Sentencia 2008-00198 de diciembre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002327000200800198 01

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Número Interno 18126

Actor. Víctor Perlman Milstein

Demandado: Instituto de los Seguros Sociales - ISS

Fallo

Bogotá, D. C., nueve de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Las inconformidades planteadas por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia impugnada, se reducen a tres puntos:

— Que la vinculación del demandante fue hecha directamente dentro del mandamiento de pago.

— Que el mandamiento de pago fue debidamente expedido y notificado.

— Que hay título ejecutivo.

El primero de los motivos de inconformidad se refiere directamente al único argumento de fondo que tomó en cuenta el a quo para adoptar la decisión anulatoria que se cuestiona. Dijo el tribunal:

“De manera que, como quiera que en el sub exámine el Instituto de Seguros Sociales libró el Mandamiento de Pago Nº 02058 de 10 de noviembre de 2003, a la sociedad Colorama en Liquidación y los socios, entre otros, contra el señor Perlmam Milstein Victor, sin un acto administrativo previo debidamente notificado a éste, donde se establezca su calidad de deudor solidario, la proporción de su participación, el periodo a que corresponde la deuda objeto del cobro y la cuantía de la misma, respecto al cual pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción en las mismas condiciones que el deudor principal, prospera la excepción de falta de vinculación del deudor solidario”(13).

Si bien la Sala sostenía anteriormente la tesis esbozada por el a quo, en cuanto a la necesidad de proferir un acto anterior al mandamiento de pago para vincular al deudor solidario, a partir de la sentencia de 31 de julio de 2009(14) se modificó ese criterio jurisprudencial y se señaló que con posterioridad a la expedición de la Ley 6ª de 1992, cuyo artículo 83 adicionó el artículo 828-1 del estatuto tributario, es el mandamiento de pago el acto idóneo para hacer efectiva tal vinculación. Se dijo en la mencionada providencia:

“La ley indica que el acto por medio del cual se vincula al proceso de cobro al deudor solidario, es el mandamiento de pago librado a su nombre, y no otro previo ni posterior, agregando que en su texto se debe determinar el monto de la obligación, vale decir la proporción que, de acuerdo con el porcentaje de participación en la sociedad, le corresponda pagar al socio solidario. Mediante la notificación a cada uno de ellos de un mandamiento de pago, el cual debe contener el valor que le corresponde cancelar al destinatario de dicho mandamiento, y es este el único documento idóneo de acuerdo con la ley, para que la vinculación quede perfeccionada, de donde es erróneo pretender la exigencia de otro documento diferente y anterior que repita la función asignada por ley al mandamiento mismo. Luego mal se puede asumir, como lo alega el actor, que “el acto procesal de notificación del mandamiento de pago es un acto distinto al acto administrativo mediante el cual se vincula al deudor”, cuando precisamente es el citado mandamiento el único documento idóneo para vincularlo”.

Esta posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en la sentencia de 2 de diciembre de 2010(15) en la cual se expresó:

“La Sala precisa que si bien en anteriores oportunidades se ha pronunciado en el sentido de considerar que conforme al artículo 828-1 del estatuto tributario (adicionado por el art. 83 de la L. 6ª/92) se requiere de un acto previo al mandamiento de pago para efectuar la vinculación del deudor solidario, mediante sentencia del 31 de julio de 2009, Expediente 17103, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, se modificó el anterior criterio, en el sentido de aclarar que a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992, el documento por medio del cual se vincula a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo es el mandamiento de pago expedido a nombre del ejecutado, y debidamente notificado”.

La Sala replica en el presente proveído dicha jurisprudencia y, por tanto, encuentra legítima la vinculación del demandante al proceso de cobro coactivo, mediante la notificación del mandamiento de pago 02058 del 10 de noviembre de 2003, por lo que deberá revocarse la sentencia impugnada, en cuanto el único argumento de fondo para decidir fue, según se vio, precisamente la falta de un acto previo al mandamiento de pago para el efecto.

Dado que el tribunal, aparte de la excepciones planteadas por la demandada, se abstuvo de considerar los demás argumentos de la demanda, en virtud de la prosperidad del punto antes analizado y, en vista de que la parte demandante no apeló por carecer de interés para hacerlo, debe la Sala entrar a analizar los otros cargos, con el fin de que la instancia jurisdiccional decida sobre todos los asuntos propuestos en el libelo de la demanda.

