SENTENCIA 2008-00191/40597 DE MAYO 11 DE 2017

 

Sentencia 2008-00191 de mayo 11 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 200012331000200800191 01 (40597)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Jorge Velandia Quintero y otros.

Demandado: La Nación – Ministerio de Defesa Policía Nacional y Fiscalía General.

Proceso: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, por cuanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia(3), tal como fue entendida por esta Corporación, en auto de 9 de septiembre de 2008(4), la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta Corporación.

2. Caducidad de la acción

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(5).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad, por 9 meses y 2 días, del señor Jorge Velandia Quintero, quien estuvo privado de su libertad entre el 10 de mayo y el 13 de octubre de 2006, esta última fecha en la que se revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva –folios 170 al 174 C de pruebas-. El 21 de diciembre de 2006 con aplicación al principio de in dubio pro reo la Fiscalía profirió resolución de preclusión. Como consta en la providencia proferida por la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar —folios 229 a 240 C de pruebas— De manera que, como la demanda se presentó el 9 de julio de 2008, se colige que lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del C.C.A.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar el daño antijurídico sufrido por el señor Jorge Velandia Quintero, consistente en la pérdida de su libertad no obstante la preclusión a su favor. Debe en consecuencia la Sala establecido el daño antijurídico decidir si el Estado se encuentra obligado a reparar, en el entendido que no se pronunciará sobre la responsabilidad de la Policía Nacional porque fue absuelta y la apelación de la Fiscalía no comprende esa absolución.

4. Análisis del caso

4.1. De la legitimación por activa

4.1.1. Obra en el plenario registro civil de nacimiento del señor Jorge Velandia Quintero así como el de los señores María Paulina y Luis Jorge Velandia Quintero, de los que se colige la legitimación por activa para acudir al asunto de la referencia en calidad de hermanos —folios 12, 44 y 45 cuaderno principal del Tribunal Administrativo—.

4.1.2. Obra, también, registro civil de nacimiento de Jecika Andrea Velandia León, Jorge Leonardo Velandia León y Yulieth Paola Velandia León, hijos del señor Jorge Velandia Quintero y la señora Juana Bautista León Molina —folios 13, 15 y 16 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo—

4.1.3. Así mismo obra registro civil de nacimiento de Jorge Luis Velandia Jiménez, hijo de Jorge Velandia Quintero y Emilse Jiménez Lascarro –folio 14 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo-.

4.1.4. Obra registro civil de matrimonio del que se colige la legitimación por activa de la señora Juana Bautista León Molina para actuar en calidad de cónyuge del señor Jorge Velandia Quintero —folio 43 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo—.

4.1.6. Auto proferido por la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar el 13 de octubre de 2006 que resolvió.

"Primero. Revocar la detención preventiva que pesa en este proceso en contra de Jorge Velandia Quintero, en consecuencia se deberá dejar en libertad inmediata al mismo, previa suscripción del acta de compromiso correspondiente. Líbrese la boleta de la libertad del caso, para todos los efectos legales.

Segundo. Evacuar inmediatamente la prueba ordenada en la parte motiva de este proveído.

Tercero. De conformidad a lo previsto por el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, se informa que contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación” —folios 170 a 174 del cuaderno de pruebas—.

Así mismo obra la providencia de la misma Fiscalía del 21 de diciembre del mismo año que resolvió: “(...) Segundo: Proferir resolución de preclusión de la instrucción a favor de Jorge Velandia Quintero, por los delitos antes relacionados, en consecuencia una vez en firme este proveído deberán realizarse las anotaciones correspondiente en el libro radicador y en la Sijuf, respectivamente” —folios 229 al 240 cuaderno de pruebas—

4.2. Hechos probados

4.2.1. Está probado en el plenario que el señor Jorge Velandia Quintero fue capturado el 10 de mayo de 2006 y dejado a disposición de la Fiscalía Décima Seccional, por el punible de hurto calificado y agravado y secuestro en virtud de la orden de captura n.° 0705979 emitida el 9 de mayo del mismo año por el Fiscal Décimo Seccional de Valledupar (Cesar) –folios 33 y 34 C de pruebas. Orden de captura formulada como consecuencia de la denuncia instaurada por los señores Antonio Tarazona y Miguel Eduardo Martínez Andrade y posterior declaración rendida por el señor Rafael Ariño, por hechos acaecidos el 13 de marzo de 2006.

El señor Antonio Tarazona —denunciante— expresó:

El día sábado se nos acercó un sujeto frente al Hotel DAY, buscando dos carros para transportar ganado de Mariangola a Bucaramanga, para realizarlo el día de hoy lunes, como yo tengo el camión para cargar ganado negociamos los fletes, éste señor dijo llamarse José Gómez, quien nos confirmó el día domingo del viaje que no le fuéramos a quedar mal, quedamos de vernos a las 5:00 de la mañana el día de hoy frente a la Policía de Mariangola, así fue a esa hora estuvo el señor esperándonos, lo saludamos y seguimos por una trocha adentro, nos dijo que la finca quedaba a unos 15 minutos, al llegar a la entrada de una finca, una entrada muy angosta, paramos para poder entrar y en esos momentos nos llegaron seis tipos armados y nos quitaron los carros, llevándonos hacía el interior del monte manifestando que nos iban a matar, nosotros quedamos vigilados por tres tipos armados, hasta las cinco de la tarde del día de hoy, amenazándonos y dándonos un plazo de una hora para poder salir a la carretera, de allí salimos a la Policía de Mariangola para denunciar el hecho, llegamos a eso de las siete a siete y media de la noche a la estación de policía donde informamos lo sucedido (…). PREGUNTADO: Diga al despacho que armas utilizaron los sujetos y que aspectos tenían. CONTESTÓ: Todos tenían revólveres, eran de aspectos como militares, tenía buen corte y afeitados. PREGUNTADO: Sírvase dar los datos del vehículo hurtado. CONTESTÓ: Clase camión, marca DODGE 600, modelo 1970, color Rojo, carrocería de estacas, Placas XKB-787, MOTOR Nro. XKB-787 regrabado, CHASIS Y SERIE Nro. D61FK0N-107897, de propiedad de MARÍA EUGENIA TARAZONA SAAVEDRA, mi hermana. PREGUNTADO: Diga si el carro se encuentra asegurado contra hurto. CONTESTÓ: No. (…) PREGUNTADO: Diga al despacho si observó alguna finca cerca donde ocurrió el hecho y que nombre tiene o como se puede identificar. CONTESTÓ: Nosotros preguntamos después de lo que pasó a un muchacho y nos dijo que la finca se llama DESEO, cuando nos quitaron los carros ya habíamos ingresado a la finca por un portón, la casa no se veía (…). PREGUNTADO: Diga al despacho que otros elementos le fueron hurtados. CONTESTÓ: La suma de $1´300.000 en efectivo, tres celulares, dos Samsung Slim y un Nokia, los documentos del vehículo.

Así mismo, el señor Miguel Eduardo Martínez Andrade —denunciante— expresó:

“(…) el día sábado en horas de la tarde me llamó mi compañero RAFAEL TARAZONA, manifestándome que tenía un viaje, que si lo quería acompañar a Bucaramanga, le dije que sí y que el flete valía $700.000, me dijo que para el día lunes, nos encontrábamos en el cruce de Bosconía para irnos a cargar, efectivamente nos fuimos juntos para Mariangola, así fue como llegamos a las 5:00 horas, frente a la Estación de Policía y estaba el señor esperándonos, lo saludamos y se subió en mi carro, seguimos por una trocha adentro, nos dijo que la finca quedaba a unos 15 minutos, al llegar a la entrada de una finca, una entrada muy angosta, paramos para poder entrar y en esos momentos nos llegaron seis tipos armados y nos quitaron los carros llevándonos hacía el interior del monte manifestando que nos iban a matar, nosotros quedamos vigilados por tres tipos armados, hasta las cinco de la tarde del día de hoy, amenazándonos y dándonos un plazo de una hora para poder salir a la carretera, de allí salimos a la Policía de Mariangola para denunciar el hecho, llegamos a eso de las siete siete y media de la noche a la estación de Policía donde informamos lo sucedido. (…) PREGUNTADO: Sírvase dar los datos del vehículo hurtado. CONTESTÓ: Clase camión, Marca FORD 600, modelo 1954, color Rojo y Blanco, carrocería de estacas, Placas IZE-694, MOTOR FE6121625b, chasis y serie Nro. F60V4E24345 regrabado, de mi propiedad. PREGUNTADO: Diga al despacho si el vehículo se encuentra asegurado contra hurto. CONTESTÓ: No.

(…) PREGUNTADO: Diga al despacho que otros elementos le fueron hurtados. CONTESTÓ: La suma de $300.000 en efectivo, dos celulares Nokia 1100 y 3121, los documentos del vehículo”.

4.2.2. Se sabe que el informe n.° 0400 de 8 de mayo de 2006 rendido por el SI. Calpa Zambrano William Henry, Jefe del Grupo de Automotores de la SIJIN dentro de las diligencias previas radicadas bajo el n.° 176646, acorde con el cual deja a disposición autopartes halladas de los camiones hurtados, sirvió como base para que la Fiscalía Décima Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito –Unidad de Delitos contra el Patrimonio-, dictara resolución de apertura de instrucción el día 9 de mayo de 2006, en contra de los señores Luis Carlos Lagos, Nefer Carrillo y JORGE VELANDIA QUINTERO, por los delitos de Hurto Calificado Agravado y Secuestro Simple, toda vez que, de conformidad con el informe en mención, son los autores del hurto de los vehículos de propiedad de los señores Rafael Antonio Tarazona Saavedra y Miguel Eduardo Martínez Andrade, de placas IZE-694 y XKB-787, cuyas autopartes fueron recuperadas por miembros de la Policía del municipio de Uribia (La Guajira), igualmente por la retención de los conductores por más de catorce horas. También da cuenta que al señor Rafael Ariño Moya le fue cancelado un valor de doscientos cincuenta mil pesos, por trasladar uno de los camiones hurtados —sin conocimiento que eran hurtados— al municipio de Uribia el día 13 de marzo de 2006, lugar y fecha en donde le recibió un señor apodado HUGO, a quien reconoce por material fotográfico en el que aparece el señor Jorge Velandia Quintero —folios 20 al 22 C1 de pruebas—.

En el informe que rindió el SI. Calpa Zambrano indicó:

“Según labores adelantadas por parte del personal del grupo de Automotores de la Seccional de Policía Judicial Cesar, se logró establecer que el camión de placas XKB 767, marca DODGE 600 de color rojo, tipo estaca, modelo 1970 le fue entregado el día 13-03-2006 a las 11:00 am (...) por parte del señor Nefer Carrillo al señor Rafael Francisco Ariño Moya (...) manifestándole que lo trasladara hasta el Municipio de Uribia Guajira, cancelando por éste traslado la suma de doscientos cincuenta mil pesos ante lo cual el señor Rafael Ariño procedió sin inconveniente toda vez que conocía a Nefer Carrillo desde hace ocho años, trasladando los dos el vehículo en mención hasta una ranchería llamada Kaiwa ubicada distante a cien metros a mano izquierda de la vía principal, en el kilómetro 104 en la vía que del Municipio de Uribia conduce a Puerto Bolívar, donde lo recibió un sujeto apodado HUGO, a quien se logró identificar como JORGE VELANDIA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 91.343.459 expedida en Piedecuesta Santander, 40 años de edad, natural de Piedecuesta nacido el 08-04-1966, residente en la Manzana M casa 5 en Valledupar (...) de ocupación mecánico de quien anexo fotografía, identificado por el señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO. El vehículo de placas IZE -694, marca Ford 600 color rojo y blanco, tipo estaca, fue trasladado hasta el mismo sitio, siendo conducido por un señor de nombre JORGE en compañía de un hermano suyo del cual hasta el momento se desconoce su nombre, residentes en el barrio Bosconía quienes tenían conocimiento del ilícito; entregándoselo igualmente a Jorge Velandia, alías “HUGO”. Según nos manifestó el señor Rafael Ariño los sujetos que tuvieron secuestrados por más de doce horas a los señores RAFAEL TARAZONA y MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANDRADE y que practicaban ruleta rusa con ellos, se les conoce con el alias de JOSÉ ZAFIRO, el cual es administrador del establecimiento de razón social ZAFIRO, ubicado en la ciudad de Valledupar, en la avenida Fundación con carrera 24 y alias FITO quien fue el encargado de esperar los camiones el día 13-03-2006 a las 5:30 horas, al frente de la estación de Policía Mariangola, conduciéndolos hasta la trocha, con la excusa de mostrarle la finca donde iban a embarcar el Ganado. También se tuvo conocimiento del señor LUIS CARLOS LAGOS, el cual fue el responsable de coordinar desde el día sábado 11-03-2006 el viaje de los vehículos hacía el Municipio de Mariangola. Alias TOÑO PINTO, el cual recibió en la ciudad de Valledupar quince llantas marca radial sellomaticas referencia 12R/22.5 con sus respectivos rines, las cuales pertenecen a los camiones hurtados.

