Sentencia 2008-00198 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Rad.: 1101032400020080019800

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: Interchem Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Interchem Corporation

Coadyuvante: Eduardo Secando Verela Pezzano

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Interchem Ltda., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Interchem (nominativa), para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Interchem Corporation.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136, literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin considerar que es titular del nombre comercial Interchem utilizado en forma amplia e ininterrumpida desde 1978, esto es, con anterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha en la cual se solicitó el registro de marca en controversia.

Igualmente, sostuvo que la marca Interchem registrada es idéntica y semejante con el nombre comercial Interchem Ltda, además que la coexistencia de los mismos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores dentro del mercado.

V.2. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

Para sustentar el primer cargo de violación, la parte actora señaló que la marca Interchem que fue concedida a nombre de la sociedad Interchem Corporation, por un lado, es idéntica al nombre comercial Interchem de su propiedad el cual viene utilizado en forma amplia e ininterrumpida desde 1978, y, por otro, la coexistencia de tales signos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la regla o principio general de registrabilidad, al disponer que “[…] constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado […]” y que “[…] podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la parte actora no fijó la controversia en el hecho de que se debe determinar si el signo Anditel constituye o no una marca en los términos del artículo 134 en comento, sino que circunscribe la misma en que se analice si se encuentra ajustado a derecho lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado, al desconocer que es titular del nombre comercial Interchem utilizado con anterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha en la cual se solicitó el registro de marca en controversia.

En este sentido, en el sub lite no resulta procedente el estudio de la disposición plurimencionada, por cuanto el problema jurídico gira en torno a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 ibídem, igualmente invocado por la parte actora en el libelo de demanda, y el cual fue el fundamento para la expedición de los actos acusados.

Cabe resaltar que a la misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al precisar que no realizaría la interpretación prejudicial del artículo 134 ejusdem, “[…] por no ser aplicable al caso concreto […]”.

V.3. Violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En primer lugar, la Sala observa que el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, sin que sea necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, pues es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación se configura cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piensa que entre el productor del mismo y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica; (ii) en el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común; (iii) deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario; y (iv) quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Ahora bien, como quiera que la demanda se sustenta en la existencia del nombre comercial Interchem cuya protección invoca la parte actora para desvirtuar la legalidad del acto acusado, es preciso referirse también a las consideraciones que sobre esta materia expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial.

Al respecto, explicó que el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina entiende al nombre comercial como “[…] cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil […]”, por lo que “[…] se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo […]”.

Asimismo, señaló que el artículo 191 ibídem otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y que concluye, consecuentemente, cuando éste cesa real y efectivamente(2). Manifestó que el artículo 193 ejusdem establece, por su parte, que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo(3).

Aclaró el tribunal que, “[…] sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial […]”.

En la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia Andina agregó que “[…] la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación el establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva […]”, y que “[…] el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia […]”.

En esa misma línea de pensamiento, puntualizó que “[…] a diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos […]”, de forma tal que “[…] el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante […]”.

Destacó, igualmente, que conforme a las citadas disposiciones la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que debe acreditarse su uso, de modo tal que quien alegue el uso anterior del nombre comercial “[…] deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ´que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad […]”, y agregó que “[…] la facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario […]”.

Ahora bien, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Dentro de las pruebas allegadas al expediente por la parte actora para demostrar el uso del nombre comercial Interchem, se encuentran las siguientes que se estiman relevantes:

— Certificado expedido por la señora Yanibe Beatriz Rodríguez, contadora pública, de fecha 22 de febrero de 2008, a través de la cual deja constancia de la representación exclusiva de la sociedad Interchem Ltda., para Colombia, de diferentes empresas en el exterior y del ingreso anual por concepto de la actividad desarrollada, que asciende a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) (fl. 17).

— Certificado Digital 209250 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Junta Central de Contadores de fecha 18 de febrero de 2008 (fl. 7).

— Certificación emitida el 18 de julio de 1978 por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Propiedad Industrial, donde consta el depósito del nombre comercial Interchem (fls. 8 a 15).

— Copia del certificado nacional de exportadores expedido por el Ministerio de Comercio Exterior el 3 de marzo de 2000, a través de la cual se deja constancia de la representación exclusiva para Colombia de diferentes empresas en el exterior (USA, Dinamarca, México, Italia) y del monto de ciento treinta y un millones ciento sesenta y cinco mil ($131.165.000) de ingreso de exportación por servicios (fl. 16)

— Copia de la declaraciones de renta de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fls. 19 a 33).

— Certificación emitida por la sociedad Alpharma el 21 de febrero de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad Interchem Ltda. (fl. 34).

— Certificación emitida por la sociedad Marsing & Co Ltda. el 22 de febrero de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad Interchem Ltda. (fls. 37 a 42).

— Certificación emitida por la sociedad Akzo Nobel el 13 de marzo de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad Interchem Ltda. (fl. 43).

— Copia del contrato entre la sociedad Ajinomoto Co. de Tailandia y la sociedad Interchem en abril de 2004 (fls. 40 y 41).

— Copia de la factura de venta 1304 de la sociedad Lito Impresores a nombre de La sociedad Interchem Ltda. (fl. 45).

