Sentencia 2008-00202/43643 de marzo 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 43.643

Rad.: 190012331000200800202-01

Demandante: Jesús María Lerma Quiñones y otros

Demandado: Nación-Ministerio de defensa- Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su naturaleza y por la cuantía del proceso, dado que la mayor de las pretensiones es superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, si se tiene en cuenta que se pidieron para cada demandante como indemnización moral y para el lesionado, además, como daño a la vida de relación, 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Adicionalmente, debe precisarse que la competencia de la Sala se limita a resolver los motivos de inconformidad de la entidad demandada, por ser la única apelante, sin que la sentencia pueda ser modificada en forma adversa a sus intereses, en acatamiento del principio constitucional de la no reformatio in pejus.

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes, como consecuencia de las lesiones causadas por agentes de la policía al señor Jesús María Lerma Quiñónes, daños que, según la demanda, no estaban en el deber jurídico de soportar tales daños, los cuales se imputan a la Nación-Ministerio de defensa-Policía Nacional.

1.3. Legitimación en la causa.

El señor Jesús María Lerma Quiñones, quien alega ser la víctima directa de los daños que se imputan a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, está legitimado en la causa, por haber acreditado que sufrió las lesiones.

Sobre la legitimación de los demás demandantes, no se hará mención en esta sentencia, dado que en primera instancia les fueron negadas sus pretensiones y este aspecto no fue objeto de recurso.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones que se imputa a la Policía Nacional, de manera que la Nación, representada por tal entidad está legitimada como parte demandada en este asunto.

1.4. La demanda en tiempo.

La demanda se presentó en tiempo, si se tiene en cuenta que los hechos por los cuales se pretende su reparación fueron causados en la noche del 29 de julio de 2006 y las primeras horas del día siguiente (fl. 379-380), y la demanda se presentó el 14 de julio de 2008, esto es, dentro de los dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Problema jurídico.

Deberá la Sala resolver si la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 29 de septiembre de 2011 debe revocarse, conforme a lo solicitado por la entidad demandada en el recurso de apelación, por carecer de fundamento probatorio la responsabilidad deducida por el a quo, o si dicha sentencia debe mantenerse por ser imputable a la entidad el daño aducido en la demanda.

Para resolver esa controversia se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente, las cuales corresponden a los documentos traídos al proceso por las partes y, en particular, las copias de las providencias dictadas en el proceso disciplinario que se adelantó por esos hechos, en la Procuraduría Provincial de Buenaventura, de las cuales pueden valorarse las providencias por ser prueba documental en este. No se valorarán los testimonios rendidos ante juez comisionado en este proceso por provenir de las mismas partes.

3. Análisis de la Sala.

Con el fin de establecer si los testimonios rendidos ante la Personería de Guapi, en la acción disciplinaria iniciada en contra de los agentes de la policía que participaron en la retención del señor Jesús María Lerma Quiñones pueden ser valorados en este proceso, debe tenerse en cuenta que:

3.1. En sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la corporación se estableció que los testimonios rendidos ante cualquier entidad que haga parte de la Nación podrán hacerse valer en contra de otra entidad de esa misma naturaleza jurídica:

12.2.23. Como corolario de todo el razonamiento explicado en el presente acápite de validez de los medios de prueba la Sala concluye, en relación con la posibilidad apreciar las pruebas testimoniales que han sido recaudadas en un proceso ajeno al trámite contencioso administrativo, lo siguiente:

12.2.23.1. En principio, para que puedan ser apreciadas dichas pruebas, deberá cumplirse con la ratificación de que trata el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, o prescindirse de dicho trámite tal como lo dispone la aludida norma, esto es, manifestándolo ambas partes mediante escrito autenticado o verbalmente en audiencia —párrafo 12.2.5.1—.

12.2.23.2. Excepcionalmente, los testimonios podrán apreciarse siempre que las partes muestren de forma inequívoca, con los comportamientos por ellas desplegados a lo largo del proceso, que desean que dichos medios de prueba hagan parte del expediente sin necesidad de que sean ratificados —casos (i), (ii) y (iii), párrafos 12.2.5.2 y 12.2.5.3—.

12.2.23.3. Finalmente, se repite, las variaciones jurisprudenciales expuestas anteriormente –ver párrafos 12.2.5.4, 12.2.5.5 y 12.2.5.6-, se unifican en esta providencia de Sala Plena de Sección, en el sentido de que cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se transgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas.

12.2.24. Así las cosas, en el presente caso se dará plena apreciación a los testimonios que fueron recaudados por la Procuraduría General de la Nación, los cuales pretenden hacerse valer en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional(2).