4.2.3. Obra en el plenario Declaración Jurada en diligencia de ampliación de denuncia del día 7 de mayo de 2006, que rindió el señor Miguel Eduardo Martínez Andrade —denunciante-folios 25 al 27 C1 de pruebas—.

PREGUNTADO: Diga si se ratifica en la denuncia formulada el 13 de marzo del año en curso y si tiene algo nuevo que agregar al mismo. CONTESTÓ: si me ratifico, nuevo que agregar que por información de una persona desconocida que nos suministró los datos por escrito pudimos dar con el lugar donde se encontraba lo que quedó de los vehículos que nos hurtaron, ya unas autopartes, fue así que nos dirigimos al Municipio de Uribia en la Guajira y llegamos al sitio según la información suministrada y encontramos las partes del vehículo en la ranchería CAIGUA, posteriormente esas autopartes las movilizamos hasta el municipio de Uribia, donde conseguimos dos camiones que nos trasportaron esto hasta Bosconia, todas estas diligencias las hicimos en compañía de los miembros de la SIJIN CALPA y OROZCO (…). Dentro de la investigación se logró establecer que el señor CHICO ARIÑO tenía algo que ver en esto, ya que en varias ocasiones que conversé con él me daba diferentes opiniones cuando nos llegó el recibo del teléfono del señor RAFAEL TARAZONA celular No. 3156482271 hurtado junto con los camiones, vimos que de este celular le hicieron varias llamadas a CHICO ARIÑO después del hurto, contestando unas en la zona del Cesar y otras en La Guajira, de ahí se le preguntó y negaba, entonces llamé a la SIJIN para que me colaboraran inmediatamente acudieron a mi llamado, llevamos a CHICO ARIÑO a la central de Policía estando allí confirmó que a él lo habían llamado por teléfono el señor LUIS CARLOS LAGOS para llevar ese vehículo hasta la Guajira, que le dieron la suma de cien mil pesos en el momento que recibió el vehículo y posteriormente le dieron ciento cincuenta mil pesos más, él afirma que los vehículos los estaba esperando el señor JORGE VELANDIA QUINTERO, quien se le conoce con el alias de “HUGO” y lo señala de ser el autor del hecho y lo reconoció en fotografía que le presentó la Policía. También supimos que el resto de autopartes fueron trasladadas en camiones saleros desde Uribia hasta Valledupar, los que transportaron las autopartes son FRANCO y el NENE en dos camiones, ARIÑO dijo que en BOSCONIA hay dos hermanos que iban conduciendo los vehículos cuando él los recibió, uno de nombre JORGE que no tiene más datos de ellos pero que puede identificarlos o reconocerlos porque anduvo con ellos hasta la entrega de los camiones o sea que fueron compañeros de viaje (...). También nos informó que el sujeto que nos estuvo esperando frente a la Policía en Mariangola para llevarnos a la supuesta finca le dicen FITO y un JOSÉ que vive acá en Valledupar y tiene un negocio ZAFIRO de bebidas de trago, están entre los que se quedaron con nosotros el día de los hechos en Bosconia. PREGUNTADO: Diga por qué razón le preguntaba usted a CHICO ARIÑO por el hurto de los camiones. CONTESTÓ: porque mi hermano JUAN CARLOS MARTÍNEZ estaba en el cruce de Bosconia Cesar, cuando vio al señor ARIÑO conduciendo una buseta de servicio intermunicipal lo saludó y le preguntó por mí, mi hermano le contestó MIGUEL por ahí anda jodido porque le robaron el camión, CHICO se sorprendió y dijo un camión Rojo, mi hermano le dijo que sí, y él le dijo hablamos, mi hermano corrió hacia él y le dijo regáleme su número celular para llamarlo, él se lo dio y ahí en adelante comenzamos a hablar y él le daba unas informaciones y luego otras, el número de celular de CHICO ARIÑO es 3114089475 y también aparece con las llamadas (...) el día del hurto (...).

4.2.4. El día 9 de mayo de 2006 el señor Rafael Antonio Tarazona, también rindió diligencia de ampliación de denuncia en declaración jurada en la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penal del Circuito de Valledupar, en la cual expresó —folios 28 y 29 C1 de pruebas—:

PREGUNTADO: Dígale al despacho qué nuevos hechos tiene usted con respecto al hurto del vehículo de su propiedad, cuyos hechos tuvieron ocurrencia en jurisdicción del Corregimiento de Mariangola el día 13 de marzo del presente año. CONTESTÓ: con la ayuda de la SIJIN y con averiguaciones que ellos tuvieron y nosotros con la ayuda de la gente del gremio de conductores, nos condujeron hasta el municipio de Uribia, Guajira, donde supuestamente hasta allí se habían llevado los carros, allá averiguando y unas pesquisas con los miembros de la SIJIN, dimos con unas partes como fueron las dos cabinas de los carros, una de ellas quemada, los dos chasis, un motor de uno de los carros y dos troques o ejes. Días después estando en Bosconia, el señor MIGUEL MARTÍNEZ se encontró a CHICO ARIÑO y él nos comentó que sabía quién había conducido uno de los carros, el mío específicamente, de ahí comenzamos las sospechas con él, confirmándolo posteriormente con su recibo de teléfono celular mío que se habían hurtado, estableciéndose que de ese número salieron varias llamas al teléfono celular de CHICO ARIÑO el mismo día en la mañana cuando nosotros nos encontrábamos secuestrados, ya que la retención que nos hicieron fue como a las 5:30 de la mañana, soltándonos como a las 7:30 de la noche, es decir que nos retuvieron por casi catorce horas, esta información se la suministramos a los de la SIJIN constatando ellos que ese era el número de CHICO ARIÑO, ya que el señor Miguel lo tenía porque él mismo se lo había suministrado. El CHICO ARIÑO le dijo a la SIJIN el nombre de la persona que lo contrató para que trasladara el carro desde Mariangola hasta Uribia y los demás participantes del secuestro y hurto de los vehículos, toda esa información la tiene la SIJIN (…)”

4.2.5. A su vez se conoce que el señor Rafael Francisco Ariño, rindió declaración en la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penal del Circuito de Valledupar, en la que señaló –folios 31 y 32 C1 de pruebas-:

(...) PREGUNTADO: Diga si usted preguntó la procedencia del automotor y solicitó los documentos del mismo. CONTESTADO. Sí yo pregunté me dijeron que los iban a llevar para cargar sal y los documentos que me entregaron estaban en regla, yo llevé el carro y conmigo iba NEFER CARRIILLO y LUIS CARLOS LAGOS iba en un taxi atrás, llegamos a una ranchería después de Uribia, ahí los dos carros los recibió un señor llamado HUGO no sé el apellido, le dicen HUGO NEVADA, de ahí yo me regresé. PREGUNTADO: Diga si usted sabe el nombre de la persona que condujo el otro vehículo. CONTESTADO: Él se llama JORGE y no recuerdo el apellido (...) PREGUNTADO: Diga a qué hora recibieron los vehículos en esta ciudad y a qué hora los entregaron en Uribia. CONTESTADO: El carro lo recibí tipo 10:30 a 11:00 de la mañana y se entregaron a las 5:00 y 5:30 de la tarde en Uribia. PREGUNTADO: Diga si usted sostuvo alguna conversación con un hermano de MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ sobre el hurto de los vehículos, en caso positivo cuando y sobre qué. CONTESTADO: Él me preguntó por el hurto de unos carros y yo le dije que no sabía (...) PREGUNTADO: Diga si usted tiene teléfono celular, en caso positivo cual es el número. CONTESTADO: Si tengo, es 311-4089475.PREGUNTADO: Diga si usted recibió llamadas a ese teléfono el día 13 de marzo, con relación al vehículo que iba a llevar a Uribia en caso positivo quien lo llamó y a qué hora. CONSTESTADO: a mí me llamó LUIS CARLOS LAGOS de un teléfono celular, que me enteré anoche porque el de la SIJIN me dijo que era del conductor del vehículo hurtado.

Luego de hacer una descripción de los supuestos implicados, se le preguntó por alias “Hugo”.

“PREGUNTADO: Diga cómo es HUGO y si usted lo conocía con anterioridad, en caso positivo en que actividad. CONTESTADO: HUGO es moreno, como de 1.80 de estatura aproximadamente, yo lo conocí cuando recibió los carros, antes no lo había visto. PREGUNTADO: Diga si usted reconoció a HUGO en caso positivo porqué medio y a donde. CONSTESTADO: Yo lo conocí anoche en las instalaciones de la SIJIN, me lo mostraron en una foto de un álbum y yo lo señalé.

(…) PREGUNTADO: diga si con su experiencia como conductor no le llamó la atención el contrato que le estaban haciendo para conducir el vehículo y no sospechó que se podía tratar de producto de un hurto. CONSTESTADO: No, yo pensé que era un negocio normal, inicialmente a mí me entregaron cincuenta mil pesos que era lo que legalmente valía, como a los dos días me dijeron que cien mil pesos más y después los otros cien mil pesos. PREGUNTADO: Diga porque razón cuando le dieron los cien mil pesos y después otros cien mil y con la noticia que tenía de que los vehículos eran hurtados usted no acudió a la policía a denunciar el hecho. CONTESTADO: a mí me amenazaron de que si abría la boca, procedían con mi familia o conmigo, y yo me decidí a hablar porque me enteré que el carro era de MIGUEL MARTÍNEZ y él es amigo mío (…).”

4.2.6. Se sabe que el señor Jorge Velandia Quintero rindió indagatoria ante la Fiscalía Décima —fl. 40 y 41 C de pruebas—.

El indagado expresó:

(...) PREGUNTADO: Diga donde se encontraba usted el día 13 de marzo del año en curso, si se acuerda, y quien puede confirmar su información. CONTESTADO: No me acuerdo, si es entre semana debí estar trabajando. PREGUNTADO: Como se explica usted que el señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA lo ha señalado a usted como la persona que él conoce como HUGO, lo haya reconocido en fotografía manifestando que usted fue la persona que le recibió un camión en el Municipio de Uribia, el cual él iba conduciendo al igual que otro camión, los cuales eran producto de un hurto. CONSTESTADO: No sé quien es ese señor y no sé porque me está implicando en eso. PREGUNTADO: Se le investiga a usted por el presunto delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO que definen los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal, toda vez que usted ha sido señalado como la persona que contrató a ARIÑO MOYA para que recibiera en esta ciudad dos camiones que habían sido hurtados en Mariangola y los recibió en el municipio de Uribia, Guajira (...) que tiene que decir sobre estos cargos que se le imputan. CONTESTADO: Señora, vuelvo y le digo que no se quien es ese señor y no sé porqué me sindica de esos hechos. PREGUNTADO: igualmente se le sindica a usted por el delito de SECUESTRO SIMPLE que define el artículo 368, toda vez que los señores TARAZONA Y MARTÍNEZ fueron retenidos por más de doce horas en lugar despoblado. (...) CONSTESTADO: Que yo desconozco eso que me endilgan, yo nunca he estado en esas cosas, yo soy una persona trabajadora, trabajo en un taller que queda por el Comando de la Policía, y puedo dar testimonio sobre mi persona, mis ayudantes ALEX SALCEDO (...), CARLOS GARCÍA también trabajan conmigo (...).