— Copia de la factura de venta pp-480424 de la sociedad Coldecón a nombre de La sociedad Interchem Ltda. (fl. 46).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Biovet e Interchem Ltda. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diecinueve (19) años (fl. 47).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Electromanufacturas S.A. e Interchem Ltda. de fecha 20 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 48).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Discordoba e Interchem Ltda. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de siete (7) años (fl. 49).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Garmisch Pharmaceutical e Interchem Ltda. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diez (10) años (fl. 50).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Genfar e Interchem Ltda. de fecha 7 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 51).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Kyrovet e Interchem Ltda. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diez (10) años (fl. 52).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Laboratorios Erma S.A e Interchem Ltda. de fecha 18 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 53).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Laboratorios Servinsumos S.A. e Interchem Ltda. de fecha 14 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de siete (7) años (fl. 54).

— Certificación de la relación comercial entre la sociedades Mesa Hermanos & Cia e Interchem Ltda. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de dieciocho (18) años (fl. 55).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Nestle de Colombia S.A. e Interchem Ltda. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veintitrés (23) años (fl. 56).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Quala e Interchem Ltda. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 57).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Vecol e Interchem Ltda. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 58).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Vitaminas y Minerales para Ganaderia e Interchem Ltda. de fecha 13 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 59).

— Certificación de la relación comercial entre las sociedades Lincoln Electric e Interchem Ltda. de fecha 21 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 60).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (25 de agosto de 2004), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial Interchem.

En efecto, de las declaraciones de renta aportadas se desprende que la sociedad accionante desarrolla la actividad comercial en el mercado de manera ininterrumpida desde el año 1993.

La declaración de la contadora, Yanibe Beatriz Rodríguez, da fe pública de la actividad de suministro y comercialización de productos químicos y del promedio de ingresos anuales de la sociedad.

Por su parte, los certificados expedidos por las sociedades en los cuales se deja constancia de la relación comercial sostenida con la sociedad actora, demuestran la actividad comercial relacionada con el suministro y comercialización de materias primas industriales, y que la mayoría de ellas son con productos farmacéuticos, veterinarios y químicos, además reflejan el conocimiento que tienen los distintos empresarios de la presencia en el mercado de la sociedad actora y de su intención de posicionarse en el mercado.

En suma, de la valoración en conjuntos de los elementos probatorios allegados al plenario la Sala advierte que la sociedad Interchem Ltda. cuenta con numerosos socios y clientes en el mercado que conocen su nombre comercial y la actividad que desarrollada, además demuestran el nivel de ventas representado en los valores certificados y, por supuesto, la permanencia y continuidad en su operación.

De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “protegido” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, esta sección(4) consideró lo siguiente:

“[…] En la interpretación prejudicial se agrega que ‘la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva’, y que ‘el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia’.

En esa misma línea de pensamiento, puntualizó el tribunal que ‘[a] diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos’, de forma tal que ‘el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante’.

Destacó, igualmente, que conforme a las citadas disposiciones la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que debe acreditarse su uso, de modo tal que quien alegue el uso anterior del nombre comercial ‘deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ´que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad’, y agregó que ‘[l]a facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’.

Ahora bien, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4.4. Dentro de las pruebas allegadas al expediente por la parte actora para demostrar el uso del nombre comercial “Multiport E.U”, se encuentran las siguientes que se estiman relevantes(4):

[…]

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2005, esto es, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de las marcas cuestionadas (5 de febrero de 2008), la parte actora viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial Multiport E.U.” […].

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos enfrentados en este asunto, teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La configuración de los signos en conflicto es la siguiente:

Interchem

Marca nominativa cuestionada 

Interchem

Nombre comercial protegido 

En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos de naturaleza nominativa.

Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico y fonético aquellos son idénticos y, por ende, confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad el nombre comercial de la demandante, esto es, la denominación Interchem.

En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generar riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial Interchem, relacionadas con la comercialización de productos químicos, entre otros, farmacéuticos, y los servicios que ampara la marca Interchem, clase 1, referidos a “[…] productos químicos para la industria […]”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

Finalmente, para la Sala no es de recibo el argumento del apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso en cuanto a que, en gracia de discusión, se debe tener en cuenta el uso que ha realizado la sociedad respecto del nombre comercial Interchem Corporation, lo anterior por cuanto la controversia gira en torno a la protección del registro marcario Interchem y no de su nombre comercial.

Sobre el particular, la Sala prohíja lo considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 20 de noviembre de 2014, en la cual se sostuvo que “[…] no puede efectuar pronunciamiento alguno frente a este argumento, pues claramente se refiere a una actuación administrativa distinta a la que originó el acto acusado en este proceso […]”.

V.4. Conclusión

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que el acto acusado vulnera lo dispuesto en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Interchem en la clases 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual no puede coexistir pacíficamente en el mercado con el nombre comercial protegido Interchem, al ser confundible con este.

En consecuencia, se declarará la nulidad de la resolución demandada y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro asignado a las marca Interchem (nominativa) en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Interchem (nominativa), para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Interchem Corporation, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro 296649, asignado a las marca Interchem (nominativa), clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ENVIAR copia de esta providencia al tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Decisión 486 de 2000: “ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

2 Decisión 486 de 2000: “ART. 193.—Conforme a la legislación interna de cada país miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Rad.: 2010 – 00540. Magistrado Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés (E).

4 Se acompañaron con la demanda documentos relativos a los mismos asuntos que enseguida se mencionan y de otros, tales como certificaciones de clientes, los cuales no son tenidos en cuenta por la Sala, en unos casos, por ser posteriores al 5 de febrero de 2008, fecha de presentación de la solicitud de registro de las marcas mixtas “Multiport” cuestionadas, y en otros, como el de las aludidas certificaciones, por encontrarse en idioma extranjero. Así mismo, algunos de los documentos no están relacionados directamente con las actividades que constituyen el objeto social de la demandante.