Falta de notificación del mandamiento de pago y violación al debido proceso

Sostiene el demandante que el mandamiento de pago no le fue notificado, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa.

Así mismo, señala que la Resolución 6209 de 2007, mediante la cual se decidió la petición presentada el 30 de agosto de ese año y las excepciones propuestas, no concedió el recurso de reposición a que hace referencia el artículo 834 del estatuto tributario, sin que la parte demandada se opusiera ese punto en particular.

Para resolver se observa:

El Instituto de Seguros Sociales debe controlar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian el Sistema de Seguridad Social, por ser una de sus administradoras en tanto tiene a su cargo el manejo de los riesgos de vejez, invalidez y muerte, cubiertos con el seguro de pensión, dentro del denominado régimen de prima media con prestación definida(16).

En estricto rigorismo procesal, la ausencia de concesión del recurso previsto en el artículo 834 del estatuto tributario no es argumento pertinente para fundamentar el cargo de nulidad in examine que, por lo mismo, estaría llamado a desecharse.

Lo anterior, porque la inadvertencia clara de las reglas procesales aplicables al cobro coactivo seguido contra el actor, si bien puede considerarse excusable no es apta para invalidar la Resolución 6209 del 25 de septiembre de 2009 por vicios de nulidad, en cuanto estos se presentan en el proceso formativo del acto administrativo y no después de que él termina con la adopción de la decisión correspondiente.

En efecto, aunque el derecho a recurrir es elemento esencial del debido proceso administrativo tributario, en cuanto posibilita el derecho de defensa y permite que los actos administrativos de determinación adquieran carácter ejecutorio, produzcan efectos jurídicos y puedan ejecutarse aun contra la voluntad de los administrados (CCA, art. 48), la supresión de la oportunidad procesal para ejercerlo no es, per se, causal de nulidad de dichos actos.

Es así, porque la violación del debido proceso como motivo de nulidad por expedición irregular, en los términos del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solo se refiere a la formación del acto, y la impugnación de los mismos ocurre en etapa posterior, de modo que la pretermisión de la misma sólo conlleva su falta de ejecutoria y consiguiente inoponibilidad(17).

En cuanto atañe a la falta de notificación del mandamiento de pago al demandante, basta con observar que el día 20 de enero de 2004, se practicó tal diligencia de manera personal al señor Sergio Hernando Macías Zuluaga(18) quien, de acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio aportado con la demanda(19), era el suplente del gerente y, por ende, el representante legal de la sociedad Colorama Limitada - en Liquidación.

Esta notificación es suficiente para entender comunicada la decisión administrativa a la sociedad, según el texto del artículo 196 del Código de Comercio(20), en concordancia con la manifestación contenida en el mencionado certificado de la Cámara de Comercio, respecto de las facultades del representante legal. No lo es, sin embargo, para entender notificado al socio en calidad de deudor solidario, pues, al tenor del artículo 98 del Código de Comercio, la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.

Considerando que el mandamiento expedido en el sub lite vincula solidariamente al socio accionante y que el referido artículo 98 distingue a los socios de la persona jurídica constituida por el ente societario, se entiende que esa orden debía notificársele individualmente a dicho socio, como de hecho lo prevé el artículo 826 del estatuto tributario(21) tratándose de ejecuciones fiscales tramitadas por el procedimiento administrativo de cobro coactivo que regula el título VIII de su libro quinto.

Dentro de la actuación administrativa que se examina, el socio mencionado —actor del sub lite—, presentó sendos escritos del 30 de agosto de 2007 y el 17 de septiembre siguiente, para cuestionar su vinculación como deudor solidario, decretar la terminación del proceso de cobro y levantar las medidas cautelares que en él se decretaron.

Sin lugar a dudas, las solicitudes mencionadas ponen de presente un conocimiento claro, cierto y directo respecto del contenido del mandamiento de pago librado, bajo la expresión de una conducta concluyente por parte del deudor solidario que aquí acciona, que permite tenerlo por notificado personalmente de la orden ejecutiva en la fecha en que presentó tales solicitudes, a la luz del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo(22).