4.2.7. Se conoce que el 17 de mayo de 2006, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar definió la situación jurídica, entre otros, del señor Jorge Velandia Quintero con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva por el delito de Hurto Calificado y Agravado y Secuestro Simple con fundamento en las denuncias, ampliaciones de las mismas, con el informe de policía acorde con el cual puso a disposición las autopartes recuperadas de los camiones, con el estudio técnico practicado a las mismas y con la declaración del señor Ariño Moya —folios 49 al 53 C1 de pruebas—

La Fiscalía da plena credibilidad a la versión rendida por Ariño Moya por lo que en argumentos de su decisión expone:

“Se ha demostrado en las sumarias que aproximadamente a las cinco de la mañana del día lunes trece de marzo del año que avanza en área rural del Corregimiento de Mariangola los señores RAFAEL ANTONIO TARAZONA y MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANDRADE fueron despojados de sus vehículos camiones y teléfonos celulares, por seis hombres armados quienes los sorprendieron en una trocha por donde se desplazaban supuestamente a cargar unos semovientes que iban a transportar hasta la ciudad de Bucaramanga, estos los intimidaron y amenazaron, los retuvieron todo el día, siendo custodiados por tres personas armadas.

(…) tenemos entonces que no podemos aceptar las explicaciones de los incriminados cuando niegan su participación en los hechos y no aceptan los cargos, porque fueron sindicados por RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA, que fue una de las personas que condujo los rodantes hurtados hasta el Municipio de Uribia en La Guajira, el día de los hechos, apenas unas horas después de cometida la conducta punible, le otorgamos credibilidad en su incriminación, toda vez, que conoció que había conducido unos de los rodantes, en consecuencia pudo ver y observar, y por ende reconocer a quien se lo entregó y además a quien lo recibió en el sitio acordado para la entrega”.

No podemos aceptar la negativa de los encartados por cuanto, fueron reconocidos por ARIÑO MOYA, a NEFER CARRILLO no solamente lo conoce por ser sobrino de la persona que lo contrató (LUIS CARLOS LAGOS), quien además es su vecino, sino que conoce de sus actividades en Venezuela, como este las relata en su injurada, sino que incluso conoce las heridas que éste presenta en el pie, igualmente descrita por CARRILLO FUENTES en su diligencia de descargos.

En cuanto a JORGE VELANDIA QUINTERO, si bien ARIÑO MOYA lo identifica como HUGO NEVADA, indicando que fue la persona que recibió los vehículos en La Guajira, lo reconoce en la fotografía aportada por la Policía a esta investigación.

En cuanto al delito de secuestro simple sabemos que los ofendidos fueron retenidos desde las cinco de la mañana hasta las últimas horas de esa tarde, lo que constituye un delito contra la libertad personal, conducta punible que se comprueba con las denuncias y las ampliaciones donde tanto TARAZONA SAAVEDRA como MARTÍNEZ ANDRADE relatan como los obligaron a permanecer en el monte mientras los custodiaban con armas de fuego y los amenazaban, para finalmente dejarlos solos, logrando llegar hasta la Policía de Mariangola.

Así las cosas existen los medios probatorios ya indicados que demuestran que la conducta punible que se investiga de HURTO CALIFICADO AGRAVADO Y SECUESTRO SIMPLE ocurrieron, de otro lado, de la misma manera que NEFER CARRILO FUENTES y JORGE VELANDIA QUINTERO las cometieron en consecuencia, lo procedente es imponer medida de aseguramiento en su contra, ordenando además que no tiene derecho a disfrutar de libertad, por lo tanto, se librará la correspondiente orden de captura.

RESUELVE: PRIMERO: Imponer medida de aseguramiento de DETENCIÓN a NEFER CARRILLO FUENTES y JORGE VELANDIA QUINTERO, por el delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO y SECUESTRO SIMPE por lo expuesto en las motivaciones. SEGUNDO: Líbrese la orden de encarcelamiento en contra de NEFER CARRILLO FUENTES y JORGE VELANDIA QUINTERO. Líbrense las comunicaciones a que hubiere lugar. TERCERO: Practíquese las pruebas ordenadas. CUARTO: Infórmese a los sujetos procesales que contra esta resolución procede el recurso horizontal de reposición y el vertical de apelación. QUINTO: Como el delito de Secuestro Simple es de competencia de los jueces Especializados, en firme esta decisión, remítase este proceso a la Unidad de Fiscalía Especializada, a través de la Oficina de Asignaciones, a quienes se les pondrá a disposición a los detenidos”.

4.2.8. Se conoce que, mediante oficio n.° 0531 de 26 de junio de 2006, acorde con el cual se realizó misión de trabajo consiste en “identificar e individualizar plenamente a los sujetos conocidos con los alias de fito y toño pinto”, llevada a cabo por el patrullero José Luis Orozco Delgado y el Mayor Henry Cortes Aponte, Jefe de Seccional de Policía Judicial e Investigación, el primero de los nombrados refirió el dialogo sostenido con el señor Rafael Francisco Ariño y da cuenta que el mismo no tiene certeza sobre que alias HUGO NEVADA, se trate efectivamente del señor Jorge Quintero Velandia por lo que sugiere que sea escuchado nuevamente, sobre el señalamiento —folio 76 C de pruebas—:

“(…) una vez recibida la presente misión de trabajo, esta Unidad Investigativa adelantó labores tendientes a lograr el objetivo (…) fue así como se pudo establecer que Alias Toño Pinto responde al nombre de Agustín Antonio Pinto Almenarez (…) en relación al sujeto Alias Fito, aún no se ha podido establecer su identidad.

Igualmente en relación al oficio nro. 0400 del 08-05-2006, donde se deja a su disposición unas autopartes y se relaciona el nombre del señor JORGE VELANDIA QUINTERO como alias HUGO NEVADA, informo a su despacho que mediante dialogo sostenido con el señor Rafael Francisco Ariño Moya (…) éste manifiesta que no tiene certeza que alias HUGO NEVADA, se trate efectivamente del señor JORGE VELANDIA QUINTERO en este orden de ideas y teniendo en cuenta que el señor RAFAEL ARIÑO fue quien nos señaló a éste sujeto como alias HUGO NEVADA muy respetuosamente sugiero a ese despacho se escuche nuevamente a RAFAEL ARIÑO a fin de que se ratifique en cuanto al señalamiento que inicialmente hizo”.

4.2.9. Se sabe que, mediante proveído de 28 de junio de 2006, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de JORGE VELANDIA, quien solicitó que se revocara la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, toda vez que el testigo Ariño Moya manifestó al patrullero José Luis Orozco Delgado, no tener certeza sobre que JORGE VELANDIA fuera HUGO, lo que quedó probado en el oficio 0531 suscrito por el patrullero antes nombrado. El Fiscal decidió no acceder a la petición de la defensa en consecuencia no repuso la resolución y no revocó la medida de aseguramiento de detención impuesta contra Velandia Quintero —folios 79 al 82—.

4.2.10. Se sabe que el patrullero José Luis Orozco Delgado, en declaración jurada, expresó que, de acuerdo a la orden de trabajo que adelantó para individualizar a los sujetos, dentro de las diligencias, dialogó con Rafael Francisco Ariño, quien indicó en ese momento que no tenía certeza de que JORGE VELANDIA se tratara de la persona apodada HUGO NEVADA –folios 97 y 98-.

“Primero que todo me mandaron una orden de trabajo para individualizar a dos sujetos involucrados supuestamente en el hurto de dos camiones, de los cuales logré identificar a uno de ellos, apodado TOÑO PINTO, el nombre es AGUSTIN ANTONIO PINTO ALMENARES, dentro de esas diligencias dialogué con el señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO quien nos suministró o más bien nos señaló a un sujeto que al parecer había participado en el mismo hecho. En esta ocasión el señor Rafael Francisco me manifiesta ahora, que no tiene certeza de que efectivamente ese señor, a quien nos había señalado (JORGE VELANDIA), se tratara del sujeto verdaderamente implicado, a quien apoda HUGO NEVADA. (...).

PREGUNTADO: Diga como tuvo conocimiento usted de lo anterior. CONTESTADO: mediante labores investigativas se pudo establecer que el señor RAFAEL FRANCISCO había tenido conocimiento de estos hechos, al dialogar con él para la fecha o para principio del mes del mayo aproximadamente, fue cuando señaló a JORGE VELANDIA como HUGO NEVADA, pero posteriormente, manifiesta no estar seguro de que se tratara de la misma persona. PREGUNTADO Diga que otro uniformado participaron (SIC) en el operativo que puedan dar fe de lo anterior. CONSTESTADO: En esa diligencia participó además el señor Subteniente CALPA ZAMBRANO WILLIAM quien se encuentra laborando en el municipio de Curumaní Cesar y que por motivos de orden público no pudo asistir el día de hoy a su despacho, él iba a venir pero no pudo por el 7 de agosto, nada más. PREGUNTADO: Diga si se ratifica del contenido del informe 0400 del 8 de mayo del año en curso. CONTESTADO: si me ratifico bajo la gravedad del juramento. PREGUNTADO: Diga si contra las otras personas que fueron individualizadas e identificadas en los distintos informes policivos, existe certeza sobre su participación en los delitos investigados. CONSTESTADO: Sí me ratifico sobre el señor Nefer Carrillo, sí se pudo establecer que efectivamente participó en el hecho, el señor apodado TOÑO PINTO al parecer compró las llantas de los camiones hurtados, siendo este individualizado posteriormente e identificado como AGUSTÍN ANTONIO PINTO ALAMENARES, sobre el sujeto alias FITO no se ha tenido datos para poderlo individualizar e identificar y el señor LUIS CARLOS LAGOS tampoco ha sido posible su ubicación (…)”

4.2.11. El día 16 de agosto de 2006, se escuchó en declaración al señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA. Señaló el testigo que, en principio, creyó reconocer al señor Jorge Velandia Quintero como HUGO, por cuanto la SIJIN le mostró un material fotográfico a blanco y negro que no permitía determinar con claridad la persona de quién se trataba. Duda que disipó cuando, en las instalaciones del Comando de Policía, pudo observar al antes nombrado y así mismo concluir que los rasgos físicos no coincidían con los del sujeto conocido como Hugo –folios104 y 105 C1 de pruebas-.

Como quiera que el testigo en su primera declaración reconoció, que el demandante era el responsable del delito que se investigaba, sin dubitación y, sin formular objeciones sobre el material que se le suministró para identificar al responsable de retener el camión que se trataba de “Hugo” para luego cambiar su versión, la Sala compulsará copias a la Fiscalía para lo de su cargo.

Sostuvo el testigo:

“PREGUNTADO: indique a la Fiscalía si usted conocía con anterioridad al señor JORGE VELANDIA, en caso afirmativo donde y desde cuándo. CONTESTÓ: Nunca lo he visto y nunca lo he conocido. PREGUNTADO: Describa usted cuales son las características de HUGO o HUGO NEVADA, y cuánto duró la entrega del automotor. CONTESTÓ: Es un señor alto como de 1.79 y 1.80 de alto, de 90 kilos aproximadamente, es moreno, pelo chino, el apellido de él es HUGO TORRES, él es costeño, yo lo vi una sola vez en Uribia, la entrega duró como 15 minutos. PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato amplio y detallado de todas las circunstancias en que usted se enteró que los camiones que llevó a Uribia La Guajira eran hurtados. CONTESTÓ: Yo me enteré porque el dueño del carro es amigo mío, entonces él me comentó que el carro se lo habían robado, yo le dije que ese carro lo llevé yo de Valledupar a Uribia, allá lo recibió un tal HUGO, entonces los de la SIJIN me enviaron para la Central de Policía al Departamento de Policía me mostraron una foto a blanco y negro del señor HUGO entonces yo dije que esa era la foto, después me mostraron al señor HUGO en persona y le dije que ese no era, ósea que es el señor que está preso injustamente por el tal HUGO que es HUGO TORRES, HUGO TORRES es más alto que él y este señor no tiene nada que ver con eso. PREGUNTADO: entonces por qué cree usted que los miembros de la SIJIN con base a unas supuestas informaciones que usted suministró identifican a HUGO NEVADA como JORGE VELANDIA QUINTERO. CONTESTÓ: porque la foto que me mostró la SIJIN era la fotocopia de una foto a blanco y negro, no estaba muy clara, y yo les dije que ese era él. PREGUNTADO: explique cómo se llevó a cabo ese reconocimiento fotográfico del que usted nos habla. CONSTESTÓ: Ellos me llevaron a la Central de Policía aproximadamente a las 11 de la noche, no recuerdo la fecha pero fue en este año, pero el mes tampoco lo recuerdo, me mostraron la foto a blanco y negro, y yo dije que era él, pero vuelvo y le repito me mostraron a HUGO personalmente eso fue como a las 2 horas que vi la foto y lo vi en persona y le dije que él no era, estaban presente los de la Sijin y yo, estábamos los cuatro estaba HUGO y los de la Sijin que no era HUGO. PREGUNTADO: diga si usted ha sido obligado o coaccionado bajo cualquier forma para rendir esta declaración. CONTESTÓ: No, a mí me pasaron una notificación del Juzgado, para que me presentara el día 16 de agosto y yo vine por mis propios medios a cumplir la cita. PREGUNTADO: Diga si se ratifica de la declaración rendida el 9 de abril del 2006 ante la Fiscalía Décima Seccional de esta Ciudad. En este estado de la diligencia se le pone de presente, para que proceda a leer la misma. El Declarante se pone a leer la declaración. CONTESTÓ: Que ese HUGO no es, que el que está preso no tiene nada que ver en eso, ese es HUGO TORRES, está para Venezuela. Se deja constancia que el Dr. Elias Daza Rincones, se encuentra presente y solicita al Fiscal la facultad de interrogar. PREGUNTADO: detenida se encuentra una persona por estos hechos, que corresponde al nombre de NEFER CARRILLO, quien al ser indagado dijo que no lo conocía a usted, sin embargo en su declaración ante la Fiscalía Décima Seccional usted dijo conocerlo, diga si se trata de la misma persona que lo acompañó ese día o por el contrario no lo es. CONSTESTÓ: a mí me acompañó un Muchacho que se llama FELIPE CARRILLO no NEFER CARRILLO. (…) PREGUNTADO: Cuando el señor Fiscal le entregó su declaración que rindió ante la Fiscalía Décima Seccional, hizo un comentario acerca del apellido allí aparece a un tal LUIS CARLOS, precísele al despacho cual es el verdadero nombre que allí se menciona como LUIS CARLOS. CONTESTÓ: EL nombre de la persona es Luis Carlos Llano. PREGUNTADO: usted leyó su declaración ante la Fiscalía Décima Seccional, antes de firmarla. CONSTESTÓ: No la leí únicamente la firmé (…)”.