3.2. Por lo tanto, no habrá objeción alguna en hacer valer en este proceso los testimonios rendidos en el disciplinario que adelantó la Procuraduría Provincial de Buenaventura. No obstante, en relación con los testimonios que en forma previa recibió la Personería de Guapí, no hay lugar a aplicar dicha regla, dado que, si bien las personerías cumplen funciones de Ministerio Público, no pertenecen orgánicamente a la Procuraduría, como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil de la corporación:

[S]i bien las personerías municipales y distritales cumplen funciones de Ministerio Público y se encuentran bajo la dirección del Procurador General de la Nación (artículos 118 y 275 C.P y 169 de la Ley 136 de 1994), no pertenecen orgánicamente a la Procuraduría General de la Nación (artículo 2º Decreto 262 de 2000). Su regulación, presupuesto y vinculación especial con los municipios y distritos se encuentra regulada de manera general en la Ley 136 de 1994 (artículos 168 y s.s.) y, en lo que respecta a Bogotá, en el Decreto 1421 de 1993. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que los personeros no son funcionarios nacionales sino del orden local:

“El personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del Ministerio Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de dicha institución, no es en sentido estricto y en los términos de los artículos 277 y 280 de la Constitución delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni agente permanente del Procurador General de la Nación ante las autoridades jurisdiccionales, no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la misma; es un funcionario del orden municipal (Sentencia C-223 de 1995, reiterada entre otras en Sentencia T-932 de 2012.)”(3).

También lo consideró así la Corte Constitucional en la sentencia C-223 de 1995, citada:

El personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del Ministerio Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de dicha institución, no es en sentido estricto y en los términos de los artículos 277 y 280 de la Constitución delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni agente permanente del Procurador General de la Nación ante las autoridades jurisdiccionales, no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la misma; es un funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra sujeto a la dirección suprema del Procurador General de la Nación y, por lo tanto, sus funciones se desarrollan dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna manera, se encuentra sujeto a la autoridad y al control de la Procuraduría y del Defensor del Pueblo, como se deduce de las siguientes funciones que le asigna el artículo 178 de la Ley 136 de 1994.

(…).

Consecuente con lo expresado, si bien la personería y el personero son órganos institución y persona del nivel municipal, que forman parte del Ministerio Público, no se puede asimilar al personero a la condición de delegado o agente del Ministerio Público dependiente del Procurador General de la Nación, en los términos de los artículos 118, 277 y 280 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, la norma del artículo 280 de la Constitución Política se aplica única y exclusivamente a quienes tienen el carácter de agentes del Ministerio Público dependientes del Procurador, los cuales actúan de manera permanente con fundamento en las atribuciones señaladas en la Constitución y la ley ante los magistrados y jueces que ejercen la función jurisdiccional.

En consecuencia, los testimonios rendidos ante la Personería de Guapi en el proceso disciplinario que luego adelantó la Procuraduría Provincial de Buenaventura no pueden ser valorados en este proceso, por haber sido practicados por una entidad diferente a la Nación, no haber sido ratificados en este proceso, no haber sido pedido su traslado por ambas partes, ni la entidad demandada haber acogido la petición del traslado de esas pruebas hecha en la demanda.

3.3. Ahora bien, se advierte que en este caso se refieren hechos que constituyen grave violación de Derechos Humanos, en tanto se afirma haberse inferido tratos crueles, inhumanos y degradantes a una persona que se hallaba privada de la libertad. Por lo tanto, resulta procedente la aplicación de las normas internacionales, aunque las mismas se opongan a los estándares probatorios internos, con el fin de poder garantizar la prevalencia de tales derechos, lo cual permitirá en el caso concreto, apreciar las pruebas testimoniales que fueron recogidas por la Personería de Guapi, que de otra manera, no podrían ser aducidas contra la Nación, por las razones antes señaladas. Así lo consideró en oportunidad anterior, la Subsección C de la Sección Tercera, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

3. Previo al estudio de fondo, la Sala advierte que las pruebas que obran en el caso materia de estudio, se tiene (sic) copia de los folios… del proceso penal 2.026, adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Garzón, y el disciplinario, que llevó la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial y la Policía Administrativa, por los hechos objeto de la demanda; sin embargo, las pruebas contenidas en ellos no pueden valorarse en el presente proceso, toda vez que no fueron solicitadas por ambas partes en los escritos de demanda y contestación, como tampoco cumplen con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas...

