Sentencia 2008-00217/43371 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 25000-23-26-000-2008-00217-01 (43371)

Actor: José Fernando Hoyos Ortiz y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación – Instituto de los Seguros Sociales ISS

Ref.: Acción de reparación directa

Temas: Legitimación en la causa por activa – validez documentos otorgados en el exterior / Falla en el servicio del ISS – No se encuentra probada / Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – No se acreditó la existencia de un daño.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 2 de noviembre de 2011, que denegó las pretensiones de la acción de reparación directa.

Para lo anterior, se abordará el asunto en el siguiente orden: 1. verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; 2. análisis de responsabilidad en el caso concreto, 2.1 de la responsabilidad del ISS, 2.2 de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y 3. la condena en costas.

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine. 

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso11.

1.2. Legitimación en la causa por activa.

En el sub lite, se alegó que la señora María Victoria Salcedo Bolívar actúa como esposa del señor José Fernando Hoyos Ortiz (víctima directa del daño) y, para acreditar esa condición se aportó copia del registro de matrimonio celebrado en Miami (Florida) con nota de autenticación del Consulado General de Colombia, acompañado de la traducción al español de dicho documento y escritura pública de “protocolización del matrimonio civil en el exterior”12.

Ahora bien, es pertinente mencionar que el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil (norma aplicable), consagraba:

“ART. 259.—Documentos otorgados en el extranjero. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano” (Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el 2º de la Ley 455 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba la ‘convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961”, establece:

“ART. 2º—Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente Convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare”.

Siendo así, si bien, en principio, los documentos otorgados en el extranjero debían presentarse debidamente autenticados por el cónsul colombiano o el de una nación amiga, lo cierto es que esa exigencia quedó eliminada por el artículo 2º de la Ley 455 de 1998, para los documentos a los que se les aplica la convención, los que de conformidad con dicha norma son, entre otros, los emanados por un funcionario relacionado con las cortes13.

Por lo dicho, a juicio de la Sala, el registro de matrimonio celebrado en Miami (Florida) es suficiente para tener dentro de la presente acción a la señora María Victoria Salcedo Bolívar como esposa del señor Hoyos Ortiz, pues aunque no requiere legalización por tratarse de un documento suscrito por un funcionario de la corte de Florida, como se dijo, el Cónsul Colombiano certificó la autenticidad de la firma y el sello del documento extranjero en el que consta el matrimonio de los mencionados señores.

Igualmente, está acreditado, con el respectivo registro civil de nacimiento, que el actor Samuel Salcedo Hoyos14 es hijo del señor José Fernando Hoyos Ortiz.

Por último, se tiene que la señora Aura María Ortiz Quintero, también se encuentra legitimada para actuar como demandante dentro de la presente acción, porque está demostrada su condición de madre del señor Hoyos Quintero15.

1.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), en su artículo 136-816, consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Para establecer si la presente acción fue interpuesta dentro de dicho término, se debe precisar que son dos las imputaciones que hace la parte actora, la primera, consiste en la falla en el servicio en la que habría incurrido el ISS al iniciar una investigación interna contra el señor Hoyos Ortiz, sin el cumplimiento de los requisitos legales y, posteriormente, denunciarlo temerariamente por la presunta comisión del delito de “celebración indebida de contratos” y, la segunda imputación es porque la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación penal contra el mencionado señor sin contar con los elementos necesarios para ello.

Así las cosas, en principio, existirían dos momentos distintos para iniciar el cómputo del término de caducidad, en razón a que, como se dijo, a cada una de las entidades demandadas se le hizo una imputación diferente.

No obstante, a juicio de la Sala, en el presente asunto se debe tener en cuenta la misma fecha para contabilizar dicho término, esto es, el día en que quedó ejecutoriada la providencia que precluyó la investigación penal a favor del señor Hoyos Ortiz, habida cuenta de que solo hasta ese momento el ahora demandante podía establecer si la denuncia penal promovida por el ISS era temeraria y, además, si la investigación penal se adelantó irregularmente o no, es decir, al precluirse la investigación fue cuando el señor Hoyos Ortiz evidenció la existencia del daño por el que reclamó.

Entonces, se tiene que la providencia que precluyó la investigación penal adelantada contra el señor José Fernando Ortiz hoyos, entre otros, se dictó el 21 de febrero de 200617 y quedó ejecutoriada el 15 de julio de 200618, lo que implica que el término de caducidad inició a correr el 16 de julio de 2006 y venció el 16 de julio de 2008. Como la demanda de reparación directa se presentó el 15 de mayo de 200819, la Sala concluye que se hizo dentro del término de dos años que establecía el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.