4.2.12. Se conoce que la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar el 18 de agosto de 2006, resolvió solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento impetrada por el apoderado judicial del señor JORGE VELANDIA QUINTERO. La Fiscalía decidió no revocar la medida de aseguramiento que pesaba en contra de éste y Nefer Carrillo Fuentes como probables coautores de los ilícitos de Hurto Calificado Agravado, en concurso heterogéneo con el de Secuestro Simple —folios108 al 112—.

“(...) La Fiscalía por el momento no encuentra merito probatorio suficiente, para proceder a revocar la medida de aseguramiento impetrada contra el señor JORGE VELANDIA QUINTERO, toda vez que clara y objetivamente se observa que el señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA, aún no sabemos porque motivos, se retractó de gran parte de lo dicho en el testimonio que rindiera ante la Fiscalía Décima Seccional de esta ciudad, hasta el punto de afirmar infantilmente que dicha declaración no la leyó, dedicándose únicamente a firmarla, lo cual no podemos aceptar.

(...) ahora la Fiscalía sigue creyendo en lo dicho inicialmente por RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA, por cuanto se observa que la primera declaración fue la espontánea y concordante realmente con las circunstancias de tiempo, modo y lugar como realmente ocurrieron los hechos objeto de estudio, hasta el punto que se avizora que fue el testigo de cargos que permitió desmantelar gran parte de la banda de delincuentes que se apoderaron de los camiones de propiedad de los denunciantes y encontrar las autopartes en el municipio de Uribia, La Guajira.

(...).

Obsérvese que el patrullero de la Policía JOSÉ LUIS OROZCO DELGADO, bajo la gravedad del juramento se ratifica del contenido de su informe 0531 del 26 de junio del año en curso, agregando únicamente que el señor RAFAEL FRANCISCO ARIÑO, se le acercó manifestándole que no tenía certeza que HUGO NEVADA, fuera JORGE QUINTERO VELANDIA y este testigo en su retractación no solo trata de favorecer a JORGE VELANDIA QUINTERO, sino que también nos trata de confundir al indicar que NEFER CARRILLO, realmente es FELIPE CARRILLO y LUIS CARLOS LAGOS, corresponde a la identidad de LUIS CARLOS LLANOS, lo que nos demuestra una vez más que el testigo a todas costas quiere favorecer a los hoy detenidos, hasta el punto de vislumbrar que miente en su última declaración bajo la gravedad del juramento.

(...) se dispone compulsar copias por duplicado de los informes policiacos 0400 del 8 de mayo; 0531 del 26 de junio del año en curso, de las denuncias formuladas por RAFAEL ANTONIO TARAZONA SAAVEDRA, MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANDRADE, de las declaraciones juradas rendidas por RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA, DEL TESTIMONIO VERTIDO POR EL PATRULLERO DE LA POLICÍA JOSÉ LUIS OROZCO DELGADO y de la presente resolución con destino a la Unidad Seccional de Fiscalía de esta Ciudad, competente administrativamente hablando para investigar esta clase de ilícitos.

(…) No podemos darle paso a la figura de la revocatoria contenida en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal (...)”.

4.2.13. Se conoce que el 12 de septiembre de 2006 el señor Jorge Velandia Quintero rindió ampliación de indagatoria en la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juez Especializado en la que expresa que recuerda que se encontraba laborando en su taller el día 13 de marzo de 2006; fecha en que acaecieron los hechos por los que se le endilgan los delitos de hurto calificado y agravado y secuestro simple los cuales no cometió –folios 124 al 126-.

“PREGUNTADO: Indique a la Fiscalía sobre qué hechos quiere ampliar su indagatoria: CONTESTADO: Principalmente, a mí la vez pasada que el día 13 de marzo me preguntaron qué estaba haciendo, y no le supe contestar porque no sabía que si era día laboral o si era día hábil de trabajo, ósea no le supe responder por eso, pero ahora que estoy guardado me puse acordarme de todo, y recuerdo que el día 13 estaba trabajando en el taller donde trabajo yo, el taller no le tengo nombre, eso queda en la carrera 14 número 22-5, barrio 12 de octubre, me encontraba trabajando con dos trabajadores que trabajan conmigo CARLOS GARCÍA Y ALEX SALCEDO, me encontraba arreglando un camión ahí, una piragua roja de propiedad del señor DARÍO ENRIQUE, me encontraba revisándole el rodamiento en general y revisión de caja y transmisión, estuve trabajando en ese carro desde el 11 de marzo hasta el 15 de marzo de ese año, también me encontraba arreglando un motor a un camión de JORGE MAYA, ese carro duró ahí como espacio de 20 a 25 días, estaba desarmado ahí estuvo de ese espacio mientras traía los repuestos de Bogotá para comenzar la labor de armar yo quiero que citen a los dos señores CARLOS GARCÍA y ALEX SALCEDO y al dueño del camión DARIO ENRIQUE y el otro señor JORGE MAYA, a mi los señores de la Sijin el señor CALPA y el señor OROZCO, llegaron como entre las 12 del día y las doce y media, llegaron a revisar, porque ahí, que hubo alguien que les dijo que había una caja de velocidad, dicha caja nunca la encontraron, porque yo trabajo limpiamente mis labores (...) los señores procedieron a fotografiarme ahí y me llevaron al comando me tuvieron como espacio de 40 minutos (sic), allá también ahí me preguntaban por un señor Chespirito, porque supuestamente, alguna pieza del carro las tenía él, dicho señor ubicamos al señor Chespirito (sic) y lo llevaron a revisar a él junto con los dueños de los carros que se habían perdido, y los señores dueños de los carros estuvieron buscando y no encontraron nada de ello a él. Ya después de eso regresaron como a los 9 días, después de haberme llevado allá y fotografiado y soltaron fueron allá a los 9 días (sic) llegaron allá nuevamente y me dijeron que los acompañara a la Sijin estando en la Sijin me mostraron una captura por hurto calificado y secuestro, había un señor que me vinculaba, que él me había entregado uno de esos automotores, que me lo entregó en Uribia, dice él, yo ni siquiera conozco a Uribia, después de eso me pararon frente a una ventana, me tuvieron ahí como media hora, me decían que me iban a meter a la tramacua (sic), me señalaban que yo era un señor HUGO, el supuesto testigo que me señala, en ese momento dice que no soy la persona, entonces ya en ese momento me iban a dejar libre, como había una orden de captura el jefe de ahí de la Sijin no dejó que me soltaran, el señor CALPA, que al siguiente día venía a declarar aquí que yo no era la persona, que enseguida me dejaban en libertad a partir de ese momento llevo 4 meses ahí guardado (...) yo soy una persona trabajadora, honesta, soy padre de familia tengo 4 hijos , los tengo estudiando, las hijas a raíz de esta situación se me están enfermando, yo vivo de mi trabajo en el taller, soy una persona honrada trabajadora, nunca he andado en cosas mal hechas, no soy ningún bandido ni un secuestrador como dicen ahí, supuestamente el señor que me vincula a mí como eso que dice que me entregó el carro a mí él anduvo en uno de los carros y el señor anda muy fresco anda en libertad y a mí me tiene detenido”.

4.2.14. Se sabe que el Subteniente Calpa Zambrano rindió declaración el día 13 de septiembre de 2006 en la Fiscalía Séptima Delegada ante Juez Especializado, acorde con la cual se ratifica del contenido de los informes n.° 0399 y 0398 de 8 de mayo de 2006 y reitera que mientras estaba en la oficina de automotores de la Sijin, el señor Alias Chico Ariño manifestó ante las personas presentes que el señor Nefer en efecto participó en el hurto, secuestro y conducción del vehículo, mientras que Jorge Velandia Quintero no se parecía a alias Hugo. Adicional a ello informa que entrevistaron al señor Nefer quien también manifestó que el señor Jorge Velandia Quintero y alias Hugo no son a la misma persona.

Finalmente el Subteniente Calpa Zambrano señala que en el Taller del señor Jorge Velandia Quintero, no se hallaron las autopartes hurtadas, ni se le comprobó ninguna partición ni en el hurto, ni tráfico de autopartes de vehículos hurtados —127 al 130 c de pruebas—.

(...) al hacer efectivas las ordenes de captura en contra de NEFER CARRILLO y JORGE VELANDIA, en la oficina de automotores de la Sijin, nos manifiesta Alias Chico Ariño, a las personas que nos encontrábamos presentes, señor Miguel Martínez, Rafael Tarazona, Patrullero Orozco Delgado y el suscrito de que Nefer Carrillo sí participó en el hurto, secuestro y conducción de uno de los camiones, hasta el municipio de Uribia, donde se lo entregaron a Alias Hugo pero que el otro señor JORGE VELANDIA QUINTERO, ya no se parecía al tal alias HUGO, por lo cual inmediatamente procedimos a entrevistar al sujeto de nombre Nefer Carrillo, leímos sus derechos y el motivo por el cual se encontraba detenido y nos manifestó que él iba a colaborar al máximo con la autoridad reconociendo, su participación en el delito pero que ese señor JORGE VELANDIA, no era alias HUGO, porque él conocía en persona al sujeto alias HUGO, al cual él le había entregado el camión en La Guajira, vista la eventualidad que se presentaba al día siguiente a primera hora nos entrevistamos con la doctora Fiscal Décima Seccional, informándole la situación y nos explicó que el procedimiento debía seguirse normalmente por lo cual se dejó a disposición de ese despacho judicial, inmediatamente esas 2 personas (...).

(…) el señor NEFER CARRILLO reconoce su culpabilidad y aceptó que fue participe en la comisión del hecho, sino que posteriormente cuando fue llevado a indagatoria negó todos los cargos. Del señor JORGE VELANDIA, según mi experiencia como Policía Judicial en investigaciones de HURTO de vehículos, no le pudimos comprobar ninguna participación ni en el hurto ni en el tráfico de autopartes de vehículos hurtados ya que los dos afectados no reconocieron ninguna de las piezas que se encontraban en el taller (...)”.

4.2.15. Fueron escuchados en declaración jurada los señores Alexis Manuel Salcedo y Carlos Alberto García de ocupación mecánicos, empleados del señor Jorge Velandia Quintero, quienes manifestaron que hace aproximadamente 15 años trabajan con el antes nombrado, adicional a que señalan que el señor Velandia Quintero es una persona honrada y nunca ha estado involucrado en actividades ilícitas.