No obstante, la Sala advierte que para casos como el presente donde está valorándose la ocurrencia de una “ejecución extrajudicial” no puede seguir aplicándose lo establecido en el Código de Procedimiento Civil ajeno al respecto de las garantías de los derechos humanos, dado que se estaría vulnerando la Convención Americana de Derechos Humanos al no garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como derecho humano reconocido constitucional y supranacionalmente, tal como se sostuvo en la sentencia del caso “Manuel Cepeda contra Colombia” en la que se sostiene,

“140. En lo que concierne al acceso a la justicia, valga destacar que en este caso los tribunales contencioso administrativo no establecieron responsabilidad institucional por acción de funcionarios estatales en la ejecución del Senador Cepeda Vargas, que considerara la transgresión de sus derechos a la vida y la integridad personal, entre otros, a pesar de que al momento de sus decisiones se contaba ya con los resultados parciales del proceso penal e incluso del disciplinario. En este sentido, no contribuyeron de manera sustancial al cumplimiento del deber de investigar y esclarecer los hechos (supra párrs. 116 a 122). Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remitida en copia simple(4). Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no sólo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado”(5).

3.4. Está probado en el expediente que el señor Jesús María Lerma Quiñones fue retenido y recluido en los calabozos de la estación de policía de Guapi, en las últimas horas del 29 de julio de 2006 y las primeras horas del día 30. Así quedó demostrado con el informe rendido por el patrullero Saúl Olaya Cuesta, comandante de guardia primer turno de la estación de policía de Guapi (fl. 20 cdno. 2).

También está probado que en la misma fecha, el señor Jesús María Lerma Quiñones sufrió lesiones personales, que le causaron una incapacidad médico legal de 15 días.

Así aparece demostrado con la copia de la historia clínica del 1º de agosto de 2006, que se le siguió en Empresa Social del Estado de Guapi (fl. 235 cdno. 1), el cual consta lo siguiente:

Me pegaron (reconocimiento médicolegal)

Cuadro de +- 3 días por lesión en cuerpo con objeto contundente. Edema ocular que impide su valoración. Se observa secreción purulenta en dicho ojo, edema maxilofacial izquierdo, dolor en hemirotax izq., que impide la inspiración, edema de +- 3x4 cm en muslo tercio medio cara externa dolorosa a la digitopresión.

IDx: Politraumatismo.

Plan: Dicloxacilina, Ibuprofeno.

Esas lesiones le produjeron una incapacidad médico legal de 15 días, según el dictamen médico legal practicado por el Hospital San Francisco de Asís, del municipio de Guapi, Cauca, el 2 de agosto de 2006 (fl. 60 cdno. 2):

Para informar sobre el reconocimiento médico legal realizado al señor Jesús María Lerma Quiñones, quien presenta lesión ocular con edema palpebral izquierdo, que impide la valoración en ojo izquierdo que impide la valoración en ojo izquierdo con sutura de más o menos 1 cm (3 puntos), secreción purulenta ocular izquierda, además, presenta dolor en hemitórax izquierdo a la inspiración, que limita los movimientos respiratorios y golpe contundente en muslo izquierdo tercio medio cara externa doloroso a la digitopresión.

Lesión: politraumatismo

Trauma ocular

Objeto: contundente

Incapacidad médico legal: quince (15) días.

Se requiere nueva valoración en 15 días para definir tipo de secuela ocular y características de esta y valoración por oftalmología.

3.5. Sobre las circunstancias en las cuales fueron causadas esas lesiones, obran en el expediente dos versiones: la primera, sostenida por el demandante, quien asegura que dichas lesiones fueron causadas por los agentes de la policía mientras se hallaba recluido en el calabozo, y la segunda, sostenida por los agentes de la policía, quienes afirmaron que esos golpes los había sufrido el señor Jesús María Lerma por las caídas que tuvo en razón de su estado de embriaguez.

En efecto, según la queja formulada ante la Personería de Guapi, el 2 de agosto de 2006, por el señor el señor Jesús María Lerma Quiñones (fl. 57-59 cdno. 2), las lesiones que le generaron la incapacidad aludida fueron causadas por los agentes de la policía mientras se hallaba recluido en el calabozo:

El día sábado 29 de julio del año en curso, siendo las 10 y 30 o las 11 p.m., venía de trabajar, me quedé en la punta del parque esperando el compañero [con el] que andaba, me había tomado unos tragos pero estaba en mis cabales, en el parque había mucha gente ingiriendo licor y el orden público un poco alterado, quebrando botellas, etc. En eso, andaba la policía patrullando y llegaron donde mi en forma de una requisa, entonces les dije: vengo de trabajar, no vengo de fiesta, cargo esto, les mostré un cuchillo, una chuspa que contenía unas jaibas, plátanos, allí fue donde el agente Saúl Olaya, mientras conversaba con los otros se me fue por detrás y por tratar de quitarme el cuchillo se rayó un dedo, en ese momento me caen los otros dos, con los que me encontraba dialogando, y me llevan empujado al puesto, yo les manifestaba que llegáramos al puesto de policía para que me investigaran qué clase de persona soy yo, pero no en esas condiciones, porque no soy un delincuente, cuando me llevaron lo hicieron a golpes y patadas, en el puesto de policía les entregué el cuchillo, luego procedieron a meterme al calabozo, donde se encontraba un muchacho de nombre Víctor Hugo Valencia, estando ya dentro de los calabozos, a los 30 o 40 minutos volvió el agente Saúl Olaya y por fuera del calabozo empieza a tratarme mal verbalmente, con palabras soeces (…), yo no le respondo, luego el señor no se contentó así y sacó del bolsillo las llaves del calabozo, abrió y entró y me pegó un primer culetazo en las costillas, lado izquierdo, que me dejó sin respiración. Luego, al ver que me siguió dando, le cogí el fusil, manifestándole que si había venido era a matarme, le dije: está violando los derechos humanitarios de las personas, allí llamó dos agentes más, que trajeron los boliches, llegaron los otros dos y parejamente me dieron palo y culata dentro del calabozo, en presencia del otro retenido y decían que había que matarme, y que no me mataban por el señor que se encontraba en el mismo calabozo, dejándome privado, cuando caí, creyeron que estaba muerto y me daban pata en la cabeza, para ver cómo estaba, si muerto o vivo, sobre lo que acabo de manifestar, me lo cuenta el otro detenido, porque yo paré un tiempo privado del estropeo de estos señores, apenas menciono el nombre de los agentes Saúl Olaya Daza y García Harold, porque estos son los que logré mirarles los nombres, el otro lo reconozco viéndolo, pero los mencionados agentes sí deben saber quién su otro cómplice, y espero que diga quién es, luego, al día siguiente le manifesté, le suplicaba al sargento jefe del comando que por favor me enviara al hospital, que me sentía mal, que no podía casi respirar, que me encontraba mal de la vista (…), ya de tanto suplicarle y que la personera había ido a verificar el caso, me llevaron al hospital, en él me cogieron tres puntos en la parte superior del ojo izquierdo, me regresaron y me metieron de nuevo al calabozo, sin tan siquiera dejarme examinar porque no puedo respirar bien, me duele la cabeza, no puedo hablar largo, en resumidas, los señores casi me matan, y porque les dio la gana, todo lo que tienen es de asesinos, porque una persona amarrada prácticamente y golpearlo hasta perder el conocimiento, eso apenas, eso apenas es de salvajes, no de personas llamadas a manejar el orden.

Esa versión, que no corresponde a un testimonio, por provenir del mismo demandante, sino el objeto de prueba en este proceso, aparece demostrada con el testimonio del señor Víctor Hugo Valencia Angulo, quien se hallaba también recluido en el calabozo de la estación de policía de Guapi, el día de los hechos y relató lo ocurrido en estos términos (fl. 61-62 cdno. 2):

El día 29 de julio me encontraba retenido en los calabozos de la estación de policía de Guapi Cauca (…), como a eso de las 11 de la noche fue entrado por el agente Olaya Saúl, el señor Jesús María Lerma Quiñones, y encerrado en la misma celda que me encontraba, el oficial se fue y regresó con un libro a preguntarle los datos al señor Jesús María, él no se los contesto, porque ellos ya tenían los documentos de él, entonces el policía empezó a patear la reja del calabozo y entró a darle golpe, puño y patadas, entonces al verse agredido lo agarró para que no le siguiera dando, allí él llamó a los compañeros y vinieron dos agentes más y gritaba traigan los bolillos (…) y empezaron a darle con los bolillos en las costillas, piernas y brazos, también en la cara, de tanto darle golpes y después de una fuerte patada lo tiraron al piso donde quedó inconsciente y allí en ese estado siguieron dándole patadas por donde le cayera, luego se me paró el agente Olaya, y me dijo vos también querés tu parte, yo le conteste asustado y por lo que acababa de ver que no le estaba haciendo nada y que arreglaran su problema allá, y grito el oficial Olaya aquí todo el que entra tiene que conocer mi mano, se la dan de bravos allá fuera y acá dentro uno hace lo que quiere con ustedes, no fuera por el pelado te pegaba tu tiro y te sacaba por acá atrás, allí cerró la celda y se fue, ya a eso de las 5 de la mañana regresó, como el señor ya estaba consciente, le empezó a decir también viendo anoche te di bien duro (…), al verlo en la forma que lo habían dejado, con el ojo tapado y a subes (sic) partido en el mismo y el calabozo lleno de sangre, en ese estado lo observó la Personera de Guapi (…), después que estuvo la personera mirando el estado en que se encontraba el señor fue que lo llevaron al hospital y luego lo regresaron al mismo calabozo (…).