2. Análisis de la responsabilidad en el caso concreto.

Como se dijo, en el presente asunto, son dos las imputaciones que hace la parte actora a las entidades demandadas.

La primera, consiste en la falla en el servicio en que habría incurrido el ISS por adelantar una investigación interna contra el señor Hoyos Ortiz, sin el lleno de los requisitos establecidos para ello y, además, por formular la denuncia penal, sin contar con suficientes elementos probatorios.

La segunda imputación, según lo alegado por la parte actora, consiste en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se configuró, porque la Fiscalía General de la Nación sometió al ahora demandante a un proceso penal, sin establecer si la conducta atribuida podía calificarse como típica y, además, porque tardó más del tiempo consagrado en la ley penal para determinar “… que lo que injustamente le imputaron no se definía como una conducta delictiva”.

Para efectos de establecer si hay lugar a condenar a las entidades demandadas por los hechos expuestos en la demanda de reparación directa —estudio que se realizará por separado—, se hace necesario referirse a lo que se encuentra probado en el expediente, así:

— Mediante Resolución 4710 del 7 de noviembre de 2001, el señor José Fernando Hoyos Ortiz fue declarado insubsistente del cargo de gerente de la Promotora de Salud (P/VEPS), Seccional Antioquia20.

— Por escrito del 14 de diciembre de 2001, el Vicepresidente Administrativo del ISS le informó a la Fiscalía Delegada ante el ISS (se transcribe con posibles errores incluidos):

“En trabajo conjunto adelantado entre la vicepresidencia administrativa y la auditoría disciplinaria se identificaron algunas irregularidades en el negocio de EPS Seccional Antioquia. Para los fines adjunto estamos dando traslado de informes y documentos que aportan acerbo probatorio del asunto de la referencia, así:

1. Informe de traslado a la Fiscalía EPS Antioquia;

2. Informe documentado de contratos suscritos por la gerencia EPS Antioquia con Confamiliar, Camacol, Cooperativa San Esteban, Laboratorio Hematológico, Urólogo Mauricio Molina y servicios Cardiovasculares; y

3. Documentos soporte y analíticos de la situación anómala detectada por el Grupo élite contra la Corrupción en el ISS”21.

— Mediante providencia del 10 de enero de 2002, la Fiscalía Veintiséis Seccional Delegada ante el I.S.S. de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, en atención de los documentos enviados por el Vicepresidente Administrativo decretó la apertura de la investigación preliminar, con el fin de identificar e individualizar plenamente al autor, autores o partícipes de los hechos informados22.

— El 29 de abril de 2002, la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el ISS de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos abrió instrucción contra el señor José Fernando Hoyos Ortiz, entre otros. Como fundamento de esa decisión se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… se recaudaron un gran número de pruebas, las cuales en principio son indicativas de que en la contratación de servicios de salud por parte de la EPS del Instituto de Seguro Social, Seccional Antioquia, se celebraron contratos sin el lleno de los requisitos esenciales, lo que evidentemente causó un daño patrimonial a la entidad. Contratación en la que intervinieron los doctores: José Fernando Hoyos Ortiz, Alberto Figueroa Jaramillo, Gilberto Álvarez Uribe, Hugo Armando Hernández Prado, Arcadio Maya Elejalde, en su condición de Gerentes de la EPS de la Seccional en mención y Alejandro González Cárdenas en su calidad de Jefe de la Contratación de la misma seccional”23.

— Por providencia del 27 de diciembre de 2002, la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el ISS de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al señor Hoyos Ortiz, quedando comprometido a presentarse al despacho cuando fuera requerido, y negó la solicitud de preclusión realizada por el apoderado del mencionado señor. Lo anterior, al considerar que (se transcribe con posibles errores incluidos):

“(…) Es por lo anterior que, pese a las dificultadas de orden presupuestal, esta situación no releva de plano la responsabilidad de quienes intervinieron en el proceso de contratación, porque ciertamente no se evidencia en el informativo cuál fue la planeación, el estudio costo beneficio de esos contratos y control sobre la ejecución de los mismos, especialmente en lo que concierne a los servicios de salud de I y II nivel de complejidad, porque en un momento dado es aceptable que en los servicios de III y IV nivel de complejidad por el costo mismo de los equipos que se utilizan para prestar esta clase de servicios, que muy seguramente deben ser actualizados con cierta periodicidad para que tengan la última tecnología de punta, fuera más oneroso para el instituto adquirirlos que contratar externamente los mismo, teniendo así cabida lo que en ese sentido indicaran los declarantes doctores Devia y Martín. Pero donde encuentra explicación el despacho es que con relación de esos servicios de salud de baja complejidad no se realizaran los esfuerzos necesarios para optimizar la red propia de la entidad y así no tener que contratar los mismos externamente.

