Sentencia 2008-00213 de octubre 12 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 080011102000200800213 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Aprobado Según Acta 98 de la misma fecha

Abogado en apelación sentencia sancionatoria

Decisión: absolver y confirmar parcialmente, manteniendo sanción

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.

Antes de entrar a realizar las consideraciones de rigor, la Sala estima necesario identificar el marco normativo de la conducta imputada al abogado Gerardo Montes Rebolledo, esto es, las faltas disciplinarias contra la honradez descritas en los numerales 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 que señalan:

“… ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado

(…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo…”.

Ciertamente, como con claridad lo reseñó el a quo y lo demostraron las pruebas incorporadas a la actuación, existió un contrato de prestación de servicios profesionales entre el quejoso y el abogado disciplinado de carácter verbal con el objetivo de cobrar unas sumas de dinero que le adeudaba a aquél el Instituto de los Seguros Sociales, en virtud del incumplimiento en el pago de la pensión de vejez reconocida previamente por el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Barranquilla.

En ese sentido el quejoso manifestó que ante el incumplimiento en el pago por parte del Instituto de los Seguros Sociales, le otorgó poder al abogado disciplinado para que promoviera proceso ejecutivo, en el cual se logró obtener título judicial por “… la suma de $55.805.516.81…”.

Por su parte, el disciplinado reconoció en su escrito de apelación del 14 de abril de 2011, la existencia del mandato, la recepción del dinero en la suma referida y la mora en su devolución; sin embargo, justificó esta situación en que “…el señor Enrique de la Espriella, no recibía el dinero por cuestiones personales teniendo que este no estaba de acuerdo con lo acordado en el contrato…”.

Es decir, quedó demostrado que el doctor Montes Rebolledo recibió, por cuenta de su cliente, la suma de $55.805.516.81, y sin autorización expresa para disponer de ello, fraccionadamente la incorporó a su patrimonio.

A efectos de definir el problema jurídico suscitado, sea lo primero precisar que la Sala revocará parcialmente la decisión de instancia, en el sentido de absolver al disciplinado de la falta descrita en el numeral 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues como tradicionalmente lo ha entendido la corporación dicha falta condensa solo aquellas situaciones en las cuales el profesional del derecho ha sido encargado del manejo o administración de bienes, lo cual, para el caso concreto, no ocurrió.

A través de providencia proferida dentro del Radicado 1999-00949, con ponencia del doctor Temístocles Ortega Narváez, se precisó lo siguiente en relación con este aspecto(16):

“… Del cotejo del tipo disciplinario considerado como infringido, con el hecho que incrimina al abogado, resulta evidente que no es posible subsumir este en aquel, como quiera que el precepto tiende a proteger el valor honradez, que no se ve amenazado o agredido con el hecho de que el litigante omita informarle a su mandante sobre la marcha o el estado de la gestión encomendada; el agravio al deber de HONRADEZ se produce en el evento de que el abogado deje de rendir cuentas sobre la administración de bienes caudales que se le ha encomendado (sic a lo transcrito)…”.

Además, porque la falta del numeral 4º del artículo 35 ibídem, incluye, por tratamiento finalístico, las eventuales faltas por la no rendición de cuentas diferentes a la que específicamente describe el numeral 5º ibídem.

En similares términos se sostuvo dentro de la providencia citada: “… el Decreto 196 de 1971 no impone al abogado el deber específico de informar a su mandante sobre la marcha del asunto que le confió y pese a que la omisión en punto a dicha cuestión bien podría configurar falta contra el deber de la debida diligencia profesional, el legislador se abstuvo de tipificarla como tal, por lo que al intérprete no le es dado crearla de su propia inspiración…” (sic a lo transcrito).

Nótese, en consecuencia, que no puede hablarse, para este caso, de concurso de faltas entre los numerales 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual es claro que la Sala, se itera, deberá revocar parcialmente la providencia apelada, para en su lugar absolver al inculpado de la falta descrita en el numeral 5º ibídem.

Por otra parte, en lo que concierne a la falta descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, debe decirse que estando demostrado que el abogado Montes Rebolledo, demoró la devolución de la suma de dinero que había recibido por cuenta de su cliente, lo cual trató de justificar en que este no le recibía por cuestiones personales, al no estar de acuerdo con lo estipulado en el contrato, la Sala considera que si bien podrían existir diferencias entre ellos, el abogado no estaba legítimamente habilitado para hacer lo que hizo, es decir, para incorporar a su patrimonio directamente la suma de dinero.

Ello no solo porque si bien en términos de justicia, el disciplinado podría tener derecho a parte del dinero recibido, no con ello se facultaba para imponer de hecho su voluntad unilateral, por encima de la otra parte con la cual había celebrado un pacto, pues con ello se ejerció arbitrariamente lo que consideraba legítimo, desconociendo adicionalmente el deber consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con el cual “… deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago…”, sin que al no haberlo efectuado de tal forma, pueda ahora, en sede disciplinaria, alegar su propia incuria para justificar su conducta.

Nótese que, en cualquier caso, ante la divergencia de criterios entre abogado y cliente, lo procedente era acudir a mecanismos de los que legalmente se han consagrado para regular el pago de honorarios, pero no se justificaba el uso de mecanismos ajenos al derecho para lograr la cancelación de una determinada suma de dinero, teniendo en cuenta que el Estado ha puesto a disposición de los ciudadanos espacios institucionales idóneos para ventilar las diferencias, situación que por su condición de togado debía conocer ampliamente.