Alexis Manuel Salcedo, empleado del señor Velandia Quintero testificó:

“PREGUNTADO: Diga a usted a este Despacho si conoce al señor JORGE VELANDIA QUINTERO, en caso cierto por qué lo conoce y razón por la que lo conoce. CONTESTÓ: Sí lo conozco hace 15 años a razón es el patrón mío. PREGUNTADO Diga a este Despacho hace cuanto conoce al señor VELANDIA. CONTESTÓ: Hace 15 años trabajo con él. PREGUNTADO: Sabe usted porque está detenido JORGE VELANDIA. CONTESTÓ: Presuntamente lo acusan de secuestro y hurto calificado y es algo que no es cierto porque él es una persona honesta, trabajadora y responsable con sus labores (…). PREGUNTADO: diga a esta fiscalía a que se dedicaba el señor VELANDIA en el momento de la captura. CONTESTÓ: Ese día estábamos revisándole el rodamiento del camión del señor JORGE MAYA diputado por el Cesar. PREGUNTADO: Diga a este Despacho si el señor VELANDIA ha estado detenido otras veces. CONTESTÓ: No mi patrón nunca ha tenido problema con la justicia. PREGUNTADO: Diga si usted tiene algo más que agregar a dicha declaración. CONSTESTÓ: Con su debido respeto yo pienso que lo que está sucediendo con el señor JORGE es una injusticia porque en el tiempo que yo llevo de conocerlo he visto en él que es una persona seria, honesta y trabajadora (…)”.

Del mismo modo fue escuchado Carlos Alberto García, empleado del señor Velandia Quintero quien testificó:

“PREGUNTADO: Diga usted a este Despacho si usted conoce al señor JORGE VELANDIA QUINTERO, en caso cierto por qué lo conoce y razón a qué lo conoce. CONTESTÓ: Sí lo conozco él es mí patrón hace 14 o 15 años que trabajo con él. PREGUNTADO: Diga a esta Fiscalía como apodan al señor VELANDIA. CONTESTÓ. Que yo sepa él no tiene ninguna clase de apodo. PREGUNTADO: Diga a este despacho como son las características del señor JORGE VELANDIA. CONTESTÓ: Él tiene como 39 años como 1.68 de estatura, él es delgado color blanco (...). PREGUNTADO: Usted sabe qué otra clase de negocio tiene el señor VELANDIA. CONTESTÓ: Él solo trabaja la mecánica y en su tiempo libre ir a la iglesia él es cristiano. PREGUNTADO: Diga a este despacho judicial qué otras personas trabajan con el señor VELANDIA y en el momento de su captura y a quién le estaba trabajando. CONTESTÓ: Trabajaba el señor ALEX SALCEDO y mi persona, en revisándole el rodamiento en general a un camión o sea una piragua la caja y la transmisión y al señor JORGE MAYA, se le estaba reparando el motor de un Chevrolet camión un C70. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía si el señor VELANDIA ha estado detenido en otra oportunidad si es cierto diga porque. CONTESTÓ: Es la primera vez que él ha estado detenido desde que yo lo conozco. PREGUNTADO: Diga a este estrado judicial si usted tiene algo más que agregar o corregir en dicha declaración. CONTESTÓ: Lo que yo agrego es que lo que están haciendo con el patrón es algo injusto (...)”.

4.2.16. Se conoce que el 13 de octubre de 2006, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar decide sobre nueva solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento interpuesta por el apoderado judicial del señor Jorge Velandia Quintero a quien se le ha imputado la comisión de los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado.

En esta ocasión el Fiscal resolvió revocar la medida de aseguramiento que pesaba en contra del señor Jorge Velandia Quintero, en consecuencia decretó la libertad inmediata del antes nombrado, previa suscripción del acta de compromiso correspondiente. Ordenó librar la boleta de libertad para todos los efectos legales.

Sustentó su decisión en la ampliación de la declaración jurada realizada por el señor Rafael Francisco Ariño Moya, testigo de cargos en la investigación en la que afirma que al ver al señor Velandia Quintero en persona se dio cuenta que no corresponde a Hugo, persona que le recibió el camión hurtado en el municipio de Uribia (La Guajira).

Así mismo, analiza los testimonios de los patrulleros José Luis Orozco Delgado y el Subintendente de la Policía William Calpa Zambrano, donde se corrobora lo manifestado por el señor Rafael Francisco Ariño Moya, en su ampliación de declaración jurada, en el sentido de asegurar que en efecto el señor Ariño Moya, no estaba seguro que Hugo Nevada, realmente correspondiera a la persona identificada como Jorge Velandia Quintero textualmente indicó: “(…) al hacer efectivas las capturas y tener al señor Nefer Carrillo y al señor Jorge Velandia, en la oficina de automotores de la Sijin, nos manifiesta alias Chico Ariño, a las personas que nos encontrábamos presentes, señor Miguel Martínez, Rafael Tarazona, patrullero Orozco Delgado y el suscrito de que Nefer Carrilo, sí participó en el hurto, secuestro y conducción de uno de los camiones, hasta el Municipio de Uribia, donde se lo entregaron a alias Hugo, pero que el otro señor, o sea, el señor Jorge Velandia, ya no se parecía al tal alias Hugo, por lo cual inmediatamente procedimos a entrevistar al sujeto de nombre Nefer Carrilo, leímos sus derechos y el motivo por el cual se encontraba detenido y nos manifestó de que él iba a colaborar al máximo con la autoridad reconociendo su participación en el delito, pero ese señor Jorge Velandia, no era alias Hugo, al cual él le había entregado el camión en La Guajira… ” de ello observa que en efecto Nefer quien conducía el otro camión tampoco conoce al señor Jorge Velandia Quintero.

Aunado a lo anterior, analizó la ampliación de indagatoria de Jorge Velandia Quintero quien manifestó ser mecánico de ocupación y tener su propio taller, pese a que el primer día que rindió su indagatoria no se acordaba de nada de lo que hizo la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, luego de pensar “con cabeza fría” recuerda que se dedicó a laborar en su taller junto con los señores Carlos García y Alex Salcedo.

El señor Jorge Velandia Quintero en su ampliación de indagatoria señaló que “9 días antes de su captura los miembros de la Sijin fueron a su Taller, tomaron unas fotografías a los vehículos, autopartes y personas que se encontraban al interior del mismo, posteriormente llegaron a capturarlo, pero no le encontraron nada en su poder, finalmente afirma que cuando lo llevaron al comando de policía el testigo que lo señalaba dijo que él no era, razón por la cual lo iban a dejar en libertad, pero como había una orden de captura el Jefe de la Sijin dio la orden que no lo soltaran, el señor Calpa se comprometió a declarar al día siguiente para aclarar que él no era la persona y lo dejaran en libertad, pero ya tiene cuatro (4) meses de estar preso por algo que no cometió” .

Posteriormente analiza los testimonios de los señores Alexis Manuel Salcedo y Carlos Alberto García –empleados del señor Velandia Quintero-, en los que corrobora que aquellos laboran en el Taller para el señor Jorge Velandia Quintero, de quien dan las mejores referencias personales, agregan además que para el día de la captura se encontraban trabajando en el Taller a un vehículo de propiedad del señor Darío Enrique y Jorge Maya.

Con base en el análisis probatorio realizado, la Fiscalía decide favorablemente la solicitud interpuesta por la defensa técnica, en el sentido de revocar la detención preventiva que pesaba en contra del señor Jorge Velandia Quintero, para el efecto dio aplicación a los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, en virtud de que se generaban dudas acerca de la real participación del señor Valandia Quintero en los hechos acaecidos el 13 de marzo de 2006, señaló:-fls. 170 al 174 C de pruebas-.

“(...) toda vez que clara y objetivamente se observa que realmente las pruebas antes relacionadas logran desvirtuar las tenidas en cuenta al momento de imponerle detención preventiva, ya que demuestran hasta la saciedad de una manera coherente y sincera que efectivamente el señor Rafael Francisco Ariño Moya, una vez pudo ver personalmente al capturado Jorge Velandia Quintero, en las instalaciones del Comando de Policía de esta ciudad, manifestó ante el patrullero José Luis Orozco Delgado, el Subteniente de la Policía William Calpa Zambrano y el propio aprehendido que no tenía certeza que Velandia Quintero, fuera el mismo Hugo Nevada, en virtud que éste es más alto y corresponde al nombre de Hugo Torres”.

Lo anterior ha sido corroborado en la investigación por el testimonio de los policiales antes relacionados, a los cuales le otorgamos crédito, toda vez que no se les observa interés distinto en las sumarias que el de cumplir con sus funciones constitucionales y legales (...) razón por la cual se avizora que con el mismo compromiso institucional que involucraron en sus informes a VELANDIA QUINTERO, como alias HUGO NEVADA, hoy clarifican tal situación, dejando bien claro que el testigo de cargos Ariño Moya, respecto a este procesado desde un principio fue enfático al indicar que dudaba que JORGE VELANDIA, realmente fuera el mismo HUGO NEVADA, a quien le entregaron unos de los camiones hurtados en el Municipio de Uribia (La Guajira).

(…) debemos sumar los testimonios de Alexis Manuel Salcedo Castillo y Carlos Alberto García, quienes dan fe de lo expuesto por el detenido Velandia Quintero, en el sentido de tener su propio Taller de mecánica y al momento de su captura encontrarse trabajando en el mismo, sin haberle hallado en su poder elementos algunos de los cuales se pudiera desprender la realización de una o varias conductas punibles.

En vista que en este momento procesal clara y objetivamente nos asalta fuertes dudas acerca de la real participación del señor Jorge Velandia Quintero, en los hechos objeto de estudio, con fundamento en principios universales como lo son el de presunción de inocencia e indubio pro reo, actualmente consagrados en los artículos 7 y 399 del Código de Procedimiento Penal, debemos acceder a la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento impetrada por la defensa técnica de VELADIA QUINTERO.

RESUELVE: PRIMERO: Revocar la detención preventiva que pesa en este proceso contra JORGE VELANDIA QUINTERO, en consecuencia, se deberá dejar en libertad inmediata al mismo, previa suscripción del acta de compromiso correspondiente. Líbrese la boleta de libertad del caso, para todos los efectos legales (…).”

4.2.17 El 21 de diciembre de 2006, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, a tiempo de calificar el mérito del sumario adelantado en contra de Nefer Carrillo Fuentes y JORGE VELANDIA QUINTERO, por los delitos de HURTO CALIFICADO AGRAVADO Y SECUESTRO SIMPLE en concurso heterogéneo, resolvió proferir resolución de acusación contra Carrillo Fuentes y precluir a favor de Jorge Velandia Quintero.

Para efectos de la preclusión se consideró que no se cumplían con los presupuestos subjetivos exigidos en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal; que si bien reconoció al señor Jorge Velandia Quintero, lo hizo en una fotocopia en blanco y negro y no personalmente. Testimonio que llevó a la Fiscalía a poner de presente que no se tenía certeza sobre que Jorge Velandia Quintero fuera alias HUGO. Razón por la que se recurrió al principio universal in dubio pro reo para fundamentar la absolución –folios 229 al 241 C de pruebas-.

Al tiempo, el Fiscal decretó detención preventiva contra el señor Luis Carlos Lago como probable coautor de los delitos de secuestro simpe y hurto calificado agravado y ordenó seguir la investigación contra éste en cuaderno separado como persona ausente.

Por ultimo admitió como parte civil a los señores Rafael Antonio Tarazona Saavedra y Miguel Eduardo Martínez Andrade.

Como argumentos de su decisión expuso:

“ahora en cuanto a la probable responsabilidad penal que posiblemente le cabe a los procesados NEFER CARRILLO FUENTES y JORGE VELANDIA QUINTERO, respecto a la ejecución de los hechos, por cuestiones metodológicas y mayor entendimiento de los sujetos procesales, será del caso de estudiar por separado las conductas de cada uno de estos, ya que la situación jurídica de los mismos frente al panorama probatorio resulta ser totalmente distinta, como a continuación entraremos a motivarlo.