“(…).

“Ahora bien, como sobre los aspectos a los que hicimos referencia anteriormente se presentan dudas si se cumplió paso a paso con los requisitos de planeación y contratación de los servicios de salud, considera el despacho que se debe ahondar en la investigación a objeto de establecer si evidentemente hubo planeación, gestión y control en los recursos de la institución por parte de los implicados, lo cual se traduce en el estudio que debieron realizar quienes intervinieron en el proceso de contratación de los contratos cuestionados, el control en el desarrollo y el cumplimiento de los mismos para justificar la existencia de ellos.

“Por tanto, al no reunirse a este momento los requisitos exigidos en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, para imponer medida de aseguramiento, el despacho se abstiene de decretar la detención preventiva de los sindicados…

“(…).

“Efectivamente, para el caso que nos ocupa, nos encontramos en el primer momento, en el cual se exige la plena prueba de la causal invocada, vale decir, que estén ciertamente demostrados los presupuestos que impiden continuar con el trámite del proceso. Significando que el motivo de la preclusión debe aparecer inequívocamente del material probatorio, y cualquier duda sobre la ocurrencia de los requisitos impide su reconocimiento.

“Estudiadas las diligencias frente a tales parámetros, considera el despacho que a esta altura de la investigación no se cuenta con la plena prueba de los presupuestos que permitan dar aplicación a esta medida excepcional de terminación del proceso, por cuanto aún no se han allegado la totalidad de las pruebas ordenadas, que despejen las dudas que aún persisten.

“Pues aunque si bien es cierto que existen una serie de deficiencias en el Instituto que inciden en la prestación de los servicios de salud, tampoco es menos cierto que aún no se ha demostrado plenamente la actividad desarrollada por los implicados en cuanto a: los estudios que efectivamente realizaron para determinar la necesidad de la contratación externa en lo concerniente a los servicios del I y II nivel de complejidad, que estos evidentemente se prestaran a quienes tenían derecho. Razones por las cuales se hace necesario el recaudo de las pruebas que aún faltan para adoptar una determinación de tal naturaleza”24.

— La Fiscalía Cincuenta y Uno ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por providencia del 21 de febrero de 2006, al calificar el mérito del sumario, precluyó la investigación penal a favor del señor Hoyos Ortiz y los demás sindicados. En esa decisión se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“En el asunto en examen, los elementos de convicción son altamente demostrativos de la concurrencia positiva de los requisitos de validez y existencia referidos tanto a las partes contractuales como a los procedimientos de selección de los contratistas, en tanto que el objeto, la causa o motivo al igual que la finalidad del negocio jurídico del Estado, tanto desde el punto de vista del derecho privado como desde la perspectiva de la Ley 80 de 1993, cumplen con los requisitos de validez y existencia propios del negocio jurídico (C.C. art. 1501 y ss.) incisos 3 y 4 de la ley 80 de 1993, requisitos de carácter accidental (cláusulas especiales) producto de la autonomía de la voluntad de las partes.

“Así las cosas, una vez definido lo que comporta el contenido mismos del elemento normativo del tipo razonable y forzoso resulta colegir que en el comportamiento de los ciudadanos investigados no concurre EL DOLO en su accionar omisivo, ya que resulta imposible direccionar un actuar a OMITIR de manera consciente y voluntaria, en el trámite o la celebración de un contrato, los requisitos legales esenciales de un proceso contractual, cuando, la prueba documental, es altamente demostrativa de que en cada una de las etapas contractuales se satisfizo con los requisitos legales esenciales que la ley 80 de 1993 exige de manera imperativa como materialización de principio de legalidad.

“En las etapas de trámite y celebración de contratos, la estructura de tipo penal descrita y sancionada en el artículo 410 del C.P. se puede clasificar como un delito de omisión propia. Según la doctrina, los elementos básicos de esta forma delictiva los constituyen:

— La no realización de la acción esperada: en este caso los investigados cumplieron a cabalidad con el mandato consistente en tramitar y celebrar los contratos ciñéndose a los preceptos legales tanto desde el campo civil como desde la perspectiva de la Ley 80 de 1993.