En consecuencia, no prospera el cargo.

De la falta de título ejecutivo

Como se enunció en el aparte precedente, el mérito ejecutivo se predica exclusivamente de obligaciones claras, expresas y exigibles. Es ello lo que se deduce del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo.

El hecho de que dichas obligaciones sean expresas da cuenta de que las mismas deben constar en piezas documentales que dichas normas sustantivas se ocuparon de enlistar, de modo que la existencia de ellas determina la existencia del título mismo.

En efecto, la primera de dichas normas que frente a entidades públicas como la aquí demandada tiene carácter especial, señalaba hasta antes de su derogatoria por parte de la Ley 1437 de 2011:

“Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las liquidaciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su presentación sea obligatoria.

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.

Si bien los certificados de deuda, in genere, bien pueden encajar en el primer grupo de documentos en cuanto imponen la obligación de pagar sumas de dinero a favor de las entidades estatales y se consideran verdaderos actos administrativos(23), tratándose de los correspondientes a cotizaciones al sistema de seguridad social, el mérito ejecutivo de esa obligación y su naturaleza de título ejecutable emanan del propio artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que fue contundente al disponer:

“…, la liquidación mediante la cual mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”.

Desde esa perspectiva, la Liquidación Certificada de Deuda Nº 2152 del 29 de julio del 2003, con base en la cual se expidió el Mandamiento de Pago Nº 2058 del 10 de noviembre del mismo año, que originó la ejecución objeto de la presente contienda jurisdiccional, demuestra que el título ejecutivo previsto por el legislador para tal efecto ciertamente existe y que, por tanto, la réplica del actor no tiene vocación de prosperar(24).

Por lo demás, el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994(25) no se aplica al caso concreto, porque opera en el ámbito de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de pensiones y cesantías, de creación autorizada por la ley 100 de 1993 y 50 de 1990, respectivamente; las primeras, constituidas como sociedades anónimas o entidades cooperativas que administración y manejan fondos y planes de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, y no del régimen de prima media con prestación definida.

De la prescripción de la acción de cobro

Conforme con el artículo 817 del estatuto tributario, vigente para la época en que se expidió el mandamiento de pago (nov. 10/2003) y aplicable al asunto sub examine, la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en cinco años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles(26).

De acuerdo con el artículo 818 ibídem, dicho lapso se interrumpe, entre otros eventos, por la notificación del mandamiento de pago, lo que en el caso de autos se cumplió el 30 de agosto de 2007 por conducta concluyente, según se concluyó en el segundo cargo analizado en esta providencia. Una vez interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago.

En sí misma, la prescripción que se comenta es extintiva en cuanto pone fin al derecho y a la obligación que él involucra, sancionando la inercia de su titular en exigirlo dentro de plazos razonables, en procura de garantizar la seguridad jurídica, el orden público y la paz social(27), y sin transgredir los derechos al trabajo y a la seguridad social(28). Ello, además de adecuar el sentido de la oportunidad, consulta la naturaleza periódica de las pensiones.

En sentencia del 28 de junio de 2012, Expediente 0584-2009 la segunda de esta corporación ilustró sobre la discusión jurisprudencial existente en relación con la aplicación de los términos de prescripción del recobro de cuotas pensionales, para finalmente recogerse en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006 que, si bien no rige el presente proceso, no demerita recordar dicho pronunciamiento judicial, por doctrina jurídica:

“Es una posición unificada en la jurisprudencia de las altas Cortes, que la prescripción extintiva no va en contra de los derechos adquiridos, ni del trabajador, o mejor no riñe con el derecho al trabajo y la seguridad social, por el contrario, su existencia en la legislación lo beneficia toda vez, que descansa en la seguridad jurídica, el orden público y la paz social.