Pero, según el informe oficial presentado por el patrullero Saúl Olaya Cuesta, comandante de guardia primer turno de la estación de policía de Guapi (fl. 20 cdno. 2), los hechos en los cuales resultó lesionado el señor Lerma Quiñones, son ajenos a la actuación de los agentes de la policía y atribuibles solo a la propia víctima:

El día de hoy 30-07-06, siendo aproximadamente las 00:30 horas se atendió el llamado de la ciudadanía donde manifestaba que en el parque principal, frente al establecimiento de razón social “billares el parque” se presentaba una riña, al trasladarnos hasta el lugar, se encontró al señor Juan en estado avanzado de embriaguez, con heridas en el rostro y sus vestiduras ensangrentadas, así mismo en actitud de amenaza con arma blanca (cuchillo) a todo transeúnte que circulara por este sitio, al tratar de persuadir al señor para que entregara el arma, este en forma grosera y utilizando palabras soeces se abalanzó en contra nuestra, intentando agredir con el arma al P.T. Asprilla Padilla Wilton, pero gracias a la pericia del patrullero logró esquivar la agresión, al reaccionar y utilizando los medios coercitivos para desarmarlo, este en forma violenta le propinó herida abierta a la altura del pulgar derecho al PT. Olaya Cuesta Saúl, lo que originó el uso de la fuerza para poder desarmarlo y conducirlo hasta las instalaciones policiales, para dejarlo a su disposición. A las 08:00 fue trasladado al centro hospitalario de esta localidad para que se le prestara la atención médica necesaria de acuerdo a sus heridas (fl. 20 cdno. 2).

En relación con estos hechos, rindió testimonio el agente Wilton Asprilla Padilla (fl. 82-83 cdno. 2), quien relató así lo sucedido:

Me encontraba de centinela y por el billar del Parque se encontraba el señor en mención en estado de embriaguez con un cuchillo atemorizando a unas personas me dirigí con el compañero Olaya a pedirle el favor que nos entregara el cuchillo, al mirarlo el señor se encontraba golpeado con heridas, el señor me tiró con el cuchillo y con unas personas que estaban tratamos para que entregara el cuchillo el cual se oponía dado su estado de embriaguez, de allí el compañero Olaya detrás logró quitarle el cuchillo y con ayuda conducirlo a la estación, como estaba de centinela me quedé afuera de la estación (…), el señor entró con lesiones personales.

Considera la Sala que la versión de los hechos sostenida por la parte demandante resulta de mayor credibilidad, si se tienen en cuenta las demás pruebas que obran en el expediente y los indicios que pueden construirse a partir de los hechos debidamente acreditados en el proceso.

Así, para la Sala constituye un hecho relevante, a partir de cual puede inferirse la veracidad de las lesiones causadas al demandante por los agentes de la policía cuando este se hallaba recluido en los calabozos del comando, el hecho de que su cónyuge hubiera acudido a la Personería, con el fin de buscar protección para el señor Lerma Castellanos, tal como consta en el resumen de las pruebas que se hizo en el pliego de cargos formulado por la Procuraduría Provincial de Buenaventura en contra de los agentes de la policía Saúl Olaya Cuesta y Harold Rolando Daza García (fl. 107-115 cdno. 1):

Dentro de la investigación que cursó en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía del Cauca, se escuchó a la Dra. Sandra Patricia Zúñiga (fl. 37), la cual manifiesta que se presentó el día 30 de julio de 2006, a las instalaciones de la policía, por petición de la esposa del señor Lerma, para verificar el estado en el que se encontraba y verificó que se encontraba con un ojo inflamado, por información se dio cuenta de que se había ocasionado por su estado de alicoramiento, en el momento en que los agentes le quitaron el cuchillo y que, por eso, se ocasionó el golpe. Manifiesta que el señor señaló a los agentes Saúl Olaya y Daza García como los causantes. Dice que el señor se encontraba en el calabozo con el ojo inflamado y en alto estado de alicoramiento y que había otro retenido, el cual se encontraba en otro calabozo.