— Deber de la actuación en beneficio de un bien jurídico: los gerentes del ISS al suscribir los contratos cumpliendo los requisitos legales buscaron proteger el bien jurídico de la administración pública y sobre todo salvaguardar el interés general representado en la oportuna prestación de servicios de salud a sus afiliados.

— Tener la posibilidad y la capacidad de realizar la acción mandada: en este caso, reiteramos, la acción mandada comportaba la sujeción en el trámite contractual al principio de legalidad, no comportaba la prestación del servicio de salud solo a través de la red interna, pues a lo imposible nadie está obligado y el material probatorio nos demuestra con grado de certeza que para el momento histórico en que los contratos se tramitaron y celebraron, el ISS no contaba con los recursos técnicos, ni logísticos, ni de personal para cumplir con su propia red con la demanda de usuarios insatisfechos no sólo en el área metropolitana sino también en la zona de Urabá y en las zonas rurales.

“La denunciante de manera reiterativa insiste en este punto, pero es sobre este, en el que los medios de convicción, demuestran que el gerente del ISS (ora titular ora encargado) no tenía la capacidad o la posibilidad ni a nivel jurídico ni fáctico de cubrir toda la demanda de servicios sin acudir a la suscripción de los contratos con Confamiliar, Camacol, Incare, Clínica Cardiovascular, Laboratorio Hematológico, Urólogo Mauricio Molina, entre otros.

“Siguiendo este mismo hilo conductor, es lógico concluir, que en este asunto, no se satisfacen los requisitos objetivos y subjetivos en sede de tipicidad y siendo ello así, lo procedente es dar aplicación al artículo 39 del estatuto procesal penal, ordenando la preclusión de la investigación al advertir que el comportamiento desplegado por los ciudadanos investigados no alcanzó a tocar los linderos del derecho penal por carecer de tipicidad25.

2.1. Análisis de responsabilidad del ISS.

En el escrito de subsanación de la demanda, la parte demandante afirmó que la falla en la que habría incurrido el ISS, que como se dijo, habría radicado en adelantar una averiguación ilegal contra el señor Hoyos Ortiz y posteriormente denunciarlo temerariamente, es decir, sin existir fundamento para ello, le causó un daño antijurídico consiste en la “salida de mi poderdante como directivo del ISS en Medellín”.

Pues bien, del anterior recuento de pruebas, se tiene que el 7 de noviembre de 2001, mediante Resolución 4710, el señor José Fernando Hoyos Ortiz fue declarado insubsistente del cargo de Gerente de la Seccional Antioquia del ISS26.

Siendo así, se tiene que es cierto el daño alegado por la parte actora; sin embargo, a juicio de la Sala, no puede entenderse que esa situación sea producto del actuar irregular de la entidad demandada, pues no se aportó al proceso prueba que evidencie que la investigación adelantada internamente en el ISS incumplió las etapas y protocolos existentes para su desarrollo, es decir, que fuera indebida o ilegal ni tampoco que vulnerara los derechos al debido proceso, contradicción y defensa del señor José Fernando Hoyos Ortiz.

Para la Subsección, lo que se observa es que el ISS se limitó a adelantar las gestiones necesarias para verificar la existencia de las irregularidades que se podían estar presentando en la entidad, específicamente en la suscripción de algunos contratos de salud en la Seccional Antioquia.

En efecto, en documento del 14 de noviembre de 2001, la Coordinadora del Grupo Élite le informó al Vicepresidente Administrativo de la entidad que realizó visita a la Seccional Medellín —en la que se desempeñaba como gerente el ahora demandante—, que revisó los contratos de salud celebrados con Comfamiliar Camacol, In Care, Cooperativa San Esteban, el Médico Mauricio Molina (Urólogo) y el laboratorio Hematológico y que evidenció, entre otras cosas, “… una falta de gestión de la Gerencia Seccional de la EPS, tendiente a optimizar los recursos asignados para la atención de los usuarios afiliados, acudiéndose a la contratación externa, menospreciando la red de salud propia, la cual aunque con problemas, tras un proceso de ajuste podría llegar a ser una opción más rentable y en algunos casos más efectiva que la ofrecida por los actuales proveedores”27.

Tales hallazgos y la consecuencia negativa que podía generar, es decir, el detrimento patrimonial del ISS, eran razón suficiente y justificada para que la entidad desplegara todas las actuaciones necesarias para defender sus intereses, lo que podía incluir la declaratoria de insubsistencia de algunos de sus funcionarios, como ocurrió con el señor Hoyos Ortiz, sin que pueda afirmarse que esto constituyó un actuar irregular o deficiente, pues, como se dijo, no existe prueba en el expediente de ello.