En esas condiciones, el doctor Montes Rebolledo indudablemente atentó contra el deber de honradez que le asistía, ya que dejó de actuar de conformidad con la ley y las reglas éticas reconocidas que rigen su profesión.

Existiendo entonces una posible diferencia sobre el pago de los honorarios, él debía acudir a instrumentos jurídicos a través de los cuales obtuviera el reconocimiento y obligara al pago del porcentaje acordado, utilizando así los escenarios de confrontación que institucionalmente se han consagrado y ateniéndose a su decisión, sin que les estuviera permitido emplear medios de justicia personal y privada para lograr sus pretensiones, pues no se compadece con su rol social de honorabilidad y prestigio, ni con la profesión que se basa en la confianza y la buena fe.

Quien actúa mediante procedimientos coercitivos, diferentes a los autorizados por la ley, con el fin de asegurar sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusiva y por consiguiente su comportamiento resulta inválido a la luz del ordenamiento jurídico, máxime cuando como abogado su compromiso profesional le exige comportarse dentro de los canales legítimamente diseñados por el legislador. Por lo tanto, no podía recurrir el abogado disciplinado a la apropiación de los dineros del quejoso para obtener el pago de la deuda generada por honorarios, pues para ello existían mecanismos y vías de amplio conocimiento por parte de los juristas, que permitían obtener el cumplimiento de obligaciones sin menoscabar derechos fundamentales.

Comoquiera que el abogado Montes Rebolledo no devolvió los dineros recibidos por cuenta de su cliente, en flagrante manejo de conductos ajenos a la ley, nos encontramos ante una trasgresión inaceptable de los deberes profesionales, que bajo ninguna circunstancia puede ser tolerada por la jurisdicción disciplinaria, teniendo claro que cuando una persona se ve compelida, mediante una conducta irregular a realizar el pago de una obligación, se encuentra en una clara situación de indefensión, pues ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico, como si ocurre ante un juez, quien velará por el respeto al debido proceso como derecho constitucional fundamental.

Cabe recordar que a un abogado en ejercicio de la profesión se le exige actuar dentro de los marcos éticos establecidos, para el caso concreto el correcto ejercicio se habría visto concretado si el doctor Montes Rebolledo una vez recibida la totalidad de los dineros, por cuenta del encargo que le hiciera el quejoso, se los hubiera entregado, pero contrario a esta conducta, el inculpado voluntariamente decidió no realizar la entrega esgrimiendo ahora diferencias con su cliente.

Ha quedado establecida la no entrega oportuna, consciente y voluntaria, de los dineros en provecho propio, cuando a lo largo del proceso disciplinario adelantado al abogado, él mismo ha reconocido que recibió la suma de dinero tantas veces citada y omitió entregarlos oportunamente, escudándose en supuestas diferencias con su cliente, exculpaciones que no tiene cabida dentro de la falta que se imputa, razón suficiente como para considerar válida la sanción a título doloso que realizó el a quo.

Valga aclarar que si bien el abogado inculpado devolvió los dineros señalados, antes de que se profiriera sentencia en su contra, con ello no se desvirtúa la falta disciplinaria, pues la infracción al deber profesional se consumó plenamente y mantuvo sus efectos hasta cuando eso ocurrió, inclusive.

Desde ese punto de vista, entonces, pleno fundamento encuentra esta corporación para que la primera instancia sancionara al procesado por la falta que aparece descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que tiene su correlato en el deber de honradez que consagra el artículo 28.8 ibídem, y, para el caso concreto, consiste en recibir dineros por cuenta del cliente y no devolverlos oportunamente.

Finalmente, en lo que corresponde a la sanción, al margen de la absolución que por una de las faltas se proferirá, ante el desvalor conductual del comportamiento imputado y en virtud del principio de proporcionalidad lo procedente será mantener la sanción de seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

Lo anterior porque ante la gravedad de la conducta, que para el caso se trató de un comportamiento consumado de manera dolosa, esto es, con ingredientes de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora, respecto de la no devolución oportuna de dichos dineros a sabiendas de que eran ajenos y no propios, sumado a que el abogado inculpado tenía antecedentes disciplinarios por una falta contra la honradez(17), podría ser razonable, pues, como bien lo argumentó el a quo, si bien el togado devolvió el dinero recibido, por tener antecedentes disciplinarios no podía acceder a la atenuación de la sanción del literal B, numeral 2º, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Sin embargo, comoquiera que se le absolvió de una de las faltas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia apelada, para en su lugar:

1. ABSOLVER al abogado Gerardo Montes Rebolledo de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada, en el sentido de sancionar al abogado Gerardo Montes Rebolledo con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(16) En esa decisión si bien se trataban normativamente faltas del Decreto 196 de 1971, ello puede aplicarse válidamente a la Ley 1123 de 2007, pues existe identidad dentro del contenido de las descripciones típicas.

(17) Según certificado visible a folio 42 del cuaderno original, el abogado Montes Rebolledo fue sancionado el 25 de octubre de 2006 con censura, sanción que empezó a regir el 22 de febrero de 2007.