Lo anterior se refleja en varias decisiones, como en la C-072 de 1994, en donde la Corte Constitucional declaró exequibles el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y el 488 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la prescripción general de tres (3) años para el ejercicio de las acciones derivadas de las leyes sociales y laborales, bajo el argumento que: “La prescripción trienal acusada, no contradice los principios mínimos fundamentales establecidos por el estatuto superior, porque la finalidad que persigue es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral. El derecho de los trabajadores no puede menoscabarse (C. P., art. 53), y es en virtud de ello que la prescripción de corto plazo garantiza la oportunidad a que tienen derecho los que viven de su trabajo”. Lo propio hizo respecto del artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, al declarar exequible las expresiones: “y prescripción de la acción de cobro” y “el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva”.

En la misma línea de interpretación, la misma Corte en Sentencia C-230 de 1998, declaró inexequible una norma de la Ley 116 de 1928 que consagraba la prescripción de treinta (30) años del derecho a solicitar pensiones, haciendo una importante diferencia entre la imprescriptibilidad del derecho a reclamar una pensión y la prescriptibilidad de las mesadas pensionales. Lo mismo decidió respecto de la imprescriptibilidad consagrada en artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir del principio “no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad”.

Ahora bien, en cuanto al tema específico de la prescripción liberatoria en el recobro de las cuotas pensionales, el recuento histórico evidencia, que ninguna norma hizo una referencia puntual a ella, lo que generó según informan las entidades demandadas diversidad de interpretaciones, por lo que fue necesario unificar en la circular controvertida un plazo de 3 años, dado que muchas entidades públicas actuando negligentemente omitieron el cobro oportuno a otros empleadores o entidades de previsión permitiendo la acumulación de cartera por el paso del tiempo y por consiguiente el desajuste fiscal de las mismas.

Esos diversos criterios de aplicación de prescripción extintiva antes del 29 de julio de 2006, se concretan así: el primero, consagrado en el artículo 2536 del C.C.C. reformado por la Ley 791 de 2002(29); el segundo, hace referencia al carácter laboral de la prescripción, habida cuenta que las mesadas prescriben en 3 años —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969—, por ende el recobro también, en razón a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y el tercero, responde a la naturaleza fiscal de la deuda, lo que lleva a la aplicación de las normas tributarias —artículo 817 - 5 años—.

Efectivamente encuentra la Sala, que la prescripción extintiva que convoca el sub iudice, no ha sido pacífica ni aún en materia jurisprudencial y es más, casi inexistente, lo que justificó en palabras de los ministerios firmantes la expedición de la resolución cuyo tema hoy se cuestiona.

La Sección 4ª del Consejo de Estado(30) sobre este tópico ha señalado, que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro, 5 años (art. 817 E. T., modificado por el art. 86 de la L. 788/2002) y la competencia para decretar la prescripción (art. 817 E. T., modificado por el art. 8º de la L. 1066/2006).

Todo lo dicho demuestra, que conforme a la naturaleza asignada al recobro de la cuota parte pensional, se le atribuyó el término de prescripción extintiva, de 3, 5 o 10 años, hasta que se puso punto final a la incertidumbre con la expedición de la Ley 1066 de 2006, que estableció en el artículo 4º, un término de 3 años para tal efecto”.

En el caso concreto, el título ejecutivo constituido por el Certificado Nº 2152 del 29 de julio de 2003, se expidió respecto de las deudas generadas por el sistema de autoliquidación de aportes pensionales patrono-laborales del primer periodo del año 1995 y siguientes, a cargo de la razón social Colorama Ltda. en Liquidación (fl. 3, c. a. 1).

Ahora bien, el certificado de existencia y representación legal visible en los folios 2 a 4 del presente cuaderno indica que el estado de liquidación junto con la disolución de Colorama, fue declarado por Escritura Pública Nº 1920 del 3 de junio de 1998, de la Notaría 45 del Círculo de Bogotá, inscrita al día siguiente bajo el Nº 636948 del libro IX.

Lo anterior, unido a que el artículo 222 del Código de Comercio deja en claro que una vez disuelta la sociedad, esta solo conserva capacidad jurídica para realizar los actos necesarios a la inmediata liquidación, de modo que no puede iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social, para el cual contrata la nómina de trabajadores cotizantes del sistema de seguridad social, estima la Sala que el último periodo cobijado por el certificado de deuda es el del mes de junio de 1998, en proporción a los días del mismo en que la empresa operó en condiciones de normalidad (3), dado que la defensa del Seguro Social no explicó nada concreto sobre ese tópico en particular.