En definitiva, concluye la subsección que el ISS no incurrió en una falla en el servicio al adelantar la averiguación en la Seccional de Antioquia por la presunta existencia de irregularidades en la celebración de los contratos de salud, investigación en la que resultó involucrado el ahora demandante por ser quien en ese momento se desempeñaba como gerente de la entidad en dicha seccional.

Conviene precisar que si la inconformidad del señor Hoyos Ortiz radicaba en la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, debió formular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), era la acción idónea para cuestionar actos administrativos de carácter particular, como lo es la Resolución 4710 del 7 de noviembre de 2001 y solicitar que se le reparara el daño causado.

Ahora bien, advierte la Sala que es cierto, tal como se indicó en la demanda, que la averiguación del ISS fue la base de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por la supuesta comisión del delito de celebración indebida de contratos, pues así se señaló en el auto del 10 de enero de 2002, mediante el cual la Fiscalía veintiséis Delegada ante el ISS de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos decretó la apertura de la investigación preliminar28. Sin embargo, no obedece a la realidad la afirmación consistente en que la denuncia instaurada por dicha entidad hubiere sido temeraria, al no contar con suficientes fundamentos para que el caso se conociera por la justicia penal.

Lo anterior por cuanto, según se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, el escrito mediante el que se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades encontradas en el ISS, fechado el 14 de diciembre de 200129 (transcrito en lo pertinente con anterioridad), estuvo acompañado de un informe rendido por el Vicepresidente Administrativo de la entidad en el que se indicaron: i) los hechos supuestamente irregulares; ii) las normas presuntamente violadas; iii) el material probatorio que sustentó los hallazgos, dentro del que se relacionaron los contratos y adiciones a los mismos, los informes de auditoría especial administrativa, las declaraciones juramentadas que señalaban la sub ocupación de la red propia, el informe de los servicios que prestaba la red a los contratados y los informes de auditorías de calidad; iv) el valor del presunto monto o daño patrimonial y v) los posibles responsables30.

Esta situación permite concluir que la entidad suministró toda la información y las pruebas con las que contaba para que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones y competencias, recaudara el material probatorio que considerara necesario y, posteriormente, estableciera si los hechos denunciados constituían o no una conducta sancionable por la ley penal.

Para la Subsección, el proceder del ISS, representado por su Vicepresidente Administrativo, lo que evidencia es que esa entidad cumplió con la obligación que le asistía de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos que consideró podían constituir un delito, tal y como lo ordenaba el artículo 2731 de la Ley 600 de 2000 (vigente para la época de los hechos).

Es de resaltar que, contrario a lo afirmado por la parte actora en el recurso de apelación, para denunciar irregularidades en la suscripción de los contratos del ISS no se requería tener certeza de la comisión de la conducta punible, pues tal y como lo establece el artículo 25032 de la Constitución Política, la entidad encargada de investigar los hechos que se ponían en su conocimiento y llegar al convencimiento de que la conducta denunciada estaba tipificada como delito y que debía ser sancionada por los jueces de la Republica, era la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, a juicio de la Sala, no existió una conducta irregular del ISS, pues, se reitera, la actuación de esa entidad obedeció al cumplimiento de un deber legal -deber de denunciar-, lo cual acató con fundamento en los hallazgos de la averiguación interna que desarrolló y que, en su momento fueron informados a la Fiscalía para que ahondara en la recopilación de pruebas y realizara un estudio sobre la posible comisión del delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que no se configuró una falla en el servicio por la que deba responder el ISS.

2.2. Análisis de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

2.2.1. Cuestión previa - no procedencia del régimen objetivo por privación injusta de la libertad.

Advierte la Sala que el caso que se examina no puede analizarse bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva por privación injusta de la libertad, pues si bien las pretensiones indemnizatorias de la presente acción de reparación directa se fundamentan en las presuntas irregularidades en que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación al iniciar una investigación penal contra el señor José Fernando Hoyos Ortiz por el delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” y luego precluirla, lo cierto es que como consecuencia de esa investigación el mencionado señor no estuvo privado de su libertad.

En efecto, según se desprende de las pruebas relacionadas con anterioridad, por providencia del 27 de diciembre de 2002, al resolver la situación jurídica del señor Hoyos Ortiz, la Fiscalía Seccional Veintiséis de la Unidad Nacional Para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, al considerar que no se cumplían los requisitos del artículo 35633 de la Ley 600 de 2000, esto es, que existieran dos indicios graves contra el sindicado.

