero de 2010 y, en su lugar, estese a lo resuelto en la sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

2. REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, CONDENAR a la Nación – Rama judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a los doctores Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, Luís Enrique González Trilleras, Germán Torres, Matías Augusto Ospitia Garzón yManuel Antonio Medina Varón, la diferencia entre el salario mensual por ellos devengado y el ochenta por ciento (80%) de lo percibido por todo concepto por los señores magistrados de las altas cortes, retroactivamente desde el veinte (20) de diciembre de dos mil cuatro (2004) y de allí en adelante.

3. CONFIRMAR los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima el día catorce (14) de enero de dos mil diez (2010).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

 

(1) Ley 4ª de 1992, art. 1º, lit. b)

(2) Rodríguez, Libardo, “Derecho Administrativo General Colombiano”, Decimosegunda Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, D.C., 2000, Pág. 234.

(3) Anales del Consejo de Estado. Tomo 124, 1991, 3er. Trimestre, la. Parte, pág. 503.