También es indicativo para la Sala el hecho de que la propia víctima, una vez recuperó su libertad, formuló la queja antes señalada, en contra de los agentes de la Policía. La inmediatez de esa queja permite a la Sala inferir que el demandante no estaba preconstituyendo prueba alguna con el propósito de hacer con posterioridad la reclamación de que trata este proceso.

De igual manera, cabe advertir que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Guapi, López y Timbiquí, Cauca, inició investigación penal en contra de los agentes de la policía, por las lesiones personales, de que fue víctima el señor Jesús María Lerma Quiñones. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar de Popayán, por competencia, según la certificación expedida por la Fiscal Local de Timbiquí, Cauca (fl. 215 cdno. 1), y aunque el Juzgado 183 certificó que dicha investigación fue archivada (fl. 200 cdno. 1), considera la Sala que al margen de la valoración de las pruebas que se hubieran hecho en ese proceso, lo cierto es que la queja del demandante tuvo la credibilidad suficiente para adelantar esa investigación.

Es indicativo también de la seriedad de la imputación hecha por el demandante a la Policía Nacional, en relación con las lesiones que le fueron inferidas mientras estuvo privado de la libertad, el hecho de que la Procuraduría Provincial de Buenaventura profiriera pliego de cargos en contra de los agentes de la policía Saúl Olaya Cuesta y Harold Rolando Daza García (fl. 107-115 cdno. 1):

Cargo

A los señores antes mencionados se les endilga la siguiente conducta presuntamente irregular.

Saúl Olaya Cuesta (…)

Harold Rolando Daza García

(…), procedió sin justificación alguna y de manera dolosa a infligir al señor Jesús María Lerma, quien se encontraba recluido en el calabozo y en total estado de indefensión maltratos físicos constitutivos de torturas, consistentes en golpes en el estómago propinados con puños, puntapiés y con bolillo, ocasionándole gravísimas lesiones corporales (politraumatismo, trauma ocular y contusiones en el muslo izquierdo, que determinaron que dicho ciudadano tuviera que ser llevado al hospital de Guapi, y al ser valorado por Medicina Legal, se le dictaminaron 15 días de incapacidad(6).

Soporte probatorio que fundamenta el cargo

El cargo así formulado tiene su soporte en la misma queja presentada por el señor Lerma Quiñones y en la declaración que rindiera el señor Víctor Hugo Valencia, quien estaba retenido en los calabozos de la policía cuando ocurrieron los hechos y quien refiere que se encontraba en ese sitio desde las cinco de la tarde y a eso de las once de la noche fue llevado el señor Lerma y encerrado en la misma celda, por parte del agente Saúl Olaya, el cual se fue y luego regresó con un libro a preguntarle los datos y este no le contestó, sacó las llaves y abrió el calabozo y entró a darle puños y patadas, el señor, al verse agredido, lo agarró para que no le siguiera dando, el policía llamó a los compañeros y vinieron dos agentes más y empezaron a darle con bolillos en las piernas, costillas y brazos y en la cara, lo tiraron al piso donde quedó inconsciente. Que en eso el agente Olaya le dijo: “vos también querés tu parte” y gritó aquí todo el que entra tiene que conocer mi mano. Dice que lo dejaron con el ojo izquierdo tapado y partido y con el calabozo lleno de sangre que en este estado lo observó la personera municipal.

Manifiesta que la agresión de la cara se la propinó el agente Olaya y en las costillas y brazos y piernas el sargento Daza.

Dictamen médico legal en el que se determina quince (15) días de incapacidad médico legal al señor Lerman Quiñones.

Estas pruebas sirven de fundamento demostrativo de que efectivamente hubo un abuso de autoridad por parte de los policiales, quienes atentaron físicamente en contra del señor Lerma, quien además, según sus dichos, se encontraba borracho.

(…)

Análisis de los argumentos expuestos por los investigados

Solo se pudo escuchar al señor Saúl Olaya, ya que su compañero fue retirado de la institución y no fue posible ubicar hasta ahora su paradero.

El mencionado servidor aduce en su injurada que se encontraba como comandante de guardia el día de los hechos y vinieron personas a avisar que en el parque había un ciudadano borracho con ganas de chuzar a la gente. Que acudieron al parque y le exigieron al señor que entregara el cuchillo, ante lo cual hizo caso omiso, que el señor le mandó una puñalada al compañero policía y este retrocede y le amaga con el fusil. Que en eso el salió a quitarle el cuchillo por la parte de atrás y no lo logró cortándose el dedo y el señor se cayó y se golpeó la cabeza. Que en ese momento llegaron los otros compañeros y uno de la Armada y les ayudaron a entrar al señor hasta la estación. Que se le informó al comandante de la estación Daza García, el cual ordenó que se hiciera la anotación y se metiera a los calabozos. Dice que este se encontraba con golpes en la cabeza y en la espalda, por las caídas y los tropezones y forcejeos al entrar al calabozo.