De manera que, pese a que el ahora demandante estuvo vinculado a la investigación penal, no fue privado de su libertad personal, es decir, no se acreditó la afectación o daño para estudiar el presente asunto como un caso de privación injusta de la libertad, razón por la que esta Sala procederá al estudio de un posible defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tal y como se alegó en la demanda.

2.2.2 Del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación.

En el sublite, se afirmó que esa entidad incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque adelantó contra el señor Hoyos Ortiz una investigación penal por el delito de “celebración indebida de contratos – contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, sin establecer si la conducta atribuida podía calificarse o no como punible. Lo que, a juicio de los demandantes, desconoció que el artículo 322 de la Ley 600 de 2000 señalaba que esa era la finalidad de la investigación previa y, además, porque el ente investigador tardó más del tiempo que consagraba la ley penal para precluir ese tipo de actuaciones.

Según la parte actora, el daño causado por la Fiscalía General de la Nación consistió en someter al señor Hoyos Ortiz a una investigación penal que jamás debió iniciarse, obligando al mencionado señor y a su familia a “… asumir las cargas morales y económicas de un proceso penal y solo hasta después de casi seis años determine que lo que injustamente le imputaron no se definía como una conducta delictiva”.

Sobre el daño antijurídico, la Sección Tercera de esta corporación sostuvo34:

“Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:

‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)’35.

“Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar revestido de certeza36. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño específico37:

‘En este orden de ideas, la certeza del daño hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquélla característica, es decir, es incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no” y por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad extracontractual. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable’38.

En atención de la jurisprudencia transcrita, advierte la Sala que en el caso bajo estudio no se demostró en qué consistió la lesión o menoscabo sufrido por el señor Hoyos Ortiz y su grupo familiar al ser llamado a rendir indagatoria y quedar vinculado a una investigación penal adelantada por la supuesta comisión del delito de celebración indebida de contratos, o cuáles fueron los efectos particulares y concretos que desbordaron los inconvenientes o molestias normales que acarrean, para cualquier ciudadano, atender el requerimiento de una autoridad judicial.

Tampoco se probó en el plenario que el actor hubiere tenido algún tipo de limitación, como una restricción de su locomoción, ser sujeto de una medida cautelar sobre sus bienes o de una caución prendaria, con ocasión de su vinculación a la investigación penal, eventos en los cuales sí se concretaría un daño antijurídico, como ya lo ha señalado esta Sección39.

Conviene precisar que en la providencia del 27 de septiembre de 2002, al resolver la situación jurídica del señor Hoyos Ortiz, la Fiscalía General de la Nación indicó que dicho señor quedaba comprometido a presentarse cada vez que fuera requerido por la autoridad competente.

No obstante, tal como lo expuso esta Subsección, en reciente pronunciamiento40, ello constituye “… una carga que deriva de los deberes constitucionales consagrados en el numeral 7 del artículo 95 superior y que bajo ningún punto de vista puede calificarse como una ruptura de los deberes que pesan sobre cualquier ciudadano (…) se le exige a todo ciudadano, sin distingo alguno, la obligación de ‘colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia’; en otras palabras, todo ciudadano tiene el compromiso de comparecer ante las citaciones o requerimientos que le hagan las autoridades judiciales, pues es precisamente a través de esa colaboración que los operadores judiciales pretenden obtener la verdad material de los hechos investigados y así lograr el fin constitucional de construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo de la Carta Política”.

Siendo así, para la Sala, no se acreditó que el señor Hoyos Ortiz se vio sometido a una carga excesiva al ser vinculado a la investigación penal adelantada por el delito de celebración indebida de contratos, pues, no fue privado de su libertad, ni fue objeto de cualquier otra restricción a sus derechos y, por tanto, lo que se evidencia es que estuvo en las mismas condiciones de un ciudadano del que se sospecha puede estar involucrado en un ilícito y debe estar sujeto al actuar de las autoridades.

Entonces, como no obra prueba del daño que le pudo causar la investigación penal al señor José Fernando Hoyos Ortiz, no hay lugar al estudio de la posible responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en los hechos expuestos en la demanda de reparación directa.

Sin perjuicio de lo anterior, para la Subsección es pertinente indicar que la vinculación del señor José Fernando Hoyos Ortiz a la investigación penal no constituye una actuación irregular de la Fiscalía General de Nación, habida cuenta de que para adoptar esa decisión el ente investigador tuvo en cuenta que existían indicios serios que apuntaban a que el mencionado señor, entre otros directivos del ISS Seccional Antioquia, podía tener algún tipo de participación en la celebración de contratos de salud sin el lleno de los requisitos legales y, por tanto, ser uno de los causantes del daño patrimonial que sufrió la entidad.

