Sentencia 2008-00201 de octubre 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00201-01(18462)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Clara María González Zabala

Demandado: Municipio de Puerto Libertador - Córdoba

FALLO

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala pone de presente que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte impugnante contra la sentencia del 20 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró la nulidad parcial del parágrafo del artículo 9º del Acuerdo 8 del 31 de agosto de 2006.

La Sala reitera(10) que la figura de la intervención de terceros dentro de los procesos jurisdiccionales administrativos permite a estos prestar su colaboración o auxilio a alguna de las partes, bien para apoyar la pretensión, caso en el cual se les reconocerá como parte coadyuvante, o bien, para reforzar la oposición a la misma, caso en el cual se le tendrá como parte impugnadora.

El papel que cumple el coadyuvante, como su nombre lo indica, se circunscribe a contribuir con argumentos para enriquecer los planteamientos de la demanda, no para adicionar nuevas pretensiones o cargos involucrando otras normas acusadas.

En dicho sentido, es necesario que exista concordancia entre las pretensiones de la demanda y los hechos y fundamentos que la sustentan y la intervención del tercero que la apoya. Así que el coadyuvante no puede pretender modificar o ampliar la demanda con la formulación de cargos de ilegalidad distintos a los del libelo inicial, pues tal actitud implica la disposición del derecho en litigio que es exclusivo del demandante, quien con los planteamientos expuestos en la demanda delimita la discusión jurídica(11).

En el mismo sentido, el impugnante debe circunscribir su actuación a contribuir con argumentos para enriquecer los planteamientos de la oposición a la demanda. No puede sustituir al demandando, y menos si es una entidad pública pues, por disposición del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo estas entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas pueden actuar en los procesos contencioso administrativos por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

De manera que, si la entidad pública demandada omite el deber de defender los intereses de la institución porque omite contestar la demanda, por sustracción de materia no habrá motivos para impugnar.

La Sala insiste en que “la figura de la intervención de terceros dentro de los procesos jurisdiccionales administrativos permite a estos prestar su colaboración o auxilio a alguna de las partes, bien para apoyar la pretensión, caso en el cual se les reconocerá como parte coadyuvante, o bien, para reforzar la oposición a la misma, caso en el cual se le tendrá como parte impugnadora. La intervención de estos terceros, en consecuencia, se restringe al ejercicio de los actos procesales permitidos a la parte que coadyuva o impugna, en cuanto no se opongan a los de esta, ni impliquen disposición del derecho en litigio. La intervención adhesiva del tercero no reclama un pronunciamiento judicial para sí, sino el reconocimiento del derecho, pretensión o excepción invocado por la parte demandante o demandada; (...)”(12).

En consecuencia, en la impugnación también es necesario que exista concordancia entre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y en los hechos y fundamentos que la sustentan y la intervención del tercero que apoya la oposición a la demanda. Así que el impugnante no puede pretender contestar la demanda, modificar o ampliar la contestación de la demanda con la formulación de excepciones de oposición distintas a los de la contestación de la demanda, pues tal actitud implica la defensa del derecho en litigio que es exclusivo de la parte demandada, quien con los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda delimita la discusión jurídica.

No obstante lo anterior, tratándose de demandas en acción de nulidad simple, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado(13) ha aceptado que se analice la intervención de los terceros intervinientes, pero no como representantes de la Nación o de la entidad territorial demandada, sino “como tercero interesado en la defensa de la legalidad del acto acusado”, por el interés público y general que caracteriza esas acciones.

En esas condiciones, la Sala procede a analizar el recurso de apelación interpuesto por la Unión Temporal Alumbrado Público de Puerto Libertador.

Pues bien, la Sala parte de precisar que el a quo declaró la nulidad parcial del parágrafo primero del artículo 9º del Acuerdo 8 de 2008 de 2006 del municipio de Puerto Libertador por violación del artículo 338 de la Carta Política porque consideró, de una parte, que ese parágrafo, al regular la base gravable del impuesto de alumbrado público, aludió a aspectos que, a su juicio, no constituyen criterios idóneos para establecer el monto del gravamen y que no permiten cuantificar técnicamente el gravamen a cobrar. Así mismo, consideró que se violó el artículo 338 de la Constitución Política porque “lo que estructura la vulneración que se endilga al parágrafo analizado es la ausencia de la base gravable como elemento del tributo para su debida cuantificación”.

La unión temporal no aludió a ninguna de las consideraciones que hizo el tribunal, sino que se refirió a la autonomía fiscal que tienen las entidades territoriales para regular los elementos del impuesto, aspecto del que no discrepa el tribunal, al punto que despachó de manera desfavorable la causal de nulidad de todo el acuerdo por la violación del artículo 338 de la Constitución Política, por la indebida aplicación del literal d) del artículo 1º la Ley 97 de 1913 y del artículo 1º de la Ley 84 de 1915.

La unión temporal también se refirió a la causal de nulidad del Acuerdo 8 de 2006, por violación del derecho a la igualdad, pero, tal como se precisó, el tribunal se relevó de estudiar ese cargo. En consecuencia, por sustracción de materia, tampoco es procedente que la Sala se refiera a ese punto.

En ese entendido, para la Sala no se desvirtuaron las razones de la decisión que tuvo en cuenta el tribunal para declarar la nulidad parcial del parágrafo primero del artículo 9º del Acuerdo 8 de 2008 de 2006 del municipio de Puerto Libertador.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 20 de mayo de 2010, proferida en el contencioso de nulidad simple interpuesto por Clara María González Zabala contra el municipio de Puerto Libertador».

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E). Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013). Referencia: 440012331000200400331 02. Radicado: 18773. Actor: Martín Nicolás Barros Choles. Demandado: Departamento de La Guajira.

(11) Expediente 2009-942 del 2 de mayo de 2012, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(12) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá D.C., auto del siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008). Radicación: 44001-23-31-000-2005-000979-01(16847). Actor: Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca. Demandado: Departamento de la Guajira.

(13) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., agosto doce (12) de dos mil tres (2003). Radicación: 11001-03-15-000-2003-00330-01(S-330). Actor: Fundación para la Defensa del Interés Público. Demandado: Municipio de Soacha.