Las explicaciones dadas no satisfacen a este despacho, por cuanto las pruebas recaudadas en el trascurso de la investigación están demostrando la objetividad de la conducta presuntamente irregular, ya que si bien es cierto este pudo haber ocurrido antes de trasladar al señor al calabozo, la situación que se presentó al interior de este sitio fue al parecer totalmente diferente y así lo corrobora el señor Víctor Hugo Valencia, quien se encontraba recluido en el mismo sitio. Es por ello que este despacho los llama a responder disciplinariamente.

Cabe advertir que en este proceso no se tiene información sobre la suerte que corrió el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría en contra de los agentes de la policía y, además, que cualquiera que fuera esa decisión, la misma carece de fuerza vinculante en este proceso; sin embargo, lo que aquí se valora es la prueba documental que demuestra la existencia de los cargos disciplinarios formulados contra los agentes por los maltratos físicos denunciados por el señor Lerma Quiñones, la credibilidad que esa autoridad disciplinaria le dio a su acusación.

Finalmente, advierte la Sala que, de haber sido cierto que el señor Jesús María Lerma resultó lesionado como consecuencia de las caídas que sufrió en razón de su estado de embriaguez, las cuales eran fácilmente apreciables, según el testimonio del agente Asprilla Asprilla y el informe del patrullero Saúl Olaya, lo esperable hubiera sido que los agentes lo hubieran conducido a una institución médica, en lugar de recluirlo en el calabozo, de donde solo salió con ese fin, luego de la visita de la personera de Guapi.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es patrimonialmente responsable del daño sufrido por el señor Lerma Quiñones, por haber sido lesionado, en total abuso de sus condiciones de superioridad, por quienes estaban encargados de su custodia y, por ende, de la protección de su integridad personal.

El respeto por los derechos a la vida, a la integridad física y a la dignidad(7)de quien ha sido privado de la libertad y se encuentra en situación de especial sujeción es deber ineludible del Estado. La Constitución Política proscribe cualquier forma de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a todas las personas (art. 12), norma que guarda plena armonía con las disposiciones del Derecho Internacional desarrolladas en declaraciones, pactos y convenciones, que establecen el derecho de los reclusos a recibir un trato respetuoso de su dignidad humana(8).

Acerca de la responsabilidad del Estado por los daños causados a las personas que se encuentran privadas de la libertad, esta corporación, luego de hacer una amplia exposición sobre los tratados y convenios internacionales celebrados por Colombia para la eliminación de toda forma de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y del deber de proteger su vida e integridad corporal, señaló:

Los reclusos son conducidos por el Estado a centros penitenciarios para su permanencia en ellos por un determinado período de tiempo, lo que supone límites a ciertas prerrogativas jurídicas, que tienen su razón de ser en el interés estatal por resocializar al delincuente, contribuyendo con ello a la satisfacción del interés general, no obstante, de esta acción puede devenir la responsabilidad establecida en el artículo 90 de la carta política, en el evento en que se conculquen derechos inherentes a la persona que en modo alguno son limitados con la medida punitiva, lo anterior teniendo en cuenta que el interno no pierde su condición de persona y por ende de sujeto de derechos.

Así las cosas, encontrándose en un sitio donde la esfera de sus derechos y la protección de los mismos, no depende de sí mismo, sino en buena medida del Estado que lo recluyó, compele a éste, atender y velar por el respeto y la garantía a sus derechos como la vida, la salud, la seguridad, la integridad personal, entre otros.

(…).

Sobre el particular, resulta oportuno destacar que los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, ya que cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, sin importar cuál sea el propósito con que subjetivamente se actúe, se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad, como en efecto ocurrió en el asunto sub judice, en el que los guardianes del Inpec, infligieron, intencionalmente a la víctima, padecimiento físico y psicológico, esto es, ejecutaron en su contra actos de barbarie y tortura, golpeándolo hasta desquiciarlo.

(…).

En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos, y en particular, contra la dignidad.