Ante la sospecha de la posible intervención del señor Hoyos Ortiz en los hechos denunciados por la entidad en la que laboraba —ISS—, era obligación del ente demandado verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscribieron los contratos de salud presuntamente irregulares, como en efecto lo hizo, en observancia del artículo 25041 de la Constitución Política que establecía que “corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes” (Negrilla fuera del texto).

Ahora bien, conviene precisar que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no se desconoció lo establecido en el artículo 32242 de la Ley 600 de 2000 (norma aplicable), pues fue precisamente con el fin de verificar si la conducta denunciada era considerada punible, entre otras cosas, que la Fiscalía veintiséis Seccional Delegada ante el ISS de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, por providencia del 10 de enero de 200243, decretó la práctica de algunas pruebas relacionadas con la suscripción y ejecución de los contratos de salud señalados como irregulares.

Otra cosa es que, luego del decreto y el análisis de esas pruebas, en acatamiento del artículo 33144 del Código de Procedimiento Penal, se hubiese establecido que era viable seguir adelante con la investigación penal, tal y como lo indicó la Fiscalía General de la Nación, en providencia del 29 de abril de 2002, en la que abrió instrucción, porque (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… se recaudaron un gran número de pruebas, las cuales en principio son indicativas de que en la contratación de servicios de salud por parte de la EPS del Instituto del Seguro Social, Seccional Antioquia, se celebraron contratos sin el lleno de los requisitos esenciales, lo que evidentemente causó un daño patrimonial a la entidad. Contratación en la que intervinieron los doctores: José Fernando Hoyos Ortiz (…)”45 (negrilla fuera del texto).

Lo anterior, evidencia que la actuación de la entidad demandada se ajustó a las normas penales aplicables al caso, pues luego de establecer que se estaba en presencia de una conducta punible, continuó con el trámite idóneo con el fin de determinar si era necesario acusar al señor Hoyos Ortiz y a los otros sindicados ante los jueces penales.

Se debe mencionar que si bien en el auto en el que se resolvió la situación jurídica del señor José Fernando Hoyos Ortiz también se negó la solicitud de preclusión de la investigación hecha por su defensor (tal y como se indicó en las pruebas relacionadas en el acápite 3.1)46, lo cierto es que, en esa providencia, la Fiscalía General de la Nación dejó claramente expuestas las razones de esa decisión, las que, a juicio de la Sala, son suficientes, adecuadas y ajustadas al ordenamiento penal, porque obedecieron puntualmente a que “… aún no se ha demostrado plenamente la actividad desarrollada por los implicados en cuanto a: los estudios que efectivamente realizaron para determinar la necesidad de la contratación externa en lo que concierne a los servicios de I y II nivel de complejidad, que estos evidentemente se prestaran a quienes tenían derecho…”.

Sin embargo, al establecerse que la conducta del señor José Fernando Hoyos Ortiz no podía ser considerada como delito, porque se evidenció que los contratos suscritos por el mismo cumplieron los requisitos exigidos por la Ley 80 de 1993, el ente investigador, por providencia del 21 de febrero de 2006, precluyó la investigación en su contra, en observancia de los lineamientos fijados por la ley penal aplicable para la época, esto es, el artículo 3947 de la Ley 600 de 2000.

Para la Sala, el hecho de que finalmente se haya decidido precluir la investigación contra el hoy demandante no implica la corrección de una irregularidad en el proceso penal, sino que simplemente obedece a la aplicación de la ley penal que, como se dijo, prevé formas de terminación de la investigación o del juicio cuando no hay mérito para seguir adelante.

Por último, debe anotarse que la parte actora alegó que la Fiscalía incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque tardó aproximadamente 6 años para precluir la investigación a favor del ahora demandante, es decir, lo hizo por fuera del término establecido por la ley penal.

Pues bien, el artículo 32948 de la Ley 600 de 2000 (norma aplicable) consagraba que el término de instrucción, cuando se investigaban 3 sindicados o más —como ocurrió en el caso bajo estudio—, sería máximo de 24 meses contados a partir de la fecha de su iniciación y que vencido dicho término se debía proceder a calificar el sumario.

Así las cosas, como la instrucción penal adelantada contra el señor Hoyos Ortiz, entre otros, se abrió el 29 de abril de 200249 y la decisión de precluir la investigación se adoptó el 21 de febrero de 200650, resulta evidente que no se cumplió el término de que trata el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos.