En relación a JORGE VELANDIA QUINTERO, no debemos hacer muchos esfuerzos mentales para colegir claramente que no concurren en el expediente los presupuestos subjetivos exigidos por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, para llamarlo a responder en juicio criminal, así quedó plasmado en la resolución calendada el 13 de octubre del año en curso, mediante la cual revocamos la medida de aseguramiento que pesaba en su contra en este proceso, a la cual nos remitimos por economía procesal y el menor desgaste del aparato judicial, toda vez que el panorama probatorio sigue siendo el mismo al valorado en aquella oportunidad, haciendo énfasis únicamente en que RAFAEL FRANCISCO ARIÑO MOYA, no se retrató (sic) de las sindicaciones efectuadas contra HUGO NEVADA o HUGO TORRES, sino que simplemente aclaró en honor a la verdad, como lo exponen los policiales OROZCO DELGADO y CALPA ZAMBRANO, que no obstante de haber reconocido fotográficamente a JORGE VELANDIA QUINTERO, como HUGO NEVADA o HUGO TORRES, una vez capturado el mismo, al verlo sintió duda, es decir que no tenía la certeza de que se tratara de la misma persona, razón por la cual se lo comentó a los denunciantes, policiales y posteriormente a la Fiscalía razón por la cual bajo estos argumentos jamás podemos edificar una resolución de acusación, en virtud que gracias al principio universal “in dubio pro reo” (artículo 7 y 399 del C.de P.P.) la duda siempre debe ser resuelta a favor del procesado”.

Por lo anterior resulta perentorio para esta Delegada proferir resolución de preclusión de la investigación a favor de JORGE VELANDIA QUINTERO, por los delitos referenciados, en consecuencia, una vez en firme esta providencia deberán realizarse las anotaciones del caso en el libro radicador y en el Sijuf, respectivamente”.

Otra cosa ocurre respecto al procesado NEFER CARRILLO FUENTES, quien desde un principio fue sindicado directamente por RAFAEL ARIÑO MOYA, como uno de los sujetos que lo contrató que lo contrató y acompañó a llevar el camión hurtado al Municipio de Uribia La Guajira donde fue desarmado, hasta el punto que el testigo lo identifica tan bien.

RESUELVE: PRIMERO: Proferir resolución de acusación contra NEFER CARRILLO FUENTES, de condiciones personales, familiares y laborales conocidas en los autos, como probable coautor de los delitos de SECUESTRO SIMPLE y HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, en concurso heterogéneo, en consecuencia, una vez en firme esta providencia deberán enviarse las sumarias con destino al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar para efectos del Juicio, dejándole a su disposición en la Cárcel Judicial de esta ciudad, al acusado de autos en calidad de detenido. SEGUNDO: Proferir resolución de preclusión de la instrucción a favor de Jorge Velandia Quintero, por los delitos antes relacionados, en consecuencia, una vez en firme este proveído deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro radicador y en el Sijuf, respectivamente. TERCERO: Decretar detención preventiva, sin derecho a gozar del beneficio de libertad provisional contra LUIS CARLOS LAGO MUEGUEZ, como probable coautor de los delitos de SECUESTRO SIMPLE y HURTO CALIFICADO y AGRAVADO, en consecuencia, se deberá romper la unidad procesal y en cuadernos separados continuar la investigación contra este ausente. CUARTO: Admitir como parte civil en este proceso a los señores RAFAEL ANTONIO TARAZONA SAAVEDRA y MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANDRADE y como su apoderado al Doctor Gabriel Enrique Abello Palomino, para todos los efectos legales, en consecuencia, désele el trámite establecido en la parte motiva de este proveído. QUINTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación (...)”.

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 14 de febrero de 2007 como consta en certificación aportada por La Fiscal Séptima (E) ante el Juez Único Especializado de Valledupar(6).

4.2.18. Obran en el plenario declaraciones rendidas ante el a quo, por la señora Carmen Cecilia Ibáñez —amiga del señor Velandia Quintero—, prueba que respalda el elevado grado de afectación del señor Jorge Velandia Quintero, su cónyuge e hijos por la medida de restricción de su libertad. Indica que la gente habla muy mal de él y lo señalan pese a que salió en libertad, refiere que antes era una persona divertida y espontánea y el cambio ha sido drástico en su comportamiento. Adiciona que los menores recibieron asistencia de médica, pero no estuvieron en tratamiento psicológico ni siquiátrico. También indica que uno de los hijos del señor Jorge Velandia Quintero, esto es, Jorge Leonardo se quería quitar la vida -147 y 148 cuaderno de pruebas-.

De Leider Alfonso Ochoa Suárez -amigo de universidad de Yulieth hija del señor Jorge Velandia Quintero-, relación que le permitió conocer de cerca el grado de afectación del señor Jorge Velandia Quintero, de su esposa, hijos y hermanos durante el periodo en que cumplió su detención y posterior a ella. Señala que Yulieth no quería seguir estudiando la carrera de derecho, la veía distraída, se aisló a raíz de la detención de su padre, además indica que los compañeros de clase de la universidad la señalaban, por lo que trataba de no hablar temas relacionados con su padre, afirma que uno de los hijo del señor Jorge Velandia Quintero, –Leonardo- quería suicidarse y tenía problemas de drogadicción lo cuales no tiene certeza si fue a causa de la privación injusta de la libertad de su padre, agrega que la señora Juana tenía que pedir prestado dinero. Adiciona que el señor Jorge Quintero Velandia quedó desprestigiado en el gremio de los mecánicos y de choferes de camiones. Finaliza diciendo que el señor Velandia es una persona trabajadora y muy servicial, para él su prioridad es Dios y su familia, hace parte de una iglesia cristiana, lo cataloga como una persona respetuosa, correcta y que a la fecha de su declaración es una persona muy tímida, se la pasa encerrado en su habitación y solo asiste a la iglesia, va a su taller y a su casa, ya no es la misma persona que departía como antes -149 a 151 cuaderno de pruebas-.

5. Consideraciones generales

5.1. Del principio de libertad

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional. Se ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(7).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos o libertades fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, aquella salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el art. 28 de la Carta Política que prevé:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

El artículo antedicho comprende por una parte, el reconocimiento de la libertad de la persona y, por otra, la aceptación de su restitución temporal excepcional, en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Ahora bien, en tanto ejercida por seres humanos, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad, excepcionalidad y condicionamiento de las medidas de aseguramiento en las etapas preliminares a la condena, de donde, si la presunción de inocencia no se desvirtúa surge el deber de indemnizar y reparar, al margen de la corrección de las actuaciones de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida, la que se habrá de considerar puramente formal, en cuanto el procesado no tenía que haber sufrido la pérdida de su libertad.

Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(8).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de las afectaciones de los derechos, intereses y libertades de los asociados, siempre que no se trate de aquellas que la vida en sociedad impone soportar. Siempre que le sean atribuidas a la acción u omisión de la administración. Se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad, cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que el delincuente recibe, en forma de coacción, es la contracara de su acción libre.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(9). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas esta corporación ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta Corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(10)

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual art. 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el art. 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(11).

Por lo demás, el art. 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5º del art. 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.2. Connotaciones jurídicas de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo

Lo dicho hasta el momento debe alertar sobre la irrelevancia jurídica que en el caso sub lite comporta el hecho de que la absolución proferida por el juez penal obedeciera a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, a la constatación de la insuficiencia del material probatorio para superar el umbral de la duda razonable.

En efecto, si la fuente jurídica de la obligación de reparar a quien ha sido privado de la libertad, por razón distinta a su culpabilidad probada, se deriva de la Constitución misma y los tratados internacionales. Obligación esta que se impone objetivamente sobre el Estado poca relevancia tiene, entonces, el hecho de que el supuesto del in dubio pro reo pueda subsumirse en los tres casos específicamente señalados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. En efecto, esta circunstancia solo sería relevante en el supuesto de que el fundamento único y definitivo de la responsabilidad al margen de la culpa subjetiva se hallase en la norma antes mencionada, tesis coherente con la mentalidad preconstitucional, pero totalmente ajena al panorama jurídico del país después de la Carta de 1991.

Es que el modelo de responsabilidad estatal previsto en la Constitución de 1991, no requiere distinguir entre un régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad propio de las sentencias que sustenta esta última en la culpa. De modo que tanto en el caso de sentencias proferidas en virtud de la duda, como en todos los demás supuestos de daño causado por un agente estatal, la única pregunta relevante para la determinación de si existe o no deber de reparación tratándose de la privación de la libertad tiene que ver con la posibilidad de predicar que el perjudicado sin perjuicio del daño antijurídico innegable derivado de haber estado privado de la libertad siendo inocente, en todo caso incumplió deberes de convivencia de modo que su conducta puede ser calificada como dolosa o gravemente culposa.

Ahora bien, a la luz de la presunción de inocencia y el derecho del inculpado a no incriminarse no tiene sentido suponer que el acusado tenga que ver condicionada la reparación del daño innegable que supone la pérdida de la libertad, al hecho de que sea posible acreditar plenamente y más allá de toda duda razonable la inocencia. Para empezar, lo anterior supondría que el acusado siempre cuenta con los recursos técnicos y humanos (v.gr. investigadores, laboratorios) para responder con éxito a la acusación. En segundo lugar, aceptar la hipótesis anterior supone que en todos los casos el acusado tiene la posibilidad de probar su inocencia, cuando existe toda una serie de hechos cuya prueba negativa es simplemente imposible (v.gr. es imposible probar que jamás se ha tocado indebidamente a una persona). Incluso desde el punto de vista lógico se tiene como hecho inconcuso que las afirmaciones y negaciones indefinidas no pueden ser probadas y, por lo tanto, su exigencia es absolutamente carente de sentido. En tercer lugar, la duda es un estado subjetivo del sujeto que enjuicia y, en cuanto tal, constituye un factor totalmente externo al acusado. Las mismas pruebas que llevan a un juez a declarar probada la inocencia pueden ser consideradas por otro meramente constitutivas de duda y no es razonable suponer que el sindicado tenga que verse jurídicamente afectado por esta diferencia que, en más de una ocasión obedece a los diversos tipos de personalidad de los juzgadores. Sin embargo, la principal y definitiva razón para sostener que los casos de absolución por aplicación del principio in dubio pro reo no requieren de la acreditación de actuación manifiestamente desviada de las autoridades, radica en que sostener lo contrario sería manifiestamente lesivo de presunción de inocencia. En efecto, quien sostiene que solamente hay responsabilidad al margen de la culpa en los casos en los que se acredita positivamente la inocencia, implícitamente afirma que, al menos en el campo del derecho de daños, la inocencia debe ser probada o, lo que es lo mismo, que persiste una cierta presunción de culpa, cuya desvirtuación corresponde a la parte actora. Esto, claramente no tiene cabida en el sistema constitucional actual.

Se ha de destacar que el argumento antedicho ha sido ratificado por sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013 en la que se lee:

Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad —interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.(12)

5.3. Ausencia de dolo o culpa grave del actor

Ahora, como se expuso brevemente, lo anteriormente expuesto no comporta que el privado de su libertad y en todo caso absuelto tenga derecho a la reparación patrimonial, en consideración a que, si bien el art. 90 impone el deber a este imperativo no le es ajena la obligación del juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

5.4. Sobre la aptitud exoneradora del hecho del tercero o del actor en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. Consideraciones sobre la ruptura del nexo causal

De lo dicho hasta el momento se sigue que, quien fue privado de su libertad, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia sufrió un daño antijurídico. La antijuridicidad del daño, empero, no comporta necesariamente que la obligación indemnizatoria pueda exigirse.

Tradicionalmente, en el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado se ha admitido que tanto el hecho de terceros como el de la propia víctima pueden impedir la imputación de un daño antijurídico, efectivamente sufrido, a la entidad pública demandada, en la medida en que rompen el nexo de causalidad entre la acción estatal y el perjuicio. En el caso de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, no parece que se aplique en rigor ninguno de estos supuestos, sin que por ello haya que concluir, necesariamente, que no cabe exoneración estatal.

Por un lado, difícilmente se puede pensar en un supuesto en el que la actuación de terceros se dé de un modo totalmente ajeno al funcionamiento del sistema penal. Por el contrario, la mayor parte de casos en los que se alega el hecho del tercero en el contexto de los procesos por privación injusta de la libertad tienen que ver con la “inducción al error” por parte de otras autoridades e incluso de testigos que, voluntaria o involuntariamente suministran información incorrecta o la alteración dolosa de las pruebas. Sin embargo, estas circunstancias no pueden calificarse como impredecibles o irresistibles para los operarios de la justicia a cuyo caso se confía el juicio o la investigación, requisito imprescindible para la eficacia de la excepción del hecho exclusivo y excluyente de un tercero.