Es necesario resaltar que el derecho a un trato digno acompaña a todos los seres humanos en cada una de las circunstancias y facetas en las que se encuentre, es una condición que no lo abandona, máxime cuando es privado de la libertad, circunstancia esta última en la que le corresponde al establecimiento penitenciario velar por el trato digno a los reclusos, ya que éstos se encuentran en situación de dependencia de quienes deben velar por ellos, y no constituye, desde luego, una excepción al trato digno el hecho de estar purgando una pena por un delito en un centro de reclusión.

(…).

En atención a todo lo expuesto, se impone señalar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha debido velar por un trato digno al recluso, que implicaba una oportuna y adecuada prestación del servicio carcelario, lo que no acaeció, toda vez que de conformidad con lo acreditado en el proceso, el afectado fue víctima de maltrato físico y psicológico durante su detención, configurándose así el delito de tortura prohibido por la Constitución y los Tratados Internacionales, como ya se indicó, atentándose con ello contra la vida e integridad personal del lesionado (…)(9).

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. En consideración a que de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca solo se conoce en razón del recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, que fue condena a pagar al señor Jesús María Lerma Quiñones, como indemnización por el perjuicio moral, el valor de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se confirmará dicha sentencia. Esta, se reitera, no puede ser modificada en forma desfavorable a la entidad, por ser apelante única.

4.2. Adicionalmente, se ordenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional que se publique esta sentencia en la página web de la entidad, como medida restaurativa de no repetición, por constituir las lesiones causadas al señor Jesús María Lerma Quiñones mientras se hallaba retenido, un trato cruel, inhumano y degradante, con total desconocimiento de los derechos a su dignidad e integridad, derechos constitucional y convencionalmente protegidos, conforme a lo establecido por la Sala en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(10).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 29 de septiembre de 2011, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional por los daños causados al señor Jesús María Lerma Quiñones, en hechos ocurridos en el municipio de Guapi, Cauca entre la noche del 29 de julio de 2006 y la madruga del día siguiente.

2. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar al demandante una indemnización por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. Como medidas restaurativas se ordena a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional establecer un link en su página web, con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo subirá a la red el archivo que contenga esta decisión, y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de 6 meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web.

La entidad hará llegar al Tribunal Administrativo del Cauca constancia del cumplimiento de esta medida.

4. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, presidente—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth.

1 Se escribirá el nombre de los demandantes tal como figura en los registros civiles de su nacimiento traídos con la demanda, en los cuales consta que su apellido es Quiñones y no Quiñonez. Esto implicará una modificación en las trascripciones.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 11 de septiembre de 2013, exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 2 de junio de 2015, exp. 11001-03-06-000-2015-00049-00(C), C.P. William Zambrano Cetina.

4 “[1] Cfr. (sic) Sentencia de apelación emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el radicado 250002326000199612680-01(20.511) el 20 de noviembre de 2008, supra nota 128, folios 4524 a 4525”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 20241, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 El cargo fue el mismo para ambos agentes.

7 Sobre el concepto de dignidad humana, la Corte Constitucional, en sentencia C-143 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideró: “La dignidad humana, según se desprende del artículo 1º Superior, es el fundamento del ordenamiento jurídico, es decir que este concepto es un pilar determinante en el Estado social de derecho y en la democracia constitucional, y por tanto de los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales en general, y constituye una norma vinculante para toda autoridad (…). [E]l deber del Estado y sus autoridades es el de adoptar las medidas necesarias para que se le garantice a cada individuo un trato acorde con su condición digna de ser humano, como parte y miembro de la sociedad. Así, si bien los ciudadanos pueden verse restringidos o perder sus derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la libertad, como consecuencia de penas privativas de la libertad, la dignidad humana no se puede restringir o perder nunca, de manera que como consecuencia de ello las autoridades carcelarias tienen la obligación de cumplir el respecto de los derechos fundamentales e inalienables de todos los ciudadanos, incluyendo la población carcelaria, y están sujetos de manera categórica a la prohibición de no aplicar sobre los reos medidas, sanciones que puedan constituir torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

8 En la misma sentencia C-143 de 2015, la Corte Constitucional remite a varias disposiciones del Derecho Internacional relacionadas con la prohibición de la tortura: artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 7º y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas frente a la tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975 (art. 2); la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (L. 70/86); y la Convención Interameriana para Prevenir y Sancionar la Tortura (L. 409/97). Además, destacó esa corporación que en relación con la prohibición de las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes para los reclusos, “el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 10, se consagra el respeto a la dignidad humana de los reclusos: “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Este principio interpretado en la Observación General 21 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es sintetizado por esta corporación así: “(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar porque no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una “norma fundamental de aplicación universal”, la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo”.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 26.250, C.P. Enrique Gil Botero.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.