No obstante, advierte la Subsección que este simple hecho no es suficiente para entender que existe un daño y, además, que se causó como consecuencia del actuar irregular de la Fiscalía General de la Nación, pues no basta con afirmar que se excedió el plazo que tenía para adelantar la instrucción sino que debía acreditarse que esta situación le produjo una afectación cierta y determinada y que obedeció al actuar negligente, descuidado y despreocupado de la entidad, lo que no aparece probado en el proceso.

En efecto, considera la Sala que de las pruebas obrantes en el expediente no se puede evidenciar cuáles fueron las actividades desplegadas desde que se abrió la instrucción hasta que se calificó el mérito del sumario, si el proceder de los sindicados influyó en el incumplimiento de los términos establecidos por la ley penal o, si por el contrario, como lo afirmó la parte actora, la demora en adoptar la decisión de precluir la investigación adelantada contra el señor Hoyos Ortiz, fue producto de una total inactividad por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Lo anterior es suficiente para concluir que la parte demandante no cumplió con el deber que le asistía de probar que el incumplimiento de los términos establecidos en la ley penal se debió a una falla en la prestación de servicio de la administración de justicia, tal y como lo establecía el artículo 17751 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se confirmará la providencia apelada.

3. Condena en costas.

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia del 2 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 Consejo de Estado, Sala Plena. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

12 Folio 78 – 82 cuaderno de pruebas.

13 “ART. 1º—La presente convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente Convención.

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;

c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas.

Sin embargo, no se aplicará la presente Convención:

a) A documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares;

b) A documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras” (negrilla fuera del texto).

14 Folio 84 cdno. pbas.

15 Folio 85 cdno. pbas.

16 “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

17 Folios 53-74 cdno. pbas.

18 Folio 75 cdno. pbas.

19 Folio 21 cdno. 1.

20 Folio 6 cdno. pbas.

21 Folios 2 - 5 cdno. pbas.

22 Folios 9 -10 cdno. pbas.

23 Folios 12 - 13 cdno. pbas.

24 Folios 14 a 49 cdno. pbas.

25 Folios 53 a 73 cdno. pbas.

26 Folio 6 cdno. pbas.

27 Folios 147 -151 cdno. pbas.

28 Folios 9 -10 cdno. pbas.

29 Folio 2 cdno. pbas.

30 Folios 3 a 5 cdno. pbas.

31 “ART. 27.—Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

32 “ART. 250.—Modificado por el art. 2º, Acto Legislativo 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

33 “ART. 356.—Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 73001-23-31-000-1999-1240-01 (20.614), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

35 Original de la cita: “Mazeaud, Henri y Leon y Tunc, André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1977. 5ª. Edición. Tomo I, Vol. I. págs. 301-302”.

36 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de junio 2 de 1994, exp. 8.998, C.P. Julio César Uribe Acosta”.

37 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de octubre 19 de 1990, exp. 4.333, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo”.

38 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de agosto de 1988, exp. 5154, C.P. Carlos Ramírez A”.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto del 2012, expediente 24.991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’”.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), sentencia del 3 de agosto de 2017, radicado número: 410012331000200400449 01 (41.716).

41 Modificado por el Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, así:

“ART. 2º—El artículo 250 de la Constitución Política quedará así:

ART. 250.—La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. (…)”.

42 “ART. 322.—Finalidades. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”.

43 Folios 9 a 11 cdno. pbas.

44 “ART. 331.—Apertura de instrucción. Mediante providencia de sustanciación, el Fiscal General de la Nación o su delegado, dispondrá la apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las pruebas a practicar.

La instrucción tendrá como fin determinar:

1. Si se ha infringido la ley penal.

2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible.

3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.

4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta.

5. Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida.

6. Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó la conducta punible.

En los procesos por delitos contra la administración pública se ordenará comunicar al representante legal de la entidad supuestamente perjudicada y a la Contraloría sobre la apertura de la investigación”.

45 Folios 12 - 13 cdno. pbas.

46 Folios 14 - 49 cdno. pbas.

47 “ART. 39.—Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante providencia interlocutoria.

El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio”.

48 “ART. 329.—Término para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento.

En los eventos en los que no exista la necesidad de definir situación jurídica, el término de instrucción será máximo de un año. En los demás casos, el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. (El Texto Subrayado fue Declarado Inexequible por la Sentencia de la Corte Constitucional 760 de 2001).

No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24) meses.

Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación” (Negrilla fuera del texto).

49 Folio 12 -13 cdno. pbas.

50 Folio 97 -116 cdno. pbas.

51 “ART. 177.—Carga de la prueba. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.