Más aún, es evidente que el proceso penal se cimienta sobre un sistema probatorio, naturalmente falible. En su mayoría, las pruebas sobre las que se estructura el juicio de responsabilidad, son fuentes humanas y, por lo tanto, falibles. La aceptación del testimonio, el dictamen pericial o los documentos, y en general cualquier tipo de prueba implica necesariamente la aceptación de su falibilidad. Esto es, el testigo puede faltar a la verdad o equivocarse en su precepción, el perito puede errar, el documento puede haber sido alterado y el informe de autoridad faltar a la verdad.

Justamente por el origen humano y, por ende falible, de las fuentes de acceso al conocimiento de los hechos, se impone al investigador o el juzgador un deber reforzado de analizar rigurosamente las pruebas, de acuerdo con las exigencias de la sana crítica. El escrutinio del juez debe dirigirse justamente a identificar las posibles falencias y a evaluar su grado de fiabilidad. Por lo anterior, la aceptación de la exoneración por hecho de terceros, en eventos en los que se demuestre que la decisión se tomó con fundamento en una prueba que no resultó del todo veraz, es tanto como eximir al juez (κριτής, crités), de la carga de juzgar con criterio. Esto es lo mismo que aceptar que el juez deje de ser juez. Al respecto valga recordar la sentencia de 7 de abril de 2011:

Como la medida de aseguramiento que se impuso al demandante estuvo motivada en el falso testimonio rendido en el proceso por varias personas, resulta relevante establecer si las falsas imputaciones de un tercero, pueden constituir, en una investigación penal, una causa extraña que permita exonerar de responsabilidad al Estado.

(...).

Para adelantar la investigación por la presunta comisión de hechos ilícitos, desvirtuar la presunción de inocencia e imponer una sanción al penalmente responsable, el Estado puede hacer uso de todos los medios de prueba siempre que estén constitucionalmente permitidos y garanticen el derecho de defensa en el proceso (...).

Entre los medios de prueba se encuentra el testimonio (...). El testimonio constituye un instrumento al servicio del Estado para el ejercicio del ius puniendi y en consecuencia, no puede considerarse como un hecho externo, ajeno a la entidad. El Estado tiene el control permanente de ese instrumento, que incluye, el decreto, práctica y valoración de la prueba y por lo tanto, no puede considerarse que el hecho de que el testigo tergiverse la realidad pueda constituir un hecho imprevisible ni irresistible para el mismo. El funcionario judicial es quien determina si la prueba es conducente o pertinente; es quien interroga al testigo; quien verifica la validez de su versión y quien puede establecer su credibilidad, a través de la valoración del dicho, aplicando las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en conjunto con los demás medios de prueba directos o indirectos con los que se cuente en el proceso.

(...).

Los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor (...) son imputables al Estado, aunque esa decisión se hubiera fundamentado en las versiones falsas de varios testigos, porque el titular de la función punitiva es el Estado y por ende, le son inherentes todos los riesgos que se deriven de la utilización de un medio de prueba fallido, como lo son las declaraciones de testigos interesados en desviar el curso de la investigación(13).

En lo que respecta a la exoneración por culpa de la víctima del que trata el artículo 2357 del Código Civil vale recordar que la jurisprudencia se ha encargado de explicar que no atiende a la falta de diligencia o impericia de la víctima, tampoco a su intención sino que se trata de un asunto de causalidad, si la víctima causó el daño, al margen de la subjetividad de la actuación, rompe la causalidad y no surge la obligación de indemnización. Consideración inadmisible tratándose de privación de la libertad. Esto es así porque al igual que el hecho del tercero, ajeno a la facultad punitiva del Estado, la víctima no estuvo en posibilidad de generar una investigación en su contra, tampoco una medida de aseguramiento. Es que el Estado, titular de la acción penal, habría de estar en capacidad de desvirtuar la presunción de inocencia, al margen del titular de la misma. Que entre el hecho del sindicado y la pena o medida de aseguramiento no existe relación de necesidad fáctica, es una de las premisas básicas de la teoría jurídica moderna, comprobable por lo demás, por el desafortunadamente elevado número de eventos de impunidad, esto es, de casos en los que habiéndose verificado fácticamente el supuesto de hecho de una norma sancionatoria, no se aviene la consecuencia jurídica prevista. Y esto, se reitera, porque solamente desde las coordenadas teóricas de un rampante naturalismo (que no debe confundirse con la doctrina milenaria del derecho natural), la sanción o medida de aseguramiento se entiende como fácticamente y necesariamente ligada al supuesto de hecho.

Lo anterior no significa que el hecho de la víctima, cuando reviste la connotación de gravemente culposo o doloso, carezca de efectos respecto de la declaración de la responsabilidad estatal, pues por expresa disposición legal (art. 414 Decreto Ley 2700 de 1991, en su parte final y art. 70 de la Ley 270 de 1996) y por exigencia de los principios constitucionales contenidos en los artículos 83 y 95, así como en virtud de los preceptos milenariamente aceptados de vivir honestamente (honeste vivere) y no hacer daño a los demás (naeminem laedere)(14) se impone la imposibilidad reconocer indemnización a quien ha obrado con culpa grave o dolo. Se insiste, sin embargo, en que la razón por la cual la culpa grave o el dolo del agente se estimen jurídicamente relevantes, no radica en su aptitud para desvirtuar el nexo causal (tratándose simplemente de una causalidad indirecta) sino en razones de proporcionalidad y de interpretación armónica de los preceptos constitucionales, las que en todo caso hacen evidente la autonomía del juez de la responsabilidad de cara a las decisiones adoptadas en el marco de la investigación y causa penal.

5.5. Del principio de la no ferormatio in pejus. Límites y alcances.

El artículo 31 de la Carta Política, en lo que tiene que ver con la competencia del superior para resolver la alzada, dispone que éste “no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Esto es, que la competencia del juez se restringe exclusivamente a lo alegado en el recurso. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional:

“(...) la competencia, en el Estado social de derecho, constituye un límite al poder de las autoridades públicas, entendiéndose que las facultades que le han sido conferidas sólo podrán ejercerse de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Constitución Política y la ley, lo que a su vez es un corolario del principio de legalidad, contenido en el artículo 6º constitucional. Así, se garantiza que las decisiones adoptadas por el funcionario judicial no resulten caprichosas o arbitrarias, ni que vayan en desmedro de los derechos de los ciudadanos.

(...).

38. Asimismo, la garantía de la no reformatio in pejus, contenida en el artículo 31 superior, constituye un límite al poder judicial. La mencionada norma jurídica prohíbe al superior jerárquico que conoce de la apelación, desmejorar la situación del apelante único en segunda instancia, al indicar:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

De esta manera, al juez de segunda instancia le está vedado realizar un análisis de legalidad del fallo de primera instancia que exceda el ámbito planteado por el apelante, y que desmejore su situación jurídica, por cuanto su competencia se encuentra circunscrita a lo señalado en el recurso. Este límite a la competencia del juez tiene carácter constitucional, y deviene de la garantía consagrada en el artículo 31 superior.

Asimismo, el límite de la competencia del juez de segunda instancia ha sido desarrollado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica que era aplicable en los procesos contencioso administrativos en virtud de lo consagrado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, disposición vigente al momento de proferirse la sentencia objeto de tutela. El referido artículo indica que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y que, en consecuencia, el superior está facultado para enmendar aquello que no haya hecho sido objeto del recurso. Así, establece la mencionada norma jurídica:

“ART. 357.—Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 175. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

En consecuencia, existe también una limitación legal que impide al juez de segunda instancia realizar un control de legalidad abstracto y exhaustivo sobre la sentencia de primera instancia, toda vez que la competencia del mismo se circunscribe, explícitamente, a aquello que fue alegado en el recurso de apelación. En similar sentido, al entenderse que la apelación fue interpuesta en lo desfavorable al apelante, el juez de segunda instancia no podrá desmejorar la situación jurídica del apelante único, pues ello quebrantaría, consecuentemente, el derecho fundamental a la no reformatio in pejus.

Así, en Sentencia T-255 de 1993, haciéndose alusión a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-055 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), la Corte Constitucional ratificó que la competencia del juez de segunda instancia para fallar sobre el recurso de apelación se circunscribe explícitamente a las alegaciones realizadas por el apelante único. En sentido contrario, si ambas partes apelan, la competencia del juez podrá extenderse al análisis de legalidad del fallo de primera instancia, sin la limitación impuesta por el principio de la no reformatio in pejus:

"Así, pues, la garantía reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el sentido de dar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y no el de propiciar una revisión "per se" de lo ya resuelto. Así que, mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto, una competencia definida de antemano en su alcance por el propio Constituyente" (subraya y negrilla fuera del texto).

(...).

Particularmente, la Corte Constitucional ha señalado que la garantía de la no reformatio in pejus tiene lugar, tanto en la vía gubernativa, como en los procesos de carácter contencioso administrativo, y que, por tanto, debe realizarse una interpretación armónica de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 29 y 31 de la Carta Política. Así, en Sentencia T-033 de 2002(15), la Corte analiza la aplicabilidad de la no reformatio in pejus en la vía gubernativa en el marco de un concurso de méritos, señalando que esta garantía constitucional constituye un límite a la competencia del juez de segunda instancia:

“La prohibición de la reformatio in pejus tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el agotamiento de la vía gubernativa como en el desarrollo del procedimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que se origina en la interpretación armónica y sistemática de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho al debido proceso y por ende de los demás principios y derechos constitucionales que guardan correspondencia con dicha institución jurídica. De suerte que la congruencia y la prohibición de la no reformatio in pejus, limitan la actuación de la Administración en aras de la transparencia, legalidad y garantía en la actuación administrativa.” (Subraya y negrilla fuera del texto)”(16)

De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que en virtud del principio de la no reformatio in pejus los límites materiales y formales están determinados por el contenido del recurso de apelación, razón por la cual el artículo 357 del C.P.C. prevé que debe entenderse interpuesto en lo desfavorable al apelante. Señaló la jurisprudencia:

“Los límites materiales y formales que se tiene en esta instancia están determinados por el contenido de la apelación. Por esta razón, dispone el artículo 357 CPC que este recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, de manera que no se puede agravar la situación del apelante único(17). A este principio se le ha denominado como la no reformatio in pejus.

No obstante la anterior regla, ella se rompe en dos casos, por lo menos en este tipo de procesos ordinarios, pues en algunos de naturaleza constitucional, como la tutela, se admite la posibilidad de reformar en peor, pero en la instancia de la revisión oficiosa que hace la Corte Constitucional(18) -no cuando se trata de la resolución al recurso de apelación del apelante único-: i) cuando apelan las dos partes del proceso, o ii) cuando quien no apela se adhiere la recurso.

En estos dos supuestos la ley autoriza, por razones lógicas, que el juez no quede atado a la favorabilidad que cada apelante busca para su situación procesal, con la interposición del recurso, pues es preciso dotarlo de la capacidad para resolver con libertad, pues de no hacerlo carecerían de sentido los recursos interpuestos, pues el ad quem no podría decidir en ningún sentido.

En efecto, si las dos partes apelan, y si además no se pudiera reformar en peor, se tendría que mantener intacta la sentencia, pues lo que se diga frente a cada recurso normalmente busca mejorar la posición de quien lo interpone, y desmejorar la de su contraparte. En tal caso, sería inútil tramitar los recursos de apelación”(19).

Siendo así, conforme a la jurisprudencia traída a colación, se colige que la garantía de la no reformatio in pejus se deberá tener presente en este caso dado que la fiscalía funge como apelante única.

6. Consideraciones sobre el caso concreto

De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por los demandantes. Es decir, está debidamente acreditado que al señor Jorge Velandia Quintero le fue proferida orden de captura el día 10 de mayo de 2006 y medida de aseguramiento de detención preventiva el 17 de mayo siguiente, revocada el 13 de octubre del mismo año, como consta en certificación aportada por La Fiscal Séptima (E) ante el Juez Único Especializado de Valledupar(20). Es decir el antes nombrado estuvo privado de la libertad por un lapso de 5 meses y 3 días.

Finalmente mediante resolución de 21 de diciembre de 2006, la Fiscalía Séptima Delegada precluyó la investigación bajo la aplicación del principio in dubio pro reo ante la declaración del señor Rafael Ariño, quien no reconoció al señor Jorge Velandia Quintero como HUGO, persona que le recibió el camión hurtado en el Municipio de Uribia (La Guajira).