Se entiende entonces que a través del Certificado de Deuda Nº 2152 del 29 de julio de 2003 se liquidaron los aportes patrono laborales de los periodos comprendidos entre el primer mes de 1995 y el sexto mes de 1998.

Visto lo anterior a la luz del término de prescripción del artículo 817 del estatuto tributario, y teniendo claro que el ISS solo podía ejecutar los aportes patrono labores que se hicieron exigibles dentro de los cinco años anteriores a la liquidación certificada de deuda, se considera que las obligaciones cobradas respecto de los meses de enero de 1995 a junio de 1998, se encuentran prescritas porque corresponden a periodos anteriores al interregno de oportunidad permitido, que oscilaría entre el 29 de julio de 1998 y el 29 de julio de 2003.

Lo anterior es razón suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos demandados y para, en consecuencia, para confirmar los numerales 2º y 3º de la sentencia apelada, pero solo por las razones aquí analizadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMANSE los numerales 2º y 3º de la sentencia del 5 de noviembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Víctor Perlman Milstein contra el Instituto de Seguros Sociales, ISS.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(13) Folio 161 cuaderno principal.

(14) Sección Cuarta, Expediente 17103.

(15) Sección Cuarta, Expediente 17583. Ver en idéntico sentido, providencias de 2 de diciembre de 2012, Expediente 18112 y de 16 de marzo de 2011, Expediente 18002, entre otras.

(16) Ley 100 de 1993. Artículo. 31. Concepto. El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título.

Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.

(17) Al respecto, véase sentencia del 4 de noviembre de 2010, Expediente 17211, C. P. Carmen Teresa Ortiz.

(18) Folio 78 cuaderno principal.

(19) Folio 4 reverso ib.

(20) “ART. 196.—Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad.

A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros”.

(21) “… Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios”.

(22) Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales…”.

(23) En sentencia del 26 de marzo de 2009, Expediente 16257 se anotó que la liquidación certificada de deuda correspondía a un acto administrativo, en cuanto contiene una manifestación de voluntad administrativa con una decisión que produce efectos en derecho, suscrita por el jefe del departamento financiero seccional de Cundinamarca y D. C., y susceptible de control jurisdiccional como acto definitivo que decide directamente sobre los valores adeudados por el administrado, y añadió:

“… en sentencia de 17 de marzo de 2005 en la que se decidió un asunto similar al presente, señaló que la “liquidación certificada de la deuda” “constituye un verdadero acto administrativo y más concretamente el acto que en el caso concreto puso fin a la actuación administrativa, y en consecuencia debe ser notificada al interesado, aun cuando contra ella no proceda recurso alguno, pues sólo así se logra la firmeza del acto, y adquiere el mérito ejecutivo a que se refiere el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, para que pueda iniciarse el cobro por la vía de la jurisdicción coactiva. Esta norma se entiende en concordancia con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, cuando señala que la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado “prestará mérito ejecutivo”.

(24) Es de precisar que esta reflexión no se opone a las de la sentencia del 16 de diciembre de 2011 (Exp. 18123), porque además de que la misma analizó una ejecución con título y ejecución posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, lo cual no ocurre en el sub lite, el aquí demandante no enfoca el cargo de “falta de título” desde el punto de vista que analizó dicha providencia.

(25) Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones.

(26) Esta referencia legal se toma por la naturaleza parafiscal de los aportes a la seguridad social que esta Sala prohijó en sentencias como la del 26 de marzo de 2008 (Exp. 16257), en consideración a que las contribuciones se cobran de manera obligatoria a un determinado número de personas para la destinación específica de satisfacer las necesidades en salud de esos afiliados. Así, dichos fallos descartaron la aplicación de los términos de prescripción previstos en las normas laborales.

(27) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 31 de octubre de 1950. Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-072 de 1994.

(28) C-072 de 1994, C-198 de 1999, C-745 de 1999, C-381 de 2000, C-298 de 2002, C-624 de 2003, C-1232 de 2005 y C-735 de 2006, entre muchas otras.

(29) “ART. 2536.—La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(30) Radicado interno de julio 30 de 2004, M. P. Ligia López Díaz.