Por consiguiente, se impone concluir que el señor Jorge Velandia Quintero no estaba en la obligación de soportar la pérdida de su libertad.

Así las cosas, para entrar a analizar el problema jurídico planteado resulta pertinente desarrollar el marco normativo aplicable para fijar los supuestos facticos de relevancia a efectos de determinar en el sub lite si es posible derivar responsabilidad del Estado y, concretamente, condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció el señor Jorge Velandia Quintero en las fechas referidas.

Las normas aplicables al sub examine son los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los que prevalecen sobre el orden interno, al igual que los artículos 2º, 28, 83, 90, 93 y 95 al igual que 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, los cuales constituyen, entre otros, el fundamento internacional, constitucional y legal de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Una interpretación y aplicación armónica de los anteriores preceptos, permite inferir que para que exista responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, bajo la égida de las disposiciones internacionales, constitucionales y legales en cita, es necesario que los demandantes acrediten (i) la privación de la libertad preventiva, de cara a la presunción de inocencia no desvirtuada y (ii) que se puede establecer que el inculpado, en el marco de las actuaciones probadas y valoradas por la justicia penal, no incurrió en culpa grave o dolo civil. Esto es, no vulneró reglas obligatorias de convivencia social.

Ahora bien, en relación con la afirmación de la Fiscalía General de la Nación, a cuyo tenor el fallo de primera instancia fue proferido con desconocimiento de la normatividad aplicable para la fecha de ocurrencia de los hechos, por cuanto el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, no estaba vigente al momento de la detención del señor Jorge Velandia Quintero, sino la Ley 600 de 2000, la Sala señala que el artículo 90 constitucional impone indemnizar por daño antijurídico, igualmente aplicable cuando el daño proviene de la acción u omisión de una autoridad judicial.

Y que, si bien el Decreto 2700 fue derogado el 24 de julio de 2001 por la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—, los supuestos desarrollados en el artículo 414 se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que, aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes en cuanto se acompasan con el mandato constitucional(21).

Aclarada dicha situación, en este punto de análisis, se tiene que el señor Jorge Velandia Quintero fue objeto de una captura y medida de aseguramiento con detención preventiva, entre el 10 de mayo y el 13 de octubre de 2006. Medida que debió ser revocada, dado que se sustentaba en un reconocimiento que su mismo autor desconoció, en cuanto se sustentó en una fotocopia en blanco y negro desvirtuada en presencia del implicado.

Adicional a que en el taller del señor Velandia Quintero no se logró encontrar prueba de elementos hurtados con los que se pudieran endilgar la realización de una o varias conductas punibles.

En consecuencia, está probado que el señor Rafael Francisco Ariño Moya pese a que en un principio había relacionado al señor Jorge Velandia Quintero con alias HUGO NEVADA o HUGO TORRES por reconocimiento fotográfico, personalmente señaló que no se trataba del mismo sujeto. En consecuencia, y dado que los señalamientos iniciales en contra del señor Jorge Velandia Quintero fueron desvirtuados, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar la pérdida de su libertad.

Ahora bien, para negar la pretensión de reparación en el marco del daño por privación injusta es menester demostrar que la víctima actuó con dolo o culpa grave civil. Esto es el incumplimiento del deber de corrección social, en orden a respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Circunstancias que no se demuestran en el sub lite, antes, por el contrario, el señor Velandia Quintero demostró su condición de propietario de un taller de mecánica, según lo reconocen sus trabajadores y allegados como un hombre serio, cumplidor de sus deberes y obligaciones; sin relación con el ilícito. Siendo así se descarta que el señor Velandia Quintero haya actuado con negligencia, descuido o impericia. Esto último si se considera que resultó ajeno a los hechos por los que fue privado de la libertad e investigado.

Así las cosas, se concluye que los accionados no estaban en el deber de soportar la pérdida de la libertad del señor Jorge Velandia Quintero y como éste no actuó con culpa grave, tampoco con dolo se procede a reparar.

En virtud de lo expuesto, y dado que solo la Fiscalía apeló, la Sala procede a verificar la liquidación de perjuicios realizada por el a quo.

Frente a la absolución de la policía en cuando no fue objeto de impugnación se mantendrá.

Finalmente la Sala estima procedente compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación como quedó explicado.

7. Liquidación de perjuicios

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, se debe fijar la cuantía de los mismos.

7.1. Perjuicios morales

Es preciso determinar si la cuantía reconocida como indemnización por los perjuicios morales corresponde a los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad, pues de no ser así habrá de procederse a adecuarlos, sin reajustarlos en razón de que la Fiscalía es la única apelante.

Ahora bien, la Sala hace notar que, en sentencia de unificación(22) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:

superior
 

Así las cosas, aunque se compara que la indemnización decretada a la cónyuge, hijos y hermanos del privado de la libertad, es inferior. Acorde con lo expuesto no se hará reconocimiento mayor en virtud del principio de la no reformatio in pejus.

En consecuencia las sumas reconocidas por el a quo a la parte actora por perjuicios morales serán pagadas por la demandada Nación-Fiscalía General de la Nación.

7.2. Daño a la vida de relación hoy Daño a la Salud y Bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos.

En lo que respecta al “daño a la vida de relación” los demandantes solicitaron que se les reparara por este concepto a cada uno por un monto de 200 smmlv.

El a quo reconoció este daño inmaterial al señor Jorge Velandia Quintero —persona que sufrió la privación de la libertad—, Juana Bautista León Molina —esposa—, Jorge Leonardo Velandia León, Jorge Luis Velandia Jiménez, Yulieth Paola Velandia León y Jecika Andrea Velandia León en calidad de hijos, el cual tasó en 10 smmlv y de otra parte no otorgó el reconocimiento a los hermanos del primero de los nombrados con el argumento que no obra en el expediente prueba alguna de la que se infiera que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad el señor Velandia Quintero, se haya alterado su vida familiar y se les haya imposibilitado gozar de los placeres de la vida.

Al respecto la Sala aclarara que la Jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(23) —cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona, el reconocimiento en esta modalidad se encuentra sujeto a lo que se pruebe en el proceso, y a la demostración de la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada—, y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(24), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Sobre el particular, recientemente la Corporación precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante, se debe acreditar plenamente y ser diferenciables de aquel que se reconoce como fuente de los perjuicios morales con el fin de evitar una doble indemnización.

Si bien en la demanda se solicitó indemnización por “daño a la vida de relación” y pese que fue reconocido por el a quo, la Sala no encuentra acreditado en el plenario daño a la salud o bienes o derechos constitucionalmente protegidos distintos a la aflicción moral que padeció el demandante y su familia. Por lo que la Sala revocará la pretensión concerniente al reconocimiento de algún otro perjuicio inmaterial, por no estar acreditado.

Costas

En el caso concreto no habrá condena en costas por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

III. RESUELVE:

Primero. MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cesar. La cual quedará así:

“PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad a la Nación –Ministerio de Defensa Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por el daño antijurídico causado al señor Jorge Velandia Quintero, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

TERCERO: CONDÉNESE, como consecuencia de lo anterior, a la Nación –Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero.

a) A favor de Jorge Velandia Quintero, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.

b) A favor de Juana Bautista León Molina, en su condición de cónyuge de Jorge Velandia Quintero, el equivalente de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

c) A favor de Jorge Leonardo Velandia León, Jorge Luis Velandia Jiménez, Yulieth Paola Velandia León y Jecika Andrea Velandia León, en su condición de hijos de la víctima directa, el equivalente de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes

d) Y a favor de María Paulina Velandia Quintero y Luis Jorge Velandia Quintero, en su condición de hermanos de Jorge Velandia Quintero, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.”

Segundo. NEGAR las demás pretensiones.

Tercero. COMPULSAR copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el testimonio rendido por el señor Rafael Ariño Moya. Remítase copia de esta decisión. Ofíciese.

Cuarto. No hay condena en costas

Quinto. Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

1 Pese a que en la demanda se pretende el reconocimiento por el tiempo de 9 meses y 2 días, se encuentra probado que la privación se dio por el término de 5 meses 3 días, de conformidad con el certificado expedido por el Fiscal Séptimo Delegado ante el Juez Único Especializado de Valledupar, acorde con el cual, el tiempo que el señor Jorge Velandia Quintero estuvo privado de la libertad fue por el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2006 —día de su captura— y el 13 de octubre del mismo año —día que se revocó la medida de aseguramiento—.

2 Consejo de Estado, sentencia 1° de octubre de 1992, Exp. 7058. Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía. M.P. Daniel Suárez Hernández.

3 “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

4 Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, expediente 40324 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 Certificación expedida por Luis Enrique Jiménez Zapata, Fiscal Séptimo Especializado (E) Delegado ante el Juzgado Único Especializado de Valledupar, que da cuenta que al señor Jorge Velandia Quintero se le adelantó investigación bajo el radicado 176646 por el delito de hurto agravado, secuestro simple, a quien se le libró orden de captura el día 10 de mayo de 2006, estando privado de la libertad hasta el día 13 de octubre del mismo año, fecha en la cual se le revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y posterior a ello la Fiscalía profiere resolución de preclusión a su favor el día 21 de diciembre de 2006, quedando ejecutoriada el 14 de febrero de 2007, ordenando archivar las diligencias —fl. 34 c de pruebas—.

7 “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).(Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

8 Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, Art. 90, Sesión Comisión 1, Mayo 6, pág. 4.

9 En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá,. Rei Andes, 1995. Pág. 166

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación número 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de Marzo de 1991, en Gaceta Constitucional , No. 27, 26 de marzo de 1991, págs.. 10 y 11.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 17 de octubre de 2013, rad 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354)., C.P Mauricio Fajardo Gómez.

13 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 18571, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 Digesto, 1,1,10.

15 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En este misma sentencia, la Corte Constitucional hace alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que señala la aplicación del principio de la no reformatio in pejus por remisión de lo consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

16 Corte Constitucional, sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

17 Dispone el at. 357 –modificado por el decreto 2282/89, art. 1º, num. 175.- que: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // “En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. // “Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.”

18 Afirma la Corte Constitucional, en este sentido, en la sentencia T-400 de 1996, que: “Pero no es menos cierto que, cuando se trata de medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (artículo 25 del Decreto 2591 de 1991) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero, obra el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual "el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único", que no tiene su aplicación únicamente en materia penal sino en todas las ramas del Derecho, como lo expresó esta Corte en sentencias C-055 del 15 de febrero de 1993 y T-233 del 25 de mayo de 1995. // (…) // “No sobra aclarar que, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, las aludidas advertencias no tienen cabida, en cuanto su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena.” (Negrillas fuera de texto) // En la sentencia T-080 de 1998 se reitera que “Cabe advertir que en el caso sub examine, no es aplicable el fenómeno jurídico de la reformatio in pejus, pues este solamente se produce cuando se agrava la situación del "apelante" y como es bien sabido, la Corte Constitucional no conoce de la revisión de sentencias de tutela en virtud de recurso alguno de apelación o impugnación, sino en desarrollo de los preceptos constitucionales que consagran la competencia de la Corte para revisar por vía directa y en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (artículo 241 numeral 9o. de la CP.). // “De manera que por dichas razones, no es dable hablar de la reformatio in pejus con respecto a las decisiones que deba adoptar la Corte Constitucional, en relación con sentencias de tutela materia de revisión.” (Negrillas fuera de texto).

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2008, radicación número: 52001-23-31-000-1994-06078-01(17070) C.P. Enrique Gil Botero.

20 Certificación expedida por Luis Enrique Jiménez Zapata, Fiscal Séptimo Especializado (E) Delegado ante el Juzgado Único Especializado de Valledupar, que da cuenta que al señor Jorge Velandia Quintero se le adelantó investigación bajo el radicado 176646 por el delito de hurto agravado, secuestro simple, a quien se le libró orden de captura el día 10 de mayo de 2006, estando privado de la libertad hasta el día 13 de octubre del mismo año, fecha en la cual se le revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y posterior a ello la Fiscalía profiere resolución de preclusión a su favor el día 21 de diciembre de 2006, quedando ejecutoriada el 14 de febrero de 2007, ordenando archivar las diligencias —fl. 34 c de pruebas—.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36387, C.P Stella Conto Díaz del Castillo.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, rad: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

23 “(...) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.